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Cinco los muertos en Venezuela según ONU

La ONU eleva a cinco el número de muertos por las protestas en Venezuela

UNICEF/Arcos
Una madre y su hijo saliendo de Venezuela y en camino hacia Cali, Colombia.

3 Mayo 2019

Todos los fallecidos eran menores de 30 años. La portavoz de Michelle Bachelet reveló además que ha recibido información de unos 239 manifestantes heridos por armas de fuego y perdigones a quemarropa, además de al menos diez periodistas. La ONU recuerda a las autoridades venezolanas que deben garantizar que no se haga un uso excesivo de la fuerza.

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU expresó este viernes en Ginebra su preocupación por los manifestantes y periodistas que han sido heridos o asesinados en manifestaciones contra el Gobierno en Venezuela.

Mientras miles de venezolanos salieron a las calles para las protestas del Primero de Mayo contra Nicolás Maduro, la cifra de víctimas mortales se elevó a cinco, aseguró la portavoz Ravina Shamdasani.

“En dos días de manifestaciones, el 30 de abril y el 1 de mayo, hemos documentado informes de cinco manifestantes muertos por armas de fuego: un niño de 15 años del estado de Mérida; un niño de 16 años y un joven de 24 años presuntamente asesinados el 30 de abril por individuos armados progubernamentales en el estado de Aragua; y un niño de 15 años asesinado por un arma de fuego y una mujer de 27 años que recibió un disparo en la cabeza cerca de la plaza Altamira mientras participaba en las manifestaciones del 1 de mayo”.

Estos fallecimientos se suman a las 44 personas asesinadas en 2019 en el contexto de las manifestaciones registradas por la Oficina, un total de 49 muertes.

La portavoz de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señaló que también ha habido “informes de ataques contra periodistas que cubren la manifestación”.

“Entendemos que al menos diez periodistas resultaron heridos el 1 de mayo, incluidos cinco que fueron heridos por perdigones”, dijo.

Entendemos que al menos diez periodistas resultaron heridos el 1 de mayo, incluidos cinco que fueron heridos por perdigones.

En total, se ha recibido información de alrededor de 239 manifestantes heridos. Al menos 18 de ellos, por armas de fuego. Muchos otros sufrieron heridas por el uso de perdigones a quemarropa. Según el Gobierno, al menos ocho miembros de las fuerzas de seguridad resultaron heridos por armas de fuego.

Shamdasani recordó que las autoridades venezolanas deben garantizar “que no se haga un uso excesivo de la fuerza”, que son responsables de la seguridad de la población y no pueden delegarlo a los grupos armados pro-Gobierno conocidos como “colectivos”.

Helena Carpio/IRIN
ARCHIVO: Protestas en Caracas, Venezuela.

La detención arbitraria de Gilber Caro

La Oficina de Derechos Humanos también expresó su preocupación por la detención del parlamentario Gilber Caro por miembros de los Servicios de Inteligencia el pasado 26 de abril.

“Su arresto no solo se llevó a cabo en violación de su inmunidad parlamentaria, sino que, hasta el día de hoy, su destino y paradero no han sido confirmados por las autoridades. Esto constituye una desaparición forzada bajo el derecho internacional”, aseguró Shamdasani.

Según la portavoz, Caro no ha sido llevado ante un tribunal, en violación de la ley venezolana, que limita el tiempo de detención policial a 48 horas, y la Alta Comisionada está particularmente preocupada por su bienestar, ya que corre un alto riesgo de ser torturado o maltratado.

Caro ya había sido detenido arbitrariamente en enero de 2017. En junio de 2018 fue liberado condicionalmente. La comisión técnica que visitó Venezuela en marzo se reunió con él.

Por su parte el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados informó este viernes que Leopoldo López, destacado miembro de la oposición que fue liberado de su prisión domiciliaria esta semana, se encuentra como huésped en la embajada de España y no ha pedido a asilo político.

UNICEF / Arcos
Cada mañana, sobre las 5am, cientos de niños y niñas cruzan la frontera de Venezuela para tomar buses que les llevarán a la escuela en Cúcuta, Colombia

La situación humanitaria prevalece

Babar Baloch agregó que el número de venezolanos saliendo del país fluctúa pero se mantiene entre los 3000 y 5000 a diario.

“Con varios cruces de frontera oficiales cerrados las personas continúan haciendo uso de pasajes informales especialmente hacia Colombia y Brasil”.

Con varios cruces de frontera oficiales cerrados las personas continúan haciendo uso de pasajes informales especialmente hacia Colombia y Brasil.

Jens Laerke, portavoz de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, aseguró que la ONU se encuentra en discusiones con el Gobierno para ampliar los programas de ayuda existentes en el país.

La ONU estima que siete millones de personas en Venezuela necesitan asistencia humanitaria. Las necesidades son más graves en los tres estados del sur y en los estados de Zulia y Lara en el oeste.

Unos 1,9 millones de personas requieren asistencia nutricional, incluyendo 1,3 millones de niños menores de cinco años. Además, unos 2,8 millones de personas necesitan asistencia médica, incluidos 1,1 millones de niños menores de cinco años. Otros 4,3 millones requieren agua y saneamiento.

Desde 2017, la cantidad de personal de la ONU en Venezuela ha aumentado de 210 a casi 400. Las agencias de Naciones Unidas están trabajando en los 24 estados. Los esfuerzos se concentran particularmente en los estados fronterizos vulnerables de Zulia, Táchira y Bolívar.


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Venezuela. Los obispos sobre la represión.

Venezuela. Obispos: Cese uso criminal de la fuerza letal para controlar manifestantes

En medio de la crisis política y humanitaria que vive el país, los obispos venezolanos se expresan nuevamente para pedir el cese de la represión, y recordar que algunos delitos son imprescriptibles y no justificables por obediencia debida.

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano

Un nuevo comunicado de la Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana fue hecho público en el día de ayer. En el mismo los obispos manifiestan su preocupación por los hechos acontecidos durante las manifestaciones realizadas en el país durante los días 30 de abril al 02 de mayo de 2019, “que ha dejado el lamentable saldo de 4 personas asesinadas, 240 detenidos y más de 300 heridos según el informe de la organización Foro Penal”.

Rechazo a agresiones a libertad de prensa y al ataque al templo en Táchira

Los prelados rechazan las agresiones a la libertad de prensa en la que doce trabajadores fueron víctimas de distintos tipo de violencia, cinco reporteros heridos con perdigones, una emisora robada y al menos tres medios sacados del aire. Asimismo condenan el ataque violento al templo de Nuestra Señora de Fátima en Barrio Sucre de San Cristóbal, estado Táchira.

A la Guardia Nacional, SEBIN, PNB y colectivos: respetar y garantizar los DD.HH

“Estas acciones de criminalización, violencia y represión suscitadas en las manifestaciones son contrarias a las obligaciones de respeto y garantía de los Derechos Humanos contemplados en la Constitución Venezolana y son violatorias de los tratados internacionales en la materia suscritos por la República”, escriben. Y exigen una vez más “tanto a los superiores de la Guardia Nacional, SEBIN, PNB, a los efectivos de estos cuerpos de seguridad y a los llamados colectivos, el debido respeto y garantía de los Derechos Humanos, el cese inaplazable del uso criminal de la fuerza letal para el control de las manifestaciones y la inmediata liberación de los detenidos arbitrariamente”.

Vulneración de derechos puede derivar en delitos imprescriptibles

La comisión solicita además que la Asamblea Nacional “determine las responsabilidades de estos hechos a fin de que sean tramitadas ante las instancias correspondientes”, y recuerda “que las obligaciones en cuanto al respeto de los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a manifestar, al debido proceso y a la libre expresión del pensamiento, son inviolables y que cualquier vulneración a estos pueden derivar en delitos que son imprescriptibles y no pueden ser justificados por obediencia debida”.

Orar por el restablecimiento de la concordia y la fraternidad

Por último exhorta al pueblo fiel y a los hombres y mujeres de buena voluntad a “elevar oraciones por el restablecimiento de la concordia y la fraternidad, por el descanso eterno de los fallecidos, y el consuelo de los familiares de las víctimas”. El mensaje está firmado por el presidente de la Comisión,  Monseñor Roberto Lückert León, y el Vicario General, Pbro. Abg. Saúl Ron Braasch.


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Venezuela: protesta de los obispos por la injustificable detención de algunos destacados ciudadanos.

Daños en la residencia de Roberto Marrero, jefe de gabinete del líder opositor Juan Guaido, luego de haber sido detenido por agentes de inteligencia venezolanosDaños en la residencia de Roberto Marrero, jefe de gabinete del líder opositor Juan Guaido, luego de haber sido detenido por agentes de inteligencia venezolanos 

Comisión de Justicia y Paz de Venezuela rechaza detención de Roberto Marrero

El arresto del jefe de Despacho del Presidente de la AN de Venezuela Juan Guaidó ocurrió en la madrugada del jueves 21 de marzo. Inmediatas las reacciones de la comunidad internacional y también la de los obispos venezolanos

Griselda Mutual –  Ciudad del Vaticano

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, publicó este viernes 22 de marzo un comunicado rechazando la detención del ciudadano Roberto Marrero, jefe del Despacho del Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela Juan Guaidó, y también el allanamiento de la residencia del Diputado de la Asamblea Nacional Sergio Vergara, realizado por funcionarios del SEBIN, con autorización de jueces y con la participación de fiscales del Ministerio Público. Según el ministro del interior del gobierno de Maduro, Néstor Reverol, Roberto Marrero, sería responsable “de una célula terrorista” que tenía previsto llevar ataques en el país. Por la otra parte, tras una serie de tuits denunciando lo acaecido, en las últimas horas el líder opositor Guaidó informó que Marrero estaría siendo trasladado a tribunales, “ante – escribió – jueces cómplices de la dictadura”.

“Nadie puede ser privado de la dignidad”

Citando al Papa Francisco, cuando visitando una cárcel de mujeres en Chile reafirmó que “nadie puede ser privado de la dignidad”, en el comunicado de la Comisión de Justicia y Paz, firmado por Monseñor Roberto Lückert y por el Pbro. Saúl Ron Braasch, Presidente y Vicario General respectivamente, los obispos deploran “contundentemente estos actos que atentan y violan derechos fundamentales” previstos en la Carta Magna del país, referente “a la inmunidad parlamentaria de la cual gozan los diputados a la Asamblea Nacional en el ejercicio de sus funciones”, según “los principios del Evangelio, Doctrina Social de la Iglesia y la Constitución venezolana vigente”.

Los delitos de dichas acciones son imprescriptibles

La instancia eclesial “lamenta estas violaciones, y las denuncia ante los organismos pertinentes para que ejerzan y cumplan con las atribuciones que la constitución y las leyes le confieren, a fin de restablecer los derechos vulnerados a estos ciudadanos”. Y recuerda “a los funcionarios judiciales, fiscales del Ministerio Público y policías aprehensores, que no podrán justificar sus acciones alegando el cumplimiento de órdenes superiores. Los delitos consecuentes de aquellas acciones son imprescriptibles”.

No perder la esperanza. Esperamos justicia

Asimismo, los obispos hacen presente que en concordancia con la Carta Magna, “el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reitera que ningún individuo deberá ser aprendido y privados de su libertad por decisiones arbitrarias”. Y animan a todos “ a no perder la esperanza y a confiar en el poder de Jesucristo, que es la fuerza del amor, como reza la tan conocida oración franciscana, ser un instrumento de paz, donde haya desesperación, poner esperanza; donde haya tinieblas, poner luz; donde haya tristeza, poner alegría”.


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Nicaragua: el Consejo de derechos humanos ONU debería investigar la represión.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU debería investigar la represión en Nicaragua

Resolución del Consejo insta a dar seguimiento e informar sobre la crisis

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Venezuela. Informe de AI sobre derechos humanos y la represión del gobierno

Venezuela: Hambre, castigo y miedo, fórmula de represión

Fuerzas de seguridad venezolanas bajo la línea de mando de Nicolás Maduro ejecutaron a personas, usaron fuerza excesiva y detuvieron arbitrariamente a cientos de ellas, incluyendo adolescentes, en una escalada de su política de represión para controlar a la sociedad venezolana y castigar particularmente a habitantes de zonas populares que decidieron protestar entre los días 21 al 25 de enero de 2019, dijo Amnistía Internacional hoy.

“La estrategia de control social que tratan de imponer las autoridades de Nicolás Maduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio, es repulsiva. Su gobierno se está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Venezuela vive desde hace años una profunda crisis de violaciones masivas de derechos humanos, ante la escasez de alimentos, medicinas, hiperinflación, violencia y represión política, y que ha obligado a más de 3 millones de personas a huir del país desde el 2015.

Ante esta realidad desoladora, miles de personas han salido a las calles a exigir un cambio de gobierno. Del 21 al 25 de enero, se registraron numerosas manifestaciones, muchas de ellas en zonas populares, donde las protestas demandando este cambio no habían sido tan visibles hasta ese momento. Existe una amplia presencia de grupos armados pro Nicolás Maduro (conocidos comúnmente como “colectivos”) en estos sectores, cuyos habitantes dependen en gran medida de los, actualmente limitados, programas de distribución de alimentos básicos del Estado.

En sólo cinco días, al menos 41 personas fallecieron durante estas protestas, todas por herida de arma de fuego. Más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria, y tan solo el 23 de enero (día en que se convocaron manifestaciones en todo el país), se reportaron 770 detenciones arbitrarias.

En una misión de investigación en los estados Lara, Yaracuy, Vargas y distintas localidades de Caracas, del 31 de enero al 17 de febrero, Amnistía Internacional recabó más de 50 testimonios, y documentó 15 casos emblemáticos, algunos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Los hallazgos de esta investigación serán ampliados en un informe público próximamente.

Las evidencias recabadas en estas diferentes localidades muestran patrones comunes. Éstas indican que las autoridades estatales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas como método de control social a través de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), contra personas que participaron de alguna forma en las protestas. Las zonas populares de Caracas y otras localidades del país fueron especialmente afectadas y estigmatizadas, registrando el mayor número de víctimas mortales, que luego fueron presentadas como “delincuentes” muertos en enfrentamientos con las autoridades.

 

 

Ejecuciones extrajudiciales

Amnistía Internacional documentó seis ejecuciones extrajudiciales a manos de las FAES en varias localidades del país, todas con un modus operandi similar. En todos los casos, las víctimas tenían algún vínculo con las protestas en días anteriores y las denuncias de varios de ellos en contra de Nicolás Maduro se habían vuelto virales en redes sociales.

Las seis víctimas eran hombres jóvenes a quienes las autoridades presentaron públicamente como muertos en enfrentamiento con las FAES. Esta fuerza pública manipuló las escenas de crimen, y pintó a las víctimas como delincuentes, refiriendo que varios de ellos tenían antecedentes penales en un intento de justificar las muertes.

“Como hemos visto muchas veces en Venezuela, las autoridades intentan hacer creer que las personas que murieron durante los días de protestas, principalmente jóvenes de zonas de escasos recursos, eran delincuentes. Su único crimen fue atreverse a pedir un cambio y exigir una vida digna”, dijo Erika Guevara Rosas.

Luis Enrique Ramos Suárez tenía 29 años cuando oficiales de las FAES lo ejecutaron el 24 de enero en la ciudad de Carora. Un día antes, se había hecho viral un audio donde se anunciaban protestas contra Nicolás Maduro y la alcaldía de Carora. En este audio, se mencionaba el apodo de Luis Enrique como uno de los organizadores.

El día 24, más de 20 integrantes de las FAES fuertemente armados y en su mayoría encapuchados, allanaron ilegalmente la casa de los Ramos Suárez, y sometieron a malos tratos a los diez miembros de la familia que se encontraban ahí, de los cuales seis eran niños. Tras ubicar a Luis Enrique a través de su apodo, lo obligaron a arrodillarse en medio de la sala mientras que un funcionario le tomaba fotos y otros lo golpeaban.

Encerraron a los demás miembros de la familia en diferentes cuartos de la casa, les amenazaron y les golpearon en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, retiraron a su familia a la fuerza y les trasladaron en un convoy de la PNB hasta un lugar a dos kilómetros de la casa. Minutos después, dispararon a Luis Enrique dos veces en el pecho. Murió inmediatamente.

Según los testimonios recabados, tras ejecutar a Luis Enrique, oficiales de las FAES dispararon dentro de la casa para simular un enfrentamiento. Además de fabricar evidencia, manipularon la escena del crimen, arrastrando el cadáver hasta un vehículo en el que fue finalmente trasladado a la morgue, violando así los protocolos mínimos de investigación penal.

Uso excesivo de la fuerza

Amnistía Internacional documentó también los casos de dos jóvenes muertos y un joven herido por armas de fuego a manos de los cuerpos de seguridad pública mientras participaban en protestas. Tanto la PNB como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) participaron en este tipo de operativos.
Alixon Pizani, panadero de 19 años de edad, falleció el 22 de enero por una bala en el tórax, cuando protestaba con un grupo de amigos en Catia, al oeste de Caracas. Según testigos, un oficial con uniforme de la PNB montado en una moto disparó con un arma corta de forma aleatoria contra la multitud, hiriendo a dos personas gravemente.

Sin que ninguna autoridad le brindara auxilio, Alixon fue trasladado a un centro de salud, donde murió. Su familia dice que a la entrada del hospital funcionarios de las FAES comenzaron a lanzar disparos en ráfagas contra los amigos y familiares de Alixon, quienes inmediatamente se refugiaron adentro. Hasta el momento no consta que la fiscalía haya iniciado una investigación.

Detenciones arbitrarias

Según el Foro Penal Venezolano, las autoridades detuvieron a 137 niños, niñas y adolescentes en todo el país del 21 al 31 de enero. De esos casos, Amnistía Internacional documentó la detención arbitraria de seis personas, entre ellas cuatro adolescentes que participaban en una protesta, o simplemente la observaban de cerca, en la ciudad de San Felipe el 23 de enero.

En entrevista con Amnistía Internacional, dijeron que, al detenerlos, las autoridades los golpearon, los insultaron con calificativos de “guarimberos” y “terroristas”, los expusieron a sustancias irritantes, privación del sueño, y los amenazaron de muerte. Según sus testimonios, los funcionarios que los detuvieron pertenecían a varios cuerpos de seguridad del Estado, e iban acompañados por personas vestidas de civil.

“Detener arbitrariamente a más de un centenar de adolescentes y someterlos a tratos crueles, que en ocasiones pudieron haber constituido tortura, pone en evidencia cuán lejos están dispuestas a llegar las autoridades en su intento desesperado de limitar la protesta e intentar someter a la población”, dijo Erika Guevara Rosas.

Los cuatro adolescentes fueron acusados de delitos que, bajo la legislación nacional, no permiten privar de la libertad a adolescentes, pero permanecieron ocho días recluidos por orden judicial. Pasaron cuatro de estos días en el Centro de Rehabilitación de Menores, de régimen militar, donde les raparon el pelo y les obligaron a cantar frases como “somos los hijos de Chávez”.

El 29 de enero, una de las juezas a cargo de tres de estos casos, manifestó públicamente haber recibido la orden de mantener a los adolescentes privados de libertad, a pesar de no existir fundamento legal. Tras esta denuncia, fue retirada de su cargo y abandonó el país. Los cuatro adolescentes permanecen sujetos a proceso, con restricciones a su libertad.

Los jóvenes expresaron lo frustrante que era vivir en medio de una crisis económica, social y política a su edad, donde estudiar, comer o vestirse es un reto diario. Algunos expresaron su deseo de salir de Venezuela para buscar un mejor futuro.

Recomendaciones preliminares

Las autoridades venezolanas deben desarticular la política de represión que se ha consolidado en los últimos años y cumplir con su obligación de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones a derechos humanos o crímenes de derecho internacional.

“La justicia venezolana parece tener por regla abandonar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Las pocas personas que vencen el miedo y denuncian se encuentran indefensas y en riesgo ante la falta de respuesta de las autoridades”, dijo Erika Guevara Rosas.

Debido a los severos obstáculos que existen para acceder a la justicia en Venezuela, Amnistía Internacional pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tome medidas para hacer frente a la impunidad total que prevalece en el país, mediante la creación de un mecanismo de investigación independiente para supervisar e informar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

Además, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría considerar estos hechos, y de hallarlos fundados, incorporarlos como parte del examen preliminar ya en curso sobre Venezuela.

Por último, los países preocupados genuinamente por la situación de derechos humanos en Venezuela deben explorar el ejercicio de la jurisdicción universal, que sirva de alternativa para la búsqueda de justicia que las víctimas no pueden alcanzar localmente.

“La justicia internacional es la única esperanza para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Es el momento de activar todos los mecanismos disponibles para evitar más atrocidades”, dijo Erika Guevara Rosas.


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Egipto: represión contra los activistas de derechos humanos.

DEL #METOO EN FACEBOOK A LA CÁRCEL EN EGIPTO

Amal Fathy es una defensora egipcia de derechos humanos que ha sido condenada en firme a dos años de prisión por hablar del acoso sexual en Facebook.

Actualización: 14 de febrero de 2019

¡BuenasNoticias! ¡Amal Fathy ya no está en arresto domiciliario! Aunque tiene que presentarse ante la policía durante cuatro horas dos veces a la semana y pende sobre ella una sentencia a dos años de prisión que la puede llevar a la cárcel en cualquier momento. Queremos su libertad completa. Firma esta ciberacción.

Amal Fathy es una defensora egipcia de derechos humanos, de 33 años, al igual que su marido, Mohamed Lofti.

El 9 de mayo, Amal publicó un vídeo en su página de Facebook, en el que hablaba sobre lo frecuente que es el acoso sexual en Egipto y criticaba su falta de protección por parte de las autoridades. La activista también criticaba al gobierno por el deterioro de los derechos humanos, las condiciones socioeconómicas y los servicios públicos.

Amnistía Internacional ha examinado el vídeo y no ha encontrado en sus 12 minutos de duración declaraciones que no estén amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

Al día siguiente, medios de comunicación progubernamentales la acusaron de insultar a Egipto y a sus instituciones desatando una oleada de hostigamiento y amenazas contra la activista en las redes sociales a consecuencia del vídeo, con insultos  sexistas y peticiones de encarcelamiento.

La sentencia contra Amal es una afrenta contra la justicia. Solo la presión internacional puede hacer que Amal quede libre sin condiciones, por lo que la movilización urgente para presionar a las autoridades egipcias es clave.


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Venezuela: abusos de las fuerzas de seguridad. Denuncia de HRW

Venezuela: Arrestos y asesinatos en protestas contra el gobierno

Denuncias de abusos violentos por fuerzas de seguridad

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