Loiola XXI

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Sudán: adolescente condenada a muerte por matar a su marido violador.

SUDÁN: ADOLESCENTE CONDENADA A MUERTE POR MATAR A SU MARIDO VIOLADOR

Noura Hussein tras una reja

Noura Hussein Hamad mató en legítima defensa al hombre con quien le obligaron a casarse cuando tenía 16 años.

Noura Hussein se casó contra su voluntad con Abdulrahman Mohamed Hammad a los 16 años. La legislación sudanesa permite el matrimonio si se tienen más de 10 años de edad.

Nada más terminar la educación secundaria, la obligaron a mudarse a la casa de su esposo. Como se negó a consumar el matrimonio, el “marido” pidió a dos de sus hermanos y a un primo que le ayudaran a violarla. El 2 de mayo de 2017, los tres hombres tumbaron a Noura Hussein y la mantuvieron sujeta mientras Abdulrahman la violaba. A la mañana siguiente, intentó violarla otra vez, pero ella huyó a la cocina, donde agarró un cuchillo. Se produjo entonces un forcejeo, en el que el marido sufrió heridas mortales de cuchillo.

Noura huyó a casa de su familia, pero su padre la entregó a la policía, y se abrió una causa contra ella. En el informe de un examen médico practicado tras la pelea se indicó que ella había sufrido heridas, incluidos un mordisco y arañazos.

En el juicio el juez aplicó una ley que no reconocía la violación conyugal, por lo que la consideraron culpable de homicidio intencional.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción; también trabaja contra el matrimonio precoz o forzado, que considera una grave violación de los derechos humanos por negar a mujeres y niñas, entre muchas otras cosas, la posibilidad de tomar decisiones sobre su propio cuerpo.

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España: la sentencia sobre la actuación de La manada: análisis de AMN.INT.

España: Absolución por violación en grupo en Pamplona

Manifestación en Madrid contra la sentencia © Carmen López

Contamos con expertas disponibles para entrevistas sobre el tema

Miles de personas se han echado a las calles en los últimos días en diferentes puntos de España después de que cinco hombres acusados de violar en grupo a una mujer de 18 años en 2016 fueran absueltos el jueves pasado de “agresión sexual”, cargo que incluye la violación. En su lugar, los acusados fueron declarados culpables del cargo más leve de “abusos sexuales” y condenados a nueve años de prisión. La gente protesta indignada por el hecho de que no fueran declarados culpables de violación y por la manera en que tanto la ley como el sistema de justicia han fallado a la víctima. Las personas que se manifiestan expresan sonoramente su solidaridad con ella.

Una de las preocupaciones principales es que, pese a que los jueces reconocieron que la mujer no había dado su consentimiento al ataque sexual, y reconocieron que estaba en estado de shock en aquellos momentos y había adoptado una actitud pasiva y sumisa porque tenía miedo, aun así declararon a los hombres inocentes del delito de violación. Los jueces concluyeron que la ausencia de consentimiento no bastaba para considerar el ataque una violación porque, en su opinión, no se habían utilizado violencia física ni intimidación, requisito necesario para que se considere que se ha cometido delito de violación en virtud de la actual legislación española. No es raro que las mujeres, en casos de ataques así, se queden paralizadas o no se resistan a sus atacantes, como sucedió en este caso específico en España. Algunas víctimas de violación reaccionan instintivamente de esa manera para protegerse de una violencia extrema o incluso para evitar que las maten.

La sentencia fue dictada por tres jueces, uno de los cuales emitió un voto particular discrepante en el que alegaba que los hombres debían ser considerados inocentes incluso del delito más leve. En sus alegaciones afirmaba que, puesto que la víctima no había expresado una negación explícita, la ausencia de un “no” y de resistencia física significaban que tenía que haber consentido.

Mónica Costa Riba, responsable de Campañas sobre Derechos de las Mujeres de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Los comentarios realizados por el juez discrepante muestran un alarmante desprecio por los derechos de las mujeres y las niñas y por la humanidad de la víctima. Sus argumentos agravan aún más los daños causados por la sentencia, y demuestran una preocupante falta de comprensión de qué constituye violación y de las diversas respuestas con que las víctimas pueden reaccionar a un ataque así.

“Esta sentencia muestra que tanto la ley como el sistema judicial están fallando cruelmente a las víctimas de violación, y están agravando su trauma en España. El sentar en el banquillo la conducta de las víctimas en lugar de las acciones de los acusados, transmite un peligroso mensaje. La ausencia de consentimiento es lo que tiene que importar, no si la víctima opuso resistencia física o no al ataque.”

“La sentencia arroja luz sobre la injusticia que se produce cuando las definiciones de violación están desfasadas y van por detrás de las normas internacionales. Según las normas internacionales de derechos humanos, las relaciones sexuales no consentidas constituyen violación. Hasta ahora, nueve países de Europa han revisado sus definiciones de violación basadas en la ausencia de consentimiento, en lugar de en el uso de la violencia. Como ha quedado dolorosamente patente en este caso, España no es uno de esos países.”

“Lo que muestra también esta sentencia es que, aunque se necesita urgentemente una reforma de la definición jurídica de violación, sigue habiendo otros obstáculos en el acceso de las mujeres a la justicia cuando han sido violadas. Entre ellos se encuentran los estereotipos y las actitudes negativas de jueces, abogados y policías hacia las mujeres, las niñas y las víctimas de violación. La reforma legal debe ir acompañada de una acción nacional para abordar los prejuicios, la culpabilización de la víctima, los estereotipos y los mitos, manifestados a menudo por los mismos funcionarios encargados de prevenir las violaciones y permitir el acceso de las supervivientes a la justicia.”

“Los políticos y los responsables de la toma de decisiones deben escuchar las voces de quienes reclaman reformas legales y mejoras en el sistema jurídico para garantizar el derecho de las víctimas de violación a acceder a la justicia. Confiamos en que quienes ejercen el poder escuchen esas voces y emprendan las acciones que se necesitan con urgencia.”

Información complementaria

Los hechos juzgados tuvieron lugar una noche de julio de 2016 en la ciudad de Pamplona, durante las famosas fiestas de San Fermín. Los cinco hombres se ofrecieron a acompañar a la mujer a su coche pero, en lugar de eso, la arrastraron a un portal donde la sometieron a diferentes formas de penetración, a veces de forma simultánea, y sin preservativo. Tras el ataque, se marcharon dejando a la mujer medio desnuda en el portal. Antes de marcharse, uno de ellos le robó el teléfono. Los hombres filmaron el ataque y lo compartieron en un grupo de Whatsapp. Las grabaciones fueron examinadas por los jueces como prueba clave. La fiscalía había pedido una pena de casi 23 años por violación en grupo y otros cargos.

Todas las partes (la fiscalía, la víctima y los cinco acusados) han anunciado que recurrirán la sentencia.

Sólo nueve países europeos de los 33 que componen el Espacio Económico Europeo (EEE) reconocen que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación  —considerando por separado las tres jurisdicciones de Reino Unido—. Se trata de Inglaterra y Gales, Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, además de Bélgica, Chipre, Luxemburgo, Alemania y, más recientemente, Islandia.


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Kosovo: mujeres víctimas de violaciones en espera de la justicia.

Kosovo: Las sobrevivientes de violación en tiempos de guerra reciben indemnización

Monumento a las “heroínas” en Pristina, que reconoce el importante papel de las mujeres durante la guerra de Kosovo 1998-1999. ARMEND NIMANI/AFP/Getty Images

Casi dos decenios después de que miles de mujeres y niñas fueran violadas sistemáticamente en Kosovo durante el conflicto armado de 1998-1999, las sobrevivientes están a punto de recibir el reconocimiento y la indemnización largamente esperados por la violación y la tortura que soportaron. Sin embargo, sólo unos cuantos de los autores de estos delitos han sido condenados por ellos, y las sobrevivientes siguen luchando por la justicia. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe.

 “Wounds that burn our souls”: Compensation for wartime rape survivors, but still no justice revela las devastadoras consecuencias físicas y psicológicas de la violencia sexual sufrida por las sobrevivientes, quienes, hasta ahora, han sido marginadas por la sociedad y no han recibido apoyo del gobierno.

Las sobrevivientes de la atroz violencia sexual han sido abandonadas durante años tanto por la comunidad internacional como por los gobiernos sucesivos”, ha manifestado Gauri van Gulik, directora adjunta de Amnistía Internacional para Europa.

“Los responsables de estos actos han eludido el procesamiento, mientras que las sobrevivientes han sido marginadas y olvidadas y han visto negado su acceso a la justicia. Esto está empezando a cambiar, pero aún queda un largo camino por recorrer.”

La violación y otras formas de violencia sexual fueron generalizadas durante la guerra de Kosovo, mientras la policía serbia, los paramilitares y el Ejército Yugoslavo emprendían una campaña de persecución y violencia contra la población albanesa de Kosovo. Las mujeres y niñas albanesas fueron sometidas a violación y a otras formas de violencia sexual que constituyen tortura. Después del alto el fuego, también se violó a mujeres y niñas de las comunidades serbia y romaní, en ataques lanzados como venganza por miembros del Ejército de Liberación de Kosovo.

Cuatro de los dirigentes políticos y militares serbios de Yugoslavia fueron condenados por violencia sexual como crimen de lesa humanidad por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Sólo un responsable de estos hechos, un kosovar, ha sido condenado en un tribunal serbio, y ninguno lo ha sido en los tribunales de Kosovo, donde, después de la guerra, las Naciones Unidas y, desde diciembre de 2008, policías y fiscales de la Unión Europea se encargaron de investigar estos crímenes. Sin embargo, las investigaciones internacionales a menudo dejaron pistas sin seguir o no registraron diligentemente las pruebas.

Esto constituye un enorme problema para los fiscales encargados de los crímenes de guerra cometidos en Kosovo, que ahora toman el relevo a los órganos internacionales. Sin fondos, recursos ni apoyo político, lucharán con una carga de un millar de casos no resueltos de crímenes de guerra, entre los que se encuentran casos de violencia sexual.

Muchas sobrevivientes conocían por su nombre a quienes cometieron los crímenes.
 Una de ellas incluso entregó a los investigadores de la ONU un carnet de identidad que se le había caído del bolsillo a un soldado mientras la violaba, pero aun así su caso no llegó a los tribunales.

“No confiamos en obtener justicia”, dijo una mujer a Amnistía Internacional. “Tenía 30 años cuando sucedió; ahora tengo casi 50. Para cuando lo resuelvan, quizá esté muerta.”

Sin una perspectiva real de justicia para la mayoría, las reparaciones son aún más importantes. Tal como dijo una mujer a Amnistía Internacional: “La violación es una herida que te quema el alma día a día. Hace que te avergüences ante tu familia, ante tu comunidad. La llevas contigo toda tu vida”.

Otra sobreviviente dijo a Amnistía Internacional: “Durante 18 años, hemos vivido con heridas ocultas que no se pueden curar, pero una pensión nos ayudará a sobrevivir. Nos ayudará con la medicación y con la crianza de los hijos, y al menos nos ayudará a vivir la vida con un cierto respeto”.

Tras unas reformas jurídicas introducidas en 2014, ahora está en marcha un proceso para que las sobrevivientes pidan apoyo. Desde enero de 2018 tendrán derecho a recibir un pago mensual de 230 euros como indemnización por las secuelas físicas, psicológicas, económicas y sociales que la violencia sexual relacionada con el conflicto ha dejado en sus vidas.

“La indemnización que pronto se ofrecerá a las sobrevivientes de violencia sexual es importante tanto económica como simbólicamente pero, para muchas, será demasiado escasa y llegará demasiado tarde”, ha manifestado Gauri van Gulik.

“Los responsables de estos delitos deben comparecer ante la justicia, y las autoridades deben proporcionar a las sobrevivientes la atención médica y el apoyo psicosocial adecuados que tan desesperadamente necesitan para superar el trauma y rehacer sus vidas.”


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Rep. Centroafricana: otro caso de violación de una mujer por personal ONU

República Centroafricana: Nuevo caso de mujer drogada y violada por miembros de fuerzas de matenimiento de paz

Fotografía: La presunta violación tuvo lugar al final de las escaleras que aparecen en la imagen.

Las Naciones Unidas deben tomar medidas enérgicas en respuesta a nuevos datos creíbles que indican que miembros de sus fuerzas de mantenimiento de la paz drogaron y violaron a una mujer en la República Centroafricana, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, tras entrevistar a la víctima y a otras 10 personas con conocimiento directo del caso.

La investigación realizada por la organización sobre el terreno revela que al menos un miembro mauritano de la operación de mantenimiento de la paz violó, presuntamente, a una mujer de 19 años en la localidad de Bambari, en el centro del país, el 30 de septiembre de 2017 por la noche.

“Hemos encontrado datos convincentes que indican que al menos un miembro mauritano de la operación de mantenimiento de la paz y posiblemente más violaron a una joven”, ha afirmado Joanne Mariner, asesora general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis. “Las autoridades públicas de la localidad de Bambari han confirmado la violación, y la ONU la está investigando.

 

“Si se demuestran, estas graves denuncias de violación deben comportar la repatriación, suspensión y procesamiento de todo soldado que pueda ser penalmente responsable. LA ONU debe también garantizar que la víctima recibe apoyo e indemnización por daños y perjuicios. Los miembros de la operación de mantenimiento de la paz de la ONU están en la República Centroafricana para proteger a la población civil de la violencia, no para cometerla.

La joven, de 19 años, ha contado a Amnistía Internacional que la violación se produjo en un lugar adyacente a un puesto de control guarnecido por miembros mauritanos de la MINUSCA, la fuerza de estabilización de la ONU en la República Centroafricana. Dice que, como se encontraba mal, aceptó un té que le ofrecieron los soldados cuando regresaba a pie a casa de un funeral sobre las nueve la noche.

Añade que, poco después de tomar el té, se desmayó, y que se despertó en el suelo, casi desnuda, varias horas después.

En mitad de la noche, la encontraron un guardia y un trabajador médico de un centro de salud adyacente, a quienes les pareció que estaba bastante mal y sedada. La pusieron en una cama y la administraron líquidos por vía intravenosa.

Han dicho a Amnistía Internacional que esa noche un soldado mauritano del puesto de control fue dos veces al centro médico a preguntar dónde estaba la mujer.

Por la mañana, cuando se había recuperado lo suficiente como para hablar, la mujer dijo al trabajador médico que creía que la habían violado.

El personal médico de un hospital local hizo unas pruebas a la víctima, y ha dicho a Amnistía Internacional que encontró indicios de uso de drogas y de violencia sexual, incluido semen. Administró a la mujer anticonceptivos de emergencia y medicamentos contra el VIH.

Las autoridades de Bambari abrieron formalmente una investigación penal sobre el caso que, según el fiscal local, era la primera de este tipo abierta sobre soldados de la ONU.

Aunque ha habido denuncias continuas y bien documentadas de violación en Bambari en que estaban implicados soldados de la ONU, en particular de fuerzas de la República Democrática del Congo, en ningún otro caso se han abierto investigaciones criminales.

Estando Amnistía Internacional presente en Bambari a comienzos de octubre, la víctima y los testigos se presentaron a la policía para prestar declaración. El trabajador médico identificó también al soldado mauritano que había ido al centro de salud en plena noche en busca de la mujer de 19 años.

Trabajadores locales que habían estado en el lugar del incidente por la mañana temprano dijeron que habían visto preservativos y envoltorios de preservativos en el sitio exacto de la presunta violación. Esa misma mañana, la policía fotografió luego al menos un envoltorio de preservativo allí, así como restos de un material procedente, se cree, de las botas de los soldados mauritanos.

El fiscal local de Bambari ha presentado el caso al fiscal general del país para que se tomen medidas diplomáticas. Aunque las tropas de la ONU gozan de inmunidad procesal ante los tribunales nacionales, los países que aportan tropas tienen el deber de investigar y enjuiciar los delitos cometidos por sus soldados.

Según la información recibida, en una conferencia de prensa celebrada ayer en Bangui, las autoridades locales denunciaron el problema en general de los abusos sexuales cometidos por miembros de la operación de mantenimiento de la paz de la ONU.

“Este caso es una prueba de fuego decisiva para la operación de mantenimiento de la paz de la ONU”, ha afirmado Joanne Mariner

“Dadas su política declarada de tolerancia cero, esperamos que la ONU se tome este caso sumamente en serio y adopte medidas para garantizar que las autoridades mauritanas hacen lo mismo. Su respuesta a este caso se analizará atentamente.”

En una reunión que mantuvo con Amnistía Internacional la semana pasada, Parfait Onanga-Anyanga, jefe de la MINUSCA, insistió en que la ONU es estaba tomando las denuncias muy en serio y había enviado de inmediato un equipo de investigadores a Bambari. Prometió que la ONU adoptaría medidas decisivas si las denuncias resultaban fundadas.

La mujer de 19 años víctima de la violación ha dicho a Amnistía que quiere que la ONU investigue el delito y que los autores vayan a prisión. Afirma que sólo cuando ha estado dispuesta a hacer oficialmente una declaración ante la policía local se ha sentido preparada para contar todo lo sucedido a los investigadores de la ONU y mauritanos.

Información complementaria

Una persona encargada de hacer una investigación para Amnistía Internacional ha entrevistado a 11 personas con conocimiento directo del caso, incluidos la víctima, miembros de su familia, personal médico que la atendió, testigos que estuvieron en el lugar de la presunta violación esa mañana y autoridades de la policía y de la fiscalía local.

En varias ocasiones anteriores, Amnistía Internacional documentó denuncias de violación y violencia sexual cometidas por miembros de la MINUSCA y otras fuerzas de mantenimiento de la paz en la República Centroafricana, entre ellas la de la violación de una niña de 12 años en Bangui en agosto de 2015.