Loiola XXI

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Amnistía Internacional y las víctimas del franquismo.


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China: represión contra activistas de derechos humanos

China: Se intensifica la represión imponiendo penas de cárcel a activistas críticos

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29 de enero de 2016

Las víctimas más recientes por motivos políticos han sido tres activistas chinos de los derechos humanos crtícos con el gobierno, condenados a prisión hoy viernes por publicar libros sobre la democracia y el activismo, ha manifestado Amnistía Internacional.

Tang Jingling, de 44 años; Yuan Xinting, también de 44, y Wang Qingying, de 31, han sido declarados culpables por el Tribunal Popular Municipal Intermedio de Guangzhou de “incitar a la subversión del poder el Estado” y condenados a cinco años de cárcel, tres y medio y dos y medio, respectivamente.

“La sentencia dictada hoy contra estos tres activistas es una injusticia flagrante. Su trabajo pacífico y legítimo no ha atentado jamás contra la seguridad del Estado; lo que ocurre es que las autoridades silencian arbitrariamente a quienes critican al gobierno”, ha señalado Patrick Poon, investigador de Amnistía Internacional sobre China.

Según el acta de acusación, Tang Jingling, Yuan Xinting y Wang Qingying han “promovido ideas de desobediencia civil […] con el fin de derrocar el sistema socialista”. No se les acusaba de participar ellos mismos en actos de desobediencia civil.

La prueba principal mencionada por el fiscal, en vistas judiciales celebradas en junio y julio de 2015, era la publicación de una serie de libros sobre activismo cívico, democratización y desobediencia civil, entre ellos De la dictadura a la democracia, de Gene Sharp; Organizing: A Guide for Grassroots Leaders ,de Si Kahn, y Breaking the Real Axis of Evil, de Mark Palmer.

Las autoridades los acusaban también de haber participado en varias “actividades ilegales” desde 2006. Entre ellas figuraban la conmemoración de las víctimas de la represión de Tiananmen de 1989; los actos de recuerdo de Lin Zhao, ejecutado durante la Revolución Cultural, y la firma de la Carta 08, manifiesto por la democracia del que fue coautor el Nobel de la Paz Liu Xiaobo, que está en prisión.

“El acta de acusación en sí deja claro que los hombres no han hecho nada que haya excedido los límites del derecho a la libertad de expresión. Se deben anular sus condenas y la sentencia y dejar a los tres en libertad de inmediato y sin condiciones”, ha añadido Patrick Poon.

Información complementaria
Tang Jingling, Yuan Xinting y Wang Qingying son desde hace mucho tiempo destacados defensores de los derechos humanos en el sur de China, y en los círculos de activistas se han ganado el apodo de “Los tres caballeros de Guangzhou” por su determinación a la hora de defender sus ideas frente a la represión del Estado.

Su detención y enjuiciamiento se han visto empañados por numerosas irregularidades de procedimiento. El tribunal impidió reiteradamente a los abogados defensores llamar a testigos. El juicio inicial, de junio de 2015, se suspendió tras rechazar el juez las peticiones formuladas por la defensa para que se impidiera a miembros del Partido Comunista pronunciarse sobre la causa. También se prohibió a diplomáticos extranjeros asistir al juicio.

Los tres activistas fueron detenidos inicialmente en mayo de 2014 como sospechosos de “provocar peleas y crear problemas”, cuando se detuvo a decenas de activistas y personas críticas con el gobierno en vísperas del 25 aniversario de la represión de Tiananmen.

La policía primero negó y luego restringió arbitrariamente a los tres el acceso a sus abogados y las visitas de sus familiares, en contra de las normas internacionales y el derecho procesal penal chino.  A Tang Jingling no le permitieron reunirse con uno de sus abogados durante varias semanas después de ser puesto bajo custodia.

Algunos de los abogados de los tres activistas denunciaron también que éstos habían sido golpeados reiteradamente bajo custodia y durante el interrogatorio policial.

Los abogados tuvieron asimismo dificultades para acceder al sumario de la causa y, pese a tener derecho a ello, no pudieron hacer copias de la transcripción de los interrogatorios policiales, citados como prueba en el acta de acusación.

Este mismo mes, las autoridades han detenido formalmente a 15 personas por cargos relacionados con la seguridad del Estado, en el marco de la represión que se viene ejerciendo desde julio del año pasado contra los activistas y abogados de derechos humano


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Irán: son ya 40 las ejecuciones en este año

Irán (16-01-14)

40 personas han sido ahorcadas en dos semanas en medio de un gran aumento de las ejecuciones

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Las autoridades iraníes han ejecutado a 40 personas, la mayor parte por delitos de drogas, desde principios de enero © Orla 2011/Shutterstock.com

Irán ha llevado a cabo un total de 40 ejecuciones desde comienzos de 2014, al menos 33 de ellas sólo la semana pasada, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

“El elevado número de ejecuciones llevadas a cabo este mes en Irán es alarmante. Los intentos de las autoridades iraníes de cambiar su imagen internacional son inútiles si al mismo tiempo continúan aumentando las ejecuciones”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

La pena de muerte constituye una violación del derecho de todo ser humano a la vida y es cruel, inhumana y degradante.

“Las autoridades iraníes deben tomar con urgencia medidas para abolir la pena de muerte, pues se ha demostrado una y otra vez que no tiene ningún efecto disuasorio especial sobre la delincuencia”, ha añadido Hassiba Hadj Sahraoui.

Desde comienzos de 2014, Amnistía Internacional ha registrado 21 ejecuciones reconocidas oficialmente por las autoridades iraníes, así como 19 más comunicadas por fuentes fidedignas.

En la semana transcurrida desde el 9 de enero de 2014 se han llevado a cabo en Irán más ejecuciones reconocidas oficialmente que en todo el mes de enero de 2013.

El 14 de enero de 2014 tuvo lugar al menos una ejecución pública en Saveh, provincia de Markazi, en el norte de Irán; la víctima fue un hombre declarado culpable de asesinato.

En Irán, las ejecuciones públicas suelen llevarse a cabo por medio de una grúa, de la que se cuelga al condenado de una soga al cuello ante la muchedumbre de espectadores.

Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que declaren de inmediato la suspensión oficial de todas las ejecuciones y conmuten todas las condenas de muerte. También tienen que poner fin al secreto que envuelve el uso de la pena de muerte.

La mayoría de las personas ejecutadas en Irán habían sido condenadas por presuntos delitos de drogas. Según las normas internacionales, los delitos no letales, como los relacionados con drogas, no cumplen el criterio de los “más graves delitos” a que ha de estar limitada la pena de muerte. Además, la Ley Antinarcóticos de Irán no reconoce a los condenados por delitos de drogas el derecho a interponer un recurso significativo de apelación, lo que va en contra de las obligaciones internacionales contraídas por el país, en virtud de la cuales debe garantizar que toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a apelar contra la sentencia.

“En Irán, los delitos de drogas se ve en los tribunales revolucionarios, que incumplen de manera habitual las normas internacionales sobre juicios justos. Lo cierto es que en Irán se condena despiadadamente a muerte en juicios injustos, y es inaceptable que sea así”, ha señalado Hassiba Hadj Sahraoui.

Los juicios ante los tribunales revolucionarios suelen celebrarse a puerta cerrada y dejando al arbitrio de los jueces limitar el acceso de los abogados a los acusados durante las diligencias previas en algunos casos.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción.


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Afganistán: una buena noticia

 
Has vuelto a conseguir algo importante
Desde Amnistía Internacional recibo esta buena noticia que demuestra que, a veces, vale la pena actuar en favor de la defensa de los derechos humanos en todo el mundo.
Hola Ignacio,

Te va a alegrar saber que tu firma ha logrado algo muy grande.

Tan grande como evitar que penas tan crueles como la flagelación, la amputación de extremidades y la lapidación volvieran al Código Penal de Afganistán.

La presión dentro y fuera del país ha surtido efecto y el Ministerio de Justicia ha dado su brazo a torcer en su intención de retomar castigos de la era talibán.

Celebramos esta noticia con la satisfacción de saber que nadie volverá a sufrir esos castigos por ley, y con la intención de seguir trabajando duro para proteger las conquistas en derechos humanos en todo el mundo.

Ignacio, para todo ello contamos con el apoyo de personas como tú.

Por eso, y porque todavía queda mucho por hacer, hoy te pido que te unas a Amnistía Internacional por 4 euros al mes. Sólo con tu ayuda podremos seguir celebrando logros extraordinarios como este.

Por eso, ¡enhorabuena y gracias!

Esteban Beltrán
Director Amnistía Internacional – Sección Española

 


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España: protesta popular contra el gobierno por los recortes en derechos humanos

 Más de 1.400 voces y 65.000 firmas para exigir al Gobierno el fin de los recortes en derechos humanos

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La furgoneta de AI España recorriendo las calles de Madrid

Madrid.- Una furgoneta de Amnistía Internacional con un megáfono recorre hoy, (15-01-14) las calles de Madrid pasando frente a los Ministerios de Sanidad, Interior y Fomento, así como el Congreso de los Diputados, emitiendo los mensajes de voz de más de 1.400 personas que exigen a Mariano Rajoy y su Gobierno que deje de recortar en derechos humanos como la vivienda, la sanidad o la manifestación pacífica.

“En tiempos de crisis hay que proteger los derechos de los más vulnerables, no recortarlos”; “El derecho a la salud hace justicia”; “Manifestarse pacíficamente no debería ser peligroso” “Los derechos humanos ni se golpean ni se silencian”, etc, son algunos de losmensajes de voz recogidos en las calles de más de 30 ciudades de toda España como Barcelona, Vitoria-Gasteiz, Vigo, Granada o Zaragoza por los y las activistas de Amnistía Internacional en los últimos meses.  

A media mañana, la furgoneta se ha dirigido al Palacio de la Moncloa para entregar, junto a los mensajes de voz, 65.000 firmas recogidas también a través de su centro de activismo on line:www.actuaconamnistia.org con un mensaje claro dirigido a las autoridades: “Hasta que nos escuchen, nos van a oír”.

Esta acción forma parte de una campaña de Amnistía Internacional en la que también han participado algunas voces conocidas como Chenoa, Ariel Rot, Rubén Pozo, Luis Auserón, o la cantante de rap, Vanexxa.

No son recortes, son violaciones de derechos

Cientos de miles de personas hacen frente a ejecuciones hipotecarias en España; la reforma en el sistema de salud ha dejado sin tarjeta sanitaria a 873.000 personas inmigrantes en situación administrativa irregular; y muchas personas sufren el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía cuando se manifestan pacíficamente o son estigmatizadas si pertenecen a determinados movimientos sociales.

“No se trata de recortes sociales, sino de de violaciones de derechos humanos y eso es algo inadmisible e innegociable. Un gobierno no puede permitir que una persona se quede en la calle como consecuencia de un desalojo si no tiene medidas para proveerse de otra vivienda, que cientos de miles de personas vean en peligro su acceso a la atención sanitaria gratuita o que quienes estén en contra de las medidas que toma ese mismo Gobierno, no puedan manifestarse pacíficamente para protestar. Si lo permite, la crisis económica pasa a ser de derechos humanos”, asegura Eva Suárez-Llanos directora adjunta de Amnistía Internacional en España.

La organización recuerda así que el Estado debe cumplir obligaciones de derechos humanos contraídas internacionalmente a la hora de diseñar las medidas de respuesta a la actual crisis económica. Asimismo, considera que se debe reforzar la protección de las personas más vulnerables en lugar de recortar sus derechos.

En ese sentido, Amnistía Internacional exige que el Gobierno:

  • Modifique el Real Decreto-Ley 16/2012, para garantizar la atención sanitaria a todas las personas, con independencia de su situación administrativa.
  • Garantice que los desalojos se llevan a cabo como último recurso, establezca las necesarias salvaguardias de derechos humanos que deberán cumplirse en el marco de los mismos y prohíba los desalojos forzosos, es decir, aquellos que nos las respetan.
  • Haga cumplir a las fuerzas de seguridad del Estado las normas internacionales sobre la actuación de la policía, y garantice  investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, y asegure que los agentes de policía van identificados de manera visible.
  • No adopte limitaciones al derecho a la manifestación pacífica, ni realice declaraciones que estigmatizan a colectivos que reivindican legítimamente sus derechos.
  • No ponga en marcha cambios legislativos sin consultar con la sociedad civil, como los que sugiere el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que pueden suponer trabas adicionales al derecho de reunión pacífica.


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Rusia: Amn. Int. aplaude el indulto a Jodorkovsky

21-diciembre-2013

El ex empresario ruso Mijail Jodorkovsky ha sido puesto en libertad

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Mijail Jodorkovsky ha sido puesto en libertad tras pasar 10 años en la cárcel. © AI

El ex empresario ruso Mijail Jodorkovsky ha sido puesto en libertad tras pasar 10 años en la cárcel. Amnistía Internacional lo consideraba preso de conciencia y muestra su satisfacción por la noticia.

La liberación se ha producido apenas unas horas después de que el presidente Putin firmase un decreto en el que le concede el indulto “por razones humanitarias”.

Durante muchos años Jodorkovsky se negó a solicitar el indulto alegando que esto sería interpretado como un reconocimiento de su culpabilidad. Él siempre ha negado los cargos por los que fue juzgado y condenado (malversación de fondos y evasión fiscal).

Según el periódico ruso Kommersant, este cambio podría haberse debido a que en una conversación reciente entre Jodorkovsky y agentes de los servicios de seguridad, le  dijeron que la salud de su madre estaba deteriorándose y que se podría presentar un nuevo cargo contra él y contra su empresa Yukos.

La petición de indulto de Mijail Jodorkovsky podría significar que no tendría la posibilidad de apelar la legalidad de las decisiones judiciales contra él ni de conseguir ninguna compensación en Rusia.

El excompañero de Jodorkovsky, Platon Lebedev, sigue en prisión y está previsto que lo liberen en julio de 2014. También es preso de conciencia.

                  Una amnistía del Parlamento ruso

El Parlamento ruso aprobó hace dos días una amnistía que supondrá la puesta en libertad de un elevado número de personas encarceladas en Rusia, entre las cuales hay otros casos de Amnistía Internacional.

Aunque la amnistía sin duda beneficiará a muchas víctimas de injusticias, no eliminará los antecedentes penales de las personas condenadas indebidamente. Además, tampoco alcanzará a todas las personas a las que Amnistía Internacional considera presas de conciencia.

Amnistía Internacional pide que se anulen todas las condenas y cargos penales impuestos a los presos de conciencia que van a ser liberados a causa de la amnistía. Los demás presos de conciencia que permanecen entre rejas, incluido el exempresario Platon Lebedev, deben ser puestos en libertad inmediata e incondicionalmente.


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Sudan del Sur: origen y motivos de los combates armados

Sudán del Sur (20-12-13)

 Debe impedirse la propagación de la violencia

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Los civiles buscan protección en las oficinas de Naciones Unidas de Sudán del Sur © AFP/Getty Images

Las facciones combatientes en Sudán del Sur deben controlar de inmediato a sus tropas para impedir más ataques contra la población civil, ha dicho Amnistía Internacional en medio de la violencia que ha estallado en todo el país.

Cada vez hay más señales de que tropas y civiles armados de las dos mayores comunidades de Sudán del Sur, la dinka y la nuer, están llevando a cabo homicidios selectivos de civiles por su etnia.  

Además, según los informes, tres miembros de las tropas de mantenimiento de la paz de la ONU perdieron la vida el jueves cuando jóvenes armados de etnia nuer irrumpieron en una base donde se refugiaban civiles dinkas en Akobo (estado de Jonglei).
“Los ataques contra civiles que buscan protección ante los combates son un giro sorprendente de este conflicto que adquiere cada vez más características de círculo vicioso”, ha dicho Netsanet Belay, director para África de Amnistía Internacional.

“El hecho de que estos ataques hayan sido efectuados por jóvenes armados es un preocupante signo de que el conflicto está yendo más allá de los combates entre soldados y se está adentrando en el ámbito de la violencia generalizada entre comunidades.”

Los combates se iniciaron el domingo en la capital, Juba, pero se han extendido a otras partes del país, como Jonglei, el mayor estado de Sudán del Sur.

La capital de Jonglei, Bor, dejó de estar bajo control gubernamental el miércoles por la noche, tomada por desertores del ejército de etnia nuer bajo el mando del general Peter Gatdet Yak. Éste afirma haber abandonado el ejército debido a los ataques de soldados dinkas contra civiles de etnia nuer en Juba.

También ha habido informes de ataques de soldados de etnia nuer contra civiles de etnia dinka en Bor, de donde han huido miles de civiles.

Aproximadamente 14.000 civiles han buscado refugio en el recinto de la ONU situado en las afueras de la ciudad, mientras que otros han huido a bosques cercanos. Mientras, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) evacuó a 70 trabajadores humanitarios de Bor a Juba ayer, y hoy están previstas nuevas evacuaciones.

En Juba, 20.000 civiles, entre ellos muchas mujeres y niños, han huido de sus hogares para refugiarse en dos bases de la ONU .

Los hospitales locales informan de más de 500 muertos en los episodios de violencia. Un elevado número de ellos son civiles muertos por disparos con arma de fuego, en muchos casos a corta distancia.

También ha habido muertes por heridas que indican que se han producido ataques de artillería.

Testigos presenciales en Juba dijeron a Amnistía Internacional que los soldados disparaban indiscriminadamente contra la población civil, mientras los tanques destruían viviendas en zonas civiles.

“Del número de víctimas de las que se tiene noticia en Sudán del Sur se deduce claramente que todas las partes deben hacer más por proteger a los civiles”, ha dicho Netsanet Belay, que ha añadido: “Atacar con artillería zonas civiles densamente pobladas es inaceptable, y constituiría una violación del derecho internacional humanitario”.

Amnistía Internacional ha sabido que los hospitales y el depósito de cadáveres de Juba están llenos.

Un médico del hospital militar dijo a la emisora de radio local Radio Tamazuj que los cadáveres de soldados y civiles cuyos familiares no acudían a identificarlos se sacaban del hospital en camiones para llevarlos a un lugar desconocido

“La situación humanitaria es motivo de grave preocupación, y no hará más que empeorar si continúa la violencia. Para Sudán del Sur ya supone un gran esfuerzo hacer frente a las elevadas cifras de heridos y desplazados”, ha dicho Netsanet Belay.

El gobierno ha intentado restar importancia a las afirmaciones de que el motivo del conflicto es la lucha entre comunidades.

Sin embargo, según fuentes locales, los soldados están desertando del ejército en función de su procedencia tribal.

Amnistía Internacional ha recibido preocupantes informes según los cuales en determinados casos los soldados atacan a los civiles según su etnia, al parecer matando a algunos en sus propias casas.

La organización ha recibido numerosos informes sobre la muerte de personas de etnia nuer a manos de soldados tras identificarlas en controles por sus tatuajes faciales característicos o sus documentos de identificación.

Al mayor hospital de Juba han llegado los cadáveres de al menos dos civiles de la comunidad nuer a los que ataron y mataron después a tiros.

“El origen de los combates entre facciones del ejército es cada vez más la violencia entre comunidades, que arrastra a los civiles al conflicto”, ha dicho Netsanet Belay.

“Los dirigentes de ambos bandos deben dar instrucciones a sus fuerzas para que no ataquen a los civiles, independientemente de la comunidad a la que pertenezcan, y se ajusten firmemente a sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario. Además, deben condenar la violencia llevada a cabo por civiles armados y tratar de suavizar las tensiones entre comunidades. Debe haber un cese inmediato de los actos de violencia y las declaraciones que puedan fomentar la violencia entre comunidades.”

Información general
El origen de los combates, que comenzaron con intercambios de disparos entre distintas unidades del la Guardia Presidencial en Juba el 15 de diciembre, sigue sin estar claro.

El gobierno de Sudán del Sur afirma que la violencia estalló debido a un intento de golpe de soldados leales al ex vicepresidente Riek Machar, destituido en julio de 2013, cuando el presidente Kiir disolvió todo su gabinete.

El 17 de diciembre, el sitio web oficial del gobierno de Sudán del Sur anunció la detención de 10 ex altos cargos, acusándolos de estar detrás de un intento de golpe fallido, y afirmó que el gobierno tenía la intención de detener a otros cinco, entre ellos Riek Machar.

Machar niega que el intento de golpe estallara debido al intento de golpe, pero ha pedido al ejército que deponga al presidente Kiir, acusándolo de “incitar a la violencia tribal y étnica”.

El presidente Kiir pertenece a la comunidad dinka, dominante en Sudán del Sur, mientras que el ex vicepresidente Machar pertenece a la comunidad nuer.

Los enfrentamientos entre comunidades datan de mucho antes de la independencia de Sudán del Sur, en julio de 2011, y han sido la causa de cientos de víctimas y miles de desplazamientos de civiles.


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Rep. Centroafricana: crímenes de guerra y de lesa humanidad

Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Bangui

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Imagen tomada por la delegación de Amnistía Internacional en Bangui © Amnesty International

En la República Centroafricana se están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad , ha declarado Amnistía Internacional al término de una visita de dos semanas al país.

La organización pide el rápido despliegue de una sólida fuerza de paz la ONU con un mandato claro de proteger a la población civil y suficientes recursos para hacerlo efectivamente.

“Nuestra detallada investigación sobre el terreno en la República Centroafricana de las últimas dos semanas no deja ni un resquicio para la duda de que todas las partes del conflicto están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad”, afirmó Christian Mukosa, experto en África Central de Amnistía Internacional.

“Los crímenes cometidos incluyen ejecuciones extrajudiciales, mutilación de cadáveres, destrucción intencionada de edificios religiosos como mezquitas, y el desplazamiento forzoso de un enorme número de personas.”

La delegación de Amnistía Internacional, integrada por tres personas, ha documentado las violaciones y abusos cometidos desde que estalló la violencia el 5 de diciembre en la capital, Bangui, con un ataque de madrugada de la milicia antibalaka.

En algunos barrios, las fuerzas antibalaka fueron puerta por puerta y mataron aproximadamente a 60 hombres musulmanes. Tras el ataque, las fuerzas del gobierno de facto, conocidas como ex Seleka, se vengaron en una escala mayor contra los cristianos y mataron a casi 1.000 hombres en dos días y saquearon sistemáticamente viviendas de la población civil. También murió un pequeño número de mujeres y niños.

En los días siguientes al estallido de violencia inicial en Bangui, las violaciones de derechos humanos y los abusos continuaron a un ritmo vertiginoso.

Pese a la presencia de las fuerzas militares francesas y africanas enviadas para proteger a la población civil, se cometen asesinatos deliberados de civiles a diario, y desde el 8 de diciembre han muerto al menos 90 personas más. Algunas han sido víctimas de disparos; otras han muerto a manos de multitudes airadas que llevaban machetes; otras han sido lapidadas.

La ausencia total de justicia y de rendición de cuentas por estos crímenes ha propiciado una espiral de asesinatos por venganza y la intensificación del odio y la desconfianza entre comunidades. En total, han sido desplazadas 614.000 personas en todo el país, 189.000 solamente en Bangui, la cuarta parte de la población de la ciudad.

“La violencia continua, la destrucción masiva de propiedades y el desplazamiento forzoso de la población de Bangui están alimentando una ira, una hostilidad y una desconfianza enormes”, dijo Christian Mukosa.

“No puede haber perspectivas de acabar con el ciclo de violencia hasta que se desarme a las milicias y exista una protección adecuada y efectiva para los miles de civiles en situación de riesgo en el país. Es prioritario y urgente hacer que los barrios residenciales sean seguros para permitir que la gente regrese a sus casas y reanude su vida normal.”

Todo proceso de desarme debe ir a acompañado de medidas de protección física efectivas, sobre todo en focos de crisis como los barrios de PK5, Miskine y Combattant; Amnistía Internacional ha tenido noticia de ataques de venganza contra quienes han sido desarmados hasta la fecha.

Uno de los aspectos más preocupantes de la situación actual es la línea cada vez más difusa que separa a los grupos armados organizados de las multitudes de civiles. En muchos casos ha resultado difícil identificar a los responsables de los homicidios, pero es evidente que muchos residentes civiles defienden los actos violentos de venganza, y que algunos participan en ellos.

Tanto la comunidad cristiana como la musulmana tienen un profundo sentimiento de ira y agravio; muchas personas han enseñado a la delegación de Amnistía Internacional fotos y vídeos de matanzas que guardan en sus teléfonos móviles.

Amnistía Internacional cree que hacen falta urgentemente más tropas internacionales para garantizar la seguridad en Bangui y en otros lugares de la República Centroafricana.

La Unión Africana ha prometido el despliegue de 6.000 efectivos en una nueva fuerza de paz que tiene previsto asumir la autoridad en la República Centroafricana el 19 de diciembre. Este despliegue es urgente y necesario, pese a lo cual no se han detallado aún la composición y los planes de despliegue de las tropas.

Amnistía Internacional pide asimismo a la ONU que acelere sus planes de crear una comisión de investigación para investigar los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y las violaciones graves de derechos humanos.

“Es importante determinar la responsabilidad de los crímenes que han cometido todas las partes de este conflicto y garantizar que se acaba con la impunidad que impera desde hace décadas en este país”, añadió Christian Mukosa. La organización ha recibido información creíble sobre líderes de las milicias directamente implicados en los ataques que deben responder de sus actos ante la justicia.
“La comunidad internacional tiene un papel importante que desempeñar en la República Centroafricana, garantizando el despliegue rápido de fuerzas de paz y que éstas reciben los recursos que necesitan para prevenir un derramamiento de sangre mayor aún.”
Amnistía Internacional presentará un documento con sus conclusiones preliminares en una conferencia de prensa que se celebrará hoy en Londres. A principios de 2014 publicará un informe más detallado.

Human Rights Watch publicará otro informe dedicado a la escalada de la violencia religiosa y a las atrocidades cometidas en la provincia de Ouham, en el norte de la República Centroafricana.


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Impresionante informe de Amn. Int. sobre homicidios y malos tratos en Siria.

Siria (19-12-13)

 Terribles torturas y homicidios sumarios en centros de detención secretos del ISIS

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Vehículos en la entrada de la ciudad de Raqqa, Siria oriental, junto a una bandera de Al Qaeda 04 de octubre 2013. © REUTERS/Nour Fourat

Amnistía Internacional exige la libertad inmediata e incondicional de los periodistas secuestrados

La tortura, la flagelación y los homicidios sumarios abundan en las prisiones secretas que dirige el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS), grupo armado que controla grandes zonas del norte de Siria, afirma Amnistía Internacional en un documento que ha hecho público hoy. 

El ISIS, que dice aplicar de forma estricta la ley islámica (sharia) en las zonas que controla, viola implacablemente los derechos de los residentes locales. En el documento de 18 páginas, titulado Rule of fear: ISIS abuses in detention in northern Syria, Amnistía Internacional identifica siete centros de detención que el ISIS utiliza en la gobernación de Raqqa y en Alepo. 

“Entre las personas secuestradas y detenidas por el ISIS hay niños de tan sólo ocho años que están recluidos junto con adultos en las mismas condiciones crueles e inhumanas”, dice Philip Luther, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. 

Los ex detenidos describen un horripilante catálogo de abusos en el que ellos u otros fueron flagelados con correas de goma de generador o con cables, torturados con descargas eléctricas u obligados a adoptar la dolorosa postura en tensión conocida como aqrab (escorpión), con las muñecas sujetas a un hombro. 

Algunos de los detenidos por el ISIS son presuntos autores de robos u otros delitos; otros están acusados de supuestos “delitos” contra el islam, como fumar cigarrillos o zina (relaciones sexuales extramatrimoniales). Otros fueron capturados por oponerse al ISIS o por pertenecer a grupos armados rivales contrarios al gobierno sirio. Se cree que el ISIS también ha secuestrado y detenido a ciudadanos extranjeros, incluidos periodistas que informan de los combates en Siria. 

Según los testimonios obtenidos por Amnistía Internacional, entre los detenidos que fueron sometidos a flagelación severa había varios menores. En una ocasión, un padre angustiado tuvo que soportar los gritos de dolor de su hijo, al que los captores del ISIS torturaban en una habitación próxima. Dos detenidos dijeron que habían visto flagelar a un niño de unos 14 años con más de 90 latigazos durante el interrogatorio en Sadd al Baath, prisión del ISIS de la gobernación de Raqqa. Otro menor de unos 14 años a quien el ISIS acusó de robar una motocicleta fue flagelado repetidamente durante varios días. 

“La flagelación en sí, no digamos a menores, es cruel e inhumana, y un flagrante abuso contra los derechos humanos —dijo Philip Luther—. El ISIS debe dejar de usar la flagelación y otros castigos crueles.”

 Amnistía Internacional pide al ISIS que ponga fin al terrible trato que inflige a los detenidos y que los líderes del grupo ordenen a sus fuerzas que respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

  Varios ex detenidos dijeron a la organización que fueron capturados por hombres armados enmascarados que los llevaron a lugares desconocidos donde estuvieron recluidos periodos de hasta 55 días. Algunos nunca supieron donde habían estado, aunque Amnistía Internacional ha identificado prisiones del ISIS en siete lugares: Mabna al Mohafaza, Idarat al Markabat y Al Merab, en la ciudad de Raqqa; Sadd al Baath y el complejo petrolero de Al Akershi, en la gobernación de Raqqa; y Mashfa al Atfal y Maqar Ahmed Qaddour, en Alepo. 

La prisión de Sadd al Baath está junto a un pantano del río Éufrates, en Al Mansura, donde el juez del tribunal de la ley islámica local, que comparecía invariablemente llevando un cinturón de explosivos, ha instituido un reinado de terror para los detenidos. 

Los ex detenidos lo acusan de presidir “juicios” grotescamente injustos que sólo duran unos minutos mientras otros detenidos miran, y de imponer penas de muerte que posteriormente se ejecutaban. Bajo sus órdenes, los detenidos son flagelados sin piedad; se dice que en al menos una ocasión participó personalmente en la flagelación. 

En el complejo petrolero de Al Akershi, que aparentemente el ISIS utiliza también como campo de entrenamiento militar, los detenidos fueron sometidos al aqrab como medio de tortura, según los testimonios de dos hombres que estuvieron recluidos allí en los últimos meses. Uno permaneció 40 días en régimen de aislamiento, parte de los cuales estuvo encadenado en una celda diminuta llena de material eléctrico en el que había combustible en el suelo. 

“Después de ser durante años víctimas de la brutalidad del régimen de Al Assad, los habitantes de Raqqa y de Alepo sufren ahora bajo una nueva forma de tiranía impuesta por el ISIS, en la que la detención arbitraria, la tortura y las ejecuciones se han convertido en norma”, prosiguió Philip Luther. 

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional que adopte medidas concretas parabloquear la entrada de armas y otros suministros al ISIS y a otros grupos armados implicados en crímenes de guerra y en otros abusos graves contra los derechos humanos.

 “El gobierno turco, en concreto, debe impedir que el ISIS utilice su territorio para introducir armas y combatientes en Siria”, dijo Philip Luther.

 “Además, los Estados del Golfo que han manifestado su apoyo a los grupos armados que luchan contra el gobierno sirio deben actuar para impedir que lleguen al ISIS armas, equipos y otras ayudas dada su terrible actuación en materia de derechos humanos.” 

Amnistía Internacional reitera asimismo su llamamiento al gobierno sirio para que permita el acceso sin trabas a Siria de la Comisión de Investigación internacional y de organizaciones internacionales humanitarios y de derechos humanos, y para que ponga fin a sus violaciones de derechos humanos y del derecho internacional, incluido el uso de la tortura en sus propios centros de detención. 

                                 Información adicional

Según informa el portavoz de las familias, los periodistas españoles Javier Espinosa y Ricardo G. Vilanova se encuentran secuestrados en Siria desde septiembre pasado en manos de miembros del ISIS. Según fuentes de su propio periódico, Marc Marginedas se encuentra también secuestrado en Siria desde septiembre en manos de un grupo armado. Amnistía Internacional exige su libertad inmediata e incondicional así como la de otros periodistas, trabajadores de medios de comunicación, periodistas ciudadanos o civiles que se encuentren secuestrados o detenidos por miembros del ISIS y otros grupos armados tras el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión o de otros derechos humanos.

 En mayo pasado, la organización denunció en su informe “Matar al mensajero” que la libertad de expresión está gravemente amenazada en Siria. Casos como los de los periodistas españoles, evidencian que la situación no ha mejorado. Para Amnistía Internacional, los ataques deliberados contra civiles, incluidos periodistas, constituyen crímenes de guerra y sus perpetradores deben comparecer ante los tribunales. Decenas de periodistas y trabajadores de medios de comunicación han sido atacados o detenidos desde el inicio del levantamiento en 2011 para tratar de impedirles informar sobre la situación en Siria, incluidos los abusos contra los derechos humanos.


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Amnistía Int. en favor de un preso de conciencia en China

 

 
Ninguna voz puede ser silenciada

Yang Tongyan  ©ICPC
FIRMA POR LA LIBERTAD DE YANG

Hablar es gratis. Puedes decirle todo lo que quieras a quien quieras y donde quieras. Pero en China, hacerlo puede costarte diez años de prisión.

El escritor Yang Tongyan cumple una condena de12 años de prisión por sus escritos a favor de la democracia en su país.

Es un preso de conciencia y debería estar en libertad.

 
 
No es la primera vez que Yang Tongyan va a la cárcel por sus opiniones políticas. Anteriormente cumplió condena de diez años por criticar la represión y por intentar, presuntamente, formar un partido político.

Firma hoy la carta que enviaremos al Presidente de la República de China, para pedirle que ponga en libertad a Yang Tongyan de manera inmediata.

Ninguna voz debe ser silenciada. Haz que la voz de Yang Tongyan se escuchefirmando esta petición.  

Gracias por hablar libre.
Esteban Beltrán
Director Amnistía Internacional – Sección Española

PD. Por lo menos 101 países han reprimido el derecho a la libertad de expresión durante 2013. Hablar libremente cuesta censura, multas, amenazas, cárcel e incluso la muerte a miles de personas en todo el mundo. Colabora por la libertad de expresión.