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Turquía; consecuencias de las medidas represivas del gobierno.

Turquía: Los toques de queda y la represión expulsan a cientos de miles de kurdos de sus hogares

Imagen de una casa destrozada por los combates en Sur ©Guy Martin/Panos
  • Primer aniversario del toque de queda permanente en sitio declarado patrimonio mundial de la UNESCO
  • El desplazamiento forzado puede constituir castigo colectivo

6 de diciembre de 2016

Decenas de miles de residentes de Sur, sitio declarado patrimonio mundial por la UNESCO, forman parte del medio millón de personas que según estimaciones se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la brutal campaña de represión que las autoridades turcas han llevado a cabo durante el último año y que podría constituir castigo colectivo, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Cuando la represión de las voces de la oposición kurda por el gobierno turco se intensifica, el informe, titulado Displaced and dispossessed: Sur residents’ right to return home, revela la situación desperada de familias que se han visto obligadas a abandonar el centro histórico de Diyarbakır como consecuencia de las intensivas operaciones de seguridad llevadas a cabo a finales del año pasado y del toque de queda actualmente en vigor día y noche. Las viviendas del antes animado distrito han sido destruidas por los bombardeos, demolidas y expropiadas para dar paso a un proyecto de reurbanización del que es probable que se beneficien muy pocos ex residentes.

Un año después de la imposición del toque de queda permanente en Sur, miles de personas continúan desplazadas de sus hogares, tienen dificultades para poder subsistir y se enfrentan a un futuro incierto en un clima cada vez más represivo”, ha afirmado John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional.

“Mientras que la represión de la sociedad civil en el sudeste de Turquía ha recibido una amplia cobertura informativa, loe medios han prestado escasa atención al desplazamiento forzado que ha destrozado las vidas de personas corrientes con el pretexto de la seguridad.”

Tras la ruptura del alto el fuego en julio de 2015, estallaron los enfrentamientos entre personas vinculadas al armado Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y las fuerzas de seguridad turcas. Como respuesta a las declaraciones de “autogobierno”, la construcción de barricadas y la excavación de trincheras en Sur, el distrito central de Diyarbakır, y otras ciudades del sudeste, las autoridades comenzaron a imponer toques de queda de 24 horas y a llevar a cabo operaciones de seguridad fuertemente militarizadas.

El 11 de diciembre de 2015 se declaró el toque de 24 horas y por tiempo indefinido en 6 de los 15 barrios de Sur que impedía a las personas salir de sus viviendas incluso para comprar suministros alimentarios o médicos esenciales. Según informes, la policía hizo uso de altavoces para ordenar a la gente que se marchara. El suministro de agua y electricidad se cortaba durante largos periodos, mientras las viviendas eran sacudidas por los proyectiles del ejército y acribilladas por las balas.

Una mujer que intentó quedarse en su vivienda dijo a Amnistía Internacional: “Estuve en la casa con dos niños, no bebimos agua durante una semana. Un día dispararon un bote de gas [lacrimógeno] contra la casa. No tuvimos electricidad durante 20 días. Yo quería marcharme pero no tenía adonde ir.”

Los enfrentamientos en Sur terminaron en marzo de 2016, pero el toque de queda ha persistido en extensas zonas del distrito. Tras los desalojos forzosos, casi todas las propiedades han sido expropiadas por las autoridades turcas y muchos edificios han sido demolidos. Aunque el retorno es casi imposible ahora debido al toque de queda y a la destrucción, algunos residentes se han arriesgado a volver pero sólo han encontrado sus hogares allanados y sus posesiones saqueadas o destruidas.

Un hombre que regresó a su vivienda ocho meses después de ser desplazado encontró todas las paredes derrumbadas. Explicó a Amnistía Internacional: “Ya ni siquiera puedo llorar. He llorado tanto por la pérdida de mi casa.”

La policía obligó a otro hombre a abandonar su vivienda, junto con su padre y su hermano, y después los detuvo. Este hombre dijo a Amnistía Internacional: “Nos obligaron a salir apuntándonos con sus armas a la cabeza.” Al principio se acusó formalmente a los tres de delitos de terrorismo, pero después se retiraron los cargos. Cuando regresó a su vivienda descubrió que sus posesiones habían sido quemadas.

Una mujer dijo a Amnistía Internacional que la policía la hostigó cuando visitó su casa seis meses después de verse obligada a marcharse, y no tiene intención de volver. “Encontramos todas nuestras pertenencias rotas y amontonadas en el patio”, dijo. A su familia le ofrecieron una indemnización de 3.000 liras turcas (unos 800 euros) por la pérdida de sus posesiones, una mínima parte de su valor. Su nuera dijo: “Teníamos intención de apelar, pero dijeron que eso era todo lo que conseguiríamos, así que firmamos.”

Residentes desplazados no han podido encontrar una vivienda alternativa adecuada y asequible y tienen dificultades para acceder a servicios esenciales. Muchos perdieron su empleo al ser desplazados, y los niños y niñas han visto gravemente alterada su educación o han abandonado por completo la escuela. Las indemnizaciones totalmente inadecuadas y la falta de ayuda suficiente –o, en algunos casos, de cualquier tipo de ayuda– de las autoridades para pagar el alquiler han sumido a familias ya empobrecidas en mayores privaciones.

Para agravar la situación, las medidas adoptadas contra las voces de oposición kurdas tras el intento de golpe de Estado han dado lugar al cierre de ONG que proporcionaban un apoyo decisivo a las personas pobres y desplazadas.

Los residentes rechazan la pretensión del gobierno de que el toque de queda en vigor y las demoliciones de casas se hagan en interés de la seguridad dado que los enfrentamientos terminaron hace ocho meses. Por el contrario, consideran que forman parte de un plan calculado para reurbanizar sus barrios y reasentar a sus habitantes en otros lugares. Se ha recuperado un proyecto de regeneración urbana anunciado por primera vez en 2012, pero los detalles siguen siendo escasos y no se ha consultado a los residentes. Este plan tiene precedentes en una constante de proyectos de esta índole en Turquía que han provocado desalojos forzosos de residentes que nunca pueden regresar a sus hogares.

En el amargo aniversario del toque de queda en Sur, gran parte de la población de este sitio patrimonio mundial se ha visto obligada a asistir a la demolición de su propio patrimonio”, ha afirmado John Dalhuisen.

“Lamentablemente, la desesperada situación a la que se enfrentan los residentes desplazados de Sur es similar en decenas de distritos del sudeste de Turquía. El gobierno debe adoptar medidas urgentes para levantar el toque de queda y para garantizar que las comunidades afectadas reciben una indemnización completa y ayuda para regresar a lo que queda de sus hogares o, como mínimo, a sus barrios.”

Información complementaria

Sur es el distrito central de Diyarbakır, la mayor ciudad del sudeste de Turquía, de población predominantemente kurda. Su antigua muralla fortificada y los jardines contiguos de Hevsel fueron declarados patrimonio mundial de la UNESCO en 2015.

Muchas de las personas que viven en Sur llegaron a este distrito tras verse obligadas a evacuar poblaciones rurales durante el conflicto de las décadas de 1980 y 1990. Debido a los reasentamientos forzados que impusieron las fuerzas de seguridad de Turquía en aquella época, la población de Diyarbakır se duplicó con creces.

Con el estado de excepción decretado tras el intento de golpe de Estado de julio, la situación de los derechos humanos en el sudeste de Turquía se ha deteriorado. Una sucesión de decretos ejecutivos ha eliminado prácticamente las voces kurdas de oposición, y ha dado lugar al cierre de medios de comunicación y ONG. Alcaldes elegidos, entre ellos los de Sur y Diyarbakır, fueron sustituidos por interventores designados por el gobierno.

En noviembre se cerraron cientos de ONG en toda Turquía por motivos no especificados de “vinculación con organizaciones terroristas o amenazas para la seguridad nacional”. Entre las ONG clausuradas figuran las principales que prestaban asistencia a las familias desplazadas de Sur.

La cifra de al menos medio millón de personas desplazadas en el sudeste es una estimación basada en el tamaño de las poblaciones de las zonas sometidas a toques de queda de larga duración, en las proporciones de residentes obligados a huir de las que se ha informado, y en los niveles de destrucción de viviendas e infraestructuras en estas zonas.

Turquía es parte en varios tratados internacionales y regionales de derechos humanos, lo que exige que respete el derecho de las personas a la libertad de circulación, a una vivienda adecuada y a otros derechos económicos y sociales, y que proporcione recursos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos.


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Egipto: casos de represión. Liberación de un activista.

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Egipto: ¡Islam Khalil ya está en libertad!

Rocío Lardinois – Estructura de Trabajo de Norte de África – Amnistía Internacional, 2 de septiembre de 2016

“Seguiré hablando de lo que vi, lo que viví, lo que tantas personas desaparecidas sufren ahora mismo”, proclama Islam Khalil, desafiante, en la madrugada del 1 de septiembre, a las puertas de la comisaría. Islam no se deja intimidar, ni siquiera con la libertad recién estrenada.

Por prestar testimonio para el reciente informe de Amnistía Internacional sobre desapariciones forzadas en Egipto, la Seguridad Nacional se la tiene jurada. Islam ha detallado las condiciones brutales de cautiverio en los centros de detención secretos pertenecientes a la Agencia de Seguridad Nacional. Sabe de qué habla, pues estuvo allí, en las tinieblas, desaparecido.

El 21 de agosto, un juez ordenó su puesta en libertad, bajo fianza, después de que pasara cuatro meses desaparecido y un año en prisión preventiva con acusaciones falsas. La Seguridad Nacional se negaba a liberarlo. “¿Eres ese por cuya liberación hacen tanto ruido? No saldrás de aquí más que muerto”, le amenazó un oficial de policía. “Aunque haya una orden de puesta en libertad, eso no significa que Islam vaya a volver a casa. Islam es nuestro”, le dijeron a su abogado Halim Henish en la comisaría.

Diez días de incertidumbre

En estos últimos diez días, se temió por la seguridad y la vida de Islam Khalil. “Tememos que Islam vuelva a desaparecer, lo torturen y le abran una nueva causa judicial con cargos ficticios”, escribía su hermano Nour. Oficiales de policía trataron de amedrentar a Islam para que callara. Le pegaron una paliza; le pusieron una denuncia por agredir a las fuerzas del orden; lo trasladaron a El Cairo al mismo centro donde fue torturado; lo tuvieron colgado del techo por un solo brazo, según denuncia; le amenazaron con que desaparecería nuevamente…

No parece que las amenazas y los malos tratos vayan a silenciar a Islam Khalil, después de lo vivido. Llevaba cuatro meses sin ver la luz del sol cuando reapareció en una comisaría de Alejandría. Al pasar a su lado, su hermano Nour no lo reconoció. Islam parecía un náufrago, con aspecto descuidado y la misma ropa con que lo detuvieron. Había confesado bajo torturas delitos de los que más tarde se desdijo. Ese día, Islam pidió a su hermano que publicara los nombres de aquellos con quienes había compartido celda, para que sus familias supieran que estaban vivos. Desde entonces, no ha dejado de hablar de las personas desaparecidas.

Humanidad robada

 “En el centro de detención de Lazoughly (sede de la Seguridad Nacional en El Cairo), me robaron mi humanidad. Ya no nos llamaban por nuestro nombre; éramos sólo un número”. Oficialmente, no estaba detenido. Su hermano Nour, activista de derechos humanos, sostiene que al retener a Islam, pretendían presionarlo a él.

El ministro de interior, Magdy Abdel Ghaffar, niega que haya desapariciones forzadas en Egipto. Los testimonios de personas que estuvieron desaparecidas, como Islam Khalil, son irrefutables. “En este infierno [Lazoughly], no hay más que tortura, escribió Islam en una carta desde la prisión. Me amenazan con violarme y asesinarme. (…) Sueño con escapar de ese lugar, a una cárcel o una tumba”.

En su último informe sobre Egipto, Amnistía Internacional concluye que la desaparición forzada es una política de Estado para acallar a la oposición y desalentar las protestas. Conforme aumenta el descontento con el gobierno de Abdel Fattah al-Sisi, mayor es la represión. “Éramos cientos repartidos en oficinas y pasillos, todos con los ojos vendados y maniatados”, escribió Islam Khalil. El Estado parece estar en guerra con sus propios ciudadanos.

Sin la presión internacional y la campaña que en Egipto exigía su liberación, Islam Khalil seguiría detenido o tal vez estaría desaparecido. “Gracias por vuestros esfuerzos y vuestras palabras. Mientras hacíais presión incansablemente, ya no pensaban más que en liberarlo, lo antes posible”, escribía su hermano Nour, al comunicar la buena noticia. ¡Gracias a quienes os unisteis a la campaña de presión al gobierno egipcio! Islam Khalil podrá leer ahora los mensajes de aliento que más de 250 personas le escribieron por su cumpleaños, respondiendo al llamamiento de Amnistía Internacional España.

No hay justicia sin investigación

La libertad no borra ni la desaparición ni el encarcelamiento injusto de Islam. Amnistía Internacional exige una investigación sobre las torturas que denunció y los abusos de los últimos días. No habrá justicia para Islam Khalil mientras los responsables no rindan cuentas.

“No os acostumbréis a todas esas historias de muerte y torturas”, pedía Islam desde la cárcel. “No os olvidéis de los desaparecidos, pues sois su única esperanza. Hoy celebramos la liberación de Islam Khalil, pero no nos olvidamos de la personas que siguen desaparecidas en Egipto.

También en Egipto


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Violación derechos humanos en Egipto

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Egipto: Indignante negativa a dejar en libertad a superviviente de tortura y desaparición

25 de agosto de 2016

La negativa de las autoridades egipcias a dejar en libertad a Islam Khalil, que fue torturado y sometido a desaparición forzada durante 122 días, es un alarmante retroceso más de los derechos humanos en Egipto, ha manifestado Amnistía Internacional.

Islam Khalil fue trasladado a la Segunda Comisaría de Policía de Raml, en la ciudad costera de Alejandría, con objeto de que fuera puesto ayer en libertad, bajo fianza de 50.000 libras egipcias (alrededor de 5.630 dolares de EE. UU.), como había ordenado un tribunal el 21 de agosto de 2016. Sin embargo, en vez de dejarlo libre, los agentes de policía lo han golpeado reiteradamente, hasta hacerle perder el conocimiento, y han presentado nuevos cargos contra él, como acusarlo de haber agredido físicamente ayer a un agente.

“La negativa de los agentes de policía a cumplir la orden judicial de dejar en libertad a Islam Khalil es muestra del enorme desprecio de las autoridades egipcias por el Estado de derecho. Transmite además el aterrador mensaje de que no tienen intención de detener el repunte de las desapariciones forzadas, en el marco del cual centenares de personas han desaparecido a manos de Estado por periodos de hasta siete meses desde principios de 2015”, ha señalado Magdalena Mughrabi, directora adjunta del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

 

“Islam Khalil ni siquiera debería haber sido encarcelado; sin embargo, en vez de dejarlo en libertad de inmediato, las fuerzas de seguridad del Estado han fabricado nuevos cargos contra él y lo han sometido a brutales palizas y causado lesiones. Su caso pone de relieve hasta qué punto es esencial que las autoridades egipcias pongan fin al uso de las desapariciones y de la tortura y otros malos tratos. Deben dejar en libertad a Islam Khalil sin demora y abrir una investigación sobre sus denuncias de tortura y otros malos tratos en detención para poner a los responsables a disposición judicial”, ha afirmado Magdalena Mughrabi.

Parece que las autoridades egipcias se niegan a dejar a Islam Khalil en libertad como represalia por la campaña nacional e internacional emprendida en su favor.

Según su hermano, los agentes de policía golpearon a Islam Khalil en todo el cuerpo con mangueras y lo amenazaron diciéndole: “¿Todo este jaleo es para que te dejemos en libertad? Pues no te vamos a dejar en libertad hasta que estés muerto”. Tiene heridas en la cara, las manos y la cabeza. Ahora está recluido en régimen de aislamiento, a la espera de ser interrogado por el fiscal, y se le niega el acceso a su familia y su abogado.

Islam Khalil fue sometido a desaparición forzada durante 122 días en 2015, tras haber sido secuestrado junto con su hermano y su padre por agentes de la Agencia de Seguridad Nacional de Egipto, que se los llevaron de su casa. Recluido en régimen de aislamiento, esposado y con los ojos vendados, lo golpearon, le aplicaron descargas eléctricas y lo colgaron de la muñecas y los tobillos durante horas seguidas. Se le niega el acceso a un médico, a su familia y a un abogado.

En un detallado informe de julio de 2016, Amnistía Internacional explicó que desde principios de 2015 han sido sometidas a desaparición forzada centenares de personas y que la desaparición forzada se ha convertido en “política de Estado” en Egipto.

Junto con el informe se ha publicado un vídeo de Amnistía Internacional sobre el caso de Islam Khalil.


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Represión en Turquía tras el fallido golpe de Estado.

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Respuesta al presidente Erdoğan, que cuestiona las conclusiones de las investigaciones de Amnistía Internacional

Kayhan Ozer/Presidential Press Service, Pool Photo via AP

2 de agosto de 2016

En respuesta al discurso pronunciado hoy por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, en el que ha criticado las conclusiones de Amnistía Internacional según las cuales algunas personas detenidas en relación con el fallido golpe de Estado de Turquía habían sido objeto de palizas y torturas, Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, ha declarado lo siguiente:

“Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente desde el primer día la terrible violencia cometida por quienes están detrás del fallido golpe de Estado del 15 de julio. La organización ha pedido al gobierno de Turquía que haga responder a los conspiradores del golpe ante la justicia.

“Al mismo tiempo, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades turcas a que respeten el Estado de derecho y los derechos de todas las personas detenidas. El gobierno debe poner en libertad a todas ellas a menos que existan indicios razonables de que hayan cometido un delito común reconocible.

“Las graves violaciones de derechos humanos documentadas por un equipo de Amnistía Internacional sobre el terreno en Turquía son alarmantes. Estas conclusiones están basadas en entrevistas detalladas con profesionales del derecho y de la medicina, familiares y una persona que fue testigo presencial de torturas en un centro de detención.

El enorme número de personas afectadas por la represión desatada en Turquía es impresionante. La pérdida de algunos avances que tanto ha costado lograr, como la lucha contra la tortura, sería una tragedia.”

Amnistía Internacional ha pedido y mantenido reuniones con el gobierno y confía en continuar este diálogo.

Amnistía Internacional es una organización imparcial e independiente. Tenemos oficinas y equipos de investigación en todo el mundo, incluida Turquía, donde un equipo hizo una investigación sobre el terreno para este informe. La investigación precisa e imparcial es parte fundamental de nuestro trabajo.

La organización reitera la petición de que se permita el acceso inmediato de observadores independientes a las personas detenidas en todos los lugares donde estén recluidas.

Amnistía Internacional seguirá documentando abusos y violaciones de derechos humanos en Turquía, al igual que hace en todo el mundo.