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Expertos ONU condenan la violencia en Nicaragua y exigen diálogo político.

Es urgente poner fin a la violencia y restablecer el diálogo en Nicaragua

©UNICEF/Nicaragua-2014/Kike Calvo
Un niño nicaragüense se lamenta ante la violencia.

14 Junio 2018

Los disturbios políticos y sociales que tienen lugar en Nicaragua desde hace dos meses han causado la muerte de al menos 148 personas y han herido a más de 1300. Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos urgió este jueves al Gobierno del país centroamericano a poner fin inmediatamente a la violencia y la represión y a entablar un diálogo político.

Un comunicado conjunto de ocho relatores especiales condenó enérgicamente los actos de violencia, represión y acoso, y exhortó al Estado a proteger a sus ciudadanos y garantizarles sus derechos.

“Estamos profundamente preocupados por la violencia sostenida en Nicaragua desde el 18 de abril de 2018. Hay que encontrar un camino inmediato y coherente a través de un diálogo político genuino como primer paso para aplacar la situación y poner fin a la crisis”, apuntaron.

Los expertos se refirieron a las recomendaciones elaboradas por una delegación de la Comisión Interamericana de derechos humanos que visitó el país en mayo pasado e instaron al Gobierno nicaragüense a cumplir con ellas, en vista de que fueron aceptadas.

La violencia y el hostigamiento no han cesado

Reconocieron que ha habido algunos avances en la dirección correcta, pero reiteraron su consternación por la represión y el uso de la fuerza excesiva e indiscriminada por parte de la policía antimotines y en general de todas las fuerzas del Estado, así como de los grupos armados progubernamentales. Esa violencia no ha cesado, señalaron, lo que ha provocado numerosos muertos y heridos.

Además, se han producido presuntas detenciones arbitrarias, cierres y ataque cibernéticos a varios medios de comunicación y ataques a algunas universidades, denunciaron.

Destacaron también las amenazas e intimidaciones contra periodistas, estudiantes, sacerdotes y manifestantes, así como contra defensores de derechos humanos y otros activistas que apoyan las protestas y llamaron al Gobierno a garantizar que puedan desempeñar su trabajo en condiciones de seguridad.

Del mismo modo, repudiaron el hostigamiento y represalias contra los trabajadores de salud que atienden a los heridos en las manifestaciones.

Investigaciones imparciales

“Hacemos un llamamiento al Gobierno de Nicaragua para que respete sus obligaciones de derechos humanos y lleve a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas de las presuntas violaciones, y para enjuiciar y sancionar a los responsables”, apuntaron los expertos.

Finalmente, solicitaron a las autoridades del país permitir la visita de los relatores y autorizar una misión de monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

*Los expertos firmanes del comunicado son: Clément Nyaletsossi VouléRelator Especial sobre los derechos de libertad de reunión pacífica a asociaciónDavid Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Dainius PrasRelator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mentalRosa Kornfeld-MatteExperta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad; Agnes CallamardRelatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación.

 

Los relatores especiales y expertos independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Más información aquí.

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Malí: llamamiento al diálogo del Secretario gen. ONU

Hay que favorecer el diálogo sobre la violencia en Mali, dice Guterres

ONU/Marco Dormino
El Secretario General António Guterres en la Gran Mezquita de Mopti, Mali

2 Junio 2018

El Secretario General pidió el sábado “calma y moderación” tras los violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía antidisturbios en Bamako, la capital de Mali.

Según despachos de prensa, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los partidarios de la oposición que marcharon en la capital para pedir más transparencia en las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo mes.

António Guterres estuvo en Mali a principios de semana para una visita de dos días, para reconocer la determinación y el sacrificio de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU en la que actualmente es la misión más peligrosa para servir como casco azul’.

El titular de la ONU dijo en un comunicado emitido por su portavoz, que estaba animado “por el progreso registrado en la implementación del Acuerdo para la Paz y la Reconciliación y que desea que esta dinámica positiva continúe con la celebración de elecciones en un clima pacífico “.

El Secretario General lamentó el hecho de que el gobierno de Malí impusiera una prohibición a las manifestaciones de los partidos de oposición y destacó que el “diálogo político inclusivo” era esencial, al igual que la “protección de los derechos humanos fundamentales y la libertad de expresión de las manifestaciones pacíficas, incluyendo en el contexto del estado de emergencia en curso”.

Mali declaró el estado de emergencia en 2015 después de un ataque terrorista en la capital y los enfrentamientos entre grupos armados rivales, fuerzas gubernamentales y extremistas que llevaron a cabo un golpe fallido en 2012 y que han desestabilizado gran parte del norte y este del país.

Tras su exitosa visita a Mali esta semana, que incluyó una reunión con las partes en el frágil acuerdo de alto el fuego firmado hace tres años, el titular de la ONU dijo que la Organización estaba lista “para apoyar una resolución pacífica de los agravios de todas las partes”.


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El Papa pide el cese de la violencia en Nicaragua

NicaraguaNicaragua  (AFP or licensors)

Papa: cese la violencia en Nicaragua

La represión ejercida por grupos cercanos al gobierno que ha dejado ya numerosas víctimas mortales, ha sido condenada más veces por la comunidad internacional.

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano

En sus saludos tras el Ángelus el Papa Francisco se unió al dolor de los Obipos Nicaragüenses, por las graves violencias en el país, por los muertos y los heridos causados por parte de grupos armados para reprimir las protestas sociales.

“Rezo por las víctimas y por sus familiares. La Iglesia está siempre abierta al diálogo pero esto requiere del compromiso activo a respetar la libertad, y, primero que nada, la vida”, expresó. “Rezo -insistió el Papa – para que cese toda violencia y se aseguren las condiciones para el restablecimiento lo antes posible del diálogo”.

En el país centroamericano las violencias iniciaron el pasado 18 de abril, con las protestas en contra de la reforma del sistema de previdencia social, decidida por el Presidente Daniel Ortega, que consistía en un aumento de los aportes, con una disminución del 5 por ciento de las jubilaciones.

Los obispos se pronunciaron a este respecto señalando como arbitraria la decisión el gobierno de cobrar ese 5 por ciento a los jubilados “que con su esfuerzo han cotizado durante muchos años”, recordando, asimismo, que una decisión de tal tipo “siempre trae consigo inestabilidad social”, y que “rectificar las decisiones tomadas es signo de humanidad, escuchar es camino de sensatez, buscar a toda costa la paz es sabiduría”. Mientras que en el último comunicado, los obispos dejaron en claro que no se puede reanudar el Diálogo Nacional si el pueblo nicaragüense continúa siendo reprimido y asesinado.

La represión ejercida por grupos afines al gobierno de Ortega, que ha dejado ya numerosas víctimas mortales, ha sido condenada más veces por la comunidad internacional.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), además de condenar la represión, ha instado al Estado a investigar y sancionar el uso de la fuerza por parte de actores parapoliciales, a desmantelar a dichos grupos, y a buscar una solución pacífica, constitucional y democrática a la actual crisis política que afecta al país.

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, se cumplieron ya 45 días de la “más sangrienta” crisis sociopolítica, desde los años 80, que ha dejado 108 muertos y cerca de un millar de heridos.

Escucha las palabras del Papa Francisco


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Fuerte acusación a Israel de Amn.Int. por demolición de poblados palestinos

Israel: La demolición de un pueblo beduino palestino y el traslado forzoso de sus habitantes son ilegales y un crimen de guerra

Las autoridades israelíes deben anular de inmediato su plan de demolición del pueblo beduino palestino de Jan al Ahmar y traslado forzoso de la comunidad que vive allí, ha manifestado Amnistía Internacional ante la llegada prevista de las excavadoras el 1 de junio tras haber autorizado el Tribunal Supremo de Israel la demolición la semana pasada.

La comunidad va a ser trasladada a un lugar situado cerca del antiguo vertedero municipal de Jerusalén, en las proximidades del pueblo de Abu Dis.

“La indignante decisión, tomada la semana pasada por el Tribunal Supremo, de permitir al ejército israelí demoler el pueblo de Jan al Ahmar entero fue un golpe terrible para las familias, que llevan casi un decenio haciendo campaña y librando una batalla judicial para continuar en sus tierras y conservar su forma de vida. Seguir adelante con la demolición no sólo es cruel, sino que constituye también traslado forzoso, acto tipificado como crimen de guerra”, ha explicado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

 

Jan al Ahmar tiene alrededor de 180 habitantes, pertenecientes a la tribu beduina yahalin. Está rodeado por varios asentamientos ilegales israelíes, establecidos al este de Jerusalén.

Los miembros de la tribu beduina yahalin llevan más de 60 años luchando para conservar su forma de vida. Expulsados de sus tierras del desierto del Néguev/Naqab en la década de 1950, han sido sometidos de manera recurrente a hostigamiento, presión y reasentamiento por los sucesivos gobiernos israelíes.

A finales de agosto de 2017, el ministro israelí de Defensa, Avigdor Lieberman, anuncióque su gobierno iba a evacuar a la comunidad entera dentro de unos meses. El 24 de mayo, el Tribunal Supremo de Israel falló en favor de la demolición del pueblo entero, incluida la escuela, que está construida con neumáticos y proporciona educación a unos 170 niños y niñas de cinco comunidades beduinas distintas.

El Tribunal determinó que el pueblo se había construido sin los permisos de edificación necesarios, algo que es imposible conseguir para la población palestina de las partes de Cisjordania controladas por Israel, conocidas como “Zona C”.

“Las autoridades israelíes han destruido la vida a miles de personas palestinas, debido al trauma y la angustia causados durante años a hombres, mujeres, niños y niñas con su política totalmente discriminatoria de, primeramente, denegarles los permisos de construcción y, luego, demoler sus hogares, sus escuelas y sus estructuras para el ganado”, ha señalado Magdalena Mughrabi.

“En vez de tomar constantemente medidas punitivas contra la población palestina por construir sin permiso, las autoridades israelíes deben detener la construcción y ampliación de asentamientos ilegales en Cisjordania, como primer paso para retirar a la población civil israelí que vive en ellos.”

“El fallo del Tribunal Supremo es sumamente peligroso y puede sentar un precedente para otras comunidades que se oponen a los planes israelíes de realojarlas en centros urbanos. Las autoridades israelíes deben cumplir sus obligaciones jurídicas internacionales y abandonar todo plan de traslado forzoso de Jan al Ahmar y otras comunidades.”

Información complementaria

Jan al Ahmar se encuentra unos kilómetros al sur del asentamiento de Kfar Adumin, en el territorio ocupado de Cisjordania. La comunidad beduina que vive allí sufre constantes actos de violencia de los colonos israelíes, dirigidos incluso contra niños y niñas, así como ataques contra sus hogares. Las autoridades israelíes se niegan a conectar el pueblo con la red de suministro de agua y electricidad y han limitado su acceso a las zonas de pastoreo.

La comunidad lleva oponiéndose a las órdenes pendientes de demolición de edificios y estructuras, incluida la “escuela de neumáticos”, desde 2009. Ese año, los habitantes de los cercanos asentamientos israelíes de Kfar Adumin, Alon y Nofei Prat elevaron una petición al Tribunal Supremo de Israel para que permitiera al ejército israelí ejecutar las órdenes de demolición pendientes.

Jan al Ahmar forma parte de un conjunto de 46 comunidades palestinas de Cisjordania que corren riesgo de traslado forzoso debido a los planes israelíes de realojo y la presión que se ejerce sobre ellas para que se marchen. Estas comunidades están situadas en la denominada “Zona C” de los Acuerdos de Oslo, firmados entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en 1993. En esta zona, que abarca más del 60 por ciento de la Cisjordania ocupada, el ejército israelí mantiene el control total en materia de seguridad. La Administración Civil de Israel, organismo militar, controla la planificación y zonificación.

El ejército israelí ha anunciado recientemente nuevos planes de demolición de los pueblos de Ein al Hilweh y Umm Yamal, en el valle del Jordán; Yabal al Baba, al este de Jerusalén, y la quinta parte de los edificios del pueblo palestino de Susiya, en los montes del sur de Hebrón.

Las políticas de Israel de establecer a civiles israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, destruir gratuitamente bienes y llevar a cabo traslados forzosos de población palestina que vive bajo ocupación violan el cuarto Convenio de Ginebra y constituyen crímenes de guerra, tipificados en el Estatuto de la Corte Penal Internacional.

Desde 1967, Israel ha sometido a desalojo y desplazamiento forzosos a comunidades enteras y ha demolido más de 50.000 viviendas y estructuras palestinas.


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Protestas en Nicaragua. Son ya más de 100 los muertos. La ONU pide poder investigar.

La ONU condena la violencia e insiste en visitar Nicaragua

Álvaro Navarro / Artículo 66
Miles de personas han protestado contra el Gobierno de Nicaragua desde abril. Más de cien manifestantes han muerto.

1 Junio 2018

Al menos 16 personas murieron por la represión de las protestas convocadas durante el Día de la Madre . Las Naciones Unidas reiteran la petición de entrar al país para recopilar información de primera mano.

Miles de personas tomaron esta semana las calles de la capital de Nicaragua pidiendo la renuncia del presidente Daniel Ortega en una de las marchas más multitudinarias desde que comenzaron las protestas el pasado mes de abril.

La manifestación por el Día de la Madre en Managua se convocó en solidaridad con las madres de los estudiantes y los manifestantes que han muerto a manos de la policía y las fuerzas del Gobierno desde el inicio de la crisis política.  Justo antes del atardecer, hombres armados abrieron fuego contra un grupo de manifestantes en la Universidad Nacional de Ingeniería, según informes de prensa.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos afirma que al menos 16 personas han muerto esta semana, la mayoría durante la marcha del miércoles.

El Alto Comisionado ha expresado su “profunda preocupación” por la nueva escalada de violencia en el país donde “más de cien” personas han muerto en el marco de las protestas en el último mes.

Estamos convencidos que nuestra visita es oportuna e importante y pedimos al Gobierno una pronta respuesta

“Reiteramos nuestra solicitud hecha el pasado 7 de mayo a las autoridades nicaragüenses para que nos garanticen acceso inmediato al país, para que podamos (…) recabar de primera mano información sobre lo que ocurrió durante las protestas y promover medidas para prevenir más violaciones de derechos humanos”, señaló en rueda de prensa la portavoz Liz Throssell. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU no tiene acceso a Nicaragua desde el año pasado. “Estamos convencidos que nuestra visita es oportuna e importante y pedimos al Gobierno una pronta respuesta”, afirman.

El Gobierno dejó de cooperar con la ONU hace varios años. Ese país no tiene coordinador residente, el máximo representante de la Organización en un país. Solamente algunas agencias como, UNICEF y la FAO, cuentan con programas en el país.

Investigación internacional

La portavoz instó a las autoridades a iniciar una “investigación eficaz, pronta e imparcial sobre todas las alegaciones de graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido en las últimas semanas”. Estas denuncias incluyen informaciones sobre “asesinatos, torturas, desapariciones y detenciones arbitrarias” que se cometieron presuntamente después de la última visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país en mayo.

La Comisión anunció esta semana que ha logrado el consentimiento del Estado de Nicaragua para crear un mecanismo de investigación internacional independiente.  La ONU saluda que el Gobierno de Daniel Ortega haya aceptado esta investigación, pero considera “profundamente lamentable” que Managua no cumpla sus obligaciones internacionales a la hora de proteger a los manifestantes pacíficos de la violencia y no garantice la rendición de cuentas por el uso ilegal de la fuerza. La Comisión Interamericana ha pedido también que se desmantelen “los grupos parapoliciales” y adopten medidas para prevenir que sigan operando.

Más de un mes de protestas

La crisis en Nicaragua tuvo como detonante las manifestaciones en contra de unas reformas a la seguridad social, pero las protestas continuaron debido a la violencia con la que respondió el Gobierno para reprimir las marchas.

Las informaciones con las que cuenta la ONU indican que muchas de las víctimas “fueron disparados por fuerzas policiales y grupos armados pro-gubernamentales”.

La Oficina de Derechos Humanos ha denunciado también las amenazas a periodistas, estudiantes y representantes de la Iglesia Católica y ha expresado su preocupación por la detención el 30 de mayo de seis defensores de los Derechos Humanos, entre ellos dos adolescentes, cerca de la frontera con Costa Rica. Ha pedido a las autoridades que garanticen su pronta liberación.

 


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Myanmar: graves actos de violencia de grupos armados Rohingyas

Myanmar: Nuevos indicios de que un grupo armado rohingya masacró a decenas de personas en el estado de Rajine

© Particular
  • Nuevos datos recopilados en el estado de Rajine señalan una atroz masacre de hindúes
  • Hombres, mujeres, niños y niñas agrupados y masacrados al estilo de una ejecución
  • Se necesita urgentemente el acceso de la ONU y de investigadores independientes

Un grupo armado rohingya que empuñaba armas de fuego y espadas fue responsable de al menos una masacre, y posiblemente dos, de hasta 99 mujeres, hombres, niñas y niños hindúes, además de homicidios ilegítimos y secuestros de habitantes de poblados hindúes en agosto de 2017. Así lo ha revelado Amnistía Internacional hoy, tras llevar a cabo una investigación detallada en el estado de Rajine, en Myanmar.

Basándose en decenas de entrevistas realizadas allí y al otro lado de la frontera, en Bangladesh, así como en pruebas fotográficas analizadas por patólogos forenses, la organización reveló cómo, con estos brutales ataques, los combatientes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán sembraron el terror entre las comunidades hindúes y otras comunidades étnicas.

“Nuestra investigación más reciente sobre el terreno arroja una luz muy necesaria sobre los abusos contra los derechos humanos, en su mayoría no documentados, cometidos por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán durante la indeciblemente oscura historia reciente del norte del estado de Rajine”, ha manifestado Tirana Hassan, directora de Respuesta a las Crisis de Amnistía Internacional.

“Resulta difícil ignorar la enorme brutalidad de las acciones del Ejército de Salvación, que han dejado una huella indeleble en las personas supervivientes con las que hemos hablado. La rendición de cuentas por estas atrocidades es en todos los aspectos tan crucial como la de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas de seguridad de Myanmar en el norte del estado de Rajine.

Masacre en Kha Maung Seik

Hacia las ocho de la mañana del 25 de agosto de 2017, el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán atacó la comunidad hindú del poblado de Ah Nauk Kha Maung Seik, en un conjunto de poblados conocido como Kha Maung Seik, en el norte del municipio de Maungdaw. En el momento del ataque, los residentes hindúes vivían en estrecha proximidad con los residentes rohingyas, predominantemente musulmanes. Los residentes rajine, predominantemente budistas, también vivían en la misma zona.

Unos hombres armados vestidos de negro, y residentes rohingyas locales vestidos de civil, obligaron a agruparse a decenas de mujeres, hombres, niñas y niños hindúes, a los que robaron, ataron y vendaron los ojos antes de conducirlos a las afueras del poblado, donde separaron a los hombres de las mujeres y los niños y niñas de menos edad. Unas horas después, los combatientes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán mataron, al estilo de una ejecución, a 53 de los hindúes, empezando por los hombres.

Ocho mujeres hindúes y ocho de sus hijos fueron secuestrados y salvaron la vida, después de que los combatientes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán obligaran a las mujeres a acceder a “convertirse” al islam. Estas supervivientes se vieron obligadas a huir con los combatientes a Bangladesh varios días después, antes de ser repatriadas a Myanmar en octubre de 2017 con el apoyo de las autoridades de Bangladesh y Myanmar.

Bina Bala, una mujer de 22 años que sobrevivió a la masacre, contó a Amnistía Internacional:

“[Los hombres] llevaban cuchillos y largas barras de hierro. Nos ataron las manos a la espalda y nos vendaron los ojos. Les pregunté qué hacían. Uno de ellos respondió: ‘Sois como los rajine, tenéis una religión diferente, no podéis vivir aquí’. Hablaba la lengua rohingya. Nos preguntaron qué pertenencias teníamos, y luego nos golpearon. Finalmente les di mi oro y mi dinero”.

Las cinco supervivientes entrevistadas por Amnistía Internacional dijeron que habían visto cómo mataban a sus familiares hindúes o habían oído sus gritos. Raj Kumari, de 18 años, dijo: “Mataron a los hombres. Nos dijeron que no los miráramos […] Llevaban cuchillos. También tenían algunas espadas y barras de hierro. […] Nos escondimos en los arbustos y pudimos ver algo […] Mi tío, mi padre, mi hermano… los mataron a todos.”

Formila, de unos 20 años, contó a Amnistía Internacional que no había visto cómo mataban a los hombres hindúes, pero que los combatientes “volvieron con sangre en las espadas, y sangre en las manos” y dijeron a las mujeres que habían matado a los hombres. Más tarde, cuando se la llevaban junto con las otras siete mujeres secuestradas, Formila volvió la cabeza y vio a los combatientes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán matar a las otras mujeres y niños. “Vi a unos hombres agarrando [a las mujeres] por la cabeza y el pelo, y a otros con cuchillos. Y luego les cortaron la garganta”, dijo.

Según una lista detallada de las personas muertas que recibió Amnistía Internacional, entre las víctimas de Ah Nauk Kha Maung Seik había 20 hombres, 10 mujeres y 23 niños y niñas, 14 de ellos menores de ocho años. Estos datos coinciden con múltiples testimonios recopilados por la organización tanto en Bangladesh como en Myanmar, de supervivientes y testigos y de líderes comunitarios hindúes.

Ese mismo día, los 46 hombres, mujeres niños y niñas hindúes del vecino poblado de Ye Bauk Kyar desaparecieron. Los miembros de la comunidad hindú del norte del estado de Rajine suponen que los miembros de la comunidad murieron a manos de los mismos combatientes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán. Sumadas a las de Ah Nauk Kha Maung Seik, se cree que la cifra total de muertes es de 99.

A finales de septiembre de 2017 se desenterraron, de cuatro fosas comunes, los cadáveres de 45 personas de Ah Nauk Kha Maung Seik. Los restos de las demás víctimas de ese poblado, así como las 47 de Ye Bauk Kyar, aún no se han encontrado.

“En este acto brutal y sin sentido, los miembros del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán capturaron a decenas de mujeres, hombres, niñas y niños hindúes y los aterrorizaron antes de matarlos a las afueras de sus propios poblados. Los autores de este atroz crimen deben rendir cuentas de sus actos”, ha manifestado Tirana Hassan.

Otros homicidios ilegítimos de hindúes cometidos por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán

Amnistía Internacional también ha documentado la participación del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán en otros homicidios y ataques violentos contra miembros de otras comunidades étnicas y religiosas.

El 26 de agosto de 2017, los miembros del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán mataron a seis hindúes —dos mujeres, un hombre y tres niños— e hirieron a otra mujer hindú a las afueras del municipio de Maungdaw, cerca del poblado de Myo Thu Gyi.

Kor Mor La, de 25 años, fue una de las dos mujeres que, junto con cuatro niños, sobrevivieron al ataque. A su esposo, Na Ra Yan, de 30 años, y su hija Shu Nan Daw, de cinco, los mataron. “Los que nos dispararon iban vestidos de negro. […] No les veía la cara, sólo los ojos. […] Tenían armas de fuego largas y pistolas”, dijo Kor Mor Lar. “A mi esposo le dispararon cuando estaba a mi lado. A mí me dispararon [en el pecho]. Después de eso apenas estaba consciente.”

Los homicidios se produjeron tan sólo unos días después de que los combatientes del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán lanzaran una serie de ataques contra unos 30 puestos de seguridad en Myanmar el 25 de agosto de 2017, unos ataques que provocaron una campaña de violencia ilegal y enormemente desproporcionada por parte de las fuerzas de seguridad de Myanmar. Amnistía Internacional y otros han documentado detalladamente la manera en que esta campaña se caracterizó por los homicidios, las violaciones y otros actos de violencia sexual, la tortura, el incendio de poblados, tácticas de hambruna forzada y otras violaciones de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad en virtud del derecho internacional. Más de 693.000 rohingyas tuvieron que huir a Bangladesh, donde aún permanecen.

Decenas de miles de personas de otras comunidades étnicas y religiosas tuvieron también que desplazarse en el estado de Rajine durante la violencia. Aunque la mayoría han regresado a sus casas, algunas siguen viviendo en albergues temporales, ya sea porque sus casas fueron destruidas o porque temen nuevos ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán si regresan a sus poblados.

Se necesitan investigaciones independientes

“Los atroces ataques del Ejército de Salvación Rohingya de Arakán estuvieron seguidos de una campaña de limpieza étnica emprendida por el ejército de Myanmar contra la población rohingya en su conjunto. Ambos deben ser condenados: los abusos o las violaciones de derechos humanos cometidos por un bando no justifican los cometidos por el otro”, ha manifestado Tirana Hassan.

“Todas las personas supervivientes y las familias de las víctimas tienen derecho a la justicia, la verdad y la reparación por el inmenso daño que han sufrido.”

En una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada la semana pasada, el representante permanente de Myanmar criticó a varios miembros de la ONU por escuchar únicamente “una versión” de la historia y no reconocer los abusos cometidos por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán.

“El gobierno de Myanmar no puede criticar a la comunidad internacional diciendo que es unilateral mientras, al mismo tiempo, niega el acceso al norte del estado de Rajine. El alcance completo de los abusos cometidos por el Ejército de Salvación Rohingya de Arakán y de las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército de Myanmar no se conocerá hasta que se permita a los investigadores independientes de derechos humanos, incluida la misión de investigación de la ONU, acceso completo y sin trabas al estado de Rajine”, ha manifestado Tirana Hassan.


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Gran número de heridos en Gaza por la represión israelí. Denuncia de la OMS

El número de heridos en Gaza en una semana iguala al de toda la crisis en 2014

OCHA
Heridos durante las protestas en Gaza son atendidos en el Hospital de Ash Shifa, el 14 de mayo de 2018

22 Mayo 2018

De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, el número de heridos debido a la represión israelí de las protestas palestinas en Gaza se eleva a 12.000 desde el 14 de mayo, un número similar al registrado durante la crisis en 2014, aunque en aquel entonces esa cifra se alcanzó en cincuenta días.

Así lo afirmó este martes el director de los programas de salud de la UNRWA, Akihiro Seita, tras una visita a Gaza en la que destacó que de esa cifra, 7000 fueron atendidos en los hospitales y la mitad de ellos por heridas de bala.

Informe Anual sobre Salud

Durante el transcurso de una conferencia de prensa en Ginebra, Seita presentó también el Informe Anual sobre Salud de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos.

Las enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión y el cáncer son el principal problema sanitario de los refugiados palestinos e indicó que esta situación se debe a la pobreza.

La comida más fácil de conseguir y la única entre las básicas es el pan ya que no hay otros alimentos sanos disponibles. El resto son carbohidratos causantes de un alto grado de obesidad.

De los 18 millones de dólares que la agencia de la ONU compra cada año, el 46% lo gasta en medicamentos para tratar la diabetes y la hipertensión, según Seita.

Al hacer un breve repaso de la historia de la UNRWA, Seita destacó que durante los primeros 15 a 20 años la tarea principal de la Agencia fue proveer asistencia alimentaria y refugio. Entre los 70 y los 90 se centró en la asistencia materno infantil y durante los últimos veinte años se ha centrado en las enfermedades no transmisibles.

Entre los últimos avances médicos, UNRWA trajo la medicina familiar y el historial médico electrónico, también llamada cibersalud.

Tres millones de refugiados palestinos forman parte del programa de cibersalud, lo cual supone una cifra muy grande”, indicó Seita.

Asimismo, señaló que el año pasado se aumentaron los servicios de salud mental y que el objetivo de la Agencia es expandirlos a todos los centros de salud en un periodo de entre dos y tres años.

Otra destacada tarea es la asistencia a los hospitales, especialmente en Líbano, donde los refugiados tienen difícil acceso a los centros sanitarios.

Seita destacó las dificultades financieras por las que atraviesa la UNRWA tras la retirada de fondos estadounidense. Pese a las ayudas de varios países por 200 millones de dólares durante los últimos dos meses, el déficit actual todavía es de 246 millones de dólares.

“En este momento está en riesgo el inicio del curso escolar para el próximo verano, la asistencia alimentaria a un millón de personas en Gaza y la atención sanitaria”.

En concreto, destacó como un riesgo para la salud pública la posibilidad de que la UNRWA no pueda llevar a cabo su programa anual de vacunación.