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Siria: consecuencias de la intervención del ejército turco.

El avance del Ejército turco en Siria deja devastación y miles de desplazados

PMA/Abeer Etefa
Desplazados en Siria

14 Octubre 2019

Bajas civiles, hospitales dañados, fuentes de suministro de agua y electricidad destruidas, desplazados en peligro dentro de sus campamentos y otros que huyen para salvar sus vidas de nuevo es el escenario de bombardeos aéreos y embestidas terrestres de la ofensiva turca. El Secretario General y varias agencias de la ONU piden el alto de hostilidades y la protección de los civiles.

El Secretario General dijo estar muy preocupado por los acontecimientos militares en el noreste de Siria que, según informaciones procedentes de la región, ya han provocado muchas bajas civiles y el desplazamiento de al menos 160.000 personas.

“António Guterres continúa instando a la máxima moderación y recalca que cualquier operación militar debe respetar plenamente el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas y las leyes humanitarias”, expresó su portavoz en un comunicado difundido el lunes.

Las operaciones militares actuales podrían conducir a la liberación involuntaria de personas asociadas con el ISIS, con todas las consecuencias que esto podría conllevar.

Guterres hizo un llamado a las partes a resolver sus diferencias por medios pacíficos y resaltó que los civiles que no participan en las hostilidades deben estar protegidos en todo momento.

“Asimismo, la infraestructura civil debe protegerse de conformidad con el derecho internacional humanitario”, lee el comunicado.

El titular de la ONU recalcó las vulnerabilidades de los desplazados internos y recordó que debe garantizarse el acceso humanitario sostenido y sin trabas a los civiles necesitados, incluid la ayuda transfronteriza, “para permitir que las Naciones Unidas y sus socios humanitarios continúen llevando a cabo su labor crítica en el norte de Siria”, dijo el titular de la ONU.

El Secretario General se hizo eco a lo dicho la semana pasada por la Comisión Internacional de Investigación para Siria: “las operaciones militares actuales podrían conducir a la liberación involuntaria de personas asociadas con el ISIS, con todas las consecuencias que esto podría conllevar”.

Guterres recordó la resolución 2254 del Consejo de Seguridad, que subraya que cualquier solución a la crisis de Siria debe reafirmar la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial del país.

UNICEF/UN0318500/Watad
Un niño herido descansa en el suelo de un campamento improvisado en la aldea siria de Aqrabat, a 45 kilómetros al norte de la ciudad de Idlib, cerca de la frontera con Turquía. (Junio de 2019)

Una situación humanitaria grave

Según datos de la Oficina del Coordinador Humanitario de la ONU, el domingo se informaron de ataques aéreos en curso y embestidas terrestres en múltiples lugares a medida que continúa la operación militar turca hacia Tell Abiad y Ras Al Ain.

Hasta la fecha, se han registrado aproximadamente de 150.000 a 160.000 movimientos de población, con desplazamientos que siguen aumentando.

También hay graves preocupaciones para la población en el campamento de Ein Issa, que alberga a aproximadamente 13.000 civiles debido a las hostilidades en curso y los bombardeos en las cercanías.

Los informes indican que varios desplazados internos han huido del campamento, sin embargo, la mayoría de los residentes permanecen. Las Naciones Unidas están pidiendo protección inmediata del lugar, junto con garantías de paso seguro y sin obstáculos para que los desplazados internos se vayan a la ciudad de Ar-Raqqa u otras áreas de elección.

© UNICEF/Delil Souleiman
Una mujer y sus hijos se sientan debajo de un camión a medida que personas desplazadas desde Ras al Ain llegan a Tal Tamer huyendo de la violencia.

Durante la mañana del 13 de octubre, un camión alquilado por desplazados internos para abandonar el campamento de Mabruka golpeó una mina terrestre antes de llegar al campamento, hiriendo al conductor. Como resultado, aún permanecen 19 familias en el lugar desprotegido. Las Naciones Unidas están pidiendo protección inmediata del campamento y garantías de paso seguro.

También se reporta una situación crítica del agua debido a daños en la línea eléctrica de la estación de agua Allouk, pero se llegó a un acuerdo con todas las partes para que se llevara a cabo una misión de reparación. También se están explorando soluciones provisionales para el suministro de agua. Asimismo, el 12 de octubre, la línea eléctrica de Tishreen-Mabruka fue alcanzada por los bombardeos.

Los socios humanitarios continúan movilizando esfuerzos de respuesta en los aproximadamente 33 refugios colectivos en la ciudad de Ar-Raqqa, la ciudad de Al-Hasakeh y Al Tamr.

Las Naciones Unidas y sus socios están cada vez más preocupados por la seguridad de su personal presente en el terreno a medida que continúan las explosiones y los bombardeos en Quamishli. Las ONG internacionales se han visto obligadas a evacuar al personal del área y reubicar algunas de sus operaciones a áreas más seguras en Al-Hasakeh lejos de la frontera y más cerca de las áreas que albergan a los desplazados internos.

SEMA
Una clínica móvil de la Organización Mundial de la Salud en Idlib, Siria.

La difícil situación de salud

La Organización Mundial de la Salud también expresó su preocupación por la situación e informó que unos 1,5 millones de personas necesitan ayuda médica en la zona.

“Muchos de los afectados por las recientes hostilidades ya han experimentado un inmenso estrés físico y mental como resultado de años de conflicto y desplazamiento repetido”, aseguró la OMS en un comunicado.

La Organización explicó que las personas que necesitan servicios esenciales de atención médica enfrentan desafíos relacionados con la inseguridad y el acceso limitado.

“Muchos de los afectados por las recientes hostilidades ya han experimentado un inmenso estrés físico y mental como resultado de años de conflicto y desplazamiento repetido

Los servicios de salud ya debilitados en el noreste de Siria se han visto gravemente afectados por los últimos desarrollos de seguridad. El hospital nacional en Ras Al-Ain está actualmente fuera de servicio, y el hospital nacional y dos centros de salud en Tel Abyad tampoco funcionan. Los tres hospitales de campaña en el campamento de Al-Hol han limitado sus servicios desde el 12 de octubre como resultado de la escalada de hostilidades que ha impedido el acceso del personal de salud.

Además, todos los centros de salud en los campamentos que albergan a las personas desplazadas en Ain Issa y Ras al Ain también han sido evacuados, con instalaciones adicionales amenazadas a medida que el conflicto aumenta rápidamente.

OCHA/Fadwa Baroud
Un vehículo de la ONU durante su misión en Siria.

Varios socios de salud ya han suspendido los servicios debido a la inseguridad, interrumpiendo aún más el acceso a los servicios esenciales de atención médica. El 12 de octubre, un punto de estabilización de trauma ubicado al sur de Ras Al Ain fue evacuado después de ser atacado, lo que resultó en dos miembros del personal de salud heridos y dos ambulancias destruidas. El mismo día, el hospital de Ras Al-Ain también fue atacado. No hubo víctimas ya que la instalación ya había sido evacuada.

En el noreste de Siria, la escasez de trabajadores de la salud es generalizada, ya que estos también se encuentran entre los desplazados por la actual inseguridad, lo que agrava una situación ya crítica y priva aún más a las poblaciones marginadas del acceso a la atención médica.

Según la Organización Mundial de la Salud, los daños a la estación de bombeo en Ras Al Ain, la principal fuente de agua para la mayoría de la gobernación de Al Hassakeh, han aumentado el riesgo de brotes de enfermedades infecciosas. Incluso antes de la escalada actual del conflicto, la diarrea aguda y la fiebre tifoidea eran dos de las enfermedades más reportadas entre las personas en el noreste de Siria en agosto de 2019. Los desplazamientos en curso, las condiciones de hacinamiento y el acceso limitado a servicios de agua potable y saneamiento probablemente conducirán a un aumento en el número de personas afectadas por enfermedades transmitidas por el agua.

En medio de e situación caótica y de rápido movimiento, la OMS y los socios de salud están trabajando arduamente para responder a las necesidades urgentes de salud. Casi 314.000 tratamientos médicos, vacunas, además de medicamentos para traumatismos para 500 pacientes ya se han distribuido en el centro Qamishly.

Un envío adicional de más de 100,000 tratamientos y medicamentos para 640 pacientes con trauma llegará por avión la próxima semana. Los medicamentos para enfermedades diarreicas también se han colocado previamente para su entrega a los centros de salud según sea necesario. A pesar de los desafíos, muchas ONG de salud continúan operando así tengan que cambiar de ubicación.

A medida que la situación evoluciona, la OMS y sus socios continuarán evaluando las necesidades de salud y ampliando su respuesta según sea necesario.

La OMS hizo un llamado a todas las partes en conflicto para preservar el derecho a la salud de cientos de miles de civiles inocentes en el noreste de Siria, y cumplir con el Derecho Internacional Humanitario para proteger a todos los civiles, incluidos los trabajadores de la salud y los pacientes, así como las instalaciones de salud.

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Turquía: libre después de más de un año de prisión injusta.

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Following his periodic review Taner Kılıç was released from prison in Izmir. Taner is free on bail, but the charges against him still stand. ©Amnistía Internacional
Ignacio, ¡tengo algo increíble que contarte! Nuestro amigo y compañero Taner Kiliç ¡ha sido liberado! 

Después de más de un año de campaña y gracias al apoyo de miles de personas que, como tú, actuaron en contra de su detención, ¡por fin está libre! 

Taner ha pasado más de 400 días en la cárcel sólo por defender los derechos humanos en el país. Y hoy sólo puedo decirte GRACIAS.

Te envío un vídeo del momento en el que salió de la cárcel y se reencontró con su mujer y sus hijas . Espero que te emocione tanto como me ha emocionado a mí.

¡Mira el vídeo!

Lo hemos logrado Ignacio, pero tenemos que seguir luchando. Aún queda mucho por hacer en materia de derechos humanos en Turquía y necesito contar contigo:Únete hoy a Amnistía Internacional por la cantidad que tú elijas. Contigo evitaremos que otras personas pasen por lo que ha pasado Taner.

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Gracias por tu ayuda incansable en la defensa de los derechos humanos.
Esteban Beltrán
Director de Amnistía Internacional-Sección Española

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Turquía: religión y política. Polémica

Desencuentro Usa-Turquía por el “caso” del pastor evangélico Brunson

Dispuestas las primeras sanciones contra Ankara por el caso del representante evangélico estadounidense bajo proceso acusado por las autoridades turcas de espionaje y apoyo a los “terroristas”. Las condiciones de las comunidades cristianas son cada vez más, un instrumento de operaciones geopolíticas. Y la “política religiosa” de Erdogan es cualquier cosa menos estática

Desencuentro Usa-Turquía por el “caso” del pastor evangélico Brunson

Pubblicato il 03/08/2018
Ultima modifica il 03/08/2018 alle ore 17:24
GIANNI VALENTE
ROMA

Las primeras sanciones dispuestas por un país de la OTAN contra otro Estado miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte serán justificadas en nombre de la libertad religiosa. Ocurre entre Estados Unidos y Turquía. Y el suceso que está entorpeciendo las relaciones entre Trump y Erdogan es el de Andrew Craig Brunson, pastor evangélico estadounidense, detenido en una cárcel turca durante casi dos años, y ahora acusado de espionaje y participación en actos terroristas y tramas subversivas anti-turcas. Los altos mandos de USA, por boca del vicepresidente Mike Pence, lo definen víctima de “persecuciones religiosas”. Precisamente mientras todos los jefes de las Iglesias y de las comunidades de fe musulmana presentes en Turquía –incluido el patriarca ecuménico Bartolomeo I y el rabino jefe Ishak Haleva– suscriben una declaración para reafirmar unánimes no sufrir ninguna presión por parte de las autoridades turcas, que les permiten practicar su propia religión con total libertad.

 

Un caso revelador 

El del pastor Brunson es un suceso confuso pero en cualquier caso revelador de cómo la cuestión de las condiciones de las comunidades cristianas y de la libertad religiosa se está convirtiendo cada vez más en un instrumento de operaciones geopolíticas, no sólo en Oriente Medio. Andrew Craig Brunson, responsable de la Iglesia evangélica de la Resurrección en Izmir (Smirne Diriliş Kilisesi), relacionada con la Iglesia evangélica presbiteriana de Orlando (California), fue encarcelado en otoño de 2016 después de que un testigo secreto le acusara de pertenecer al llamado Fetö, acrónimo turco de la “Organización terrorista Fethullahnista”, definición con la que los órganos filo-gobernativos indican la red de Hizmet (el movimiento inspirado por el predicador musulmán Fethullah Gülen, indicado por el gobierno turno como el gran director del intento de golpe de estado del 15 de julio de 2016). En los dos años de detención, las acusaciones dirigidas contra Brunson por testigos casi siempre anónimos han ido en aumento y han tomado a menudo connotaciones difícilmente creíbles. El pastor ha sido acusado incluso de apoyar el nacimiento de un inexistente “Estado curdo cristiano” destinado a ocupar también parte del territorio turco. Durante la última audiencia, desarrollada el pasado 18 de julio, Brunson fue acusado de poseer en la iglesia de Izmir material de propaganda del Pkk –la formación paramilitar curda indicada como “organización terrorista” tanto por Turquía como por Estados Unidos– y de haber colocado sobre las sillas del lugar de culto, carteles con la frase “prohibido sentarse a los turcos”.

 

El caso Brunson ha aumentado con el tiempo su valor como ’casus belli’ entre Washington y Ankara. En el pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había pedido personalmente hasta tres veces, incluido en entrevistas directas con el presidente Tayyip Erdogan, la liberación del pastor evangélico estadounidense. La presión de los Estados Unidos había aumentado en las últimas semanas, incluso a través de las declaraciones del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, y de tweets lanzados por el mismo Trump. Las reacciones de la parte turca rechazaron las solicitudes provenientes de Washington con tono desdeñoso, después de que las autoridades judiciales turcas se limitaran a otorgar a Brunson el arresto domiciliario, en espera de la próxima audiencia del juicio programada para el 22 de octubre. Al final, el miércoles 1 de agosto, comenzaron las amenazas de sanciones, aunque con objetivos “específicos”: el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos las dirigió en particular contra los titulares de dos ministerios turcos, el de Justicia (encabezado por Abdulhamit Gul) y el del Interior (dirigido por el ministro Suleyman Soylu) indicando que los departamentos del gobierno turco son los responsables directos del arresto y encarcelamiento del pastor Brunson.

 

“La injusta detención del pastor Brunson y las continuas acusaciones por parte de los funcionarios turcos son simplemente inaceptables2, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y agregó que el presidente Trump había expresado inequívocamente las expectativas de Washington en favor de la inmediata liberación de Brunson por parte de Turquía. Mientras tanto, poco antes del anuncio de las sanciones estadounidenses, desde Ankara, Erdogan había declarado ante la prensa que Turquía no habría dado ningún peso al “lenguaje amenazador” de los líderes estadounidenses, calificándolo como expresión de “una mentalidad evangélica y sionista”.

 

Más allá de la dureza de los tonos, la impresión es que sobre la cabeza del desafortunado predicador evangélico se está echando un pulso con implicaciones más amplias de su historia personal. Erdogan ha intentado en varias ocasiones negociar la liberación de Brunson solicitando a cambio a las autoridades estadounidenses que sea extraditado y entregado a Turquía Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos desde 1999. Por otro lado, los líderes turcos sugieren que las presiones de los Estados Unidos contra ellos –incluyendo la amenaza de bloquear la venta de aviones de combate F35 al gobierno de Ankara– apuntan sobre todo a presionar a Turquía para que se una al embargo contra Irán: “Ni Estados Unidos ni la Unión Europea –declaró recientemente el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, puede obligarnos a unirnos a ellos en su decisión de castigar a Irán mediante sanciones”.

 

El dinamismo de la “política religiosa” de Erdogan 

Mientras los Estados Unidos se apresuraban en anunciar las sanciones “dirigidas” contra sujetos políticos gobernativos turcos por el caso Brunson, los jefes de las Iglesias y comunidades religiosas no musulmanas presentes en Turquía se unieron para firmar una declaración conjunta en la que afirmaban vivir a propia fe con total libertad y rechazaban las acusaciones según las cuales los pertenecientes a las minorías religiosas de ese país están sometidos a constantes “presiones” y discriminación por parte de los aparatos turcos. Entre los muchos firmantes de la declaración, además del patriarca ecuménico de Constantinopla Bartolomeo I y el rabino jefe Ishak Haleva, figuran también el arcebispo armeno-católico de Constantinopla, Levon Boghos Zekiyan y el arzobispo armenio apostólico Aram Ateşyan, que ejerce funciones patriarcales como vicario patriarcal. “Las afirmaciones de que nuestra fe está bajo presión son totalmente infundadas”, dice el texto de la declaración.

 

Observadores presentes en Turquía leyeron el pronunciamiento como una respuesta al último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la libertad religiosa, que describió en modo poco claro la condición de las minorías religiosas turcas. Los mismos analistas consideran la declaración como un ’captatio benevolentiae’ hacia las directivas del gobierno turco dirigidas a las minorías religiosas. En los últimos dos años, los aparatos judiciales turcos han dirigido sus investigaciones y medidas represivas especialmente hacia los representantes de las comunidades cristianas de la galaxia evangélica y pentecostal, mientras que han reservado señales de atención y disponibilidad hacia las Iglesias históricas, comenzando por la Iglesia siro-ortodoxa, en línea con el “neo-otomanismo” en el que se inspira el actual liderazgo turco.

 

Incluso las fuentes que no apoyan al gobierno de Ankara, como el periódico bilingüe turco-armenio Agos, toman nota de la actitud ciertamente no “estática” de la política religiosa de Erdogan hacia las comunidades de fe minoritarias. En los últimos tiempos, la Dirección General de las Fundaciones (DGF) ha fomentado prácticas para la libre reasignación de santuarios y lugares de culto a sus respectivas comunidades. “A partir de ahora –informó Agos recientemente– iglesias y sinagogas disfrutarán de los mismos derechos garantizados a las mezquitas gracias a la decisión tomada en mayo en la asamblea general de fundaciones, conectada con esta Dirección”.


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Concluídos los dos años de estado de excepción, Turquía debe recuperar la normalidad

Turquía: El levantamiento del estado de excepción debe abrir el camino de vuelta a la justicia

ILYAS AKENGIN/AFP/Getty Images

En respuesta al hecho de que el estado de excepción de Turquía no se renovará cuando expire al final del día de hoy, Fotis Filippou, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa, ha manifestado:

“Aunque el levantamiento de los dos años de estado de excepción es un paso en la dirección correcta, debe ir acompañado de medidas urgentes, si se quiere que sea algo más que una mera operación cosmética”.

En los dos últimos años, Turquía se ha transformado radicalmente con las medidas de excepción adoptadas para consolidar poderes draconianos, silenciar voces críticas y eliminar derechos fundamentales. Muchas de esas medidas seguirán en vigor tras el levantamiento del estado de excepción.”

“Cientos de periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos el presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, han sido detenidos simplemente por hacer su trabajo.”

“Decenas de miles de personas han sido encerradas por un poder judicial que carece de la independencia más básica y encarcela a críticos o presuntos críticos del gobierno sin pruebas de que hayan cometido actos que puedan constituir razonablemente delito. Se han cerrado ONG y periódicos, y más de 130.000 empleados y empleadas del sector público de Turquía han sido despedidos arbitrariamente en virtud del decreto de excepción.”

“El levantamiento del estado de excepción por sí solo no revertirá esta represión. Lo que se necesita es una acción sistemática para restaurar el respeto por los derechos humanos, permitir que la sociedad civil vuelva a florecer y levantar el asfixiante clima de temor en el que se ha sumido el país.

El actual estado de excepción expirará hoy a medianoche.


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Turquía: los defensores de derechos humanos deben ser puestos en libertad. AMN,INT

Turquía: Un año después del encarcelamiento de Taner Kılıç, las peticiones de libertad se suceden en todo el mundo

© AI

“Pese a las cínicas medidas de represión del gobierno contra los derechos humanos, los y las activistas por la justicia y la libertad no van a ser silenciados”, ha declarado Amnistía Internacional en el primer aniversario de la detención de Taner Kılıç.

El presidente de honor de Amnistía Internacional Turquía fue detenido el 6 de junio de 2017 por el cargo infundado de pertenencia a una organización terrorista. Desde entonces, más de un millón de personas (133.000 en España) han alzado la voz y apoyado la campaña de Amnistía Internacional en favor de su libertad inmediata.

“Hoy lamentamos el año de la vida de Taner Kılıç que el gobierno de Turquía le ha arrebatado injustamente, pero es también el momento de redoblar nuestros esfuerzos para obtener su libertad y la de muchos otros activistas de la sociedad civil cuyo trabajo les ha costado la libertad”, dijo Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Las autoridades turcas fomentan un clima de temor persiguiendo sin piedad a quienes se atreven a expresar lo que piensan. Pero hoy, los cientos de miles de seguidores de Taner en todo el mundo se unen en solidaridad para enviar un clamoroso mensaje al gobierno turco: no nos van a silenciar”.

Taner Kılıç ha sido acusado de “pertenencia a la Organización Terrorista Fethullah Gülen” basándose en la acusación falsa de que se había descargado ByLock, una aplicación de mensajería que, según las autoridades, usaban los seguidores de Fethullah Gülen. El gobierno considera a este grupo responsable del intento de golpe de Estado de julio de 2016.

Sin embargo, no se ha presentado ninguna prueba creíble que sostenga la afirmación de que Taner descargó ByLock. Al contrario, dos peritos expertos independientes determinaron que no había rastro de que ByLock hubiera estado instalada alguna vez en su teléfono.

Taner fue enviado a prisión el 9 de junio de 2017, tres días después de ser detenido, y se ha convertido desde entonces en un símbolo de los numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas que han sido sometidos a las medidas represivas contra los derechos humanos desatadas en Turquía desde el intento de golpe.

Un mes después, fueron detenidos otros diez defensores y defensoras de los derechos humanos, incluida İdil Eser, directora de Amnistía Internacional Turquía. Ocho de ellos estuvieron recluidos casi cuatro meses antes de salir en libertad bajo fianza en su primera vista judicial, en octubre de 2017.

Todos ellos están acusados de “pertenencia a una organización terrorista”, afirmación carente de base de la que la fiscalía no ha proporcionado ninguna prueba que resista un análisis riguroso.

En diciembre de 2017, las autoridades turcas reconocieron que se había acusado injustamente a miles de personas de haberse descargado ByLock y publicaron listas con los números de 11.480 usuarios y usuarias de teléfonos móviles, lo que desembocó en excarcelaciones masivas, no obstante lo cual Taner siguió en prisión.

La prueba de la inocencia de Taner es contundente. Su detención es una injusticia flagrante que pone de manifiesto las deficiencias del sistema de justicia de Turquía y la persecución a sangre fría por el gobierno de cualquier persona que se oponga a él”, concluyó Salil Shetty.

“Taner está encarcelado sólo por ser un apasionado defensor de los derechos humanos. Su próxima vista judicial se celebra este mes, y se le debe poner en libertad, exonerar de todos los cargos sin fundamento formulados contra él y permitir que reanude su crucial labor”.

Más de un millón de personas de 194 países y territorios han firmado llamamientos de Amnistía Internacional en los que se reclama la libertad de Taner Kılıç y de todos los demás defensores y defensoras de los derechos humanos encarcelados en Turquía sólo por su activismo pacífico.

La campaña por su libertad cuenta con el apoyo de gobiernos, artistas y celebridades como Ben Stiller, Sting, Zoë Kravitz, Zach Galifianakis y Ai Weiwei.

En abril de 2018, el informe de Amnistía Internacional titulado Weathering the storm:Defending human rights in Turkey’s climate of fearreveló lo escasas que son las áreas de la antaño dinámica sociedad civil independiente de Turquía que no se han visto afectadas por el actual estado de excepción.

La represión desatada en todo el país contra la sociedad civil ha desembocado en detenciones arbitrarias y destituciones en masa, el vaciado del sistema judicial y el silenciamiento de los defensores y defensoras de los derechos humanos mediante amenazas, acoso y encarcelamiento.

La próxima vista judicial de Taner está fijada para el 21 de junio. Si es declarado culpable de los cargos que se le imputan, podría ser condenado a hasta 15 años de prisión.


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Refugiados afganos deportados de Turquía.

Turquía: Miles de personas afganas, arrastradas en una implacable campaña de deportación

© AI

Al menos 2.000 personas afganas que huyeron a Turquía para escapar del conflicto y de los peores excesos de los talibanes están detenidas y corren riesgo inminente de ser devueltas al peligro. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Las autoridades turcas parecen estar intensificando una oleada de deportaciones en la que 7.100 personas afganas han sido detenidas y devueltas a Afganistán desde principios de abril.

Las autoridades turcas dijeron a Amnistía Internacional que todas estas devoluciones son voluntarias, y que el ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) tiene acceso periódico a los lugares de detención. Sin embargo, en entrevistas telefónicas con personas detenidas en el campo de contenedores de Düziçi, en el sur de Turquía, donde se cree que permanecen recluidas al menos 2.000 personas afganas, Amnistía Internacional escuchó cómo se ha presionado a detenidos para que firmen documentos escritos en turco, que no comprenden. Esos documentos podrían ser “formularios de repatriación voluntaria”, que las autoridades turcas ya han utilizado anteriormente en circunstancias coercitivas con personas refugiadas procedentes de Siria y otros lugares.

Aunque, según la información, a algunas familias les han permitido pedir asilo y luego las han puesto en libertad, un número potencial de miles de personas —en su mayoría hombres— corren riesgo inminente de ser devueltas a Afganistán. Amnistía Internacional entrevistó también en Kabul a un hombre que había sido deportado junto con su esposa y sus cinco hijos a pesar de que querían solicitar asilo.

La magnitud de esta represión es extraordinaria. En las últimas semanas, las autoridades turcas han intensificado una implacable campaña de deportación en la que miles de personas afganas han sido detenidas, embarcadas en aviones y devueltas a una zona de guerra. A miles más las mantienen detenidas, y las tratan más como a delincuentes que como a personas que huyen del conflicto y la persecución”, ha manifestado Anna Shea, investigadora de Amnistía Internacional sobre los Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes.

“Los afganos y afganas que están en Turquía han hecho peligrosos viajes para escapar de peligros aún mayores en su hogar, y devolverlas es una medida inadmisible e ilegal. La violencia indiscriminada se cobra habitualmente decenas de vidas en Afganistán, y no hay ninguna parte del país que esté a salvo. No cabe duda de que Turquía está bajo presión —ha aceptado a una enorme cantidad de personas refugiadas, financiándolo principalmente con su propio presupuesto—, pero estas deportaciones podrán vidas en peligro.”

En cada uno de los cuatro últimos años, más de 10.000 civiles han muerto o han resultado heridos en Afganistán, muchos de ellos en ataques indiscriminados de grupos armados.

Turquía tiene una de las poblaciones refugiadas más grandes del mundo, entre la que se encuentran unas 145.000 personas afganas. En 2018, un número creciente de afganos y afganas han entrado en Turquía por la frontera este del país con Irán: el Ministerio del Interior turco ha citado una cifra de 27.000 llegadas este año. Turquía ha seguido el ejemplo de muchos países de la UE al tratar de cerrar sus fronteras a las personas que solicitan asilo, y en la actualidad está construyendo un muro de 144 km de longitud a lo largo de la frontera iraní, que se espera que esté terminado en el plazo de un año. Mientras tanto, las autoridades turcas han respondido a la llegada de un número creciente de afganos y afganas deteniéndolos para su deportación.

El 17 de abril, la agencia estatal turca Anadolu informó de que en las últimas semanas se había deportado a 6.846 personas afganas. Basaba la cifra en una declaración urgente de la Dirección General de Gestión de la Migración, dependiente del Ministerio del Interior. Hoy, el ministro del Interior ha informado de que la cifra había aumentado a 7.100. Aunque Amnistía Internacional no ha podido verificar de forma independiente esta cifra, está claro que se está deportando a personas afganas a gran escala. El ministro del Interior dijo a los medios de comunicación el 23 de abril que pretendían llegar a las 10.000 deportaciones para final de la semana.

Este aumento de las deportaciones podría estar relacionado con un acuerdo de migración firmado entre Turquía y Afganistán el 9 de abril, en el que los dos gobiernos acordaron facilitar la deportación de ciudadanos y ciudadanas afganos desde Turquía.

En estos momentos, parece ser que al menos 2.000 personas afganas se encuentran detenidas en Turquía y corren peligro de deportación. Amnistía Internacional ha recibido información fidedigna que indica que unas 2.000 personas procedentes de Afganistán permanecen recluidas en un campo de contenedores en Düziçi, provincia de Osmaniye, y que es posible que haya cientos de personas más recluidas en un centro de detención en la provincia de Erzurum. No está clara la base legal de estas detenciones. Dado que miles de personas parecen haber sido aprehendidas y detenidas en un breve espacio de tiempo, existe un elevado peligro de que la detención de estos afganos y afganas sea arbitraria e ilegal.

Amnistía Internacional habló con dos hombres y una mujer detenidos en el campo de Düziçi. “Farhad” (no es su nombre real), abogado de 23 años de la provincia de Baghlan, contó que había viajado a Turquía a pie tras huir del reclutamiento forzoso por parte de los talibanes. Fue aprehendido en la frontera y ha pasado unos 24 días detenido.

Contó:

“No nos dicen que nos van a deportar; no dicen nada; invitan a la gente a sus oficinas y les toman las huellas dactilares. El documento sólo está escrito en turco: no podemos leerlo. No firmaré ese documento, aunque me maten”.

Amnistía Internacional también habló por teléfono con un padre de cinco hijos, deportado a Kabul desde la provincia de Esmirna, en el oeste de Turquía, a mediados de abril. “Ghodrat” (no es su nombre real), de 42 años y de la provincia de Kandahar, dijo que él y su familia se habían negado a firmar un papel que no entendían, pero pese a ello los habían devuelto a Afganistán. Según contó, no les proporcionaron ayuda económica ni logística a su regreso.

Ghodrat dijo:

“La policía nos dio una hoja para que la firmáramos, y yo me negué a hacerlo. Lloré: estaba devastado. Salimos de Afganistán con la esperanza de encontrar a gente de la ONU: pensamos que nos ayudarían. Kandahar no es seguro, especialmente para los niños pequeños. Pensé que, si vendía todo lo que tenía, que no era mucho, podría ir a Turquía y registrarme en la ONU”.

Según el principio jurídico internacional de no devolución (non-refoulement), Turquía no puede transferir a nadie a un lugar donde corra un peligro real de sufrir violaciones graves de derechos humanos, tales como persecución, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En estos momentos, dada la grave situación de seguridad y derechos humanos en el país, todas las devoluciones a Afganistán constituyen refoulement, una práctica ilegal en virtud del derecho internacional.

Amnistía Internacional pide a las autoridades turcas que pongan inmediatamente en libertad a todas las personas afganas que estén detenidas arbitrariamente, que garanticen a las personas afganas el acceso a los procedimiento nacionales de asilo y que detengan todas las devoluciones a Afganistán hasta que puedan llevarse a cabo con seguridad y dignidad.


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Turquía: el presidente honorario de AMN.INT. lleva 300 días en prisión.

Turquía: Actos en todo el mundo para recordar los 300 días entre rejas de Taner Kiliç

Recogida de firmas en http://www.actuaconamnistia.org para pedir su liberación

En vísperas del día internacional de acción que se celebrará hoy para recordar sus 300 días entre rejas, el presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía encarcelado, Taner Kılıç, ha manifestado su más sincero agradecimiento a quienes han mostrado su solidaridad con él.En una carta enviada desde la prisión de Şakran, en Esmirna, donde permanece recluido desde el 9 de junio en espera del resultado de su juicio, Taner Kılıç ha escrito:

“Las fotografías tomadas en acciones organizadas bajo un sol abrasador, lluvia o hielo me han levantado el ánimo y me han recordado la importancia de la solidaridad internacional en la lucha por los derechos humanos”.

En la carta, publicada hoy para coincidir con las acciones de calle organizadas por activistas en más de 40 países para pedir su liberación, Taner Kılıç añade:

“En la cárcel es fácil sentir que serás olvidado, incluso por tus seres más cercanos y queridos. Pero en mi caso, en lugar de ser olvidado, mi situación se ha dado a conocer tanto en Turquía como fuera de mi país […] Quisiera dar las gracias a todas las personas que me han mostrado su solidaridad: simpatizantes y voluntarios en todo el mundo. Están siempre en mi mente y en mis oraciones”.

Entre las acciones programadas en todo el mundo para hoy se encuentran una acción de calle de guerra de grafitis en Bélgica, vigilias a la luz de las velas en Chile, la suelta de 300 globos en Suiza, y una acción de calle fotográfica en Malí.

“Trescientos días después de ser encarcelado por cargos falsos, personas de todo el mundo se están uniendo para pedir el fin de este error judicial y la liberación inmediata de Taner Kılıç”, ha manifestado Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa.

“La fiscalía no ha presentado ninguna prueba que fundamente los absurdos cargos contra Taner. Por increíble que parezca, Taner es sólo uno de los muchos que se encuentran en una situación similar, y es un poderoso símbolo del desmantelamiento deliberado de la sociedad civil durante la represión.”

Información complementaria:

Taner, que se convirtió en presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía el mes pasado, cuando venció su periodo en el cargo, ha sido acusado de “pertenencia a una organización terrorista”. La principal acusación contra él es que se descargó ByLock, la aplicación de mensajería que, según el Estado, utilizaba el movimiento Gülen, al que las autoridades turcas culpan del intento de golpe de Estado de 2016.

Después de 300 días, la fiscalía no ha presentado pruebas fidedignas que fundamenten esta acusación. De hecho, en cuatro informes periciales independientes se ha determinado que no hay rastro de que ByLock haya estado instalada alguna vez en su teléfono.

La próxima vista de Taner está fijada para el 21 de junio. Si es declarado culpable de los cargos que se le imputan, podría ser condenado a hasta 15 años de prisión.

Amnistía Internacional recoge firmas en su centro on line de activismo para pedir su liberación inmediata e incondicional. En España, de momento, se han recogido más de 125.000 firm