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Myanmar: graves responsabilidades del ejército en la situación de las minorías étnicas.

Por Matthew Wells (@mattfwells), asesor general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis,

El soldado dirigió la navaja hacia la nariz de Dau*, amenazándolo con cortársela si no contestaba “correctamente” a sus preguntas. Se las llevaban formulando todo el día: que si luchaba para un grupo armado, que si llevaba comida a los combatientes, que dónde estaban los combatientes…

Un desfile de soldados del ejército de Myanmar había competido en violencia para obligarlo a responder. Los menos creativos lo habían pisoteado con sus botas, y le habían propinado puñetazos y golpes con los rifles. Otro le quemó la cara y el cuello con un mechero, y un tercero se abalanzó sobre él en repetidas ocasiones con una navaja, haciendo amago de ir a clavársela una y otra vez.

Lo que más miedo le dio fue cuando lo metieron en un saco, que cerraron con cremallera. “Era muy difícil respirar”, rememora semanas más tarde. “A duras penas conseguía hacerlo”.

Tanto Dau como otra persona que había sobrevivido también a la tortura nos contaron que habían sido detenidos junto con otras seis personas —entre ellas, dos mujeres— la mañana del 2 de julio de 2017, después de que más de 100 soldados de dos batallones de infantería del ejército irrumpieran en su pueblo, situado en el término municipal de Mantong (estado de Shan del Norte). La noche anterior, el ejército había caído en una emboscada que le había tendido, en las proximidades del lugar, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA), uno de los diversos grupos armados étnicos que luchan contra el ejército de Myanmar en una región cercana a la frontera china.


Paisaje del término municipal de Kutkai, con una pequeña población al fondo (estado de Shan del Norte, Myanmar), 28 de julio de 2017. © Minzayar Oo-Panos/Amnesty International

Un conflicto que empeora

Tras las históricas elecciones generales de noviembre de 2015, la veterana activista por la democracia Aung San Suu Kyi se convirtió, de facto, en la presidenta del gobierno de Myanmar, compuesto casi exclusivamente por civiles, tras decenios de gobierno militar. La nueva líder dio máxima prioridad al proceso de paz y a la reconciliación nacional, lo que hizo concebir la esperanza de que los intermitentes combates que venían librándose desde hacía décadas en las tierras fronterizas del país llegaran a su fin, al igual que la arraigada discriminación que sufrían las minorías étnicas.

Sin embargo, la promesa de una nueva etapa en la historia de Myanmar no se ha hecho realidad, ya que el ejército sigue aferrado a sus brutales tácticas de siempre, y quienes ejercen el liderazgo civil no parecen reaccionar con la firmeza necesaria. De hecho, a lo largo del último año, el conflicto y los abusos se han intensificado.

Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, ha advertido de que, en el estado de Rajine, las fuerzas de seguridad están involucradas en posibles crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la minoría rohingya.

Asimismo, el ejército viene cometiendo reiteradamente abusos similares en el norte de Myanmar, aunque éstos captan mucho menos la atención internacional. Un informe de Amnistía Internacional publicado en junio documentaba crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos contra la población civil de los estados de Kachin y de Shan del Norte, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, bombardeos indiscriminados, trabajos forzados y restricciones de acceso a la ayuda humanitaria.

A finales de julio, personal humanitario que trabaja en el estado de Shan del Norte, y que ha preferido permanecer en el anonimato, nos aseguró que la situación había empeorado a lo largo de las últimas semanas, y que, en su implacable lucha contra el TNLA, el ejército atacaba con frecuencia a la población civil.

Un castigo colectivo

En cada golpe, Dau repetía a los soldados que era agricultor, que cultivaba arroz y hojas de té y que la noche anterior, cuando estaba cortando madera, oyó una refriega y se escondió hasta que acabó. Pero los soldados no lo creían, o tal vez, les daba igual.

Dau y las demás personas detenidas y torturadas ese día, de la mañana a la noche, pertenecen a las minorías étnicas kachin y ta’ang. La población civil kachin y ta’ang afirma que el ejército de Myanmar la trata con desconfianza incluso cuando cesan los combates, pues asume que apoya a los grupos armados étnicos de la zona. Cuando ocurre algo parecido a la emboscada del 6 de julio contra el ejército, los soldados lanzan a menudo ataques en represalia contra la población civil de las aldeas próximas, en lo que constituyen crueles castigos colectivos.

Dos semanas antes, el 23 de junio, el ejército luchó contra el TNLA en las cercanías de la población ta’ang de Man Lan, situada también en el estado de Shan del Norte. A la mañana siguiente, decenas de soldados bajaron hasta el pueblo. Inicialmente, detuvieron a un reducido número de personas, pero luego obligaron a todos a entrar en un monasterio, donde las tuvieron recluidas durante cuatro días y tres noches.

Daw Aye Hman, de 66 años, se encontraba con su esposo y su hijo en su domicilio, cuando los soldados los detuvieron y los obligaron a ir al monasterio. “Nos apuntaron con pistolas mientras gritaban”, recuerda. “Nos insultaron. Pasamos mucho miedo”.

Según los testigos con los que hablamos y los defensores y defensoras locales de derechos humanos que han investigado los hechos, los soldados se llevaron y torturaron a varias personas, entre ellas familiares de presuntos combatientes del TNLA. Asimismo, tomaron fotografías de todos los hombres, y los interrogaron.

El hijo de Daw Aye Hman, de nombre Kyaw Aung y 38 años, fue uno de ellos. Nacido con una discapacidad del desarrollo que afectaba también a su movimiento, vivía aún con sus progenitores, a los que ayudaba en la granja.

No sabía responder bien a una pregunta”, explica Daw Aye Hman. “Nos preguntaron si alguno éramos soldados [del TNLA], y mi hijo no supo qué responder. Además, le vieron la cicatriz de la cara, de cuando se cayó. [Por la cicatriz] Y sospecharon que era soldado”.

Varios soldados del ejército de Myanmar lo golpearon una y otra vez en la cabeza, a puñetazos y con trozos de madera. Testigos presenciales afirman que los soldados le pegaron dentro del monasterio, y que luego lo sacaron fuera. Más tarde, su cadáver fue hallado abandonado entre Man Lan y un pueblo cercano.

Mi hijo ya no estará en el pueblo”, dice Daw Aye Hman, que se encuentra aún desplazada, meses después de lo ocurrido. “No quiero volver”.


Mujer kachin preparando el desayuno para su familia, mientras sus hijos juegan en la cocina común para personas internamente desplazadas de una iglesia de la Convención Bautista Kachin (KBC) en Kutkai, estado de Shan del Norte (Myanmar), 30 de julio de 2017. © Minzayar Oo-Panos/Amnesty International

El ejército mantiene un control férreo

Mientras Myanmar normaliza sus relaciones con la comunidad internacional, el ejército no parece abandonar las tácticas de mano dura que han contribuido a convertir al país en un Estado paria durante decenios. En muy contados casos se castigan incluso los crímenes de guerra, ya que el ejército sigue controlando sus propios procesos judiciales.

De las más de 100 víctimas de violaciones de derechos humanos entrevistadas por Amnistía Internacional en el norte de Myanmar a lo largo de los últimos cinco meses, ninguna ha denunciado. La mayoría se reía sólo de pensarlo. Decían que, probablemente, los matarían o encarcelarían antes de abrir una investigación creíble sobre la presunta responsabilidad de un soldado o de un mando militar. La experiencia del pasado avala esa opinión.

Muchas personas de minorías étnicas del norte de Myanmar creían que las elecciones de 2015 supondrían un cambio en esta arraigada situación. Ahora, afirman que el gobierno de Aung San Suu Kyi es cómplice, ya que no ha tomado medidas contra las violaciones del ejército contra la población civil, y ni siquiera las ha denunciado. De hecho, el gobierno ha apoyado al ejército a la hora de obstaculizar el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas por el conflicto.

Además, ha comunicado que no va a permitir la entrada de una misión de la ONU, encargada de investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas en el país. Así, al impedir un examen independiente de las acciones del ejército, el gobierno de Aung San Suu Kyi refuerza aún más la cultura de impunidad del primero.

La última vez que hablamos con Dau, a finales de julio, nos aseguró que algunos de los soldados que lo habían torturado seguían en el pueblo. No tiene más remedio que verlos con frecuencia, cuando se dirige a la granja.

“No queremos tener miedo”,
 afirma Dau. “Necesitamos que el ejército de Myanmar viva en paz con las comunidades étnicas. No quiero que nos vuelvan a torturar”.

*Dau es un nombre ficticio. Hemos cambiado su nombre, y ocultado el nombre de su localidad, para protegerlo de represalias.

NOTA: Este artículo se publicó originalmente en The Diplomat.

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La ONU ante la catastrófica situación humanitaria de los Rohingyas de Myanmar.

Secretario General urge a detener la violencia contra Rohingyas y a permitir la entrada de ayuda a Myanmar

El Secretario General de la ONU, António Guterres, se dirige a la prensa. Foto: ONU/Mark Garten

13 de septiembre, 2017 — El Secretario General de la ONU subrayó hoy la gravedad de la situación humanitaria de la minoría Rohingya en Myanmar y urgió a las autoridades de ese país a detener la violencia, suspender las operaciones militares, permitir el regreso de quienes han tenido que huir y autorizar la entrada de ayuda vital para esa comunidad musulmana.

En una conferencia de prensa a pocos días del inicio del debate de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, António Guterres también conminó al gobierno birmano a resolver el problema de raíz, otorgando la ciudadanía a los Rohingya o, por lo menos, concediéndoles un estatuto legal para que vivan una vida normal y tengan derechos básicos como la libertad de movimiento y acceso a la educación y otros servicios.

Guterres afirmó que la violencia contra esa comunidad en el estado de Rakhine ha generado una crisis humanitaria y recordó que, en cuestión de una semana, la cantidad de Rohingyas que han escapado a Bangladesh se triplicó de 125.000 a 380.000.

“Las injusticias que se han dejado agravar durante décadas han escalado ahora más allá de las fronteras de Myanmar desestabilizando la región. La situación humanitaria es catastrófica”, advirtió.

Agregó que mucha gente vive en asentamientos temporales o con comunidades que comparten generosamente sus bienes y afirmó que las mujeres y los niños llegan a Bangladesh hambrientos y desnutridos.

En este contexto, Guterres pidió a todos los países a hacer todo lo posible para proveer asistencia humanitaria a esos refugiados.

Cuando se le preguntó si consideraba que en Myanmar se lleva a cabo una limpieza étnica, como ha dicho el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, el Secretario General dijo:

“Contestaré su pregunta con otra pregunta: cuando un tercio de la población Rohingya ha tenido que huir del país, ¿puede encontrar una mejor forma de describirlo?”

Por otra parte, informó haber enviado al Consejo de Seguridad de la ONU una carta en la que expresa su preocupación por lo que está ocurriendo en Myanmar y acogió con beneplácito la sesión a puerta cerrada que ese órgano celebra hoy para hablar sobre el tema.


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Emergencia humanitaria en Myanmar y Bangladesh: ayudas de UNICEF

UNICEF aumenta su respuesta de emergencia para damnificados y desplazados en Bangladesh

Refugiados Rohingya que huyeron de Myanmar a Bangladesh. Foto: ACNUR/Saiful Huq Omi

01 de septiembre, 2017 — UNICEF y sus socios humanitarios están intensificando la respuesta de emergencia en el centro y norte de Bangladesh afectado por severas inundaciones, así como apoyando a las familias Rohingya que continúan llegando al distrito de Cox Bazar huyendo de la violencia en Myanmar.

El Fondo de la ONU para la Infancia aseguró en un comunicado emitido este viernes que los niños son los más afectados por ambas tragedias y requieren apoyo para sobrevivir al trauma físico y mental de las inundaciones y los desplazamientos.

“Durante cualquier emergencia, ya sea por inundación o afluencia de personas, los niños corren un alto riesgo de violencia, abusos y propagación de enfermedades contagiosas”, declaró Edouard Beigbeder, representante de UNICEF en Bangladesh.

Actualmente El Fondo ayuda al gobierno de ese país a ayudar a las 1.5 millones de personas afectadas por las inundaciones distribuyendo tabletas de purificación de agua y kits de higiene además de otros artículos.

Asimismo, se están atendiendo las necesidades de los niños Rohingya y sus familias. Se han creado ya ocho espacios para proporcionarles apoyo psicosocial y recreativo, así como comenzado una campaña para vacunarles y tratar la malnutrición en los asentamientos improvisados en donde habitan.

Más del 80% de los desplazados Rohingya son mujeres y niños. El Fondo ha logrado darles acceso a agua potable e instalaciones sanitarias.

UNICEF solicitó 4.7 millones de dólares a la comunidad internacional para financiar el nuevo plan de respuesta humanitaria que está dirigido a 330.000 personas vulnerables en Bangladesh.


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Severo aviso al gobierno de Myanmar por uso excesivo de fuerza

ONU expresa preocupación por reportes de fuerza excesiva en operativos de seguridad en Myanmar

El Secretario General de la ONU, António Guterres. Foto de archivo: ONU/Jean Marc Ferré

01 de septiembre, 2017 — El Secretario General de la ONU dijo este viernes estar profundamente preocupado por los reportes de fuerza excesiva durante las operaciones de seguridad de las autoridades de Myanmar en el estado de Rakhine, y llamó a la moderación y a la calma para evitar una catástrofe humanitaria.

En un comunicado publicado por su portavoz, António Guterres recordó al gobierno de Myanmar su responsabilidad de proporcionar seguridad y asistencia a todas las personas necesitadas y de permitir a las Naciones Unidas y a sus socios extender el apoyo humanitario.

Guterres aseguró que la situación que se vive en el estado de Rakhine debe ser abordada con una mirada holística que se enfoque en las causas de fondo de la violencia e instó a las autoridades a aplicar las recomendaciones de la Comisión Asesora sobre Rakhine, liderada por el ex Secretario General Kofi Annan.

El titular de la ONU agradeció los esfuerzos del gobierno de Bangladesh para atender las necesidades de los recién llegados a su frontera y alentó a las autoridades de este país a garantizar que los refugiados que lo dejaron todo para huir de la violencia, puedan beneficiarse del apoyo de las Naciones Unidas y sus socios.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) reportó que decenas de miles de personas de la etnia Rohingya que residían en el estado de Rakhine, en su mayoría mujeres y niños, están huyendo hacia Bangladesh tras la escalada de las tensiones entre esta comunidad y las autoridades de Myanmar.

El 25 de agosto más de 20 puestos de policía fueron atacados con bombas caseras en atentados simultáneos y coordinados por presuntos militantes musulmanes dejando más de 70 oficiales muertos. El hecho ha causado una serie de operaciones de seguridad por parte de las autoridades en las aldeas Rohingya.


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El Papa irá a Myanmar y Bangladés el mes de noviembre.

Viaje del Papa a Myanmar y Bangladés

 

 

(RV).- El Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke, anunció que:

«Acogiendo la invitación de los respectivos Jefes de Estado y Obispos, Su Santidad el Papa Francisco realizará un Viaje Apostólico a Myanmar – del 27 al 30 de noviembre de 2017 – visitando las ciudades de Yangón y Naipyidó, y a Bangladés, del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2017, visitando la ciudad de Daca. El programa del viaje se publicará próximamente».

El lema del Viaje del Papa a Myanmar es «Amor y Paz» y a Bangladés «Armonía y Paz»

(CdM – RV)

(from Vatican Radio)


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Myanmar: conflictos entre budistas y musulmanes.

La ONU condena ataque a policías en Myanmar que dejó más de 70 muertos

Estado de Rakhine, en Myanmar. Foto: ACNUR/V.Tan

25 de agosto, 2017 — La ONU condenó enérgicamente la serie de ataques perpetrados contra la policía del estado de Rakhine, en Myanmar, que dejaron más de 70 muertos en la madrugada de este viernes.

En un comunicado leído por su portavoz, el Secretario General extendió sus condolencias a las familias y amigos de los fallecidos y deseó la pronta recuperación de los heridos.

“El Secretario General está preocupado ante la escalada de tensiones en la región. El reitera la importancia de abordar las causas profundas de la violencia que está ocurriendo, en cuestiones como la identidad y la ciudadanía para reducir las tensiones intercomunales. Él llama a todos los pobladores del estado de Rakhine a escoger el camino de la paz”, aseguró Stéphane Dujarric durante su encuentro diario con la prensa.

Según despachos de prensa, más de 20 puestos de policía fueron atacados con bombas caseras, en atentados simultáneos y coordinados por presuntos militantes musulmanes.

El incidente ocurre a un día de que la Comisión Asesora sobre el estado de Rakhine, liderada por el ex Secretario General Kofi Annan, publicara su informe final, en el que resaltó que si no se realizaba una reforma social y política con prontitud, más personas serían radicalizadas y la tensión entre budistas y musulmanes seguiría escalando.

Más de un millón de musulmanes Rohingya viven en el estado de Rakhine sin ser reconocidos por las autoridades. Los enfrentamientos con la población budista llevan varios años y han dejado cientos de fallecidos y miles de desplazados.

En un comunicado, la coordinadora residente de la ONU en ese país, Renata Lok-Dessallien, instó a las partes a que se abstengan de la violencia, protejan a los civiles, restablezcan el orden público y resuelvan los problemas mediante el diálogo y los medios pacíficos.