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Grave crisis en Venezuela. Entrevista de Radio Vat. con el Presid. de la Conferencia episcopal.

Escasez de medicinales e insumos médicos en VenezuelaEscasez de medicinales e insumos médicos en Venezuela  (AFP or licensors)

Crisis Venezuela. Presidente CEV Monseñor Azuaje: situación grave

En Venezuela, “un hecho grave y lamentable es la escasez de medicamentos de todo tipo”, afirma el Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. “Nuestros centros hospitalarios no tienen insumos, los familiares de los pacientes deben salir a buscar lo que le indiquen, para los pobres no hay medicamentos”. Y esto, sin contar los “más de 300.000 menores en riesgo de muerte” por desnutrición.

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano

La migración forzada como mecanismo de supervivencia, la alteración del orden constitucional, el impacto de la escasez en la salud de las personas, los obstáculos del gobierno al ejercicio del libre derecho de protesta de los ciudadanos con el consecuente uso de la fuerza, han sido algunos de los temas abordados en la entrevista realizada a Monseñor José Luis Azuaje Ayala, Obispo de Barinas y Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana.

En primer lugar el prelado responde sobre el diálogo político venezolano, que se estaba llevando a cabo en República Dominicana, y que quedara en receso indefinido, luego de que la oposición se negara a firmar el documento que el oficialismo daba como acuerdo definitivo, el pasado miércoles 7 de febrero.

¿Cuál es el clima político en este momento y las previsiones en ese sentido?

La paralización del diálogo, o mejor dicho, la no firma del acuerdo que propuso el gobierno a través del ex presidente Zapatero, no llenaron las expectativas de la oposición puesto que no asumía las peticiones que se hacían por parte de la oposición, a saber: la libertad de los presos políticos, devolverle las competencias a la Asamblea Nacional, la apertura de un canal humanitario y que hayan garantías electorales en las elecciones. El acuerdo favorecía las instancias gubernamentales y no al pueblo venezolano. Resultaba evidente que los postulados en ese acuerdo no estaban en función de resolver los problemas del país. Nosotros lo dijimos como obispos: hay que resolver los problemas humanitarios, el problema de escasez de productos de todo tipo, principalmente los alimentario y los que tienen que ver con el sector salud, la gigantesca inflación. Al ver que estos temas no estaban entre los postulados del acuerdo, la oposición tomó la decisión de no firmar. Fue una decisión, creo conveniente, en función de la vida del país.

Políticamente hay una gran incertidumbre en el país, y esto le sucede a ambos bandos. Si el gobierno va a elecciones sin que se presente candidato alguno de la oposición, quedaría ilegitimado, no sería reconocido por la gran mayoría de la comunidad internacional ni del pueblo venezolano. La oposición tendría que asumir el riesgo de una mayor represión y presión política, además de los costos políticos de sus dirigentes. Pero, ¿qué pasaría con el pueblo? Algunos participarían en las elecciones, sobre todo aquellas personas que aún creen en ese proyecto socialista por las dádivas que reciben, cuya participación tendría un costo elevado, puesto que se mantendrían las políticas que han empobrecido al pueblo venezolano. Quienes no avalan este proyecto tendrían que activarse como sociedad civil organizada, recordando en todos los ámbitos lo ilegítimo de unas elecciones de ese tipo.

¿Cuáles son las consecuencias de la escasez?

En primer lugar, la desnutrición infantil se ha acrecentado. Cáritas de Venezuela realizó un estudio que evidencia una alarmante situación: el porcentaje de niños desnutridos se ubica en un quince por ciento. Se habla de 300.000 niños en riesgo de morir por la desnutrición. Esto alcanza también a ancianos y adultos que han bajado de peso por no conseguir los nutrientes necesarios para su sustento. La gente está comiendo lo que encuentra, y lastimosamente observamos cada día un mayor número de personas revisando los botaderos de basura buscando desperdicios para comer. Es una lamentable realidad en un país con tantos recursos naturales. Nuestros párrocos con el trabajo que hacen a través de la pastoral social- Cáritas, corroboran esta situación.

Un hecho grave y lamentable es la escasez de medicamentos de todo tipo. Los médicos en las consultas le proponen al paciente los nombres genéricos y diversos nombres de medicamentos para ver cuál de ellos consiguen. Los reactivos para exámenes no se encuentran, nuestros centros hospitalarios no tienen insumos, los familiares de los pacientes deben salir a buscar lo que le indiquen, para los pobres no hay medicamentos. Si llega algún medicamento que es traído a riesgo por algunos farmaceutas, deben venderlos a un precio elevado, debido al costo del producto en el extranjero. Es una espiral que atenta contra la vida de los pobres que es la casi totalidad de los venezolanos. Es un drama que clama al cielo, y no se le pode remedio.

Otro aspecto doloroso es el drama que viven millones de personas que tienen que salir de madrugada, no a trabajar como antes, sino a hacer colas para ver qué productos puede encontrar para llevar a la casa. Son personas en edad productiva, en edad de trabajo, que tienen que pasar 6 y hasta más horas buscando alimentos o medicamentos o cualquier otro producto; la pregunta es: ¿Cuándo se va a desarrollar un país en donde las personas en edad productiva, trabajadores, tienen que estar en la calle buscando que comprar para el sustento de sus familias? Esas horas productivas sencillamente resultan improductivas porque andan buscando cómo llevar algo a su hogar, muchas veces se quedan sin trabajo y otras tantas deambulan de un lado a otro. Realmente es una situación muy crítica. El otro aspecto es el resquebrajamiento de la unidad familiar: son millones las personas que han tenido que emigrar a otros lugares buscando aportar algo a sus familias, a sus hijos, a su futuro. El resultado de esto es observar cómo nuestros pueblos se van quedando con gente adulta, cuando Venezuela es un país de jóvenes. Son muchas las consecuencias y la desesperanza que ha generado este proceso de desabastecimiento. Un proceso, si se quiere, que esclaviza a un pueblo y no lo deja pensar, ni darse cuenta de su realidad.

En virtud al grave contexto ha habido una fuerte incrementación en el flujo migratorio. ¿Es factible el cierre de las fronteras?

Cada país tiene sus leyes y normas. El deseo de los Venezolanos es que se mantengan las fronteras abiertas y pueda darse una migración organizada y con valores éticos en el respeto de los derechos humanos. El problema está en la desesperación tan grande que tiene la familia venezolana, que ya no encuentra oportunidades de desarrollo en el país. Nosotros en el siglo pasado recibimos millones de personas de países en conflictos, jamás pensamos que nos tocaría esta experiencia de ser migrante obligado por la situación de injusticia y de desafueros económicos que privilegia al mundo de la ilegalidad.

Esta situación genera mucha tristeza: se van personas profesionales, padres y madres de familias, incluso familias enteras, pero principalmente jóvenes. Se nos mete en el alma una sensación de tristeza y desesperanza en el país. Por ejemplo, en Diciembre pasado vivimos las navidades más tristes de nuestra historia; había un vacío porque nos han robado la alegría y la esperanza, nos han robado el alma, la dignidad. La situación de frontera nos acarrea a todos mucha preocupación, pero también tenemos que dar muchísimas gracias a la Iglesia colombiana, a la Diócesis de Cúcuta, a Cáritas colombiana y a la Iglesia Brasileña, y a tantos otros, por las atenciones inmensas que han brindado a los venezolanos. Muchas veces el número de personas sobrepasa las capacidades de atención que ellos pueden brindar, pero están haciendo lo humanamente posible para atenderlos. Los obispos hemos dicho que ni los aeropuertos ni las fronteras son la solución a esta crisis, pero lamentablemente el gobierno se empeña en mantener el sistema económico que ha empobrecido a nuestro pueblo.

Las elecciones presidenciales en Venezuela fueron fijadas para el 22 de abril en por la ANC. Esto generó un clima de tensión política. En el comunicado del 29 de enero la CEV fue clara, llamaron esto “un hecho de extralimitación y desnaturalización de las funciones de la ANC”. En este sentido ¿cuáles serán las exigencias de la Iglesia católica?

Si nos adherimos a la Constitución actual, no podemos reconocer la Asamblea Nacional Constituyente. En primer lugar porque es anticonstitucional, no ha habido una consulta al pueblo quien es el que ejerce la soberanía, para su institución. En segundo lugar, la naturaleza de una ANC es la de redactar una nueva Constitución, y la Reforma de Estado, pero no está en su competencia generar leyes definitivas, ni meterse en otros ámbitos, como por ejemplo el ámbito electoral, que sobrepasa lo que la Constitución vigente estipula. Consideramos que el llamado a elecciones adelantadas, – que deberían darse en diciembre de este año y no ahora – favorece al gobierno y no al pueblo, puesto que no hay garantías electorales que favorezcan el resguardo del voto y la honestidad en el proceder por parte de las instituciones electorales. Se sigue con el mismo patrón electoral, se continúa con los mismos elementos que suscitaron problemas en elecciones pasadas, negando la presencia de observadores imparciales que puedan tener una palabra libre en función de las elecciones. Hay políticos de la oposición que fueron inhabilitados políticamente; partidos políticos a los que se les niega la participación directa en los comicios,  mientras que por su parte el gobierno crea un nuevo partido, y tranquilamente lo inscriben. Lo que la Iglesia siempre ha pedido son garantías electorales, el cese al ventajismo gubernamental, un Consejo Nacional Electoral independiente con nuevos rectores, igualdad de oportunidades en las campañas electorales, principalmente en el uso de los medios de comunicación, habilitar a los posibles candidatos que han sido inhabilitados por cuestiones políticas; en fin, sensatez para que surja el respeto al pueblo soberano.

En Venezuela, “quienes disienten con el Gobierno sufren serias represalias, como se constata en las frecuentes detenciones y destituciones a alcaldes, gobernadores, diputados y opositores en general”, afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe que publicó este 12 de febrero. ¿Cómo afrontan los Obispos este tema?

Este tema lo afrontamos con mucha preocupación. La violación de Derechos humanos ha sido sistemática. La represión ha ido en aumento. Las protestas se conciben como delito desde que la ANC aprobó la ley contra el odio, como medio de represalia y de generar miedo en aquellos que no concuerden con los postulados del gobierno. Nuestra Conferencia Episcopal, a través de la Comisión de Justicia y Paz, y de las Vicarias de Derechos Humanos de algunas Diócesis, lleva un trabajo consolidado desde hace algunos años, investigando situaciones de violaciones, así como promoviendo y protegiendo los DDHH con énfasis en las víctimas. Algunos de los casos se han presentado en instancias internacionales.

Cuando un gobierno utiliza el poder por el poder, se supone que va a emplear la fuerza y la represión para acallar y someter a la ciudadanía. Esto ha sucedido permanentemente en el país. Son muchas las personas que han sido asesinadas en las marchas y protestas, personas que desgraciadamente perdieron la vida tratando de buscar su libertad, de manos de organismos de seguridad del Estado. Nosotros animamos y promovemos que se garanticen los Derechos Humanos de todos los ciudadanos. Pero no podemos trabajar solos. Los esfuerzos deben hacerse en conjunto con otras organizaciones que están asumiendo retos en esta área, a pesar de las persecuciones y maltratos. Sabemos que vendrán más represalias cuando el gobierno se sienta acorralado, por lo que estaremos atentos al servicio que podamos brindar al pueblo venezolano.

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ONU: Empeora la situación de la población en Venezuela.

“Las alarmantes condiciones de vida en Venezuela se agravan cada día”, alertan expertos en derechos humanos

En los hospitales públicos venezolanos se agotan la mayoría de las medicinas y el material médico necesario. Foto: IRIN/Meridith Kohut

09 de febrero, 2018 — Un grupo de expertos independientes de la ONU en Derechos Humanos ha pedido al Gobierno de Venezuela que tome medidas urgentes para remediar las “alarmantes condiciones de vida” que se viven a causa de la crisis política, económica y social.

“Millones de personas están padeciendo la falta de alimentos, de medicamentos esenciales, la carestía de bienes de primera necesidad, incluyendo de higiene personal, cortes de electricidad y condiciones de vivienda inadecuadas”, señalan los relatores en un comunicado conjunto.

“Las condiciones siguen empeorando día a día, poniendo muchas vidas en riesgo”, añaden.

Según estos expertos, en 2016 más del 50 por ciento de la población venezolana vivía en la pobreza extrema, una cifra que “sin duda ha aumentado si se considera que la inflación alcanzó más del 2,400 por ciento en 2017”, subrayan.

Calculan que, a finales del año pasado, una familia necesitaba ganar 63 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica.

Más de un millón de venezolanos desnutridos

Los expertos consideran que “la población en Venezuela está sufriendo múltiples violaciones a sus derechos humanos” y agregan que muchas personas están desnutridas.

“Las estadísticas muestran que la desnutrición está afectando ya a 1,3 millones de personas y que en promedio cinco o seis niños mueren cada semana por desnutrición,” destaca Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación.

Además de la falta de comida, el desabastecimiento crónico de medicinas y equipos médicos que se reporta en los centros de salud “está provocando muertes que se podrían prevenir”. Incluso diversos servicios médicos esenciales, como la hemodiálisis, han dejado de operar en muchas partes del país afectando la salud y colocando a alrededor de 15.000 personas que padecen enfermedades renales en riesgo de perder la vida.

Las restricciones financieras no eximen a los Estados de sus obligaciones básicas”, señala Dainius Puras, Relator Especial sobre el derecho a la salud.

“Los Estados deben garantizar, como mínimo la atención primaria básica de salud para todas las personas, y el suministro de medicamentos esenciales, en particular para los grupos que se encuentran en una situación médica vulnerable”, añade.

Leilani Farha, Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, llama la atención sobre los desalojos forzosos.

“Hemos recibido información que señala que individuos y familias enteras han sido desalojadas de sus hogares, con uso excesivo de la fuerza, dejándolas en situación de calle” dijo la experta. “Sus pertenencias han sido destruidas o confiscadas. El debido proceso y el imperio de la ley no han sido respetados en estos casos”.

El grupo de relatores explica que la falta de información oficial actualizada sobre alimentación, salud y cortes de electricidad hace imposible que se pueda evaluar la verdadera magnitud de la crisis.

Llamamiento al Gobierno

Por todo ello, piden al Gobierno “que tome medidas para enfrentar estas graves condiciones de vida, la crisis en alimentación y salud y a que asegure el servicio eléctrico”.

En diciembre de 2017, varios expertos de la ONU enviaron una carta al Gobierno de Venezuela manifestando su preocupación sobre la situación de extrema pobreza y de varios derechos económicos, sociales y culturales*.

“Si hiciera falta, el Gobierno debería solicitar cooperación internacional para garantizar la protección de los derechos humanos de la población en Venezuela”, subrayan.

“Exhortamos al Gobierno a re-examinar las políticas y decisiones que han llevado a Venezuela, un país rico, a esta crítica situación de derechos humanos.”

Por último, aseguran que no pueden “dejar de señalar que estas violaciones de derechos” suceden en un contexto de “debilitamiento de las instituciones democráticas, de persecución de opositores políticos y de una falta de respeto de los derechos civiles y políticos en el país”.

Crisis de refugiados en Colombia

Miles de venezolanos que huyen de la crisis han cruzado la frontera hacia Colombia. El Sistema de Naciones Unidas en este país está apoyando al Gobierno de Colombia en la respuesta humanitaria.

“Estamos comprometidos con brindar una atención a las personas que han cruzado la frontera y se encuentran en situación vulnerable”, subrayan en un comunicado. “Es un imperativo moral y un acto de humanidad tenderle la mano a quienes hoy están en esta situación”.

Además de atender las necesidades de los recién llegados, la ONU velará porque se respeten los derechos humanos y se les otorgue protección.

La ONU ha pedido a la comunidad de acogida que eviten “la estigmatización de las personas que cruzan la frontera respondiendo a una necesidad extrema”. “La hermandad entre el pueblo colombiano y venezolano tiene que prevalecer”, concluyen.

* La carta al Gobierno de Venezuela de los expertos en Derechos Humanos y la respuesta por parte del Gobierno serán publicadas en los próximos días en https://spcommreports.ohchr.org/ , antes de la sesión 37va del Consejo de Derechos Humanos, que se inicia el 26 de febrero.

*Expertos: Leilani Farha, Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada; Hilal Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentaciónDainius Puras, Relator Especial sobre el derecho a la salud; Philip Alston, Relator Especial sobre pobreza extrema y derechos humanos.

Los Relatores Especiales y Expertos Independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.


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La Corte Penal internacional abre investigación sobre Venezuela.

La Corte Penal Internacional abre un examen preliminar sobre crímenes presuntamente cometidos en la crisis de Venezuela

Protestas en Caracas, Venezuela. Foto: Helena Carpio / IRIN

08 de febrero, 2018 — La fiscalía hizo el anuncio de la apertura de un examen preliminar sobre Venezuela, tras una revisión cuidadosa independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes que documentan crímenes que pudieran ser de competencia del tribunal.

La fiscal Fatou Bensouda expresó en una vídeo-declaración que analizará crímenes presuntamente cometidos en el marco de manifestaciones y la inestabilidad política en ese Estado miembro del Estatuto al menos desde abril de 2017.

“En particular, se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones, y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato durante su detención. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, declaró Bensuda.

Venezuela es un Estado parte del Estatuto de Roma, y en virtud de este principio, las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar a aquellos responsables de crímenes internacionales.

El examen preliminar no es una investigación, sino un proceso por el cual se examina la información disponible “para determinar, con pleno conocimiento de causa, si existe fundamento razonable para proceder a una investigación”.

No hay plazos establecidos por el Estatuto de Roma para la duración de este examen.

La Corte anunció también que abrirá otro examen preliminar sobre  Filipinas en el marco de presuntos crímenes cometidos durante la campaña “La guerra contra las drogas” lanzada por el Gobierno. La fiscal aseguró que se ha alegado que desde el 1o de julio de 2016, se han asesinado a miles de personas por su presunta implicación en el uso o tráfico ilegal de estupefacientes.

“Reitero que la Fiscalía emprende esta labor con total independencia e imparcialidad, de acuerdo con su mandato y los instrumentos jurídicos aplicables de la Corte. Al hacerlo, esperamos contar con la plena cooperación de las autoridades nacionales competentes en Filipinas y en Venezuela.”, concluyó Bensuda.


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Venezuela: comunicado de los obispos contrario al adelanto de las elecciones.

El país atraviesa una grave situación de penuria y hambre que afecta al pueblo.El país atraviesa una grave situación de penuria y hambre que afecta al pueblo.  (AFP or licensors)

Los obispos de Venezuela rechazan el adelanto de las elecciones

La Conferencia Episcopal Venezolana afirma en un comunicado que adelantar las elecciones del país “es un verdadero crimen que clama al cielo”.

En medio de la grave situación política y social que atraviesa Venezuela, los obispos de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) han emitido un comunicado el 29 de enero, expresando su rechazo ante el anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente, de adelantar las elecciones presidenciales que habitualmente se realizan en diciembre,  en medio de la grave situación de penuria y hambre que vive la nación.

“Es un despropósito ético y humano, un verdadero crimen que clama al cielo, que en medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de servicios, muerte y colapso nacional, se privilegie un espectáculo de distracción y alienación, en condiciones desiguales, contra todo sentido de equidad y servicio a la población”, indican los prelados en el comunicado señalando  que “en Democracia la primera responsabilidad de todo gobernante es atender las necesidades básicas de la gente, que por desgracia hoy está obligada a pasar hambre, a no contar con los servicios mínimos indispensables para la vida, en ocasiones hasta morir, y en otras, a emigrar ante la necesidad de sobrevivir”.

Tras recordar que el pueblo es quien garantiza la soberanía “y no una instancia espúrea”, los obispos recuerdan que para eso se necesita “instituciones del Estado que respeten la voluntad del pueblo”.

A continuación compartimos el comunicado completo.

ANTE LA CONVOCATORIA A ELECCIONES PRESIDENCIALES ADELANTADAS

1.- Ante la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente -ANC-, y su “imposición” al Consejo Nacional Electoral -CNE- de realizar elecciones presidenciales adelantadas para el primer cuatrienio del año 2018, en comunión con nuestros hermanos Obispos de Venezuela, llamamos a la comunidad nacional a reflexionar serena y seriamente sobre lo que ello significa.
2.- En primer lugar, ratificamos lo dicho en la Exhortación Pastoral “Dios consolará a su Pueblo”, del pasado 12 de enero 2018: “La Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional e ilegítima en su origen y en su desempeño. En vez de limitarse a redactar una nueva Constitución pretende erigirse en un supra poder con funciones ejecutivas y judiciales” (n.4). Demostración de esto es el mandato dado al CNE por parte de la ANC para que convoque elecciones presidenciales adelantadas, contraviniendo el marco legal vigente.

3.-En segundo lugar, estamos ante un hecho de extralimitación y desnaturalización de las funciones de la ANC. Tenemos una Constitución Nacional y unas leyes que estipulan claramente el procedimiento de las elecciones. Sencillamente, se desconocen y omiten estas disposiciones, para legislar según los intereses propios del poder.

4.- En tercer lugar, es, además, un despropósito ético y humano, un verdadero crimen que clama al cielo, que en medio de una situación de penuria, hambre, parálisis de servicios, muerte y colapso nacional, se privilegie un espectáculo de distracción y alienación, en condiciones desiguales, contra todo sentido de equidad y servicio a la población. En Democracia la primera responsabilidad de todo gobernante es atender las necesidades básicas de la gente, que por desgracia hoy está obligada a pasar hambre, a no contar con los servicios mínimos indispensables para la vida, en ocasiones hasta morir, y en otras, a emigrar ante la necesidad de sobrevivir.

5.- Debemos recordar lo que dice la Constitución Nacional: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo…” (Art. 5), por tanto, es el pueblo el que debe asumir “su vocación de ser sujeto social con sus capacidades de realizar iniciativas como, por ejemplo, que la sociedad civil lleve adelante una consulta para señalar el rumbo que quiere dar a la nación como prevé nuestra Carta Magna (Cfr. Art. 71)” (n.6). Es el propio pueblo, y no una instancia espúrea el que sitúe las cosas en su justo lugar.

6.- Para ello se necesitan instituciones del Estado que respeten la voluntad del pueblo. El CNE es la institución llamada a velar por las garantías electorales de los ciudadanos, de ahí la necesidad de su reestructuración para que “cumpla con la imparcialidad que le pide la Constitución vigente. Solo así actuará con transparencia y equidad en sus funciones y garantizará el respeto a las decisiones del pueblo” (n.7). Aunado a esto debemos recordar que si realmente vivimos en democracia, la institución electoral –CNE- debe mantener su autonomía y servir al pueblo elector.

7.- La dirigencia política debe asumir responsablemente la difícil y real situación: la comunidad internacional ha declarado abiertamente su convicción de que la actuación del gobierno es inaceptable. La dirigencia de los partidos políticos ha sido en muchas circunstancias deficiente e incoherente. Deben abrirse a buscar un consenso con los diferentes sectores de la sociedad, pues una condición imprescindible es el reconocerse y lograr una unidad política que va mucho más allá de las alianzas electorales.

8.- La situación y el momento que estamos padeciendo los Venezolanos ante esta crisis global, “requiere de una gran dosis de esperanza junto a acciones concretas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida, a dignificar a las personas, y a fortalecer a las familias y comunidades a las que pertenecemos” (n. 9). En ello estamos dispuestos a colaborar para que encontremos el rumbo de una Venezuela fraterna y de todos. “Lo positivo y lo eficaz es el compromiso, la esperanza y la solidaridad. ¡Despierta y reacciona, es el momento!, lema de la segunda visita de san Juan Pablo II a Venezuela (1996), resuena en esta hora aciaga de la vida nacional. Despertar y reaccionar es percatarse de que el poder del pueblo supera cualquier otro poder” (n. 8).

Que el Espíritu nos ilumine y nos dé fuerzas para servir a nuestro pueblo.

Con nuestra bendición.

29 de enero de 2018

Firmado por : José Luis Azuaje Ayala, Obispo de Barinas Presidente de la CEV; Mario Moronta Rodríguez, Obispo de San Cristóbal, 1° Vicepresidente de la CEV; Raúl Biord Castillo, Obispo de La Guaira 2° Vicepresidente de la CEV;  José Trinidad Fernández Angulo, Obispo Auxiliar de Caracas, Secretario General de la CEV; Jorge Cardenal Urosa S. Arzobispo de Caracas, Presidente honorario de la CEV.


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Venezuela: los pueblos indígenas en peligro de extinción.

 Crisis en Venezuela: los pueblos indígenas corren peligro de extinción

sábado, 27 enero 2018derechos humanos   minorías étnicas   sociedad civil   política   pobreza   indígenas  

cc

Indígenas Waraos de Venezuela

En la Repúlica Bolivariana de Venezuela viven poblaciones indígenas que se han distinguido a través de los años de los demás venezolanos por mantener intacta sus lenguas, costumbres, tradiciones, organización y sus valores propios. Son unas 725 mil personas reconocidas como miembros de las diferentes comunidades o grupos étnicos residentes sobre todo en la región del Amazonas.
Por muchos años, la población indígena en Venezuela ha estado marcada por difíciles situaciones territoriales, sociales, políticas y económicas, los cuales han ubicado a los pueblos y comunidades originarios como parte de la población venezolana en estado de vulnerabilidad.
El capítulo VIII de la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela habla de los de pueblos indígenas, de sus derechos reconociéndolos y solicitando al Estado a que desarrolle políticas pertinentes para que todas las etnias indígenas que hacen vida  en el país gocen de todos los derechos que se merecen. A pesar de ello, se evidencia la falta de avances en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en la materialización de los derechos territoriales: esto ha generado un clima de descontento entre los pueblos indígenas y sus organizaciones.
La actual crisis que vive la nación ha agudizado la condición de estas comunidades, poniendo en peligro de extinción las diversas etnias agrupadas en la denominación de “pueblos originarios”. (…)


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Pintadas en la catedral y otros edificios religiosos de Cumaná (Venezuela)

Arzobispo venezolano denunció pintadas ofensivas en la catedral de Cumaná

Viernes 26 Ene 2018 | 11:12 am

Cumaná (Venezuela) (AICA):

El arzobispo de Cumaná, monseñor Diego Padrón, denunció que personas afines al gobierno de Nicolás Maduro realizaron pintadas ofensivas en el Palacio Episcopal, el Seminario San José y los alrededor de la catedral local, tras la misa por la fiesta patronal en honor de Santa Inés, en la que se refirió a los problemas que atraviesa Venezuela.

“Desde el gobierno, han atacado al obispo de Barquisimeto y al de San Felipe. Y esta es una reacción igual, en el mismo sentido contra mí porque también mencioné los grandes problemas del país”, sostuvo.

“Es natural que venga esa reacción. Lo que no es correcto es la forma como lo han hecho. Los insultos que se aprecian son un descalificativo contra la Iglesia. Los únicos que están molestos son ellos”, agregó.

Las paredes y alrededores de la catedral de Cumaná amanecieron el 24 de enero con pintadas como “Monseñor Padrón Satanás” o “Padrón andate”, entre otros.

Anteriormente, el gobernador de Sucre, Edwin Rojas, insultó a monseñor Padrón, a quien además acusó supuestamente de usar “las fiestas de la Virgen de Santa Inés, Patrona de Cumaná, como tribuna política para atacar al gobierno”.+

http://www.aica.org/subidas/2381.html


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Venezuela: crece la malnutrición de los niños, según UNICEF

La malnutrición de los niños venezolanos crece a medida que la crisis económica empeora

Venezolanos hacen cola para comprar comida en Cumaná. Foto: Meridith Kohut/IRIN

26 de enero, 2018 — Un número creciente de niños en Venezuela padecen de malnutrición como consecuencia de la prolongada crisis económica que afecta al país, informó UNICEF este viernes ante la prensa en Ginebra.

Si bien las cifras precisas no están disponibles debido a que los datos oficiales de salud y nutrición son bastante limitados, hay indicios claros de que la crisis está limitando el acceso de los niños a servicios de salud de calidad, medicamentos y alimentos.

“UNICEF llama a la rápida implementación de una respuesta a corto plazo y coordinada junto con el gobierno y sus socios para combatir este flagelo y reiteramos nuestro apoyo a la sociedad venezolana para mitigar su impacto”, expresó Christophe Boulierac, portavoz de UNICEF.

Los datos más recientes sobre malnutrición en el país fueron revelados por el instituto nacional de nutrición en 2009, para entonces la prevalencia de una baja relación entre el peso y la estatura en niños menores de 5 años era de 3.2%. Datos no oficiales revelan que esta cifra ha aumentado considerablemente: la ONG Caritas reveló en 2017 que la relación era de 15.5%.

“Los resultados de este estudio son localizados y no son representativos de toda la población, pero son una indicación del continuo deterioro del estado nutricional de los niños”, agregó Boulierac.

El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha puesto en marcha medidas para ayudar a los niños, entre ellas la provisión de paquetes mensuales de comida a precios asequibles para las familias más vulnerables, transferencias de dinero y servicios de nutrición, sin embargo, se necesita hacer más para revertir el preocupante declive en el bienestar nutricional de los niños, resaltó el Fondo de la ONU para la Infancia.

UNICEF reiteró su disposición para apoyar los esfuerzos del gobierno y la sociedad civil, y puso especial énfasis a la crítica necesidad de una mejor coordinación entre estas entidades.