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Errores de ataques aéreos USA en Afganistán.

Afganistán: Presuntas instalaciones para el tráfico de drogas no eran objetivos legítimos

UNAMA/Fardin Waezi
Un día en el popular mercado de Mandawi en Kabul, Afganistán.

9 Octubre 2019

Un informe de la ONU publicado este miércoles señala que los “múltiples” ataques aéreos del ejército estadounidense en mayo contra presuntos laboratorios de fabricación de drogas en una zona remota del oeste de Afganistán, y en el que fallecieron o resultaron heridas decenas de civiles, no debieron considerarse como objetivos militares.

El informe especial sobre el impacto de los daños ocurridos el 5 de mayo en más de 60 localizaciones del distrito de Bakwa, ubicado en la provincia de Farah, y en el distrito vecino de Delaram, verificó 39 víctimas civiles, entre ellas 14 niños y una mujer que arrojaron un saldo de 30 muertos, cinco heridos y cuatro de carácter “indeterminado”.

“Mientras que algunos de los civiles muertos o heridos en los ataques aéreos trabajaban en los laboratorios de drogas, otros -incluidos mujeres y niños- no lo hacían”, destaca el informe de los investigadores de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA).

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, que elaboró conjuntamente el informe con la UNAMA, indicó haber recibido informes fidedignos y creíbles de que hubo al menos 37 víctimas civiles más -30 muertos y siete heridos-, la mayoría de los cuales eran mujeres y niños.

Los hogares de las personas ‘no son un objetivo’

Además, especifica que el bombardeo no proporcionaba ninguna ventaja militar y que algunos de los edificios atacados no poseían ningún vínculo aparente con la fabricación de drogas, como los domicilios de las personas.

“La Misión determinó que las estructuras civiles que supuestamente operaban como laboratorios de drogas y que fueron atacadas durante los bombardeos, no presentaban un vínculo suficiente con las operaciones de combate de los talibanes para justificar su clasificación como objetivos militares”, destaca el informe.

Aunque los talibanes controlaban el distrito de Bakwa y usaban las instalaciones para la fabricación de drogas con el objetivo de financiar sus operaciones, el estudio destaca que dichas dependencias “no estaban controladas y operadas exclusivamente por los talibanes, sino que eran propiedad de grupos delictivos con conexiones con redes internacionales de narcotráfico y estaban operadas por ellos”.

Discrepancias de lenguaje

Asimismo, indicaron que “aunque se produjeron previos ataques aéreos contra presuntas instalaciones de procesamiento de drogas, esta era la primera vez que la UNAMA recibía informes de que se había producido un gran número de víctimas civiles como resultado de una operación de ese tipo”, se indica en el informe.

Sin embargo, y de acuerdo con la investigación efectuada por las Fuerzas de los Estados Unidos en Afganistán (USFOR-A), esta determinó que no hubo víctimas civiles durante los ataques aéreos.

Este resultado, se indica, está en consonancia con la “política de larga duración de Estados Unidos”, por la que considera que los objetivos económicos que contribuyen a los logros bélicos de una parte son “objetivos militares legítimos”.

Sin embargo, los autores del informe señalan que, según el derecho internacional humanitario, las instalaciones que contribuyen económica o financieramente a los logros bélicos de una de las partes en conflicto “se consideran objetivos civiles”.

En relación con el tema del consumo de drogas en Afganistán, el informe reconoce la creciente amenaza que representa la industria de las metanfetaminas, pero sugiere llevar a cabo una respuesta “apropiada” y mediante “la aplicación de la ley” como alternativa a los ataques aéreos “que ponen en peligro a los civiles”.

Entre las recomendaciones del informe se incluye un llamado a la USFOR-A para que conduzca una investigación independiente y transparente que examine el impacto de la operación del 5 de mayo en la población civil.

Estas conclusiones deben ver la luz pública, así como las medidas que garanticen la rendición de cuentas, y las acciones destinadas a proporcionar una “reparación adecuada” a las víctimas y sus familiares.


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Las restricciones USA al derecho de asilo y sus consecuencias negativas.

Las nuevas restricciones al asilo en Estados Unidos afectarán a los más vulnerables

UNICEF / Adriana Zehbrauskas
Migrantes en las afueras de Reynosa, México.

13 Septiembre 2019

La Corte Suprema dio luz verde a una política que exige a los migrantes solicitar y ser negados asilo en otro país antes de aplicar en los Estados Unidos. El Alto Comisionado  para los Refugiados lamenta el impacto que esto tendrá en los centroamericanos, entre ellos familias y niños no acompañados.

La agencia de la ONU para los Refugiados afirmó este viernes que la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que limita las solicitudes de asilo en la frontera mexicana podría afectar a las personas que huyen de la violencia y la persecución que tienen derecho a protección.

Según despachos de prensa, el tribunal dijo el miércoles que la regla impuesta por la administración Trump, que requiere que la mayoría de los inmigrantes busquen asilo en otros países en su ruta a los Estados Unidos antes de hacerlo en el país, puede entrar en vigor mientras continua el litigio que desafía su legalidad.

“Lamentamos el impacto que tendrá la implementación en los solicitantes de asilo. Reiteramos que cualquier persona que huya de la violencia o la persecución debe poder acceder a procedimientos completos y efectivos de asilo y protección internacional”, aseguró el portavoz de ACNUR, Andrej Mahecic.

Mahecic aseguró que se encontraban preocupados por el destino de los centroamericanos, incluidas las familias y los niños no acompañados, que están en movimiento y necesitan refugio, y que era imperativo que se identifique rápidamente a esas personas y se les brinde la asistencia que merecen, incluido el derecho a solicitar asilo.

El portavoz agregó que la decisión del Tribunal Supremo no aborda el fondo de la política en cuestión, sino que se emitió con referencia específica a los procedimientos que están en curso en los tribunales inferiores y que continuarán avanzando.

“Confiamos en que los tribunales de los Estados Unidos tomarán la determinación final sobre el mérito del caso que refleje la conciencia de los riesgos de protección involucrados”, concluyó Mahecic.

ACNUR/Daniel Dreifuss
Solicitantes de asilo hacen cola en el refugio del El Barretal en la ciudad fronteriza mexicana de Tijuana.

No es el camino a seguir

En julio, la agencia había publicado un comunicado expresando su profunda preocupación ante la nueva normativa.

“Comprendemos que el sistema de asilo de Estados Unidos se encuentra bajo una importante presión y estamos preparados para desempeñar un papel constructivo en caso necesario y ayudar a aliviar esta presión”, afirmó en ese entonces el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi.

Grandi advirtió que la medida minaría los esfuerzos que están realizando los países para poner en marcha respuestas colectivas y coherentes.

“Se trata de una medida muy dura y no es el mejor camino a seguir”, expresó.

ACNUR considera que esta normativa restringe significativamente el derecho a solicitar asilo, obstaculiza el derecho a la protección ante la devolución y eleva sustancialmente la carga de la prueba sobre los solicitantes de asilo más allá de los estándares legales internacionales.

También atenta contra los derechos básicos y libertades para quienes los reúnen y no está en línea con las obligaciones internacionales.

En los últimos años, un número creciente de personas han salido de distintas zonas de Centroamérica por motivos que van desde carencias económicas extremas hasta la persecución.

Muchas de ellas huyen de una terrible violencia por parte de pandillas y están en necesidad de protección internacional.

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La medida restringe excesivamente el derecho a solicitar asilo y pondrá en riesgo a las personas vulnerables que necesitan protección internacional y que huyen de sus países por la violencia o la persecución. “Es una medida severa y no es la mejor manera de avanzar”, ha asegurado el responsable de la agencia.

Artículo 14: derecho al asilo

(De la serie 30 artículos sobre los 30 artículos)

En 1950, dos años después de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), se creó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Se estableció que dicha agencia de la ONU tendría tres años para ayudar a los millones de europeos que habían huido o perdido sus hogares durante la


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USA: críticas a las nuevas normas sobre detención de familias inmigrantes ilegales.

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Trump anuncia nueva regulación para retener a los niños migrantes indefinidamente

El gobierno de Estados Unidos anunció una nueva regulación que le dará facultades de detener de forma indefinida a familias de migrantes que cruzan la frontera de forma ilegal

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

El secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kevin McAleenan, anunció la medida para extender unilateralmente el tiempo de detención de familias migrantes con niños que cruzan la frontera. La medida forma parte de la política de ‘tolerancia cero’ de Trump.

Según el portal de Univisión, el gobierno de Donald Trump anunció este miércoles que no seguirá el Acuerdo Flores, que le prohibía encarcelar a migrantes menores de edad por más de 20 días, además de exigirle que les brinde cuidados, atenciones y les provea información sobre abogados para que puedan defender sus derechos de permanencia en Estados Unidos.

Se espera que la nueva regla se publique en el Registro Federal esta semana y se abra un periodo de 60 días para comentario público, y se prevé que sea impugnada en los tribunales. . Al término de este plazo, el gobierno redactará la regla final que permitirá implementar la detención indefinida de las familias migrantes con niños hasta que terminen sus procesos en las cortes de inmigración. El Acuerdo establece hasta un plazo máximo de 20 días de privación de libertad, pero reportes a los que tuvo acceso Univision Noticias, en algunos casos las detenciones en los centros del HHS sobrepasan los 120 días. .

El Acuerdo Flores, que ha sido atacado por Trump desde su llegada a la Casa Blanca, era uno de los principales obstáculos para el mandatario en su intento de negar asilo en la frontera y acelerar las deportaciones.

El Acuerdo Flores 

El Acuerdo Judicial Flores de 1997 , llamado así por el caso de una menor migrante centroamericana detenida en 1985, establece que la Patrulla Fronteriza, en un plazo de 72 horas, debe entregar a los menores detenidos en la frontera, pero de acuerdo con varias denuncias publicadas por Univision Noticas, las detenciones van más allá de los plazos legales establecidos. Lo mismo ocurre en los centros de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y del Departamento de Salud y recursos Humanos (HHS), que reciben a los menores arrestados.

“El gobierno está en violación del Acuerdo Flores”, dice Bárbara Hines, una abogada de inmigración y es profesora de la Clínica Legal de la Facultad de Leyes de la Universidad de Texas, en Austin. Agrega que “el Acuerdo requiere condiciones seguras y sanitarias para los menores. La política de Trump es inmoral, inhumana y viola los principios del derecho humano”, precisa.

En similares términos se pronunció recientemente la Organización Naciones Unidas (ONU). La alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en un comunicado que está “profundamente conmocionada” por las condiciones en que los migrantes y refugiados, niños y adultos, están detenidos en Estados Unidos después de cruzar la frontera”.

¿Por qué se da el cambio?

Funcionarios de seguridad nacional creen que los límites de tiempo en las detenciones de familias migrantes han impulsado la llegada masiva de familias centroamericanas que cruzan la frontera. Argumentan que la nueva regulación contrarrestará la creencia de que traer niños a Estados Unidos es “un pasaporte” para ser liberados de la detención después de un corto período. Las autoridades migratorias han visto un aumento en el número de migrantes indocumentados adultos que llegan con niños a EE.UU.

Aplicando el Acuerdo Flores, mientras los niños indocumentados son detenidos no más de 20 días, los padres se benefician de una liberación mientras aguardan por un juicio en tribunales que defina su situación migratoria.

Ante las nuevas reglas que está solicitando el gobierno la Unión Estadodunidense por las Libertades Civiles emitió un comunicado en el que que “este es otro ataque cruel contra los niños, a quienes el gobierno de Trump ha apuntado una y otra vez con sus políticas antiinmigrantes. El gobierno no debería estar encarcelando a niños”, dijo la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles en el comunicado.

Freno legal

Hasta ahora, la mayoría de medidas migratorias del gobierno de Trump, que no cuentan con el respaldo del Congreso, se han visto entorpecidas por la vigencia del Acuerdo Judicial Flores de 1997 y la Ley TVPRA de 2008, sobre prevención de tráfico humano, que prohíbe la deportación inmediata de menores de países no fronterizos y exige que sea un juez quien decida sus futuros en Estados Unidos.

En 2018 el gobierno de EE.UU. aplicó una controvertida política de separación de niños migrantes y sus familias y optó por una separación de niños y padres como una forma de eludir el acuerdo Flores. El Departamento de Salud y Servicios Humanos detuvo a los niños, mientras que los adultos fueron retenidos en otros centros mientras esperaban juicio por violar las leyes de inmigración.

¿Qué está pasando en la frontera?

Según la BBC, el número de detenciones fronterizas cayó un 28% en junio, según las autoridades estadounidenses. 3 factores que explican el por qué ha disminuido el número de migrantes que llegan a la frontera sur de EE.UU:

La disminución viene después de que en mayo se registró un récord de aprehensiones en la frontera de EE.UU. con México, el más alto en más de una década.

La caída en la migración es típica durante los meses de verano, cuando las temperaturas pueden elevarse por encima de los 32 °C, pero en junio se produjo un descenso más pronunciado que en años anteriores.

Los funcionarios del gobierno de Trump atribuyeron la disminución a nuevas políticas acordadas con México para frenar el flujo de migrantes centroamericanos.

Los obispos de Estados Unidos consideran de “ilegal, injusta e imprudente” la última ley migratoria

Por otra parte, la Conferencia Episcopal del país ha realizado una declaración mostrando su preocupación ante la limitación en las peticiones de asilo, ya que como dijo el obispo de Austin,  Mons. Joe S. Vásquez, como presidente del Comité de Migración del episcopado esta nueva ley  “pone en peligro la seguridad de las personas y familias vulnerables que huyen de la persecución y amenaza la unidad familiar”.  La Conferencia Episcopal de Estados unidos ha vuelto a manifestarse contraria a la Regla Final Provisional emitida por el Gobierno de Donald Trump porque “casi destruye nuestro sistema de asilo actual”. Dicha normativa limita a los migrantes la posibilidad de pedir asilo por cualquier razón si la entrada en el país norteamericano.   Por ello, los prelados recuerdan “al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional que la forma en que respondemos a los solicitantes de asilo que llegan a nuestra frontera es una prueba de nuestro carácter moral e instamos encarecidamente a la Administración a que revoque esta norma”.


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USA: salud mental y criminalidad. Falsas sospechas de Trump. HRW.

El presidente Donald Trump habla sobre los tiroteos masivos de El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, en la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca, en Washington, 5 de agosto de 2019.

 © 2019 AP Photo/Evan Vucci, File

El presidente Donald Trump respondió a los horripilantes ataques con armasocurridos en El Paso, Texas, y en Dayton, Ohio, instando a que se “reformen” las leyes sobre salud metal “para identificar con mayor eficacia a las personas con problemas mentales que podrían cometer actos violentos”. Agregó que esas personas deben estar sujetas “cuando sea necesario [a] internamiento involuntario”. “Son las enfermedades mentales y el odio los que jalan el gatillo, no el arma”, señaló. Pero la respuesta de Trump se basa en falsas suposiciones y prejuicios.

No hay estudios científicos que relacionen la salud mental de una persona con su proclividad a cometer actos de violencia. Sin embargo, al insistir reiteradamente en esa relación, Trump perpetúa el estigma y alimenta el prejuicio generalizado de que las personas con condiciones de salud mental, o discapacidades psicosociales, son propensas a cometer actos de violencia. De hecho, la gran mayoría de las personas con problemas de salud mental no son violentas, sino que es más probable que sean ellas mismas víctimas de violencia.

Las personas con condiciones de salud mental, reales o percibidas, se encuentran entre las más estigmatizadas y marginadas de Estados Unidos. Las observaciones de Trump profundizan incluso más este perjuicio, al responsabilizarlas arbitrariamente por un grave problema que afecta al país, del mismo modo en que lo ha hecho con los migrantes, los solicitantes de asiloy otras minorías vulnerables.

Discriminar a las personas con discapacidad no evitará que ocurran otros episodios como el de El Paso o el de Dayton. En lugar de ello, el gobierno de Trump debería escuchar al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha instado a los gobiernos a “proteger a la población…contra los riesgos a que da lugar la disponibilidad excesiva de armas de fuego”.

Proponer el internamiento involuntario de personas que no han cometido ningún delito por el mero hecho de que tienen una discapacidad vulnera derechos humanos fundamentales y la protección igualitaria conforme a la ley. Trump debe desistir de esta postura.


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Las sanciones USA a Venezuela y sus posibles consecuencias negativas en la población (ONU)

Bachelet: Las nuevas sanciones de EE.UU a Venezuela pueden tener un impacto severo en la población

ONU/Manuel Elias
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

8 Agosto 2019

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos dijo que, aunque las causas de la crisis económica en Venezuela son anteriores a las sanciones, éstas exacerban sus efectos y afectan a los más vulnerables. Además, dijo que las nuevas penalidades son extremadamente amplias y no contienen medidas suficientes para mitigar el impacto en la población.

Michelle Bachelet dijo estar profundamente preocupada por el impacto potencialmente severo en los derechos humanos de las personas en Venezuela del nuevo conjunto de sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos esta semana.

Estas sanciones son extremadamente amplias y no contienen las medidas suficientes para mitigar el impacto en los sectores de la población más vulnerables. Temo que tengan implicaciones mayores en los derechos a la salud y a la alimentación, en particular en un país donde ya existe una seria situación de escasez de bienes esenciales”, apuntó la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Bachelet recordó que la economía venezolana sufrió una contracción del 47,6% entre 2013 y 2018 según las cifras oficiales, y que con las nuevas sanciones que restringen aún más la actividad económica, las compañías y las instituciones financieras podrían ser cautelosas y detener completamente las transacciones relacionadas con el Gobierno de Venezuela para evitar ser penalizadas.

La Alta Comisionada reiteró que las causas de la crisis económica en Venezuela son anteriores a la imposición de sanciones económicas, pero agregó que éstas están exacerbando los efectos de la grave crisis –y por extensión de la situación humanitaria-, dado que la mayoría de las divisas externas provienen de las exportaciones de petróleo, muchas de las cuales están relacionadas con el mercado de Estados Unidos.

“Tomo nota de que las recientes sanciones técnicamente no se aplican a las “transacciones relacionadas con las provisiones de artículos, tales como alimentos, ropa y medicinas que buscan dar respuesta al sufrimiento humano”. Sin embargo, es posible que aún así lleguen a exacerbar la crisis en la que viven millones de personas venezolanas, debido especialmente a la existencia de un escrutinio excesivo (over-compliance) por parte de las instituciones financieras en el mundo que tienen relaciones comerciales con los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela”, expresó la funcionaria en un comunicado.

UNICEF / Velasquez
Un niño mendiga en las calles de Caracas, la capital de Venezuela

Añadió que existe evidencia suficiente de que las sanciones con efectos amplios pueden terminar afectando negativamente los derechos fundamentales de las personas, incluyendo sus derechos económicos, así como sus derechos a la alimentación y salud, y que pueden implicar obstáculos para el acceso a la asistencia humanitaria. Incluso las sanciones más dirigidas y concretas, deben de contener garantías estrictas de protección de los derechos humanos, dijo.

“Llamo a aquellos actores que pueden tener influencia–tanto en Venezuela, como en la comunidad internacional- para que trabajen de manera conjunta y constructiva en la solución política de esta prolongada crisis en el país, colocando en primer plano los derechos humanos de las personas que sufren en Venezuela”, concluyó Michelle Bachelet.

Secretario General

Con respecto a la decisión del Gobierno venezolano de no acudir a las conversaciones con la oposición auspiciadas por Noruega y programadas para esta semana en Barbados, el portavoz del Secretario General de la ONU dejó clara la posición del organismo mundial.

“El Secretario General reitera el apoyo de las Naciones Unidas al proceso facilitador noruego”, dijo Stephan Dujarric.

Agregó que António Guterres está convencido de que “la única solución posible a la situación en Venezuela es un acuerdo negociado”.


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USA: los obispos ante el último atentado

Masacre
Obispos de EE.UU ante masacre en El Paso: “pedimos una legislación efectiva”
El Arzobispo de San Antonio y el Presidente del Episcopado de EE.UU se pronuncian después de la terrible masacre perpetrada el pasado 3 de agosto en un supermercado en El Paso, Texas, que cobró la vida a 20 personas y otras 26 resultaron heridas.
Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

“Esta violencia sin sentido, contra los inocentes compradores de fin de semana, vuelve a horrorizar nuestras conciencias, ya que parece no haber fin al derramamiento de sangre que nos abruma”. Son las declaraciones del Arzobispo de San Antonio, Gustavo García-Siller y el Obispo Auxiliar, Michael Boulette, realizadas pocas horas después de enterarse del masivo tiroteo en el Centro Comercial “Cielo Vista” en El Paso, Texas. Tras los últimos informes que indican que al menos 20 personas han muerto y 26 han resultado heridas de bala, los prelados expresan su gratitud “a las fuerzas de seguridad y a otros miembros del personal de emergencia que fueron los primeros en llegar a la escena de este atroz crimen, y cuyas acciones sin duda salvaron vidas adicionales” han expresado en la nota. Por último, piden al Señor y al Espíritu Santo que les ayuden a restaurar y reconstruir el respeto por la vida en su nación, y a poner fin “a esta indescriptible carnicería que se repite de una manera desgarradora”.

La violencia armada continúa sin control y se extiende por todo el país
Por su parte, el Cardenal Daniel DiNardo, Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB), y el Obispo Frank J. Dewane de Venecia, Florida, Presidente del Comité de Justicia Doméstica y Desarrollo Humano de la USCCB, también se pronunciaron ante lo ocurrido, emitiendo una declaración en respuesta al trágico tiroteo, en la que lo tachan de “inhumano” y “sin sentido”. Además, consideran que algo sigue siendo “malo” en su sociedad, cuando los lugares donde la gente se congrega para participar en las actividades cotidianas de la vida pueden, sin previo aviso, “convertirse en escenas de violencia y desprecio por la vida humana” y aseguran que esta plaga de violencia armada “continúa sin control y se extiende por todo el país”.

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Actuar para poner fin a estos actos abominables
Los obispos de la Conferencia así mismo han expresado que “las cosas deben cambiar” y piden, una vez más, “una legislación efectiva que aborde por qué estos inimaginables y repetidos casos de violencia armada asesina siguen ocurriendo en nuestras comunidades”. Por último, aseguran sus oraciones por todas las víctimas y por la sanación en todas estas comunidades afectadas.


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Necesidad de un buen control de armas en USA (AMN.INT.)

Estados Unidos: más control de armas = menos muertes

Amnistía Internacional, 

Solo en una semana (del 29 de julio al 4 de agosto) Estados Unidos ha sufrido tres tiroteos masivos. De promedio en este país, 106 personas son asesinadas con armas de fuego todos los días, y 38.658 murieron por armas de fuego solo en 2016. Se trata de una crisis de derechos humanos en toda regla que no parece querer ni poder abordarse.

Pensamos que el primer paso para evitar que las armas caigan en manos peligrosas es tomar medidas preventivas de sentido común como la verificación exhaustiva de antecedentes de las personas que quieran comprar armas. Está comprobado que funciona: los estados con estas leyes tienen un tráfico de armas significativamente menor:

  •  47% menos de mujeres asesinadas en violencia relacionada con armas de fuego por parte de un compañero íntimo,
  • sustancialmente menos suicidios con armas de fuego y
  • 53% menos de policías asesinados. Esto no va a evitar las muertes por armas en EEUU, pero las pueden reducir.