Loiola XXI

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Guatemala: Monseñor Gerardi en el aniversario de su asesinato.

Mons. Gerardi. Defensor de los derechos humanos en Guatemala

Este 26 de abril se cumplen 31 años de la muerte trágica del obispo guatemalteco, defensor de los derechos humanos, Juan Gerardi, asesinado en la capital guatemalteca en 1988

Manuel Cubías – Ciudad del Vaticano

Mons. Juan José Gerardi nació en ciudad de Guatemala el 27 de diciembre de 1922. Fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1946, en la Catedral Metropolitana de la ciudad de Guatemala. Fue párroco en varias parroquias hasta el año 1967, cuando Pablo VI lo nombra Obispo de la Diócesis de La Verapaz. Su lema episcopal fue “Constituido al servicio de Dios a favor de todos”. Tomó posesión de su Diócesis el 11 de agosto de ese mismo año; en septiembre de 1974 fue elegido tercer Obispo de la Diócesis de Santa Cruz del Quiché.

Su participación en la vida de la Iglesia en Guatemala fue siempre muy activa; era sumamente apreciado y querido entre el clero y los obispos, de forma que desde 1972 fue elegido para el cargo de Presidente de la Conferencia Episcopal (CEG) por dos períodos consecutivos, 1972-1974, y luego, 1974-1976; repetirá de nuevo este cargo, de 1980 a 1982, al que renunció por encontrarse en el exilio. En 1974 la Conferencia Episcopal lo eligió como delegado al Sínodo de los Obispos, que se celebró en Roma sobre el tema de la Evangelización.

Monseñor Juan José Gerardi fue asesinado a golpes en la cabeza el 26 de abril de 2008, dos días después de que hubiera presentado el informe de la Iglesia Católica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado (1960-1996). Como coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Mons. Gerardi fue el impulsor del proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). Basado en el estudio de más de 55,000 violaciones de derechos humanos perpetradas durante los 36 años del conflicto, el informe estableció que la gran mayoría de las violaciones fue a mano del ejército y sus auxiliares civiles.

Obispo del Quiché

Poco después del Sínodo fue trasladado al Quiché, una realidad nueva, también indígena; con pocos agentes de pastoral. En esta Diócesis también ejerció su ministerio en un territorio muy extenso, difícil y diversificado, en años en los que la situación de la violencia crecía considerablemente.

El Quiché era una Diócesis reciente, creada en 1967, con poco clero autóctono; todo el trabajo pastoral desde 1955 fue configurado según el hacer propio de los Misioneros del Sagrado Corazón, que trabajaron denodadamente en la evangelización, la promoción religiosa, social, económica y cultural del pueblo.

La Diócesis contaba con un contingente grande de catequistas en cada parroquia, sumamente disponibles y generosos; verdaderos hombres de fe, con sabiduría y probados en todo.

En 1976 fue asesinado el P. Guillermo Woods, encar­gado de las cooperativas en la región del Ixcán Grande, norte del departamento. Su avioneta cayó cerca de San Juan Cotzal (Quiché), en un accidente difícil de entender únicamente como un accidente casual.

Este fue uno de los signos más claros y el inicio de una sistemática persecución contra la Iglesia. Progresivamente las acciones violentas de diversa índole se fueron entrecruzando en un departamento donde el accionar del Ejército contra los grupos guerrilleros fue recrudeciendo.

El 4 de junio de 1980 fue asesinado el Padre José María Gran en Chajul (Quiché), MSC, junto con su sacristán, Domingo del Barrio Batz, cuando regresaban de una gira misionera, de las que acostumbraban frecuentemente, por las aldeas de la parroquia.

A los pocos días de estos hechos violentos y de dolor para la Diócesis del Quiché, se conoce el atentado planificado contra el mismo Obispo, Monseñor Juan Gerardi; los catequistas del pueblo de San Antonio Ilotenango, donde el Obispo debía ir a celebrar una Santa Misa de primeras comuniones, avisaron, y el hecho trágico, afortunadamente no se consumó. El Obispo se ve obligado a salir temporalmente de la diócesis el 20 de julio, como signo de denuncia de los hechos que se venían dando contra la Iglesia.

En agosto de 1984 fue nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala y encargado de la pastoral social.

Defensor de los perseguidos

“El sufrimiento de Cristo en su cuerpo místico es algo que nos debe hacer reflexionar. Es decir, si el pobre está fuera de nuestra vida, entonces quizás, Jesús está fuera de nuestra vida” (Juan Gerardi, 10 de marzo de 1998)

Una vez nombrado Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala, se comprometió de diversas maneras en la animación pastoral de la misma; participó en el Sínodo Arquidiocesano, pero sobre todo llevó adelante la creación y coordinación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (1989), que durante varios años ha venido trabajando en beneficio de las víctimas de la violencia en Guatemala, y en la promoción y defensa de los Derechos Humanos.

Como fue Monseñor Gerardi

Pastor bueno y fiel. Obispo como era, y que lo reconocían como “pastor bueno y fiel”, asumió en su vida la causa de Jesús y como Iglesia, trabajó siempre para superar divisiones y enfrentamientos; quería para Guatemala una gran comunidad de pueblos reconciliados.

Sabía escuchar. Ciertamente, nos ha enseñado a vivir desde nuestras raíces; escuchaba, en situaciones en las que pocos parecen querer ya aprender lecciones, sino más bien darlas. No se clasificaba entre los hombres intelectuales, dedicados pacientemente a la investigación; no producía mucho, escribía más bien poco; pero sí era perspicaz, intuitivo, práctico, atento, con capacidad de escucha para saber discernir y decidir acertadamente. Son características las imágenes suyas en el gesto del hombre que escucha, que acepta al otro, que entra dentro de su pensamiento.

Sueños no realizados

Precisamente en los sueños de felicidad frustrados de las víctimas se encuentra una ignorada fuente de esperanza: por no haber sido realizados esos sueños encuentran su realización pendiente. Recordar esos sueños tiene la función política de ayudar a transformar este país que sigue presentando heridas sangrantes por todos lados.

Ese legado inconcluso que dejó Gerardi es el sueño de un país distinto, reconciliado consigo mismo, en el que los ideales de verdad y justicia sean actuales. Recordar estos sueños puede aportar algo para ver el presente con otra luz y pensar, de nuevo, en un futuro distinto.

A continuación, entrevista a Mons. Gonzalo de Villa, Presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala y Obispo de Sololá-Chimaltenango.

Entrevista a Mons. Gonzalo de Villa sobre testimonio de Mons. Gerardi

 

Entrevista a Mons. Gonzalo de Villa sobre legado de Mons. Gerardi

 

 


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Denuncias de malos tratos a migrantes guatemaltecos.

Los migrantes guatemaltecos sufren abusos no solo de las pandillas, también de los funcionarios

©Alex Webb/ FAO
Emilia Felipe Jose hace tortillas en su casa de San Lorenzo, México, un lugar con gran población Guatemalteca que ha huido de sus países.

16 Abril 2019

En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un grupo de expertos aseguró que los migrantes centroamericanos son sometidos a secuestros, extorsiones, robos, reclutamiento forzado, abusos sexuales y violencia física en su camino hacia el norte, no solo por pandillas delictivas, pero también por miembros de la policía y del servicio de inmigración.

El Comité de la ONU sobre Trabajadores Migrantes declaró estar preocupado por los informes de que los guatemaltecos y sus familias están siendo víctimas de varios delitos en la ruta migratoria hacia al norte en manos de pandillas delictivas, e incluso miembros de la policía, del servicio de inmigración y otros funcionarios públicos.

Según el informe del grupo de expertos en derechos humanos presentado en Ginebra, los migrantes están siendo sometidos a secuestros, extorsiones, robos, reclutamiento forzado, abusos sexuales, violencia física y otras formas de maltrato.

Al Comité también le preocupa la falta de información por parte del Estado sobre estos incidentes, así como la ausencia de mecanismos efectivos para la denuncia, la atención de las víctimas y la asistencia para el acceso a la justicia y otras formas de reparación.

De acuerdo con los expertos, se ha recibido información con relación a extorsiones realizadas por agentes de la Policía Nacional Civil en controles migratorios, así como actuaciones exacerbadas en el marco de operativos de detención de autobuses en los que se trasladan trabajadores migrantes por departamentos fronterizos como Huehuetenango, San Marcos, El Quiché, Petén, Chiquimula y Jutiapa.

Asimismo, el Comité aseguró que los datos personales de los trabajadores migrantes y sus familias cuando acuden a instituciones de servicios sociales son vulnerables.

Los expertos recomendaron que se tomen medidas para investigar, procesar y sancionar, de manera administrativa y penal, los actos de extorsión y otros delitos. También pidió que se establezca un sistema de protección a los datos e información personal entre las autoridades de control migratorio y servicios públicos como la policía.

©Alex Webb / Magnum Photos para la FAO
Campesinos almuerzan en San Lorenzo, Chiapas, México. El pueblo ha recibido a muchos guatemaltecos que huyeron de su país hace algunos años. 20 julio 2017

La respuesta a las caravanas

En su informe el Comité toma nota del esfuerzo que realiza Guatemala para facilitar el tránsito de los migrantes en su territorio y reconoce que no hay aislamiento ni penalización para aquellos que cruzan en su ruta hacia el norte.

Sin embargo, a los expertos les preocupa la respuesta tardía de las autoridades guatemaltecas ante la primera “caravana migrante” en octubre de 2018, y la falta de una estrategia permanente para atender los flujos masivos de personas que se han presentado desde entonces hasta la fecha.

El Comité pidió a Guatemala que se asegure de que las medidas de gobernanza fronteriza aborden planes conjuntos con los países vecinos, especialmente con México para la migración segura y ordenada de las caravanas de migrantes.

Al respecto, tomó nota sobre el Memorando de cooperación establecido entre Guatemala, Estados Unidos, El Salvador y Honduras el pasado 27 de marzo y pidió al país que adopte las medidas necesarias para garantizar que cualquier acuerdo bilateral o multilateral en materia migratoria no conlleve al retorno, la expulsión o la deportación de trabajadores migrantes a sus países de origen o terceros países en donde sus derechos a la vida y la integridad se encuentren en riesgos de ser violados.

OIM / Rafael Rodríguez
La caravana de migrantes centroamericanos pasa por Chiapas, México.

Protegiendo a los trabajadores desde el territorio

El Comité reconoció que Guatemala, como país de origen de trabajadores migrantes, ha avanzado en la protección de los derechos de sus nacionales que trabajan en el extranjero, pero observó que las condiciones de vida dentro de Guatemala son adversas para una gran parte de su población.

“Los elevados índices de pobreza, corrupción, violencia y criminalidad, la exclusión social de algunos grupos y la falta de trabajo, los desastres naturales y los efectos del cambio climático, en particular en las zonas del denominado “corredor seco”, constituyen las causas estructurales que provocan la migración forzada”, se lee en el informe.

Los expertos además observaron que estos factores tienen un impacto agravado sobre los sectores más vulnerables de la población, tales como pueblos indígenas, campesinos y personas en situación de pobreza, y tomaron nota de los esfuerzos del Estado parte para revertir esta situación y garantizar el derecho a migrar o no migrar.


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Guatemala: ONU pide al Congreso que rechace la aprobación de un proyecto de ley de amnistía

Guatemala no debe aprobar una “amnistía” para violadores de los derechos humanos, declaran expertos

ONU/Rick Bajornas
Fabián Salvioli, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

11 Marzo 2019

La medida menoscabaría los derechos de las víctimas del conflicto a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Además, representa un peligro, ya que puede desatar ataques contra diversos colectivos como el de las víctimas, los jueces, abogados, fiscales y testigos, entre otros.

Un grupo de expertos* en derechos humanos de las Naciones Unidas exhortaron este lunes al Congreso de Guatemala a no adoptar una iniciativa de ley que determinaría una amnistía general para todos los casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en el país centroamericano.

La proposición de ley busca modificar la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala, vigente desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 y que dio lugar a la finalización de 36 años de conflicto armado interno.

De proceder, la iniciativa “establecería un mecanismo automático para extinguir la responsabilidad penal de todos los responsables de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante ese período”.

Los expertos señalaron que, de aprobarse, la reforma menoscabaría los derechos de las víctimas del conflicto “a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición” y podrían llegar a producirse ataques contra diversos colectivos como el de las víctimas, los jueces, abogados, fiscales y testigos, entre otros.

Del mismo modo recordaron la incompatibilidad de “las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos excluyentes de responsabilidad” respecto a los delitos que comportan graves violaciones de las garantías fundamentales, entre ellas “la tortura, las ejecuciones sumarias o las desapariciones forzadas”.

El proyecto, conocido como iniciativa de ley 5377, se llevó al Congreso el 6 de noviembre de 2017 y el pleno del pasado miércoles la admitió en segundo debate. Para ser finalmente aprobada debe pasar por un tercer debate que podría llevarse a cabo durante los próximos días.

*Los expertos de la ONU son: Fabián Salvioli (Argentina), relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repeticiónel Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o InvoluntariasAgnès Callamard (Francia), relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrariasVictoria Tauli Corpuz (Filipinas), relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenasNils Melzer (Suiza), relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantesDubravka Šimonović (Croacia), relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; y Cecilia Jiménez-Damary (Filipinas), relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos.


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Guatemala incrementará su acogida de los migrantes que vuelven de Mexico y los USA

Guatemala triplicará su capacidad para recibir a los migrantes que regresan de México y EE.UU.

UNICEF/Tanya Bindra
Niña que viajaba sola y fue deportada a Guatemala por las autoridades mexicanas.

29 Enero 2019

Entre enero y noviembre de 2018, más de 85.000 migrantes guatemaltecos fueron retornados por aire a Guatemala. La Organización Internacional de las Migraciones apoya la construcción de un centro que les ofrecerá servicios de ayuda para facilitar su reintegración al país.

Este año se abrirá un nuevo centro de apoyo en el Aeropuerto Internacional La Aura en ciudad de Guatemala, lo que triplicará la capacidad de este país para ayudar a las poblaciones migrantes que regresan por vía aérea desde México y los Estados Unidos.

La Organización Internacional para las Migraciones supervisa la construcción del centro de recepción, que luego será administrado por el Instituto Guatemalteco de Migración cuando se abra en junio de 2019.

El objetivo de la iniciativa es dignificar el proceso de retorno y constituye el primer paso hacia la reintegración exitosa en las comunidades de origen.

“Este es un paso importante para Guatemala, especialmente un paso significativo en la restitución de los derechos de los migrantes, la seguridad nacional, la protección de los repatriados y la dignificación de los procesos migratorios”, dijo Jorge Peraza Breedy, jefe de la OIM en El Salvador, Guatemala y Honduras.

El edificio incluirá áreas recreativas adaptadas a las necesidades de los niños migrantes no acompañados, adolescentes y familias que regresan, en línea con el concepto del interés mayor del niño; una sala para lactancia materna, clínicas médicas, servicio de llamadas telefónicas, una sala de entrevistas psicosociales, un puesto de control y un área de espera para los que llegan a recibir a sus familiares, entre otros.

La iniciativa ayudará a Guatemala a enfrentar los crecientes desafíos de gestionar la movilidad humana, fomentar el desarrollo social y económico a través de la migración y garantizar el respeto por la dignidad humana y el bienestar de los migrantes.

Facilitando el retorno

Durante el primer semestre del año, la OIM implementará acciones que faciliten la integración de otras instituciones gubernamentales para ofrecer servicios para la población migrante retornada.

La construcción del centro es parte del Proyecto de Retorno y Reintegración de la OIM en el Triángulo Norte de América Central, apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Entre enero y noviembre de 2017, 60.073 personas fueron devueltas a Guatemala desde México y Estados Unidos; en 2018, en el mismo período, se registraron 87.560 retornos, lo que representa un incremento del 45,8 por ciento. Los departamentos con el mayor número de retornados son (en orden): Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Quetzaltenango y Guatemala.


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Guatemala. Crítica de Bachelet (ONU) a la nueva ley de reconciliación

Cambiar la Ley de Reconciliación en Guatemala supondrá que las víctimas pierdan la confianza en el Estado

ONU/Manuel Elias
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

22 Enero 2019

La legislación vigente desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 ha sido considerada internacionalmente como un modelo en la lucha contra la impunidad. La Alta Comisionada considera que cambiarla ahora en la forma propuesta por el Gobierno supondrá una amnistía y “reabrirá viejas heridas”.

La iniciativa para modificar la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala conllevaría “una amnistía generalizada para todos los casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos durante el conflicto armado interno” y un retroceso para los derechos de las víctimas, declaró este martes la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

En la práctica, esta reforma significará “una total impunidad para todos aquellos involucrados en violaciones verdaderamente horrendas, inclusive crímenes de lesa humanidad”, dijo Bachelet.

La legislación está vigente desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, y dio lugar a la finalización de 36 años de conflicto armado interno. Tras su rúbrica, ha sido considerada internacionalmente “como un modelo en la lucha contra la impunidad de serios abusos y graves violaciones de los derechos humanos”, y como una muestra ejemplar para garantizar el derecho de las víctimas a la reparación.

Michelle Bachelet consideró que de producirse “reabrirá viejas heridas y destruirá la confianza de las víctimas en el Estado y sus instituciones“.

“La Ley de Reconciliación Nacional, en su contenido actual, ha sido la base legal para los juicios históricos de los tribunales nacionales en casos relacionados a graves violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno”, añadió.

La Alta Comisionada destacó que, de progresar el nuevo proyecto de ley que actualmente se encuentra en fase de primera lectura en el Congreso, supondría “un drástico retroceso” tanto para el estado de derecho como para los derechos de las víctimas.

Consideró que podría dar lugar “a represalias contra víctimas, testigos, jueces, fiscales, abogados y organizaciones”, que en su día fomentaron la justicia por delitos cometidos en el pasado.

La aprobación comportaría la paralización de las investigaciones en curso relacionadas con vulneraciones a las garantías fundamentales, sino que también poseería carácter retroactivo y comportaría la puesta en libertad casi inmediata, en 24 horas, de personas condenadas y encarceladas “por graves violaciones a los derechos humanos”.

Según el comunicado emitido por la Oficina de la Alta Comisionada, el pasado 17 de enero, el Congreso guatemalteco aprobó en primera lectura la modificación de la ley, pese al dictamen en contra de su propia Comisión de Derechos Humanos. Para lograr su tramitación, el proyecto de ley debe ser discutido en tres lecturas y luego aprobado artículo por artículo.

La reacción de Bachelet se produce tras las recientes acusaciones vertidas por representantes del Gobierno de Guatemala contra el trabajo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la decisión del presidente Jimmy Morales de terminar con el acuerdo para la creación de esta Comisión.

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Guatemala; la lucha contra la corrupción y la hostilidad del gobierno.

La CICIG responde a las acusaciones del Gobierno de Guatemala

11 Enero 2019

El responsable de la Comisión contra la Impunidad en el país centroamericano ha objetado este viernes las acusaciones vertidas por representantes del Gobierno de Guatemala contra el trabajo de esta Comisión. Velásquez también ha destacado que la lucha contra la corrupción enfrenta oposición en todas las esquinas del planeta, lo que no debe frenar los esfuerzos para atacar este flagelo.

El responsable de la Comisión contra la Impunidad en el país centroamericano ha objetado este viernes las acusaciones vertidas por representantes del Gobierno de Guatemala contra el trabajo de esta Comisión. Velásquez también ha destacado que la lucha contra la corrupción enfrenta oposición en todas las esquinas del planeta, lo que no debe frenar los esfuerzos para atacar este flagelo.

En una carta dirigida a António Guterres, Secretario General de la ONU, Iván Velásquez, máximo responsable de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, también conocida por sus siglas como la CIGIG, ha dado respuesta a las acusaciones hechas por representantes del Gobierno de ese país centroamericano contra la labor de este organismo.

“Desde su establecimiento en el año 2007, la CICIG ha trabajado decididamente en cumplimiento de su mandato acompañando a las instituciones nacionales para la identificaci6n y desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, así como promoviendo reformas legales e institucionales que impidan su reaparición”, se lee en la carta.

Fruto de este trabajo, la Comisión ha apoyado más de cien casos ante los tribunales nacionales, la gran mayoría con un gran impacto, ha identificado más de 60 estructuras criminales complejas, ha obtenido más de 300 sentencias condenatorias y ha promovido más de 34 reformas legales.

Campañas de desprestigio y amenaza

Velásquez, que agradece a Guterres su constante apoyo a la labor de la CICIG y, con ese respaldo, al fortalecimiento del Estado de derecho y la democracia, señala que, pese a todo este trabajo de la Comisión, “las campañas de desprestigio, difamación y amenaza se han incrementado” desde la presentación de casos que implican a sectores políticos y económicos de alto poder.

“Ello es previsible con respecto a un ente que tiene por finalidad la persecuci6n de estructuras que cooptan el Estado para lucrarse y se niegan a perder sus privilegios obtenidos de forma ilegal e ilegítima” se lee en la carta.

Velásquez señala que “la lucha contra la corrupción enfrenta oposición en todas las esquinas del planeta, pero eso no debe frenar los esfuerzos globales para atacar este flagelo que impide el desarrollo de los países y las democracias”.

Objeción contra la injerencia y los allanamientos

El comisionado adjunta a la carta un documento en el que rebate las alegaciones hechas por el Gobierno de Guatemala para rescindir esta semana el acuerdo por el que se estableció la CICIG, cuyo mandato debía acabar en septiembre.

El documento adjunto responde por ejemplo a las acusaciones sobre la supuesta injerencia de la CICIG en los asuntos internos de Guatemala al promover reformas constitucionales en materia de fortalecimiento de la justicia, argumentando que “el Acuerdo constitutivo de la Comisión incluye expresamente en sus competencias la promoción de reformas jurídicas e institucionales que prevengan la acción y reaparición de los de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad”.

Otra objeción que se lee en el documento se refiere a la acusación de que la CICIG haya abusado de la fuerza en las diligencias de allanamiento llevadas a cabo en el año 2016 en las oficinas de la Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS). A este respecto, el comisionado recuerda que “de acuerdo con la legislación guatemalteca, los allanamientos son solicitados por el Ministerio Público y autorizados por el juez competente y que la CICIG, en su rol de apoyo técnico, acompaña ciertos actos procesales y diligencias que las autoridades nacionales llevan adelante, entre ellas los allanamientos.

El documento consta de diez páginas en las que responden en detalle a una docena de acusaciones del Gobierno que preside Jimmy Morales contra la CICIG.


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Se pide investigación de la muerte de una niña guatemalteca en manos de la policía USA

Experto de la ONU pide una investigación sobre la muerte de la niña guatemalteca en Estados Unidos

CINU México / Antonio Nieto
Un grupo de niñas que viajan en el caravana de migrantes en el estadio Jesús Martínez ‘Palillo’ de la Ciudad de México.

24 Diciembre 2018

La pequeña falleció estando detenida por las autoridades migratorias estadounidenses a comienzos de diciembre. El relator especial sobre los derechos de los migrantes recalcó que su familia debe tener acceso a justicia y reparación.

Un experto de la ONU en derechos humanos expresó su profunda preocupación por la muerte de una niña migrante guatemalteca de siete años mientras estaba en custodia de las autoridades estadounidenses.

El relator especial sobre los derechos de los migrantes, Felipe González Morales, pidió una investigación exhaustiva sobre la muerte de Jakelin Ameí Caal, y reiteró que los Estados Unidos debe dejar de detener niños por su estatus migratorio.

Aunque existen diferentes versiones sobre la secuencia de eventos antes de su fallecimiento y el estado de la salud de la niña, no se discute que la pequeña falleció bajo la custodia del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, tras haber cruzado la frontera desde México junto a su padre y un grupo de migrantes.

El acceso a la justicia para sus familiares debe ser concedido, y debe incluir una representación legal en un idioma que puedan entender bien.

“El acceso a la justicia para sus familiares debe ser concedido, y debe incluir una representación legal en un idioma que puedan entender bien”, declaró el relator, agregando que la familia debe recibir reparación si alguno de los oficiales es encontrado responsable.

González enfatizó que el Gobierno estadounidense también debe abordar las fallas en su sistema migratorio y específicamente las del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, para prevenir situaciones similares.

“Como se ha declarado repetidamente por parte de diferentes órganos de derechos humanos, la detención de niños basada en su estatus migratorio es una violación del derecho internacional”, aseguró González, agregando que esta práctica es en detrimento del bienestar del niño, produce consecuencias a largo plazo, y no se hace en interés del menor. Además, también exacerba el trauma que sufren muchos niños migrantes durante su travesía para llegar a otro país.

El relator aseguró que el trato a los migrantes por parte de las autoridades estadounidenses así como el discurso público sobre el tema “es de gran preocupación”, e informó que les ha contactado varias veces para crear un diálogo constructivo y abordar la problemática.

Finalmente, González reiteró su deseo de realizar una visita oficial a los Estados Unidos, asegurando que ha pedido una invitación dos veces sin respuesta.

“Una visita oficial me permitirá tener información de primera mano sobre la situación de los niños migrantes, especialmente de aquellos que están detenidos, y me permitiría presentar recomendaciones al Gobierno para que cumpla con sus compromisos internacionales de respetar y proteger los derechos humanos de todos los migrantes”, concluye el comunicado.