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Abusos de menores en el pasado en USA. Datos. Incertidumbre. Complejidad

La Iglesia estadounidense afronta miles de nuevas denuncias por abusos sexuales

No a los abusos

No a los abusos

Un cambio de la legislación en 15 estados permitiría a miles de víctimas poder denunciar los abusos sufridos durante décadas.

La amenaza de bancarrota vuelve a afectar a las diócesis de Nueva York, Nueva Jersey o California

Más de cinco mil casos. Un cambio en la legislación de 15 estados norteamericanos podría permitir a miles de víctimas de abusos sexuales ocurridos hace décadas denunciar a la Iglesia católica. Se trataría de la demanda más grande de su historia, con compensaciones que podrían superar los 4.000 millones de dólares, especialmente en Nueva York, California y Nueva Jersey.

Una investigación de Associated Press apuntó a que varias diócesis están considerando la posibilidad de declararse en bancarrota, pagar compensaciones a las víctimas e incluso vender valiosas propiedades para mantenerse a flote.

“Esto es como empezar de nuevo para mí”, dijo Nancy Holling-Lonnecker, de 71 años, de San Diego, quien planea aprovechar el período de tres años aprobado en California para presentar demandas. En su caso, fue violada numerosas veces por un cura en el confesionario, cuando tenía 7 años. Era la década de los 50.

“Los supervivientes que están dando la cara mantuvieron en secreto esta experiencia horrible todas sus vidas”, expresó. “Se guardaron estas emociones todos estos años porque no tenían dónde exponerlas”.

AP se entrevistó con más de una docena de abogados y agrupaciones que estudian los abusos de los clérigos, que anticipan al menos 5.000 denuncias tan solo en Nueva York, California y Nueva Jersey, con compensaciones que podrían superar los 4.000 millones.

“El público está más molesto que nunca con los abusos sexuales de los curas y su encubrimiento, y eso se verá reflejado en los veredictos”, afirmó Mitchell Garabedian, abogado de Boston que lleva adelante varias demandas contra la iglesia.

New York Archbishop Cardinal Timothy Dolan

New York Archbishop Cardinal Timothy Dolan

Abierta la ventana para denunciar

Desde que cambió la ley, más de 400 demandas fueron presentadas en un solo día en el estado de Nueva York. Ahora, ya hay más de mil demandas. Esta semana entra en vigor un período de dos años para presentar acusaciones en Nueva Jersey, y a partir de enero los californianos podrán hacer lo propio durante tres años. En el caso de California, la compensación se triplicará si se demuestra que la iglesia encubrió los abusos. Arizona, Montana y Vermont también abrieron períodos para que las víctimas pudieran animarse a denunciar.

Un abogado especialista en abusos del clero, Michael Pfau, de Seattle, afirmó que ya tiene 800 clientes en Nueva York, Nueva Jersey y California. Su colega Garabedian, de Boston, dice que espera presentar 225 demandas en Nueva York y otras 200 al menos en media docena de estados. Otro veterano de estas lides, James Marsh, afirma que ya tiene más de 200 clientes solo Nueva York .

Líderes eclesiásticos que por años trataron de impedir que las legislaturas estatales anulasen la prescripción de estos delitos dicen que este frenesí de demandas es precisamente lo que temían. Algunos se quejan de que será muy difícil rechazar denuncias de abusos ocurridos hace tanto tiempo, cuyos testigos se han desperdigado y cuyos perpetradores probablemente ya murieron.

Cada vez más estados de USA se suman a las ivestigaciones de abusos en la Iglesia

Cada vez más estados de USA se suman a las ivestigaciones de abusos en la Iglesia

“Los muertos no pueden defenderse”

“Los muertos no pueden defenderse”, dijo Mark Chopko, exconsejero de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos.

¿Qué hará la Iglesia? Su respuesta, según afirma Ap, vendrá en forma de compensaciones y bancarrotas.

Así, en 2016, el arzobispo de Nueva York Timothy Dolan creó un primer fondo, diciendo que ayudarían a compensar a las víctimas sin causar estragos en la Iglesia. Desde entonces se han pagado más de 67 millones de dólares a 338 víctimas, un promedio de 200.000 a cada una.

La idea prendió en otros estados. Las cinco diócesis de Nueva Jersey y tres de Colorado crearon un fondo y lo mismo hicieron siete diócesis de Pensilvania y seis de California, incluida la arquidiócesis de Los Ángeles, que es la más grande de Estados Unidos.

Instituciones en bancarrota

Más drástica y cada vez más frecuente es la opción de la bancarrota. Menos de un mes después de que entrase en vigor la ventana de un año para radicar demandas de abusos ocurridos hace tiempo, la diócesis de Rochester se declaró en bancarrota. Fue la diócesis u orden religiosa número 20 que lo hizo en Estados Unidos.

Cuando una diócesis se declara en bancarrota, las demandas de los supervivientes quedan en suspenso y los pagos son congelados, a la espera de que un juez federal decida cuánto debe cobrar cada uno. Generalmente las víctimas reciben menos de lo que hubieran recibido de salir airosas en un juicio.

La bancarrota puede, además, generar en los sobrevivientes la sensación de que no se hizo justicia porque la iglesia no se ve obligada de dar explicaciones y entregar documentos, tal vez implicando a la jerarquía católica que encubrió los abusos


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Respuesta firme de ONU a USA sobre territorios ocupados por Israel.

La ONU mantiene su posición: los asentamientos israelíes son ilegales y violan el derecho internacional

Annie Slemrod/IRIN
Construcción de asentamientos en Cisjordania.

19 Noviembre 2019

Los portavoces del Secretario General y de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos reafirmaron la postura de las Naciones Unidas con respecto a la ilegalidad de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados. Por su parte, el relator especial sobre la situación de las garantías fundamentales en esos territorios condenó la nueva política estadounidense que no los considera una violación del derecho internacional.

La Organización de las Naciones Unidas mantiene su posición de que los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados son ilegales y constituyen una violación flagrante del derecho internacional, según lo estipula la resolución 2334 del Consejo de Seguridad.

Tras el cambio de política anunciado el lunes por el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, en el sentido de que dichos asentamientos no violan las lenes internacionales, el portavoz de la ONU, Stephan Dujarric, aseveró que las resoluciones del Consejo de Seguridad y la Asamblea General son la guía de la Organización y que su posición al respecto sigue siendo la misma.

“Conservamos el compromiso de apoyar a palestinos e israelíes para que alcancen una paz duradera basada en esas resoluciones. (…) Lamentamos mucho la decisión y el anuncio de Estados Unidos”, dijo.

“La resolución [2334] dice que las actividades de asentamientos de Israel son una violación flagrante del derecho internacional y constituyen un gran obstáculo para conseguir la solución de dos Estados y una paz amplia y duradera. Esa sigue siendo la posición del Secretario General”, subrayó este martes ante la prensa en Nueva York.

Es nuestra posición de ayer, de hoy y lo seguirá siendo, recalcó Dujarric.

En Ginebra, el portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de para los Derechos Humanos, se pronunció en el mismo tenor.

“Como parte del Secretariado de la ONU, mantenemos la posición de siempre de que los asentamientos israelíes violan el derecho internacional. Un cambio en la política de un Estado no modifica la ley internacional, ni su interpretación por parte de la Corte Internacional de Justicia y el Consejo de Seguridad”, puntualizó Rupert Colville en conferencia de prensa.

El último clavo en el ataúd

Por otra parte, el relator especial* sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados repudió la nueva postura de Estados Unidos y sostuvo que no sólo viola las leyes, sino que marca un rompimiento decisivo con el consenso internacional y valida la ocupación israelí perpetua.

“La decisión del Gobierno estadounidense de tirar por la borda el derecho internacional y legitimar los asentamientos israelíes ilegales es probablemente el último clavo en el ataúd de la solución de dos Estados”, apuntó Michael Lynk en un comunicado.

Advirtió que esta postura es un permiso para que el Gobierno de Israel anexe formalmente grandes extensiones de la Cisjordania ocupada como ya lo ha hecho con Jerusalén Oriental.

“Esto sólo confirmará a un Estado caracterizado por un rígido sistema dual de derechos legales y políticos basado en la etnicidad y la religión. Esto equivaldría a la definición internacional de apartheid”, abundó el experto.

Recordó que en la actualidad hay unos 240 asentamientos y unos 650.000 colonos israelíes en Jerusalén Oriental y Cisjordania.

Lynk enfatizó que los asentamientos son una fuente de violaciones de los derechos humanos, además de que son el motor de la ocupación.

El relator llamó a la comunidad internacional a reafirmar la ilegalidad de los asentamientos y tomar medidas para hacer cumplir la ley internacional mediante la prohibición de las importaciones de bienes y servicios producidos en ellos.


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Mons. Gómez, es el nuevo presidente de la Conf. episcopal norteamericana

A la derecha, Monseñor José Horacio Gómez, electo Presidente de la Conferencia Episcopal de Estados UnidosA la derecha, Monseñor José Horacio Gómez, electo Presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos  (ANSA)

Gómez, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos

Con 176 votos a favor, el Arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Horacio Gómez, fue elegido como nuevo presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. Será el primer presidente hispano de los obispos americanos

Benedetta Capelli – Ciudad del Vaticano

Renovados todos los encargos de la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos. En Baltimore, donde están reunidos los obispos estadounidenses, los prelados eligieron al nuevo presidente. Es Monseñor José Horacio Gómez, Arzobispo de Los Ángeles, la diócesis con mayor número de católicos provenientes de América Latina. Es el primer presidente hispano de la Conferencia Episcopal, sucede al Cardenal Daniel Di Nardo y ha sido su vicepresidente durante los últimos tres años.

Mexicano del Opus Dei

Monseñor Gómez nació en Monterrey, México, el 26 de diciembre de 1951. Es Licenciado en Filosofía y Diplomado en Contabilidad Pública por la Universidad Nacional de Monterrey, México, en 1975. Posteriormente estudió Teología en la Universidad de Navarra, en España, donde obtuvo el Doctorado en Teología en 1980. Fue ordenado sacerdote de la Prelatura del Opus Dei el 15 de agosto de 1978. En los años 1978-1980 sirvió en el servicio pastoral en España. De 1980 a 1987 enseñó en un colegio y escuela secundaria en México y también trabajó como director de jóvenes en el decanato de Fátima de la diócesis de Monterrey (1985-1987). En 1987 se trasladó a Texas, donde en 1999 fue nombrado vicario de la Delegación de la Prelatura del Opus Dei. Además, desde 1991 ha sido miembro de la Asociación Nacional de Sacerdotes Hispanos y ha servido dos veces como Presidente. Obispo desde 2001, primero en Denver, Colorado, y luego en San Antonio, participó en dos Sínodos de Obispos en el Vaticano bajo el pontificado de Francisco, el de 2015 sobre la familia y el de 2018 sobre los jóvenes.

Elegido por mayoría de votos

Sólo necesitaba 120 votos y en su lugar Monseñor Gómez obtuvo 176. Es conocido su compromiso de garantizar los derechos de los inmigrantes, poniéndose del lado de los refugiados y de las familias separadas de sus hijos en la frontera entre México y Estados Unidos. Se le considera un conservador desde el punto de vista teológico, pero muchos  le reconocen una gran capacidad de diálogo.

El Vicepresidente de Gómez será Monseñor Vigneron

El Arzobispo Allen Vigneron de Detroit será vicepresidente de Gómez en el trienio. Fue elegido con 151 votos en la tercera vuelta. Antes de su nombramiento en Detroit en 2009, fue obispo de Oakland, California, de 2003 a 2009. También fue presidente de la junta directiva de la Universidad Católica de América. Nacido en Michigan hace 71 años, en los últimos tiempos su compromiso pastoral ha estado marcado por el diálogo interreligioso. Los obispos también eligieron a otros siete jefes de comité: el Obispo George Murry de Youngstown, Ohio, para el Comité de Libertad Religiosa; el Arzobispo Jerome Listecki de Milwaukee para el Comité de Asuntos Canónicos y el Gobierno de la Iglesia; el Obispo David Talley de Memphis, Tennessee, para el Comité de Asuntos Ecuménicos e Interreligiosos; Monseñor Andrew H. Paul y Minneapolis para el Comité de Evangelización y Catequesis; el Obispo David Malloy de Rockford, Illinois para el Comité de Justicia Internacional y Paz; y el Obispo James Johnston de la Ciudad de Kansas-San José para el Comité de Protección de Niños y Jóvenes.


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Guerra comercial USA-China

En la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los dos pierden

Banco Mundial/Chhor Sokunthea
World Bank/Chhor Sokunthea

5 Noviembre 2019

Las tarifas arancelarias impuestas por la administración de Donald Trump a China, que desencadenaron la guerra comercial entre los dos colosos económicos, han beneficiado a terceros pero, de continuar, compromete la estabilidad de la economía mundial. Los empresarios y consumidores norteamericanos pagan el precio más alto.

La disputa arancelaria  entre China y Estados Unidos solo deja perdedores, con otros países recogiendo algunos de los beneficios, pero es probable que la situación se deteriore a menos que los dos gigantes económicos lleguen a un acuerdo, según un estudio preparado por expertos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo.

De acuerdo con los datos de los primeros seis meses del año, la mayor parte del costo de los aranceles estadounidenses se ha transferido a los consumidores y las empresas estadounidenses.

“Los consumidores estadounidenses están pagando los aranceles (…) en forma de precios más altos”, dijo Alessandro Nicita, economista de la UNCTAD, que añadió que también otros que los pagan son las empresas importadoras norteamericanas.

Las medidas iniciadas por los Estados Unidos, implementadas a mediados del año pasado, también han afectado al gigante asiático, por un valor de 35.000 mil millones.

Los consumidores estadounidenses están pagando los aranceles.

El sector manufacturero chino más afectado ha sido el de las computadoras, junto con los de equipamiento de oficina y comunicación, ya que las importaciones estadounidenses desde China de tales componentes sufrieron una reducción de 15.000 millones y el comercio de bienes en esos sectores cayó en un promedio del 55% debido a los nuevos aranceles.

Según el análisis, el comercio de bienes en sectores como el de los productos químicos, los muebles, los instrumentos de precisión y la maquinaria eléctrica también disminuyó sustancialmente.

Las pérdidas de EE. UU. y China, ganancias para otros

Aproximadamente, 21.000 millones, o el 63 por ciento de los 35.000 millones en pérdidas de exportaciones chinas, se desviaron a terceros países, mientras los 14.000 millones restantes simplemente desaparecieron o fueron recogidos por los productores estadounidenses.

Entre los terceros países que han suplido parte de la demanda de los 35.000 millones de pérdidas en exportaciones chinas, destaca Taiwán, que ha aportado unos 4200 millones en la primera mitad de 2019.

Otros ganadores comerciales de las medidas incluyen a México, con alrededor de 3500 millones, la Unión Europea, con unos 2700, y Vietnam, con 2600, aunque los efectos positivos para ellos han aumentado en los últimos meses, precisa la UNCTAD.

Corea, Canadá e India también se beneficiaron, con ganancias “sustanciales” que van desde 900 millones a los 1500  millones.

Otros países del sudeste asiático recogieron el resto de las bajas provocadas por los aranceles, al tiempo que los países africanos solo vieron beneficios “mínimos”.

Resistencia de las empresas chinas

Zha Minjie
Un día clareado en la capital de China.

La agencia de la ONU también señaló que hay evidencia de que los exportadores chinos pueden haber comenzado a asumir parte de los costos de los aranceles al reducir los precios de exportación.

No obstante, la UNCTAD destaca la resistencia de las empresas chinas, que mantienen el 75% de sus exportaciones a los Estados Unidos, a pesar de los “sustanciales” aranceles impuestos.

La guerra comercial es una advertencia global

Pese a que algunos terceros países han recogido los beneficios de la guerra comercial, esta contienda está comprometiendo la economía mundial.

“Los resultados del estudio sirven como una advertencia global; una guerra comercial en una situación de pérdidas no solo está perjudicando a los principales contendientes, sino que también compromete la estabilidad de la economía global y el crecimiento futuro”, dijo la directora de comercio internacional y productos básicos de la UNCTAD, Pamela Coke Hamilton.

“Esperamos que un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y China pueda reducir las tensiones comerciales”, añadió.

Si bien el informe de la UNCTAD no considera el impacto de los aranceles chinos en las importaciones de los Estados Unidos, sugiere que el resultado es “muy probable” que sea el mismo: “precios más altos para los consumidores chinos, pérdidas para los exportadores estadounidenses y ganancias comerciales para otros países”.

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Errores de ataques aéreos USA en Afganistán.

Afganistán: Presuntas instalaciones para el tráfico de drogas no eran objetivos legítimos

UNAMA/Fardin Waezi
Un día en el popular mercado de Mandawi en Kabul, Afganistán.

9 Octubre 2019

Un informe de la ONU publicado este miércoles señala que los “múltiples” ataques aéreos del ejército estadounidense en mayo contra presuntos laboratorios de fabricación de drogas en una zona remota del oeste de Afganistán, y en el que fallecieron o resultaron heridas decenas de civiles, no debieron considerarse como objetivos militares.

El informe especial sobre el impacto de los daños ocurridos el 5 de mayo en más de 60 localizaciones del distrito de Bakwa, ubicado en la provincia de Farah, y en el distrito vecino de Delaram, verificó 39 víctimas civiles, entre ellas 14 niños y una mujer que arrojaron un saldo de 30 muertos, cinco heridos y cuatro de carácter “indeterminado”.

“Mientras que algunos de los civiles muertos o heridos en los ataques aéreos trabajaban en los laboratorios de drogas, otros -incluidos mujeres y niños- no lo hacían”, destaca el informe de los investigadores de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que elaboró conjuntamente el informe con la UNAMA, indicó haber recibido informes fidedignos y creíbles de que hubo al menos 37 víctimas civiles más -30 muertos y siete heridos-, la mayoría de los cuales eran mujeres y niños.

Los hogares de las personas ‘no son un objetivo’

Además, especifica que el bombardeo no proporcionaba ninguna ventaja militar y que algunos de los edificios atacados no poseían ningún vínculo aparente con la fabricación de drogas, como los domicilios de las personas.

“La Misión determinó que las estructuras civiles que supuestamente operaban como laboratorios de drogas y que fueron atacadas durante los bombardeos, no presentaban un vínculo suficiente con las operaciones de combate de los talibanes para justificar su clasificación como objetivos militares”, destaca el informe.

Aunque los talibanes controlaban el distrito de Bakwa y usaban las instalaciones para la fabricación de drogas con el objetivo de financiar sus operaciones, el estudio destaca que dichas dependencias “no estaban controladas y operadas exclusivamente por los talibanes, sino que eran propiedad de grupos delictivos con conexiones con redes internacionales de narcotráfico y estaban operadas por ellos”.

Discrepancias de lenguaje

Asimismo, indicaron que “aunque se produjeron previos ataques aéreos contra presuntas instalaciones de procesamiento de drogas, esta era la primera vez que la UNAMA recibía informes de que se había producido un gran número de víctimas civiles como resultado de una operación de ese tipo”, se indica en el informe.

Sin embargo, y de acuerdo con la investigación efectuada por las Fuerzas de los Estados Unidos en Afganistán (USFOR-A), esta determinó que no hubo víctimas civiles durante los ataques aéreos.

Este resultado, se indica, está en consonancia con la “política de larga duración de Estados Unidos”, por la que considera que los objetivos económicos que contribuyen a los logros bélicos de una parte son “objetivos militares legítimos”.

Sin embargo, los autores del informe señalan que, según el derecho internacional humanitario, las instalaciones que contribuyen económica o financieramente a los logros bélicos de una de las partes en conflicto “se consideran objetivos civiles”.

En relación con el tema del consumo de drogas en Afganistán, el informe reconoce la creciente amenaza que representa la industria de las metanfetaminas, pero sugiere llevar a cabo una respuesta “apropiada” y mediante “la aplicación de la ley” como alternativa a los ataques aéreos “que ponen en peligro a los civiles”.

Entre las recomendaciones del informe se incluye un llamado a la USFOR-A para que conduzca una investigación independiente y transparente que examine el impacto de la operación del 5 de mayo en la población civil.

Estas conclusiones deben ver la luz pública, así como las medidas que garanticen la rendición de cuentas, y las acciones destinadas a proporcionar una “reparación adecuada” a las víctimas y sus familiares.


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Las restricciones USA al derecho de asilo y sus consecuencias negativas.

Las nuevas restricciones al asilo en Estados Unidos afectarán a los más vulnerables

UNICEF / Adriana Zehbrauskas
Migrantes en las afueras de Reynosa, México.

13 Septiembre 2019

La Corte Suprema dio luz verde a una política que exige a los migrantes solicitar y ser negados asilo en otro país antes de aplicar en los Estados Unidos. El Alto Comisionado  para los Refugiados lamenta el impacto que esto tendrá en los centroamericanos, entre ellos familias y niños no acompañados.

La agencia de la ONU para los Refugiados afirmó este viernes que la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que limita las solicitudes de asilo en la frontera mexicana podría afectar a las personas que huyen de la violencia y la persecución que tienen derecho a protección.

Según despachos de prensa, el tribunal dijo el miércoles que la regla impuesta por la administración Trump, que requiere que la mayoría de los inmigrantes busquen asilo en otros países en su ruta a los Estados Unidos antes de hacerlo en el país, puede entrar en vigor mientras continua el litigio que desafía su legalidad.

“Lamentamos el impacto que tendrá la implementación en los solicitantes de asilo. Reiteramos que cualquier persona que huya de la violencia o la persecución debe poder acceder a procedimientos completos y efectivos de asilo y protección internacional”, aseguró el portavoz de ACNUR, Andrej Mahecic.

Mahecic aseguró que se encontraban preocupados por el destino de los centroamericanos, incluidas las familias y los niños no acompañados, que están en movimiento y necesitan refugio, y que era imperativo que se identifique rápidamente a esas personas y se les brinde la asistencia que merecen, incluido el derecho a solicitar asilo.

El portavoz agregó que la decisión del Tribunal Supremo no aborda el fondo de la política en cuestión, sino que se emitió con referencia específica a los procedimientos que están en curso en los tribunales inferiores y que continuarán avanzando.

“Confiamos en que los tribunales de los Estados Unidos tomarán la determinación final sobre el mérito del caso que refleje la conciencia de los riesgos de protección involucrados”, concluyó Mahecic.

ACNUR/Daniel Dreifuss
Solicitantes de asilo hacen cola en el refugio del El Barretal en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana.

No es el camino a seguir

En julio, la agencia había publicado un comunicado expresando su profunda preocupación ante la nueva normativa.

“Comprendemos que el sistema de asilo de Estados Unidos se encuentra bajo una importante presión y estamos preparados para desempeñar un papel constructivo en caso necesario y ayudar a aliviar esta presión”, afirmó en ese entonces el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.

Grandi advirtió que la medida minaría los esfuerzos que están realizando los países para poner en marcha respuestas colectivas y coherentes.

“Se trata de una medida muy dura y no es el mejor camino a seguir”, expresó.

ACNUR considera que esta normativa restringe significativamente el derecho a solicitar asilo, obstaculiza el derecho a la protección ante la devolución y eleva sustancialmente la carga de la prueba sobre los solicitantes de asilo más allá de los estándares legales internacionales.

También atenta contra los derechos básicos y libertades para quienes los reúnen y no está en línea con las obligaciones internacionales.

En los últimos años, un número creciente de personas han salido de distintas zonas de Centroamérica por motivos que van desde carencias económicas extremas hasta la persecución.

Muchas de ellas huyen de una terrible violencia por parte de pandillas y están en necesidad de protección internacional.

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La Agencia para los refugiados preocupada por las nuevas restricciones al asilo de Estados Unidos

La medida restringe excesivamente el derecho a solicitar asilo y pondrá en riesgo a las personas vulnerables que necesitan protección internacional y que huyen de sus países por la violencia o la persecución. “Es una medida severa y no es la mejor manera de avanzar”, ha asegurado el responsable de la agencia.

Artículo 14: derecho al asilo

(De la serie 30 artículos sobre los 30 artículos)

En 1950, dos años después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), se creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Se estableció que dicha agencia de la ONU tendría tres años para ayudar a los millones de europeos que habían huido o perdido sus hogares durante la


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USA: críticas a las nuevas normas sobre detención de familias inmigrantes ilegales.

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Trump anuncia nueva regulación para retener a los niños migrantes indefinidamente

El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva regulación que le dará facultades de detener de forma indefinida a familias de migrantes que cruzan la frontera de forma ilegal

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAleenan, anunció la medida para extender unilateralmente el tiempo de detención de familias migrantes con niños que cruzan la frontera. La medida forma parte de la política de ‘tolerancia cero’ de Trump.

Según el portal de Univisión, el gobierno de Donald Trump anunció este miércoles que no seguirá el Acuerdo Flores, que le prohibía encarcelar a migrantes menores de edad por más de 20 días, además de exigirle que les brinde cuidados, atenciones y les provea información sobre abogados para que puedan defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

Se espera que la nueva regla se publique en el Registro Federal esta semana y se abra un periodo de 60 días para comentario público, y se prevé que sea impugnada en los tribunales. . Al término de este plazo, el gobierno redactará la regla final que permitirá implementar la detención indefinida de las familias migrantes con niños hasta que terminen sus procesos en las cortes de inmigración. El Acuerdo establece hasta un plazo máximo de 20 días de privación de libertad, pero reportes a los que tuvo acceso Univision Noticias, en algunos casos las detenciones en los centros del HHS sobrepasan los 120 días. .

El Acuerdo Flores, que ha sido atacado por Trump desde su llegada a la Casa Blanca, era uno de los principales obstáculos para el mandatario en su intento de negar asilo en la frontera y acelerar las deportaciones.

El Acuerdo Flores 

El Acuerdo Judicial Flores de 1997 , llamado así por el caso de una menor migrante centroamericana detenida en 1985, establece que la Patrulla Fronteriza, en un plazo de 72 horas, debe entregar a los menores detenidos en la frontera, pero de acuerdo con varias denuncias publicadas por Univision Noticas, las detenciones van más allá de los plazos legales establecidos. Lo mismo ocurre en los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y del Departamento de Salud y recursos Humanos (HHS), que reciben a los menores arrestados.

“El gobierno está en violación del Acuerdo Flores”, dice Bárbara Hines, una abogada de inmigración y es profesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, en Austin. Agrega que “el Acuerdo requiere condiciones seguras y sanitarias para los menores. La política de Trump es inmoral, inhumana y viola los principios del derecho humano”, precisa.

En similares términos se pronunció recientemente la Organización Naciones Unidas (ONU). La alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en un comunicado que está “profundamente conmocionada” por las condiciones en que los migrantes y refugiados, niños y adultos, están detenidos en Estados Unidos después de cruzar la frontera”.

¿Por qué se da el cambio?

Funcionarios de seguridad nacional creen que los límites de tiempo en las detenciones de familias migrantes han impulsado la llegada masiva de familias centroamericanas que cruzan la frontera. Argumentan que la nueva regulación contrarrestará la creencia de que traer niños a Estados Unidos es “un pasaporte” para ser liberados de la detención después de un corto período. Las autoridades migratorias han visto un aumento en el número de migrantes indocumentados adultos que llegan con niños a EE.UU.

Aplicando el Acuerdo Flores, mientras los niños indocumentados son detenidos no más de 20 días, los padres se benefician de una liberación mientras aguardan por un juicio en tribunales que defina su situación migratoria.

Ante las nuevas reglas que está solicitando el gobierno la Unión Estadodunidense por las Libertades Civiles emitió un comunicado en el que que “este es otro ataque cruel contra los niños, a quienes el gobierno de Trump ha apuntado una y otra vez con sus políticas antiinmigrantes. El gobierno no debería estar encarcelando a niños”, dijo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en el comunicado.

Freno legal

Hasta ahora, la mayoría de medidas migratorias del gobierno de Trump, que no cuentan con el respaldo del Congreso, se han visto entorpecidas por la vigencia del Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008, sobre prevención de tráfico humano, que prohíbe la deportación inmediata de menores de países no fronterizos y exige que sea un juez quien decida sus futuros en Estados Unidos.

En 2018 el gobierno de EE.UU. aplicó una controvertida política de separación de niños migrantes y sus familias y optó por una separación de niños y padres como una forma de eludir el acuerdo Flores. El Departamento de Salud y Servicios Humanos detuvo a los niños, mientras que los adultos fueron retenidos en otros centros mientras esperaban juicio por violar las leyes de inmigración.

¿Qué está pasando en la frontera?

Según la BBC, el número de detenciones fronterizas cayó un 28% en junio, según las autoridades estadounidenses. 3 factores que explican el por qué ha disminuido el número de migrantes que llegan a la frontera sur de EE.UU:

La disminución viene después de que en mayo se registró un récord de aprehensiones en la frontera de EE.UU. con México, el más alto en más de una década.

La caída en la migración es típica durante los meses de verano, cuando las temperaturas pueden elevarse por encima de los 32 °C, pero en junio se produjo un descenso más pronunciado que en años anteriores.

Los funcionarios del gobierno de Trump atribuyeron la disminución a nuevas políticas acordadas con México para frenar el flujo de migrantes centroamericanos.

Los obispos de Estados Unidos consideran de “ilegal, injusta e imprudente” la última ley migratoria

Por otra parte, la Conferencia Episcopal del país ha realizado una declaración mostrando su preocupación ante la limitación en las peticiones de asilo, ya que como dijo el obispo de Austin,  Mons. Joe S. Vásquez, como presidente del Comité de Migración del episcopado esta nueva ley  “pone en peligro la seguridad de las personas y familias vulnerables que huyen de la persecución y amenaza la unidad familiar”.  La Conferencia Episcopal de Estados unidos ha vuelto a manifestarse contraria a la Regla Final Provisional emitida por el Gobierno de Donald Trump porque “casi destruye nuestro sistema de asilo actual”. Dicha normativa limita a los migrantes la posibilidad de pedir asilo por cualquier razón si la entrada en el país norteamericano.   Por ello, los prelados recuerdan “al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional que la forma en que respondemos a los solicitantes de asilo que llegan a nuestra frontera es una prueba de nuestro carácter moral e instamos encarecidamente a la Administración a que revoque esta norma”.