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Bachelet piensa ocuparse seriamente de la situación en Nicaragua.

Bachelet espera concretar “pronto” un plan para el acceso de su Oficina a Nicaragua

FOTO ARCHiVO: Oficina Regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Cientos de personas tomaron las calles de Managua en agosto de 2018 exigiendo justicia para las víctimas que sufrieron la represión durante las protestas.

10 Septiembre 2019

La responsable de velar por las garantías fundamentales en todo el mundo ha indicado estar en “permanente comunicación” con el Gobierno de Nicaragua donde, ha asegurado, el espacio cívico sigue reducido significativamente mediante restricciones a la libertad de expresión y el derecho de asociación.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha presentado este martes en Ginebra su informe sobre la situación de estas garantías fundamentales en Nicaragua.

El informe describe un panorama de intensa represión del Gobierno a la oposición, así como una impunidad generalizada por las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el contexto de las manifestaciones que comenzaron desde abril en 2018.

“Sin embargo, desde que se reanudó el diálogo entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a finales de febrero de 2019, el número de violaciones contra la vida y la integridad personal ha disminuido, prueba de que la concertación es un camino posible y una vía pacífica para superar la crisis”, destacó Michelle Bachelet.

Ahora bien, para Bachelet resulta preocupante que, en el momento de finalizar el informe, su Oficina haya recibido información corroborada sobre homicidios e intentos de homicidio que tuvieron lugar en su mayoría en el departamento de Jinotega y en la respectiva zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua, entre junio y julio de 2019.

En al menos tres casos, se confirmó que las víctimas habían participado activamente en las protestas de 2018.

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ONU/Jean Marc Ferré
Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos,

 

Reducción del espacio cívico

Y aunque las denuncias de actos de tortura y malos tratos han sido esporádicas desde que la casi totalidad de las personas detenidas en el contexto de las protestas fueron liberadas por el Gobierno,el pasado 11 de junio, , la Alta Comisionada destacó “que el espacio cívico en Nicaragua se ha visto reducido de manera significativa hasta el día de hoy”.

La libertad de expresión ha sido restringida mediante acciones que van desde el cierre de medios de comunicación independientes y la retención de sus bienes y equipos, hasta el encarcelamiento de periodistas nacionales, durante meses.

Asimismo, se han registrado arrestos arbitrarios por el simple hecho de ondear una bandera nicaragüense o de cantar el himno nacional en espacios públicos.

También se ha impedido el ejercicio del derecho de reunión pacífica. Desde septiembre de 2018, la Policía ha empezado a exigir permisos para realizar concentraciones públicas y ha denegado la autorización a personas y organizaciones que pretendían manifestar públicamente su desacuerdo con la postura del Gobierno.

Aquellos que intentaron llevar a cabo protestas pacíficas, a pesar de la prohibición, fueron arrestados y en la mayoría de los casos, liberados dentro de las 48 horas posteriores a su arresto.

Acceso de la Oficina de Derechos Humanos

Bachelet indicó que su Oficina mantiene una permanente comunicación con el Gobierno de Nicaragua.

“Espero que esta relación se fortalezca y que pronto se pueda concretar un plan de trabajo consensuado que contemple el acceso de la Oficina y de los diferentes mecanismos del Consejo al país, bajo condiciones y garantías adecuadas”, afirmó.

También recordó que Nicaragua consiguió importantes logros de desarrollo en los años anteriores a la crisis. Pero destacó que la crisis sociopolítica ha repercutido negativamente en los indicadores de desarrollo y en el disfrute de los derechos económicos y sociales.

Según el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, entre marzo de 2018 y febrero de 2019, se perdieron más de 140.000 empleos formales, lo que representa el 15,7 por ciento del total. En abril 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indicó que los precios de los bienes de consumo básicos habían aumentado un 2 por ciento en promedio, mientras que el precio de los servicios públicos de agua y electricidad, un 8,9 por ciento y un 3,7 por ciento, respectivamente.


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Venezuela: situación actual derechos humanos según Bachelet

¿Qué ha pasado en Venezuela desde la visita de Michelle Bachelet?

© UNICEF/Arcos
Una madre venezolana de 21 años migra sola con su hijo de 3 meses.

9 Septiembre 2019

La Alta Comisionada de la ONU hizo un repaso y actualización sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela este lunes ante el Consejo encargado de estas garantías fundamentales. Bachelet aseguró que, aunque hay avances, la situación económica y social del país continúa deteriorándose y hay nuevas denuncias de ejecuciones extrajudiciales.

Michelle Bachelet reiteró este lunes su llamado al Gobierno y a la oposición de Venezuela para que superen sus diferencias y den prioridad a la negociación, lo que ella considera la única manera para poder superar la situación actual.

En un discurso en el marco de la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada informó que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro ha confirmado su voluntad de avanzar sobre los compromisos acordados durante su visita al país en junio, pero que aún queda mucho por resolver.

La jefa de derechos humanos expresó una vez más su disponibilidad y la de su oficina dentro y fuera del país para acompañar todos los esfuerzos que contribuyan a superar la crisis que afecta a millones de venezolanos.

Situación de los detenidos

Bachelet aseguró que se ha logrado restablecer el trabajo de un equipo de su Oficina en Caracas, al cual se le autorizó visitar el Centro de Procesados Militares Ramo Verde.

“Se está avanzando en un protocolo y un calendario de visitas en los próximos meses. El Gobierno ha cumplido con la excarcelación de 83 personas, incluidas aquellas cuya detención había sido considerada como arbitraria por el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria y que seguían en régimen de detención, así como otros casos señalados por la Oficina.  Queda pendiente la liberación plena de la Jueza Afiuni y del periodista Braulio Jatar, quienes obtuvieron medidas parciales”, dijo.

Bachelet afirmó además que el Gobierno se ha comprometido a establecer un mecanismo para atender casos de detención arbitraria; y que ha puesto medidas en marcha para aliviar la situación médica de algunos detenidos.

ONU/Jean Marc Ferré
Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos,

Ejecuciones extrajudiciales

Sin embargo, la Alta Comisionada informó que se han seguido documentando posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas de Acción Especiales de la Policía Nacional, conocidas como FAES.

“Tan sólo en el pasado mes de julio la organización no gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros de las FAES en Caracas. Los casos documentados muestran el mismo patrón identificado en mi informe de junio y revelan la ausencia de mecanismos eficaces para proteger a los testigos y familiares de las víctimas, quienes en su mayoría son mujeres. Mi Oficina no ha recibido información sobre medidas para implementar la recomendación del informe sobre la disolución de las FAES y prevenir la posible comisión de ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, las FAES han recibido apoyo al más alto nivel del Gobierno”, dijo.

Bachelet sostuvo que, según información recibida recientemente por parte del Ministerio Público, de agosto de 2017 a mayo de 2019, se condenaron a 104 miembros de fuerzas de seguridad por violación a los derechos humanos.

“Mi oficina espera información detallada sobre el tipo de violación a los derechos humanos, la adscripción institucional de los funcionarios, y el perfil de las víctimas”, recalcó.

Además, en el mes de julio, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó la condena de un miembro de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia Nacional (SEBIN) por el homicidio de Bassil Dacosta, quien murió de un disparo en la cabeza en las protestas antigubernamentales de 2014. Asimismo, se capturó en España a uno de los presuntos responsables de la muerte de Orlando Figuera, a quien prendieron fuego durante las manifestaciones convocadas por la oposición en 2017.

“Llamo a las autoridades de justicia a agilizar las investigaciones y procesos penales del resto de los casos de muertes en el contexto de protestas”, dijo Bachelet.

UNICEF / Velasquez
Un niño hace malabares por dinero en las calles de Caracas, la capital de Venezuela

La situación económica y social

La jefa de derechos humanos aseguró que el ejercicio de los derechos económicos y sociales continúa restringido.

“La economía atraviesa lo que podría ser el episodio hiperinflacionario más agudo que haya experimentado la región, afectando la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales”, informó al Consejo.

Agregó que en la actualidad el salario mínimo de un venezolano equivale a 2 dólares mensuales, 5 dólares menos que en comparación con junio, y que una familia necesita recibir el equivalente a 41 salarios mínimos para poder cubrir la canasta básica alimentaria. También afirmó que la dolarización de facto en varios sectores de la economía está exacerbando las desigualdades; que los servicios públicos siguen fallando, especialmente en el estado de Zulia; y que el desabastecimiento de combustible fuera de Caracas está agravando la situación.

“En este contexto, el 8 de agosto pasado expresé mi preocupación por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos del nuevo conjunto de sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos de América. Pese a las excepciones contempladas en las últimas sanciones en el área de asistencia humanitaria, el escrutinio estricto del sector financiero, la reducción de los ingresos públicos y la caída en la producción petrolera está teniendo ya un fuerte impacto en los programas sociales y en la población en general. Todo esto contribuye a agravar la situación humanitaria y el éxodo de personas venezolanas”, recordó.

La Alta Comisionada además informó que durante junio de este año, la ONG Caritas reportó un 35% de desnutrición crónica en los niños menores de 5 años.

PMA / Dianna Dauber
Michelle ha cruzado el río que hace de frontera entre Venezuela y Colombia con su bebé, Ashley, en los brazos. Necesita medicinas que no puede conseguir en su país y que sí obtendrá de la Cruz Roja en el lado colombiano.

La salud

Bachelet dijo que le preocupaba particularmente la falta de acceso a medicamentos y tratamiento para 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas.

“Se ha registrado la muerte de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos e insumos para ser dializados desde 2017. Debido al desabastecimiento de suministros, los únicos dos centros en el país donde se pueden practicar trasplantes de médula ósea se enfrentan a serios problemas operativos”, dijo.

Además, debido a problemas financieros al menos 39 personas, incluidos niños y niñas, se encuentran en Venezuela esperando viajar al extranjero para recibir trasplantes en el marco de programas estatales. En los últimos meses, al menos 4 niños y niñas habrían fallecido durante la espera. Un paso positivo es que según la Organización Panamericana de la Salud ha ampliado la cobertura de vacunación contra la poliomielitis, el sarampión y la difteria.

ACNUR / Reynesson Damasceno
Una mujer y un niño indígenas de Venezuela en un albergue en Pacaraima, Brasil.

Los pueblos indígenas

“Me preocupa el aumento de presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas, como las muertes de dos jóvenes Warao en julio presuntamente por elementos del FAES, las muertes de una mujer indígena Warao embarazada, y una niña de 6 años, así como la muerte de un líder indígena Curripaco en Amazonas, cometidos supuestamente por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana”, expresó Michelle Bachelet.

Me preocupa el aumento de presencia de militares en el territorio del pueblo indígena Pemón, así como casos recientes recibidos de violencia en contra de personas indígenas.

Agregó que también le preocupa el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales en el Arco Minero del Orinoco tienen en la forma de vida de los pueblos indígenas, así como el impacto ambiental en sus territorios.

La Alta Comisionada recalcó que a pesar de que el Gobierno considera que se realizaron consultas con los pueblos indígenas antes del establecimiento del Arco Minero, las autoridades indígenas y las ONGs sostienen que no hubo consultas, ni  estudios de impacto ambiental adecuados.

La justicia

Michelle Bachelet expresó su rechazo a la condena el pasado 13 de agosto del líder sindical Rubén González a 5 años y 9 meses de prisión por un tribunal militar, y sostuvo que su familia ha sido objeto de diversas formas de hostigamiento.

“La aplicación de la justicia militar para juzgar a civiles constituye una violación del derecho a un juicio justo, incluido el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial”, recordó.

También dijo que le preocupaban las recientes acciones para aprobar una ley que tipifica como delito las actividades de las organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero. “Esa ley, si se aprueba y aplica, reducirá aún más el espacio democrático. Lamento también los recientes ataques del Gobierno en contra de la autonomía universitaria”, dijo.

La Oficina de la Alta Comisionada también documentó casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares. Las condiciones de detención no cumplen con los estándares internacionales básicos y las personas detenidas no tienen acceso a atención médica adecuada.

Bachelet solicitó a las autoridades pasar a la  acción para corregir estas prácticas, permitir el acceso médico e investigar las violaciones a los derechos humanos.

“La autopsia del Capitán Acosta Arévalo, quien falleció bajo custodia el 29 de junio, reveló que había sufrido múltiples golpes, contusiones, excoriaciones y quemaduras en varias partes del cuerpo. Sufrió fracturas en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho. Las autoridades reportaron que dos oficiales de la DGCIM fueron detenidos y acusados de homicidio preterintencional, pero no de haber cometido actos de tortura. Aliento a las autoridades a que investiguen las denuncias de tortura, castiguen a los responsables, reparen a las víctimas y adopten medidas para evitar su repetición”, expresó.

ACNUR / Siegfrid Modola
Refugiados y migrantes venezolanos cruzan a pie el puente Simón Bolívar, uno de los 7 cruces legales en la frontera entre Venezuela y Colombia

Los emigrantes

Según las últimas cifras de Naciones Unidas hay más de 4,3 millones de personas venezolanas refugiadas y migrantes en el mundo.

Michelle Bachelet celebró los esfuerzos realizados en materia de recepción, documentación y acceso a derechos en los países de acogida e hizo eco a las palabras de Eduardo Stein, Representante Especial del Secretario General para los refugiados y migrantes venezolanos, sobre la necesidad de adoptar medidas para garantizar una migración segura, ordenada y regular.

No deberían imponer obstáculos de acceso al territorio que pueden incrementar la migración irregular, y exacerbar los riesgos a ser víctimas de diversas formas de violencia y explotación”, dijo.

Agregó que le preocupan los informes de brotes de xenofobia en países de la región y redobló su pedido a las autoridades de los países de acogida para mitigarlos y prevenirlos preservando los derechos de las personas migrantes y refugiadas.

La Oficina continúa documentando casos de personas migrantes víctimas de trata, particularmente mujeres, niñas y niños, con fines de explotación sexual, laboral y de reclutamiento para actividades ilícitas por parte del crimen organizado y de otros grupos armados.

“Las víctimas rara vez denuncian por temor a represalias o a ser deportadas, así como debido a la corrupción, impunidad y falta de servicios de atención adecuados. Asimismo, se documentó la desaparición de decenas de personas migrantes cuyas lanchas naufragaron o desaparecieron en las costas caribeñas, aparentemente relacionada con redes de trata y tráfico de personas hacia las islas del Caribe”, informó.

Las ONG

Finalmente, la Alta Comisionada dijo que le preocupaba la información recibida por su Oficina según la cual algunas organizaciones de la sociedad civil y sus representantes que colaboraron en la preparación de su último informe al Consejo de Derechos Humanos fueron víctimas de descalificaciones públicas y amenazas por altos funcionarios siguiendo su publicación.

Las represalias por haber cooperado con las Naciones Unidas son inaceptables e insto a las autoridades a que tomen medidas de prevención. Mantengo la certeza de que las recomendaciones de mi informe puedan servir como una guía para superar la actual situación. Mi Oficina seguirá brindando la asistencia técnica y apoyo a las instituciones y a las víctimas que sea requerida, a la vez que seguirá monitoreando y reportando”, concluyó.

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Las sanciones USA a Venezuela y sus posibles consecuencias negativas en la población (ONU)

Bachelet: Las nuevas sanciones de EE.UU a Venezuela pueden tener un impacto severo en la población

ONU/Manuel Elias
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

8 Agosto 2019

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos dijo que, aunque las causas de la crisis económica en Venezuela son anteriores a las sanciones, éstas exacerban sus efectos y afectan a los más vulnerables. Además, dijo que las nuevas penalidades son extremadamente amplias y no contienen medidas suficientes para mitigar el impacto en la población.

Michelle Bachelet dijo estar profundamente preocupada por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos de las personas en Venezuela del nuevo conjunto de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos esta semana.

Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables. Temo que tengan implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación, en particular en un país donde ya existe una seria situación de escasez de bienes esenciales”, apuntó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Bachelet recordó que la economía venezolana sufrió una contracción del 47,6% entre 2013 y 2018 según las cifras oficiales, y que con las nuevas sanciones que restringen aún más la actividad económica, las compañías y las instituciones financieras podrían ser cautelosas y detener completamente las transacciones relacionadas con el Gobierno de Venezuela para evitar ser penalizadas.

La Alta Comisionada reiteró que las causas de la crisis económica en Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas, pero agregó que éstas están exacerbando los efectos de la grave crisis –y por extensión de la situación humanitaria-, dado que la mayoría de las divisas externas provienen de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están relacionadas con el mercado de Estados Unidos.

“Tomo nota de que las recientes sanciones técnicamente no se aplican a las “transacciones relacionadas con las provisiones de artículos, tales como alimentos, ropa y medicinas que buscan dar respuesta al sufrimiento humano”. Sin embargo, es posible que aún así lleguen a exacerbar la crisis en la que viven millones de personas venezolanas, debido especialmente a la existencia de un escrutinio excesivo (over-compliance) por parte de las instituciones financieras en el mundo que tienen relaciones comerciales con los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela”, expresó la funcionaria en un comunicado.

UNICEF / Velasquez
Un niño mendiga en las calles de Caracas, la capital de Venezuela

Añadió que existe evidencia suficiente de que las sanciones con efectos amplios pueden terminar afectando negativamente los derechos fundamentales de las personas, incluyendo sus derechos económicos, así como sus derechos a la alimentación y salud, y que pueden implicar obstáculos para el acceso a la asistencia humanitaria. Incluso las sanciones más dirigidas y concretas, deben de contener garantías estrictas de protección de los derechos humanos, dijo.

“Llamo a aquellos actores que pueden tener influencia–tanto en Venezuela, como en la comunidad internacional- para que trabajen de manera conjunta y constructiva en la solución política de esta prolongada crisis en el país, colocando en primer plano los derechos humanos de las personas que sufren en Venezuela”, concluyó Michelle Bachelet.

Secretario General

Con respecto a la decisión del Gobierno venezolano de no acudir a las conversaciones con la oposición auspiciadas por Noruega y programadas para esta semana en Barbados, el portavoz del Secretario General de la ONU dejó clara la posición del organismo mundial.

“El Secretario General reitera el apoyo de las Naciones Unidas al proceso facilitador noruego”, dijo Stephan Dujarric.

Agregó que António Guterres está convencido de que “la única solución posible a la situación en Venezuela es un acuerdo negociado”.


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Bachelet: los actuales ataques a la población en Siria demuestran el fracaso del Consejo de seguridad ONU.

Bachelet: Los bombardeos a civiles en Siria representan el fracaso del Consejo de Seguridad

UNICEF/Watad
Niños que huyeron de la creciente violencia en Idlib en un refugio sobrepobldo en la localidad siria de Atmeh Village, junto a la frontera turca.

26 Julio 2019

La responsable de velar por los derechos humanos en el mundo lamenta que, ante los últimos ataques a hospitales y otras instalaciones civiles, la respuesta de la comunidad internacional sea encogerse de hombros y señala el fracaso del Consejo de Seguridad y sus cinco miembros permanentes de ponerse acuerdo para usar su poder e influencia en detener los combates y las matanzas.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha dado nuevamente la voz de alarma este viernes por la indiferencia internacional ante la serie de bombardeos que están matando un buen número de civiles en la región de Idlib y otras partes del noroeste de Siria.

“A pesar de los reiterados llamamientos de las Naciones Unidas para respetar el principio de precaución y distinción en la conducción de las hostilidades, esta última campaña implacable de ataques aéreos del Gobierno y sus aliados ha seguido afectando a instalaciones médicas, escuelas y otras infraestructuras civiles, como mercados y panaderías”, dijo Michelle Bachelet.

Para ella, “estos son objetivos civiles, y parece muy improbable, dado el patrón persistente de tales ataques, que todos estén siendo bombardeados por accidente”.

Los ataques aéreos matan y mutilan a un número significativo de civiles varias veces a la semana, y la respuesta parece ser encogerse de hombros.

Tan solo en los últimos diez días, los bombardeos de al menos diez lugares diferentes, ocho en Idlib y dos en la zona rural de Alepo, han causado la muerte de 103 civiles, incluidos 26 niños. Tres de los ataques tuvieron lugar el miércoles 25 de julio. Desde hace tres meses el número de víctimas mortales civiles asciende a 450.

Bachelet dijo que le preocupaba que la continua carnicería en Siria “ya no esté en el radar internacional“.

Los principios de distinción y precaución están recogidos en las Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales por ellos se asegura que: “A fin de garantizar el respeto y la protección de la población civil y de los bienes de carácter civil, las partes en conflicto harán distinción en todo momento entre población civil y combatientes” y que esas partes tomarán “todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque para evitar o, al menos, reducir todo lo posible el número de muertos y de heridos que pudieran causar incidentalmente entre la población civil, así como los daños a los bienes de carácter civil”.

La Alta Comisionada recordó que “los ataques intencionales contra civiles son crímenes de guerra, y aquellos que los han ordenado o ejecutado son responsables penalmente de sus acciones”.

Parálisis del Consejo de Seguridad

“Varios cientos de miles de niños, mujeres y hombres han sido asesinados en Siria desde 2011. Tantos que ya ni siquiera es posible dar una estimación creíble. Durante los primeros años de este conflicto mortífero, cuando las víctimas fueron decenas, luego cientos, luego miles, el mundo mostró una considerable preocupación por lo que estaba sucediendo. Ahora, los ataques aéreos matan y mutilan a un número significativo de civiles varias veces a la semana, y la respuesta parece ser encogerse de hombros, con un Consejo de Seguridad paralizado por el fracaso persistente de sus cinco miembros permanentes en aceptar usar su poder e influencia para detener la contienda y las matanzas de una vez por todas”, dijo Bachelet.

Y añadió: “Este es un fracaso del liderazgo por parte de las naciones más poderosas del mundo, lo que resulta en una tragedia en una escala tan vasta que parece que ya no podemos relacionarnos con eso”.

UNICEFWatad
Niños en una escuela montada en una tienda de campaña en el norte de Idlib.

El cese de las hostilidades es esencial

Ante esta situación, pidió a las partes influyentes y a las que acordaron reducir las hostilidades a detener la actual campaña militar y dialogar en una mesa de negociación.

“A pesar de ser el objeto de un acuerdo para la distensión en 2017 y de otro acuerdo para crear una zona desmilitarizada en 2018, Idlib y las áreas circundantes están presenciando una grave escalada militar con graves consecuencias humanitarias y para los derechos humanos de los millones de civiles que intentan sobrevivir allí”, dijo Bachelet.

“Es esencial que haya un cese de las hostilidades para dar un espacio en el que las negociaciones políticas puedan respirar. La alternativa es simplemente más muerte y destrucción sin sentido en una guerra sin fin”.

El personal de la Oficina de la Alta Comisionada continúa recopilando información sobre tres ataques recientes, en los que murieron al menos 11 víctimas civiles y que fueron perpetrados por grupos armados no estatales en áreas controladas por el Gobierno, en el barrio de Hama de la ciudad de Masyaf en 21 de julio, y en los de al-Hamadaniya y al-Jamiliya en la de Aleppo los días 22 y 24 de julio.


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Bachelet (ONU) denuncia mal trato USA a los migrantes detenidos.

Bachelet horrorizada por las condiciones que sufren los migrantes y refugiados en Estados Unidos

ARCHIVO: UNICEF/Tanya Bindra
Una mujer llora antes de reunirse con su hijo que fue deportado.

8 Julio 2019

Para la responsable de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en el mundo, las medidas para gestionar el movimiento de personas en la frontera deben cumplir con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y no basarse en políticas de miras estrechas destinadas únicamente a detectar, detener y deportar rápidamente a los migrantes irregulares. También recordó que la detención de niños migrantes puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha mostrado este lunes horrorizada “por las condiciones en que los migrantes y refugiados, niños y adultos, están detenidos en los Estados Unidos de América después de cruzar la frontera sur”.

Michelle Bachelet, que además es madre y pediatra, hace hincapié en que “los niños nunca deben ser recluidos en detención migratoria o separados de sus familias”.

Según informaciones de prensa no confirmadas oficialmente, desde octubre, nueve personas, de ellas tres niños, han muerto en los centros de detención a los que son conducidos los migrantes y refugiados tras cruzar la frontera sur de los Estados Unidos. Muchos también han caído enfermos debido a unas pobres condiciones higiénicas y sanitarias.

Cuando finalmente creen que han llegado a salvo, pueden encontrarse separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas. Esto nunca debería suceder en ninguna parte.

“Como pediatra, pero también como madre y ex jefa de Estado, estoy profundamente sorprendida de que los niños se vean obligados a dormir en el suelo en instalaciones superpobladas, sin acceso a atención médica ni alimentos adecuados, y con malas condiciones de saneamiento”, dijo Bachelet.

Trato cruel, inhumano o degradante

La Alta Comisionada declaró que varios organismos de derechos humanos de la ONU han encontrado que “la detención de niños migrantes puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante que está prohibido por el derecho internacional”.

“Detener a un niño, incluso por períodos cortos y en buenas condiciones, puede tener un impacto grave en su salud y desarrollo. Consideren el daño que se está haciendo todos los días al permitir que esta situación alarmante continúe”, afirma Bachelet, para quien es claro que la detención de inmigrantes nunca está en el mejor interés de un niño.

Bachelet menciona el perturbador informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacionalestadounidense que señala que se deben corregir las condiciones en los centros para migrantes a lo largo de la frontera sur, e insta a las autoridades a encontrar alternativas que no incluyan la detención de niños y adultos migrantes y refugiados.

El arresto, el último recurso

ACNUR/V. Tan
Foto: ACNUR/V. Tan

“Cualquier privación de libertad de los migrantes y refugiados adultos debe ser una medida de último recurso“, asevera la Alta Comisionada que indica que, si se lleva a cabo la detención, esta debe ser por el período más corto de tiempo, con garantías de debido proceso y en condiciones que cumplan con todas las normas internacionales de derechos humanos relevantes.

“Los Estados tienen la prerrogativa soberana de decidir sobre las condiciones de entrada y permanencia de los extranjeros. Pero claramente, las medidas de gestión de la frontera deben cumplir con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos y no deben basarse en políticas de miras estrechas destinadas únicamente a detectar, detener y deportar rápidamente a los migrantes irregulares”, agregó.

Cualquier privación de libertad de los migrantes y refugiados adultos debe ser una medida de último recurso.

Bachelet indica que, en la mayoría de estos casos, los migrantes y los refugiados han emprendido viajes peligrosos con sus hijos en busca de protección y dignidad y alejados de la violencia y el hambre: “Cuando finalmente creen que han llegado a salvo, pueden encontrarse separados de sus seres queridos y encerrados en condiciones indignas. Esto nunca debería suceder en ninguna parte”.

Situación compleja para los Estados

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México y América Central ha documentado numerosas violaciones de derechos humanos y abusos contra migrantes y refugiados en tránsito, incluido el uso excesivo de la fuerza, la privación arbitraria de la libertad, la separación familiar, la denegación del acceso a los servicios, el rechazo y expulsiones arbitrarias.

La Alta Comisionada reconoce la complejidad de la situación y los desafíos que enfrentan los Estados de origen, tránsito y destino.

Por ese motivo, les pide que trabajen juntos para abordar las causas fundamentales que obligan a los migrantes a abandonar sus hogares mediante la implementación de políticas transversales que tomen en cuenta los complejos factores de la migración. Estos factores incluyen la inseguridad, la violencia sexual y de género, la discriminación, la pobreza, los impactos adversos del cambio climático y la degradación ambiental.

La Alta Comisionada reconoce la complejidad de la situación y los desafíos que enfrentan los Estados de origen, tránsito y destino. Por eso. deben trabajar juntos.

Bachelet también rindió homenaje a individuos y organizaciones de la sociedad civil que han brindado a los migrantes los derechos más básicos, como el derechoa al agua, la alimentación, la salud, la vivienda adecuada y otra asistencia de este tipo.

“La provisión de asistencia para salvar vidas es un imperativo de derechos humanos que debe respetarse en todo momento y para todas las personas necesitadas; es inconcebible que aquellos que buscan brindar dicho apoyo corran el riesgo de enfrentar cargos penales”, afirmó.

Vídeo relacionado:

En junio de 2018, los líderes de las Naciones Unidas expresaron su profunda preocupación sobre el sufrimiento de los niños migrantes y refugiados, cuando se calculaba que que cerca de 2000 niños habían sido forzados a separarse de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México.

 

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Bachelet ofrece su informe tras la visita a Venezuela.

5 Julio 2019

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“Tal y como demuestra nuestro informe, el Estado de Derecho y varias instituciones esenciales del país han sido erosionadas, y el uso excesivo y letal de la fuerza se ha usado contra manifestantes y también en operaciones de seguridad, por las fuerzas especiales, la tortura es un grave problema como trágicamente demostró la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo hace una semana”, dijo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.

Bachelet además recalcó que las sanciones impuestas a Venezuela, están exacerbando la crisis económica que se vive. 

La Alta Comisionada dijo que la reciente excarcelación de varios detenidos políticos, así como la aceptación de que dos monitores de su Oficina permanezcan en el país, las entiende como muestras de un nuevo compromiso de las autoridades venezolanas con la resolución de los múltiples desafíos que enfrenta, y que espera que las autoridades reciban las recomendaciones de este informe de la misma manera constructiva en la que fueron redactadas.

Noticias ONU/Daniel Johnson
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, durante la presentación del informe.

Por su parte, el vicecanciller de Venezuela, William Castillo, estuvo presente en el Consejo y aseguró que el Gobierno de Nicolás Maduro discrepa del informe.

“Venezuela está segura de que usted sabe que el informe no refleja la realidad que vive nuestro país, exigimos la corrección de su contenido e instamos a una actuación ponderada y respetuosa de su oficina.”.

En la presentación del informe también participó Feliciano Reyna Ganteaume en representación de 200 organizaciones de derechos humanos de Venezuela.

“En Venezuela no existen instituciones independientes que puedan actuar como un freno a los abusos de poder, a excepci6n de la Asamblea Nacional, electa en diciembre de 2015, cuyos poderes constitucionales han sido anulados por el Tribunal Supremo de Justicia, controlado politicamente, y por una asamblea constituyente fraudulenta. Jueces y fiscales son en su mayoria funcionarios sin estabilidad, sujetos a libre nombramiento y remoción, sin causa ni apelación.”, dijo.