Loiola XXI

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Irán; condenado a muerte por un delito cometido a los 15 años. AMN:INT:

SALVA LA VIDA DEL JOVEN MOHAMMAD REZA

Retrato de Mohammad Reza Haddadi

Fue condenado a muerte en Irán tras un juicio injusto por un delito cometido cuando tenía solo 15 años.

Mohammad Reza Haddadi lleva casi 14 años en espera de ejecución tras ser condenado a la pena capital por un delito cometido cuando solo era un niño de 15 años. Mohammad ha pasado gran parte de su juventud en una situación de terrible ansiedad y constante trauma por su ejecución inminente.

La situación en que se encuentra Mohammad ademas de ser absolutamente intolerable es ilegal. Irán ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre los Derechos de la Infancia que prohíben estrictamente el uso de la pena de muerte para delitos cometidos por menores de 18 de edad.

La situación de clara violación de los derechos humanos en la que se encuentra Mohammad la sufren al menos otras 84 personas que se enfrentan a la pena de muerte en Irán por delitos cometidos cuando eran menores.

¡Acaba con semejante atrocidad! 

EXIGE que Irán conmute de la pena de muerte de Mohammad Reza Haddadi y la de todos los condenados a la pena capital en Irán por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años.

¡Firma!

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Nicaragua; la represión causa graves violaciones de derechos humanos.

Nicaragua: Las autoridades intensifican la represión y cometen graves violaciones de derechos humanos durante la ‘Operación Limpieza’

Manifestación en Nicaragua contra el gobierno // REUTERS/Oswaldo Rivas

Madrid/Managua.- “Desde principios de junio, el gobierno del presidente Daniel Ortega intensificó su estrategia para la represión en una operación conocida como Operación Limpieza, dirigida contra las personas que protestaban, llevando a cabo detenciones arbitrarias, tortura y el uso generalizado e indiscriminado de fuerza letal por parte de la policía y fuerzas parapoliciales fuertemente armadas”, ha manifestado hoy Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Publicado seis meses después de que empezara una oleada de represión como respuesta a las protestas públicas por las reformas de la seguridad social, Sembrando el terror: De la letalidad a la persecución en Nicaragua documenta posibles violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional que cometieron las autoridades de Nicaragua entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre.

“El presidente Ortega no sólo desplegó a la policía para detener arbitrariamente y torturar a manifestantes, sino que también usó a grupos parapoliciales fuertemente armados para matar, herir e intimidar a quienes tenían la valentía de luchar contra su estrategia represiva”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Las autoridades nicaragüenses deben desmantelar y desarmar inmediatamente a todas las fuerzas parapoliciales y garantizar que la policía sólo use la fuerza cuando sea legítima, proporcional y necesaria durante las manifestaciones, en su caso. En lugar de criminalizar a quienes protestan calificándolos de ‘terroristas’ y de ‘golpistas’, el presidente Ortega debe garantizar los derechos de las personas a la reunión pacífica y a la libertad de expresión”.

Tras el primer informe de Amnistía Internacional sobre la crisis de finales de mayo, la nueva investigación documenta que el gobierno mantuvo e intensificó su estrategia deliberadamente letal para la represión, con la intención de detener las protestas y castigar a quienes participaban en ellas. El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo han dirigido esta estrategia, demonizando a menudo a quienes protestan para justificar la represión violenta y negando cualquier violación de derechos humanos.

A 18 de septiembre, al menos 322 personas habían perdido la vida, en su mayoría a manos de agentes estatales, y más de 2.000 habían resultado heridas. Entre las personas fallecidas 22 eran policías. Según informes, a 18 de agosto las autoridades nicaragüenses habían presentado cargos contra al menos 300 personas por participar en las protestas. Sin embargo, Amnistía Internacional no tuvo conocimiento de ninguna persona procesada o detenida por violaciones de derechos humanos o de crímenes de derecho internacional, como tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Grupos parapoliciales armados con armas de guerra
Las autoridades estatales han hecho un uso cada vez más generalizado de grupos parapoliciales armados con armas de uso militar, que trabajan a menudo conjuntamente con la policía, para disuadir de las protestas, aterrorizar a la población y destruir las barricadas levantadas por manifestantes. En el asedio a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en Managua, el 13 de julio, por ejemplo, grupos parapoliciales fuertemente armados atacaron indiscriminadamente a los y las estudiantes que se resguardaban en el campus, mataron a dos e hirieron al menos a 16, mientras la policía bloqueaba las salidas dejando atrapadas a más de 200 personas en el interior.

Amnistía Internacional ha documentado a policías y grupos parapoliciales armados con fusiles tipo AK; fusiles de francotirador Dragunov, Remington M24 y FN SPR; ametralladoras RPK y PKM, e incluso lanzagranadas portátiles PG-7. El uso de algunas de estas armas de guerra está prohibido en labores de seguridad pública.

Aunque algunas de las personas que protestaban usaron morteros de fabricación casera y, según informes, una minoría recurrió al uso de armas de fuego como escopetas y fusiles, esto no justifica que las autoridades usaran —de forma generalizada, desproporcionada y en su mayor parte indiscriminada— medios letales contra todas las personas que protestaban. En su lugar, las autoridades debieron haber respondido con la mínima fuerza necesaria para restablecer la seguridad pública.

El informe documenta seis posibles ejecuciones extrajudiciales, que constituyen delitos de derecho internacional. Una de ellas fue la de Leyting Chavarría, de 16 años, que recibió un disparo en el pecho cuando la policía y grupos parapoliciales atacaron unas barricadas en la ciudad de Jinotega. Según testigos, un policía antidisturbios mató a Chavarría, que sólo llevaba una honda o tirachinas.
La policía antidisturbios también mató presuntamente a Faber López, uno de sus propios agentes. Aunque el gobierno culpó de su muerte a unos “terroristas”, su familia dijo que el cadáver no tenía heridas de bala, pero sí mostraba señales de tortura. La víspera de su muerte, López había llamado a su familia para decir que iba a renunciar y que si no contactaba con ellos al día siguiente sería porque sus colegas lo habían matado.

Tortura y detenciones arbitrarias
El informe también destaca siete casos de probable detención arbitraria, así como violaciones del debido proceso, que fueron parte de la estrategia del gobierno para disolver el movimiento de protesta. También revela que las autoridades emplearon la tortura para castigar a quienes protestaban, fabricar pruebas y obtener información sobre la organización y el liderazgo de quienes se manifestaban.

Amnistía Internacional documenta al menos 12 casos de posibles torturas, incluido uno de tortura sexual de una mujer joven en un centro de detención oficial. En varios casos, las víctimas tenían aún lesiones físicas cuando fueron entrevistadas, más de un mes después de haber sido torturadas.

Un número cada vez mayor de víctimas de violaciones de derechos humanos ha decidido no presentar denuncia ante las autoridades nicaragüenses por temor a las represalias. En lugar de realizar investigaciones puntuales, imparciales y exhaustivas sobre las violaciones de derechos humanos, las autoridades han acosado y amenazado a menudo a las víctimas y a sus familias.

Desplazamiento interno y migración forzada
La crisis ha causado el desplazamiento interno y la migración forzada de miles de personas. El 31 de julio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) anunció que casi 8.000 personas procedentes de Nicaragua habían pedido asilo en Costa Rica, mientras que otras 15.000 tenían cita para solicitar asilo en las siguientes semanas.

“Con la adopción de estrategias cada vez más despiadadas y sofisticadas para reprimir a su propio pueblo, el presidente Ortega ha empeorado la peor crisis de derechos humanos de Nicaragua en décadas, obligando a miles de personas a abandonar su hogar y buscar seguridad en otras partes del país o en la vecina Costa Rica. El gobierno de Ortega debe poner fin de inmediato a la violenta represión”, concluyó Erika Guevara Rosas.

El informe se basa en sendas visitas de investigación a Nicaragua y Costa Rica realizadas en julio y septiembre, respectivamente, en las que Amnistía Internacional hizo 115 entrevistas y documentó 25 casos de violaciones de derechos humanos. Además, un equipo de personas expertas examinó más de 80 piezas de material audiovisual y fotográfico para proporcionar un análisis contextual al informe.

Información adicional:


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Grave situación de los niños soldado en el Congo.

¡NO MÁS NIÑOS/AS SOLDADOS EN REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO!

Exniña soldado des espalda motrando una cicatriz en la nuca
Niñas en un refugio seguro para niños y niñas rescatados ® REUTERS / Thomas Mukoya

Miles de niños y niñas son obligados a combatir en grupos armados en RDC. Nos contaron historias de terribles abusos, como ser amenazados de muerte para que entren en combate o comer insectos, supuestamente para hacerlos invulnerables a las balas

Christelle tenía 17 cuando la conocimos. Nos contó que los líderes del centro de iniciación violaban cada noche a las niñas más pequeñas que no eran vírgenes.

El gobierno de la RDC debe actuar ya para proteger a los niños y niñas de su reclutamiento en las fuerzas armadas y de otros abusos a manos de todas las partes implicadas en el conflicto.

Desde hace dos años, en la región de los Kasais en RDC solo hay violencia y destrucción. Niños y niñas son los que más sufren, expuestos a una violencia espantosa. La campaña militar iniciada por el gobierno contra la rebelión ha costado miles de vidas y ha desplazado a más de un millón de personas.

Algunas cifras de la ONU:

  • La crisis humanitaria derivada del conflicto está empeorando y más de 700.000 niños y niñas sufren malnutrición y necesitan ayuda urgente para recuperarse de la desnutrición aguda.
  • El 60% de los miembros de los grupos armados son menores de edad.


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Juicio colectivo en Egipto a más de 700 personas con las más crueles penas. AMN.INT.

Egipto: Condenas a muerte y duras penas de cárcel en un deplorable juicio colectivo

© AI

El Tribunal Penal de El Cairo ha condenado hoy a 75 personas a muerte y a 47 a cadena perpetua, y ha impuesto duras penas de cárcel, de entre 15 y 5 años, a otras 612 personas, todo ello en un juicio colectivo por la participación en la acampada de protesta de la plaza de Al Rabaa, el 14 de agosto de 2013. Una de estas personas es el fotoperiodista Mahmoud Abu Zeid (conocido como “Shawkan”), condenado a cinco años, que ya ha cumplido. Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África, ha declarado:

Estas condenas se impusieron en un deplorable juicio colectivo de más de 700 personas, cuyo resultado merece nuestra más enérgica repulsa. La pena de muerte no debe ser una opción en ninguna circunstancia. El hecho de que no se haya hecho rendir cuentas ni a un solo policía por el homicidio de al menos 900 personas en las protestas de Rabaa y Nahda demuestra hasta qué punto el juicio fue una burla a la justicia. Las autoridades egipcias deberían estar avergonzadas. Exigimos un nuevo juicio en un tribunal imparcial, con pleno respeto del derecho a un juicio justo para todas las personas acusadas y en el que no se recurra a la pena de muerte.

Shawkan ya ha pasado más de cinco años en la cárcel simplemente por hacer su trabajo como fotoperiodista y documentar la brutalidad policial que tuvo lugar ese día. Los vergonzosos ataques de las autoridades egipcias contra la libertad de prensa y la libertad de expresión deben cesar, y Shawkan debe quedar en libertad de inmediato y sin condiciones. El fotoperiodista es preso de conciencia, y se encuentra recluido exclusivamente por su trabajo periodístico.”

No se han exigido responsabilidades a un solo funcionario de seguridad por los sucesos del 14 de agosto de 2013, conocidos como la matanza de Rabaa, cuando una violenta represión policial causó al menos 900 víctimas mortales en dos acampadas que tenían lugar en las plazas de Rabaa al Adawiya y Al Nahda. Según cifras oficiales, aquel día también murieron seis agentes de seguridad.

En el juicio por los sucesos de la plaza de Al Rabaa, el grupo de 739 manifestantes fue juzgado colectivamente por la muerte de 17 hombres, 7 de ellos policías, así como por otros cargos, como “concentración ilegal”, “incitación a violar la ley” y participación en actos violentos.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todos los casos y en todas las circunstancias.


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Ante el peligro de la guerra en Idleb (Siria)

IDLEB: ¡MILLONES DE PERSONAS NECESITAN PROTECCIÓN YA!

Verano de 2018. Idleb, situado en el noroeste de Siria cerca de la frontera con Turquía, es el principal territorio del país en manos de grupos armados. En marzo de 2017, Irán, Turquía y Rusia, los tres promotores de las conversaciones de Astana, designaron a Idleb “zona de distensión” y establecieron puestos de observación militar para asegurar que el gobierno sirio y los grupos armados respetaban el alto el fuego.

Pero desde enero de 2018 las fuerzas gubernamentales han ejecutado varios ataques aéreos y terrestres ilegales, incluido un ataque químico en Saraqeb el 5 febrero de 2018, matando al menos a seis personas e hiriendo de gravedad a otras 11. Cientos de civiles han muerto a causa de coches bomba y enfrentamientos entre grupos armados.

Desde 2011, 700.000 personas han buscando refugio en Idleb huyendo de la violencia en otras zonas de Siria; otras llegaron desplazadas, en algunos casos a la fuerza, como parte de los acuerdos de evacuación alcanzados entre el gobierno y los grupos armados en ciudades como Homs, Alepo, Guta oriental y Daraa. La población de Idleb ha alcanzado 2,5 millones, con un elevadísimo número de personas desplazadas internas que viven en campamentos y dependen de la ayuda que entra por la frontera turca. En julio de 2017, Turquía cerró sus fronteras con Idleb después de la captura de la provincia por el grupo armado Hay’at Tahrir al- Sham, lo que supuso la suspensión temporal de la ayuda humanitaria.

En julio de 2018, Irán, Turquía y Rusia acordaron evitar una ofensiva militar de gran alcance en Idleb. Sin embargo, los gobiernos de Siria y Rusia han realizado declaraciones amenazantes que indicarían que la ofensiva militar podría ser inminente. Teniendo en cuenta las tácticas de asedio y de llevar a la población al borde de la inanición (empleadas repetidamente por el gobierno sirio en todas sus ofensivas militares para recuperar territorio controlado por diferentes grupos armados) el destino de millones de civiles en Idleb está ahora en peligro.


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Periodista egipcio, tras años de prisión, ahora en peligro de ser condenado a muerte

EGIPTO: #FREESHAWKAN

El fotoperiodista Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan.
El fotoperiodista Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan. © KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images

Mahmoud Abu Zeid, conocido como Shawkan, reportero gráfico egipcio de 30 años, permanece encarcelado desde agosto de 2013. Su delito: tomar fotografías de la violenta dispersión de la sentada de Rabaa al Adaweya.

Actualización  (31 de julio):

El Tribunal Penal de El Cairo ha aplazado una vez más el juicio, esta vez al 8 de septiembre, para dictar la sentencia en la causa del desalojo de la acampada de Rabaa contra Shawkan y otras 738 personas acusadas. Su caso se traslada con el de otros 73-75 hombres al Mufti (asesor de la ley islámica) lo que supone que podrían imponerle la pena de muerte. Shawkan ha negado todos los cargos. Con presión podremos evitar su condena. ¡FIRMA Y COMPÁRTELO URGENTEMENTE!

Tras el derrocamiento de Mohamed Morsi, Shawkan comenzó a tomar fotografías de una gran acampada organizada por los partidarios del ex presidente en la plaza de Rabaa al Adawiya de Ciudad Nasr, en El Cairo, donde fue detenido junto con otras muchas personas.

Shawkan fue golpeado por agentes de policía y soldados durante su primer día de detención y en su trasladado a la prisión de Abu Zaabal: “Tenía mucho miedo, creí que iba a morir. A cada hora, venían y seguían golpeándome con todo tipo de objetos. Posiblemente fueron los peores días de mi vida. Me duele incluso recordarlos.”

En la cárcel su salud se ha deteriorado mucho como consecuencia de la hepatitis C. A pesar de ello le niegan acceso a medicación. Su familia ha apelado al menos 17 veces al fiscal para que lo deje en libertad por razones médicas, en vano.

La detención de Shawkan, que se prolonga ya más de cinco años, es ilegal según la legislación egipcia. Shawkan lleva recluido mucho más tiempo del que estipula el artículo 143 del Código de Procedimiento Penal de Egipto, que fija en dos años el periodo máximo de detención de las personas recluidas por cargos castigados con la cadena perpetua o la muerte. De conformidad con ese artículo, la detención de Shawkan es ilegal y supone otro duro golpe para los derechos humanos en Egipto.

El tribunal ha pospuesto más de 50 veces las audiencias judiciales de Shawkan, fundamentalmente como consecuencia de la cantidad de personas que hay en la causa. Los juicios colectivos de esta índole no son compatibles con el derecho a un juicio justo. Las autoridades egipcias han negado repetidamente a la representación letrada de Shawkan el acceso a documentos clave relacionados con la causa.

Amnistía Internacional hace campaña por la liberación inmediata e incondicional de Shawkan, ya que es un preso de conciencia detenido exclusivamente por su trabajo de periodista.

¡Firma!


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España puede estar siendo cómplice de las atrocidades israelíes en Gaza

GAZA: LA HISTORIA SE REPITE

Medicos palestinos evacuando a un herido en camilla

España puede estar siendo cómplice de las atrocidades de Israel.

Desde el 30 de marzo, decenas de personas palestinas han muerto y miles han resultado heridas como consecuencia de los disparos del ejército de Israel. El número de muertes durante las manifestaciones organizadas alrededor de la “Gran Marcha del Retorno” supera ya las 100, incluidos menores de edad.

No es la primera vez… y lamentablemente, es posible que no sea la última en la que Israel lleva a cabo agresiones criminales contra manifestantes palestinos. Agresiones en las que francotiradores israelíes han disparado a la cabeza o el pecho, con el objetivo de matar, o a las rodillas y extremidades inferiores, con el objetivo de mutilar y causar intencionadamente lesiones que arruinan la vida de la persona herida.

Las imágenes que llegan de la zona nos horrorizan, pero en el caso de España, además nos avergüenzan: solo entre 2015 y 2017, el Gobierno español ha exportado más de 4 millones de euros en municiones, bombas, torpedos, cohetes y misiles, entre otros, a Israel.

España puede estar siendo cómplice de las atrocidades de Israel. Nos gustaría saber si las armas que España viene vendiendo a Israel durante años se han usado o se están utilizando contra manifestantes, incluidos niños y niñas, que no hacen más que pedir el fin de las políticas brutales de Israel hacia Gaza y una vida con dignidad.

Envíale al Gobierno español un mensaje muy claro: no queremos armas españolas para asesinar civiles, pongan fin a las exportaciones de armas españolas a Israel.

¡Firma!