Loiola XXI

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España: AMN.INT. pide una reforma de la Constitución en bien de algunos derechos humanos.

La Constitución española y la crisis de los 40

Por Beatriz Perales Eceiza, responsable de Campañas e Investigación de AI España

Por una curiosa casualidad de nuestra historia reciente, Amnistía Internacional España fue legalizada el mismo año en que vio la luz la Constitución española, en 1978.

Han transcurrido nada menos que cuarenta años, y nuestra organización hace ahora un alto en el camino para reflexionar sobre cuáles han sido los logros en derechos humanos a los que hemos contribuido en este periodo, y también cuáles son los retos que nos quedan por delante. Y uno de estos retos está nada menos que en nuestra Constitución.

Una cadena se suele romper por el eslabón más débil, y nuestra Constitución ha mostrado sus peores costuras tras la larga crisis económica que hemos sufrido en España, que ha acabado desembocando en una crisis de derechos humanos. Como ha acabado resultando evidente para casi todo el mundo, las políticas de austeridad de las últimas legislaturas han antepuesto las cuestiones económicas a las personas, mostrando poco o nulo respeto por los derechos humanos. Y nuestra Constitución no ha protegido a las miles de personas que se han llevado la peor parte de la crisis.


El rey Juan Carlos I durante la sanción regia de la Constitución. © GTRES/SFGP

Esto es porque nuestra Constitución, a través de su artículo 53, establece unos derechos “de primera” como el derecho a la vida o a la libertad, que pueden ser reclamados ante los tribunales, y unos derechos “de segunda”, como el derecho a la vivienda o la salud, que no tienen estas garantías. Y no es sólo una cuestión meramente teórica. Esta división ha resultado ser de lo más insidiosa y tiene un impacto enorme en la vida de las personas.

En España, por no poder pagar la hipoteca o el alquiler muchas personas han acabado en la calle sin que hayan podido defender su derecho a una vivienda adecuada ante un juez. Y esto ha afectado sobre todo a madres solteras y víctimas de violencia de género. En España se ha dado un paso atrás en cuanto a protección de derechos con la reforma sanitaria, que ha supuesto la retirada de tarjeta sanitaria a casi 750.000 personas. Y esto a pesar de que el derecho a la salud, al igual que el derecho a la vivienda, están reconocidos en nuestra Constitución, eso sí, como “derechos de segunda”.

Nuestra Constitución ha permitido que durante la crisis económica los derechos humanos de las personas hayan quedado literalmente a la intemperie, porque no ha resultado ser un buen instrumento para protegernos de determinadas violaciones de derechos humanos. Esto no debería ocurrir. La protección de los derechos humanos es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los Gobiernos, y al albur de las vicisitudes políticas.

Necesitamos urgentemente una Constitución que blinde los derechos humanos y los proteja de los vaivenes políticos. Nuestra Constitución necesita una reforma. Hay que reformar su artículo 53.

Por ello, en el cuarenta aniversario de Amnistía Internacional España y de la Constitución volvemos a pedir al Gobierno y a los partidos políticos que promuevan una reforma constitucional. Una reforma que garantice la máxima protección de los derechos humanos en línea con los estándares internacionales. Una reforma que, entre otras medidas, mejore las garantías de protección de los derechos económicos, sociales y culturales ,equiparándolas a las que tienen los derechos civiles y políticos. Una reforma para que nuestra Constitución supere la crisis de los 40.

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Hungría: AMN.INT. seguirà impulsando los derechos humanos a pesar del clima político.

Hungría: “Seguiremos oponiendo resistencia al retroceso de los derechos humanos”

© Laszlo Balogh / 2018 Getty Images

Tras la aparente victoria del partido del presidente Orbán, Fidesz, en las elecciones generales de Hungría, Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa, ha declarado:

“Aunque pueda haber un clima hostil, nuestra resolución es firme. Opondremos resistencia al retroceso de los derechos humanos en Hungría, por y con todas las personas y grupos que luchan en favor de los derechos y libertades de todas las personas.

 

“Seguiremos rechazando los intentos de fomentar la hostilidad hacia las personas refugiadas y migrantes, y alzando la voz en favor de los grupos que las apoyan y defienden. No nos dejaremos amedrentar por quienes intentan amordazar las voces críticas en Hungría y crear una atmósfera de miedo.

“El trabajo legítimo de las organizaciones que defienden los derechos humanos en Hungría es ahora más importante que nunca, y nuestro compromiso con la decisión de estar a su lado es mayor que nunca.”


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Qué armas vende España y a quién. Y con qué resultado. Informe AMN:INT.

  • BLOG

#Cumplimos40

Luces y sombras de las armas “Marca España”

Por María del Pozo (@MPozosierra), responsable de Política Exterior de Amnistía Internacional España

“Otro ayuntamiento o parlamento autonómico que apoya la campaña Armas Bajo Control”. Esto es lo que pensaba el embajador español que participaba en las negociaciones del Tratado sobre el Comercio de Armas cada vez que oía un “clic” en la bandeja de entrada de su correo electrónico. Así me lo contó cuando me reuní con él en 2012 en los días previos a la negociación del tratado.

Era la confirmación del impacto de la movilización de grupos de Amnistía Internacional en toda España en apoyo de la “Regla de Oro” que la campaña de AI y otras ONG buscaba plasmar en el texto del tratado: ni un arma para cometer atrocidades.

La presión de centenares de ayuntamientos y diversos parlamentos autonómicos, junto a los sesudos informes y las propuestas rigurosas de AI, contribuyeron a que el entonces ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, diera instrucciones claras al negociador español para conseguir que el tratado incluyera la “Regla de Oro” que defendíamos.


Acto de Amnistía Internacional España a favor del Tratado Internacional sobre Comercio de Armas. © AI

Tuvieron que pasar veinte años desde que Brian Wood, responsable de nuestro equipo internacional en AI sobre el comercio de armas, tuviera la intrépida idea de regular este comercio de armas. Como tuvieron que pasar 10 años de una campaña mundial con Oxfam y decenas de ONG integradas en la Red Internacional de Acción contras las Armas Ligeras (IANSA, por sus siglas en inglés) para que un tratado internacional plasmase la máxima de no permitir la venta de armas para cometer atrocidades.

En 2000 sólo Costa Rica y Mali apoyaban esta idea, pero el de 2 de abril de 2013 más de 150 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas votaron a favor de la adopción del Tratado sobre Comercio de Armas. En pocos años pasamos de que algunos diplomáticos nos llamaran locos y se mofaran de nuestras intenciones en Naciones Unidas a demostrar que las cosas se pueden cambiar. Lleva tiempo y requiere esfuerzos, ¡pero vaya si es posible!

Era el siguiente paso lógico de la comunidad internacional tras prohibir la tortura en 1984 y crear la Corte Penal Internacional en 2002 para juzgar a los responsables de crímenes atroces como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad; hitos a los que nuestra organización había contribuido de forma decisiva.

Algo similar nos ocurría en España, donde a mediados de la década de 1990 unimos fuerzas con Greenpeace, Médicos Sin Fronteras y Oxfam Intermón en la campaña “Hay Secretos que Matan” para acabar con el secretismo del comercio de la muerte “Marca España”.

En 2007 conseguimos que la última ley de la primera legislatura del presidente Zapatero fuera la ley sobre el comercio de armas español. Desde hacía una década, gracias a nuestra presión, al apoyo y a la complicidad de los grupos parlamentarios –y tras la operación ilegal de tráfico de armas hacia Ruanda desde España que las ONG destapamos a finales de 1996–, el Gobierno ya elaboraba un informe que actualmente se sigue debatiendo una vez al año en el Congreso. En 1998 también conseguimos que la Unión Europea adoptara normas sobre la venta de armas.

La Ley de 2007 estableció mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y control parlamentario que nos permiten saber, con limitaciones, qué armas vende España y a qué países. Era un primer paso. Los contrainformes que publicamos junto a otras organizaciones analizan estas ventas, vigilan el cumplimiento o no de la legislación y proponen medidas de mejora. Muchas de ellas se han recogido en las recomendaciones que el Congreso hace anualmente al Gobierno sobre la venta de armas.


Acto de Amnistía Internacional España para pedir al Gobierno más transparencia y control en la venta de armas. © AI

Las exportaciones de armas españolas han aumentado significativamente fruto de decisiones políticas. Han pasado de 300 millones de euros a más de 4.000 millones en 2016. Sin embargo, el control no ha aumentado.

Nuestro incómodo papel de “Pepito Grillo” ha tenido impacto en algunas decisiones del Gobierno en los últimos años, como la suspensión o la denegación de determinadas exportaciones de armas a Egipto, Venezuela o Israel.

El reto es conseguir avances en materia de control y transparencia y en la aplicación de la legislación para garantizar que el Gobierno no autoriza armas para cometer atrocidades. Para ello es necesario que mejore el análisis de riesgo del uso potencial de las armas en el país de destino; cree mecanismos de control del uso de las armas exportadas y de control parlamentario previo que permita al Congreso bloquear de las exportaciones más preocupantes. Solo así cesará, por ejemplo, la venta de armas a Arabia Saudí desde puertos como el de Bilbao, pese al riesgo de que se usen para matar civiles en Yemen, donde una coalición internacional bombardea sin descanso hospitales, escuelas y mercados desde marzo de 2015.


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Violaciones de derechos humanos en España? Informe de AMN:INT:

Amnistía Internacional analiza las grietas por donde se cuelan violaciones de derechos humanos en España

Con motivo de su 40 aniversario, Amnistía Internacional presenta el documental Grietas, dirigido por Xuban Intxausti, guión de Lluis Arcarazo y producido por Mediapro. Cuenta cinco historias unidas por un elemento común: son grietas en los derechos humanos que personas corrientes tratan de reparar con su impulso, determinación y escasos recursos. Grietas a las que el Estado tiene la responsabilidad de hacer frente. ©Mediapro
  • La situación de las personas refugiadas y migrantes, los obstáculos a los que se enfrentan las víctimas de violencia de género, el impacto de las medidas de austeridad en la vida de las personas, la negativa de las autoridades a abrir la página de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, o a la reparación a las víctimas de tortura son algunas de los retos en derechos humanos a los que se enfrenta España.
  • La organización presenta el largometraje documental Grietas, dirigido por Xuban Intxausti, guión de Lluis Arcarazo y producido por Mediapro. Cinco historias reales que reflejan las principales grietas en derechos humanos en España.

Amnistía Internacional cumple 40 años desde su legalización en España en 1978. En este tiempo la organización se ha convertido en un referente en derechos humanos, ha actuado con independencia y ha contribuido, entre otros, a que 141 países hayan abolido la pena de muerte, a que en 2002 empezara a funcionar la Corte Penal Internacional, o a que tras décadas de trabajo en 2014 entrara en vigor el Tratado del Comercio de Armas que prohíbe la transferencia de armas cuando un país sabe que se podrían usar para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.

Amnistía Internacional cuenta con el apoyo de más de 7 millones de personas en todo el mundo. Sólo  en España, más de 84.000 personas son socias de la organización, 2.400 personas son activistas y más de medio millón colaboran asiduamente firmando nuestras peticiones. Gracias a su apoyo, la organización seguirá vigilante para que España cierre las principales grietas en derechos humanos que existen en la actualidad.

40 años: un momento para recapitular
España todavía tiene la tarea de acabar con una serie de graves violaciones de derechos humanos que afectan a millones de personas.

1. España no es un buen país de acogida ni de protección de personas refugiadas.

Al igual que el resto de los países europeos, España debe cumplir con la responsabilidad y su compromiso de acoger a las personas necesitadas de protección internacional. España se comprometió a acoger a 17.337, algo que está cumpliendo a un ritmo muy lento. Hasta el momento sólo 2.782 personas han llegado a nuestro país, el 15,7 por ciento. Según la Agencia Europea de Migración, de las 160.000 personas refugiadas que los Estados miembros de la Unión Europea deberían haber acogido, a finales de 2017 sólo lo habían hecho con 50.929, lo que equivale a un 31,8 por ciento.

También se debe poner fin a las expulsiones sumarias y colectivas mediante la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (LOSC) y la Ley de Extranjería en las que se justifican estas prácticas, consideradas ilegales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y denunciadas por la organización desde hace más de 20 años.

Amnistía Internacional ha denunciado cómo el sistema de acogida en España es discriminatorio, arbitrario, obsoleto e ineficaz que puede llevar a las personas a corto y medio plazo a la indigencia. Un sistema que no se adapta a los estándares internacionales, mantiene durante meses a las personas migrantes y solicitantes de asilo en un limbo jurídico en enclaves como los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta y Melilla, donde entre otros abusos a los derechos humanos, se restringe su libertad de movimiento.

2. La violencia de género sigue siendo imbatible.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el 28 de septiembre de 2017, es un paso adelante para frenar una lacra que ha acabado con la vida de 924 mujeres desde 2003 hasta el 12 de marzo de 2018, y 31 menores en los últimos 8 años. No hay que olvidar, sin embargo, que muchas de las 212 medidas sobre sensibilización y prevención que recoge el Pacto de Estado, centradas en la educación, mejora de la respuesta institucional, protección de menores y formación de agentes especializados, ya figuraban en la Ley Integral y hasta el momento no se han implementado.

Para Amnistía Internacional es necesario también que se eliminen las barreras que impidan el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia de género o de violencia sexual; que se evite la revictimización de las mujeres no recurriendo a estereotipos de género en todo el proceso judicial; y que se les proporcionen servicios de atención sanitaria, psicológica y asistencia jurídica de calidad.

3. El derecho a la vivienda y la salud deben ser considerados derechos humanos. 
La crisis económica y las medidas de austeridad adoptadas en estos últimos 10 años han supuesto violaciones de derechos humanos en el ámbito del derecho a la vivienda y el acceso a la salud, entre otros derechos. Es necesario que se reforme la Constitución, a través de su artículo 53, para que se blinden estos derechos humanos y cuenten con garantías de cumplimiento.

En estos 10 años, el Gobierno no ha adoptado medidas eficaces para proteger más a las personas y garantizar el derecho a la vivienda. Entre 2013 y septiembre de 2017, se han producido 297.828 desalojos (127.302 por ejecución hipotecaria y 170.522 por impago de alquiler). Al tiempo, el presupuesto público para acceder a la vivienda en 2017 se redujo en un 70,4 por ciento con respecto al del año 2009. No se sabe cuántas personas han perdido sus hogares, ni cuántas de ellas estaban en situación de especial vulnerabilidad como es el caso de las víctimas de violencia de género, menores, personas mayores o personas con discapacidad.

Por otro lado, Amnistía Internacional destacó el deterioro del acceso a la salud de colectivos especialmente vulnerables por la aplicación de medidas como el Real Decreto Ley 16/2012. Es el caso de personas con escasos recursos económicos que sufren enfermedades crónicas o requieren un tratamiento, por ejemplo de cáncer; o el de personas migrantes en situación administrativa irregular.

4. Un gran número de víctimas de graves violaciones aún esperan verdad, justicia y reparación.
Desde 1960 más de 6.000 personas han sido víctimas de actos terroristas en España. Después de seis años del cese definitivo de los atentados de ETA, es hora de que las distintas fuerzas políticas y autoridades aborden una agenda común de derechos humanos en el País Vasco. Las victimas de ETA, de los GAL y otros grupos armados, así como las víctimas de tortura y malos tratos cometidas por fuerzas y cuerpos de seguridad en el contexto de la lucha antiterrorista deben estar en el centro del diálogo. Sin embargo, España no investiga adecuadamente las denuncias de tortura en este marco, así lo ha manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que desde el año 2010 ha condenado en nueve ocasiones a España por no investigar adecuadamente este tipo de denuncias. Además el Gobierno central, obstaculiza sin plantear alternativas las iniciativas autonómicas que pretenden garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas, como ha hecho con los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley del País Vasco 12/2016 o contra la Ley Foral 16/2015 de Navarra, leyes que abordan la reparación a las víctimas.

Por otro lado, Amnistía Internacional lleva más de una década exigiendo verdad, justicia y reparación para los más de 114.000 crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y denunciados ante la justicia española, la mayoría desapariciones forzosas. Dos países, Argentina y México, están investigando unos delitos a los que la justicia española no quiere enfrentarse, mientras que España no deja de obstaculizar cualquier intento de llevar ante la justicia a los responsables, mediante resoluciones judiciales, decisiones parlamentarias, o legislación interna contraria al derecho internacional que bloquean las investigaciones que se intentan llevar a cabo dentro y fuera de España. Unas resoluciones cuestionadas por cinco mecanismos de Naciones Unidas.

5. La libertad de expresión amordazada y en peligro. 
El impacto de la Ley Orgánica para la Protección de Seguridad Ciudadana (LOSC), conocida como Ley Mordaza, en los derechos de la ciudadanía; o de la reforma del Código Penal (artículo 578) que criminaliza conductas muy vagas como “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación a las víctimas” están poniendo en riesgo derechos como la libertad de expresión, el derecho de reunión, o la libertad de información.

La LOSC limita el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información, y se está usando contra periodistas, activistas sociales, en especial contra los que defienden el derecho a la vivienda. También personas usuarias de las redes sociales, raperos, e incluso titiriteros, han sido procesados por motivos de seguridad nacional, en base al Código Penal. Amnistía Internacional calcula que tan sólo en 2016 podrían haberse impuesto alrededor de 34.000 sanciones por el ejercicio de los derechos de reunión pacífica, expresión e información. Esto está teniendo un profundo efecto paralizante al crear un entorno en el que la ciudadanía teme expresar opiniones alternativas, hacer chistes o expresar opiniones controvertidas.

6. Hacer un mundo mejor desde España.
España debe contribuir a mejorar el mundo, para ello debe poner en el centro de su política exterior los derechos humanos, y junto a otros Gobiernos, ser un contrapeso a la creciente tendencia a cuestionar la universalización de éstos. Ello implica cumplir y hacer cumplir las recomendaciones de mecanismos internacionales, dentro y fuera de España, y dar prioridad a los derechos humanos en sus agendas bilaterales con otros países.

Además, en los próximos tres años, España formará parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es una gran oportunidad para que el Gobierno tenga un papel activo, como ha anunciado, en la defensa del trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, la lucha contra la pena de muerte, la igualdad de género, y la promoción de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otros aspectos.

Más información de 40 años de Amnistía Internacional en España.

Grietas, un largometraje con cinco historias a las que encontrar solución
Con motivo de su 40 aniversario, Amnistía Internacional presenta el documental Grietas, dirigido por Xuban Intxausti, guión de Lluis Arcarazo y producido por Mediapro.

Un largometraje documental compuesto por cinco historias reales de personas como Ruth e Isabel, quienes tras ser maltratadas, viven un proceso de transformación personal; como Ascensión, quien tras 42 años de búsqueda consigue encontrar los restos de su padre fusilado un amanecer de 1939; como Francisco y Aboubakar, que abandonaron sus respectivos países buscando refugio y un futuro mejor, pero malviven en un campamento de chabolas; como Axun y Mari Carmen que, unidas por el dolor, juntas buscan verdad, justicia y reparación en el País Vasco; o como Luisa, que con tres hijas a su cargo y sin ayudas del Estado, se ve impelida a ocupar un bloque de viviendas junto a otras quince familias.

Cinco historias unidas por un elemento común: son grietas en los derechos humanos que personas corrientes tratan de reparar con su impulso, determinación y escasos recursos. Grietas a las que el Estado tiene la responsabilidad de hacer frente.


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España: AMN INT. denuncia los límites a la libertad de expresión.

Retrato de Nyto Rukeli
Nyto Rukeli © Amnistía Internacional

La libertad de expresión en España está bajo amenaza

Nyto Rukeli, de 23 años, fue detenido en 2016. El fiscal lo acusó de “enaltecimiento del terrorismo” por las letras de sus canciones. Letras como “Ni bajo tierra me callarán, no puede encarcelarse el arte”. En la misma operación fueron detenidos otros 11 raperos, miembros del colectivo La Insurgencia. Un grupo cuyo objetivo era “proporcionar una plataforma para que los músicos hablaran de cuestiones políticas”, según el propio Nyto. El 4 de diciembre de 2017 fueron condenados a dos años y un día de prisión cada uno, así como a nueve años de inhabilitación y a una multa de 4.800 euros.

En 2013, Alex García, cineasta de 23 años, abrió un canal de YouTube llamado Resistencia Films. Cuatro años más tarde, en julio de 2017, la policía le entregó una citación judicial y tuvo acceso a un informe policial de mil páginas en el que se enumeraban todos los vídeos del canal, fotografías, transcripciones de audio y las biografías de algunas de las personas entrevistadas. Alex fue acusado de “enaltecimiento del terrorismo” y puede ser condenado a dos años y un día de prisión, más nueve años de inhabilitación y una multa de 4.800 euros.

Usuarios de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales han sido procesados en España en virtud del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”. El impacto de esta aplicación es devastador para las personas: cuantiosas multas, largos periodos de exclusión del sector públicopenas de prisión… y una consecuencia intangible: la autocensura por miedo a sufrir la represión.

El Gobierno español debe asegurar que se defienden los derechos de las víctimas del terrorismo en lugar de sofocar la libertad de expresión en su nombre. El artículo 578 del Código Penal debe ser derogado. Mientras tanto, deben retirarse todos los cargos formulados por expresarse pacíficamente.

¡Firma!


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Egipto: campaña de AMN:INT. por la liberación de un periodista

EGIPTO: #FREESHAWKAN

El fotoperiodista Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan.
El fotoperiodista Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan. © KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images

Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan, reportero gráfico egipcio de 29 años, permanece encarcelado desde agosto de 2013. Su delito: tomar fotografías de la violenta dispersión de la sentada de Rabaa al Adaweya.

Actualización  (13 de marzo):

El 3 de marzo, el fiscal de la causa sobre el desalojo de la plaza Rabaa pidió la condena a muerte de Mahmoud Abu Zeid, conocido también como “Shawkan”, y de las otras 738 personas acusadas.

La próxima audiencia judicial tendrá lugar el 17 de marzo en un tribunal penal de El Cairo.

Mahmoud Abu Zeid ha negado todos los cargos, pero el fiscal ¡ha pedido su condena a muerte! ¡FIRMA Y COMPÁRTELO URGENTEMENTE!

Tras el derrocamiento de Mohamed Morsi, Shawkan comenzó a tomar fotografías de una gran acampada organizada por los partidarios del ex presidente en la plaza de Rabaa al Adawiya de Ciudad Nasr, en El Cairo, donde fue detenido junto con otras muchas personas.

Shawkan fue golpeado por agentes de policía y soldados durante su primer día de detención y en su trasladado a la prisión de Abu Zaabal: “Tenía mucho miedo, creí que iba a morir. A cada hora, venían y seguían golpeándome con todo tipo de objetos. Posiblemente fueron los peores días de mi vida. Me duele incluso recordarlos.”

En la cárcel su salud se ha deteriorado mucho como consecuencia de la hepatitis C. A pesar de ello le niegan acceso a medicación. Su familia ha apelado al menos 17 veces al fiscal para que lo deje en libertad por razones médicas, en vano.

La detención de Shawkan, que se prolonga ya más de cinco años, es ilegal según la legislación egipcia. Shawkan lleva recluido mucho más tiempo del que estipula el artículo 143 del Código de Procedimiento Penal de Egipto, que fija en dos años el periodo máximo de detención de las personas recluidas por cargos castigados con la cadena perpetua o la muerte. De conformidad con ese artículo, la detención de Shawkan es ilegal y supone otro duro golpe para los derechos humanos en Egipto.

El tribunal ha pospuesto más de 50 veces las audiencias judiciales de Shawkan, fundamentalmente como consecuencia de la cantidad de personas que hay en la causa. Los juicios colectivos de esta índole no son compatibles con el derecho a un juicio justo. Las autoridades egipcias han negado repetidamente a la representación letrada de Shawkan el acceso a documentos clave relacionados con la causa.

Amnistía Internacional hace campaña por la liberación inmediata e incondicional de Shawkan, ya que es un preso de conciencia detenido exclusivamente por su trabajo de periodista.


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España: AMN:INT. denuncia el empeoramiento de la libertad de expresión.

España: Ley antiterrorista utilizada para aplastar la sátira y la expresión creativa online

Acto de protesta frente a la Audiencia Nacional / Amnistía Internacional

Amnistía Internacional presenta un nuevo informe frente a la Audiencia Nacional invitando a la gente a tuitear… si se atreven

Madrid.- El aumento exponencial del número de personas que incumplen una ley draconiana que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de delitos de terrorismo” es parte de un ataque constante contra la libertad de expresión en España, concluye un nuevo informe que Amnistía Internacional ha presentado este martes en un acto simbólico frente a la Audiencia Nacional de Madrid. Al evento han asistido el rapero Nyto Rukeli y la estudiante Cassandra Vera, dos de los casos del documento, y se han repartido octavillas invitando a la gente a “Tuitear si se atreven”.

Tuitea… si te atreves: Cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España revela que decenas de personas usuarias corrientes de las redes sociales, así como artistas musicales, periodistas e incluso titiriteros, han sido procesadas por motivos de seguridad nacional. Esto ha tenido un profundo efecto paralizante al crear un entorno en el que la ciudadanía teme de forma creciente expresar opiniones alternativas o hacer chistes controvertidos.

“Enviar a raperos a la cárcel por la letra de sus canciones y prohibir la sátira social demuestra hasta qué punto se han reducido en España los límites de la expresión aceptable online”, declaró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

“Nadie debería ser procesado penalmente sólo por decir, tuitear o cantar algo que pueda ser desagradable o escandaloso. La ley, de redacción general e imprecisa, está silenciando la libertad de expresión y aplastando la expresión artística”.

En virtud del artículo 578 del Código Penal español, las personas de quienes se considere que han incurrido en “enaltecimiento” del terrorismo o en “humillación de las víctimas de delitos terroristas o de sus familiares” —no importa lo imprecisas que sean estas expresiones— están expuestas a ser multadas, inhabilitadas para empleos públicos e incluso enviadas a prisión. El número de personas procesadas en aplicación de este artículo aumentó de tres en 2011 a 39 en 2017, y solamente en los dos últimos años, fueron declaradas culpables casi 70 personas.

Desde 2014, cuatro operaciones policiales coordinadas —denominadas “Operaciones Araña”— desembocaron en la detención de decenas de personas por publicar mensajes en redes sociales, sobre todo en Twitter y Facebook. El abogado Arkaitz Terrón dice que fue “tratado como un terrorista” por nueve tuits, incluido un chiste sobre el asesinato por ETA en 1973 de Luis Carrero Blanco, presidente de gobierno durante la dictadura de Franco. Fue procesado por “enaltecimiento” del terrorismo y posteriormente absuelto.

Otro hombre, J. C. V., que recibió un año de condena condicional por 13 tuits, dijo a Amnistía Internacional: “El objetivo es crear un clima de autocensura en la población. Conmigo lo han conseguido”.

Cassandra Vera, estudiante de 22 años, fue condenada a una pena condicional de un año de cárcel en 2017 por “humillar” a las víctimas del terrorismo también por bromear en Twitter sobre Luis Carrero Blanco, asesinado hace 44 años por una bomba de ETA que hizo volar su coche por los aires 20 metros. “ETA impulsó una política contra los coches oficiales combinada con un programa espacial”, bromeó. La condena conllevó la pérdida de su beca universitaria y siete años de inhabilitación para empleos públicos.

Una de las personas que salieron en defensa de Cassandra fue una sobrina de Luis Carrero Blanco, que dijo: “Me asusta una sociedad en la que la libertad de expresión, por lamentable que sea, pueda acarrear penas de cárcel”. Aunque su declaración fue presentada como parte de la defensa de Cassandra, no influyó en la causa porque la ley se aplica con independencia de la opinión de las víctimas del terrorismo o sus familiares. Una noticia positiva, a principios de este mes, es que el Tribunal Supremo español revocó la sentencia condenatoria de Cassandra. 

Aunque la amenaza del terrorismo es muy real y proteger la seguridad nacional puede, en ciertos casos, ser un motivo legítimo para restringir la libertad de expresión, la ley española, general e imprecisa, contra el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación” de sus víctimas está sofocando la expresión artística. En diciembre, doce raperos del colectivo “La Insurgencia” fueron multados, condenados a más de dos años de prisión cada uno e inhabilitados para empleos públicos por unas letras consideradas que “enaltecían” al grupo armado Grapo. Aunque han recurrido la sentencia, ellos son sólo algunos de los numerosos artistas enjuiciados en virtud de la ley.

Incluso periodistas que intentan documentar la represión causada por el artículo 578 han infringido sus disposiciones; un cineasta está procesado por una película en la que entrevistaba a varias personas que habían sido procesadas por “enaltecimiento” del terrorismo.

A pesar de que el artículo 578 se amplió en 2015 ante los atentados de París y la percepción de la amenaza del terrorismo internacional, la inmensa mayoría de las causas incoadas en virtud de esta disposición tienen relación con grupos armados internos disueltos o inactivos, a saber, ETA y los Grapo. La directiva de la Unión Europea relativa a la lucha contra el terrorismo, que incluye problemáticamente la “apología” como ejemplo de expresión que podría penalizarse, se aplicará en toda Europa en septiembre de 2018. La lección que debemos aprender de España es que delitos definidos de forma imprecisa como el  “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación” de sus víctimas ponen en grave peligro la libertad de expresión.

“España es un ejemplo emblemático de una inquietante tendencia en la que Estados de toda Europa limitan la libertad de expresión so pretexto de la seguridad nacional y arrebatan derechos so capa de defenderlos”, afirmó Eda Seyhan, responsable de campañas sobre política antiterrorista de Amnistía.

“Rapear no es un delito, tuitear un chiste no es terrorismo y hacer una representación con títeres no debería llevarte a la cárcel. Los gobiernos deben defender los derechos de las víctimas del terrorismo en lugar de sofocar la libertad de expresión en su nombre. La draconiana ley española debe ser derogada y deben retirarse todos los cargos formulados solamente por expresarse pacíficamente”.

Información complementaria
Está previsto que en marzo se presente en el Parlamento una propuesta de reforma del artículo 578.

En Bélgica y Países Bajos se han propuesto leyes similares a la española. Pueden consultar el informe de 2017 de Amnistía Internacional titulado Peligrosamente desproporcionado: La expansión continua del estado de seguridad nacional en Europa.

El 20 de octubre de 2011, ETA (Tierra Vasca y Libertad) declaró un alto el fuego permanente que culminó en su desarme en 2017.

Los Grapo (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre) están inactivos desde 2007.