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Egipto: carácter represivo de las medidas contra la violencia.

  

 Egipto: Las autoridades deben abordar la violencia sectaria, no abusar de los poderes de excepción

Funerales de las víctimas de los ataques reivindicados por el autodenominado Estados Islámico // MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images

10 de abril de 2017

Las medidas del estado de excepción declarado por el presidente Abdel Fatah al Sissi a raíz de los tres deplorables atentados con bombas perpetrados contra iglesias en Egipto no servirán de mucho para resolver las causas originarias de los ataques sectarios contra los coptos en Egipto, y lo más probable es que den lugar a un deterioro mayor de la situación de los derechos humanos, según ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

El grupo armado autodenominado Estado Islámico ha reivindicado la autoría de los atentados con bombas cometidos de manera sincronizada en Tanta, y otros dos en Alejandría, dirigidos contra los servicios religiosos celebrados con motivo del Domingo de Ramos.

“Los mortíferos atentados contra las iglesias demuestran un lamentable desprecio por la vida humana y deben ser condenados en los términos más enérgicos. Nada puede justificar un ataque terrorífico contra ciudadanos corrientes que asisten a un lugar de culto”, ha afirmado Najia Bounaim, directora adjunta de Campañas de la Oficina Regional de Amnistía Internacional en Túnez capital.

Las autoridades egipcias tienen la obligación de proteger la vida y la seguridad de la población, pero la solución no está en seguir restringiendo y endureciendo las restricciones sobre las pocas libertades que quedan en Egipto. Para resolver el problema de la violencia sectaria hace falta sincera voluntad política de poner fin a la impunidad y ofrecer protección.

“Egipto tiene un historial de varios decenios recurriendo a medidas de excepción que otorgan a las fuerzas de seguridad amplios poderes para cometer violaciones de derechos humanos sin control, y que dan lugar a detenciones arbitrarias, tortura y otros abusos graves.”

Estado de excepción en Egipto
En agosto de 2013 fue declarado una vez más el estado de excepción en Egipto por un periodo de tres meses tras la violenta disolución de las sentadas de Rabaa y Al Nahda.

Anteriormente, durante el régimen del presidente Hosni Mubarak, Egipto estuvo sometido al estado de excepción durante 31 años, hasta 2012, lo que facilitó la comisión sistemática de violaciones de derechos humanos y permitió a las fuerzas de seguridad egipcias recluir durante años a miles de personas en detención administrativa sin respetar las garantías procesales concebidas para garantizar la administración imparcial de justicia. En 2013, el Tribunal Constitucional revocó la disposición que permitía la detención administrativa en virtud de la Ley del Estado de Excepción (Ley 162 de 1958).

Desde que se levantó el estado de excepción, las autoridades egipcias han recurrido al sistema ordinario de justicia penal para aplicar la detención preventiva y celebrar juicios colectivos ante salas especiales sobre terrorismo que han impuesto la pena de muerte o la cadena perpetua en cientos de casos tras un juicio sin las debidas garantías.

Sin embargo, resulta más preocupante que la Ley del Estado de Excepción permita a las autoridades celebrar juicios ante unos tribunales de seguridad del Estado para el estado de excepción que son manifiestamente injustos y no respetan el derecho de apelación.

“El estado de excepción nunca puede servir de excusa para cometer violaciones de derechos inderogables. No se puede legalizar la tortura, el homicidio ilegítimo, la desaparición forzada y la detención arbitraria declarando el estado de excepción”, ha dicho Najia Bounaim.

El presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sissi, también ha firmado y aprobado la Ley Antiterrorista (Ley 94 de 2015), que concede a las autoridades amplias atribuciones normalmente reservadas al estado de excepción y que en la práctica restringe arbitrariamente los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.

Las autoridades habían usado durante décadas el estado de excepción como excusa para reprimir la disidencia, conculcar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, remitir causas a los tribunales militares y de excepción y poner a personas bajo custodia sin orden judicial.

Las imprecisas disposiciones de la Ley del Estado de Excepción facultan al presidente para privar de libertad a las personas y restringir su libertad de circulación. También conceden amplias atribuciones a las autoridades para llevar a cabo operaciones de vigilancia que vulneran el derecho a la intimidad y para imponer censura previa a los medios de comunicación. Según el diario egipcio Albawaba, una hora después de declararse el estado de excepción, las autoridades confiscaron su edición del lunes debido a la información que contenía sobre los ataques a iglesias.

De acuerdo con la Constitución de Egipto, el presidente está facultado para declarar el estado de excepción tras consultar a su consejo de ministros. La decisión debe ser aprobada por el Parlamento en el plazo de siete días.

En vista del historial de violaciones graves asociadas a un prolongado estado de excepción en Egipto, Amnistía Internacional ha pedido al Parlamento egipcio, que mañana tiene previsto debatir sobre el estado de excepción, que analice detenidamente los argumentos del gobierno para justificar el estado de excepción. El Parlamento debe cerciorarse de que la emergencia pública declarada alcanza el estricto umbral exigido por el derecho internacional de los derechos humanos y de que todas las medidas de excepción propuestas son las estrictamente necesarias para afrontar esa emergencia pública declarada. Esto debe incluir la aportación de pruebas que demuestren que sólo es posible abordar eficazmente la amenaza adoptando las medidas de excepción propuestas, y no aplicando correctamente las leyes existentes, así como un análisis cuidadoso de la estricta necesidad y proporcionalidad de tales medidas.

Aunque la Constitución egipcia limita la duración del estado de excepción a tres meses prorrogables una vez, las autoridades egipcias vienen burlando estas limitaciones constitucionales desde 2014 en Sinaí del Norte al prorrogar cada tres meses el estado de excepción, propiciando la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y homicidios ilegítimos.

Información complementaria sobre ataques sectarios
Los ataques contra la minoría religiosa de cristianos coptos de Egipto han ido en aumento desde el derrocamiento del ex presidente Mohamed Morsi en julio de 2013. Se han incendiado iglesias y hogares coptos, y se ha agredido físicamente a miembros de la minoría copta, cuyos bienes además han sido saqueados. En los tres últimos años se han registrado 400 episodios de violencia sectaria, según los cálculos del Instituto Tahrir. La Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales ha documentado al menos 64 episodios de violencia sectaria de 2011 a 2016 en los que las autoridades recurrieron a la vía de la reconciliación en vez de aplicar la ley.

Resulta alarmante la persistente falta de medidas por parte del gobierno para proteger a los cristianos coptos de la violencia sectaria. En diciembre de 2016, al menos 25 personas resultaron muertas en un atentado con explosivos perpetrado en una iglesia de El Cairo. Tras los asesinatos de siete personas en Sinaí del Norte entre el 30 de enero y el 23 de febrero de 2017, un grupo afiliado al Estado Islámico en el Sinaí anunció que estaban planeados más ataques violentos contra los coptos. En Tanta, una semana antes, un agente de policía perdió la vida y 15 personas más resultaron heridas en un atentado con bomba contra uno de los centros de formación dirigidos por el Ministerio del Interior.

Además, las autoridades egipcias no han procesado en ningún caso a los responsables de ataques sectarios contra cristianos, y en su lugar han recurrido a acuerdos de reconciliación promovidos por el Estado que, en ocasiones, implican arreglos económicos o incluso el desalojo forzoso de familias cristianas de sus hogares. Como consecuencia, no ha habido castigo para los instigadores de la violencia sectaria contra los cristianos.


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Movimientos populares y represión creciente en América Latina.

Movimientos populares siguen en pie de lucha, desde el Vaticano

Tras haber recibido la bendición del Papa Francisco en tres encuentros mundiales, ahora los movimientos populares buscan sumar fuerzas con otras instituciones de la Iglesia católica
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Los Movimientos populares con el Papa Francisco

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Pubblicato il 07/04/2017
Ultima modifica il 07/04/2017 alle ore 12:10
ANDRÉS BELTRAMO ALVAREZ
CIUDAD DEL VATICANO

Los movimientos populares no se detienen. Siguen en pie de lucha, no solo en diversos países de Sudamérica sino también en Roma. Uno de sus referentes, el argentino Juan Grabois, viajó esta semana al Vaticano para asistir a un congreso sobre desarrollo integral. Mantuvo reuniones con cardenales, obispos y líderes católicos. Tejió vínculos para reforzar las campañas impulsadas por los movimientos. Habló, preocupado, del “recrudecimiento de la represión” en varios países latinoamericanos. Y denunció la violenta irrupción policial en un comedor de Lanús, en su país. “Un grave caso de violación a los derechos humanos”.

 

El congreso “Perspectivas para el servicio al desarrollo humano integral” convocó esta semana, en el Aula Nueva del Sínodo, a más de 300 delegados de todo el mundo. ¿El objetivo? Recordar los 50 años de la encíclica del Papa Pablo VI “Populorum Progressio”. Un documento emblemático. Una crítica filosa a la tecnocracia extrema y al capitalismo salvaje.

 

El Papa Francisco intervino, con un discurso, el martes 4 de abril. Habló de integración y solidaridad, para evitar que se produzca la “dramática desigualdad entre el que tiene mucho y el que no tiene nada, entre el que descarta y el descartado”. Y apuntó: “Solo el camino de la integración entre los pueblos permite a la humanidad alcanzar un futuro de paz y de esperanza”.

 

Entre quienes lo escucharon estuvo Grabois, exponente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP). Su presencia resultó sugerente, aunque natural. No sólo porque mantiene una añeja relación de cercanía con el Papa. Sobre todo, por ser una de las principales voces críticas en su país, ante una situación de “emergencia social”, como él mismo la ha calificado.

 

Consultor del ya extinto Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano, es considerado y apreciado en Roma. Durante el congreso de estos días, algunos directivos del Consejo Episcopal Latinoamericano le propusieron organizar un encuentro latinoamericano de movimientos populares en Lima (Perú). Una reunión similar a las realizadas, con la presencia del Papa, en 2014, 2015 y 2016.

 

Además, sostuvo conversaciones con Fabrice Hadjadj, director del Instituto Europeo de Estudios “Philanthropos” de Friburgo (Suiza) y con Sabina Alkire, directora de la Oxford Poverty and Human Development Initiative, de la Universidad de Oxford (Reino Unido), creadora de un eficaz sistema para la medición estadística de la pobreza.

 

Más allá de eso, ocupó buena parte del tiempo en denunciar la violenta irrupción policial en el local “Cartoneritos”, un comedor que él mismo ayudó a fundar y que se encuentra ubicado en la localidad argentina de Lanús, a las puertas de la ciudad de Buenos Aires. El sitio, adscrito al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), da cada día de comer a cientos de pobres y necesitados.

 

A cardenales, obispos y participantes contó los detalles de la represión ocurrida la noche del 30 de marzo. Refirió datos que le hacen estar seguro de que todo se trató de “una persecución”, y señaló responsabilidades del secretario de Seguridad y Movilidad Sustentable del Municipio de Lanus, Diego Kravetz.

 

Según la versión oficial, reportada por la prensa argentina, los policías “se vieron obligados” a irrumpir en el local de Villa Caraza porque “buscaban a un prófugo”. Pero lo hicieron con lujo de violencia, pateando, disparando balas de goma y lanzando gas pimienta contra niños, jóvenes, mujeres embarazadas y discapacitados. Terminaron destruyendo el lugar, dejando evidentes signos de saña.

 

Con un mensaje en la red social Twitter el propio Grabois, también abogado de las víctimas, informó que una de las cocineras, Laura Zaracho, perdió a su bebé en el seno materno. Por eso denunció el homicidio, tanto en la justicia argentina como ante clérigos romanos, muy sensibles a la defensa de la vida intrauterina.

 

Finalmente se descubrió que los policías no perseguían a un prófugo, porque la persona en cuestión –que no estaba escapando – en realidad es un ex detenido sin deudas pendientes con la ley. Por eso, no tuvo problemas en apersonarse en una comisaría para presentar una denuncia por estos hechos.

 

El ataque provocó la reacción de una multitud de vecinos. Una protesta que debió extenderse hasta las primeras horas de la madrugada, por la desaparición de dos muchachos: Maximiliano y Nahuel, de 24 y 17 años. Cuando aparecieron, pasada la una de la mañana, ellos relataron haber sufrido torturas por parte de la policía municipal, al cargo del intendente Néstor Grindetti. Es más, entre las 20:30 y las 23:00 nadie supo dónde estaban. No fueron llevados a la comisaría, como debió ser el caso. En cambio, recibieron sendas golpizas en descampados.

 

Apenas cinco días después de esos episodios, el presidente argentino Mauricio Macri visitó, junto a Grindetti, un Centro de Monitoreo policial en Lanús. Lo hizo acompañado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. El recorrido fue interpretado por la prensa como un “fuerte apoyo” político, justo cuando cientos de vecinos salieron a marchar para exigir justicia.

 

El relato de estos y episodios violentos verificados en los últimos meses contra líderes sociales en Argentina llegó hasta el Vaticano por boca de Grabois, provocando estupor y dejando en el aire la sensación de una “escalada represiva” en el país.

 

En Roma, el líder de los movimientos populares se reunió también con Michel Roy, presidente mundial de la organización Caritas, y se entrevistó con exponentes de diversas instituciones de la Iglesia católica, con el objetivo de sumar fuerzas para reforzar las seis campañas globales definidas como prioritarias por los movimientos populares: Acceso al agua como derecho humano básico, defensa de la vida y la naturaleza, democracia participativa, salario social, integración urbana de las villas y ciudadanía universal.


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Turquía; consecuencias de las medidas represivas del gobierno.

Turquía: Los toques de queda y la represión expulsan a cientos de miles de kurdos de sus hogares

Imagen de una casa destrozada por los combates en Sur ©Guy Martin/Panos
  • Primer aniversario del toque de queda permanente en sitio declarado patrimonio mundial de la UNESCO
  • El desplazamiento forzado puede constituir castigo colectivo

6 de diciembre de 2016

Decenas de miles de residentes de Sur, sitio declarado patrimonio mundial por la UNESCO, forman parte del medio millón de personas que según estimaciones se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la brutal campaña de represión que las autoridades turcas han llevado a cabo durante el último año y que podría constituir castigo colectivo, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Cuando la represión de las voces de la oposición kurda por el gobierno turco se intensifica, el informe, titulado Displaced and dispossessed: Sur residents’ right to return home, revela la situación desperada de familias que se han visto obligadas a abandonar el centro histórico de Diyarbakır como consecuencia de las intensivas operaciones de seguridad llevadas a cabo a finales del año pasado y del toque de queda actualmente en vigor día y noche. Las viviendas del antes animado distrito han sido destruidas por los bombardeos, demolidas y expropiadas para dar paso a un proyecto de reurbanización del que es probable que se beneficien muy pocos ex residentes.

Un año después de la imposición del toque de queda permanente en Sur, miles de personas continúan desplazadas de sus hogares, tienen dificultades para poder subsistir y se enfrentan a un futuro incierto en un clima cada vez más represivo”, ha afirmado John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional.

“Mientras que la represión de la sociedad civil en el sudeste de Turquía ha recibido una amplia cobertura informativa, loe medios han prestado escasa atención al desplazamiento forzado que ha destrozado las vidas de personas corrientes con el pretexto de la seguridad.”

Tras la ruptura del alto el fuego en julio de 2015, estallaron los enfrentamientos entre personas vinculadas al armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las fuerzas de seguridad turcas. Como respuesta a las declaraciones de “autogobierno”, la construcción de barricadas y la excavación de trincheras en Sur, el distrito central de Diyarbakır, y otras ciudades del sudeste, las autoridades comenzaron a imponer toques de queda de 24 horas y a llevar a cabo operaciones de seguridad fuertemente militarizadas.

El 11 de diciembre de 2015 se declaró el toque de 24 horas y por tiempo indefinido en 6 de los 15 barrios de Sur que impedía a las personas salir de sus viviendas incluso para comprar suministros alimentarios o médicos esenciales. Según informes, la policía hizo uso de altavoces para ordenar a la gente que se marchara. El suministro de agua y electricidad se cortaba durante largos periodos, mientras las viviendas eran sacudidas por los proyectiles del ejército y acribilladas por las balas.

Una mujer que intentó quedarse en su vivienda dijo a Amnistía Internacional: “Estuve en la casa con dos niños, no bebimos agua durante una semana. Un día dispararon un bote de gas [lacrimógeno] contra la casa. No tuvimos electricidad durante 20 días. Yo quería marcharme pero no tenía adonde ir.”

Los enfrentamientos en Sur terminaron en marzo de 2016, pero el toque de queda ha persistido en extensas zonas del distrito. Tras los desalojos forzosos, casi todas las propiedades han sido expropiadas por las autoridades turcas y muchos edificios han sido demolidos. Aunque el retorno es casi imposible ahora debido al toque de queda y a la destrucción, algunos residentes se han arriesgado a volver pero sólo han encontrado sus hogares allanados y sus posesiones saqueadas o destruidas.

Un hombre que regresó a su vivienda ocho meses después de ser desplazado encontró todas las paredes derrumbadas. Explicó a Amnistía Internacional: “Ya ni siquiera puedo llorar. He llorado tanto por la pérdida de mi casa.”

La policía obligó a otro hombre a abandonar su vivienda, junto con su padre y su hermano, y después los detuvo. Este hombre dijo a Amnistía Internacional: “Nos obligaron a salir apuntándonos con sus armas a la cabeza.” Al principio se acusó formalmente a los tres de delitos de terrorismo, pero después se retiraron los cargos. Cuando regresó a su vivienda descubrió que sus posesiones habían sido quemadas.

Una mujer dijo a Amnistía Internacional que la policía la hostigó cuando visitó su casa seis meses después de verse obligada a marcharse, y no tiene intención de volver. “Encontramos todas nuestras pertenencias rotas y amontonadas en el patio”, dijo. A su familia le ofrecieron una indemnización de 3.000 liras turcas (unos 800 euros) por la pérdida de sus posesiones, una mínima parte de su valor. Su nuera dijo: “Teníamos intención de apelar, pero dijeron que eso era todo lo que conseguiríamos, así que firmamos.”

Residentes desplazados no han podido encontrar una vivienda alternativa adecuada y asequible y tienen dificultades para acceder a servicios esenciales. Muchos perdieron su empleo al ser desplazados, y los niños y niñas han visto gravemente alterada su educación o han abandonado por completo la escuela. Las indemnizaciones totalmente inadecuadas y la falta de ayuda suficiente –o, en algunos casos, de cualquier tipo de ayuda– de las autoridades para pagar el alquiler han sumido a familias ya empobrecidas en mayores privaciones.

Para agravar la situación, las medidas adoptadas contra las voces de oposición kurdas tras el intento de golpe de Estado han dado lugar al cierre de ONG que proporcionaban un apoyo decisivo a las personas pobres y desplazadas.

Los residentes rechazan la pretensión del gobierno de que el toque de queda en vigor y las demoliciones de casas se hagan en interés de la seguridad dado que los enfrentamientos terminaron hace ocho meses. Por el contrario, consideran que forman parte de un plan calculado para reurbanizar sus barrios y reasentar a sus habitantes en otros lugares. Se ha recuperado un proyecto de regeneración urbana anunciado por primera vez en 2012, pero los detalles siguen siendo escasos y no se ha consultado a los residentes. Este plan tiene precedentes en una constante de proyectos de esta índole en Turquía que han provocado desalojos forzosos de residentes que nunca pueden regresar a sus hogares.

En el amargo aniversario del toque de queda en Sur, gran parte de la población de este sitio patrimonio mundial se ha visto obligada a asistir a la demolición de su propio patrimonio”, ha afirmado John Dalhuisen.

“Lamentablemente, la desesperada situación a la que se enfrentan los residentes desplazados de Sur es similar en decenas de distritos del sudeste de Turquía. El gobierno debe adoptar medidas urgentes para levantar el toque de queda y para garantizar que las comunidades afectadas reciben una indemnización completa y ayuda para regresar a lo que queda de sus hogares o, como mínimo, a sus barrios.”

Información complementaria

Sur es el distrito central de Diyarbakır, la mayor ciudad del sudeste de Turquía, de población predominantemente kurda. Su antigua muralla fortificada y los jardines contiguos de Hevsel fueron declarados patrimonio mundial de la UNESCO en 2015.

Muchas de las personas que viven en Sur llegaron a este distrito tras verse obligadas a evacuar poblaciones rurales durante el conflicto de las décadas de 1980 y 1990. Debido a los reasentamientos forzados que impusieron las fuerzas de seguridad de Turquía en aquella época, la población de Diyarbakır se duplicó con creces.

Con el estado de excepción decretado tras el intento de golpe de Estado de julio, la situación de los derechos humanos en el sudeste de Turquía se ha deteriorado. Una sucesión de decretos ejecutivos ha eliminado prácticamente las voces kurdas de oposición, y ha dado lugar al cierre de medios de comunicación y ONG. Alcaldes elegidos, entre ellos los de Sur y Diyarbakır, fueron sustituidos por interventores designados por el gobierno.

En noviembre se cerraron cientos de ONG en toda Turquía por motivos no especificados de “vinculación con organizaciones terroristas o amenazas para la seguridad nacional”. Entre las ONG clausuradas figuran las principales que prestaban asistencia a las familias desplazadas de Sur.

La cifra de al menos medio millón de personas desplazadas en el sudeste es una estimación basada en el tamaño de las poblaciones de las zonas sometidas a toques de queda de larga duración, en las proporciones de residentes obligados a huir de las que se ha informado, y en los niveles de destrucción de viviendas e infraestructuras en estas zonas.

Turquía es parte en varios tratados internacionales y regionales de derechos humanos, lo que exige que respete el derecho de las personas a la libertad de circulación, a una vivienda adecuada y a otros derechos económicos y sociales, y que proporcione recursos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos.


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Egipto: casos de represión. Liberación de un activista.

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Egipto: ¡Islam Khalil ya está en libertad!

Rocío Lardinois – Estructura de Trabajo de Norte de África – Amnistía Internacional, 2 de septiembre de 2016

“Seguiré hablando de lo que vi, lo que viví, lo que tantas personas desaparecidas sufren ahora mismo”, proclama Islam Khalil, desafiante, en la madrugada del 1 de septiembre, a las puertas de la comisaría. Islam no se deja intimidar, ni siquiera con la libertad recién estrenada.

Por prestar testimonio para el reciente informe de Amnistía Internacional sobre desapariciones forzadas en Egipto, la Seguridad Nacional se la tiene jurada. Islam ha detallado las condiciones brutales de cautiverio en los centros de detención secretos pertenecientes a la Agencia de Seguridad Nacional. Sabe de qué habla, pues estuvo allí, en las tinieblas, desaparecido.

El 21 de agosto, un juez ordenó su puesta en libertad, bajo fianza, después de que pasara cuatro meses desaparecido y un año en prisión preventiva con acusaciones falsas. La Seguridad Nacional se negaba a liberarlo. “¿Eres ese por cuya liberación hacen tanto ruido? No saldrás de aquí más que muerto”, le amenazó un oficial de policía. “Aunque haya una orden de puesta en libertad, eso no significa que Islam vaya a volver a casa. Islam es nuestro”, le dijeron a su abogado Halim Henish en la comisaría.

Diez días de incertidumbre

En estos últimos diez días, se temió por la seguridad y la vida de Islam Khalil. “Tememos que Islam vuelva a desaparecer, lo torturen y le abran una nueva causa judicial con cargos ficticios”, escribía su hermano Nour. Oficiales de policía trataron de amedrentar a Islam para que callara. Le pegaron una paliza; le pusieron una denuncia por agredir a las fuerzas del orden; lo trasladaron a El Cairo al mismo centro donde fue torturado; lo tuvieron colgado del techo por un solo brazo, según denuncia; le amenazaron con que desaparecería nuevamente…

No parece que las amenazas y los malos tratos vayan a silenciar a Islam Khalil, después de lo vivido. Llevaba cuatro meses sin ver la luz del sol cuando reapareció en una comisaría de Alejandría. Al pasar a su lado, su hermano Nour no lo reconoció. Islam parecía un náufrago, con aspecto descuidado y la misma ropa con que lo detuvieron. Había confesado bajo torturas delitos de los que más tarde se desdijo. Ese día, Islam pidió a su hermano que publicara los nombres de aquellos con quienes había compartido celda, para que sus familias supieran que estaban vivos. Desde entonces, no ha dejado de hablar de las personas desaparecidas.

Humanidad robada

 “En el centro de detención de Lazoughly (sede de la Seguridad Nacional en El Cairo), me robaron mi humanidad. Ya no nos llamaban por nuestro nombre; éramos sólo un número”. Oficialmente, no estaba detenido. Su hermano Nour, activista de derechos humanos, sostiene que al retener a Islam, pretendían presionarlo a él.

El ministro de interior, Magdy Abdel Ghaffar, niega que haya desapariciones forzadas en Egipto. Los testimonios de personas que estuvieron desaparecidas, como Islam Khalil, son irrefutables. “En este infierno [Lazoughly], no hay más que tortura, escribió Islam en una carta desde la prisión. Me amenazan con violarme y asesinarme. (…) Sueño con escapar de ese lugar, a una cárcel o una tumba”.

En su último informe sobre Egipto, Amnistía Internacional concluye que la desaparición forzada es una política de Estado para acallar a la oposición y desalentar las protestas. Conforme aumenta el descontento con el gobierno de Abdel Fattah al-Sisi, mayor es la represión. “Éramos cientos repartidos en oficinas y pasillos, todos con los ojos vendados y maniatados”, escribió Islam Khalil. El Estado parece estar en guerra con sus propios ciudadanos.

Sin la presión internacional y la campaña que en Egipto exigía su liberación, Islam Khalil seguiría detenido o tal vez estaría desaparecido. “Gracias por vuestros esfuerzos y vuestras palabras. Mientras hacíais presión incansablemente, ya no pensaban más que en liberarlo, lo antes posible”, escribía su hermano Nour, al comunicar la buena noticia. ¡Gracias a quienes os unisteis a la campaña de presión al gobierno egipcio! Islam Khalil podrá leer ahora los mensajes de aliento que más de 250 personas le escribieron por su cumpleaños, respondiendo al llamamiento de Amnistía Internacional España.

No hay justicia sin investigación

La libertad no borra ni la desaparición ni el encarcelamiento injusto de Islam. Amnistía Internacional exige una investigación sobre las torturas que denunció y los abusos de los últimos días. No habrá justicia para Islam Khalil mientras los responsables no rindan cuentas.

“No os acostumbréis a todas esas historias de muerte y torturas”, pedía Islam desde la cárcel. “No os olvidéis de los desaparecidos, pues sois su única esperanza. Hoy celebramos la liberación de Islam Khalil, pero no nos olvidamos de la personas que siguen desaparecidas en Egipto.

También en Egipto


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Violación derechos humanos en Egipto

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Egipto: Indignante negativa a dejar en libertad a superviviente de tortura y desaparición

25 de agosto de 2016

La negativa de las autoridades egipcias a dejar en libertad a Islam Khalil, que fue torturado y sometido a desaparición forzada durante 122 días, es un alarmante retroceso más de los derechos humanos en Egipto, ha manifestado Amnistía Internacional.

Islam Khalil fue trasladado a la Segunda Comisaría de Policía de Raml, en la ciudad costera de Alejandría, con objeto de que fuera puesto ayer en libertad, bajo fianza de 50.000 libras egipcias (alrededor de 5.630 dolares de EE. UU.), como había ordenado un tribunal el 21 de agosto de 2016. Sin embargo, en vez de dejarlo libre, los agentes de policía lo han golpeado reiteradamente, hasta hacerle perder el conocimiento, y han presentado nuevos cargos contra él, como acusarlo de haber agredido físicamente ayer a un agente.

“La negativa de los agentes de policía a cumplir la orden judicial de dejar en libertad a Islam Khalil es muestra del enorme desprecio de las autoridades egipcias por el Estado de derecho. Transmite además el aterrador mensaje de que no tienen intención de detener el repunte de las desapariciones forzadas, en el marco del cual centenares de personas han desaparecido a manos de Estado por periodos de hasta siete meses desde principios de 2015”, ha señalado Magdalena Mughrabi, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

 

“Islam Khalil ni siquiera debería haber sido encarcelado; sin embargo, en vez de dejarlo en libertad de inmediato, las fuerzas de seguridad del Estado han fabricado nuevos cargos contra él y lo han sometido a brutales palizas y causado lesiones. Su caso pone de relieve hasta qué punto es esencial que las autoridades egipcias pongan fin al uso de las desapariciones y de la tortura y otros malos tratos. Deben dejar en libertad a Islam Khalil sin demora y abrir una investigación sobre sus denuncias de tortura y otros malos tratos en detención para poner a los responsables a disposición judicial”, ha afirmado Magdalena Mughrabi.

Parece que las autoridades egipcias se niegan a dejar a Islam Khalil en libertad como represalia por la campaña nacional e internacional emprendida en su favor.

Según su hermano, los agentes de policía golpearon a Islam Khalil en todo el cuerpo con mangueras y lo amenazaron diciéndole: “¿Todo este jaleo es para que te dejemos en libertad? Pues no te vamos a dejar en libertad hasta que estés muerto”. Tiene heridas en la cara, las manos y la cabeza. Ahora está recluido en régimen de aislamiento, a la espera de ser interrogado por el fiscal, y se le niega el acceso a su familia y su abogado.

Islam Khalil fue sometido a desaparición forzada durante 122 días en 2015, tras haber sido secuestrado junto con su hermano y su padre por agentes de la Agencia de Seguridad Nacional de Egipto, que se los llevaron de su casa. Recluido en régimen de aislamiento, esposado y con los ojos vendados, lo golpearon, le aplicaron descargas eléctricas y lo colgaron de la muñecas y los tobillos durante horas seguidas. Se le niega el acceso a un médico, a su familia y a un abogado.

En un detallado informe de julio de 2016, Amnistía Internacional explicó que desde principios de 2015 han sido sometidas a desaparición forzada centenares de personas y que la desaparición forzada se ha convertido en “política de Estado” en Egipto.

Junto con el informe se ha publicado un vídeo de Amnistía Internacional sobre el caso de Islam Khalil.


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Represión en Turquía tras el fallido golpe de Estado.

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Respuesta al presidente Erdoğan, que cuestiona las conclusiones de las investigaciones de Amnistía Internacional

Kayhan Ozer/Presidential Press Service, Pool Photo via AP

2 de agosto de 2016

En respuesta al discurso pronunciado hoy por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, en el que ha criticado las conclusiones de Amnistía Internacional según las cuales algunas personas detenidas en relación con el fallido golpe de Estado de Turquía habían sido objeto de palizas y torturas, Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, ha declarado lo siguiente:

“Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente desde el primer día la terrible violencia cometida por quienes están detrás del fallido golpe de Estado del 15 de julio. La organización ha pedido al gobierno de Turquía que haga responder a los conspiradores del golpe ante la justicia.

“Al mismo tiempo, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades turcas a que respeten el Estado de derecho y los derechos de todas las personas detenidas. El gobierno debe poner en libertad a todas ellas a menos que existan indicios razonables de que hayan cometido un delito común reconocible.

“Las graves violaciones de derechos humanos documentadas por un equipo de Amnistía Internacional sobre el terreno en Turquía son alarmantes. Estas conclusiones están basadas en entrevistas detalladas con profesionales del derecho y de la medicina, familiares y una persona que fue testigo presencial de torturas en un centro de detención.

El enorme número de personas afectadas por la represión desatada en Turquía es impresionante. La pérdida de algunos avances que tanto ha costado lograr, como la lucha contra la tortura, sería una tragedia.”

Amnistía Internacional ha pedido y mantenido reuniones con el gobierno y confía en continuar este diálogo.

Amnistía Internacional es una organización imparcial e independiente. Tenemos oficinas y equipos de investigación en todo el mundo, incluida Turquía, donde un equipo hizo una investigación sobre el terreno para este informe. La investigación precisa e imparcial es parte fundamental de nuestro trabajo.

La organización reitera la petición de que se permita el acceso inmediato de observadores independientes a las personas detenidas en todos los lugares donde estén recluidas.

Amnistía Internacional seguirá documentando abusos y violaciones de derechos humanos en Turquía, al igual que hace en todo el mundo.