Un equipo de la Oficina de Michelle Bachelet documentó 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres, niños y niñas adolescentes, perpetrados por miembros de los Carabineros y militares. También describe el uso desproporcionado de las armas menos letales, que le causaron heridas oculares a unas 350 personas.
La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos concluyó que “existen razones fundadas para creer” que desde el 18 de octubre se han cometido un elevado número de violaciones de derechos humanos de manos de Carabineros y militares en Chile entre las que se encuentran el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias.
“El control de asambleas por los Carabineros ha sido realizado de manera fundamentalmente represiva”, dice el informe, añadiendo que “algunas violaciones de derechos humanos, en particular, el uso inadecuado de armas menos letales y casos de malos tratos, son recurrentes en el tiempo y el espacio”.
Los Carabineros de Chile y las Fuerzas armadas incumplieron las normas y estándares internacionales sobre el control de asamblea y uso de la fuerza durante las recientes protestas masivas y estado de emergencia, afirma la investigación.
El informe, elaborado por un equipo en el terreno que investigó las denuncias en Chile las primeras semanas de noviembre, detalla extensas alegaciones, con ejemplos específicos de tortura, malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual de manos de Carabineros contra personas detenidas, muchas de las cuales estaban bajo custodia de manera arbitraria.
Según información oficial, más de 28.000 personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre, aunque la mayoría de ellas han sido puestas en libertad.
El informe realizado a partir de 235 entrevistas a víctimas y a sus familiares, y de 60 entrevistas a oficiales de los Carabineros de Chile, incluidos algunos que fueron heridos durante las protestas, señala que a partir de la información recogida que los “Carabineros han incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos”.
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Diana Leal
Protestas en las calles de Santiago, Chile.
Violencia sexual y muertes ilícitas
El equipo de Michelle Bachelet documentó 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños y niñas adolescentes. El informe señala que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado querellas relacionadas con cientos de este tipo de casos.
Asimismo, asegura que el Ministerio Público indicó que existen investigaciones en curso relacionadas con 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas. La Oficina de Derechos Humanos logró verificar información sobre 11 de las 26 muertes. De esas 11, el informe afirma que cuatro casos constituyeron “privación arbitraria de la viday otras muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado”.
Añade que en dos de estos casos, se señala que parece haberse utilizado fuerza letal, en forma de armas de fuego, en ausencia de todo riesgo para la vida de civiles o militares y contra personas que no estaban participando en actos de violencia. “Esto contraviene la normativa y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y puede, dependiendo de las circunstancias, constituir una ejecución extrajudicial”, asegura el documento.
Diana Leal
Protestas en Santiago, Chile
Uso desproporcionado de las armas menos letales
La investigación asegura que a pesar de que el Ministerio de Justicia reportó 4903 personas heridas hasta el 10 de diciembre, entre ellas 2792 oficiales de Carabineros, otras fuentes sugieren la existencia de un número mayor.
“Hubo un uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, durante manifestaciones pacíficas o fuera del contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Esto ha resultado en un alto número de personas heridas, incluidos transeúntes y personas que no estaban cometiendo actos violentos, sino que protestaban pacíficamente”.
Además, asegura que el número alarmantemente alto de personas con heridas oculares o faciales, unas 350, demuestra que “hay razones fundadas para creer que se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de heridas.”
Añade que, si bien las heridas oculares resultaron principalmente de perdigones, algunos casos también fueron resultado del “uso de irritantes químicos, en particular gases lacrimógenos y, en algunos casos, del impacto de los cartuchos de gas lacrimógeno.”
El informe además señala que las autoridades tenían información sobre el alcance de estas lesiones desde el 22 de octubre, pero no se tomaron medidas eficaces, expeditas y oportunas para poner fin al uso de armas menos letales, especialmente de las escopetas antidisturbios con perdigones. “La pronta acción de autoridades responsables podría haber evitado que otras personas sufrieran heridas graves”.
También destaca varios fallos recientes de las de Cortes de Apelaciones en todo el país que han restringido el uso de escopetas antidisturbios en manifestaciones pacíficas, y que también han limitado o prohibido el uso de gases lacrimógenos en ciertos lugares como por ejemplo hospitales.
Diana Leal
Manifestantes en las calles de Santiago de Chile
Las instituciones estatales han tomado medidas
El informe del equipo de Bachelet reconoce que diferentes instituciones estatales han tomado medidas para asegurar las investigaciones de supuestas violaciones de derechos humanos; asegurar el acceso a abogado para las personas detenidas; el acceso a servicios para las víctimas; y proporcionar información integral, regular y accesible al público.
También se han dictado fallos judiciales para proteger a las personas que ejercían su derecho a la asamblea pacífica.” El Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, en particular, “hancumplido de manera pronta y eficaz con su mandato de proteger los derechos humanos.”
Además, indica que las manifestaciones que en Chile han tenido múltiples causas, incluida la desigualdad económica y social.
“La mayoría de las personas que ha ejercido su derecho a la asamblea durante este periodo lo ha hecho de manera pacífica. Sin embargo, ha habido numerosos ataques contra fuerzas de seguridad y sus instalaciones. También hubo saqueos y destrucción de propiedad tanto durante como fuera de las manifestaciones”.
Recomendaciones para mirar hacia adelante
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recomienda a Chile el cese inmediato del uso indiscriminado de las escopetas antidisturbios, y llama a limitar el uso de gases lacrimógenos a situaciones en que sea estrictamente necesario, pero nunca de establecimientos educativos y de salud.
“Los oficiales de policía deberían recibir instrucciones claras sobre el uso adecuado de gases lacrimógenos, incluido asegurando que los cartuchos de gas siempre se disparen en un ángulo pronunciado, y nunca horizontalmente, de conformidad con los estándares internacionales”.
También recomienda una serie de medidas específicas para rectificar las prácticas policiales y hace un llamado al Gobierno a “asegurar que las fuerzas de seguridad garanticen la rendición de cuentas con relación a las violaciones de derechos humanos y reconozcan estas violaciones.”
Bachelet recomienda el establecimiento un mecanismo de seguimiento, que involucre a la Oficina Regional de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur, con sede en Santiago, así como la participación activa de la sociedad civil, para evaluar dentro de tres meses la implementación de las recomendaciones realizadas en el informe, así como las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
“Este mecanismo de seguimiento debería tener como propósito establecer medidas para prevenir que se repitan esos hechos tristes y preocupantes en los que Chile se ha visto sumergido en los últimos dos meses – especialmente, mientras las protestas continúan a lo largo del país, si bien con menor intensidad, y continuamos recibiendo alegaciones de violaciones de derechos humanos. El resultado del trabajo de este mecanismo debería hacerse público”.
Para la realización del informe, el equipo de Bachelet recibió el amplio apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de la Niñez, así miembros de la sociedad civil. A los expertos, el Gobierno les otorgó acceso libre a hospitales a centros de salud, así como a lugares de detención, incluidas comisarías de policía y cárceles.
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Las manifestaciones que se están produciendo en las calles de todo el mundo indican que, pese a los avances sin precedentes en la lucha contra la pobreza, el hambre y las enfermedades, muchas sociedades no están funcionando como debieran. El hilo conductor, demuestran las Naciones Unidas, es la desigualdad.
Seis expertos independientes afirman que la violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas. También recuerdan al Gobierno que está obligado tanto a respetar los derechos humanos de sus conciudadanos como a proteger a las personas contra actos violentos cometidos por particulares. Por su parte, la ONU en Chile pide a las autoridades que no se usen balines ni perdigones en la represión de las protestas.
Seis expertos independientes afirman que la violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas. También recuerdan al Gobierno que está obligado tanto a respetar los derechos humanos de sus conciudadanos como a proteger a las personas contra actos violentos cometidos por particulares. Por su parte, la ONU en Chile pide a las autoridades que no se usen balines ni perdigones en la represión de las protestas.
Un grupo de expertos independientes de la ONU en derechos humanos* ha condenado el uso excesivo de la fuerza ejercido por las fuerzas de seguridad en Chile durante las protestas acontecidas durante las últimas semanas.
Los especialistas, nombrados por el Consejo de Derechos Humanos y que desempeñan sus funciones a título personal, destacaron que “la violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas, el elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad».
Según las cifras que barajan, durante las protestas, que comenzaron a principios de octubre por el aumento de los costos de transporte y una desigualdad profundamente arraigada, murieron al menos 20 personas y unas 1600 resultaron heridas, incluyendo a agentes de policía.
Otro aspecto que les preocupa profundamente son las informaciones recibidas de uso excesivo de la fuerza previo a la detención, abusos contra niños y niñas y malos tratos que podrían constituir tortura.
Asimismo, también recibieron información sobre violencia sexual contra mujeres, hombres y adolescentes, que incluyen prácticas tales como desnudamientos forzados, tocamientos y violaciones durante la detención.
“Las mujeres y los niños han participado activamente en las protestas en curso y el Estado debe abordar sus preocupaciones específicas en materia de protección«, dijeron los expertos.
Al mismo tiempo recordaron al Gobierno de Chile que no solo está obligado a respetar los derechos humanos de sus conciudadanos, sino que también ha de proteger a las personas contra actos violentos cometidos por particulares.
Permitir las protestas aislando a los violentos
“Debe permitir que las protestas se lleven a cabo aislando a los que recurren a la violencia, al mismo tiempo que garantiza que todas las personas en el país puedan disfrutar de sus derechos».
Por otro lado, el grupo de expertos aplaudió la reciente decisión emprendida por las autoridades chilenas de invitar a una misión de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al país sudamericano.
“La misión evaluará la situación de los derechos humanos en relación con las protestas y el estado de emergencia en Chile, incluyendo la identificación de los principales patrones de violaciones de garantías fundamentales, el análisis de la respuesta de las instituciones del Estado chileno, así como las causas relacionadas con las protestas”, destaca el comunicado emitido por los expertos.
Por último, indicaron estar en contacto con las autoridades y discutieron su “voluntad expresa de perseguir y determinar las responsabilidades en casos de violaciones de los derechos humanos, en particular las cometidas por agentes del Estado”.
No usar balines ni perdigones
Por su parte, la oficina de las Naciones Unidas en Chile urge a las autoridades a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones, que hasta el día de hoy ha causado cientos de heridos y más de 170 traumas oculares, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
“La utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales, constituye una violación grave de los derechos humanos y vulnera el principio de proporcionalidad”, señala un comunicado difundido por las Naciones Unidas en el país sudamericano.
Además, la oficina de la ONU en Chile, que ha mantenido diálogos con organizaciones de la sociedad civil y del Estado, señala que “se pone a disposición de las autoridades y de la sociedad en su conjunto, para avanzar en medidas que permitan alcanzar la protección de todas las personas y la paz social”.
Chile renunció este miércoles a ser el país anfitrión de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático (COP 25) en vista de la difícil situación que atraviesa el país. La nación sudamericana está envuelta en una serie de violentas protestas en las que habrían fallecido 18 personas durante los últimos días, según los informes que maneja la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Durante su encuentro diario con la prensa, el portavoz alterno de las Naciones Unidas, Farhan Haq, informó que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, le notificó la decisión al Secretario General de la ONU.
Ante esta situación, Haq señaló que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) trata de determinar qué tipo de alternativas se pueden tomar en este momento.
Interrogado sobre si prefería que la Conferencia se celebrase en alguna localización alternativa de América Latina, Haq dijo que corresponde a la Convención evaluar las eventuales localizaciones, pero añadió que “hubo precedentes en los que el país anfitrión no fue el mismo que el del lugar de celebración”.
Igualmente, no quiso especular sobre si el cuartel general de la ONU en Nueva York podría albergar el encuentro e indicó que hasta el momento tiene constancia “de que Chile continuará presidiendo la 25ª sesión de la Conferencia de las Partes, por lo que continuará el liderazgo que ha venido ejerciendo durante los últimos meses”.
La celebración de la 25ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático estaba prevista entre el 2 y 13 de diciembre.
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Los tres miembros de la misión llegarán el 28 de octubre e investigarán las denuncias sobre 18 muertes, entre ellas varias en las que estuvieron implicadas las fuerzas de seguridad. La Oficina de Derechos Humanos también ha recibido denuncias de delitos cometidos por terceros.
“Seguimos de cerca la creciente crisis en Chile, incluidos los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las recientes protestas y la declaración del estado de emergencia. Nuestra Oficina ha recibido denuncias de violaciones de las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. También hemos recibido informes de delitos cometidos por terceros”, ha asegurado este viernes Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
La Oficina, que dirige Michelle Bachelet, ha recibido denuncias sobre la muerte de 18 personas, entre ellas un niño de 4 años. Las circunstancias de todas esas muertes no están claras.
“La institución nacional de derechos humanos había seguido de cerca esos casos y ha indicado que, en al menos cinco de esas muertes, hubo participación de las fuerzas de seguridad. La Oficina examinará esos informes durante su misión”, dijo Ravina Shamdasani.
Además de los fallecimientos, la portavoz dijo que también han recibido reportes de que 582 personas han resultado heridas, 295 con munición real.
El jueves, Michelle Bachelet anunció que una misión de su Oficina será desplegada al país por petición del Gobierno y un grupo de parlamentarios.
Sede en Santiago
Tres oficiales de derechos humanos llegarán al país el lunes 28 de octubre y permanecerán hasta el 22 de noviembre para examinar las denuncias, reunirse con diversos actores y recopilar información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para abordar la situación. El equipo de la misión tendrá su sede en Santiago, pero visitará ciudades de todo el país.
Preguntada sobre el hecho de que Michelle Bachelet sea nacional de Chile, la portavoz recordó que el mandato de la Alta Comisionada es “mundial”.
“En el pasado, hubo muchas ocasiones en que los altos comisionados anteriores se vieron obligados por las circunstancias en su país de origen a hablar y participar”, aseguró Shamdasani, antes de añadir que el Gobierno de Chile “está completamente de acuerdo» con la misión.
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Michelle Bachelet exhorta al diálogo inmediato en Chile
Noticias ONU/Daniel Johnson
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante su encuentro con los medios de comunicación en Ginebra. (4 de septiembre de 2019)
La jefa de la Oficina de Derechos Humanos aseguró que se encuentra muy preocupada y triste por la violencia, la destrucción, los muertos y los heridos en su país en los últimos días, y dijo que todos los actos violentos, tanto de las autoridades como de los manifestantes, deben ser investigados.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, exhortó el lunes a todos los actores políticos y a los representantes de la sociedad civil en Chile a iniciar un diálogo y evitar “la polarización de palabra o de hechos”, tras la violencia y los disturbios que se han extendido en el país en los últimos días.
De acuerdo con un comunicado difundido por la Oficina de Bachelet, al menos ocho personas han muerto hasta la fecha, aunque esta cifra podría elevarse hasta 13, según distintas fuentes. Además, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, otras 44 personas han resultado heridas, nueve de ellas gravemente, y 283 personas habrían sido detenidas en el contexto de las protestas.
Por su parte, el Ministerio del Interior ha informado que 1906 personas han sido detenidas en todo el país.
La crisis en el país empezó después de que la semana pasada, el presidente Sebastián Piñera decidiera subir el precio de pasaje del metro. Como protesta, los estudiantes comenzaron a evadir el pago masivamente, ingresando a los andenes sin pagar. La situación se agudizó a partir del viernes con la quema de diversas estaciones del metro y buses y se registraron numerosos saqueos en varias ciudades del país. El Gobierno entonces decretó el estado de emergencia en 10 de las 16 regiones del Estado y estableció el toque de queda en Santiago y dos provincias aledañas. Además, desplegó al ejército en las calles de Santiago y otras ciudades.
Según despachos de prensa, a pesar de que el presidente anunció la noche del sábado la suspensión del alza de la tarifa del metro, las protestas continúan.
Estoy muy preocupada y triste de ver la violencia, la destrucción, los muertos y los lesionados en Chile en los últimos cinco días.
“Estoy muy preocupada y triste de ver la violencia, la destrucción, los muertos y los lesionados en Chile en los últimos cinco días. Es esencial que todos los actos que han provocado lesiones y muerte, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes, sean sometidas a investigaciones independientes, imparciales y transparentes”, expresó Bachelet en un comunicado.
La Alta Comisionada alertó de que el uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación, y que se corre el riesgo de generar miedo en la población.
“Las autoridades deben actuar en estricta conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. Cualquier aplicación del estado de emergencia debe ser excepcional y en base a la ley. Hay acusaciones inquietantes del uso excesivo de la fuerza por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad y del Ejército”, dijo.
Bachelet también se encuentra alarmada por las denuncias de que a algunos detenidos se les habría denegado acceso a abogados, tal y como es su derecho, y porque otros han sido maltratados en detención.
“Además, hay denuncias de que docenas de miembros de las fuerzas de seguridad han resultado heridos”, apuntó.
La Alta Comisionada exhortó al Gobierno a que trabaje con todos los sectores de la sociedad hacia soluciones que contribuyan a calmar la situación e intentar abordar los agravios de la población en interés de la nación.
“También urjo a todos los que están planeando participar en las protestas de hoy y de los próximos días, a que lo hagan de forma pacífica.”.
Bachelet instó a las autoridades a que “se aseguren de que el derecho de todas las personas a la libertad de expresión y de manifestación pacífica sean respetados”.
El Sistema de las Naciones Unidas en Chile manifestó este sábado «su profunda preocupación» por las violentas protestas ocurridas durante los dos últimos días en el país sudamericano. Los altercados se iniciaron el pasado lunes tras el anuncio de un aumento de los precios del billete del metro en Santiago de Chile. El presidente Sebastián Piñera decidió suspender el alza de precios el sábado por la noche.
La ONU lamentó en particular el elevado número de heridos que se produjeron durante los incidentes tanto de civiles, incluyendo a menores de edad, como de integrantes de las fuerzas del orden, así como de las cuantiosas pérdidas materiales y daños causados.
Con relación al estado de emergencia declarado por el gobierno durante este fin de semana en Santiago recordó que «las disposiciones que conlleva deben ser aplicadas bajo el más estricto apego al estado de derecho y a las normas internacionales de derechos humanos a las que Chile ha adherido».
Del mismo modo, el Sistema de la ONU llamó a todos los sectores de la sociedad chilena a disminuir las tensiones, rechazar cualquier acto de violencia y buscar soluciones pacíficas ante el desafío al que se enfrenta el país.
Según informaciones de prensa, el presidente chileno Sebatián Piñera suspendió el sábado por la noche el incremento de los pasajes del metro en Santiago.
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Cinco de ellas fueron abusadas siendo menores de edad
Su última víctima habría sido atacada en 2008, dos años antes de fallecer el abusador
Marcela Aranda: «Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me pegaran por turnos»
| RD/Agencias
Renato Poblete, un emblemático jesuita chileno, fue durante 48 años un depredador sexual que en ese lapso abusó de 22 mujeres, entre ellas cinco menores de edad, según los resultados de una investigación dados a conocer este martes por la congregación.
«Esta investigación comenzó (el pasado enero) gracias a la denuncia (por delitos sexuales, abuso de poder y de conciencia) de la señora Marcela Aranda y posteriormente recibió el testimonio de (otras) 21 mujeres más que sufrieron alguna experiencia de abuso sexual por parte de Renato Poblete entre los años 1960 y 2008«, dijo en una rueda de prensa el provincial jesuita, Cristián del Campo.
«Entre las víctimas mencionadas hay cuatro personas que eran menores de 18 años cuando ocurrieron los hechos denunciados», precisó del Campo respecto de los resultados de la investigación, desarrollada por el abogado laico Waldo Bown.
Los demás casos se refieren a abusos sexuales de mujeres mayores de edad, «consistentes en un abordaje sexual inesperado y violento, en que intempestivamente se intenta besar y tocar a la víctima«, señala el texto dado a conocer por el provincial jesuita.
Fallecido a los 85 años, en febrero del 2010 a causa de un paro cardíaco, Renato Poblete fue entre los años 1982 y 2000 el capellán del Hogar de Cristo, una institución chilena de beneficencia pública, creada por San Alberto Hurtado el 19 de octubre de 1944, que hasta atiende a miles de personas cada día.
Renato Poblete fue entre los años 1982 y 2000 el capellán del Hogar de Cristo, una institución chilena de beneficencia pública
En 2009, el sacerdote recibió de manos de la entonces presidenta Michelle Bachelet el Premio Bicentenario como reconocimiento del Gobierno a su trayectoria de servicio social.
Según datos de la Fiscalía, hay 166 causas abiertas por abusos en el clero chileno, mientras las víctimas suman 248, de las que 131 eran menores de edad al sufrir los delitos.
«Me llevaban donde otros hombres para que me violaran»
El líder de la congregación religiosa jesuítica, Cristián del Campo, ha admitido en rueda de prensa que la Compañía de Jesús se obnubiló con los éxitos de Poblete y nunca sospecharon de sus abusos.
Del Campo dio a conocer los resultados de una investigación en la que colaboraron 102 entrevistados y fue ordenada en enero pasado, luego de que la primera denunciante pública de Poblete, Marcela Aranda, académica de Teología de 53 años, acusara al cura de obligarla a abortar a sus hijos. “Me llevaba donde otros hombres para que me violaran y me pegaran por turnos”, aseguró a un medio local.
La denuncia contra Poblete ocasionó otro fuerte remezón al interior de la Iglesia católica chilena, que desde hace más de un año enfrenta una crisis originada en centenares de denuncias de abusos sexuales cometidos por curasy religiososcontra menores de edad. El grueso de las denuncias ocurrió tras la visita del papa Francisco a Chile en enero del 2018, cuando el pontífice descalificó a denunciantes de abusos, lo que desató un escándalo internacional. Un par de enviados suyos a este país concluyeron que los obispos chilenos vivían hace décadas una cultura del abuso y encubrimiento.
Renato Poblete, abusador
Poblete, fallecido en 2010, era considerado casi un santo antes de ser denunciado por Aranda. Incluso un parque público llevaba su nombre y había una estatua suya, pero tras la denuncia las autoridades cambiaron el nombre y retiraron la estatua para fundirla.
Aranda aseguró que el sacerdote y capellán de la obra benéfica Hogar de Cristo empezó a abusar de ella cuando tenía 19 años y que los abusos se prolongaron de 1985 hasta 1993. Agregó que mientras era violada por un grupo de sujetos, Poblete miraba.
En una entrevista con un canal local de televisión afirmó que “lo más terrible y que me hace sufrir es que él me obligó a abortar y no solo una vez, tres veces. Tres niños que nunca pude abrazar, arrasados por un hombre abominable».
La primera denuncia de la mujer ocurrió ante la comisión de escucha creada por el arzobispo Charles Scicluna, un enviado del papa para dimensionar la magnitud de los abusos en Chile, y luego dio declaraciones a la prensa. Del Campo dijo que la investigación de la Compañía sobre los abusos de Poblete concluyó que todos los hechos afirmados por Aranda son “plausibles y creíbles”. Añadió que además de Aranda testificaron otras 21 mujeres sobre los abusos que sufrieron en poder de Poblete, quien, dijo, se aprovechaba de su poder como religioso, económico y psicológico. Ellas no aceptaron que fueran reveladas sus identidades. Del Campo las llamó a denunciar a los tribunales de justicia cuando estén preparadas para hacerlo.
Presentación del informe sobre Renato Poblete Barth
I. Introducción
Buenas tardes, mi nombre es Cristián del Campo, Superior Provincial de la Compañía de Jesús en Chile. Me acompaña María de los Ángeles Solar, directora del Centro de Prevención de Abusos Sexuales y Reparación de la Compañía de Jesús.
El depredador sexual sostuvo sus delitos bajo su enorme red de contactos, y el poder económico que tuvo al manejar autónomamente importantes sumas de dinero durante muchos años
Agradecemos su presencia que nos ayuda a transmitir a la opinión pública el resultado de la investigación interna, que se ha llevado a cabo por los abusos sexuales denunciados contra el fallecido sacerdote Renato Poblete Barth.
Daremos a conocer los hallazgos y las conclusiones más importantes de esta investigación. A su vez, compartiremos los pasos que daremos en nuestro compromiso de reparación en este caso, y en los otros dos casos que hemos anunciado recientemente su resolución, referidos a Jaime Guzmán Astaburuaga y Leonel Ibacahe Ortiz.
II. Sobre la investigación
1. Duración y Metodología
La investigación comenzó el día 12 de enero de 2019 y el informe final fue entregado a mí como Superior Provincial de la Compañía de Jesús, la tarde del viernes 26 de julio. El informe final tiene un total de 407 páginas, más anexos. Se entrevistó a 102 personas, y se realizaron otro tipo de diligencias complementarias, tales como análisis de documentos, recepción de testimonios vía correo electrónico e inspección de lugares. No podemos dejar de mencionar la complejidad que ha significado investigar hechos donde el denunciado se encuentra fallecido.
2. Equipo
La investigación fue liderada de manera independiente por el abogado penalista de la Universidad de Chile, Sr. Waldo Bown. Sirvió como notaria, la abogada Victoria Carvajal. El abogado Bown tuvo la asesoría de un comité compuesto por la Sra. Daniela Bolívar, académica de la escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, experta en el trabajo con víctimas de abuso; el Sr. Alvaro Soto, académico de la escuela de psicología de la Universidad Alberto Hurtado, especialista en dinámicas organizacionales; y la Sra. Anastasía Assimakópulos, profesora de derecho canónico de la Universidad de Los Andes. Al mismo tiempo, queremos transparentar que esta investigación, como cualquier investigación canónica que llevamos adelante, es financiada por la misma Compañía de Jesús.
Líder de los jesuitas en Chile
3. Resultados de la Investigación y valoración de los hechos
Esta investigación comenzó gracias a la denuncia de la Sra. Marcela Aranda y posteriormente recibió el testimonio de 21 mujeres más que sufrieron alguna experiencia de abuso sexual por parte del sacerdote Renato Poblete Barth, hechos ocurridos entre los años 1960 y 2008. Dentro de las víctimas mencionadas, existen 4 personas que eran menores de 18 años cuando ocurrieron los hechos denunciados.
De esos 22 testimonios, uno es el de la Sra. Marcela Aranda. Otros 16, se refieren a abusos sexuales de mujeres mayores de edad consistentes en abordajes sexuales violentos. A cada una de estas víctimas se les dio los datos de contacto del fiscal correspondiente. El último caso, para completar los 22, se refiere a una relación estable y aparentemente consentida, en que la víctima ha ido elaborando recientemente la situación abusiva en la que se encontraba.
La investigación también recogió informaciones que darían cuenta de otras personasque podrían haber sufrido abusos por parte de Renato Poblete Barth pero no se lograron contactar. O por fallecimiento o porque, al ser contactadas, no quisieron declarar.
Tal como señala el investigador, en relación al caso de la denunciante Sra. Marcela Aranda, que dio origen a esta investigación, todos los hechos descritos por ella han sido considerados plausibles y su relato creíble. En el caso de los abusos sexuales, éstos han podido ser corroborados y también los tres abortos denunciados.
Dada la gravedad de esta denuncia, que el testimonio de la Sra. Marcela Aranda ha sido considerado plausible y creíble en su integridad, y el hecho de que en su declaración ella señala que estos hechos podrían involucrar a terceras personas vivas, presentaremos estos antecedentes a la brevedad al Ministerio Público, para que investigue con todas las herramientas de las que dispone y sancione a quienes pudieran resultar responsables.
Marcela Aranda
En cuanto al resto de las víctimas, la investigación consideró que todos los testimonios eran pausibles y creíbles y, en algunos casos, pudo corroborar esto con los testimonios de terceras personas u otro tipo de elementos externos que confirmaron los hechos.
4. Patrón del abuso
Esta investigación ha demostrado de manera contundente que Renato Poblete Barth abusó de manera reiterada, grave y sistemática, amparado en el poder que le otorgaba su condición de sacerdote, en el dinero que manejó de manera personal, y en el prestigio que su labor apostólica le otorgó durante sus años como líder de una organización benéfica jesuítica.
Los testimonios de las víctimas recolectados en el proceso de investigación dan cuenta de la dinámica establecida por Renato Poblete Barth. Una dinámica de violencia, de abuso de poder y de manipulación emocional y psicológica de las víctimas y sus familias, que facilitó su obrar y el silencio tanto de víctimas como de otras personas. La investigación pudo determinar los patrones de conducta utilizados por el sacerdote, tales como la focalización en personas con vulnerabilidades económicas o emocionales, la ayuda económica sistemática, la posición de poder social y religioso, la utilización de la confianza con el entorno familiar de las víctimas, las demostraciones de poder y la violencia de género, entre otras.
La investigación pudo determinar los patrones de conducta utilizados por el sacerdote, tales como la focalización en personas con vulnerabilidades, la utilización de la confianza del entorno familiar de las víctimas y la violencia de género
Todo esto nos parece de la mayor gravedad, ya que, como nos ha ido mostrando la experiencia clínica, la agresión sexual es uno de los tipos de agresión más devastadores que puede sufrir un ser humano, ya que afecta todas las dimensiones de la persona. Existe un profundo daño a nivel emocional, relacional, sexual y, en el caso del abuso sexual en el contexto eclesial, también a nivel espiritual.
Somos conscientes de este grave daño, y por ello, tal como lo han solicitado la mayoría de las víctimas, honraremos nuestro compromiso de confidencialidad con ellas. En nuestro país son los Tribunales los llamados a dictar justicia y establecer responsabilidades. Por esto, las instamos, a que de acuerdo a sus propios tiempos y procesos, ejerzan este derecho en las instancias correspondientes. Como Compañía de Jesús colaboraremos en todo lo que sea necesario.
III. Responsabilidades de terceros
Junto con el esclarecimiento de los hechos denunciados, también le fue solicitado al investigador pronunciarse respecto de eventuales responsabilidades de terceras personas, así como de responsabilidades institucionales de la Compañía de Jesús.
La investigación recogió diversos antecedentes que dan cuenta de que existió un número significativo de personas, jesuitas y laicos, que tuvieron alguna información de comportamientos inadecuados de connotación sexual del sacerdote Renato Poblete Barth, los que fueron conocidos de primera fuente, por terceras personas, o a modo de rumor. Aquí me referiré en específico a los resultados del informe en cuanto a las responsabilidades de miembros de la Compañía de Jesús.
Los canales institucionales fallaron, ya que el gobierno provincial minimizó los hechos o no activó con la debida diligencia los resguardos que permitieran detener las situaciones abusivas
El informe del abogado Waldo Bown señala que algunos jesuitas habrían recibido algún tipo de información, la mayoría consistente en rumores o comentarios de terceros, lo que implicaría una responsabilidad ética en su actuar. La investigación pudo acreditar que, al menos en dos casos, un jesuita recibió información directa de parte de una víctima. Respecto a uno de ellos, este recibió expresas instrucciones de parte de la víctima de no comunicar la información recibida; el otro se refiere a uno de los jesuitas públicamente mencionados, el del P. Juan Ochagavía. La investigación señala que el P. Ochagavía habría hecho llegar los antecedentes que disponía al Superior Provincial de la época. Y justamente esta situación muestra – como lo señalaré más adelante – de qué manera los canales institucionales fallaron, ya que el gobierno provincial minimizó los hechos o no activó con la debida diligencia los resguardos que permitieran detener las situaciones abusivas. Las responsabilidades individuales e institucionales están íntimamente conectadas. Con todo, el investigador concluyó que la conducta del P. Juan Ochagavía fue negligente en cuanto al seguimiento de la información que recibió y en el cuidado de la víctima.
Así como la investigación determinó responsabilidades éticas de particulares como facilitadores, la Compañía de Jesús habría operado con medidas ineficaces para evitar las conductas de abuso de poder, de conciencia y sexuales cometidas por Renato Poblete Barth. Este clima institucional facilitaría la ocurrencia de los hechos denunciados, a saber, una mirada permisiva hacia conductas de Renato Poblete Barth que estaban en el límite de lo ético en relación con el manejo del dinero, el poder y su relación con mujeres; una estructura organizacional que fue ineficaz para evitar y enfrentar situaciones de abuso, es decir, falta de instancias de mayor control, como códigos de conducta que definieran más precisamente estándares profesionales de actuación de los sacerdotes y religiosos; prácticas culturales que dificultaron la detección temprana de las conductas abusivas, como por ejemplo, la defensa corporativa o la exaltación del logro y la autonomía individual.
Faltaron códigos de conducta y las prácticas culturales dificultaron la detección temprana de las conductas abusivas, como por ejemplo, la defensa corporativa o la exaltación de los logros del abusador
Después de conocer los hallazgos más importantes de esta investigación, quiero hacer un reconocimiento de nuestra responsabilidad institucional y expresar nuestra petición de perdón a todas y cada una de las víctimas de abuso.
Lo primero y fundamental es el valor de la verdad. Esta investigación nos ha permitido esclarecer los hechos abusivos y las responsabilidades del sacerdote Renato Poblete Barth, a partir de la contundencia de cada testimonio y de la evidencia recogida. Hemos llegado a esta dura verdad gracias a la valentía de todas las personas que estuvieron dispuestas a compartir sus dolorosas y traumáticas experiencias de abuso, en particular, de la Sra. Marcela Aranda, quien presentó la primera denuncia en enero pasado. Quiero aprovechar para agradecer la profesionalidad y diligencia del Servicio de Escucha de la Conferencia Episcopal de Chile, que fue la primera instancia que acogió el testimonio de la Sra. Marcela Aranda. Asimismo, agradecezco el trabajo serio y acusioso del Sr. Waldo Bown y su equipo.
Quiero, en nombre de la Compañía de Jesús en Chile, pedirles perdón a las víctimas de abuso sexual en este caso y en los otros cometidos por jesuitas. El daño infringido ha sido enorme y, en muchos casos, tan grande que es difícil de dimensionar con palabras. Para ustedes, este abuso. Como Compañía de Jesús queremos reconocer el daño que hemos hecho y que ustedes han sufrido tan profundamente. Deseamos tener la ocasión de expresarles personalmente nuestra petición de perdón en los próximos días.
Como Compañía de Jesús, no solo en este caso sino también en otros casos de abusos, fallamos en reaccionar con decisión, diligencia y eficacia ante las noticias, informaciones o señales preocupantes. Esta inacción permitió que se llevaran a cabo abusos de gravedad sin impedir que el comportamiento abusivo continuara. Pedimos perdón porque no actuamos con la prontitud y seriedad que se requería, con una mirada puesta en quienes estaban sufriendo en silencio. En el caso de Renato Poblete Barth, el aparente éxito de su labor apostólica obnubiló nuestra capacidad de supervisar su rutina cotidiana y controlar debidamente su manejo de dineros. El poder del dinero, sumado al poder que ya tenía por su prestigio público y su calidad de sacerdote, fue lo que permitió que el acusado tuviera diversas posibilidades de utilizar ese poder para abusar de mujeres.
Crisis de abusos en Chile
También deseo pedir perdón a nuestros colaboradores, familiares y amigos, así como a todo el pueblo de Dios que conforma nuestra Iglesia, por el daño, el dolor y la desilusión que provoca conocer situaciones tan graves de abuso cometidas por miembros de la Compañía de Jesús, y por nuestras responsabilidades como congregación religiosa en no detectar y detener estos abusos a tiempo.
Este perdón va acompañado de nuestra convicción como Compañía de Jesús de condenar toda situación de abuso, de orden sexual, de consciencia o de poder. Aunque suene gastado y muchas veces dicho, creo que nunca será suficiente: nos avergüenza y nos desgarra saber que hay personas a las que hemos dañado. Esto contraviene lo fundamental de nuestra razón de existir, de nuestra misión, que es justamente la transmisión de la Buena Noticia de Jesucristo, de la liberación de los oprimidos y del cuidado de los más vulnerables. Pedimos perdón por estos actos y por nuestras cegueras y negligencias.
IV. Perdón de cada jesuita
Pediré a cada jesuita que, a nivel personal y comunitario, avance en un trabajo real y profundo de reconocimiento de esta triste verdad que forma parte de nuestra historia y que haga efectivamente un gesto de arrepentimiento, en particular, en aquellos que han tenido una responsabilidad ética en su actuar.
Al hablar de reparación o restitución queremos referirnos a la necesidad de encontrarnos con las víctimas, reconociendo, desde su experiencia, las dinámicas abusivas mediante las cuales esto sucedió y posibilitando una relación que reconozca plenamente su dignidad de persona y su capacidad de determinación de su propio futuro.
Presentación de la investigación de los jesuitas sobre Poblete
El perdón sin signos concretos que contribuyan a reparar el daño causado, es un perdón vacío. Por eso, quiero dar a conocer los pasos dados y los que vamos a dar en el ámbito de la reparación.
Lo primero es que hemos intentado honestamente escuchar a las víctimas. Este último tiempo hemos procurado hacerlo a través de investigaciones que se han dado a conocer públicamente, para que todos quienes quisieran aportar algún antecedente lo pudieran hacer. Nuestra intención ha sido que esos espacios formales permitieran a las personas relatar su historia y ser escuchadas con respeto y confidencialidad.
En segundo lugar, hemos creado el Centro de Prevención de Abusos Sexuales y Reparación de la Compañía de Jesús en Chile, liderados por la abogada María de los Angeles Solar y por la psicóloga Francisca Salinas. Este Centro es el encargado de escuchar y recibir toda denuncia de abuso sexual que se haga contra un jesuita. Asimismo, el Centro ha tomado y tomará contacto con las víctimas, en éste y en los demás casos que hemos investigado. La restitución solo podrá tener lugar a partir de escucharnos unos a otros, reconocernos mutuamente y construir juntos un futuro sin abuso.
Sabemos que las experiencias de abuso sexual constituyen heridas profundas que se instalan en la persona, por eso creemos que también es importante ofrecer y hacernos cargo de los procesos psicológicos que intentan aliviar estas situaciones. Hemos ofrecido apoyo económico para los tratamientos terapéuticos a aquellas víctimas que nos lo han solicitado. Este ofrecimiento de apoyo será reiterado a cada una de ellas.
Dentro del proceso de reparación de las víctimas, tanto de Renato Poblete Barth, de Jaime Guzmán Astaburuaga, Leonel Ibacache Ortíz y otras víctimas de jesuitas, nos comprometemos a profundizar los espacios de diálogo para ir definiendo las medidas reparatorias más adecuadas. Para esta labor el Centro de Prevención y Reparación ha estado asesorándose con profesionales de distintas áreas y experiencias, de manera de ofrecer espacios de calidad, que no revictimecen y permitan el diálogo y los acuerdos. Deseamos escuchar lo que las mismas víctimas quieren proponernos, pensando en sus propios procesos de sanación. Escucharemos abiertamente lo que cada persona visualice como ayudas necesarias para su camino de reparación personal, y nos comprometemos a hacer todos los esfuerzos por apoyarlas en ese camino.
La Compañía de Jesús, contra el encubrimiento
En el diálogo que esperamos mantener con ellas, buscaremos reflexionar sobre modos de reparación que apunten también a aquellas comunidades eclesiales, educativas o laborales que se han visto afectadas por la ocurrencia de abusos en dichos espacios. Estaremos abiertos a un diálogo que sea fructífero y con resultados concretos, que considere acciones de reparación en todos los ámbitos para las víctimas y las comunidades afectadas, así como nuevos insumos para actualizar los protocolos de prevención y cuidado de ambientes sanos y seguros.
Por último, creemos que lo que ha sucedido no se trata solamente de hechos puntuales, sino de elementos estructurales que han favorecido que estos hechos ocurran. Lo vivido nos ha comprometido a una revisión profunda de las estructuras de gobierno y pastorales de nuestra congregación. Junto con las medidas que hemos ido tomando de examen de nuestra formación jesuita, de nuestras estructuras de gobierno y del modo cómo realizamos acompañamiento espiritual, continuaremos apoyándonos en profesionales de experiencia, para profundizar una evaluación institucional que nos permita ser conscientes de nuestros puntos ciegos. En este sentido, le pediremos a la Universidad Alberto Hurtado que pueda contribuir a la investigación y aprendizaje sobre el fenómeno del abuso en sus más diversas expresiones, en coordinación con otras universidades e instituciones, disponiendo para tales efectos los recursos necesarios, con el objeto de contribuir a una cultura nacional y eclesial de cuidado, respeto y protección de las personas, y a la renovación tanto de la Iglesia como de la Compañía de Jesús.
V. Conclusión
Las conclusiones de este informe no dejan dudas sobre el drama del abuso vivido por las personas que tuvieron la valentía de compartir sus testimonios. Sin ellas, no habríamos sabido la verdad. Probablemente, hay otras personas que no se han animado a dar a conocer sus historias y también queremos solidarizar con ellas, al tiempo de expresarles que nuestras puertas están abiertas para escucharlas y saber cómo podemos acoger lo que han vivido.
Esta verdad que hoy compartimos con ustedes nos llena de vergüenza por este y otros casos de abusos que involucran a miembros de la Compañía de Jesús, pues nuestra misión es comunicar el Evangelio de Jesucristo, que es un Evangelio de vida y plenitud.
Debemos aceptar el descrédito y trabajar con hechos concretos para recuperar la confianza. La verdad y el sufrimiento de tantas personas nos han enseñado a poner primero la mirada en quienes han sido víctimas de abuso. Queremos reiterar nuestra petición de perdón y nuestro compromiso de colaborar en el camino de sanación de quienes han sido heridos y de contribuir a que estos hechos no se vuelvan a repetir, creando ambientes de cuidado y confianza en la Iglesia.
Caso Karadima. Conformidad de la Iglesia en Santiago con fallo de la Corte
El Arzobispado de Santiago de Chile manifestó su conformidad con la sentencia de la Corte de Apelaciones, y confía en que esta sentencia contribuya al proceso de reparación del dolor sufrido por las víctimas de Fernando Karadima
Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano
En la mañana del miércoles 27 de marzo la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile, dictaminó que la Iglesia Católica debe pagar una compensación a tres víctimas del sacerdote Fernando Karadima: James Hamilton, Juan Carlos Cruz y José Andrés Murillo. Inmediata la respuesta del Arzobispado de Santiago, que confirmó en el mismo día que procederá a dar pleno cumplimiento a la sentencia en cuanto se encuentre firme.
“Este fallo – escribe el Arzobispado – marca un paso importante en nuestro proceso de reestablecer la justicia y la confianza en nuestra Iglesia de Santiago, porque apunta directamente a las falencias que tuvimos en este caso”.
Responsabilidad por errores reconocidos desde el inicio
El comunicado añade que si bien el fallo excluye que haya habido encubrimiento de los abusos por parte del Arzobispado, la resolución atribuye responsabilidad a la instituciónpor los errores reconocidos desde un comienzo, a saber, “la forma en que se tramitaron las denuncias presentadas por los demandantes, la inadecuada valoración de las mismas y la falta de acompañamiento a las víctimas”.
Necesario hacer reformas profundas
En línea con lo expresado por Mons. Aós, Administrador Apostólico nombrado por el Papa Francisco, quien en suhomilía en la Misa de inicio de sus funciones, anunciara “reformas y cambios profundos y no retoques de maquillaje”, para atender a los que sufren el atropello a su dignidad de persona, como resultado de los abusos y delitos por parte de clérigos, y evidenciando, asimismo, lo expresado por el fallo en su numeral quincuagésimo quinto, a saber, que la corte “ha concluido que los hechos por los cuales se ha demostrado la responsabilidad de la demandada sólo alcanzan a actos u omisiones negligentes culposos», sin que éstos «puedan calificarse como propio de actos criminales”, el arzobispado subraya la necesidad de “hacer reformas profundas para evitar que errores como éstos se vuelvan a cometer”.
Arzobispado dará pleno cumplimiento a la sentencia
El Arzobispado, pues, manifiesta su conformidad con el fallo dictado por la Corte de Apelaciones y confía en que esta sentencia contribuya al proceso de reparación del dolor sufrido por las víctimas de Fernando Karadima:
“Por estas razones, el Arzobispado de Santiago comunica formalmente que no recurrirá en contra de la sentencia dictada, y procederá a darle pleno cumplimiento en cuanto se encuentre firme”.
En 2011 el Vaticano condenó a Fernando Karadima a una vida de penitencia y oración por sus crímenes sexuales, y el Papa Francisco lo dimitió del estado clerical el 27 de setiembre de 2018, una decisión que tomó “en conciencia y por el bien de la Iglesia”.
El Papa acepta la renuncia del cardenal chileno Ezzati
En su lugar el Papa nombró administrador apostólico “sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis” de la arquidiócesis a Mons. Celestino Aos Braco, hasta ahora obispos de Copiapó. Ayer, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones rechazó la solicitud de sobreseimiento del cardenal Ricardo Ezzati, quien es investigado por encubrimiento de abusos sexuales, su defensa aseguró que se contactarán con el Ministerio Público para agendar su declaración y se cumpla con todas las diligencias que se consideran pendientes.
Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano
El Papa aceptó la renuncia al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Santiago de Chile, que presentó el cardenal Ricardo Ezzati Andrello, en su lugar el Papa nombró administrador apostólico “sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis” de la arquidiócesis a Mons. Celestino Aos Braco, hasta ahora obispos de Copiapó. El purpurado había cumplido en enero 77 años.
Rechazada solicitud de sobreseimiento
Ayer, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones rechazara la solicitud de sobreseimiento del cardenal Ricardo Ezzati, quien es investigado por encubrimiento de abusos sexuales, su defensa aseguró que se contactarán con el Ministerio Público para agendar su declaración y se cumpla con todas las diligencias que se consideran pendientes, como hombre de derecho que es, afirmó el abogado Hugo Rivera.
Ezzati: mi conciencia está muy tranquila
En ocasión de la apertura, en la mañana de este sábado 23 de marzo, del Año Pastoral de la Iglesia de Santiago, donde se presentan los lineamientos pastorales 2019-2020, hablando sobre su renuncia el cardenal Ezzatti reiteró tener su conciencia «muy tranquila y muy serena». En alusión a las nuevas noticias de abusos que se verificaron en el pasado, expresó: «Hemos rechazado y rechazamos los crímenes cometidos. Les puedo decir con la frente muy en alto lo que les prometí al iniciar mi servicio episcopal en Santiago, después de que había explotado el caso Karadima. Dije en esa oportunidad que ustedes podían confiar que su obispo habría mantenido no solamente la frente en alto frente a esto, sino que les aseguraba que todo, todo, toda denuncia habría sido diligentemente investigada. Hoy día, al terminar mi servicio episcopal les puedo decir la misma cosa. Con la conciencia muy tranquila y muy serena les puedo decir que he sido fiel a esa promesa más allá de las fragilidades, de la lucidez y de la conciencia que a veces tiene que ser muy iluminada, para tomar las decisiones más oportunas».
Una Iglesia humillada
«Somos parte – dijo también el purpurado – de una Iglesia humillada y abatida, que suplica a Su señor con una antigua oración: ‘perdona Señor, perdona a tu pueblo, no te quedes enojado para siempre con nosotros’. Y que hace suya también la plegaria bíblica que suplica: ‘concede Señor, Paz a nuestros días, porque no hay nadie que batalle por nosotros sino sólo tú, Dios nuestro’. La conciencia y el dolor de los pecados y de los crímenes cometidos de parte de miembros de la comunidad eclesial, en especial de consagrados, nos avergüenza, y nos solicita pedir humilde perdón una y mil veces, y nos estimula a buscar caminos de reparación, de conversión y de prevención». El cardenal citó sucesivamente un mensaje del Papa, recibido por mail el 19 de marzo. El purpurado agradeció al Pontífice por haber aceptado su renuncia que llega pasados los 77 años de edad.
Nunca cubierto u obstaculizado la justicia
En una declaración realizada en julio pasado, el cardenal reiteró su correcto comportamiento. «Reitero mi compromiso y el de la Iglesia de Santiago por las víctimas, por la búsqueda de la verdad y por el respeto a la justicia civil. Estoy seguro de que nunca he ocultado u obstruido la justicia y como ciudadano cumpliré con mi deber de proporcionar toda la información que ayude a aclarar los hechos «.
Ezzati, de origen italiana fue nombrado obispo por Juan Pablo II en 1996, Benedicto XVI lo nombró arzobispo de Santiago de Chile en el 2010 y el Papa Francisco lo creó cardenal en el 2014.
Biografía de Mons. Celestino Aós Braco
Nació en Artaiz, arquidiócesis de Pamplona, España en 1945. Fue ordenado sacerdote en Pamplona el 30 de marzo de 1968, como sacerdote desarrolló su actividad en España y en Chile como docente, vicario parroquial, párroco y superior de la comunidad. Fue ecónomo provincial de los capuchinos en Chile, promotor de Justicia del Tribunal eclesiástico de Valparaíso, juez del Tribunal de la Arquidiócesis de Concepción y tesorero de la asociación chilena de derecho canónico. Fue nombrado obispo de Copiapó el 25 de julio del 2014 y recibió la ordenación episcopal el 18 de octubre sucesivo.
Sínodo laical en Chile: reconstruir la Iglesia devastada por pecados
Representantes laicos de la Iglesia católica chilena se auto convocaron para la realización de un sínodo, con el objetivo de reconstruir la iglesia devastada por pecados y delitos en el Santuario de san Alberto Hurtado
Griselda Mutual –Ciudad del Vaticano
Con una declaración pública concluyó la primera Asamblea del Sínodo laical en Chile que vio la participación de 350 representantes de la Iglesia católica, en Santiago de Chile. El objetivo del proceso sinodal ha sido el de “reconstruir la iglesia devastada por pecados y delitos” a causa del clericalismo, el abuso de poder, Ia indolencia y la falta de conciencia crítica del laicado. Los organizadores informaron que en los próximos meses se dará a conocer el documento final de la asamblea que servirá para el trabajo pastoral.
En el documento, los participantes declaran la decisión de “iniciar un proceso de diálogo y de participación, que favorezca un análisis del estado actual de la Iglesia católica en Chile y promueva el sueño de una iglesia de comunidades.
El sueño de una iglesia horizontal, participativa e inclusiva
Frente a la crisis de la iglesia católica chilena, los firmantes dicen soñar con una iglesia “constituida por comunidades de base; orante, profética y liberadora que busca y ejerce la justicia; que sea servidora y abierta a las necesidades de la gente y al mundo; horizontal, diversa, participativa e inclusiva, con real protagonismo del laicado en especial de las mujeres y los jóvenes”.
Promoción de la participación de laicos y mujeres en procesos decisionales
En este sentido manifiestan la voluntad de trabajar para promover la modificación de la estructura de poder al interior de la iglesia, la participación laical en la toma de decisiones y la participación de la mujer en las instancias de responsabilidad y poder, para fortalecer y renovar procesos de formación de todo el pueblo de Dios, para erradicar la cultura del abuso de poder, proponiendo acciones orientadas al establecimiento de la justicia y reparación, creando un ambiente seguro para todas y todos.
En la conclusión, antes de invocar la ayuda del espíritu santo, se comprometen a replicar el proceso sinodal en los espacios locales del país.
Loiola XXI 