Loiola XXI

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Turquía: libre después de más de un año de prisión injusta.

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Following his periodic review Taner Kılıç was released from prison in Izmir. Taner is free on bail, but the charges against him still stand. ©Amnistía Internacional
Ignacio, ¡tengo algo increíble que contarte! Nuestro amigo y compañero Taner Kiliç ¡ha sido liberado! 

Después de más de un año de campaña y gracias al apoyo de miles de personas que, como tú, actuaron en contra de su detención, ¡por fin está libre! 

Taner ha pasado más de 400 días en la cárcel sólo por defender los derechos humanos en el país. Y hoy sólo puedo decirte GRACIAS.

Te envío un vídeo del momento en el que salió de la cárcel y se reencontró con su mujer y sus hijas . Espero que te emocione tanto como me ha emocionado a mí.

¡Mira el vídeo!

Lo hemos logrado Ignacio, pero tenemos que seguir luchando. Aún queda mucho por hacer en materia de derechos humanos en Turquía y necesito contar contigo:Únete hoy a Amnistía Internacional por la cantidad que tú elijas. Contigo evitaremos que otras personas pasen por lo que ha pasado Taner.

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Gracias por tu ayuda incansable en la defensa de los derechos humanos.
Esteban Beltrán
Director de Amnistía Internacional-Sección Española

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Turquía: religión y política. Polémica

Desencuentro Usa-Turquía por el “caso” del pastor evangélico Brunson

Dispuestas las primeras sanciones contra Ankara por el caso del representante evangélico estadounidense bajo proceso acusado por las autoridades turcas de espionaje y apoyo a los “terroristas”. Las condiciones de las comunidades cristianas son cada vez más, un instrumento de operaciones geopolíticas. Y la “política religiosa” de Erdogan es cualquier cosa menos estática

Desencuentro Usa-Turquía por el “caso” del pastor evangélico Brunson

Pubblicato il 03/08/2018
Ultima modifica il 03/08/2018 alle ore 17:24
GIANNI VALENTE
ROMA

Las primeras sanciones dispuestas por un país de la OTAN contra otro Estado miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte serán justificadas en nombre de la libertad religiosa. Ocurre entre Estados Unidos y Turquía. Y el suceso que está entorpeciendo las relaciones entre Trump y Erdogan es el de Andrew Craig Brunson, pastor evangélico estadounidense, detenido en una cárcel turca durante casi dos años, y ahora acusado de espionaje y participación en actos terroristas y tramas subversivas anti-turcas. Los altos mandos de USA, por boca del vicepresidente Mike Pence, lo definen víctima de “persecuciones religiosas”. Precisamente mientras todos los jefes de las Iglesias y de las comunidades de fe musulmana presentes en Turquía –incluido el patriarca ecuménico Bartolomeo I y el rabino jefe Ishak Haleva– suscriben una declaración para reafirmar unánimes no sufrir ninguna presión por parte de las autoridades turcas, que les permiten practicar su propia religión con total libertad.

 

Un caso revelador 

El del pastor Brunson es un suceso confuso pero en cualquier caso revelador de cómo la cuestión de las condiciones de las comunidades cristianas y de la libertad religiosa se está convirtiendo cada vez más en un instrumento de operaciones geopolíticas, no sólo en Oriente Medio. Andrew Craig Brunson, responsable de la Iglesia evangélica de la Resurrección en Izmir (Smirne Diriliş Kilisesi), relacionada con la Iglesia evangélica presbiteriana de Orlando (California), fue encarcelado en otoño de 2016 después de que un testigo secreto le acusara de pertenecer al llamado Fetö, acrónimo turco de la “Organización terrorista Fethullahnista”, definición con la que los órganos filo-gobernativos indican la red de Hizmet (el movimiento inspirado por el predicador musulmán Fethullah Gülen, indicado por el gobierno turno como el gran director del intento de golpe de estado del 15 de julio de 2016). En los dos años de detención, las acusaciones dirigidas contra Brunson por testigos casi siempre anónimos han ido en aumento y han tomado a menudo connotaciones difícilmente creíbles. El pastor ha sido acusado incluso de apoyar el nacimiento de un inexistente “Estado curdo cristiano” destinado a ocupar también parte del territorio turco. Durante la última audiencia, desarrollada el pasado 18 de julio, Brunson fue acusado de poseer en la iglesia de Izmir material de propaganda del Pkk –la formación paramilitar curda indicada como “organización terrorista” tanto por Turquía como por Estados Unidos– y de haber colocado sobre las sillas del lugar de culto, carteles con la frase “prohibido sentarse a los turcos”.

 

El caso Brunson ha aumentado con el tiempo su valor como ’casus belli’ entre Washington y Ankara. En el pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había pedido personalmente hasta tres veces, incluido en entrevistas directas con el presidente Tayyip Erdogan, la liberación del pastor evangélico estadounidense. La presión de los Estados Unidos había aumentado en las últimas semanas, incluso a través de las declaraciones del vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, y de tweets lanzados por el mismo Trump. Las reacciones de la parte turca rechazaron las solicitudes provenientes de Washington con tono desdeñoso, después de que las autoridades judiciales turcas se limitaran a otorgar a Brunson el arresto domiciliario, en espera de la próxima audiencia del juicio programada para el 22 de octubre. Al final, el miércoles 1 de agosto, comenzaron las amenazas de sanciones, aunque con objetivos “específicos”: el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos las dirigió en particular contra los titulares de dos ministerios turcos, el de Justicia (encabezado por Abdulhamit Gul) y el del Interior (dirigido por el ministro Suleyman Soylu) indicando que los departamentos del gobierno turco son los responsables directos del arresto y encarcelamiento del pastor Brunson.

 

“La injusta detención del pastor Brunson y las continuas acusaciones por parte de los funcionarios turcos son simplemente inaceptables2, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, y agregó que el presidente Trump había expresado inequívocamente las expectativas de Washington en favor de la inmediata liberación de Brunson por parte de Turquía. Mientras tanto, poco antes del anuncio de las sanciones estadounidenses, desde Ankara, Erdogan había declarado ante la prensa que Turquía no habría dado ningún peso al “lenguaje amenazador” de los líderes estadounidenses, calificándolo como expresión de “una mentalidad evangélica y sionista”.

 

Más allá de la dureza de los tonos, la impresión es que sobre la cabeza del desafortunado predicador evangélico se está echando un pulso con implicaciones más amplias de su historia personal. Erdogan ha intentado en varias ocasiones negociar la liberación de Brunson solicitando a cambio a las autoridades estadounidenses que sea extraditado y entregado a Turquía Fethullah Gülen, exiliado en Estados Unidos desde 1999. Por otro lado, los líderes turcos sugieren que las presiones de los Estados Unidos contra ellos –incluyendo la amenaza de bloquear la venta de aviones de combate F35 al gobierno de Ankara– apuntan sobre todo a presionar a Turquía para que se una al embargo contra Irán: “Ni Estados Unidos ni la Unión Europea –declaró recientemente el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Mevlüt Çavuşoğlu, puede obligarnos a unirnos a ellos en su decisión de castigar a Irán mediante sanciones”.

 

El dinamismo de la “política religiosa” de Erdogan 

Mientras los Estados Unidos se apresuraban en anunciar las sanciones “dirigidas” contra sujetos políticos gobernativos turcos por el caso Brunson, los jefes de las Iglesias y comunidades religiosas no musulmanas presentes en Turquía se unieron para firmar una declaración conjunta en la que afirmaban vivir a propia fe con total libertad y rechazaban las acusaciones según las cuales los pertenecientes a las minorías religiosas de ese país están sometidos a constantes “presiones” y discriminación por parte de los aparatos turcos. Entre los muchos firmantes de la declaración, además del patriarca ecuménico de Constantinopla Bartolomeo I y el rabino jefe Ishak Haleva, figuran también el arcebispo armeno-católico de Constantinopla, Levon Boghos Zekiyan y el arzobispo armenio apostólico Aram Ateşyan, que ejerce funciones patriarcales como vicario patriarcal. “Las afirmaciones de que nuestra fe está bajo presión son totalmente infundadas”, dice el texto de la declaración.

 

Observadores presentes en Turquía leyeron el pronunciamiento como una respuesta al último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la libertad religiosa, que describió en modo poco claro la condición de las minorías religiosas turcas. Los mismos analistas consideran la declaración como un ’captatio benevolentiae’ hacia las directivas del gobierno turco dirigidas a las minorías religiosas. En los últimos dos años, los aparatos judiciales turcos han dirigido sus investigaciones y medidas represivas especialmente hacia los representantes de las comunidades cristianas de la galaxia evangélica y pentecostal, mientras que han reservado señales de atención y disponibilidad hacia las Iglesias históricas, comenzando por la Iglesia siro-ortodoxa, en línea con el “neo-otomanismo” en el que se inspira el actual liderazgo turco.

 

Incluso las fuentes que no apoyan al gobierno de Ankara, como el periódico bilingüe turco-armenio Agos, toman nota de la actitud ciertamente no “estática” de la política religiosa de Erdogan hacia las comunidades de fe minoritarias. En los últimos tiempos, la Dirección General de las Fundaciones (DGF) ha fomentado prácticas para la libre reasignación de santuarios y lugares de culto a sus respectivas comunidades. “A partir de ahora –informó Agos recientemente– iglesias y sinagogas disfrutarán de los mismos derechos garantizados a las mezquitas gracias a la decisión tomada en mayo en la asamblea general de fundaciones, conectada con esta Dirección”.


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Concluídos los dos años de estado de excepción, Turquía debe recuperar la normalidad

Turquía: El levantamiento del estado de excepción debe abrir el camino de vuelta a la justicia

ILYAS AKENGIN/AFP/Getty Images

En respuesta al hecho de que el estado de excepción de Turquía no se renovará cuando expire al final del día de hoy, Fotis Filippou, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa, ha manifestado:

“Aunque el levantamiento de los dos años de estado de excepción es un paso en la dirección correcta, debe ir acompañado de medidas urgentes, si se quiere que sea algo más que una mera operación cosmética”.

En los dos últimos años, Turquía se ha transformado radicalmente con las medidas de excepción adoptadas para consolidar poderes draconianos, silenciar voces críticas y eliminar derechos fundamentales. Muchas de esas medidas seguirán en vigor tras el levantamiento del estado de excepción.”

“Cientos de periodistas, activistas y defensores y defensoras de los derechos humanos, entre ellos el presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía, Taner Kılıç, han sido detenidos simplemente por hacer su trabajo.”

“Decenas de miles de personas han sido encerradas por un poder judicial que carece de la independencia más básica y encarcela a críticos o presuntos críticos del gobierno sin pruebas de que hayan cometido actos que puedan constituir razonablemente delito. Se han cerrado ONG y periódicos, y más de 130.000 empleados y empleadas del sector público de Turquía han sido despedidos arbitrariamente en virtud del decreto de excepción.”

“El levantamiento del estado de excepción por sí solo no revertirá esta represión. Lo que se necesita es una acción sistemática para restaurar el respeto por los derechos humanos, permitir que la sociedad civil vuelva a florecer y levantar el asfixiante clima de temor en el que se ha sumido el país.

El actual estado de excepción expirará hoy a medianoche.


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Turquía: los defensores de derechos humanos deben ser puestos en libertad. AMN,INT

Turquía: Un año después del encarcelamiento de Taner Kılıç, las peticiones de libertad se suceden en todo el mundo

© AI

“Pese a las cínicas medidas de represión del gobierno contra los derechos humanos, los y las activistas por la justicia y la libertad no van a ser silenciados”, ha declarado Amnistía Internacional en el primer aniversario de la detención de Taner Kılıç.

El presidente de honor de Amnistía Internacional Turquía fue detenido el 6 de junio de 2017 por el cargo infundado de pertenencia a una organización terrorista. Desde entonces, más de un millón de personas (133.000 en España) han alzado la voz y apoyado la campaña de Amnistía Internacional en favor de su libertad inmediata.

“Hoy lamentamos el año de la vida de Taner Kılıç que el gobierno de Turquía le ha arrebatado injustamente, pero es también el momento de redoblar nuestros esfuerzos para obtener su libertad y la de muchos otros activistas de la sociedad civil cuyo trabajo les ha costado la libertad”, dijo Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Las autoridades turcas fomentan un clima de temor persiguiendo sin piedad a quienes se atreven a expresar lo que piensan. Pero hoy, los cientos de miles de seguidores de Taner en todo el mundo se unen en solidaridad para enviar un clamoroso mensaje al gobierno turco: no nos van a silenciar”.

Taner Kılıç ha sido acusado de “pertenencia a la Organización Terrorista Fethullah Gülen” basándose en la acusación falsa de que se había descargado ByLock, una aplicación de mensajería que, según las autoridades, usaban los seguidores de Fethullah Gülen. El gobierno considera a este grupo responsable del intento de golpe de Estado de julio de 2016.

Sin embargo, no se ha presentado ninguna prueba creíble que sostenga la afirmación de que Taner descargó ByLock. Al contrario, dos peritos expertos independientes determinaron que no había rastro de que ByLock hubiera estado instalada alguna vez en su teléfono.

Taner fue enviado a prisión el 9 de junio de 2017, tres días después de ser detenido, y se ha convertido desde entonces en un símbolo de los numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas que han sido sometidos a las medidas represivas contra los derechos humanos desatadas en Turquía desde el intento de golpe.

Un mes después, fueron detenidos otros diez defensores y defensoras de los derechos humanos, incluida İdil Eser, directora de Amnistía Internacional Turquía. Ocho de ellos estuvieron recluidos casi cuatro meses antes de salir en libertad bajo fianza en su primera vista judicial, en octubre de 2017.

Todos ellos están acusados de “pertenencia a una organización terrorista”, afirmación carente de base de la que la fiscalía no ha proporcionado ninguna prueba que resista un análisis riguroso.

En diciembre de 2017, las autoridades turcas reconocieron que se había acusado injustamente a miles de personas de haberse descargado ByLock y publicaron listas con los números de 11.480 usuarios y usuarias de teléfonos móviles, lo que desembocó en excarcelaciones masivas, no obstante lo cual Taner siguió en prisión.

La prueba de la inocencia de Taner es contundente. Su detención es una injusticia flagrante que pone de manifiesto las deficiencias del sistema de justicia de Turquía y la persecución a sangre fría por el gobierno de cualquier persona que se oponga a él”, concluyó Salil Shetty.

“Taner está encarcelado sólo por ser un apasionado defensor de los derechos humanos. Su próxima vista judicial se celebra este mes, y se le debe poner en libertad, exonerar de todos los cargos sin fundamento formulados contra él y permitir que reanude su crucial labor”.

Más de un millón de personas de 194 países y territorios han firmado llamamientos de Amnistía Internacional en los que se reclama la libertad de Taner Kılıç y de todos los demás defensores y defensoras de los derechos humanos encarcelados en Turquía sólo por su activismo pacífico.

La campaña por su libertad cuenta con el apoyo de gobiernos, artistas y celebridades como Ben Stiller, Sting, Zoë Kravitz, Zach Galifianakis y Ai Weiwei.

En abril de 2018, el informe de Amnistía Internacional titulado Weathering the storm:Defending human rights in Turkey’s climate of fearreveló lo escasas que son las áreas de la antaño dinámica sociedad civil independiente de Turquía que no se han visto afectadas por el actual estado de excepción.

La represión desatada en todo el país contra la sociedad civil ha desembocado en detenciones arbitrarias y destituciones en masa, el vaciado del sistema judicial y el silenciamiento de los defensores y defensoras de los derechos humanos mediante amenazas, acoso y encarcelamiento.

La próxima vista judicial de Taner está fijada para el 21 de junio. Si es declarado culpable de los cargos que se le imputan, podría ser condenado a hasta 15 años de prisión.


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Refugiados afganos deportados de Turquía.

Turquía: Miles de personas afganas, arrastradas en una implacable campaña de deportación

© AI

Al menos 2.000 personas afganas que huyeron a Turquía para escapar del conflicto y de los peores excesos de los talibanes están detenidas y corren riesgo inminente de ser devueltas al peligro. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy. Las autoridades turcas parecen estar intensificando una oleada de deportaciones en la que 7.100 personas afganas han sido detenidas y devueltas a Afganistán desde principios de abril.

Las autoridades turcas dijeron a Amnistía Internacional que todas estas devoluciones son voluntarias, y que el ACNUR (la agencia de la ONU para los refugiados) tiene acceso periódico a los lugares de detención. Sin embargo, en entrevistas telefónicas con personas detenidas en el campo de contenedores de Düziçi, en el sur de Turquía, donde se cree que permanecen recluidas al menos 2.000 personas afganas, Amnistía Internacional escuchó cómo se ha presionado a detenidos para que firmen documentos escritos en turco, que no comprenden. Esos documentos podrían ser “formularios de repatriación voluntaria”, que las autoridades turcas ya han utilizado anteriormente en circunstancias coercitivas con personas refugiadas procedentes de Siria y otros lugares.

Aunque, según la información, a algunas familias les han permitido pedir asilo y luego las han puesto en libertad, un número potencial de miles de personas —en su mayoría hombres— corren riesgo inminente de ser devueltas a Afganistán. Amnistía Internacional entrevistó también en Kabul a un hombre que había sido deportado junto con su esposa y sus cinco hijos a pesar de que querían solicitar asilo.

La magnitud de esta represión es extraordinaria. En las últimas semanas, las autoridades turcas han intensificado una implacable campaña de deportación en la que miles de personas afganas han sido detenidas, embarcadas en aviones y devueltas a una zona de guerra. A miles más las mantienen detenidas, y las tratan más como a delincuentes que como a personas que huyen del conflicto y la persecución”, ha manifestado Anna Shea, investigadora de Amnistía Internacional sobre los Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes.

“Los afganos y afganas que están en Turquía han hecho peligrosos viajes para escapar de peligros aún mayores en su hogar, y devolverlas es una medida inadmisible e ilegal. La violencia indiscriminada se cobra habitualmente decenas de vidas en Afganistán, y no hay ninguna parte del país que esté a salvo. No cabe duda de que Turquía está bajo presión —ha aceptado a una enorme cantidad de personas refugiadas, financiándolo principalmente con su propio presupuesto—, pero estas deportaciones podrán vidas en peligro.”

En cada uno de los cuatro últimos años, más de 10.000 civiles han muerto o han resultado heridos en Afganistán, muchos de ellos en ataques indiscriminados de grupos armados.

Turquía tiene una de las poblaciones refugiadas más grandes del mundo, entre la que se encuentran unas 145.000 personas afganas. En 2018, un número creciente de afganos y afganas han entrado en Turquía por la frontera este del país con Irán: el Ministerio del Interior turco ha citado una cifra de 27.000 llegadas este año. Turquía ha seguido el ejemplo de muchos países de la UE al tratar de cerrar sus fronteras a las personas que solicitan asilo, y en la actualidad está construyendo un muro de 144 km de longitud a lo largo de la frontera iraní, que se espera que esté terminado en el plazo de un año. Mientras tanto, las autoridades turcas han respondido a la llegada de un número creciente de afganos y afganas deteniéndolos para su deportación.

El 17 de abril, la agencia estatal turca Anadolu informó de que en las últimas semanas se había deportado a 6.846 personas afganas. Basaba la cifra en una declaración urgente de la Dirección General de Gestión de la Migración, dependiente del Ministerio del Interior. Hoy, el ministro del Interior ha informado de que la cifra había aumentado a 7.100. Aunque Amnistía Internacional no ha podido verificar de forma independiente esta cifra, está claro que se está deportando a personas afganas a gran escala. El ministro del Interior dijo a los medios de comunicación el 23 de abril que pretendían llegar a las 10.000 deportaciones para final de la semana.

Este aumento de las deportaciones podría estar relacionado con un acuerdo de migración firmado entre Turquía y Afganistán el 9 de abril, en el que los dos gobiernos acordaron facilitar la deportación de ciudadanos y ciudadanas afganos desde Turquía.

En estos momentos, parece ser que al menos 2.000 personas afganas se encuentran detenidas en Turquía y corren peligro de deportación. Amnistía Internacional ha recibido información fidedigna que indica que unas 2.000 personas procedentes de Afganistán permanecen recluidas en un campo de contenedores en Düziçi, provincia de Osmaniye, y que es posible que haya cientos de personas más recluidas en un centro de detención en la provincia de Erzurum. No está clara la base legal de estas detenciones. Dado que miles de personas parecen haber sido aprehendidas y detenidas en un breve espacio de tiempo, existe un elevado peligro de que la detención de estos afganos y afganas sea arbitraria e ilegal.

Amnistía Internacional habló con dos hombres y una mujer detenidos en el campo de Düziçi. “Farhad” (no es su nombre real), abogado de 23 años de la provincia de Baghlan, contó que había viajado a Turquía a pie tras huir del reclutamiento forzoso por parte de los talibanes. Fue aprehendido en la frontera y ha pasado unos 24 días detenido.

Contó:

“No nos dicen que nos van a deportar; no dicen nada; invitan a la gente a sus oficinas y les toman las huellas dactilares. El documento sólo está escrito en turco: no podemos leerlo. No firmaré ese documento, aunque me maten”.

Amnistía Internacional también habló por teléfono con un padre de cinco hijos, deportado a Kabul desde la provincia de Esmirna, en el oeste de Turquía, a mediados de abril. “Ghodrat” (no es su nombre real), de 42 años y de la provincia de Kandahar, dijo que él y su familia se habían negado a firmar un papel que no entendían, pero pese a ello los habían devuelto a Afganistán. Según contó, no les proporcionaron ayuda económica ni logística a su regreso.

Ghodrat dijo:

“La policía nos dio una hoja para que la firmáramos, y yo me negué a hacerlo. Lloré: estaba devastado. Salimos de Afganistán con la esperanza de encontrar a gente de la ONU: pensamos que nos ayudarían. Kandahar no es seguro, especialmente para los niños pequeños. Pensé que, si vendía todo lo que tenía, que no era mucho, podría ir a Turquía y registrarme en la ONU”.

Según el principio jurídico internacional de no devolución (non-refoulement), Turquía no puede transferir a nadie a un lugar donde corra un peligro real de sufrir violaciones graves de derechos humanos, tales como persecución, tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En estos momentos, dada la grave situación de seguridad y derechos humanos en el país, todas las devoluciones a Afganistán constituyen refoulement, una práctica ilegal en virtud del derecho internacional.

Amnistía Internacional pide a las autoridades turcas que pongan inmediatamente en libertad a todas las personas afganas que estén detenidas arbitrariamente, que garanticen a las personas afganas el acceso a los procedimiento nacionales de asilo y que detengan todas las devoluciones a Afganistán hasta que puedan llevarse a cabo con seguridad y dignidad.


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Turquía: el presidente honorario de AMN.INT. lleva 300 días en prisión.

Turquía: Actos en todo el mundo para recordar los 300 días entre rejas de Taner Kiliç

Recogida de firmas en http://www.actuaconamnistia.org para pedir su liberación

En vísperas del día internacional de acción que se celebrará hoy para recordar sus 300 días entre rejas, el presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía encarcelado, Taner Kılıç, ha manifestado su más sincero agradecimiento a quienes han mostrado su solidaridad con él.En una carta enviada desde la prisión de Şakran, en Esmirna, donde permanece recluido desde el 9 de junio en espera del resultado de su juicio, Taner Kılıç ha escrito:

“Las fotografías tomadas en acciones organizadas bajo un sol abrasador, lluvia o hielo me han levantado el ánimo y me han recordado la importancia de la solidaridad internacional en la lucha por los derechos humanos”.

En la carta, publicada hoy para coincidir con las acciones de calle organizadas por activistas en más de 40 países para pedir su liberación, Taner Kılıç añade:

“En la cárcel es fácil sentir que serás olvidado, incluso por tus seres más cercanos y queridos. Pero en mi caso, en lugar de ser olvidado, mi situación se ha dado a conocer tanto en Turquía como fuera de mi país […] Quisiera dar las gracias a todas las personas que me han mostrado su solidaridad: simpatizantes y voluntarios en todo el mundo. Están siempre en mi mente y en mis oraciones”.

Entre las acciones programadas en todo el mundo para hoy se encuentran una acción de calle de guerra de grafitis en Bélgica, vigilias a la luz de las velas en Chile, la suelta de 300 globos en Suiza, y una acción de calle fotográfica en Malí.

“Trescientos días después de ser encarcelado por cargos falsos, personas de todo el mundo se están uniendo para pedir el fin de este error judicial y la liberación inmediata de Taner Kılıç”, ha manifestado Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa.

“La fiscalía no ha presentado ninguna prueba que fundamente los absurdos cargos contra Taner. Por increíble que parezca, Taner es sólo uno de los muchos que se encuentran en una situación similar, y es un poderoso símbolo del desmantelamiento deliberado de la sociedad civil durante la represión.”

Información complementaria:

Taner, que se convirtió en presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía el mes pasado, cuando venció su periodo en el cargo, ha sido acusado de “pertenencia a una organización terrorista”. La principal acusación contra él es que se descargó ByLock, la aplicación de mensajería que, según el Estado, utilizaba el movimiento Gülen, al que las autoridades turcas culpan del intento de golpe de Estado de 2016.

Después de 300 días, la fiscalía no ha presentado pruebas fidedignas que fundamenten esta acusación. De hecho, en cuatro informes periciales independientes se ha determinado que no hay rastro de que ByLock haya estado instalada alguna vez en su teléfono.

La próxima vista de Taner está fijada para el 21 de junio. Si es declarado culpable de los cargos que se le imputan, podría ser condenado a hasta 15 años de prisión.

Amnistía Internacional recoge firmas en su centro on line de activismo para pedir su liberación inmediata e incondicional. En España, de momento, se han recogido más de 125.000 firm


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El gobierno turco y sus repetidas violaciones de los derechos humanos.

El Gobierno turco utilizó el estado de emergencia para restringir los derechos humanos de su pueblo

IRIN/Jodi Hilton
Residentes de Silvania, una ciudad en la provincia de Diyarbakir en el sudeste de Turquía, caminan por las calles llenas de casas baleadas.

20 Marzo 2018

Unas 160.000 personas fueron arrestadas en dieciocho meses, entre ellas mujeres embarazadas, en medio de los repetidos decretos de emergencia emitidos tras el intento de golpe de estado el 15 de julio de 2016 y una serie de ataques terroristas. Esto ha facilitado la erosión del estado de derecho y puede tener repercusiones duraderas en el tejido institucional y socioeconómico del país, dice la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Un nuevo informe detalla extensas violaciones de los derechos humanos durante los prolongados estados de emergencia en Turquía.

“Mientras que la Oficina de Derechos Humanos reconoce los complejos desafíos que Turquía enfrentó al abordar el intento de golpe de estado del 15 de julio de 2016 y una serie de ataques terroristas, la gran cantidad, frecuencia y falta de conexión de varios decretos a cualquier amenaza nacional parece señalar el uso de poderes de emergencia para sofocar cualquier forma de crítica o disidencia frente al Gobierno “, dice la investigación publicada este martes.

Al menos 160.000 personas fueron arrestadas durante un estado de emergencia de dieciocho meses; 152.000 funcionarios fueron despedidos, muchos de manera arbitraria, al igual que maestros, jueces y abogados; trescientos periodistas fueron arrestados, y muchos medios de comunicación y páginas de internet resultaron cerrados o bloqueados.

“Claramente los sucesivos estados de emergencia declarados en Turquía han sido utilizados para restringir severa y arbitrariamente los derechos humanos de un gran número de personas”, ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

Zeid expresó su alarma ante una de las conclusiones del informe que denuncia que las autoridades turcas detuvieron a cien mujeres que estaban embarazadas o acababan de dar a luz al ser asociadas con sus maridos sospechosos de estar conectados a organizaciones terroristas.

“Algunas fueron detenidas con sus hijos y otras violentamente separadas de ellos. Esto es simplemente escandaloso, absolutamente cruel, y no tiene nada que ver con hacer que el país sea más seguro “, dijo.

Despedidos, arrestados y hasta torturados

Veintidós decretos de emergencia fueron promulgados a finales de 2017, con diversos asuntos reguladores no relacionados con el estado de emergencia y utilizados para limitar diversas actividades legítimas de los actores de la sociedad civil. Los decretos también fomentan la impunidad, otorgando inmunidad a las autoridades administrativas, señala el informe.

Aquellos funcionarios despedidos de sus trabajos perdieron sus ingresos, beneficios sociales, seguro médico e incluso sus hogares, ya que varios decretos estipulan que los servidores públicos deben ser desahuciados.

“Dado que el objetivo declarado del régimen de emergencia era restablecer el funcionamiento normal de las instituciones democráticas, no está claro cómo las medidas como el desalojo de las familias de los funcionarios públicos de la vivienda pública pueden contribuir a este objetivo”, dice el informe.

Alrededor de trescientos periodistas fueron arrestados con el argumento de que sus publicaciones suponían apología del terrorismo o por otras acusaciones como la de pertenencia a organizaciones terroristas. Además, más de 100.000 páginas web fueron bloqueadas en 2017, incluido un gran número de plataformas pro-kurdas y canales de televisión por satélite.

La investigación documenta el uso de la tortura y los malos tratos bajo custodia, incluidas palizas, amenazas de agresión sexual y abusos, descargas eléctricas y asfixia por parte de la policía, la gendarmería, la policía militar y las fuerzas de seguridad.

Se debe poner fin al estado de emergencia

El informe subraya que las medidas que restringen los derechos durante un estado de emergencia deben “limitarse en la medida estrictamente requerida por las exigencias de la situación, lo que significa que deben ser proporcionales y limitarse a lo necesario en términos de duración, cobertura geográfica y alcance material “.

La ONU recomienda a Turquía que ponga fin de inmediato al estado de emergencia, restaure el funcionamiento normal de sus instituciones y que revise toda la legislación que no cumpla con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluidos los decretos de emergencia. También hace hincapié en la necesidad de garantizar revisiones e indemnizaciones independientes e individualizadas para las víctimas de detenciones arbitrarias y despidos.

Situación en el sudeste del país

El informe también señala continuas denuncias de violaciones de derechos humanos en el sudeste de Turquía, entre ellas asesinatos, torturas, violencia contra las mujeres, uso excesivo de la fuerza, destrucción de viviendas y patrimonio cultural, prevención del acceso a la atención médica, agua potable y medios de subsistencia y severas restricciones del derecho a la libertad de expresión.

Los abusos ocurrieron en el contexto de las operaciones de seguridad en la región entre 2015 y 2016 y el país ha fallado “consistentemente” en llevar a cabo investigaciones criminales creíbles sobre los hechos y según Zeid, es motivo de preocupación que el Ministerio de Defensa haya dicho que “10.657 terroristas fueron neutralizados”, sin explicar el significado de la palabra o brindar información detallada.

“Insto al Gobierno de Turquía a garantizar que estas denuncias de violaciones graves de los derechos humanos se investiguen y que los responsables comparezcan ante la justicia”, dijo el Alto Comisionado. “Una vez más, pido al Gobierno que otorgue a mi oficina acceso total y sin restricciones para poder evaluar directa, independiente y objetivamente la situación de los derechos humanos en el sureste del país”.

La investigación se basa en la información reunida y verificada a través de entrevistas con ciento cuatro víctimas, testigos y familiares de las víctimas; un análisis de información gubernamental; así como documentos de fuente abierta, imágenes satelitales y material audiovisual, entre otros materiales relevantes y confiables.