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Filipinas; seria advertencia de AMN:INT. ante la posibilidad de reducir a los 12 años la edad penal.

Filipinas: La reducción de la edad penal a 12 años pondrá “en peligro las vidas de niños y niñas”

En respuesta a la noticia de que el Senado de Filipinas podría votar a favor de reducir la edad de responsabilidad penal a 12 años, el director general de Operaciones Globales de Amnistía Internacional Minar Pimple ha declarado:

De aprobarse, esta regresiva ley pondrá en peligro las vidas de niños y niñas en lugar de reducir la delincuencia. No olvidemos que la denominada ‘guerra contra las drogas’ —en cuyo nombre se redactó esta ley— es una guerra despiadada contra los pobres que ya se ha cobrado decenas de miles de vidas, incluidas las de niños y niñas.”

“Hoy el gobierno adopta otra medida dura que abre la puerta al enjuiciamiento penal de niños y niñas de corta edad, incluso por delitos de drogas. En un clima en el que la policía ejerce de juez, jurado y, literalmente, de ejecutor, este proyecto de ley podría permitir más abusos de poder.”

“Las autoridades de Filipinas sostienen que el proyecto de ley tiene por objeto rehabilitar a los niños. Si así fuera, se centrarían en cumplir con sus obligaciones conforme a lo dispuesto en la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y en la legislación existente sobre el bienestar de los menores de edad. El Senado de Filipinas debería rechazar este proyecto de ley extremadamente peligroso.”

Información complementaria

Durante la campaña electoral de 2016, el presidente de Filipinas Rodrigo Duterte prometió tomar medidas contundentes contra la delincuencia. Como parte de esa promesa, se comprometió a reducir la edad de responsabilidad penal, lo que ha suscitado la condena generalizada de las organizaciones de derechos de la infancia y de la comunidad internacional, incluida la ONU.

Durante el examen del historial de Filipinas en materia de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el 8 de mayo de 2017, numerosos Estados instaron a las autoridades filipinas a abstenerse de reducir la mayoría de edad penal y, en lugar de ello, garantizar la plena aplicación de la Ley de Justicia y Bienestar de Menores de 2006.

El 28 de enero de 2019, la Cámara de Representantes aprobó, en su tercera y última lectura, un proyecto de ley para reducir de 15 a 12 años la edad mínima para la responsabilidad penal. El Senado está elaborando su propia versión del proyecto de ley.

De ser aprobada por el Congreso, la legislación propuesta modificaría la Ley de la República núm.10630, que establece la mayoría de edad penal en 15 años. Actualmente, en Filipinas, los niños y niñas menores de 15 años están exentos de responsabilidad penal, pero sujetos a la intervención del gobierno en virtud de la Ley de Justicia y Bienestar de Menores de 2006. Dicha ley tiene en cuenta el interés de los menores en conflicto con la ley, incluida su necesidad de adecuada protección, rehabilitación y reinserción en la sociedad.


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Filipinas: defensor de la paz asesinado.

Filipinas: Defensor de la paz, muerto a tiros en otro homicidio selectivo

En respuesta a la noticia de que el defensor de la paz Randy Felix Malayao fue muerto a tiros por un hombre no identificado el 30 de enero mientras viajaba en un autobús en el norte de Filipinas, Minar Pimple, director general de Operaciones Globales de Amnistía Internacional, ha declarado:

“El asesinato a sangre fría de Malayao viene a sumarse a la creciente lista de activistas políticos que han sido víctimas de ataques y homicidios en el país”.

 

“Malayao había participado en negociaciones de paz entre el gobierno y el Frente Democrático Nacional de Filipinas. Su homicidio tiene lugar en un momento en el que los activistas políticos del país se han convertido en blanco habitual de ataques violentos, y en un clima en el que esos homicidios se están normalizando bajo el gobierno del presidente Rodrigo Duterte. De manera alarmante, los vínculos con grupos de izquierdas o comunistas, ya sean reales o supuestos, han dado a algunas personas un aparente permiso para matar.”

“Estos ataques son otro ejemplo más de cómo se está erosionando la protección y la seguridad pública en Filipinas. La oleada de homicidios debe cesar. Las autoridades filipinas deben investigar a fondo el asesinato de Malayao, así como los asesinatos de muchos otros activistas que han muerto desde que este gobierno llegó al poder. El gobierno debe llevar a los responsables ante la justicia.”

Información complementaria

Según la información publicada en los medios de comunicación, Randy Felix Malayao murió por disparos a manos de un hombre no identificado cuando el autobús de pasajeros en el que viajaba se detuvo en la localidad de Aritao, Nueva Vizcaya, el 30 de enero. Según la información, el sospechoso subió al autobús hacia las dos de la madrugada y disparó dos veces contra Malayao, que estaba dormido.

Malayao era asesor sobre reformas políticas y constitucionales del Frente Democrático Nacional de Filipinas, una coalición de grupos que mantienen una insurgencia continuada en partes del país. El Frente Democrático Nacional lleva mucho tiempo manteniendo negociaciones de paz con el gobierno filipino. Malayao se unió a las negociaciones en Europa con el presidente Rodrigo Duterte, antes de que el presidente cancelara las conversaciones de paz.

En febrero de 2018, Malayao fue uno de los más de 650 individuos a los que el Departamento de Justicia de Filipinas pidió que un tribunal declarara “terroristas”. Su nombre fue finalmente retirado de la lista. En 2008 estuvo encarcelado durante más de cuatro años bajo el gobierno de la entonces presidenta Gloria Macapagal Arroyo por cargos de asesinato, unos cargos que, según afirman grupos activistas, eran de motivación política.


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Atentado en una catedral de Filipinas.

Filipinas: miembros de Cruz Roja ayudan a víctimas en ataque a Iglesia en JoloFilipinas: miembros de Cruz Roja ayudan a víctimas en ataque a Iglesia en Jolo 

Al menos 20 muertos por explosión en catedral de Filipinas

Una veintena de personas murió hoy en dos explosiones en una catedral de Sulu, en la región de mayoría musulmana del sur de Filipinas, que esta semana ratificó en plebiscito, un ansiado acuerdo de paz con grupos separatistas (EFE)

Manuel Cubías – Ciudad del Vaticano

Según agencias, también han resultado 60 personas heridas por las explosiones registradas este sábado. Según Kimberly Molitas, vocero de la Policía Nacional, los servicios de emergencia todavía trabajan en el área por lo que la cifra de fallecidos y heridos aún puede aumentar en las próximas horas.

En el último recuento conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía, quince civiles y cinco soldados fallecieron en lo que se considera un ataque de grupos terroristas, que dejó además 81 heridos (65 civiles, 14 soldados y dos policías).

La primera explosión se produjo durante la misa dominical en la catedral de Joló, capital de la provincia de Sulu, alrededor de las 8.30 hora local (00.30 GMT) y la segunda poco después en el exterior del templo católico, indicaron a Efe fuentes de la Policía sobre el ataque, que de momento nadie ha reivindicado.

Condenan el atentado

El director de la Policía Nacional, Oscar Albayalde, declaró: “Condenamos fuertemente este ataque atroz que se ha llevado por delante vidas humanas sea cual sea el propósito de los responsables”. En sus declaraciones, apuntó a un posible ataque de grupos terroristas.

El asesor presidencial de Seguridad Nacional, Jun Esperon, relacionó el ataque con el triunfo del plebiscito y tildó a los autores de “asesinos en masa” a los que no se les va a permitir “arruinar las preferencias de una mayoría que apostó por la paz”.

“Hemos recorrido un largo camino para lograr una paz duradera en Mindanao. Ahora no es el momento de acobardarse y ser intimidado por un acto tan egoísta y cobarde”, apuntó por su parte el asesor presidencial para la paz, Carlito Galvez.

Llamado de los obispos

Al ser blanco del ataque una catedral, la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas hizo un llamamiento a todos los cristianos de Bangsamoro para que se unan “a los musulmanes e indígenas amantes de la paz en su defensa contra el extremismo violento”.


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Filipinas: tensas relaciones entre la iglesia y el presidente Duterte

Filipinas; Duterte y la Iglesia hacia el choque total

Sube el tono entre el presidente y los obispos. Y también la novena navideña se convierte en obstáculo y signo de una distancia que difícilmente se reducirá
REUTERS

El presidente Rodrigo Duterte durante la ceremonia de la histórica devolución de las campanas de Balangiga

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Pubblicato il 22/12/2018
Ultima modifica il 22/12/2018 alle ore 11:29
PAOLO AFFATATO
ROMA

¿Por quién doblan las campanas? Cada quien tiene la suya y la percute con fuerza. La confrontación entre los obispos filipinos y el presidente Rodrigo Duterte no se calma en vista de la Navidad. Es más, el tono sube, pues incluso un evento que habría podido representar un paso hacia la reconciliación (la histórica devolución de las campanas de Balangiga, un trofeo de guerra que el ejército estadounidense se apropió hace un siglo) se convirtió en un motivo de discordia. El personal presidencial le pidió a los obispos que dejaran el palco cuando llegó Duterte para dirigirse a la multitud. Una falta de cortesía institucional que no ayuda a calmar los ánimos.

Después, unas pocas frases pronunciadas por el cardenal Antonio Tagle, durante la homilía de la misa por la novena de Navidad, desencadenan nuevas polémicas: «No sean prepotentes. No usen su poder para volverse descorteses. No lo utilicen para acusar falsamente. Si se encuentran en una posición de poder, esta no les da el derecho para destruir o humillar a los demás. Los que hacen esto son individuos miedosos e inseguros», afirmó.

El arzobispo de Manila se dirigió a los fieles durante la concurrida “Misa del gallo” (misa del alba) en la Catedral, una celebración matutina que tienen suma importancia para los fieles de Manila. Su alusión a los “prepotentes” fue interpretada inmediatamente como el último de los mensajes, velados o explícitos, del episcopado. Mensajes que representan un abismo entre el presidente Duterte y la Iglesia católica.

La actual fractura entre el poder político y las autoridades religiosas no tiene antecedentes. Muchos proponen una comparación con el periodo del régimen de Ferdinando Marcos, cuando el entonces cardenal de Manila, Jaime Sin, fue uno de los directores, a nivel espiritual y de llamado a las conciencias, de la revolución no violenta que llevó a la instauración de la democracia en el archipiélago. Para algunos, esta comparación es adecuada, pero esto significaría considerar a Duterte un tirano, en lugar de un legítimo representante del pueblo.

En los últimos tiempos, el presidente no ha perdido ocasión para atacar a los obispos, a quienes tildó de «inútiles». Incluso llegó a invitar a los ciudadanos a que los mataran. La réplica no se hizo esperar: «Los ataques son una cortina de humo para ocultar las acciones nefastas y el malgobierno de su ejecutivo», dijo el obispo auxiliar de Manila, Broderick Pabillo. El obispo Arturo Bastes de Sorsogon exhortó a los fieles a «ignorar las estúpidas observaciones» del presidente, mientras Ruperto Santos, obispo de Balanga, dijo que Duterte era un «irresponsable que pretende sembrar discordia en el país».

Aunque la invitación para eliminar físicamente a los pastores de almas fue catalogada por el personal presidencial como «una broma», el vocero de la Conferencia Episcopal, Jerome Secillano, se negó a aceptar justificaciones: «Se trata de verdaderas intimidaciones, puesto que algunos locos o malintencionados podrían tomar a la letra sus palabras».

La cuestión es, según el sociólogo Jayeel Serrano Cornelio, profesor en el Ateneo de Manila, universidad jesuita de la capital, que la popularidad de Duterte no disminuye, «a pesar de las invectivas. ¿Por qué? Porque, cuando ataca a los sacerdotes o a los obispos por su hipocresía, Duterte hace eco de los sentimientos de muchos. Los sondeos demuestran que la gran mayoría de la población se encuentra satisfecha con la “guerra a la droga”, la violenta campaña contra los narcomenudistas que la Iglesia critica ferozmente».

«Duterte —indicó Cornelio— es un hombre de acción y es llamado “tatay”, es decir “padre amoroso” que hace de todo para defender a sus hijos. Frente a él, es crucial para el futuro de la Iglesia católica en Filipinas que se muestre también activa, que continúe ofreciendo un precioso aporte para ayudar a las víctimas de la guerra contra las drogas, con intervenciones psico-sociales, asistencia legal y becas de estudio».

«Parece que Duterte ha intensificado su guerra contra la Iglesia católica en Filipinas», afirma el sacerdote redentorista Amado Picardal, uno de los alfiles en la defensa de los derechos humanos y en la lucha contra las ejecuciones extrajudiciales que ensangrientan la nación desde hace dos años. Entre los posibles motivos de esta situación Picardal ve «una mezcla de miedo y de rabia contra la Iglesia», y Duterte estaría convencido «de tener la capacidad para resistírsele y abatirla». La Iglesia católica, efectivamente, tuvo un papel esencial para que cayera el régimen de Marcos, pero también la presidencia del corrupto Estrada.

Sin embargo, anota el religioso, «Dios ha prometido que ningún poder en la tierra puede destruir a la Iglesia, que ha sobrevivido a crisis y persecuciones. No es una cuestión de potencia, La Iglesia debe estar lista para volverse impotente y ser perseguida. Pero ha llegado el momento de tomar una decisión: o con Cristo o con Duterte».


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Filipinas: el presidente y la iglesia ante las ejecuciones extrajudiciales.

“¡Detengan las matanzas!”, clama un obispo ante ejecuciones extrajudiciales

Redacción ACI Prensa

Foto referencial Pixabay (dominio público)

Foto referencial Pixabay (dominio público)

El Vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, Mons. Pablo Virgilio David, afirmó que “un asesinato extrajudicial siempre es un error, aunque signifique la muerte de delincuentes. Esta es nuestra petición desesperada para el Adviento y la próxima Navidad: por el amor de Dios, ¡detengan las matanzas! Comencemos la sanación”.

El presidente filipino Rodrigo Duterte lanzó la llamada “guerra contra las drogas” después de asumir la presidencia en 2016.

Según datos oficiales, la policía ha matado a unos cinco mil sospechosos en redadas realizadas para capturar a narcotraficantes, pero las organizaciones de derechos humanos afirman que el número de muertos, incluidas las ejecuciones extrajudiciales por escuadrones de “vigilantes”, es cuatro veces mayor, es decir unas 20 mil personas

La policía rechaza estas acusaciones y alega que los asesinatos involucran a narcotraficantes que se resistieron al arresto.

El también Obispo de Kalookan refirió que su diócesis es “un campo de exterminio” a causa de las ejecuciones extrajudiciales. “La lucha contra las drogas ilegales debe ser implacable, pero los asesinatos deben cesar”, dijo.

“No dejemos que nuestras acciones estén motivadas por la ira, el odio, el resentimiento, la venganza. No dejemos que el mal tenga la última palabra. No permitamos que el enemigo nos forme a su imagen y semejanza. No podemos aceptar pasivamente estos asesinatos sin sentido sólo porque algunos de nosotros pensamos que es bueno para la sociedad”, señaló el Prelado, que se ganó la antipatía del presidente Duterte.

Mons. David dijo que se necesita rehabilitar a los drogadictos para que tengan una segunda oportunidad. “Este es uno de los principios más importantes de nuestra fe como cristianos: todos vivimos sólo por la gracia y la misericordia de un Dios perdonador. ¿Quiénes somos nosotros para condenar si nuestro Dios perdona? ¿Quién de nosotros no comete errores?”, explicó el Prelado.

En ese sentido, dijo que para abordar el problema del narcotráfico y la drogadicción en Filipinas el camino no es “eliminar a los drogodependientes”, elegidos por la campaña antidrogas de Duterte, sino consolidar programas de rehabilitación.

Con este objetivo, las 86 diócesis católicas del país asiático dirigen iniciativas de rehabilitación y promueven programas educativos y becas para las personas afectadas.

El Prelado también se refirió a los sacerdotes recientemente asesinados en Filipinas y dijo que ellos “nos muestran lo precioso que es el sacerdocio. Son mártires que han dado su vida, cuidando el rebaño de los fieles que les ha sido confiados”.

Las críticas de los obispos han hecho que Duterte les lance ataques verbales en actos públicos.

“Sus obispos, mátenlos. Esos bastardos son inútiles. Lo único que hacen es criticar”, afirmó Duterte en un discurso el 5 de diciembre en Manila, capital de Filipinas, cuyo 85% de la población es católica.

El mandatario también dijo que la Iglesia Católica es la institución “más hipócrita del mundo” y acusó al 90% de los sacerdotes de ser “homosexuales”.

Etiquetas: NarcotráficoObispos de FilipinasRodrigo DutertePastoral de Adicciones y Drogadependenciaejecuciones extrajudiciales


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El grave riesgo de la vida por criticar al regimen de Duterte

Filipinas; un sacerdote anti-Duterte en peligro de vida

Huyó de una emboscada para refugiarse en soledad el redentorista Amado Picardal, una voz crítica autorizada de la Iglesia filipina frente a los métodos del presidente

El sacerdote filipino Amado Picardal

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Pubblicato il 03/09/2018
PAOLO AFFATATO
MANILA

 

«Habría podido ser el cuarto cura asesinado en la oleada de ejecuciones extrajudiciales que caracteriza el régimen del presidente Duterte. La tranquilidad de la rutina, hecha de silencio, oración y fraternidad con los hermanos Redentoristas podía poner en riesgo mi vida. Y ahora voy a un lugar más seguro». Permanecerá allí algunas semanas (o tal vez meses), lejos de los reflectores, en un lugar aislado donde nadie lo conoce, en una casa en la que llevará una vida rigurosamente privada, el redentorista Amado Picardal, sacerdote filipino que es una de las voces críticas con mayor autoridad (determinada, sincera y valiente) en la oposición al presidente Rodrigo Duterte.

 

El líder político (que llegó al poder en 2016) desde que comenzó su aventura política ha instaurado una relación conflictiva con la Iglesia católica, influyente institución en el país más católico de Asia. Muchos eclesiásticos, entre los que está Picardal, se habían pronunciado en contra de la posible reelección del presidente. Alguien llegó a definirlo «satanás» o «Pol Pot». Una vez elegido, Duterte no ha dudado en expresar su resentimiento a la Iglesia católica y, desde una posición muy aventajada y de poder, ha descreditado sin piedad y sin pelos en la lengua a algunos de sus exponentes, los ritos, las palabras o ideas del clero local.

 

Su «guerra contra la droga», una vasta campaña de represión que ha marcado su gobierno en estos dos años de presidencia, se ha traducido en una cadena de ejecuciones extrajudiciales sin precedentes, que han llegado al increíble número de 25 mil víctimas. Alrededor de 4 mil homicidios, según los datos oficiales, fueron perpetrados por los agentes de la policía (en incursiones o enfrentamientos armados con vendedores de droga o adictos); el resto de los asesinatos es obra de “escuadrones de vigilantes” y según ong como Amnistía Internacional y Human Rights Watch reciben dinero de los militares, que cómodamente los utilizan para hacer el trabajo sucio, sin respetar e estado de derecho y en la total impunidad.

 

Amado Picardal estaba por acabar atrapado en esta organizada red de “homicidios de estado”. Hace algunos días notó que ciertas personas rondaban en motocicletas como abejorros alrededor de su residencia en Cebu City. Estaban vigilando su casa, sus movimientos, sus costumbres. También habían comenzado a hacer preguntas sobre él a los vecinos. Deducción correcta: el incómodo y valiente sacerdote, que fastidia a Duterte desde que era alcalde en la ciduad de Davao, está en la lista negra y habría podido ser “eliminado”.

 

El mismo religioso redentorista confirmó en un mensaje enviado a Vatican Insider: «Desde 2017 recibo información sobre los escuadrones de la muerte que también toman como objetivos a sacerdotes y que yo estaba en lo alto de la lista. Después del asesinato de tres sacerdotes, en los últimos meses, creí que habría sido el próximo. Incluso he recibido un mensaje de correo electrónico que me acusaba de ser un adicto y me amenazaba», vulgar pretexto para justificar el homicidio. «Antes de dejar Manila, en marzo de este año, me enteré por una fuente confiable que efectivamente yo era un blanco», prosiguió. Así, Picardal decidió mudarse al monasterio de Cebú, lejos de la capital. Pero no fue suficiente.

 

«Un día el guardia del convento –cuenta– me refirió que había seis hombres en tres motocicletas, con el rostro cubierto, cerca de la entrada del monasterio y de la Iglesia entre las 17 y las 18 hrs. Normalmente ese era el momento en el que yo iba al supermercado y al bar». Lo estaban esperando. La ejecución ya había sido organizada. «Si hubiera salido de casa, no habría tenido escapatoria», afirmó. Por ello la urgencia de la fuga actual.

 

Pero, ¿por qué tratar de asesinarlo? ¿Por qué un sacerdote en su convento? «La única explicación radica en mi actividad: he predicado y escrito contra las ejecuciones extrajudiciales en los últimos 20 años, desde que vivía en Davao», insistió. Picardal sigue siendo el vocero de la Coalición contra las ejecuciones extrajudiciales, que monitorea el fenómeno. Ha ofrecido asistencia a la Comisión para los Derechos Humanos de la ong Human Rights Watch, que está investigando sobre los asesinatos. El redentorista publicó un Informe especial sobre los homicidios de los “escuadrones de la muerte” en Davao (entre 1998 y 2015). Su trabajo fue incluido en la denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional, en donde hay un proceso contra Duterte. El sacerdote también ha refugiado a ex miembros de las bandas de vigilantes que, arrepentidos, han contado sus historias. Algunos de ellos serán testigos en el proceso ante la Corte.

 

Picardal a menudo concede entrevistas sobre la delicada cuestión, y también dicta conferencias tanto en su patria como en el extranjero. Los medios masivos de comunicación lo definen como «uno de los críticos más feroces del presidente», pero «yo pretendo solamente ser una consciencia para la sociedad», explicó él mismo. Ahora, el religioso afirma que, según una de sus fuentes, la orden de matarlo proviene directamente del Palacio presidencial de Malacanang: o Duterte mismo o su entorno más cercano.

 

Pero «no tengo todavía pruebas seguras», aseveró. Sin embargo, después de que tres sacerdotes activistas sociales han sido asesinados durante el último año y medio (homicidios todavía sin culpables) el peligro para el valiente sacerdote es serio: «Siempre he sabido que mi vida habría estado en peligro, y lo he aceptado, para cumplir con mi misión profética. No temo la muerte. Estoy listo para aceptar el martirio, pero no lo busco ni seré un objetivo fácil».

 

Por este motivo, el sacerdote dejó temporalmente el convento en la montaña de Cebú y se escondió en un lugar más seguro, en absoluta soledad. Allí se dedicará a la oración, al estudio, a la escritura. «Seguirá hablando en contra del mal en la sociedad a través de mis escritos. Ayunaré y rezaré para que el Señor nos libre del mal. Mientras tanto, pido que mis amigos recen por nuestro país y por mi seguridad», concluyó. Mientras tanto, continuando con su misión en Manila, al lado de tantos otros sacerdotes, se queda el redentorista Ciríaco Santiago, que ha puesto a disposición su talento como fotógrafo para documentar las historias y las circunstancias de las ejecuciones extrajudiciales. Todos ellos son alfiles que defienden la dignidad de la vida, los derechos humanos y la legalidad.


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Filipinas: responsabilidades del Estado en la lucha contra las drogas.

La pena de muerte nunca es la solución

Por Omar Waraich (@OmarWaraich), director adjunto de Amnistía Internacional en el sur de Asia

Gener Rondina estaba en su casa con su familia en Barangay Carreta, un barrio de bajos ingresos de la ciudad de Cebú, en Filipinas, cuando la policía vino a buscarlo en plena noche. Temblando de miedo, suplicó por su vida. “Me rindo, señor”, gritó, pero la policía no se conmovió. Gener levantó las manos por encima de la cabeza y se puso de rodillas. A la familia la sacaron de la habitación. Luego se oyeron disparos.

Rondina es uno de los varios miles de habitantes de Filipinas a los que han matado en la asesina “guerra contra las drogas” emprendida por el presidente Rodrigo Duterte; la propia Policía Nacional de Filipinas admite que ha matado a 4.000. Al no detener a la gente —no digamos ya llevarla a los tribunales—, sino matarla en el acto, la policía asume el papel de juez, jurado y verdugo. Violando las mismas leyes que se supone que defienden, los policías han actuado sobre las pruebas más endebles para atacar a personas sospechosas de comprar o vender drogas, principalmente en los barrios más pobres del país.

Tal y como documentó el año pasado un informe de Amnistía Internacional, los jefes políticos locales elaboraron arbitrariamente “listas de objetivos”. En al menos algunos casos, la policía ha reclutado a asesinos a sueldo para que le hagan el trabajo sucio, y les ha ofrecido recompensas por cada cadáver. En sus propias operaciones, la policía ha colocado pruebas en las casas de la gente, ha falsificado informes oficiales sobre incidentes para alegar que se había producido un tiroteo, y ha robado pertenencias de las casas de las víctimas. Incluso en la muerte, se ha negado la dignidad a las víctimas. Han arrastrado sus cadáveres por el suelo y los han arrojado a la calle.

Cuando el portavoz del presidente Maithripala Srisena dijo que Sri Lanka confía en “repetir el éxito” de Filipinas, ¿es esto lo que tenía en mente? ¿Quiere que los barrios más empobrecidos de Sri Lanka se conviertan en lugares en los que la gente se despierte cada mañana para encontrar nuevos cadáveres tendidos en charcos de sangre en las calles? ¿O en los que, en nombre de la protección de una nueva generación, decenas de niños, algunos de tan sólo cuatro o cinco años, mueran a causa de la violencia? ¿Quiere ver las fuerzas de seguridad reducidas a una empresa criminal que patrocine a asesinos privados, que el Estado de derecho pierda todo su significado, y que una mera acusación signifique la diferencia entre la vida y la muerte?

Filipinas, por si algunas autoridades gubernamentales no se han dado cuenta, está siendo actualmente objeto de un examen preliminar por parte de la fiscal de la Corte Penal Internacional. La oleada de ejecuciones extrajudiciales, que los grupos de derechos humanos creen que son generalizadas y sistemáticas, puede dar lugar a una convocatoria ante La Haya por crímenes de lesa humanidad. Se trata de una política tan extrema que el más alto cargo de derechos humanos de la ONU ha recomendado al presidente Duterte que se someta a una “evaluación psiquiátrica”. En una carta que debería interesar al menos a un eminente srilankés, la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas denunció el año pasado los homicidios calificándolos de “reinado de terror en muchos lugares pobres”.


Miles de habitantes de Filipinas —entre ellos niños de tan sólo cuatro o cinco años— han muerto en lo que los grupos de derechos humanos creen que es una oleada de ejecuciones extrajudiciales. © Getty Images

Al mismo tiempo que el gobierno amenaza con desplegar tropas para emprender la propia “guerra contra las drogas” de Sri Lanka, está también tratando de reinstaurar la pena de muerte. La ejecución de personas declaradas culpables de delitos de drogas es una violación de las obligaciones jurídicas contraídas por Sri Lanka en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que limita el uso de la pena de muerte —en los países que aún no la han abolido— a los “más graves delitos”, o el homicidio intencional. La reinstauración de la pena capital rompería también con una práctica mantenida en Sri Lanka desde hace mucho tiempo. La pena de muerte, como han señalado otros, fue rechazada durante largos periodos en la historia precolonial de esta nación insular. Hace 90 años, la Asamblea Legislativa de Ceilán aprobó una resolución en la que abolía la pena de muerte, un paso abortado por las autoridades coloniales británicas, que insistieron en mantenerla.

Hace más de 40 años, Sri Lanka dio la espalda a su aplicación del exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, y se convirtió en uno de los pocos países de Asia meridional en hacerlo. Afganistán, Bangladesh, India y Pakistán pertenecen a una minoría menguante de países que aún mantienen esta pena. En 2017, sólo cuatro países fueron responsables del 84% de las ejecuciones llevadas a cabo en el mundo. En cambio, en 2016, 117 países —entre ellos Sri Lanka— votaron en la Asamblea General de la ONU a favor de una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.

Las ejecuciones nunca son la solución. Tal como han demostrado los criminólogos estudio tras estudio, la pena de muerte no tiene un especial efecto disuasorio. Hong Kong, por ejemplo, abandonó las ejecuciones hace más de medio siglo. Singapur, una ciudad de tamaño similar, sigue aplicando la pena de muerte. Pese a sus diferentes enfoques, el índice de asesinatos en ambas ciudades ha permanecido notablemente similar a lo largo de las décadas, sin que se haya producido el efecto disuasorio que el gobierno de Singapur afirmaba que se produciría.


Irán ha llevado a cabo numerosas ejecuciones por delitos de drogas, pero las autoridades han reconocido que eso no ha disuadido del narcotráfico. © AFP/Getty

En lo que se refiere a ejecutar a personas por delitos de drogas, pocos países han sido tan prolíficos como Irán. Este país ha ejecutado a miles de personas tras declararlas culpables de cargos de tráfico de drogas en juicios flagrantemente injustos. Sin embargo, el tráfico y la distribución de drogas siguen constituyendo un grave problema. “Lo cierto es que la ejecución de traficantes de drogas no ha tenido ningún efecto disuasorio”, admitió en 2016 Mohammad Baqer Olfat, jefe adjunto del poder judicial iraní para asuntos sociales. En los últimos meses, Irán ha relajado sus leyes de drogas y, hace sólo unas semanas, las autoridades anunciaron que, a consecuencia de ello, se han conmutado las condenas a muerte de cientos de personas por determinados delitos de drogas.

La pena de muerte es irreversible. 
No hay vuelta atrás si el proceso judicial ha sido defectuoso. Se trata de una pena absoluta. Los errores son irreparables. Una “confesión” forzada, la parcialidad de un juez, la falta de pruebas o una defensa inadecuada pueden dar lugar a que una persona inocente pague con la pena máxima. También es una pena que afecta desproporcionadamente a las personas que viven en la pobreza. “Esto se convierte en una forma de discriminación por clase en la mayoría de los países”,advirtieron el año pasado los expertos de la ONU.

Por último, y lo que es más importante, la pena de muerte es inmoral. Si creemos que a la vida humana debe otorgársele el máximo valor, debemos concluir que arrebatarla es el acto más bajo. Esto queda claro cuando una persona comete un asesinato. ¿Hay alguna diferencia cuando el Estado comete el mismo acto, y con ello inflige el mismo dolor y causa la misma pérdida? Una ejecución no es una demostración de fuerza, sino una admisión de debilidad. Representa el fracaso a la hora de crear una sociedad más humana, en la que la protección del derecho a la vida triunfe sobre las tentaciones de venganza.