Loiola XXI

Lugar de encuentro abierto a seguidor@s de S. Ignacio de Loyola esperando construir un mundo mejor


Deja un comentario

Venezuela: uso desproporcionado de la fuerza represiva según ONU.

Venezuela: expertos de la ONU advierten sobre la violación sistemática de los derechos humanos

 

(RV).- “Desde que la ola de manifestaciones comenzó en el mes de abril, se ha aplicado un patrón evidente de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Según las fuentes, varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas, y varios cientos han sido juzgadas en tribunales militares, en vez de presentarlas ante los tribunales civiles”, es cuanto informó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en espera de la publicación del informe completo, con las conclusiones del equipo de oficiales de derechos humanos desplegados para realizar un seguimiento de la crisis en Venezuela;  informe que será presentado a finales de agosto de este año.

El Alto Comisionado señaló que, “ante falta de respuesta de las autoridades venezolanas a sus peticiones de acceso, desplegó un equipo de oficiales de derechos humanos para realizar un seguimiento a distancia, incluso desde Panamá, de la situación de derechos humanos en este país, del 6 de junio al 31 de julio”. El equipo llevó a cabo unas 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscal General.

Uso generalizado y sistemático de la fuerza y detenciones arbitrarias

Las entrevistas realizadas – señaló Al Hussein – sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes. “Las conclusiones del equipo – agregó – indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas”.

Según contaron los testigos en las entrevistas, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones.

Aunque no se dispone de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, puntualizó el Alto Comisionado, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria. Más de 1.000 personas siguen detenidas en conexión con las manifestaciones. En varios casos hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura. “Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte – y en algunos casos con la violencia sexual – a ellos y a sus familiares.

Exhortación a colaborar con la solución de las tensiones del país

Finalmente, el Alto Comisionado instó a las autoridades venezolanas  que pongan fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, cesen las detenciones arbitrarias y liberen a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. De otra parte, Al Hussein recordó a las autoridades la prohibición absoluta de usar la tortura, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, pidió que se suspenda el uso de tribunales militares para juzgar a los civiles. “Exhorto a todas las partes – afirmó el Alto Comisionado – a que colaboren con el fin de solucionar las tensiones del país, que se agravan con rapidez, a que renuncien al uso de la violencia y a que tomen medidas con miras a establecer un diálogo político significativo”.


Deja un comentario

Jerusalén: represión de la policía israelí.

Las fuerzas israelíes atacan a multitudes pacíficas en lugares sagrados de Jerusalén

Fuerzas armadas israelíes © Amnesty International

27 de julio de 2017

Las fuerzas israelíes han atacado esta tarde a una multitud pacífica de personas palestinas que se estaban congregando en la mezquita de Al Aqsa de Jerusalén por primera vez desde que Israel retiró las recientes medidas de seguridad impuestas allí, según personal de Amnistía Internacional que se encontraba presente.

“Las fuerzas israelíes han comenzado a disparar granadas aturdidoras, gas lacrimógeno y balas de punta de esponja contra una multitud pacífica congregada a la entrada del recinto de la mezquita de Al Aqsa y en su interior. El ataque parece haberse efectuado sin que hubiera provocación alguna. Algunas personas palestinas han respondido arrojando botellas de agua vacías. Otras han comenzado a arrojar también piedras”, ha afirmado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Hacer uso excesivo e innecesario de la fuerza para dispersar una concentración pacífica constituye un incumplimiento flagrante de la obligación de Israel de hacer valer el derecho de reunión pacífica de la población palestina. Las autoridades israelíes deben refrenar con urgencia a sus fuerzas de seguridad para impedir que la situación se agrave hasta quedar fuera de control y para evitar que continúe el derramamiento de sangre.”

La Sociedad Palestina de la Media Luna Roja ha dicho que al menos 96 personas palestinas han resultado heridas hoy en la mezquita de Al Aqsa y sus alrededores. Desde que comenzaron los incidentes han muerto cuatro civiles palestinos y han resultado heridos más de 1.090 en ataques de las fuerzas israelíes durante manifestaciones y enfrentamientos ocurridos en Cisjordania, incluido Jerusalén.


Deja un comentario

Venezuela debe renunciar a las medidas represivas.

Alto Comisionado urge a Venezuela a respetar los derechos de los manifestantes

Manifestantes en La Castellana, un barrio del este de Caracas. Foto: IRIN / Helena Carpio

14 de julio, 2017 — La situación en Venezuela continúa siendo muy preocupante, afirmó hoy la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, urgiendo a todos los actores políticos del país a valerse únicamente de medios pacíficos para hacerse escuchar.

La portavoz en Ginebra de la Oficina, Liz Throssell, dijo en una conferencia de prensa que se tiene información de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía durante las manifestaciones de protesta que tienen lugar en el país.

“Varias fuentes han denunciado que algunos miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han utilizado tácticas represivas para tratar de evitar que la gente se manifieste. Además, se ha reportado la detención arbitraria de miles de manifestantes”, señaló.

Agregó que algunos denunciantes afirman que unos 450 civiles habrían sido presentados ante tribunales militares.

La portavoz se refirió también a la consulta pública convocada por la Asamblea Nacional liderada por la oposición que tendrá lugar este domingo y urgió a las autoridades a respetar la libertad de expresión, de asociación y de asamblea pacífica, así como la voluntad de quienes participen en el proceso.

La consulta versará, entre otras cosas, sobre el proyecto presidencial de reformar la Constitución.

Por otra parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) informó que las solicitudes de asilo de los ciudadanos venezolanos ha aumentado mucho este año con respecto al anterior.

William Spindler, portavoz de ACNUR, detalló que el total de venezolanos solicitando asilo el año pasado sumó 26.000, mientras que, en lo que va de 2017, 52.000 personas han presentado solicitudes. “Los principales países donde los venezolanos piden asilo son Estados Unidos, Brasil, Argentina, España, Uruguay y México”, especificó.


Deja un comentario

Egipto: carácter represivo de las medidas contra la violencia.

  

 Egipto: Las autoridades deben abordar la violencia sectaria, no abusar de los poderes de excepción

Funerales de las víctimas de los ataques reivindicados por el autodenominado Estados Islámico // MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images

10 de abril de 2017

Las medidas del estado de excepción declarado por el presidente Abdel Fatah al Sissi a raíz de los tres deplorables atentados con bombas perpetrados contra iglesias en Egipto no servirán de mucho para resolver las causas originarias de los ataques sectarios contra los coptos en Egipto, y lo más probable es que den lugar a un deterioro mayor de la situación de los derechos humanos, según ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

El grupo armado autodenominado Estado Islámico ha reivindicado la autoría de los atentados con bombas cometidos de manera sincronizada en Tanta, y otros dos en Alejandría, dirigidos contra los servicios religiosos celebrados con motivo del Domingo de Ramos.

“Los mortíferos atentados contra las iglesias demuestran un lamentable desprecio por la vida humana y deben ser condenados en los términos más enérgicos. Nada puede justificar un ataque terrorífico contra ciudadanos corrientes que asisten a un lugar de culto”, ha afirmado Najia Bounaim, directora adjunta de Campañas de la Oficina Regional de Amnistía Internacional en Túnez capital.

Las autoridades egipcias tienen la obligación de proteger la vida y la seguridad de la población, pero la solución no está en seguir restringiendo y endureciendo las restricciones sobre las pocas libertades que quedan en Egipto. Para resolver el problema de la violencia sectaria hace falta sincera voluntad política de poner fin a la impunidad y ofrecer protección.

“Egipto tiene un historial de varios decenios recurriendo a medidas de excepción que otorgan a las fuerzas de seguridad amplios poderes para cometer violaciones de derechos humanos sin control, y que dan lugar a detenciones arbitrarias, tortura y otros abusos graves.”

Estado de excepción en Egipto
En agosto de 2013 fue declarado una vez más el estado de excepción en Egipto por un periodo de tres meses tras la violenta disolución de las sentadas de Rabaa y Al Nahda.

Anteriormente, durante el régimen del presidente Hosni Mubarak, Egipto estuvo sometido al estado de excepción durante 31 años, hasta 2012, lo que facilitó la comisión sistemática de violaciones de derechos humanos y permitió a las fuerzas de seguridad egipcias recluir durante años a miles de personas en detención administrativa sin respetar las garantías procesales concebidas para garantizar la administración imparcial de justicia. En 2013, el Tribunal Constitucional revocó la disposición que permitía la detención administrativa en virtud de la Ley del Estado de Excepción (Ley 162 de 1958).

Desde que se levantó el estado de excepción, las autoridades egipcias han recurrido al sistema ordinario de justicia penal para aplicar la detención preventiva y celebrar juicios colectivos ante salas especiales sobre terrorismo que han impuesto la pena de muerte o la cadena perpetua en cientos de casos tras un juicio sin las debidas garantías.

Sin embargo, resulta más preocupante que la Ley del Estado de Excepción permita a las autoridades celebrar juicios ante unos tribunales de seguridad del Estado para el estado de excepción que son manifiestamente injustos y no respetan el derecho de apelación.

“El estado de excepción nunca puede servir de excusa para cometer violaciones de derechos inderogables. No se puede legalizar la tortura, el homicidio ilegítimo, la desaparición forzada y la detención arbitraria declarando el estado de excepción”, ha dicho Najia Bounaim.

El presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sissi, también ha firmado y aprobado la Ley Antiterrorista (Ley 94 de 2015), que concede a las autoridades amplias atribuciones normalmente reservadas al estado de excepción y que en la práctica restringe arbitrariamente los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.

Las autoridades habían usado durante décadas el estado de excepción como excusa para reprimir la disidencia, conculcar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, remitir causas a los tribunales militares y de excepción y poner a personas bajo custodia sin orden judicial.

Las imprecisas disposiciones de la Ley del Estado de Excepción facultan al presidente para privar de libertad a las personas y restringir su libertad de circulación. También conceden amplias atribuciones a las autoridades para llevar a cabo operaciones de vigilancia que vulneran el derecho a la intimidad y para imponer censura previa a los medios de comunicación. Según el diario egipcio Albawaba, una hora después de declararse el estado de excepción, las autoridades confiscaron su edición del lunes debido a la información que contenía sobre los ataques a iglesias.

De acuerdo con la Constitución de Egipto, el presidente está facultado para declarar el estado de excepción tras consultar a su consejo de ministros. La decisión debe ser aprobada por el Parlamento en el plazo de siete días.

En vista del historial de violaciones graves asociadas a un prolongado estado de excepción en Egipto, Amnistía Internacional ha pedido al Parlamento egipcio, que mañana tiene previsto debatir sobre el estado de excepción, que analice detenidamente los argumentos del gobierno para justificar el estado de excepción. El Parlamento debe cerciorarse de que la emergencia pública declarada alcanza el estricto umbral exigido por el derecho internacional de los derechos humanos y de que todas las medidas de excepción propuestas son las estrictamente necesarias para afrontar esa emergencia pública declarada. Esto debe incluir la aportación de pruebas que demuestren que sólo es posible abordar eficazmente la amenaza adoptando las medidas de excepción propuestas, y no aplicando correctamente las leyes existentes, así como un análisis cuidadoso de la estricta necesidad y proporcionalidad de tales medidas.

Aunque la Constitución egipcia limita la duración del estado de excepción a tres meses prorrogables una vez, las autoridades egipcias vienen burlando estas limitaciones constitucionales desde 2014 en Sinaí del Norte al prorrogar cada tres meses el estado de excepción, propiciando la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y homicidios ilegítimos.

Información complementaria sobre ataques sectarios
Los ataques contra la minoría religiosa de cristianos coptos de Egipto han ido en aumento desde el derrocamiento del ex presidente Mohamed Morsi en julio de 2013. Se han incendiado iglesias y hogares coptos, y se ha agredido físicamente a miembros de la minoría copta, cuyos bienes además han sido saqueados. En los tres últimos años se han registrado 400 episodios de violencia sectaria, según los cálculos del Instituto Tahrir. La Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales ha documentado al menos 64 episodios de violencia sectaria de 2011 a 2016 en los que las autoridades recurrieron a la vía de la reconciliación en vez de aplicar la ley.

Resulta alarmante la persistente falta de medidas por parte del gobierno para proteger a los cristianos coptos de la violencia sectaria. En diciembre de 2016, al menos 25 personas resultaron muertas en un atentado con explosivos perpetrado en una iglesia de El Cairo. Tras los asesinatos de siete personas en Sinaí del Norte entre el 30 de enero y el 23 de febrero de 2017, un grupo afiliado al Estado Islámico en el Sinaí anunció que estaban planeados más ataques violentos contra los coptos. En Tanta, una semana antes, un agente de policía perdió la vida y 15 personas más resultaron heridas en un atentado con bomba contra uno de los centros de formación dirigidos por el Ministerio del Interior.

Además, las autoridades egipcias no han procesado en ningún caso a los responsables de ataques sectarios contra cristianos, y en su lugar han recurrido a acuerdos de reconciliación promovidos por el Estado que, en ocasiones, implican arreglos económicos o incluso el desalojo forzoso de familias cristianas de sus hogares. Como consecuencia, no ha habido castigo para los instigadores de la violencia sectaria contra los cristianos.


Deja un comentario

Movimientos populares y represión creciente en América Latina.

Movimientos populares siguen en pie de lucha, desde el Vaticano

Tras haber recibido la bendición del Papa Francisco en tres encuentros mundiales, ahora los movimientos populares buscan sumar fuerzas con otras instituciones de la Iglesia católica
LAPRESSE

Los Movimientos populares con el Papa Francisco

68
0
Pubblicato il 07/04/2017
Ultima modifica il 07/04/2017 alle ore 12:10
ANDRÉS BELTRAMO ALVAREZ
CIUDAD DEL VATICANO

Los movimientos populares no se detienen. Siguen en pie de lucha, no solo en diversos países de Sudamérica sino también en Roma. Uno de sus referentes, el argentino Juan Grabois, viajó esta semana al Vaticano para asistir a un congreso sobre desarrollo integral. Mantuvo reuniones con cardenales, obispos y líderes católicos. Tejió vínculos para reforzar las campañas impulsadas por los movimientos. Habló, preocupado, del “recrudecimiento de la represión” en varios países latinoamericanos. Y denunció la violenta irrupción policial en un comedor de Lanús, en su país. “Un grave caso de violación a los derechos humanos”.

 

El congreso “Perspectivas para el servicio al desarrollo humano integral” convocó esta semana, en el Aula Nueva del Sínodo, a más de 300 delegados de todo el mundo. ¿El objetivo? Recordar los 50 años de la encíclica del Papa Pablo VI “Populorum Progressio”. Un documento emblemático. Una crítica filosa a la tecnocracia extrema y al capitalismo salvaje.

 

El Papa Francisco intervino, con un discurso, el martes 4 de abril. Habló de integración y solidaridad, para evitar que se produzca la “dramática desigualdad entre el que tiene mucho y el que no tiene nada, entre el que descarta y el descartado”. Y apuntó: “Solo el camino de la integración entre los pueblos permite a la humanidad alcanzar un futuro de paz y de esperanza”.

 

Entre quienes lo escucharon estuvo Grabois, exponente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Su presencia resultó sugerente, aunque natural. No sólo porque mantiene una añeja relación de cercanía con el Papa. Sobre todo, por ser una de las principales voces críticas en su país, ante una situación de “emergencia social”, como él mismo la ha calificado.

 

Consultor del ya extinto Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano, es considerado y apreciado en Roma. Durante el congreso de estos días, algunos directivos del Consejo Episcopal Latinoamericano le propusieron organizar un encuentro latinoamericano de movimientos populares en Lima (Perú). Una reunión similar a las realizadas, con la presencia del Papa, en 2014, 2015 y 2016.

 

Además, sostuvo conversaciones con Fabrice Hadjadj, director del Instituto Europeo de Estudios “Philanthropos” de Friburgo (Suiza) y con Sabina Alkire, directora de la Oxford Poverty and Human Development Initiative, de la Universidad de Oxford (Reino Unido), creadora de un eficaz sistema para la medición estadística de la pobreza.

 

Más allá de eso, ocupó buena parte del tiempo en denunciar la violenta irrupción policial en el local “Cartoneritos”, un comedor que él mismo ayudó a fundar y que se encuentra ubicado en la localidad argentina de Lanús, a las puertas de la ciudad de Buenos Aires. El sitio, adscrito al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), da cada día de comer a cientos de pobres y necesitados.

 

A cardenales, obispos y participantes contó los detalles de la represión ocurrida la noche del 30 de marzo. Refirió datos que le hacen estar seguro de que todo se trató de “una persecución”, y señaló responsabilidades del secretario de Seguridad y Movilidad Sustentable del Municipio de Lanus, Diego Kravetz.

 

Según la versión oficial, reportada por la prensa argentina, los policías “se vieron obligados” a irrumpir en el local de Villa Caraza porque “buscaban a un prófugo”. Pero lo hicieron con lujo de violencia, pateando, disparando balas de goma y lanzando gas pimienta contra niños, jóvenes, mujeres embarazadas y discapacitados. Terminaron destruyendo el lugar, dejando evidentes signos de saña.

 

Con un mensaje en la red social Twitter el propio Grabois, también abogado de las víctimas, informó que una de las cocineras, Laura Zaracho, perdió a su bebé en el seno materno. Por eso denunció el homicidio, tanto en la justicia argentina como ante clérigos romanos, muy sensibles a la defensa de la vida intrauterina.

 

Finalmente se descubrió que los policías no perseguían a un prófugo, porque la persona en cuestión –que no estaba escapando – en realidad es un ex detenido sin deudas pendientes con la ley. Por eso, no tuvo problemas en apersonarse en una comisaría para presentar una denuncia por estos hechos.

 

El ataque provocó la reacción de una multitud de vecinos. Una protesta que debió extenderse hasta las primeras horas de la madrugada, por la desaparición de dos muchachos: Maximiliano y Nahuel, de 24 y 17 años. Cuando aparecieron, pasada la una de la mañana, ellos relataron haber sufrido torturas por parte de la policía municipal, al cargo del intendente Néstor Grindetti. Es más, entre las 20:30 y las 23:00 nadie supo dónde estaban. No fueron llevados a la comisaría, como debió ser el caso. En cambio, recibieron sendas golpizas en descampados.

 

Apenas cinco días después de esos episodios, el presidente argentino Mauricio Macri visitó, junto a Grindetti, un Centro de Monitoreo policial en Lanús. Lo hizo acompañado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. El recorrido fue interpretado por la prensa como un “fuerte apoyo” político, justo cuando cientos de vecinos salieron a marchar para exigir justicia.

 

El relato de estos y episodios violentos verificados en los últimos meses contra líderes sociales en Argentina llegó hasta el Vaticano por boca de Grabois, provocando estupor y dejando en el aire la sensación de una “escalada represiva” en el país.

 

En Roma, el líder de los movimientos populares se reunió también con Michel Roy, presidente mundial de la organización Caritas, y se entrevistó con exponentes de diversas instituciones de la Iglesia católica, con el objetivo de sumar fuerzas para reforzar las seis campañas globales definidas como prioritarias por los movimientos populares: Acceso al agua como derecho humano básico, defensa de la vida y la naturaleza, democracia participativa, salario social, integración urbana de las villas y ciudadanía universal.


Deja un comentario

Turquía; consecuencias de las medidas represivas del gobierno.

Turquía: Los toques de queda y la represión expulsan a cientos de miles de kurdos de sus hogares

Imagen de una casa destrozada por los combates en Sur ©Guy Martin/Panos
  • Primer aniversario del toque de queda permanente en sitio declarado patrimonio mundial de la UNESCO
  • El desplazamiento forzado puede constituir castigo colectivo

6 de diciembre de 2016

Decenas de miles de residentes de Sur, sitio declarado patrimonio mundial por la UNESCO, forman parte del medio millón de personas que según estimaciones se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la brutal campaña de represión que las autoridades turcas han llevado a cabo durante el último año y que podría constituir castigo colectivo, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Cuando la represión de las voces de la oposición kurda por el gobierno turco se intensifica, el informe, titulado Displaced and dispossessed: Sur residents’ right to return home, revela la situación desperada de familias que se han visto obligadas a abandonar el centro histórico de Diyarbakır como consecuencia de las intensivas operaciones de seguridad llevadas a cabo a finales del año pasado y del toque de queda actualmente en vigor día y noche. Las viviendas del antes animado distrito han sido destruidas por los bombardeos, demolidas y expropiadas para dar paso a un proyecto de reurbanización del que es probable que se beneficien muy pocos ex residentes.

Un año después de la imposición del toque de queda permanente en Sur, miles de personas continúan desplazadas de sus hogares, tienen dificultades para poder subsistir y se enfrentan a un futuro incierto en un clima cada vez más represivo”, ha afirmado John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional.

“Mientras que la represión de la sociedad civil en el sudeste de Turquía ha recibido una amplia cobertura informativa, loe medios han prestado escasa atención al desplazamiento forzado que ha destrozado las vidas de personas corrientes con el pretexto de la seguridad.”

Tras la ruptura del alto el fuego en julio de 2015, estallaron los enfrentamientos entre personas vinculadas al armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las fuerzas de seguridad turcas. Como respuesta a las declaraciones de “autogobierno”, la construcción de barricadas y la excavación de trincheras en Sur, el distrito central de Diyarbakır, y otras ciudades del sudeste, las autoridades comenzaron a imponer toques de queda de 24 horas y a llevar a cabo operaciones de seguridad fuertemente militarizadas.

El 11 de diciembre de 2015 se declaró el toque de 24 horas y por tiempo indefinido en 6 de los 15 barrios de Sur que impedía a las personas salir de sus viviendas incluso para comprar suministros alimentarios o médicos esenciales. Según informes, la policía hizo uso de altavoces para ordenar a la gente que se marchara. El suministro de agua y electricidad se cortaba durante largos periodos, mientras las viviendas eran sacudidas por los proyectiles del ejército y acribilladas por las balas.

Una mujer que intentó quedarse en su vivienda dijo a Amnistía Internacional: “Estuve en la casa con dos niños, no bebimos agua durante una semana. Un día dispararon un bote de gas [lacrimógeno] contra la casa. No tuvimos electricidad durante 20 días. Yo quería marcharme pero no tenía adonde ir.”

Los enfrentamientos en Sur terminaron en marzo de 2016, pero el toque de queda ha persistido en extensas zonas del distrito. Tras los desalojos forzosos, casi todas las propiedades han sido expropiadas por las autoridades turcas y muchos edificios han sido demolidos. Aunque el retorno es casi imposible ahora debido al toque de queda y a la destrucción, algunos residentes se han arriesgado a volver pero sólo han encontrado sus hogares allanados y sus posesiones saqueadas o destruidas.

Un hombre que regresó a su vivienda ocho meses después de ser desplazado encontró todas las paredes derrumbadas. Explicó a Amnistía Internacional: “Ya ni siquiera puedo llorar. He llorado tanto por la pérdida de mi casa.”

La policía obligó a otro hombre a abandonar su vivienda, junto con su padre y su hermano, y después los detuvo. Este hombre dijo a Amnistía Internacional: “Nos obligaron a salir apuntándonos con sus armas a la cabeza.” Al principio se acusó formalmente a los tres de delitos de terrorismo, pero después se retiraron los cargos. Cuando regresó a su vivienda descubrió que sus posesiones habían sido quemadas.

Una mujer dijo a Amnistía Internacional que la policía la hostigó cuando visitó su casa seis meses después de verse obligada a marcharse, y no tiene intención de volver. “Encontramos todas nuestras pertenencias rotas y amontonadas en el patio”, dijo. A su familia le ofrecieron una indemnización de 3.000 liras turcas (unos 800 euros) por la pérdida de sus posesiones, una mínima parte de su valor. Su nuera dijo: “Teníamos intención de apelar, pero dijeron que eso era todo lo que conseguiríamos, así que firmamos.”

Residentes desplazados no han podido encontrar una vivienda alternativa adecuada y asequible y tienen dificultades para acceder a servicios esenciales. Muchos perdieron su empleo al ser desplazados, y los niños y niñas han visto gravemente alterada su educación o han abandonado por completo la escuela. Las indemnizaciones totalmente inadecuadas y la falta de ayuda suficiente –o, en algunos casos, de cualquier tipo de ayuda– de las autoridades para pagar el alquiler han sumido a familias ya empobrecidas en mayores privaciones.

Para agravar la situación, las medidas adoptadas contra las voces de oposición kurdas tras el intento de golpe de Estado han dado lugar al cierre de ONG que proporcionaban un apoyo decisivo a las personas pobres y desplazadas.

Los residentes rechazan la pretensión del gobierno de que el toque de queda en vigor y las demoliciones de casas se hagan en interés de la seguridad dado que los enfrentamientos terminaron hace ocho meses. Por el contrario, consideran que forman parte de un plan calculado para reurbanizar sus barrios y reasentar a sus habitantes en otros lugares. Se ha recuperado un proyecto de regeneración urbana anunciado por primera vez en 2012, pero los detalles siguen siendo escasos y no se ha consultado a los residentes. Este plan tiene precedentes en una constante de proyectos de esta índole en Turquía que han provocado desalojos forzosos de residentes que nunca pueden regresar a sus hogares.

En el amargo aniversario del toque de queda en Sur, gran parte de la población de este sitio patrimonio mundial se ha visto obligada a asistir a la demolición de su propio patrimonio”, ha afirmado John Dalhuisen.

“Lamentablemente, la desesperada situación a la que se enfrentan los residentes desplazados de Sur es similar en decenas de distritos del sudeste de Turquía. El gobierno debe adoptar medidas urgentes para levantar el toque de queda y para garantizar que las comunidades afectadas reciben una indemnización completa y ayuda para regresar a lo que queda de sus hogares o, como mínimo, a sus barrios.”

Información complementaria

Sur es el distrito central de Diyarbakır, la mayor ciudad del sudeste de Turquía, de población predominantemente kurda. Su antigua muralla fortificada y los jardines contiguos de Hevsel fueron declarados patrimonio mundial de la UNESCO en 2015.

Muchas de las personas que viven en Sur llegaron a este distrito tras verse obligadas a evacuar poblaciones rurales durante el conflicto de las décadas de 1980 y 1990. Debido a los reasentamientos forzados que impusieron las fuerzas de seguridad de Turquía en aquella época, la población de Diyarbakır se duplicó con creces.

Con el estado de excepción decretado tras el intento de golpe de Estado de julio, la situación de los derechos humanos en el sudeste de Turquía se ha deteriorado. Una sucesión de decretos ejecutivos ha eliminado prácticamente las voces kurdas de oposición, y ha dado lugar al cierre de medios de comunicación y ONG. Alcaldes elegidos, entre ellos los de Sur y Diyarbakır, fueron sustituidos por interventores designados por el gobierno.

En noviembre se cerraron cientos de ONG en toda Turquía por motivos no especificados de “vinculación con organizaciones terroristas o amenazas para la seguridad nacional”. Entre las ONG clausuradas figuran las principales que prestaban asistencia a las familias desplazadas de Sur.

La cifra de al menos medio millón de personas desplazadas en el sudeste es una estimación basada en el tamaño de las poblaciones de las zonas sometidas a toques de queda de larga duración, en las proporciones de residentes obligados a huir de las que se ha informado, y en los niveles de destrucción de viviendas e infraestructuras en estas zonas.

Turquía es parte en varios tratados internacionales y regionales de derechos humanos, lo que exige que respete el derecho de las personas a la libertad de circulación, a una vivienda adecuada y a otros derechos económicos y sociales, y que proporcione recursos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos.


Deja un comentario

Egipto: casos de represión. Liberación de un activista.

egipto

Egipto: ¡Islam Khalil ya está en libertad!

Rocío Lardinois – Estructura de Trabajo de Norte de África – Amnistía Internacional, 2 de septiembre de 2016

“Seguiré hablando de lo que vi, lo que viví, lo que tantas personas desaparecidas sufren ahora mismo”, proclama Islam Khalil, desafiante, en la madrugada del 1 de septiembre, a las puertas de la comisaría. Islam no se deja intimidar, ni siquiera con la libertad recién estrenada.

Por prestar testimonio para el reciente informe de Amnistía Internacional sobre desapariciones forzadas en Egipto, la Seguridad Nacional se la tiene jurada. Islam ha detallado las condiciones brutales de cautiverio en los centros de detención secretos pertenecientes a la Agencia de Seguridad Nacional. Sabe de qué habla, pues estuvo allí, en las tinieblas, desaparecido.

El 21 de agosto, un juez ordenó su puesta en libertad, bajo fianza, después de que pasara cuatro meses desaparecido y un año en prisión preventiva con acusaciones falsas. La Seguridad Nacional se negaba a liberarlo. “¿Eres ese por cuya liberación hacen tanto ruido? No saldrás de aquí más que muerto”, le amenazó un oficial de policía. “Aunque haya una orden de puesta en libertad, eso no significa que Islam vaya a volver a casa. Islam es nuestro”, le dijeron a su abogado Halim Henish en la comisaría.

Diez días de incertidumbre

En estos últimos diez días, se temió por la seguridad y la vida de Islam Khalil. “Tememos que Islam vuelva a desaparecer, lo torturen y le abran una nueva causa judicial con cargos ficticios”, escribía su hermano Nour. Oficiales de policía trataron de amedrentar a Islam para que callara. Le pegaron una paliza; le pusieron una denuncia por agredir a las fuerzas del orden; lo trasladaron a El Cairo al mismo centro donde fue torturado; lo tuvieron colgado del techo por un solo brazo, según denuncia; le amenazaron con que desaparecería nuevamente…

No parece que las amenazas y los malos tratos vayan a silenciar a Islam Khalil, después de lo vivido. Llevaba cuatro meses sin ver la luz del sol cuando reapareció en una comisaría de Alejandría. Al pasar a su lado, su hermano Nour no lo reconoció. Islam parecía un náufrago, con aspecto descuidado y la misma ropa con que lo detuvieron. Había confesado bajo torturas delitos de los que más tarde se desdijo. Ese día, Islam pidió a su hermano que publicara los nombres de aquellos con quienes había compartido celda, para que sus familias supieran que estaban vivos. Desde entonces, no ha dejado de hablar de las personas desaparecidas.

Humanidad robada

 “En el centro de detención de Lazoughly (sede de la Seguridad Nacional en El Cairo), me robaron mi humanidad. Ya no nos llamaban por nuestro nombre; éramos sólo un número”. Oficialmente, no estaba detenido. Su hermano Nour, activista de derechos humanos, sostiene que al retener a Islam, pretendían presionarlo a él.

El ministro de interior, Magdy Abdel Ghaffar, niega que haya desapariciones forzadas en Egipto. Los testimonios de personas que estuvieron desaparecidas, como Islam Khalil, son irrefutables. “En este infierno [Lazoughly], no hay más que tortura, escribió Islam en una carta desde la prisión. Me amenazan con violarme y asesinarme. (…) Sueño con escapar de ese lugar, a una cárcel o una tumba”.

En su último informe sobre Egipto, Amnistía Internacional concluye que la desaparición forzada es una política de Estado para acallar a la oposición y desalentar las protestas. Conforme aumenta el descontento con el gobierno de Abdel Fattah al-Sisi, mayor es la represión. “Éramos cientos repartidos en oficinas y pasillos, todos con los ojos vendados y maniatados”, escribió Islam Khalil. El Estado parece estar en guerra con sus propios ciudadanos.

Sin la presión internacional y la campaña que en Egipto exigía su liberación, Islam Khalil seguiría detenido o tal vez estaría desaparecido. “Gracias por vuestros esfuerzos y vuestras palabras. Mientras hacíais presión incansablemente, ya no pensaban más que en liberarlo, lo antes posible”, escribía su hermano Nour, al comunicar la buena noticia. ¡Gracias a quienes os unisteis a la campaña de presión al gobierno egipcio! Islam Khalil podrá leer ahora los mensajes de aliento que más de 250 personas le escribieron por su cumpleaños, respondiendo al llamamiento de Amnistía Internacional España.

No hay justicia sin investigación

La libertad no borra ni la desaparición ni el encarcelamiento injusto de Islam. Amnistía Internacional exige una investigación sobre las torturas que denunció y los abusos de los últimos días. No habrá justicia para Islam Khalil mientras los responsables no rindan cuentas.

“No os acostumbréis a todas esas historias de muerte y torturas”, pedía Islam desde la cárcel. “No os olvidéis de los desaparecidos, pues sois su única esperanza. Hoy celebramos la liberación de Islam Khalil, pero no nos olvidamos de la personas que siguen desaparecidas en Egipto.

También en Egipto