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Rusia: medidas represivas bloqueando sitios web. Denuncia de AMN:INT

Rusia sofoca un movimiento crítico de la sociedad civil bloqueando cinco sitios web

Copy: VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images

Ante la decisión de la fiscalía rusa de bloquear cinco sitios web del movimiento Rusia Abierta, fundado por el ex preso de conciencia ruso y crítico del Kremlin Mikhail Khodorkovsky, Denis Krivosheev, director adjunto de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central, ha declarado:

Las autoridades rusas están sometiendo claramente a hostigamiento a Rusia Abierta en un intento de sofocar la disidencia y el pluralismo en los medios de comunicación rusos y de eliminar la presencia de Khodorkovsky en la política y la sociedad rusas.

“Tras la prohibición en abril de las secciones de Rusia Abierta registradas en Reino Unido, la fiscalía aseguró que la prohibición no afectaría a las actividades del movimiento del mismo nombre con sede en Rusia. Los sucesos de hoy demuestran que esa promesa no era más que una mentira descarada. Las autoridades han mostrado su verdadera intención de someter a represión y hostigamiento a Rusia Abierta hasta que deje de existir.”

Información complementaria
A última hora del 11 de diciembre, la fiscalía rusa incluyó en una lista negra cuatro sitios del movimiento Rusia Abierta, así como un sitio personal de Mikhail Khodorkovsky, y pidió al organismo regulador de los medios de comunicación, Roskomnadzor, que bloqueara el acceso a los cinco. La decisión entró en vigor hoy, 12 de diciembre.

En noviembre, la Cámara baja del Parlamento ruso (Duma) aprobó una enmienda encaminada a facilitar el procedimiento para bloquear sitios web de “organizaciones indeseables” sin revisión judicial. La organización Rusia Abierta con sede en Reino Unido y su organización hermana Movimiento Cívico Rusia Abierta habían sido prohibidas como “organizaciones indeseables” en abril de 2017. El portavoz de la fiscalía aseguró entonces que la prohibición no afectaría a las actividades del movimiento del mismo nombre con sede en Rusia.

Las personas activistas de Rusia Abierta en Rusia también han sido sometidas a hostigamiento a través de múltiples interrogatorios y registros del personal y las oficinas de la organización.

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La represión en Venezuela llega a los hogares.

Venezuela: Allanamientos ilegales en aumento mientras la represión llega a los hogares

Las autoridades venezolanas han ampliado su arsenal de tácticas represivas poniendo en marcha una despiadada campaña de allanamientos ilegales de viviendas de personas sospechosas de disidencia; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo trabajo de investigación que ha publicado hoy.

En Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela, la organización revela cómo, en los últimos meses, fuerzas de seguridad venezolanas y grupos civiles armados avalados por el gobierno han irrumpido violentamente en los hogares de personas para intimidarlas y así disuadirlas de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta.

“En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar”, ha afirmado Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas

“Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares.”

“La gente tiene derecho a sentirse segura en su propio hogar.”

Organizaciones locales de derechos humanos han recopilado informes de al menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados del país de abril a julio de 2017, cuando las manifestaciones estaban en su apogeo. Más de 120 personas perdieron la vida, casi 2.000 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas en ese periodo.

Personal experto de Amnistía Internacional visitó y entrevistó a víctimas de allanamientos de viviendas en cuatro estados venezolanos: Caracas, Miranda, Carabobo y Lara.

Personas afectadas contaron que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a grupos armados ilegales avalados por el gobierno, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del motivo por el que estaban allí.

Estos allanamientos suelen ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, que incluye usar material antidisturbios y disparar botes de gas lacrimógeno al interior de las casas.

 

Una mujer que residía en un bloque de pisos en el estado de Miranda (norte de Venezuela) contó a Amnistía Internacional que, durante un allanamiento de vivienda efectuado el 22 de mayo de 2017, oyó gritar a los hombres: “Abran, abran […] llegó el coco”.

Las víctimas relataron también que las fuerzas de seguridad habían derribado puertas, habían roto ventanas y, en algunos casos, se habían apropiado de objetos de su casa. En un bloque de pisos de Miranda, cámaras de videovigilancia grabaron a miembros de las fuerzas de seguridad saliendo con grandes bolsas, presumiblemente llenas de objetos robados.

Los allanamientos podían durar horas y, en algunos casos, toda la noche.

Una vez en el interior de la vivienda, las fuerzas de seguridad preguntaban por el paradero de “los jóvenes que estaban protestando”. Muchos jóvenes fueron sometidos a redadas y se practicaron detenciones arbitrarias de forma masiva.

Un hombre del estado de Lara (norte de Venezuela) dijo que las fuerzas de seguridad entraban gritando: “Bajen ahora malditos guarimberos […] los vamos a violar a toditos”.

Varias víctimas dijeron a Amnistía Internacional que temen que haya otra incursión en su casa en cualquier momento y tienen problemas para dormir.

Debido a la escasez crónica de mercancías en Venezuela, algunas de estas personas no han podido reparar los daños sufridos a causa del allanamiento y ahora viven sumamente expuestas en casas sin puertas.

“Estos allanamientos de viviendas son absolutamente ilegales con arreglo al derecho internacional y a la propia Constitución de Venezuela”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas.

“Ya es hora de que el gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad desistan de emplear la violencia y la represión contra la población de su país. Violaciones de derechos humanos de esta índole no pueden continuar en el futuro, y para poder garantizar el fin de esta política de violencia tiene que hacerse justicia a las víctimas.”

“Las autoridades transmiten un mensaje escalofriante al continuar con esta represión en lugar de investigar y castigar a los responsables de estos actos: que cualquiera puede sufrir la represión en cualquier momento y lugar, con independencia de sus convicciones políticas.”


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Congo: ONU exige la inmediata liberación de activistas políticos.

MONUSCO pide la liberación inmediata de activistas arrestados en la República Democrática del Congo

El representante especial de la ONU para la República Democrática del Congo, Maman Sidikou. Foto de archivo: ONU/Manuel Elias

23 de octubre, 2017 — La Misión de la ONU en la República Democrática del Congo (MONUSCO) repudió el arresto de numerosos integrantes de un partido de oposición, llevado a cabo este domingo por las fuerzas de seguridad congolesas en la localidad de Lubumbashi, en la provincia de Haut-Katanga.

La MONUSCO urgió a las autoridades congolesas a liberar inmediata e incondicionalmente a los detenidos y recordó que el gobierno tiene la obligación de respetar las libertades fundamentales y los derechos políticos de toda la población, según lo estipulan la Constitución del país y las leyes internacionales de derechos humanos.

La Misión detalló en un comunicado que tres vehículos de la Policía Nacional Congolesa rodearon el recinto donde se celebraba una reunión del partido Rassemblement des forces politiques et sociales de la République démocratique du Congo acquises au changement, para luego enviar a un comando a que irrumpiera en las instalaciones y arrestara a muchos de los participantes en el evento.

El representante especial de la ONU para la República Democrática del Congo y jefe de la MONUSCO expresó gran preocupación por la intimidación a los opositores y citó dos incidentes recientes en los que se agredió con armas de fuego la casa de un par de activistas prominentes.

“Conmino una vez más a las autoridades congolesas a tomar con celeridad medidas que fomenten la confianza para así abrir un espacio democrático para todos”, apuntó Maman Sidikou.

Por otra parte, deploró las restricciones a la libertad de movimiento impuestas al presidente nacional del partido político Unión Nacional de Federalistas del Congo, quien se halla en un arresto domiciliario de facto desde hace varios meses.

Sidikou advirtió que esas restricciones son incompatibles con los esfuerzos por promover el diálogo y crear las condiciones propicias para la celebración de elecciones libres, creíbles e independientes en un plazo pertinente.

Del mismo modo, subrayó que las autoridades son responsables de garantizar la protección de todos los ciudadanos bajo cualquier circunstancia.


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Polonia: debe cesar la represión de protestas pacíficas.

Polonia: La represión de protestas pacíficas debe terminar

© AI

El gobierno polaco reprime a personas que protestan pacíficamente en un intento evidente de disuadir a otros manifestantes potenciales, según un nuevo informe publicado hoy.

El informe Poland: On the streets to defend human rights documenta cómo las autoridades emplean técnicas como la vigilancia, el hostigamiento y el enjuiciamiento para dispersar e impedir protestas masivas. Desde 2016, miles de personas han salido a las calles para protestar pacíficamente contra legislación represiva —que en algunos casos viola los derechos de las mujeres— y proyectos de ley que suponen una amenaza para el Estado de derecho.

“La resistencia popular sigue en aumento mientras el gobierno de Polonia continúa reforzando su control del poder judicial, pero el gobierno está haciendo todo lo posible para impedir las protestas. La policía vigila, hostiga e incluso enjuicia a quienes protestan, simplemente por alzar la voz”, señaló Barbora Černušáková, investigadora de Amnistía Internacional sobre Polonia.

Tanto la ONU como la UE reconocieron rápidamente que el veto por parte del presidente a una legislación que habría eliminado la independencia del poder judicial se debió en gran medida a las protestas masivas. Ahora, las personas que participaron en esas protestas necesitan el apoyo de la comunidad internacional para una lucha que continúa.”

Intimidación
En julio de 2017, miles de personas se manifestaron en más de 50 ciudades de Polonia contra propuestas del gobierno que hacían peligrar la independencia del poder judicial. El gobierno respondió sometiendo a quienes se manifestaban pacíficamente a diversas medidas policiales que obstaculizaban sus actividades y violaban su derecho a la libertad de expresión y de reunión.

La considerable presencia policial derivó en la colocación de vallas metálicas para mantener a los y las manifestantes lejos de los edificios parlamentarios. Cientos de policías patrullaban a diario la zona y empleaban diversas técnicas para impedir físicamente las protestas. Entre esas técnicas estaban rodear o contener de otra manera a grupos de personas (una práctica que se conoce como “encapsulamiento”), acordonar calles y amenazar e intimidar verbal y físicamente a quienes protestaban.

En la noche del 18 de julio, una mujer llamada Klementyna tomaba fotografías de los y las manifestantes en una de las calles de salida. Afirmó que la policía la agredió: “Yo estaba ahí, de pie, y un policía me agarró sin previo aviso y me empujó contra un semáforo. Me golpeó en la cara. No me estaba resistiendo… Después de eso, llegaron al lugar más policías, bloquearon totalmente la calle y me mantuvieron cercada ahí”. La policía dijo posteriormente a los medios de comunicación que Klementyna no tenía ninguna prueba que respaldara sus acusaciones de abuso policial.

Privilegiar ciertas protestas
Más allá de las tácticas policiales de mano dura, nuevas leyes imponen aún restricciones indebidas del derecho de reunión pacífica. En diciembre de 2016, el parlamento polaco adoptó la restrictiva Ley sobre Reuniones, que prioriza las “manifestaciones cíclicas”, es decir, las que organizan las mismas personas en un mismo lugar varias veces al año. A lo largo de 2017, el gobierno ha otorgado esa prioridad a un encuentro progubernamental mensual (que conmemora el accidente de avión de 2010 en Smolensk, en el que perdieron la vida el entonces presidente de Polonia, Lech Kaczyński, y 95 personas más), a costa de otras solicitudes de celebración de reuniones pacíficas y en violación directa del derecho internacional de los derechos humanos.

Pese a la prohibición de protestas alternativas, manifestantes pacíficos han seguido convocando contramanifestaciones mensuales a lo largo de 2017. Decenas de manifestantes han sido objeto de enjuiciamiento por faltas como “interferir con una reunión legal” o por delitos como “interferir maliciosamente con un acto religioso”, dado que los encuentros progubernamentales mensuales se han catalogado como procesiones religiosas.

Miedo en el aire
Quienes participan en protestas en Polonia afrontan otros obstáculos importantes para lograr que se vean y escuchen sus objeciones a leyes restrictivas. Además de restringir físicamente protestas pacíficas, las autoridades también han sometido a los y las manifestantes a una observación y una vigilancia intensas, que han incluido seguir a esas personas y visitarlas en sus hogares. A muchas de ellas se las ha acusado formalmente y están siendo procesadas.

“El gobierno polaco está tratando de amedrentar a quienes quieren protestar pacíficamente”, apuntó Černušáková.

Un estudiante universitario, al que se había acusado formalmente de “restringir la libertad de los medios de comunicación” por protestar ruidosamente cerca de un periodista que retransmitía desde un espacio público en diciembre de 2016, dijo a Amnistía Internacional: “Es evidente que están tratando de asustar a la población para que no proteste”.

“La perspectiva de que se criminalice a manifestantes pacíficos simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica pinta un oscuro retrato de la Polonia actual. Estos cargos malintencionados y vengativos reflejan la reducción del espacio disponible para la sociedad civil y deben retirarse inmediatamente”, afirmó Černušáková.

Información complementaria
Tras vetar las polémicas propuestas parlamentarias sobre la reforma del poder judicial, el presidente hizo sus propias propuestas a finales de septiembre de 2017. Las protestas pueden reanudarse en cualquier momento una vez que aparezcan en el orden del día del parlamento esas propuestas, que todavía causan preocupación en lo que respecta al Estado de derecho y a la independencia del poder judicial.


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Turquía: quiénes son los diez de Estambul?

¿Quiénes son los Diez de Estambul y por qué han sido encarcelados en Turquía?

Por Amnistía Internacional

En julio de 2017, nuestra compañera y amiga İdil Eser, directora de Amnistía Internacional Turquía, fue detenida junto con otros nueve defensores y defensoras de los derechos humanos en Estambul. Actualmente, ocho de ellos permanecen en prisión y dos están en libertad provisional con fianza, todos están siendo investigados en virtud de la legislación antiterrorista. Y, sin embargo, no han hecho nada malo.

Esto ocurrió tan sólo un mes después de que Taner Kılıç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, fuera igualmente detenido injustamente. Taner continúa en prisión.

El 14 de octubre de 2017, con ocasión del cumpleaños de Idil, Amnistía Internacional celebrará un día mundial de acción para pedir que sean puestos en libertad.

¿Por qué les ha ocurrido esto?

¿Qué pasó el 5 de julio de 2017?

Tendría que haber sido un día normal para İdil Eser, directora de Amnistía Internacional Turquía. Asistió a un taller sobre bienestar y seguridad digital con compañeros de otras organizaciones de derechos humanos en Estambul; el tipo de reuniones que se organizan cada semana en todo el mundo. El taller consistía en debates abiertos sobre las dificultades que encuentran y formas prácticas de abordarlas.

Pero durante el taller, la policía irrumpió en el edificio y los detuvo a todos, incluidos los dos formadores.

Inicialmente, los llevaron a diferentes comisarías de policía en Estambul y después estuvieron recluidos varios días en la Dirección de Seguridad de Estambul, la principal jefatura de policía. El 18 de julio comparecieron ante un juez tras haber solicitado la Fiscalía que se los enviara a prisión en espera de juicio.

El fiscal les hizo preguntas absurdas. A İdil le hicieron preguntas sobre una campaña de Amnistía Internacional de 2014, que tuvo lugar más de dos años antes de que se incorporara a la organización, y sobre el hecho de que hubiera hablado con Taner, el presidente de Amnistía Internacional Turquía encarcelado: ¿qué habría de extraño en que ambos hablaran entre sí?

¿Quiénes son los Diez de Estambul?


Ilustración de los Diez de Estambul, defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos durante un taller en julio de 2017. © Rebecca Hendin

Las 10 personas detenidas en Estambul el 5 de julio de 2017 son:

  •     İdil Eser, directora de Amnistía Internacional Turquía
  •     İlknur Üstün, Coalición de Mujeres
  •     Günal Kurşun, Asociación Agenda de Derechos Humanos
  •     Nalan Erkem, Asamblea de Ciudadanos
  •     Özlem Dalkıran, Asamblea de Ciudadanos
  •     Veli Acu, Asociación Agenda de Derechos Humanos
  •     Şeyhmus Özbekli, abogado
  •     Nejat Taştan, Asociación Observación de la Igualdad de Derechos
  •     Ali Gharavi, escritor y consultor de estrategia digital y bienestar
  •     Peter Steudtner, formador y consultor sobre no violencia y bienestar

Nejat Taştan y Şeyhmus Özbekli han quedado en libertad con fianza pero están siendo investigados.

¿Por qué han sido detenidos?

Estas investigaciones constituyen los intentos más recientes de silenciar las voces críticas en Turquía.

Desde el fallido golpe de Estado de julio de 2016, se han abierto investigaciones penales contra, aproximadamente, 150.000 personas.

Durante el último año, al menos 180 medios de comunicación han sido cerrados, y se calcula que 2.500 periodistas y trabajadores de medios de comunicación han perdido su empleo. Más de 140 periodistas y trabajadores de medios de comunicación están en prisión en espera de juicio.

Disentir se ha vuelto una actividad peligrosa en Turquía y ahora incluso se ataca a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Estos hombres y mujeres han puesto en peligro su propia seguridad para defender a otras personas. Ninguno de ellos ha hecho nada malo. Turquía los ha encarcelado, como ha encarcelado a cientos de periodistas y otras personas, y con ello alimenta la propaganda de que los defensores y defensoras de los derechos humanos son de alguna manera peligrosos y hay que pararlos. Esto es ridículo y, simplemente, no es cierto.

¿Dónde están recluidos?

Siete de los ocho defensores y defensoras de los derechos humanos encarcelados están en la prisión de Silivri, en Estambul, la prisión de mayor seguridad de Turquía. İlknur está en la prisión de Sincan, en Ankara. Los otros dos se encuentran en libertad con fianza pero siguen siendo investigados.

Las personas detenidas no pueden recibir cartas y sólo se les permite una visita semanal supervisada de una hora con sus abogados y familiares más cercanos.

İdil no tiene familia por lo que, salvo su abogado, nadie la visitó hasta septiembre, cuando finalmente se aprobaron las solicitudes de sus amistades para poder visitarla.

Se les permite leer libros y periódicos, pero no pueden recibir cartas del exterior. Están recluidas con otra persona, pero no pueden verse entre ellas.

¿Cuáles son los planes para el cumpleaños de Idil y cómo puedo ayudar?


İdil Eser, directora de Amnistía Internacional Turquía. © Privado

Puede que Idil esté en la cárcel, pero eso no nos va a impedir organizarle un cumpleaños inolvidable. El 14 de octubre celebraremos una fiesta mundial para celebrar su cumpleaños y estáis todos invitados.

Únete el 14 de octubre, desea a İdil un feliz cumpleaños, actúa pidiendo su liberación y comparte tu mensaje en las redes sociales utilizando la etiqueta #PartyWithIdil.

Únete a la fiesta mundial para celebrar el cumpleaños de İdil y contribuye al regalo de este año: su libertad.

La represión en Turquía en cifras

En julio de 2016 hubo un violento intento de golpe de Estado en Turquía:

  •     246 muertos
  •     2.194 heridos

Desde entonces se ha desatado una oleada masiva de represión dirigida no sólo contra personas de quien se tienen sospechas legítimas de participación en el intento de golpe de Estado, sino que al parecer se dirige contra cualquier persona crítica con el gobierno, incluidos los medios de comunicación.

  •     4 renovaciones del estado de excepción
  •     Más de 149.000 personas investigadas
  •     Más de 50.000 personas detenidas
  •     Más de 100.000 personas despedidas
  •     Más de 140 periodistas detenidos
  •     Más de 180 medios de comunicación cerrados por decreto
  •     Más de 3.800 organizaciones no gubernamentales cerradas

Los autores del intento de golpe de Estado deben comparecer ante la justicia, pero en este proceso no deben arrebatarse derechos que tanto ha costado conseguir.


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Chile: ONU pide que no se aplique a los mapuches la ley antiterrorista

Expertos de la ONU piden a Chile no utilizar la Ley Antiterrorista contra los mapuche

Elisa Loncon, Mapuche de Chile, es una académica dedicada a proyectos de investigación y promoción de los derechos lingüísticos. Foto Rocío Franco/Radio ONU.

06 de octubre, 2017 — Expertos de la ONU exhortaron al gobierno de Chile a que no juzgue a indígenas mapuches bajo la Ley Antiterrorista.

El llamado se hace ante la audiencia en el caso de cuatro miembros de ésta comunidad quienes fueron arrestados en junio de 2016 bajo acusaciones de incendio y que han permanecido en prisión preventiva desde entonces.

“Los cargos en contra de estos individuos deben ser revisados con urgencia y se les deben brindar las garantías de un juicio justo, propias del sistema de justicia ordinaria” expresaron tres relatores en un comunicado emitido este martes.

Los expertos instaron a Chile que se abstenga de utilizar la Ley Antiterrorista para lidiar con hechos ocurridos en el contexto de protestas sociales de los mapuches que buscaban reclamar sus derechos.

Añadieron que la legislación contra el terrorismo debe ser revisada para asegurar que solo sea aplicada a situaciones que verdaderamente amenacen la seguridad nacional.

“La aplicación de legislación antiterrorista debilita la posibilidad de un juicio justo y hace menos probable que la verdad de lo sucedido sea esclarecida”, concluyeron.

Los expertos señalaron que esta no era la primera vez que se planteaban preocupaciones respecto a posibles violaciones de derechos humanos al utilizar esta ley contra la comunidad mapuche.


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Cataluña: el uso de la fuerza represiva el 1 de octubre según AI.

  1-O: Amnistía Internacional denuncia uso excesivo de la fuerza por parte de Policía Nacional y Guardia Civil en Cataluña

Un policía antidisturbios dispara pelotas de goma en Barcelona. 1 de octubre de 2017. (AP Photo/Emilio Morenatti)

AI confirma con sus observadores el uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, golpes a personas indefensas que no ofrecían resistencia, y pide una investigación exhaustiva, rápida e imparcial sobre los hechos

Amnistía Internacional ha confirmado sobre el terreno de forma directa que miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y agentes la Guardia Civil usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían, en la calle y a la puerta de centros de votación, en cumplimiento de la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba a las fuerzas de seguridad impedir la celebración de un referéndum. El Ministerio de Interior ha informado que las fuerzas de seguridad han intervenido y clausurado 92 centros de votación. Según datos de la Generalitat, el total de colegios electorales era de 2.315, de los cuales 400 fueron cerrados por mandato judicial.

Una delegación de Amnistía Internacional formada por cinco personas ha estado monitoreando la situación en Cataluña desde hace varios días, incluyendo la tarde del sábado 30 de septiembre y el domingo 1 de octubre y ha visitado numerosos centros de votación durante todo el fin de semana, recopilando diversos testimonios y declaraciones.

Según los datos proporcionados por la Consejería de Salud de la Generalitat, hasta las 12 horas de hoy lunes, el domingo 1 de octubre se habría asistido por heridas, contusiones o afectaciones de la salud a 893 personas en los centros de atención primaria y hospitales como resultado de la acción policial. Dos heridos graves están ingresados en el hospital de Sant Pau y Vall d’Hebron. La mayoría de los heridos estarían en la región sanitaria de Barcelona. Según fuentes del Ministerio del Interior, habría 19 agentes heridos de la policía nacional y también 14 agentes de la Guardia Civil. Diversas imágenes también muestran actitudes violentas de algunos manifestantes contra agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional. Un agente de la Guardia Civil resultó herido después de que se le lanzase una silla en el centro de votación de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

 

“Está claro que varias de las actuaciones de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han saldado con un uso excesivo e innecesario de la fuerza, una utilización peligrosa de material antidisturbios,  y han provocado centenares de heridos, contusionados y afectados que protestaban pacíficamente”, ha afirmado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

Bajo el derecho internacional, los agentes encargados de hacer cumplir la ley pueden usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesaria para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas. Las actuaciones para garantizar el cumplimiento del mandato del TSJC debe estar en línea con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza.  Amnistía Internacional considera que en muchos casos, los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil hicieron uso desproporcionado de la fuerza.

La organización de derechos humanos ha podido documentar también el uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, como pelotas de goma, por parte de agentes de la Policía Nacional en, al menos, la calle Sardenya con calle Diputació, en Barcelona. Dos observadores de Amnistía Internacional fueron testigos de la carga policial de los agentes, que intentaban abrirse paso después de que un grupo de manifestantes se sentasen en la calle con objeto de impedir el paso de furgones policiales tras su intervención en el colegio público Ramon Lull con el objetivo requisar las urnas que allí se encontraban.

Casi a la media hora de ser bloqueados por los manifestantes, los agentes se abrieron paso golpeando a manifestantes con sus defensas de goma. Al mismo tiempo algunos agentes dispararon cartuchos de fogueo lo que provocó que la gente se levantase y empezara a dispersarse. Los furgones policiales avanzaron con rapidez por la calle Sardenya. Mientras tanto, algunos manifestantes lanzaron objetos contra los policías, que seguían disparando salvas. Según los testimonios que ha recabado la organización, en su retirada, los agentes también dispararon pelotas de goma a escasa distancia de los manifestantes que corrían detrás de ellos, hiriendo al menos a dos personas. Al parecer, una de ellas en la pierna, y la otra en el ojo derecho, ésta última operada quirúrgicamente en el hospital de Sant Pau, donde se encuentra ingresada.

Amnistía Internacional recuerda que los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas alertan, en relación a las pelotas de goma, que pueden causar graves lesiones, especialmente si impacta en la cabeza, cara o parte superior del cuerpo. Para cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad, y de manera más general con el respeto al derecho a la vida y la integridad personal, los agentes encargados de hacer cumplir la ley no deben usar este tipo de material antidisturbios como instrumento general para dispersar a la multitud, sino únicamente para parar a personas violentas. Debido a su falta de exactitud,  y su alto grado de imprecisión, nunca deben ser disparados sin un objetivo concreto o contra el suelo, ya que pueden rebotar y golpear partes superiores del cuerpo. Los estudios médicos han mostrado un mayor riesgo de muerte o lesiones graves si los proyectiles impactan en la cabeza o la parte superior del cuerpo.

La organización también ha recibido testimonios y ha visualizado imágenes que muestran como los agentes han utilizado material antidisturbios y un uso excesivo de la fuerza contra personas que se concentraban en los alrededores de algunos colegios, como en el caso de la Escuela Mediterrània en el barrio de la Barceloneta de Barcelona. Imágenes aparecidas en medios de comunicación muestran como, fuera de este centro, algunos policías golpeaban a personas indefensas sin que hubiera ninguna amenaza aparente. Un agente de la policía, por ejemplo, golpea a una mujer en el cuello y la cara, en al menos dos ocasiones, sin que medie aparente provocación. Igualmente en las mismas imágenes se observa como otro agente de la policía nacional golpea a un hombre que también se encontraba frente al colegio con un puñetazo en la cara. De la misma forma, las imágenes captadas en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) muestran como un agente de la Guardia Civil  golpea con sus defensas de goma en la cara de algunos manifestantes  que rodean el centro de votación

Esta forma de actuar contrasta con los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas que indican que las porras y otros dispositivos de similar impacto no deben utilizarse contra personas que no muestren una conducta amenazadora o agresiva. Cuando su uso sea inevitable, los agentes deben evitar causar lesiones graves; deben prohibirse los golpes con porras dirigidos a la cabeza, el cuello, la garganta, la columna vertebral, la región lumbar, el plexo solar, las rodillas, los tobillos y partes vitales del cuerpo.

Finalmente, Amnistía Internacional recuerda que, mientras los participantes de una reunión o manifestación no opongan resistencia violenta a la policía, ésta no puede usar la fuerza. Cuando la conducta de los manifestantes sea simplemente de resistencia pasiva al cumplimiento del objetivo policial, la fuerza debe ser mínimamente necesaria y siempre proporcionada al objetivo que se quiere conseguir. En opinión de la organización, imágenes del desalojo del Instituto Pau Claris, situado en el Passeig Lluís Companys de Barcelona demuestran como algunas de las personas que se encontraban allí concentradas son fuertemente golpeadas y empujadas violentamente por agentes de Policía, incluso en casos donde no se aprecia resistencia alguna.

“La Policía Nacional y la Guardia Civil han sido claramente obstaculizadas en el ejercicio de sus funciones en numerosos centros de votación, pero existe mucha información disponible que demuestra que agentes de policía han hecho un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y estos actos deben ser investigados, los responsables llevados ante la justicia y estos hechos nunca deben repetirse en el futuro”, ha afirmado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional exige que se abra con urgencia y sin demora una investigación exhaustiva, inmediata, e imparcial por parte de las autoridades españolas sobre el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza de miembros de la policía nacional y la guardia civil. Todo uso de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe llevarse a cabo de modo que cumplan con el derecho y las normas internacionales y ser objeto de revisión. Si la investigación concluye que ha habido un uso excesivo de la fuerza, los responsables deben ser sometidos a los procedimientos penales o disciplinarios oportunos. El uso abusivo de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe tratarse como un delito.