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Turquía: quiénes son los diez de Estambul?

¿Quiénes son los Diez de Estambul y por qué han sido encarcelados en Turquía?

Por Amnistía Internacional

En julio de 2017, nuestra compañera y amiga İdil Eser, directora de Amnistía Internacional Turquía, fue detenida junto con otros nueve defensores y defensoras de los derechos humanos en Estambul. Actualmente, ocho de ellos permanecen en prisión y dos están en libertad provisional con fianza, todos están siendo investigados en virtud de la legislación antiterrorista. Y, sin embargo, no han hecho nada malo.

Esto ocurrió tan sólo un mes después de que Taner Kılıç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, fuera igualmente detenido injustamente. Taner continúa en prisión.

El 14 de octubre de 2017, con ocasión del cumpleaños de Idil, Amnistía Internacional celebrará un día mundial de acción para pedir que sean puestos en libertad.

¿Por qué les ha ocurrido esto?

¿Qué pasó el 5 de julio de 2017?

Tendría que haber sido un día normal para İdil Eser, directora de Amnistía Internacional Turquía. Asistió a un taller sobre bienestar y seguridad digital con compañeros de otras organizaciones de derechos humanos en Estambul; el tipo de reuniones que se organizan cada semana en todo el mundo. El taller consistía en debates abiertos sobre las dificultades que encuentran y formas prácticas de abordarlas.

Pero durante el taller, la policía irrumpió en el edificio y los detuvo a todos, incluidos los dos formadores.

Inicialmente, los llevaron a diferentes comisarías de policía en Estambul y después estuvieron recluidos varios días en la Dirección de Seguridad de Estambul, la principal jefatura de policía. El 18 de julio comparecieron ante un juez tras haber solicitado la Fiscalía que se los enviara a prisión en espera de juicio.

El fiscal les hizo preguntas absurdas. A İdil le hicieron preguntas sobre una campaña de Amnistía Internacional de 2014, que tuvo lugar más de dos años antes de que se incorporara a la organización, y sobre el hecho de que hubiera hablado con Taner, el presidente de Amnistía Internacional Turquía encarcelado: ¿qué habría de extraño en que ambos hablaran entre sí?

¿Quiénes son los Diez de Estambul?


Ilustración de los Diez de Estambul, defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos durante un taller en julio de 2017. © Rebecca Hendin

Las 10 personas detenidas en Estambul el 5 de julio de 2017 son:

  •     İdil Eser, directora de Amnistía Internacional Turquía
  •     İlknur Üstün, Coalición de Mujeres
  •     Günal Kurşun, Asociación Agenda de Derechos Humanos
  •     Nalan Erkem, Asamblea de Ciudadanos
  •     Özlem Dalkıran, Asamblea de Ciudadanos
  •     Veli Acu, Asociación Agenda de Derechos Humanos
  •     Şeyhmus Özbekli, abogado
  •     Nejat Taştan, Asociación Observación de la Igualdad de Derechos
  •     Ali Gharavi, escritor y consultor de estrategia digital y bienestar
  •     Peter Steudtner, formador y consultor sobre no violencia y bienestar

Nejat Taştan y Şeyhmus Özbekli han quedado en libertad con fianza pero están siendo investigados.

¿Por qué han sido detenidos?

Estas investigaciones constituyen los intentos más recientes de silenciar las voces críticas en Turquía.

Desde el fallido golpe de Estado de julio de 2016, se han abierto investigaciones penales contra, aproximadamente, 150.000 personas.

Durante el último año, al menos 180 medios de comunicación han sido cerrados, y se calcula que 2.500 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han perdido su empleo. Más de 140 periodistas y trabajadores de medios de comunicación están en prisión en espera de juicio.

Disentir se ha vuelto una actividad peligrosa en Turquía y ahora incluso se ataca a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Estos hombres y mujeres han puesto en peligro su propia seguridad para defender a otras personas. Ninguno de ellos ha hecho nada malo. Turquía los ha encarcelado, como ha encarcelado a cientos de periodistas y otras personas, y con ello alimenta la propaganda de que los defensores y defensoras de los derechos humanos son de alguna manera peligrosos y hay que pararlos. Esto es ridículo y, simplemente, no es cierto.

¿Dónde están recluidos?

Siete de los ocho defensores y defensoras de los derechos humanos encarcelados están en la prisión de Silivri, en Estambul, la prisión de mayor seguridad de Turquía. İlknur está en la prisión de Sincan, en Ankara. Los otros dos se encuentran en libertad con fianza pero siguen siendo investigados.

Las personas detenidas no pueden recibir cartas y sólo se les permite una visita semanal supervisada de una hora con sus abogados y familiares más cercanos.

İdil no tiene familia por lo que, salvo su abogado, nadie la visitó hasta septiembre, cuando finalmente se aprobaron las solicitudes de sus amistades para poder visitarla.

Se les permite leer libros y periódicos, pero no pueden recibir cartas del exterior. Están recluidas con otra persona, pero no pueden verse entre ellas.

¿Cuáles son los planes para el cumpleaños de Idil y cómo puedo ayudar?


İdil Eser, directora de Amnistía Internacional Turquía. © Privado

Puede que Idil esté en la cárcel, pero eso no nos va a impedir organizarle un cumpleaños inolvidable. El 14 de octubre celebraremos una fiesta mundial para celebrar su cumpleaños y estáis todos invitados.

Únete el 14 de octubre, desea a İdil un feliz cumpleaños, actúa pidiendo su liberación y comparte tu mensaje en las redes sociales utilizando la etiqueta #PartyWithIdil.

Únete a la fiesta mundial para celebrar el cumpleaños de İdil y contribuye al regalo de este año: su libertad.

La represión en Turquía en cifras

En julio de 2016 hubo un violento intento de golpe de Estado en Turquía:

  •     246 muertos
  •     2.194 heridos

Desde entonces se ha desatado una oleada masiva de represión dirigida no sólo contra personas de quien se tienen sospechas legítimas de participación en el intento de golpe de Estado, sino que al parecer se dirige contra cualquier persona crítica con el gobierno, incluidos los medios de comunicación.

  •     4 renovaciones del estado de excepción
  •     Más de 149.000 personas investigadas
  •     Más de 50.000 personas detenidas
  •     Más de 100.000 personas despedidas
  •     Más de 140 periodistas detenidos
  •     Más de 180 medios de comunicación cerrados por decreto
  •     Más de 3.800 organizaciones no gubernamentales cerradas

Los autores del intento de golpe de Estado deben comparecer ante la justicia, pero en este proceso no deben arrebatarse derechos que tanto ha costado conseguir.

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Chile: ONU pide que no se aplique a los mapuches la ley antiterrorista

Expertos de la ONU piden a Chile no utilizar la Ley Antiterrorista contra los mapuche

Elisa Loncon, Mapuche de Chile, es una académica dedicada a proyectos de investigación y promoción de los derechos lingüísticos. Foto Rocío Franco/Radio ONU.

06 de octubre, 2017 — Expertos de la ONU exhortaron al gobierno de Chile a que no juzgue a indígenas mapuches bajo la Ley Antiterrorista.

El llamado se hace ante la audiencia en el caso de cuatro miembros de ésta comunidad quienes fueron arrestados en junio de 2016 bajo acusaciones de incendio y que han permanecido en prisión preventiva desde entonces.

“Los cargos en contra de estos individuos deben ser revisados con urgencia y se les deben brindar las garantías de un juicio justo, propias del sistema de justicia ordinaria” expresaron tres relatores en un comunicado emitido este martes.

Los expertos instaron a Chile que se abstenga de utilizar la Ley Antiterrorista para lidiar con hechos ocurridos en el contexto de protestas sociales de los mapuches que buscaban reclamar sus derechos.

Añadieron que la legislación contra el terrorismo debe ser revisada para asegurar que solo sea aplicada a situaciones que verdaderamente amenacen la seguridad nacional.

“La aplicación de legislación antiterrorista debilita la posibilidad de un juicio justo y hace menos probable que la verdad de lo sucedido sea esclarecida”, concluyeron.

Los expertos señalaron que esta no era la primera vez que se planteaban preocupaciones respecto a posibles violaciones de derechos humanos al utilizar esta ley contra la comunidad mapuche.


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Cataluña: el uso de la fuerza represiva el 1 de octubre según AI.

  1-O: Amnistía Internacional denuncia uso excesivo de la fuerza por parte de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña

Un policía antidisturbios dispara pelotas de goma en Barcelona. 1 de octubre de 2017. (AP Photo/Emilio Morenatti)

AI confirma con sus observadores el uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, golpes a personas indefensas que no ofrecían resistencia, y pide una investigación exhaustiva, rápida e imparcial sobre los hechos

Amnistía Internacional ha confirmado sobre el terreno de forma directa que miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y agentes la Guardia Civil usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían, en la calle y a la puerta de centros de votación, en cumplimiento de la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba a las fuerzas de seguridad impedir la celebración de un referéndum. El Ministerio de Interior ha informado que las fuerzas de seguridad han intervenido y clausurado 92 centros de votación. Según datos de la Generalitat, el total de colegios electorales era de 2.315, de los cuales 400 fueron cerrados por mandato judicial.

Una delegación de Amnistía Internacional formada por cinco personas ha estado monitoreando la situación en Cataluña desde hace varios días, incluyendo la tarde del sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre y ha visitado numerosos centros de votación durante todo el fin de semana, recopilando diversos testimonios y declaraciones.

Según los datos proporcionados por la Consejería de Salud de la Generalitat, hasta las 12 horas de hoy lunes, el domingo 1 de octubre se habría asistido por heridas, contusiones o afectaciones de la salud a 893 personas en los centros de atención primaria y hospitales como resultado de la acción policial. Dos heridos graves están ingresados en el hospital de Sant Pau y Vall d’Hebron. La mayoría de los heridos estarían en la región sanitaria de Barcelona. Según fuentes del Ministerio del Interior, habría 19 agentes heridos de la policía nacional y también 14 agentes de la Guardia Civil. Diversas imágenes también muestran actitudes violentas de algunos manifestantes contra agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional. Un agente de la Guardia Civil resultó herido después de que se le lanzase una silla en el centro de votación de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

 

“Está claro que varias de las actuaciones de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han saldado con un uso excesivo e innecesario de la fuerza, una utilización peligrosa de material antidisturbios,  y han provocado centenares de heridos, contusionados y afectados que protestaban pacíficamente”, ha afirmado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

Bajo el derecho internacional, los agentes encargados de hacer cumplir la ley pueden usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesaria para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Las actuaciones para garantizar el cumplimiento del mandato del TSJC debe estar en línea con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.  Amnistía Internacional considera que en muchos casos, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron uso desproporcionado de la fuerza.

La organización de derechos humanos ha podido documentar también el uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, como pelotas de goma, por parte de agentes de la Policía Nacional en, al menos, la calle Sardenya con calle Diputació, en Barcelona. Dos observadores de Amnistía Internacional fueron testigos de la carga policial de los agentes, que intentaban abrirse paso después de que un grupo de manifestantes se sentasen en la calle con objeto de impedir el paso de furgones policiales tras su intervención en el colegio público Ramon Lull con el objetivo requisar las urnas que allí se encontraban.

Casi a la media hora de ser bloqueados por los manifestantes, los agentes se abrieron paso golpeando a manifestantes con sus defensas de goma. Al mismo tiempo algunos agentes dispararon cartuchos de fogueo lo que provocó que la gente se levantase y empezara a dispersarse. Los furgones policiales avanzaron con rapidez por la calle Sardenya. Mientras tanto, algunos manifestantes lanzaron objetos contra los policías, que seguían disparando salvas. Según los testimonios que ha recabado la organización, en su retirada, los agentes también dispararon pelotas de goma a escasa distancia de los manifestantes que corrían detrás de ellos, hiriendo al menos a dos personas. Al parecer, una de ellas en la pierna, y la otra en el ojo derecho, ésta última operada quirúrgicamente en el hospital de Sant Pau, donde se encuentra ingresada.

Amnistía Internacional recuerda que los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas alertan, en relación a las pelotas de goma, que pueden causar graves lesiones, especialmente si impacta en la cabeza, cara o parte superior del cuerpo. Para cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad, y de manera más general con el respeto al derecho a la vida y la integridad personal, los agentes encargados de hacer cumplir la ley no deben usar este tipo de material antidisturbios como instrumento general para dispersar a la multitud, sino únicamente para parar a personas violentas. Debido a su falta de exactitud,  y su alto grado de imprecisión, nunca deben ser disparados sin un objetivo concreto o contra el suelo, ya que pueden rebotar y golpear partes superiores del cuerpo. Los estudios médicos han mostrado un mayor riesgo de muerte o lesiones graves si los proyectiles impactan en la cabeza o la parte superior del cuerpo.

La organización también ha recibido testimonios y ha visualizado imágenes que muestran como los agentes han utilizado material antidisturbios y un uso excesivo de la fuerza contra personas que se concentraban en los alrededores de algunos colegios, como en el caso de la Escuela Mediterrània en el barrio de la Barceloneta de Barcelona. Imágenes aparecidas en medios de comunicación muestran como, fuera de este centro, algunos policías golpeaban a personas indefensas sin que hubiera ninguna amenaza aparente. Un agente de la policía, por ejemplo, golpea a una mujer en el cuello y la cara, en al menos dos ocasiones, sin que medie aparente provocación. Igualmente en las mismas imágenes se observa como otro agente de la policía nacional golpea a un hombre que también se encontraba frente al colegio con un puñetazo en la cara. De la misma forma, las imágenes captadas en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) muestran como un agente de la Guardia Civil  golpea con sus defensas de goma en la cara de algunos manifestantes  que rodean el centro de votación

Esta forma de actuar contrasta con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas que indican que las porras y otros dispositivos de similar impacto no deben utilizarse contra personas que no muestren una conducta amenazadora o agresiva. Cuando su uso sea inevitable, los agentes deben evitar causar lesiones graves; deben prohibirse los golpes con porras dirigidos a la cabeza, el cuello, la garganta, la columna vertebral, la región lumbar, el plexo solar, las rodillas, los tobillos y partes vitales del cuerpo.

Finalmente, Amnistía Internacional recuerda que, mientras los participantes de una reunión o manifestación no opongan resistencia violenta a la policía, ésta no puede usar la fuerza. Cuando la conducta de los manifestantes sea simplemente de resistencia pasiva al cumplimiento del objetivo policial, la fuerza debe ser mínimamente necesaria y siempre proporcionada al objetivo que se quiere conseguir. En opinión de la organización, imágenes del desalojo del Instituto Pau Claris, situado en el Passeig Lluís Companys de Barcelona demuestran como algunas de las personas que se encontraban allí concentradas son fuertemente golpeadas y empujadas violentamente por agentes de Policía, incluso en casos donde no se aprecia resistencia alguna.

“La Policía Nacional y la Guardia Civil han sido claramente obstaculizadas en el ejercicio de sus funciones en numerosos centros de votación, pero existe mucha información disponible que demuestra que agentes de policía han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y estos actos deben ser investigados, los responsables llevados ante la justicia y estos hechos nunca deben repetirse en el futuro”, ha afirmado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional exige que se abra con urgencia y sin demora una investigación exhaustiva, inmediata, e imparcial por parte de las autoridades españolas sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza de miembros de la policía nacional y la guardia civil. Todo uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe llevarse a cabo de modo que cumplan con el derecho y las normas internacionales y ser objeto de revisión. Si la investigación concluye que ha habido un uso excesivo de la fuerza, los responsables deben ser sometidos a los procedimientos penales o disciplinarios oportunos. El uso abusivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe tratarse como un delito.


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Myanmar: graves responsabilidades del ejército en la situación de las minorías étnicas.

Por Matthew Wells (@mattfwells), asesor general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis,

El soldado dirigió la navaja hacia la nariz de Dau*, amenazándolo con cortársela si no contestaba “correctamente” a sus preguntas. Se las llevaban formulando todo el día: que si luchaba para un grupo armado, que si llevaba comida a los combatientes, que dónde estaban los combatientes…

Un desfile de soldados del ejército de Myanmar había competido en violencia para obligarlo a responder. Los menos creativos lo habían pisoteado con sus botas, y le habían propinado puñetazos y golpes con los rifles. Otro le quemó la cara y el cuello con un mechero, y un tercero se abalanzó sobre él en repetidas ocasiones con una navaja, haciendo amago de ir a clavársela una y otra vez.

Lo que más miedo le dio fue cuando lo metieron en un saco, que cerraron con cremallera. “Era muy difícil respirar”, rememora semanas más tarde. “A duras penas conseguía hacerlo”.

Tanto Dau como otra persona que había sobrevivido también a la tortura nos contaron que habían sido detenidos junto con otras seis personas —entre ellas, dos mujeres— la mañana del 2 de julio de 2017, después de que más de 100 soldados de dos batallones de infantería del ejército irrumpieran en su pueblo, situado en el término municipal de Mantong (estado de Shan del Norte). La noche anterior, el ejército había caído en una emboscada que le había tendido, en las proximidades del lugar, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA), uno de los diversos grupos armados étnicos que luchan contra el ejército de Myanmar en una región cercana a la frontera china.


Paisaje del término municipal de Kutkai, con una pequeña población al fondo (estado de Shan del Norte, Myanmar), 28 de julio de 2017. © Minzayar Oo-Panos/Amnesty International

Un conflicto que empeora

Tras las históricas elecciones generales de noviembre de 2015, la veterana activista por la democracia Aung San Suu Kyi se convirtió, de facto, en la presidenta del gobierno de Myanmar, compuesto casi exclusivamente por civiles, tras decenios de gobierno militar. La nueva líder dio máxima prioridad al proceso de paz y a la reconciliación nacional, lo que hizo concebir la esperanza de que los intermitentes combates que venían librándose desde hacía décadas en las tierras fronterizas del país llegaran a su fin, al igual que la arraigada discriminación que sufrían las minorías étnicas.

Sin embargo, la promesa de una nueva etapa en la historia de Myanmar no se ha hecho realidad, ya que el ejército sigue aferrado a sus brutales tácticas de siempre, y quienes ejercen el liderazgo civil no parecen reaccionar con la firmeza necesaria. De hecho, a lo largo del último año, el conflicto y los abusos se han intensificado.

Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, ha advertido de que, en el estado de Rajine, las fuerzas de seguridad están involucradas en posibles crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la minoría rohingya.

Asimismo, el ejército viene cometiendo reiteradamente abusos similares en el norte de Myanmar, aunque éstos captan mucho menos la atención internacional. Un informe de Amnistía Internacional publicado en junio documentaba crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos contra la población civil de los estados de Kachin y de Shan del Norte, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, bombardeos indiscriminados, trabajos forzados y restricciones de acceso a la ayuda humanitaria.

A finales de julio, personal humanitario que trabaja en el estado de Shan del Norte, y que ha preferido permanecer en el anonimato, nos aseguró que la situación había empeorado a lo largo de las últimas semanas, y que, en su implacable lucha contra el TNLA, el ejército atacaba con frecuencia a la población civil.

Un castigo colectivo

En cada golpe, Dau repetía a los soldados que era agricultor, que cultivaba arroz y hojas de té y que la noche anterior, cuando estaba cortando madera, oyó una refriega y se escondió hasta que acabó. Pero los soldados no lo creían, o tal vez, les daba igual.

Dau y las demás personas detenidas y torturadas ese día, de la mañana a la noche, pertenecen a las minorías étnicas kachin y ta’ang. La población civil kachin y ta’ang afirma que el ejército de Myanmar la trata con desconfianza incluso cuando cesan los combates, pues asume que apoya a los grupos armados étnicos de la zona. Cuando ocurre algo parecido a la emboscada del 6 de julio contra el ejército, los soldados lanzan a menudo ataques en represalia contra la población civil de las aldeas próximas, en lo que constituyen crueles castigos colectivos.

Dos semanas antes, el 23 de junio, el ejército luchó contra el TNLA en las cercanías de la población ta’ang de Man Lan, situada también en el estado de Shan del Norte. A la mañana siguiente, decenas de soldados bajaron hasta el pueblo. Inicialmente, detuvieron a un reducido número de personas, pero luego obligaron a todos a entrar en un monasterio, donde las tuvieron recluidas durante cuatro días y tres noches.

Daw Aye Hman, de 66 años, se encontraba con su esposo y su hijo en su domicilio, cuando los soldados los detuvieron y los obligaron a ir al monasterio. “Nos apuntaron con pistolas mientras gritaban”, recuerda. “Nos insultaron. Pasamos mucho miedo”.

Según los testigos con los que hablamos y los defensores y defensoras locales de derechos humanos que han investigado los hechos, los soldados se llevaron y torturaron a varias personas, entre ellas familiares de presuntos combatientes del TNLA. Asimismo, tomaron fotografías de todos los hombres, y los interrogaron.

El hijo de Daw Aye Hman, de nombre Kyaw Aung y 38 años, fue uno de ellos. Nacido con una discapacidad del desarrollo que afectaba también a su movimiento, vivía aún con sus progenitores, a los que ayudaba en la granja.

No sabía responder bien a una pregunta”, explica Daw Aye Hman. “Nos preguntaron si alguno éramos soldados [del TNLA], y mi hijo no supo qué responder. Además, le vieron la cicatriz de la cara, de cuando se cayó. [Por la cicatriz] Y sospecharon que era soldado”.

Varios soldados del ejército de Myanmar lo golpearon una y otra vez en la cabeza, a puñetazos y con trozos de madera. Testigos presenciales afirman que los soldados le pegaron dentro del monasterio, y que luego lo sacaron fuera. Más tarde, su cadáver fue hallado abandonado entre Man Lan y un pueblo cercano.

Mi hijo ya no estará en el pueblo”, dice Daw Aye Hman, que se encuentra aún desplazada, meses después de lo ocurrido. “No quiero volver”.


Mujer kachin preparando el desayuno para su familia, mientras sus hijos juegan en la cocina común para personas internamente desplazadas de una iglesia de la Convención Bautista Kachin (KBC) en Kutkai, estado de Shan del Norte (Myanmar), 30 de julio de 2017. © Minzayar Oo-Panos/Amnesty International

El ejército mantiene un control férreo

Mientras Myanmar normaliza sus relaciones con la comunidad internacional, el ejército no parece abandonar las tácticas de mano dura que han contribuido a convertir al país en un Estado paria durante decenios. En muy contados casos se castigan incluso los crímenes de guerra, ya que el ejército sigue controlando sus propios procesos judiciales.

De las más de 100 víctimas de violaciones de derechos humanos entrevistadas por Amnistía Internacional en el norte de Myanmar a lo largo de los últimos cinco meses, ninguna ha denunciado. La mayoría se reía sólo de pensarlo. Decían que, probablemente, los matarían o encarcelarían antes de abrir una investigación creíble sobre la presunta responsabilidad de un soldado o de un mando militar. La experiencia del pasado avala esa opinión.

Muchas personas de minorías étnicas del norte de Myanmar creían que las elecciones de 2015 supondrían un cambio en esta arraigada situación. Ahora, afirman que el gobierno de Aung San Suu Kyi es cómplice, ya que no ha tomado medidas contra las violaciones del ejército contra la población civil, y ni siquiera las ha denunciado. De hecho, el gobierno ha apoyado al ejército a la hora de obstaculizar el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas por el conflicto.

Además, ha comunicado que no va a permitir la entrada de una misión de la ONU, encargada de investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas en el país. Así, al impedir un examen independiente de las acciones del ejército, el gobierno de Aung San Suu Kyi refuerza aún más la cultura de impunidad del primero.

La última vez que hablamos con Dau, a finales de julio, nos aseguró que algunos de los soldados que lo habían torturado seguían en el pueblo. No tiene más remedio que verlos con frecuencia, cuando se dirige a la granja.

“No queremos tener miedo”,
 afirma Dau. “Necesitamos que el ejército de Myanmar viva en paz con las comunidades étnicas. No quiero que nos vuelvan a torturar”.

*Dau es un nombre ficticio. Hemos cambiado su nombre, y ocultado el nombre de su localidad, para protegerlo de represalias.

NOTA: Este artículo se publicó originalmente en The Diplomat.


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Camboya: detenido el líder de la oposición.

Camboya: Alto Comisionado preocupado por arresto del líder de la oposición

Zeid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Foto: ONU/Jean-Marc Ferré

04 de septiembre, 2017 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos mostró hoy su preocupación por el arresto bajo la acusación de traición de Kem Sokha, el líder del principal partido político de la oposición en Camboya.

En un comunicado emitido en Ginebra este lunes, Zeid Ra’ad Al Hussein destacó que la detención se habría llevado a cabo sin respetar las garantías del debido proceso, que incluiría el respeto a su inmunidad parlamentaria.

Sokha se enfrenta a una pena de prisión de entre 15 a 30 años por las manifestaciones que realizó durante un discurso el año 2013 que fue grabado en video y del cual las autoridades camboyanas disponen una copia.

Zeid también indicó que las declaraciones públicas del primer ministro y otros altos funcionarios acerca de la culpabilidad de Sokha vulneran la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo del acusado, en virtud del derecho internacional humanitario.

El Alto Comisionado mostró su inquietud por otras medidas llevadas a cabo por el gobierno de Camboya, como son el cierre de medios de comunicación, entre ellos diversas emisoras de radio y el periódico independiente en inglés The Cambodia Daily, y una ONG extranjera.


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Venezuela: uso desproporcionado de la fuerza represiva según ONU.

Venezuela: expertos de la ONU advierten sobre la violación sistemática de los derechos humanos

 

(RV).- “Desde que la ola de manifestaciones comenzó en el mes de abril, se ha aplicado un patrón evidente de uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Según las fuentes, varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas han sido víctimas de malos tratos e incluso de torturas, y varios cientos han sido juzgadas en tribunales militares, en vez de presentarlas ante los tribunales civiles”, es cuanto informó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, en espera de la publicación del informe completo, con las conclusiones del equipo de oficiales de derechos humanos desplegados para realizar un seguimiento de la crisis en Venezuela;  informe que será presentado a finales de agosto de este año.

El Alto Comisionado señaló que, “ante falta de respuesta de las autoridades venezolanas a sus peticiones de acceso, desplegó un equipo de oficiales de derechos humanos para realizar un seguimiento a distancia, incluso desde Panamá, de la situación de derechos humanos en este país, del 6 de junio al 31 de julio”. El equipo llevó a cabo unas 135 entrevistas a víctimas y familiares, testigos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados, médicos paramédicos y un funcionario de la oficina de la Fiscal General.

Uso generalizado y sistemático de la fuerza y detenciones arbitrarias

Las entrevistas realizadas – señaló Al Hussein – sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva y detenciones arbitrarias contra los manifestantes. “Las conclusiones del equipo – agregó – indican la existencia de un patrón de otras violaciones de derechos humanos, que abarcan allanamientos violentos de viviendas, torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas”.

Según contaron los testigos en las entrevistas, las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones.

Aunque no se dispone de estadísticas oficiales sobre el número de detenciones, puntualizó el Alto Comisionado, los cálculos más fidedignos indican que desde el 1 de abril, cuando comenzaron las manifestaciones, hasta el 31 de julio, más de 5.051 personas sufrieron detención arbitraria. Más de 1.000 personas siguen detenidas en conexión con las manifestaciones. En varios casos hay indicios verosímiles de que las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura. “Entre los métodos usados figuran choques eléctricos, golpizas en las que han empleado hasta los cascos y las porras, mientras los detenidos estaban esposados, la práctica de colgar a los reos de las muñecas durante periodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte – y en algunos casos con la violencia sexual – a ellos y a sus familiares.

Exhortación a colaborar con la solución de las tensiones del país

Finalmente, el Alto Comisionado instó a las autoridades venezolanas  que pongan fin de inmediato al uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, cesen las detenciones arbitrarias y liberen a todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente. De otra parte, Al Hussein recordó a las autoridades la prohibición absoluta de usar la tortura, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo, pidió que se suspenda el uso de tribunales militares para juzgar a los civiles. “Exhorto a todas las partes – afirmó el Alto Comisionado – a que colaboren con el fin de solucionar las tensiones del país, que se agravan con rapidez, a que renuncien al uso de la violencia y a que tomen medidas con miras a establecer un diálogo político significativo”.


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Jerusalén: represión de la policía israelí.

Las fuerzas israelíes atacan a multitudes pacíficas en lugares sagrados de Jerusalén

Fuerzas armadas israelíes © Amnesty International

27 de julio de 2017

Las fuerzas israelíes han atacado esta tarde a una multitud pacífica de personas palestinas que se estaban congregando en la mezquita de Al Aqsa de Jerusalén por primera vez desde que Israel retiró las recientes medidas de seguridad impuestas allí, según personal de Amnistía Internacional que se encontraba presente.

“Las fuerzas israelíes han comenzado a disparar granadas aturdidoras, gas lacrimógeno y balas de punta de esponja contra una multitud pacífica congregada a la entrada del recinto de la mezquita de Al Aqsa y en su interior. El ataque parece haberse efectuado sin que hubiera provocación alguna. Algunas personas palestinas han respondido arrojando botellas de agua vacías. Otras han comenzado a arrojar también piedras”, ha afirmado Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Hacer uso excesivo e innecesario de la fuerza para dispersar una concentración pacífica constituye un incumplimiento flagrante de la obligación de Israel de hacer valer el derecho de reunión pacífica de la población palestina. Las autoridades israelíes deben refrenar con urgencia a sus fuerzas de seguridad para impedir que la situación se agrave hasta quedar fuera de control y para evitar que continúe el derramamiento de sangre.”

La Sociedad Palestina de la Media Luna Roja ha dicho que al menos 96 personas palestinas han resultado heridas hoy en la mezquita de Al Aqsa y sus alrededores. Desde que comenzaron los incidentes han muerto cuatro civiles palestinos y han resultado heridos más de 1.090 en ataques de las fuerzas israelíes durante manifestaciones y enfrentamientos ocurridos en Cisjordania, incluido Jerusalén.