Loiola XXI

Lugar de encuentro abierto a seguidor@s de S. Ignacio de Loyola esperando construir un mundo mejor


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Creciente política de demonización hoy en el mundo. AMN.INT.

El auge global de la “política de demonización” refleja que el mundo no ha aprendido la lección del genocidio de Ruanda en 1994

AP Photo/Ben Curtis, File

La peligrosa tendencia global hacia políticas divisivas y cargadas de odio refleja que, colectivamente, los dirigentes mundiales han hecho caso omiso de las terribles lecciones del genocidio de Ruanda en 1994; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional, cuando se cumple el 25 aniversario de aquellos hechos.

“Es lamentable ver que, con tanta frecuencia, sólo las atrocidades masivas sacuden la conciencia de los líderes mundiales; después, en cuanto la noticia caduca, políticos de todo el mundo vuelven inmediatamente a vender una retórica deshumanizadora y de odio que favorece hechos terroríficos como aquellos”, ha manifestado Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.

En sólo 100 días, de abril a julio de 1994, más de 800.000 personas fueron asesinadas, la inmensa mayoría de las cuales eran tutsis que sufrieron ataques selectivos en un intento deliberado del gobierno de aniquilar su grupo étnico. Algunas personas hutus que se opusieron al genocidio también fueron blanco de ataques.

El genocidio fue planificado. El gobierno provisional que tomó el poder tras la muerte del presidente Juvenal Habyarimana, cuyo avión fue derribado cuando sobrevolaba la capital, Kigali, demonizó a propósito a la minoría tutsi. Decidieron manipular y exacerbar las tensiones existentes e instrumentalizaron el odio que habían sembrado en un mortífero intento de mantenerse en el poder.

“En este aniversario terrible queremos expresar nuestra solidaridad con las víctimas, sus familiares y todas las personas que sobrevivieron al genocidio, y acompañarlas en su dolor y su pena. Recordar lo que pasó debe servir para volver a despertar nuestra conciencia y nuestra humanidad común. Todos somos seres humanos, con los mismos derechos humanos y los mismos deseos de vivir sin abusos ni represión”, ha dicho Kumi Naidoo.

El auge de la política de demonización, documentado por Amnistía Internacional, continúa erosionando gravemente los derechos humanos. Políticos que buscan ganar votos a toda costa han intentado cínica y sistemáticamente usar a determinadas personas como chivos expiatorios por algún aspecto de su identidad —religión, raza, origen étnico o sexualidad—, a menudo en un intento de desviar la atención del hecho de que los gobiernos no cumplen disposiciones básicas de derechos humanos que garantizarían la seguridad económica y social.

Como consecuencia, destacados líderes mundiales esgrimen discursos peligrosos de “nosotros contra ellos“, infundiendo miedo y represión donde debería existir unión en la humanidad y respeto a los derechos humanos.

En los 25 años transcurridos desde el genocidio, el mundo ha presenciado incontables crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, a menudo impulsados por las mismas tácticas de exclusión y demonización empleadas en 1994 por el gobierno ruandés en el periodo previo al genocidio.

En Myanmar, en 2017, tras décadas de discriminación y persecución de la comunidad rohingya, mayoritariamente musulmana, por parte del Estado, más de 700.000 personas se vieron obligadas a huir al vecino Bangladesh tras una cruel campaña de limpieza étnica llevada a cabo por los militares.

Amnistía Internacional y otras organizaciones han documentado el asesinato de miles de personas rohingyas, y que la violación, la tortura y otros abusos formaban parte de un ataque generalizado y sistemático contra esta comunidad. Afortunadamente, la ONU ha solicitado en un informe que se investigue a oficiales de alta graduación del ejército y se los procese por crímenes contra la humanidad y genocidio. Asimismo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está llevando a cabo una investigación preliminar.

Ante los diversos procesos electorales previstos para este año —entre ellos los de India y la UE—, que suelen ser momentos críticos para la política de demonización, los dirigentes mundiales deben comprometerse a hacer política de otra manera.

“Tras el genocidio de Ruanda se alcanzó el consenso internacional de no volver a permitir que arraigara la política del odio y la división. Pero, una y otra vez, volvemos a ver con mortificado espanto la comisión de atrocidades masivas. Deberíamos aprender de estas tragedias, como aparentemente está haciendo Nueva Zelanda, practicando una política más amable que promueve nuestra humanidad común y nos permite valorar nuestras diferencias”, ha señalado Kumi Naidoo.

Información complementaria

El 7 de abril comienzan en Ruanda los 100 días de conmemoración del 25 aniversario del genocidio perpetrado en 1994 en el país.

En sólo 100 días, de abril a julio de 1994, unas 800.000 personas fueron masacradas en una campaña organizada para aniquilar al grupo étnico tutsi.

Más de dos millones de personas fueron juzgadas ante los tribunales comunitarios del sistema gacaca tras el genocidio. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda declaró culpables a 62 personas, incluidos altos cargos gubernamentales y otros que participaron como autores intelectuales del genocidio.


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Hoy cuatro años de guerra en Yemen. El papel de España

#ContadorDeLaVerüenza instalado en la plaza del museo Reina Sofía ©Amnistía Internacional
Hola, Ignacio

Lo que ves aquí es el Contador de la Vergüenza. Un contador que muestra los 20 euros por segundo que ha ingresado España vendiendo armas ilegalmente a la coalición liderada por Arabia Saudí que lleva cuatro años atacando Yemen. Un contador que muestra las consecuencias de este conflicto: 1 persona murió en Yemen cada veinticinco minutos entre 2015 y 2018.

¿Y qué queremos lograr con este contador? Que gobierne quien gobierne tras las elecciones generales, haya un compromiso firme de suspender la venta y exportación de armas a Arabia Saudí. Porque estas armas pueden ser usadas contra la población civil en la que es una de las mayores crisis humanitarias causada por el ser humano.

Una crisis que ha hecho que Buthaina, con tan solo cinco años, perdiera a su padre, a su madre y a sus cinco hermanos y hermanas cuando la coalición saudí bombardeó su casa con el mismo tipo de bombas de precisión que el gobierno español envió a Arabia Saudí el pasado septiembre. Una crisis que hizo que un autobús escolar fueran bombardeado el verano pasado y que un hospital de Médicos sin Fronteras quedase reducido a cenizas en 2016.

Ignacio, nadie nos va a callar contra la venta ilegal de armas a Arabia Saudí. Mientras seguimos haciendo toda la presión necesaria para lograrlo, te pido que te unas a Amnistía Internacional reclamando a los partidos políticos a que en los programas electorales, agendas de gobierno y pactos que realicen tras las elecciones, se comprometan a suspender cualquier exportación de armas a Arabia Saudí. No estamos pidiendo nada del otro mundo. Estamos pidiendo que cumplan con la ley en lugar de fomentar un negocio bañado de sangre inocente.

Únete a Amnistía Internacional

Gracias por tu apoyo
Esteban Beltrán
Director de Amnistía Internacional-Sección Española


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Persecución creciente a las ONG en el mundo. Campaña AMN.INT.

El ataque global contra las ONG alcanza un punto crítico con nuevas leyes que reprimen su esencial labor en favor de los derechos humanos

Manifestación en Irlanda por el aborto © PAUL FAITH/AFP/Getty Images

Está aumentando el ataque de gobiernos de todo el mundo contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) mediante la creación de leyes que las someten, a ellas y a su personal, a vigilancia, kafkinanas trabas burocráticas y la amenaza constante del encarcelamiento, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

El informe, titulado Leyes concebidas para silenciar: Ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil, revela el sorprendente número de países que están utilizando tácticas intimidatorias y normas represivas para evitar que las ONG desempeñen su esencial labor. En él se citan 50 países del mundo donde se han aplicado o están en trámite leyes contra las ONG.

“Hemos documentado cómo cada vez hay más gobiernos que someten a las ONG a obstáculos y restricciones irrazonables, impidiéndoles llevar a cabo su esencial labor”, ha declarado Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.

“En muchos países se acosa hasta sumirlas en el silencio a las organizaciones que se atreven a alzar la voz en favor de los derechos humanos. Las personas que se agrupan para defender y exigir derechos humanos se enfrentan a obstáculos cada vez mayores para trabajar con libertad y seguridad. Silenciarlas e impedir que lleven a cabo su labor tiene consecuencias para todas las personas.”

Sólo en los dos últimos años, en el mundo se han adoptado o están en trámite casi 40 instrumentos legales que interfieren con el derecho de asociación y han sido concebidos para obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, por lo general aplicando absurdos procesos para la inscripción de estas organizaciones en el registro, vigilando su trabajo, restringiendo sus fuentes de recursos y, en muchos casos, cerrándolas si no cumplen con los irrazonables requisitos que se les imponen.

Un problema global
En octubre de 2018, el Ministerio del Interior de Pakistán rechazó las solicitudes de inscripción de 18 ONG internacionales y desestimó los consiguientes recursos sin más explicación.

En Bielorrusia, las ONG están sometidas a una estricta supervisión estatal. Trabajar para una ONG a la que se ha denegado —con frecuencia arbitrariamente— la inscripción en el registro es delito.

En Arabia Saudí, el gobierno puede negar el permiso a nuevas organizaciones y disolverlas si se considera que “perjudican la unidad nacional”. Esto ha afectado a los grupos de derechos humanos, incluidos los que defienden los derechos de las mujeres, que no han podido registrarse y funcionar libremente en el país.

En Egipto, las organizaciones que reciben financiación del extranjero deben cumplir normas estrictas y arbitrarias. A causa de esto, muchos defensores y defensoras de los derechos humanos han sufrido prohibiciones de viajar, congelación de activos y procesamientos judiciales, en algunos casos con penas de hasta 25 años de cárcel en caso de dictarse sentencia condenatoria.

“También han sido atacadas oficinas de Amnistía Internacional en todo el mundo. Desde India hasta Hungría, las autoridades han sometido a abusos a nuestro personal, han irrumpido en sus oficinas y han congelado sus activos en una nueva escalada de sus ataques a las organizaciones locales”, ha manifestado Kumi Naidoo.

Cárcel por incumplimiento
Muchos países, como Azerbaiyán, China y Rusia, han introducido más requisitos para la inscripción en el registro y la presentación de informes. Su incumplimiento supone el encarcelamiento, un castigo que conoce muy bien el defensor de los derechos humanos Rasul Jafarov, entrevistado para el informe.

“Me detuvieron por el activismo y las manifestaciones del Club de Derechos Humanos en los que había participado”, relató Rasul, que quedó en libertad en 2016, tras pasar más de un año detenido. “Esto dio lugar a un ambiente horrible: quienes no fueron víctimas de detenciones o investigaciones tuvieron que cerrar sus organizaciones o paralizar sus proyectos. Muchas personas dejaron Azerbaiyán para trabajar en el extranjero.”

Esta restrictiva regulación supone que las ONG están bajo el constante escrutinio de las autoridades. En China, la nueva legislación controla estrechamente la labor de las ONG, desde su inscripción en el registro y su presentación de informes hasta su actividad bancaria, sus requisitos de contratación y su recaudación de fondos.

En Rusia, el gobierno denomina a las ONG que reciben financiación extranjera “agentes extranjeros”, un término que es sinónimo de “espía”, “traidor” y “enemigo del Estado”. El gobierno aplica esta legislación de manera tan amplia que incluso una organización que apoyaba a las personas con diabetes fue sancionada con una elevada multa e incluida en el registro de “agentes extranjeros”, por lo que se vio obligada a cerrar en octubre de 2018. Los grupos médicos, ecologistas y de mujeres también están en el punto de mira.

Reacción en cadena
Las políticas represivas del gobierno ruso han causado una reacción en cadena que ha alcanzado otros países.

En Hungría, el gobierno ha obligado a varias ONG a inscribirse en el registro como “organización que recibe financiación extranjera” para desacreditar su trabajo y poner en su contra a la opinión pública. Las organizaciones que no cumplan la normativa se enfrentan a cuantiosas multas y, en última instancia, a la suspensión de sus actividades. Las organizaciones que trabajan en apoyo de personas migrantes y refugiadas han sido atacadas deliberadamente y su personal ha sido hostigado tras la aprobación de un nuevo conjunto de leyes en junio de 2018.

“No sabemos qué va a pasar con nuestra organización ni con otras, y tampoco qué otras leyes se aprobarán”, ha dicho Aron Demeter, de Amnistía Internacional Hungría.

“Varios miembros de nuestro personal han sufrido insultos, amenazas de violencia y troleo en Internet. Algunas entidades se han negado a celebrar nuestros eventos en sus espacios y ha habido escuelas que se han negado a organizar actividades de educación en derechos humanos por miedo a las repercusiones.”

En algunos países, el ataque contra las ONG va dirigido particularmente a organizaciones que defienden los derechos de grupos marginados. Las organizaciones que promueven los derechos de las mujeres, incluidos los derechos a la salud sexual y reproductiva, los derechos de las personas LGBTI y los derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como los grupos ecologistas se encuentran entre las más afectadas.

“No se debe criminalizar a nadie por defender los derechos humanos. Los líderes y las lideresas mundiales deben tener como meta garantizar la igualdad y conseguir que en sus países la gente tenga mejores condiciones de trabajo, una atención de la salud adecuada, acceso a la educación y una vivienda adecuada, no atacar a quienes exigen estas condiciones”, ha afirmado Kumi Naidoo.

“Los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen el compromiso de crear un mundo mejor para todas las personas. No vamos a abandonar la lucha, porque sabemos lo importante que es esta labor. Los líderes y las lideresas mundiales reiteraron su compromiso de proporcionar un entorno seguro a los defensores y defensoras de los derechos humanos en diciembre de 2018, en la sede de la ONU, con motivo de la conmemoración del 20 aniversario de la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. Ahora deben asegurarse de que ese compromiso se convierte en realidad.”

Según CIVICUS, una alianza mundial de organizaciones y activistas de la sociedad civil, el informe de Amnistía Internacional llega en un momento decisivo.

“Este informe es muy oportuno dada la proliferación de restricciones al trabajo legítimo de las organizaciones de la sociedad civil”, ha señalado Mandeep Tiwana, Responsable de Programas de CIVICUS. “Al poner de relieve las dificultades, quienes apoyan los valores de la sociedad civil y los derechos humanos pueden ayudar a frenar esta tendencia.”

Aquí puedes descargarte el informe. 


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Campaña contra la violencia sexual a las mujeres. AMN,INT.

NO CONSIENTO
Basta de obstáculos para las víctimas de violencia sexual

Sufrir una violación es algo que ninguna mujer debería vivir. Pero el trauma no acaba aquí. Continua cuando los prejuicios, los estereotipos y la violencia institucional se ceba con ellas. Un camino lleno de piedras en el que al final, muchas víctimas son tratadas como culpables. ¿Lo vas a consentir?

MANIFIESTO

Durante muchos años, hemos vivido en una sociedad que consentía; que aceptaba el maltrato como algo cotidiano; que veía la violencia sexual como algo habitual; que permitía que los abusos y las agresiones a las mujeres quedaran impunes.

Todo esto debería ser parte del pasado, pero aún hoy, en pleno siglo XXI, tenemos que vivir con ello.

Y NO LO CONSIENTO:

  • No consiento que miles de mujeres y niñas sufran violencia sexual, y mucho menos, que, además, tengan que enfrentarse a un camino lleno de obstáculos, de piedras.
  • No consiento que si mi hija sufre el horror de ser violada, encima sea interrogada durante horas en la policía y tenga que escuchar frases como: “¿Qué ropa llevabas?”.
  • No consiento que si mi pareja, mi hermana o mi amiga sufre una agresión sexual, le digan: “no importa, márchate, eso no es nada” o “aquí no te podemos atender” cuando acuda en busca de asistencia médica.
  • No consiento tener que aguantar que jueces y fiscales traten a las agredidas como agresoras.
  • No consiento que haya mujeres que teman denunciar a su agresor por el terror a sentirse señaladas de antemano.
  • No consiento que no se crea a las mujeres violadas, que su palabra sea cuestionada, que sean ellas las juzgadas y no los violadores.
  • No consiento ni una sola agresión más, ni una sola humillación más, ni una sola piedra más en el camino de las mujeres que sufren violencia sexual.
  • No consiento que se crea que la violencia sexual es solo una cosa de mujeres porque nos afecta a todos y a todas: seres queridos, familias, parejas, hijos, hijas, amigos…
  • Quiero una sociedad y unas instituciones que tengan claro que ante la violencia sexual hay DERECHOS:
    • El derecho a acudir a la policía y a ser informada y atendida sin prejuicios.
    • El derecho a ir a cualquier hospital y recibir la atención adecuada.
    • El derecho a una justicia libre de estereotipos y revictimizaciones.

Somos miles las mujeres y hombres que exigimos que se respeten estos derechos, no solo cuando aparecen manadas, sino todos los días.

Queda mucho por hacer y por eso vamos a seguir luchando.
¡Únete! ¡Dilo bien alto!

El problema

¿Qué es la violencia sexual? ¿Qué denunciamos?

La violencia sexual, incluida la violación, es una grave violación de derechos humanos y una de las manifestaciones más extendidas de la violencia contra las mujeres y niñas, basada en la discriminación por motivos de género tanto en España como en otros países del mundo.

Además, la violencia sexual es cualquier acto de carácter sexual contra una persona sin su consentimiento. El Código Penal español regula varios tipos de violencia sexual. La diferenciación de la violación como agresión sexual o abuso sexual, según se produzca con o sin violencia o intimidación, ha sido especialmente cuestionada por la sociedad en general, y especialmente por los movimientos feministas.

Mujer en manifestación contra la libertad de los violadores de "La Manada"

¿Cuáles son las consecuencias de la violencia sexual?

En España, las mujeres que se atreven a denunciar la violencia sexual se enfrentan, además de a la propia agresión, a un duro y largo camino marcado por la violencia institucional en todas las etapas. Un terrible recorrido plagado de piedras que les suponen dificultades casi insalvables cuando acuden a la comisaria, al hospital o en el juicio. En muchas ocasiones, las víctimas son maltratadas por quienes deberían garantizar su recuperación y el acceso a la justicia.

Manifestación 8 marzo de 2018

Casos

  • ACCIÓN

La historia de Gonzalo

¡Firma!

  • ACCIÓN

La historia de Blanca

¡Firma!

Un camino lleno de piedras

En 2016, Blanca (nombre ficticio) regresaba a casa por la noche. Al entrar en el portal un hombre la atacó, la violó y la dejó inconsciente.

POLICÍA
HOSPITAL
JUZGADO

El caso de Blanca ejemplifica los prejuicios, los estereotipos y la falta de medidas por parte del Estado a la hora de atender a las víctimas de violencia sexual. Miles de mujeres y hombres no consentimos que Blanca y otras víctimas de la violencia sexual tengan que enfrentarse a un camino de piedras.

Qué queremos / La solución

La obligación del estado es garantizar una asistencia digna y especializada a las víctimas, una asistencia policial, sanitaria y judicial que estén libres de estereotipos y prejuicios, que sean un apoyo para las mujeres objeto de violencia sexual. Esta asistencia debe concretarse en medidas urgentes:

  • Crear servicios especializados como teléfonos de atención las 24 horas del día, los 365 días del año, y centros especializados en violencia sexual.
  • Formar y sensibilizar a todos los profesionales que están en contacto con las víctimas.
  • Reformar todo lo referente a los delitos sexuales en el Código Penal para garantizar la autonomía sexual y el consentimiento libremente otorgado.
  • Facilitar asistencia letrada gratuita e inmediata a las víctimas.
  • Recopilar datos que permitan dimensionar este problema.
Manifestación contra la violencia sexual

La violencia nuestra de cada día

Dentro de la campaña No Consiento queremos, además de visibilizar la desprotección que sufren las mujeres víctimas de violencia sexual y la falta de la debida diligencia del Estado en relación a éstas, conocer cómo viven y se enfrentan a las dificultades que entraña la violencia sexual: miedo, culpa, prejuicios…

Alba, Tea, Elena y Belén, estudiantes universitarias de entre 20 y 22 años, nos han contado cómo lo viven ellas en su día a día.


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España: en defensa de la mujer. AMN.INT.

NO CONSIENTO. BASTA DE OBSTÁCULOS PARA LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL

Manifestación contra la violencia sexual

Sufrir una violación es algo que ninguna mujer debería vivir. Pero el trauma no acaba aquí. Continua cuando los prejuicios, los estereotipos y la violencia institucional se ceba con ellas. Un camino lleno de piedras en el que al final, son las víctimas las que son tratadas como culpables. ¿Lo vas a consentir?


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Violación de mujeres. Sexo sin consentimiento.

El sexo sin consentimiento es violación. ¿Por qué sólo ocho países europeos lo reconocen?

Por Anna Błuś (@AnnaMBlus), Amnistía Internacional

Información a actualizada a 4 de enero de 2019

Aproximadamente nueve millones de mujeres en la Unión Europea (UE) han sido violadas después de los 15 años. La cifra es inquietante. Igualmente alarmante es el hecho de que pocos países europeos se tomen este delito con la seriedad que deberían, tanto en la ley como en la práctica.

Sólo ocho de 31 países (en el Área Económica Europea y Suiza) reconocen el simple hecho de que el sexo sin consentimiento constituye violación.

¿Qué mensaje envía esta actitud a quienes perpetran estos actos? ¿Qué dice esto a nuestras sociedades, donde se sigue culpando abrumadoramente a las supervivientes de las agresiones sexuales que sufren?

La ausencia de reconocimiento legal de que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación fomenta la idea de que recae en nosotras como mujeres la responsabilidad de protegernos de la violación. Estas actitudes son peligrosas y tienen que cambiar.

El Reino Unido (que comprende Inglaterra y Gales, Escocia e Irlanda del Norte), Irlanda, Bélgica, Chipre, Luxemburgo, Islandia, Alemania y Suecia tienen definiciones basadas en el consentimiento.

Pero los restantes 23 países europeos están muy rezagados, pues sus leyes penales siguen definiendo la violación en función de la fuerza física o la amenaza de la fuerza, la coacción o la incapacidad para defenderse.

De los países nórdicos, a los que generalmente se considera modelos de igualdad de género, Islandia fue el primero que introdujo una definición basada en el consentimiento.

Jón Steindór Valdimarsson, parlamentario que impulsó el cambio en Islandia, declaró a Reykjavik Grapevine“Es probable que ayude a impedir las relaciones sexuales que tienen lugar sin consentimiento. Creo que esta es la principal repercusión de esta ley”.

¿Seguirán su ejemplo los demás países nórdicos y el resto de Europa?

En Noruega, los políticos acaban de perder la oportunidad. El 5 de abril, el Parlamento noruego rechazó ese cambio,  justo el mismo día que el Comité de Derechos Humanos de la ONU criticaba al gobierno por la ley que mantenía. Sin embargo, el gobierno de su vecina Suecia aprobó en 2018 una nueva ley sobre el consentimiento, tras años de activismo de los grupos de la sociedad civil. En Dinamarca y Finlandia hay propuestas semejantes que numerosos activistas y organizaciones están defendiendo.

La definición legal de la violación basada en la ausencia de consentimiento no es nueva ni innovadora. Es una norma internacional reconocida de derechos humanos. El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), ampliamente considerado el marco jurídico más completo hasta la fecha para combatir la violencia contra las mujeres y niñas, obliga a los países firmantes a penalizar todo acto de carácter sexual realizado sin consentimiento. A pesar de que el Convenio de Estambul ha sido ratificado por más de 20 Estados europeos, la mayoría de ellos no han modificado aún sus definiciones legales de violación.

En los últimos cinco años, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW) ha instado a varios Estados europeos a armonizar su legislación sobre la violación con las normas internacionales, incluido el Convenio de Estambul, y a definir la violación sobre la base de la ausencia de consentimiento.


Asistentes a la manifestación por la igualdad y contra la violencia de género en el Día Internacional de la Mujer en Kiev, Ucrania, 8 de marzo de 2018. La pancarta dice “Yo elijo la distancia”. © REUTERS / Valentyn Ogirenko

Según la encuesta sobre violencia de género realizada en 2016 por la Comisión Europea, casi un tercio de las personas que respondieron consideraron que la relación sexual sin consentimiento podría estar justificada “en determinadas circunstancias”. Entre ellas figuran, por ejemplo, si la persona está ebria o bajo la influencia de drogas, si va voluntariamente a casa con alguien, viste prendas provocativas, no dice “no” claramente o no se resiste.

De hecho, a pesar de la expectativa de que una víctima “prototipo” de violación se resistirá a su agresor, el bloqueo al hallarse ante una agresión sexual ha sido reconocido como respuesta fisiológica y psicológica habitual, que deja a la persona sin capacidad para oponerse a la agresión, a menudo hasta el punto de la inmovilidad. Por ejemplo, un estudio clínico publicado en Suecia en 2017 reveló que el 70% de las 298 mujeres supervivientes de violación evaluadas experimentaron “parálisis involuntaria” durante la agresión.

En un caso aún abierto en el norte de España, la autopsia del cuerpo de Diana Quer, que desapareció en 2016, no permitió establecer si había sido violada a partir de los datos biológicos debido al grado de descomposición del cuerpo. Pero el caso ha dado lugar a importantes debates sobre lo equivocado de las expectativas de que las mujeres se resistan físicamente a la violación después de que algunos medios de comunicación especularan que Diana fue asesinada precisamente por resistirse a la agresión sexual. Además de las expectativas de la sociedad, un número excesivo de sistemas de justicia penal también hacen recaer la carga en que las mujeres luchen en vez de hacerlo en que los autores de tales actos no violen. Este caso muestra que cuando las mujeres se resisten, pueden pagarlo con su vida. Y cuando no lo hacen, con frecuencia no se las cree.

En Irlanda del Norte mereció una amplia cobertura de los medios de comunicación la absolución de cuatro jugadores de rugby del Ulster de cargos de violación y otros delitos sexuales, que provocó un debate de ámbito nacional sobre la idoneidad de los procesos judiciales y el trato que dispensan a las mujeres que denuncian. Durante el juicio la denunciante fue interrogada por cuatro abogados defensores durante ocho días y se exhibió ante el tribunal su ropa interior manchada de sangre. Esto suscitó una oleada de solidaridad con la mujer tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda, y miles de personas asistieron a manifestaciones en Belfast, Cork, Dublín y otras ciudades, que expresaron su apoyo a través del hashtag #IBelieveHer (Yo la creo) y una página de Facebook y compartiendo sus propias historias.

Lo que el juicio de Belfast ha mostrado con claridad es que, incluso en una jurisdicción donde la violación se define sobre la base de la falta de consentimiento, sigue habiendo numerosos obstáculos para el acceso de las mujeres a la justicia cuando sufren una violación. Las definiciones de violación basadas en el consentimiento y las reformas legales no son soluciones definitivas para abordar y prevenir este delito omnipresente, pero son importantes puntos de partida.

La implementación y la prevención se ven obstaculizadas por los prejuicios, la culpabilización de las víctimas y los estereotipos y mitos generalizados con frecuencia entre quienes tienen encomendado prevenir la violación y permitir el acceso de las personas supervivientes a la justicia. Con el movimiento #MeToo nuestras voces como mujeres se oyen como tal vez nunca se habían oído. Pero no corresponde únicamente a las y los activistas aplicar los cambios.

No ser objeto de violación es un derecho humano. Ha llegado la hora de que los Estados asuman su responsabilidad y tomen cartas en el asunto para que se reconozca –en la ley– que el sexo sin consentimiento es violación.


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Chechenia; vuelve la represión homófoba.

Rusia: Las autoridades chechenas reanudan represión homófoba

Amnistía Internacional ha recibido información creíble de que las autoridades de Chechenia, república situada en el sur de Rusia, han desencadenado una nueva oleada de ataques contra personas consideradas gays o lesbianas. Los informes indican que, desde diciembre de 2018, al menos dos personas han muerto por torturas.

La Red LGBT de Rusia ha verificado los informes de que las autoridades chechenas tienen a unas 40 personas detenidas en un edificio oficial de la ciudad de Argun, donde las han sometido a tortura y otros malos tratos. Según fuentes confidenciales, las autoridades han destruido los pasaportes de algunas de las víctimas para impedirles salir del país.

“Muchas personas LGBTI de Rusia siguen traumatizadas por la purga de 2017 en la que decenas de hombres gays de Chechenia fueron secuestrados y torturados y otros murieron. La noticia de que las autoridades han reanudado las medidas represivas es absolutamente escalofriante”, dijo Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central.

 

“Estamos horrorizados por los informes de que al menos dos personas han muerto debido a las lesiones infligidas en torturas. Hay vidas en peligro, por lo que hace falta con urgencia una respuesta internacional para proteger a las personas gays y lesbianas en Chechenia”,

El 21 de diciembre de 2018, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa publicó un informe sobre las medidas represivas de 2017, en el que documentó la negativa de Rusia a cooperar o responder a las peticiones de investigación. Hasta ahora no ha habido ninguna investigación oficial verdadera y ni una sola persona ha rendido cuentas de las atrocidades cometidas.

“El hecho de que aún no se haya hecho justicia por los ataques de 2017 demuestra que las personas gays y lesbianas en Chechenia no pueden contar con que las autoridades rusas vayan a protegerlas. La ausencia de una investigación oficial ha animado a las autoridades chechenas a lanzar una nueva oleada de persecución, sabiendo que el gobierno ruso apoyará sus desmentidos y su oscurantismo”, afirmó Marie Struthers.

“Pedimos a la comunidad internacional que actúe inmediatamente para proteger a las personas gays y lesbianas en Chechenia y que aumente la presión sobre las autoridades rusas para que investiguen debidamente estos horrendos crímenes”.

La Red LGBT de Rusia recibió los primeros informes sobre nuevos secuestros de personas gays y lesbianas en Chechenia y su detención secreta en Argun el 28 de diciembre de 2018 y ha podido verificar el dato ahora. La organización, que ha ayudado a decenas de personas gays y lesbianas a huir de Chechenia en los últimos dos años, calcula que actualmente hay unas 40 personas detenidas.