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Colombia: aumenta el número de asesinatos a l.íderes indígenas y afrocolombianos

Aumenta el número de asesinatos a líderes indígenas y afrocolombianos en zonas afectadas por el conflicto

Las comunidades rurales e indígenas son las más afectadas por la violencia en Colombia. Foto: Charlotte Kesl/Banco Mundial

17 de noviembre, 2017 — La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), expresó preocupación ante el aumento en los asesinatos y las amenazas contra defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios en la región de la costa del Pacífico de Colombia. En la mayoría de los casos, las víctimas son de comunidades indígenas y afrocolombianas.

Al menos 78 líderes comunitarios han sido asesinados en lo que lleva del año y muchos más amenazados según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Siete de ellos desde el 17 de octubre, en una serie que comenzó con la muerte de Jose Jair Cortés, líder de la comunidad afrocolombiana de Alto Mira y Frontera en la ciudad de Tumaco.

“Algunas de las personas que han sufrido estos ataques estaban bajo medidas de protección de las autoridades. De lo que se trata es de hacer que estas medidas funcionen en la práctica y que haya una presencia más importante del Estado”, aseguró William Spindler, portavoz de ACNUR.

Cortés era líder de un consejo comunitario en una zona afectada por el desplazamiento masivo y el confinamiento a causa de la violencia de grupos armados.

“Muchas veces que las comunidades no pueden salir y cultivar sus productos, o ir al mercado o ir a pescar, u otras actividades para asegurar su subsistencia, entonces son situaciones muy difíciles en las que el Estado tiene que tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de estas personas”, asegura Spindler.

La implementación del Acuerdo de Paz de Colombia con las FARC, que se anunció hace un año, ha representado muchos desafíos para las comunidades afectadas por la presencia de grupos armados y actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la minería ilegal.

El vacío de poder dejado por la desmovilización de las FARC ha convertido muchas áreas en territorios disputados entre grupos criminales nuevos y existentes. Las demoras y los problemas relacionados con la aplicación local de los principales objetivos del Acuerdo de Paz, como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos o el desarrollo local, han aumentado la incertidumbre en un entorno en el que la presencia del Estado sigue siendo débil.

Alrededor de 1.500 personas han sido desplazadas en 2017 y muchas más han estado viviendo confinadas en la zona del Pacífico colombiano. Entre el 7 y el 12 de noviembre, más de 46 familias fueron desplazadas por la fuerza de los municipios de Barbacoas y Tumaco (departamento de Nariño). Los líderes de estas áreas creen que la cantidad real de víctimas podría ser mucho mayor porque la gente tiene miedo de denunciar los abusos, reveló ACNUR.

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Colombia: el cese el fuego con el ELN y sus deficiencias.

Cese al fuego con el ELN en Colombia: hay “cierto alivio humanitario”, pero aún hay desafíos de seguridad

Observador de la Misión de la ONU en Colombia. Foto: ONU

09 de noviembre, 2017 — Desde que entró en vigor el acuerdo de cese al fuego entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la población en varias regiones de Colombia ha sentido “cierto alivio humanitario”, pero aún se mantienen serios desafíos a la seguridad de las comunidades que viven en zonas de conflicto, reveló en un comunicado la Misión de Verificación de la ONU en ese país.

El miércoles se cumplió un mes del funcionamiento del Mecanismo de Veeduría y Verificación del Cese al Fuego Bilateral, conformado por la Misión de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal.

Tanto la ONU como la Iglesia, resaltaron el compromiso de las partes para lograr el cumplimiento de los protocolos al suspender acciones ofensivas y evitar incidentes armados entre la fuerza pública y el ELN, pero señalaron que les preocupaba una serie de incidentes de violencia y la tensa situación en zonas rurales del norte y occidente del país.

El mes pasado, varios campesinos fueron asesinados cuando protestaban en la ciudad de Tumaco, en el departamento del Cauca, en hechos que aún no han sido esclarecidos por completo. Además, el líder indígena Aulio Isarama Forastero del departamento del Chocó también fue asesinado a balazos, en un hecho que el ELN reconoció y por el que pidió perdón, y el cual fue calificado por el Mecanismo de Veeduría como una “violación a las reglas y compromisos”.

La Misión de Verificación de la ONU y la Conferencia Episcopal de Colombia, instaron a las partes a mantener su compromiso y voluntad para afianzar el trabajo del Mecanismo, contribuir al propósito fundamental de mejorar la situación humanitaria de la población y establecer un nuevo cese cuando sea cumplido el plazo.


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Colombia: cultivos ilícitos y acuerdo para su eliminación.

Colombia: incremento de 52% en los territorios afectados por cultivos de coca

UNODC presenta el Informe de Monitoreo de Territorios afectados por Cultivos Ilícitos 201614 de julio de 2017 – El último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la UNODC reporta un incremento del 52% en los territorios afectados por cultivos de coca al pasar de 96.000 hectáreas en 2015 a 146.000 hectáreas en 2016.

El mayor crecimiento se registra en zonas fronterizas, especialmente en Nariño, Putumayo y Norte de Santander, los mismos territorios con mayor número de hectáreas reportadas en el informe del 2015.

En relación a la producción potencial de cocaína se estima un aumento del 34%. Pasó de 646 toneladas en 2015 a 866 en 2016.

El precio promedio del kilo de hoja de coca es 43% más alto respecto a las estimaciones del 2013, año en el que la tendencia empezó a ser el aumento del área sembrada.

Este año el informe también registra un incremento en las incautaciones del 49%. 253 toneladas de cocaína fueron confiscadas en 2015. En 2016 ese número aumentó a 378.

Aunque los datos indican una situación preocupante, el escenario en Colombia se muestra propicio para una solución sostenible a partir de la transición de una estrategia centrada en los cultivos a una estrategia centrada en la transformación de los territorios y en las comunidades. Empieza a consolidarse un panorama de confianza entre el Estado y las comunidades para la construcción conjunta de soluciones sostenibles. Para ello serán necesarias acciones coordinadas, focalizadas e integrales que enfrenten las economías ilícitas y el crimen organizado, permitan a las comunidades tomar decisiones libres sin la presión de grupos armados al margen de la ley y promuevan en el territorio alternativas legales de desarrollo.

Colombia y UNODC firman histórico acuerdo para combatir los cultivos ilícitos

Planta de coca. Foto UNODC

03 de noviembre, 2017 — El gobierno de Colombia y la Oficina de la ONU Contra la Droga y el Delito (UNODC) firmaron un histórico acuerdo para abordar la reducción del cultivo y la producción de coca que impulsaron el conflicto en el país.

“Esta es una oportunidad única para cambiar el rumbo del cultivo de coca en Colombia y ayudar a los agricultores a adoptar el desarrollo alternativo”, declaró Yury Fedotov, director ejecutivo de UNODC, durante la presentación de la nueva iniciativa en Ginebra este viernes.

El proyecto, valorado en 215 millones de dólares, está diseñado para supervisar la política del país de reducir los cultivos ilícitos y fortalecer el desarrollo rural, como parte de los esfuerzos actuales para construir la paz.

Estos objetivos serán impulsados principalmente a través del desarrollo alternativo: el proceso de alentar a los agricultores a cultivar productos legales como el cacao, las especiales y el café. La UNODC ha fomentado este tipo de programas en países como Colombia, Perú y Bolivia desde hace 30 años, pero el nuevo proyecto de cooperación intensificará el apoyo para la persuadir a las comunidades locales a renunciar voluntariamente al cultivo de coca.

“Felicito calurosamente al gobierno colombiano no solo por sus incesantes esfuerzos para encontrar la paz, sino también por su reconocimiento de que la búsqueda de la paz requiere soluciones tangibles a los crímenes que alimentan el conflicto”, dijo Fedotov.

La cocaína fue una de las principales fuentes de financiamiento del conflicto en Colombia. El reciente informe del sistema integrado de monitoreo de cultivos ilícitos de la UNODC en el pais, descubrió que 146,000 hectáreas de tierras de cultivo estaban destinadas a esta planta.


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Colombia: asesinato de un gobernador indígena

  Misión de la ONU en Colombia condena asesinato de líder indígena a manos del ELN

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31 de octubre, 2017 — La Misión de la ONU en Colombia condenó el asesinato del gobernador indígena Aulio Isarama Forastero, del Resguardo Catru Dubaza Ancoso, en el departamento del Chocó, ocurrido el 24 de octubre y atribuido a un frente del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Como parte de su mandato de coordinación del Mecanismo de Veeduría y Verificación del Cese al Fuego Bilateral entre el ELN y el gobierno, la Misión desplegó personal y avanza en el proceso de verificación de este incidente.

En un comunicado, la dirección del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez, máximo organismo de conducción de las estructuras del ELN que operan en el Chocó, se adjudicó el homicidio y dijo lamentar profundamente el hecho ya que “los integrantes responsables no tenían autorización” para cometerlo.

Según despachos de prensa, Isarama realizaba actividades con su comunidad alrededor de las 5 de la tarde del pasado martes cuando cinco hombres armados se le acercaron y lo intimidaron por presuntos vínculos con la inteligencia militar. Según testigos, dos horas más tarde se escucharon varios disparos.

La ONU saludó el compromiso del gobierno y el ELN para mantener el cese del fuego y exhortó a las partes a continuar con el proceso de diálogo para garantizar el bienestar de las comunidades más afectadas por el conflicto armado y para llevar al país a una paz estable y duradera.

La Misión de Verificación expresó su preocupación por la situación de violencia y asesinatos en zonas de conflicto e instó a un despliegue efectivo de la autoridad estatal para garantizar la seguridad de las comunidades.


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Colombia: periodista asesinada.

Colombia: UNESCO pide investigación tras asesinato de periodista colombiana Efigenia Vásquez

Foto: UNESCO

18 de octubre, 2017 — La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), condenó hoy el asesinato de la periodista radiofónica Efigenia Vásquez Astudillo cometido el pasado 8 de octubre en la ciudad de Tumaco, en el suroeste de Colombia.

Irina Bokova hizo un llamamiento a las autoridades colombianas a investigar un crimen que, según sus palabras, “socava tanto la libertad de expresión como la libertad de información, derechos que son cruciales para cualquier democracia”.

Efigenia Vásquez Astudillo trabajaba como reportera y presentadora de la emisora comunitaria Renacer y fue tiroteada mientras cubría enfrentamientos en Tumaco.

Asimismo, Bokova también deploró el asalto que sufrió el pasado jueves, Shir Mohammad Jahish, el director de la cadena de televisión Tanweer TV.

Un grupo de hombres no identificados balearon el vehículo de Mohammad Jahish cuando se dirigía a su domicilio. El ataque causó heridas leves al ejecutivo de televisión y la muerte de su guardaespaldas.


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Colombia: misión ONU deposita al Gobierno las armas entregadas por las FARC

Misión de la ONU en Colombia entregó al gobierno el material del Depósito Central de Armamento

Observadores de la Misión de la ONU en Colombia. Foto: Misión de la ONU en Colombia

13 de octubre, 2017 — En la última actividad relacionada con el Proceso de Dejación de Armas, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia informó que este viernes hizo entrega formal al Gobierno Nacional, bajo custodia y garantía de seguridad de la Unidad de Policía Especial para la Paz (UNIPEP), de 69.034 kilogramos de material resultado de la inhabilitación y destrucción de todo el armamento y munición de las FARC-EP que hasta el momento se encontraba resguardado en el Depósito General de Armamento de la Misión.

En el depósito se encontraban contenedores con más de 7.000 armas entregadas por las FARC-EP y demás armamento encontrado en 750 caletas a lo largo del país.

La entrega se hizo de acuerdo con la nota remitida a la Misión el pasado 6 de octubre por parte de la Presidencia de la República, y cómo se acordó en el marco de la Comisión de Seguimiento, Impulso y
Verificación a la implementación (CSIVI).

Las armas serán fundidas para la realización de tres monumentos a la paz que se colocarán en la sede de la ONU en Nueva York, en Cuba y en Colombia.


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Colombia. Continúan las violaciones de derechos humanos.

El conflicto con las FARC-EP terminó, pero las violaciones de derechos humanos en Colombia continúan

El secretario general adjunto para Derechos Humanos, Andrew Gilmour, se reúne con indígenas Nasa en Colombia en San Luis, zona que se encontraba al mando de las FARC-EP antes del proceso de paz. Foto: ONU Derechos Humanos

10 de octubre, 2017 — “Aunque el conflicto armado con las FARC-EP terminó, los defensores de los derechos humanos aún siguen siendo amenazados y asesinados a un ritmo alarmante”, advirtió el secretario general adjunto de la ONU para esas garantías fundamentales.

Al final de su visita de seis días a Colombia, Andrew Gilmour reconoció los esfuerzos del gobierno para adoptar políticas encaminadas a prevenir estos ataques, pero aseguró que aún no se han producido resultados significativos.

“Desde comienzos de este año, ha habido más asesinatos de defensores de derechos humanos, líderes sociales y comunitarios, en particular en áreas anteriormente ocupadas por las FARC-EP”, dijo.

Gilmour pidió al gobierno, al Congreso y al sistema de justicia que tomen medidas para que los responsables de crímenes contra defensores sean investigados, perseguidos y castigados enérgicamente. “Y aquí estamos hablando no sólo de aquellos que tiraron el gatillo, sino también de quienes ordenaron o pagaron para hacerlo”, añadió.

Durante su viaje, Gilmour se reunió con víctimas del conflicto armado, líderes indígenas y con actores de la sociedad civil, así como con el vicepresidente, el defensor del pueblo, el procurador general y dirigentes de las FARC-EP.

El secretario general adjunto enfatizó que la paz solo será sostenible cuando los desmovilizados estén debidamente integrados a la sociedad y tengan los medios para un salario digno como civiles.

Agregó que acciones de las instituciones del Estado y apoyo económico tienen que llegar a las áreas previamente ocupadas por las FARC-EP, para evitar que organizaciones criminales intensifiquen sus actividades en esas zonas como respuesta al “vacío” que dejan los excombatientes.

Gilmour elogió el esfuerzo de las autoridades para implementar el Acuerdo de Paz, especialmente el compromiso del presidente Juan Manuel Santos de dar la debida consideración a las cuestiones de derechos humanos.

Sin embargo, aseguró que se necesita una acción urgente para hacer frente a la impunidad crónica de las violaciones de derechos humanos, en particular por los “falsos positivos” cometidos por la misma Fuerza Pública y los ataques a los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios a manos de organizaciones criminales.