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Guinea ecuatorial: brutal paliza a un activista de derechos humanos. Protesta de las ONG

Guinea Ecuatorial: Brutal golpiza a destacado activista

Expertos de la ONU deberían asumir el caso

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Nicaragua; la represión causa graves violaciones de derechos humanos.

Nicaragua: Las autoridades intensifican la represión y cometen graves violaciones de derechos humanos durante la ‘Operación Limpieza’

Manifestación en Nicaragua contra el gobierno // REUTERS/Oswaldo Rivas

Madrid/Managua.- “Desde principios de junio, el gobierno del presidente Daniel Ortega intensificó su estrategia para la represión en una operación conocida como Operación Limpieza, dirigida contra las personas que protestaban, llevando a cabo detenciones arbitrarias, tortura y el uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la policía y fuerzas parapoliciales fuertemente armadas”, ha manifestado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Publicado seis meses después de que empezara una oleada de represión como respuesta a las protestas públicas por las reformas de la seguridad social, Sembrando el terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua documenta posibles violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional que cometieron las autoridades de Nicaragua entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre.

“El presidente Ortega no sólo desplegó a la policía para detener arbitrariamente y torturar a manifestantes, sino que también usó a grupos parapoliciales fuertemente armados para matar, herir e intimidar a quienes tenían la valentía de luchar contra su estrategia represiva”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Las autoridades nicaragüenses deben desmantelar y desarmar inmediatamente a todas las fuerzas parapoliciales y garantizar que la policía sólo use la fuerza cuando sea legítima, proporcional y necesaria durante las manifestaciones, en su caso. En lugar de criminalizar a quienes protestan calificándolos de ‘terroristas’ y de ‘golpistas’, el presidente Ortega debe garantizar los derechos de las personas a la reunión pacífica y a la libertad de expresión”.

Tras el primer informe de Amnistía Internacional sobre la crisis de finales de mayo, la nueva investigación documenta que el gobierno mantuvo e intensificó su estrategia deliberadamente letal para la represión, con la intención de detener las protestas y castigar a quienes participaban en ellas. El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo han dirigido esta estrategia, demonizando a menudo a quienes protestan para justificar la represión violenta y negando cualquier violación de derechos humanos.

A 18 de septiembre, al menos 322 personas habían perdido la vida, en su mayoría a manos de agentes estatales, y más de 2.000 habían resultado heridas. Entre las personas fallecidas 22 eran policías. Según informes, a 18 de agosto las autoridades nicaragüenses habían presentado cargos contra al menos 300 personas por participar en las protestas. Sin embargo, Amnistía Internacional no tuvo conocimiento de ninguna persona procesada o detenida por violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional, como tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Grupos parapoliciales armados con armas de guerra
Las autoridades estatales han hecho un uso cada vez más generalizado de grupos parapoliciales armados con armas de uso militar, que trabajan a menudo conjuntamente con la policía, para disuadir de las protestas, aterrorizar a la población y destruir las barricadas levantadas por manifestantes. En el asedio a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua, el 13 de julio, por ejemplo, grupos parapoliciales fuertemente armados atacaron indiscriminadamente a los y las estudiantes que se resguardaban en el campus, mataron a dos e hirieron al menos a 16, mientras la policía bloqueaba las salidas dejando atrapadas a más de 200 personas en el interior.

Amnistía Internacional ha documentado a policías y grupos parapoliciales armados con fusiles tipo AK; fusiles de francotirador Dragunov, Remington M24 y FN SPR; ametralladoras RPK y PKM, e incluso lanzagranadas portátiles PG-7. El uso de algunas de estas armas de guerra está prohibido en labores de seguridad pública.

Aunque algunas de las personas que protestaban usaron morteros de fabricación casera y, según informes, una minoría recurrió al uso de armas de fuego como escopetas y fusiles, esto no justifica que las autoridades usaran —de forma generalizada, desproporcionada y en su mayor parte indiscriminada— medios letales contra todas las personas que protestaban. En su lugar, las autoridades debieron haber respondido con la mínima fuerza necesaria para restablecer la seguridad pública.

El informe documenta seis posibles ejecuciones extrajudiciales, que constituyen delitos de derecho internacional. Una de ellas fue la de Leyting Chavarría, de 16 años, que recibió un disparo en el pecho cuando la policía y grupos parapoliciales atacaron unas barricadas en la ciudad de Jinotega. Según testigos, un policía antidisturbios mató a Chavarría, que sólo llevaba una honda o tirachinas.
La policía antidisturbios también mató presuntamente a Faber López, uno de sus propios agentes. Aunque el gobierno culpó de su muerte a unos “terroristas”, su familia dijo que el cadáver no tenía heridas de bala, pero sí mostraba señales de tortura. La víspera de su muerte, López había llamado a su familia para decir que iba a renunciar y que si no contactaba con ellos al día siguiente sería porque sus colegas lo habían matado.

Tortura y detenciones arbitrarias
El informe también destaca siete casos de probable detención arbitraria, así como violaciones del debido proceso, que fueron parte de la estrategia del gobierno para disolver el movimiento de protesta. También revela que las autoridades emplearon la tortura para castigar a quienes protestaban, fabricar pruebas y obtener información sobre la organización y el liderazgo de quienes se manifestaban.

Amnistía Internacional documenta al menos 12 casos de posibles torturas, incluido uno de tortura sexual de una mujer joven en un centro de detención oficial. En varios casos, las víctimas tenían aún lesiones físicas cuando fueron entrevistadas, más de un mes después de haber sido torturadas.

Un número cada vez mayor de víctimas de violaciones de derechos humanos ha decidido no presentar denuncia ante las autoridades nicaragüenses por temor a las represalias. En lugar de realizar investigaciones puntuales, imparciales y exhaustivas sobre las violaciones de derechos humanos, las autoridades han acosado y amenazado a menudo a las víctimas y a sus familias.

Desplazamiento interno y migración forzada
La crisis ha causado el desplazamiento interno y la migración forzada de miles de personas. El 31 de julio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anunció que casi 8.000 personas procedentes de Nicaragua habían pedido asilo en Costa Rica, mientras que otras 15.000 tenían cita para solicitar asilo en las siguientes semanas.

“Con la adopción de estrategias cada vez más despiadadas y sofisticadas para reprimir a su propio pueblo, el presidente Ortega ha empeorado la peor crisis de derechos humanos de Nicaragua en décadas, obligando a miles de personas a abandonar su hogar y buscar seguridad en otras partes del país o en la vecina Costa Rica. El gobierno de Ortega debe poner fin de inmediato a la violenta represión”, concluyó Erika Guevara Rosas.

El informe se basa en sendas visitas de investigación a Nicaragua y Costa Rica realizadas en julio y septiembre, respectivamente, en las que Amnistía Internacional hizo 115 entrevistas y documentó 25 casos de violaciones de derechos humanos. Además, un equipo de personas expertas examinó más de 80 piezas de material audiovisual y fotográfico para proporcionar un análisis contextual al informe.

Información adicional:


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El año 2017 record de periodistas encarcelados en el mundo. Los Países más represivos actualmente-

Amal Clooney: “Dos hombres inocentes están presos en Myanmar por decir la verdad”

ONU/Evan Schneider
Imagen de una prisión.

28 Septiembre 2018

La abogada y activista Amal Clooney, que representa a la agencia Reuters y a los dos reporteros birmanos detenidos en Myanmar calificó el juicio al que fueron sometidos como una simulación, durante un evento sobre periodistas encarcelados en todo el mundo.

A finales de 2017 había 262 periodistas encarcelados en todo el mundo, “el número más alto jamás registrado por el Comité para la Protección de Periodistas”, declaraba este viernes en Naciones Unidas el director ejecutivo de esa organización, Joel Simon, durante un evento titulado “La prensa tras las rejas: socavando la justicia y la democracia”.

“El encarcelamiento de periodistas es una brutal forma de censura que tiene un profundo impacto en el flujo informativo alrededor del mundo. Ha llegado el momento de hablar y de dar nombres”, destacó al afirmar que hay 3 países –Turquía, China y Egipto- que tienen más reporteros encarcelados que todos los demás juntos. Simon quiso destacar que la reunión de hoy estaba dedicada a cinco casos de reporteros que sacrificaron su libertad para mantener informadas a sus comunidades y al mundo.

El caso que suscitó más relevancia fue el de los periodistas birmanos de la agencia Reuters Wa Lone y Kyaw sae Oo, quienes fueron condenados a siete años de prisión por un tribunal de Myanmar tras revelar una matanza de rohinyás por parte del ejército de ese país el año pasado. La sentencia consideró que los periodistas violaron una ley de secretos oficiales que data de épocas coloniales.

El juicio de Myanmar fue “un simulacro”

“Su injusto encarcelamiento no solo viola sus derechos individuales, sino también los de los asistentes a este evento y los de todo el mundo”, dijo Simon al destacar que encarcelar periodistas es un tema que se ha discutir en las agendas de los líderes mundiales reunidos estos días en la ONU durante el debate general de la Asamblea.

La abogada y activista Amal Clooney, que representa a la agencia de noticias y a los dos reporteros en este caso, calificó el juicio al que fueron sometidos como una simulación.

“Wa Lone y Kyaw sae Oo han sido separados de sus familias por casi un año y desfilaron a un tribunal para una farsa de juicio. La draconiana condena a siete años es una parodia de la justicia y su liberación depende del gobierno”.

A continuación, Clooney enumeró tres razones por las que considera el caso fue un error judicial.

En primer lugar, los propios testigos de la fiscalía se contradijeron.

Según la abogada, un policía de rango superior, que debía repetir “las mentiras de la Fiscalía”, anunció durante el juicio que se sentía obligado a preservar la integridad de su profesión y a decir la verdad.“Dio un testimonio explosivo confirmando que hizo que un general de brigada de la policía les dijera a sus subordinados que pusieran documentos oficiales en posesión de Wa lone y lo arrestaran, o se enfrentaran a la cárcel si se negaban a hacerlo.”

El policía fue sentenciado a un año de prisión tras su “heroico” testimonio y continúa encarcelado, mientras que otros testigos de cargo “se desmoronaron uno a uno en el estrado”, destacó.

A continuación, manifestó que se les condenó sin la evidencia de un crimen ya que “una condena en virtud de la Ley de secretos exige que alguien haya recogido o compartido información con la intención de perjudicar al Estado”. Pero los documentos que estaban en manos de los periodistas cuando fueron arrestados “no eran secretos de Estado, en realidad ni siquiera eran secretos”.

Por último, declaró que el juicio violó el derecho fundamental a las garantías de debido proceso.

“No se dio suficiente información a los periodistas sobre los cargos, se les negó el acceso a pruebas clave, fueron interrogados durante semanas sin la presencia de un abogado, los llevaron a un centro de interrogación secreto, se les mantuvo incomunicados y encapuchados, se les impidió dormir y fueron presionados a firmar declaraciones contra su voluntad, se destruyó evidencias exculpatorias y, lo más importante, no hubo presunción de inocencia”, detalló

Finalmente, destacó las reacciones críticas que suscitó la condena tanto a nivel nacional como internacional.

El Gobierno de Myanmar puede intervenir

Clooney recordó que la suerte de los periodistas puede variar en caso de intervención presidencial ya que, según el artículo 204 de la Constitución, “le puede conceder un indulto en cualquier momento después de una condena”.

“El caso empezó con una autorización gubernamental al más alto nivel que llega hasta la oficina del presidente, y el gobierno puede finalizarlo hoy si quiere”.

En relación con la líder de facto, Aung San Suu Kyi, indicó que en el pasado alabó el valor del periodismo, la denuncia de crímenes y la libertad de expresión, y que por ese motivo sabe que las matanzas masivas “no son un secreto de estado y que revelarlas no convierten a un periodista en un espía”.

La abogada destacó que, como exprisionera política en celdas de Myanmar, Aung San Suu Kyi, debería saber “mejor que nadie” que, a día de hoy, tiene “la llave”. . ”La llave de la libertad, la libertad de reunir a los presos con sus familias, la llave para la libertad de prensa, la llave de la verdad y de la rendición de cuentas y la llave para que Myanmar sea más próspero y democrático. La historia juzgará su respuesta”, finalizó Clooney.

 Otros casos en Egipto, Bangladesh y Kirguistán 

Durante el evento también se trataron los casos del bloguero Alaa Abdel Fattah y del fotoperiodista Mahmoud Abou Zeid, encarcelados en Egipto; del fotoperiodista Shahidul Alam, en prisión en Bangladesh; y del periodista Azimjon Askarov, que cumple cadena perpetua en Kirguistán.

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Nicaragua: la ONU denuncia la permanente represión gobernativa

La ONU denuncia que la represión y las represalias continúan en Nicaragua

Articulo 66
Manifestantes en Managua participan en una marcha para pedir el fin de la violencia en Nicaragua

29 Agosto 2018

Un informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos documenta las violaciones cometidas desde que comenzaron las protestas en el país y asegura que la represión está forzando a los ciudadanos a huir.

El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamó este miércoles a tomar medidas urgentes para abordar la crisis en Nicaragua, donde “el grado de represión es tan alto” que ha forzado a las personas que participaron en las protestas, o que simplemente tienen opiniones disidentes, a esconderse o salir del país.

Zeid lamenta que “la represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista” y pide al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional que adopten medidas para evitar que la crisis actual degenere “en disturbios políticos y sociales aún más graves”.

Un informe publicado este miércoles por la Oficina del Alto Comisionado denuncia diversas violaciones a los derechos humanos en Nicaragua cometidas  entre el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas en el país centroamericano, hasta el 18 de agosto.

El estudio indica que desde el inicio de la crisis han fallecido 300 personas y 2000 fueron heridas y detalla varias violaciones como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que a veces condujo a ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y generalizadas, las torturas y los malos tratos, y las violaciones del derecho a la libertad de opinión, expresión y reunión pacífica.

También señala que militantes del Partido Sandinista, funcionarios del Gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad (en particular, de la Policía Nacional), fueron agredidos y que fallecieron 22 agentes de policía. “El grado de brutalidad de algunos de estos episodios, que incluyeron quemaduras, amputaciones y profanación de cadáveres, ilustra la grave degeneración de la crisis”.  Además detalla que es preciso investigar estos abusos, “que no legitiman en modo alguno una respuesta del Estado que no se ajuste al derecho internacional de los derechos humanos”.

Igualmente, destaca la presencia de elementos armados progubenamentales durante las protestas que “actuaron con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, a menudo de forma conjunta y coordinada”.

El estudio subraya que las autoridades nicaragüenses no desmienten la existencia de los elementos armados, pero sí “aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad”.

Tras la represión de las protestas, la tercera fase de la crisis, todavía en curso, ha consistido en la persecución y penalización de los manifestantes y otras personas consideradas opositoras al Gobierno.

El estudio describe un grado de represión “tan alto” que ha forzado a algunos de los ciudadanos que participaron en las protestas o defendieron a los manifestantes a esconderse o abandonar el país.

De acuerdo con la información que maneja la Oficina, hasta el 18 de agosto por lo menos 300 personas fueron imputadas “con cargos de terrorismo y delincuencia organizada, por haber participado en las protestas o por haberlas apoyado”. Durante estos procesos “no se respetan las normas del debido proceso ni la imparcialidad de los tribunales”, indica el informe.

El Alto Comisionado pidió que finalice de inmediato el acoso, la intimidación y la criminalización en relación con la participación en las protestas y que se desarticule inmediatamente a los elementos armados progubernamentales.

Réplica de Nicaragua al informe

Por su parte, las autoridades nicaragüenses emitieron una serie de consideraciones en las que indican que el título del informe “prejuzga la actuación del Estado al dejar por sentado supuestas violaciones de derechos humanos e incorpora en sí mismo afirmaciones a priori, carentes de objetividad y que no están sustentadas”.

Destaca que el concepto de protestas recogido en el informe “fue un intento de Golpe de Estado pretendiendo romper el orden constitucional” y lo desestima “porque éste va más allá del alcance de la visita para la cual fue invitada” la Oficina del Alto comisionado.


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Nicaragua: el gobierno de Ortega y la oposición. HRW

Cómo frenar la cacería de opositores en Nicaragua

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Exigencias de ONU al gobierno de Nicaragua: desmovilizar paramilitares, y cesar la represión.

Nicaragua debe poner fin a la “caza de brujas” contra las voces disidentes

Articulo 66
Manifestantes en Managua participan en una marcha para pedir el fin de la violencia en Nicaragua

9 Agosto 2018

Los médicos que ayudaron a los heridos en las protestas fueron despedidos sin explicación y hasta se les ha congelado el presupuesto a instituciones académicas como represalia. Un grupo de once expertos de derechos humanos de la ONU exhortan al Gobierno del país centroamericano a detener la represión y desmovilizar a los grupos paramilitares tras 100 días de protestas en los que al menos 317 personas han muerto y unas 1830 han resultado heridas.

En Nicaragua ha aumentado la represión selectiva, la criminalización, y las presuntas detenciones arbitrarias, lo que está creando una atmósfera de temor e incertidumbre entre diferentes comunidades y entre los representantes de la sociedad civil en el país, indican los informes recibidos por el grupo de expertos de las Naciones Unidas.

“Estamos consternados porque muchos defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otras voces disconformes están siendo criminalizados y acusados de cargos infundados y desproporcionados, tales como ‘terrorismo'”, aseguran en un comunicado varios relatores y la líder de un Grupo de Trabajo de derechos de la mujer.

Durante el mes de abril, fuerzas de seguridad y grupos afiliados al partido del Gobierno reprimieron con violencia las protestas contra las reformas de la seguridad social. Las protestas han disminuido recientemente en número e intensidad después de que el Gobierno acabara con los bloqueos de carreteras.

Los expertos dicen que las voces críticas con el Gobierno, entre ellos líderes campesinos, profesionales de la salud, estudiantes, periodistas independientes, así como miembros de la Iglesia y de la Alianza Cívica, siguen siendo objeto de intimidación, amenazas y privaciones de libertad, detenciones colectivas y malos tratos.

“Los profesionales de la salud que ayudaron a las personas heridas se han enfrentado a represalias y han sido despedidos de sus puestos de trabajo sin una explicación clara, desencadenando así un efecto dominó perjudicial en el acceso a la atención médica. También se ha denunciado que la financiación de algunas instituciones académicas se ha congelado, como forma de retaliación contra las protestas”, se lee en el comunicado.

Los relatores deploran una “campaña de desprestigio” destinada a desacreditar a los defensores y defensoras de los derechos humanos como terroristas, en intentos de socavar a la oposición.

“También estamos profundamente preocupados porque la nueva legislación, adoptada a principios de julio por el Congreso nicaragüense para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva permite a las autoridades un mayor margen para realizar arrestos y procedimientos penales contra manifestantes y hacer un uso indebido de la misma”, subrayan. .

Preocupados por la impunidad

Los relatores aseguran además que existe un alto nivel de impunidad en torno a las violaciones a los derechos humanos, entre las cuales están actos de violencia de género contra mujeres perpetrados por las autoridades y elementos paramilitares.

También se han recibido informes de numerosas irregularidades en el proceso de investigación contra quienes han manifestado su oposición al Gobierno, y por ello es necesario que éste mantenga un registro claro y actualizado de los nombres y ubicación de las personas que han sido privadas de su libertad. Además, se debe garantizar un juicio justo a quienes enfrenten procesos judiciales.

“La impunidad, la violencia y la represión nunca han sido caldo de cultivo para la paz y la estabilidad, y podrían sumergir al país en un malestar social y político más profundo. Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a que desmovilice inmediatamente a los grupos paramilitares e investigue las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios y las denuncias de desapariciones forzadas con la debida diligencia, sin demora y mediante el uso de procedimientos efectivos, imparciales e independientes”.

Los expertos también instaron a las autoridades a que entablen conversaciones significativas e inclusivas con las partes en el contexto del Diálogo Nacional, y que respeten y garanticen plenamente el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Finalmente pidieron que se otorgue pleno acceso a la información, a centros de detención y otros lugares a la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y otras organizaciones internacionales para permitirles continuar evaluando la situación.

Los Expertos: El Sr. Michel ForstRelator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanosel Sr. Clément Nyaletsossi Voulé,Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociaciónel Sr. David KayeRelator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresiónla Sra. Agnès CallamardRelatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias;el Sr. Dainius PūrasRelator Especial sobre el derecho a la salud física y mentalel Sr. Fabian SalvioliRelator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repeticiónla Sra. Ivana RadačićPresidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la prácticala Sra. Fionnuala Ní AoláinRelatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismoel Sr. Bernard DuhaimePresidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntariasla Sra. Koumbou Boly BarryRelatora Especial sobre el derecho a la educaciónel Sr. Seong-Phil HongPresidente-Relator del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria.

Los Relatores Especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor, son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.


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Nicaragua: los católicos ante la represión del gobierno.

NICARAGUA 100 días de crisisNICARAGUA 100 días de crisis  (AFP or licensors)

Sin voluntad de parte del gobierno, no hay diálogo

El canal Católico de Nicaragua, entrevistó a Mons. Carlos Avilés, vicario general de la Arquidiócesis de Managua y asesor de la Comisión por el Diálogo Nacional

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

Mons. Avilés dijo que aún hay persecución contra los sacerdotes, se está repitiendo lo que ocurrió en 1980, la diferencia dijo con ese periodo es que entonces había una guerra, un bloqueo económico, hoy no hay guerra, no hay condiciones. El gobierno sigue como en 1980 tratando de manipular e instrumentalizar a la Iglesia.

Dialogo para alcanzar la paz

La Iglesia siempre va a optar por la palabra, por el diálogo, jamás se va a cerrar, siempre estará invocando hablar como seres racionales, como seres pensantes. No se puede llegar nunca al uso de la violencia e instar la violencia. Por eso la Iglesia se mantiene con esta actitud de llamar al diálogo, de llamar a las conciencias, como el último mensaje que enviamos, hacíamos un llamado a la conciencia a todas las partes del gobierno. a quien tiene la responsabilidad de decidir, en la policía, a fin de que tomen conciencia, para que reflexionen sobre el mandamiento no matarás. Esta por sobre todas las cosas.

La Iglesia siempre va a confiar en el diálogo de la palabra, es el modo más racional, la violencia nunca será una salida, y estaremos siempre del lado del más pobre, del más necesitado, del pueblo, que es el que está sufriendo, tiene muertos, encarcelados injustamente, desaparecidos. La Iglesia siempre estará del lado del pueblo, apoyándolo, ayudándolo, con un pacifismo radical y un humanismo radical. Ayudando a toda persona que se acerque a nuestros templos, ayudándole y ofreciéndole todo lo que se pueda.

Sentimiento de frustración

La colega le preguntó al obispo que siente cuando ve imágenes de sacerdotes agredidos.  En primer lugar, dijo,  una gran unidad, muchos de esos sacerdotes son como sus hijos, pues fue director del seminario, fueron sus alumnos. Me siento frustrado y una comunión, añadió y calma cuando pasan los momentos trágicos, y no hay muertos o frustración cuando no puedes hacer nada por evitarlo.

A diferencia de otros momentos críticos del país, esta vez la población no está polarizada, ante los crímenes y los muertos que hay se busca el bien y la paz.  La gran mayoría de la población busca la justicia, la verdad y la paz, el cese de la violencia. Esto ha unificado a las personas.

Desde hace dos semanas momentos de oración y ayuno

El país está en un momento de ayuno, pidiendo la paz, desde hace dos semanas católicos y muchos hermanos no católicos están en oración, haciendo adoración, ayuno, consagración a María Santísima y renovación de las promesas bautismales en la Misa de Domingo. Todo eso pedido por la Conferencia Episcopal de Nicaragua, en su última carta. El pueblo católico no ha dejado de rezar el Rosario durante estos 100 días.

Esta crisis como la definió el cardenal Leopoldo Brenes, es más sangrienta que la que ocurrió en 1980, es peor que una guerra, porque en una guerra las condiciones ya están dadas, aquí no, dijo Mons. Avilés, de una protesta pacífica partió una represión gubernamental policial, y lo más grave, encapuchados con armas de guerra que arrestan a personas coordinados por la policía, esto dijo el purpurado es peor que una guerra.

Golpistas sólo porque asiste a quien huye de la muerte

Ortega nos ha acusado de ser golpistas, sólo porque hemos ayudado al pueblo. Como sacerdote veo mis feligreses que de una manifestación salen maltrechos, y está huyendo, les abro las puertas de mi Iglesia, les ofrezco mi ayuda, esto es lo más elemental que cualquier persona hace abrir su casa y atender a quien lo necesita. El clero actúa con el mayor pacifismo radical y orar por quienes nos persiguen, sin olvidar la búsqueda de la verdad y la justicia.

“El clero no ha alentado la violencia, ni las armas, es falso lo que dicen que hemos ocultado armas.  Y mucho menos lo que dicen que hay sacerdotes torturadores. Todas calumnias de Ortega.  La Iglesia da ayuda a quien necesite protección, y eso pasó en Diriamba, en Jinotepe. La Catedral igual”.

Mons Avilés  hace parte de la Comisión de Verificación y Seguridad, y el trabajo que propusieron al gobierno es sencillo:

1. Cese de toda violencia de cualquiera de las partes

2. Desarmar a los paramilitares, para evitar que salgan a las calles las armas civiles

3. Eliminación de los tranques y barricadas (ya no están). La policía ya limpió las calles de cualquier barricada.

4. Evitar tomas de tierras. acción impulsada por el gobierno, para distraer la concentración del problema en sí.

Pero como dijo el prelado, la violencia no ha cesado, las armas siguen en las calles por parte de paramilitares.

Estancado el proceso de paz

El proceso de paz detenido porque no hay voluntad de parte del gobierno. Lo más difícil para Mons. Avilés ha sido asistir en los corredores humanitarios. En la Iglesia de la Divina Misericordia, al sacar a los 23 heridos.  O cuando atacaron al Nuncio, a los 160 universitarios.

El aspecto político se ha suspendido y no se ha reiniciado, el desarme y el cese de la violencia tampoco.  La crisis ha afectado la labor pastoral, el sínodo arquidiocesano se estaba desarrollando en las noches y por la zozobra se ha detenido. Hasta las misas lo más tarde que las oficiamos son las cinco de la tarde.

El diálogo se ha detenido, debido a la falta de voluntad del gobierno, dijo el prelado, desde el comienzo los obispos cuando tuvieron la oportunidad de sentarse a la mesa, dieron condiciones para alcanzar la paz. Pero sin la voluntad de parte del gobierno para resolver la crisis es difícil. El gobierno no quiere abordar el tema político, no quiere ver que el pueblo quiere un cambio, un nuevo gobierno. Entonces está estancando.  El diálogo lo debe continuar el gobierno la oposición y la Iglesia, sin asesoría internacional. Los obispos han recibido respaldo en esa línea, el Papa Francisco, dijo por último mons. Avilés, nos apoya en esa ruta del diálogo. El pueblo nos anima a seguir adelante.

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