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Comentario al discurso del Papa a la UE

El Papa: que Europa vuelva a descubrir la solidaridad, antídoto contra los populismos

El discurso a los líderes de la Unión en el 60 aniversario de los Tratados de Roma. No tengan miedo «de asumir decisiones eficaces, capaces de responder a los problemas reales de las personas»
AP
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Pubblicato il 24/03/2017
Ultima modifica il 24/03/2017 alle ore 18:47
ANDREA TORNIELLI
CIUDAD DEL VATICANO

«Europa vuelve a encontrar esperanza cada vez que pone al hombre en el centro y en el corazón de las instituciones». Esto implica «la escucha atenta y confiada de las instancias que provienen tanto de los individuos como de la sociedad y de los pueblos» que la componen. Lo dijo Francisco a los líderes de los 27 países de la Unión Europea, que fueron recibidos en el Vaticano este 24 de marzo de 2017 por la tarde, en ocasión de los sesenta años de los Tratados de Roma, que marcaron el nacimiento de la Comunidad Europea. Se trata de un discurso que continúa con el recorrido que comenzó con los discursos de Bergoglio en Estrasburgo (en noviembre de 2014) y en ocasión del Premio Carlo Magno (en mayo de 2016) y que llega un momento en el que crecen los movimientos populistas de la mano del miedo por los atentados yihadistas. Después de los discursos iniciales del Presidente del Consejo italiano, Paolo Gentiloni, y del Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, el Papa comenzó su discurso invitando a volver a descubrir y a dar vida a los ideales de los padres fundadores, recordó las raíces cristianas de Europa, habló sobre la solidaridad como «el más eficaz antídoto contra los modernos populismos» e invitó a los líderes europeos a «no tener miedo a tomar decisiones eficaces, para responder a los problemas reales de las personas y para resistir al paso del tiempo».

 

Europa no es un conjunto de reglas que hay que seguir

 

En la primera parte de su discurso, el Papa volvió a proponer los ideales europeos con las palabras de los padres fundadores, recordando que el aniversario «no puede ser sólo un viaje al pasado, sino más bien el deseo de redescubrir la memoria viva de ese evento para comprender su importancia en el presente» y poder afrontar los desafíos «del futuro». Los padres fundadores nos recuerdan, dijo Francisco, que Europa «no es un conjunto de normas que cumplir, o un manual de protocolos y procedimientos que seguir», sino «una vida, una manera de concebir al hombre a partir de su dignidad trascendente e inalienable y no sólo como un conjunto de derechos que hay que defender o de pretensiones que reclamar». El origen de la idea de Europa, decía Alcide De Gasperi, es «la figura y la responsabilidad de la persona humana con su fermento de fraternidad evangélica, […] con su deseo de verdad y de justicia que se ha aquilatado a través de una experiencia milenaria». El espíritu de solidaridad europea, continuó Francisco, «es especialmente necesario ahora, para hacer frente a las fuerzas centrífugas, así como a la tentación de reducir los ideales fundacionales de la Unión a las exigencias productivas, económicas y financieras».

 

Los muros que se levantan y la paz «por descontado»

 

El Papa también recordó todos los esfuerzos que hubo que hacer para derrumbar la barrera artificial que dividió a Europa en dos, cuyo simbolo era el Muro de Berlín. «¡Cuánto se ha luchado para derribar ese muro! Sin embargo, hoy se ha perdido la memoria de ese esfuerzo. Se ha perdido también la conciencia del drama de las familias separadas, de la pobreza y la miseria que provocó aquella división. Allí donde desde generaciones se aspiraba a ver caer los signos de una enemistad forzada, ahora se discute sobre cómo dejar fuera los “peligros” de nuestro tiempo: comenzando por la larga columna de mujeres, hombres y niños que huyen de la guerra y la pobreza, que sólo piden tener la posibilidad de un futuro para ellos y sus seres queridos». Después Francisco se refirió al gran éxito de la paz en Europa, «el tiempo de paz más largo de los últimos siglos». Un bien que «para muchos», de alguna manera, «se da por descontado, y así no es difícil que se acabe por considerarla superflua. Por el contrario, la paz es un bien valioso y esencial, ya que sin ella no es posible construir un futuro para nadie, y se termine por “vivir al día”».

 

La crisis es una oportunidad

 

Bergoglio explicó que el común denominador de los padres fundadores de Europa unida «era el espíritu de servicio, unido a la pasión política, y a la conciencia de que en el origen de la civilización europea se encuentra el cristianismo, sin el cual los valores occidentales de la dignidad, libertad y justicia resultan incomprensibles». Esos valores, continuó, «seguirán teniendo plena ciudadanía si saben mantener su nexo vital con la raíz que los engendró. En la fecundidad de tal nexo está la posibilidad de edificar sociedades auténticamente laicas», sin «contraposiciones ideológicas, en las que encuentran igualmente su lugar el oriundo, el autóctono, el creyente y el no creyente». La «crisis», concepto que domina nuestro tiempo (desde la crisis económica hasta la de la familia, pasando por la de las instituciones o la de los migrantes) es un término que «por sí mismo» no tiene «una connotación negativa», y no indica «solamente un mal momento que hay que superar»: la palabra en griego significa «investigar, valorar, juzgar. Por esto, nuestro tiempo es un tiempo de discernimiento, que nos invita a valorar lo esencial y a construir sobre ello; es, por lo tanto, un tiempo de desafíos y de oportunidades».

 

¿Cuáles son las esperanzas para la Europa del mañana?

 

Las respuestas a esta pregunta, según Francisco, se encuentran justamente en los pilares sobre los que fue edificada la Comunidad económica europea: «la centralidad del hombre, una solidaridad eficaz, la apertura al mundo, la búsqueda de la paz y el desarrollo, la apertura al futuro». Los que gobiernan deben «identificar los procesos concretos» para evitar que «los pasos significativos» que se dan se dispersen, sino que «aseguren un camino largo y fecundo». Para volver a encontrar la esperanza se requiere «la escucha atenta y confiada de las instancias que provienen tanto de los individuos como de la sociedad y de los pueblos que componen la Unión». Desgraciadamente, «a menudo se tiene la sensación de que se está produciendo una «separación afectiva» entre los ciudadanos y las Instituciones europeas, con frecuencia percibidas como lejanas y no atentas a las distintas sensibilidades que constituyen la Unión». Bergoglio recordó que «Europa es una familia de pueblos» y que la Unión Europea «nace como unidad de las diferencias y unidad en las diferencias».

 

Los populismos y el liderazgo político

 

Hoy la Unión Europea necesita «redescubrir el sentido de ser ante todo «comunidad» de personas y de pueblos». La solidaridad, explicó el Papa, es «el antídoto más eficaz contra los modernos populismos», e «implica la conciencia de formar parte de un solo cuerpo, y al mismo tiempo implica la capacidad que cada uno de los miembros tiene para “simpatizar” con el otro y con el todo. Si «uno sufre, todos sufren. Por eso, hoy también nosotros lloramos con el Reino Unido por las víctimas del atentado que ha golpeado en Londres hace dos días». Por el contrario, los populismos «florecen precisamente por el egoísmo, que nos encierra en un círculo estrecho y asfixiante». Se necesita, como consecuencia, «volver a pensar en modo europeo, para conjurar el peligro de una gris uniformidad o, lo que es lo mismo, el triunfo de los particularismos». Los líderes políticos, afirma Francisco, deben evitar «usar las emociones para ganar el consenso, para elaborar en cambio, con espíritu de solidaridad y subsidiaridad, políticas que hagan crecer a toda la Unión en un desarrollo armónico, de modo que el que corre más deprisa tienda la mano al que va más despacio, y el que tiene dificultad se esfuerce para alcanzar al que está a la cabeza».

 

Migrantes, un desafío cultural

 

Europa «vuelve a encontrar esperanza cuando no se encierra en el miedo de las falsas seguridades». Por lo demás, su historia «su historia está fuertemente marcada por el encuentro con otros pueblos y culturas, y su identidad es, y siempre ha sido, una identidad dinámica y multicultural». «No se puede limitar —observó el Pontífice— a gestionar la grave crisis migratoria de estos años como si fuera sólo un problema numérico, económico o de seguridad. La cuestión migratoria plantea una pregunta más profunda, que es sobre todo cultural». Francisco subrayó que el miedo advertido a menudo encuentra «su causa más profunda en la pérdida de ideales». Sin «una verdadera perspectiva de ideales, se acaba siendo dominado por el temor de que el otro nos cambie nuestras costumbres arraigadas, nos prive de las comodidades adquiridas, ponga de alguna manera en discusión un estilo de vida basado sólo con frecuencia en el bienestar material». Por el contrario, «la riqueza de Europa ha sido siempre su apertura espiritual y la capacidad de platearse cuestiones fundamentales sobre el sentido de la existencia». Europa, insistió Bergoglio, «tiene un patrimonio moral y espiritual único en el mundo, que merece ser propuesto una vez más con pasión y renovada vitalidad, y que es el mejor antídoto contra la falta de valores de nuestro tiempo, terreno fértil para toda forma de extremismo». Estos son los ideales «que han hecho a Europa, la “península de Asia” que de los Urales llega hasta el Atlántico».

 

Invertir en el desarrollo y en la familia

 

El Papa recordó que «no hay verdadera paz cuando hay personas marginadas y forzadas a vivir en la miseria», ni cuando «falta el trabajo o la expectativa de un salario digno», ni «en las periferias de nuestras ciudades, donde abunda la droga y la violencia».

 

Hay que ofrecerles a los jóvenes «perspectivas serias de educación, posibilidades reales de inserción en el mundo del trabajo». Europa vuelve a encontrar su esperanza «cuando invierte en la familia, que es la primera y fundamental célula de la sociedad. Cuando respeta la conciencia y los ideales de sus ciudadanos. Cuando garantiza la posibilidad de tener hijos, con la seguridad de poderlos mantener. Cuando defiende la vida con toda su sacralidad».

 

A sus 60 años, la Unión no está vieja

 

«A diferencia de un ser humano de sesenta años —concluyó Francisco—, la Unión Europea no tiene ante ella una inevitable vejez, sino la posibilidad de una nueva juventud. Su éxito dependerá de la voluntad de trabajar una vez más juntos y del deseo de apostar por el futuro. A vosotros, como líderes, os corresponde discernir el camino para un “nuevo humanismo europeo”, hecho de ideales y de concreción. Esto significa no tener miedo a tomar decisiones eficaces, para responder a los problemas reales de las personas y para resistir al paso del tiempo». Y es por ello que Francisco, retomando las palabras del Primer Ministro de Luxemburgo, Joseph Bech, concluyó diciendo: «Creo que Europa merece ser construida».


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Violaciones israelíes contra territorios palestinos ocupados.

Los abusos contra los territorios palestinos ocupados son recurrentes

Construcción de asentamientos en Cisjordania. Foto: Annie Slemrod/IRIN

20 de marzo, 2017 — Un relator especial de la ONU afirmó que las violaciones de derechos humanos contra los habitantes de los territorios palestinos ocupados no disminuyen.

El Consejo de Derechos Humanos ha otorgado el mandato al canadiense Michael Lynk de informar sobre los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967.

Lynk afirmó que los palestinos padecen violaciones recurrentes y persistentes de sus derechos humanos.

Al presentar su primer informe ante el Consejo de Derechos Humanos desde que asumió en mayo pasado su mandato, Lynk afirmó que Israel ha acelerado de manera alarmante sus planes de construcción de asentamientos.

En una comparecencia por videoconferencia, añadió que esa tendencia ha ido acompañada por un aumento de las demoliciones de viviendas palestinas.

“A finales de enero, el gobierno de Israel anunció la construcción de 6.000 nuevas viviendas. Y las demoliciones han aumentado en Cisjordania y Jerusalén Oriental”, dijo.

También advirtió sobre lo que describió como la “retórica extrema” de los líderes israelíes en medio de las violaciones de las garantías básicas de los palestinos, que incluyen el uso excesivo de la fuerza, el castigo colectivo, los desplazamientos forzados y las restricciones a la libertad de movimiento.

Lynk pidió a la comunidad internacional que considere el uso de instrumentos políticos, diplomáticos y jurídicos más intensivos para poner fin a la ocupación.

“Cincuenta años de ocupación es un periodo de tiempo intolerable”, dijo el relator.

Por su parte, al presentar varios informes del Secretario General sobre el tema, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, señaló que ofrecen una panorámicas de las políticas y prácticas vigentes que conducen a las persistentes violaciones de los derechos humanos de los palestinos.

Recordó que el bloqueo de Gaza cumplió 10 años en 2017 y que la desesperación y la frustración crecen en ese territorio palestino ocupado.


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Siria: todas las partes en conflicto violan los derechos humanos.

Todas las partes en Siria continúan violando los derechos de civiles, afirma ONU

Un niño sirio empuja una silla de ruedas en el este de Alepo. Foto: ACNUR/Bassam Diab

14 de marzo, 2017 — La Comisión de Investigación de la ONU sobre Siria acusó a todas las partes del conflicto en ese país de seguir perpetrando violaciones que resultan en víctimas civiles o impactan en la población.

Al presentar en Ginebra el informe más reciente de la Comisión ante el Consejo de Derechos Humanos, su presidente, Paulo Pinheiro, recordó que la contienda pronto entrará en su séptimo año.

El informe se basa en 326 entrevistas y documenta las violaciones de las garantías básicas y los crímenes de guerra cometidos en Siria desde el 21 de julio de 2016 al 28 de febrero de este año.

Un caso de brutalidad especial fue el de la batalla de Alepo, afirmó Pinheiro

“Los ataques aéreos diarios sobre Alepo oriental, destruyeron de manera continua infraestructuras esenciales de la vida civil: panaderías, estaciones de bombeo de agua, hospitales, escuelas y mezquitas. Ni los orfanatos salieron ilesos”, dijo el experto brasileño.

Añadió que cientos de civiles perecieron por esos ataques, y que el sufrimiento se incrementó por el obstáculo a la llegada de la asistencia humanitaria.

El representante sirio ante la ONU en Ginebra, Hussam Edin Aala, señaló por su parte que la Comisión investigadora es parcial, rechazó el contenido del informe en lo que respecta al Gobierno de Damasco y afirmó que en el documento había muchas contradicciones.

El diplomático negó que las autoridades sirias hayan violado el derecho internacional y criticó a la comisión por “ignorar” sus esfuerzos en la lucha antiterrorista, así como por mantener la soberanía y la integridad territorial del país.


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Siria convertida en una cámara de tortura.

Alto Comisionado para los Derechos Humanos alerta que Siria se ha convertido en una cámara de tortura

Zeid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Foto de archivo: ONU/Jean-Marc Ferré

14 de marzo, 2017 — La guerra en Siria ha convertido a todo el país en una cámara de tortura. Ese fue el principal mensaje del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, durante un discurso pronunciado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Zeid, recordó el caso de detención y tortura de niños que pintaron graffitis antigubernamentales en las paredes de una escuela en Daraa y expresó que estos mismos abusos continúan y se han extendido por toda Siria a seis años de iniciado el conflicto.

“Hoy de algún modo todo, el país se ha convertido en una cámara de torturas, un lugar de horror e injusticia absoluta“, dijo.

Cientos de miles de personas han muerto y millones han sido desplazadas por el conflicto sirio, al que Zeid calificó como el “peor desastre causado por el hombre que el mundo ha visto desde la Segunda Guerra Mundial”.

El Alto Comisionado declaró que los constantes vetos del Consejo de Seguridad de la ONU retrasan la esperanza de poner fin a la “carnicería“ y resaltó el horror del secuestro y la venta de niñas y mujeres yazidi como esclavas sexuales por parte de los terroristas de ISIS, así como la situación de desesperación de los habitantes de Alepo, que sufrieron bombarderos aéreos el año pasado cuando el gobierno recuperó la ciudad.

Asegurar que haya rendición de cuentas por este tipo de crímenes sigue siendo clave, agregó Zeid, y afirmó que su Oficina está trabajando para establecer un mecanismo internacional que juzgue a los responsables, de acuerdo con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada en diciembre pasado.


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Todos los derechos humanos son necesarios.

¿ES POSIBLE LA DIGNIDAD SIN TODOS LOS DERECHOS?

Xavier Alonso. Es una pregunta peligrosa, porque puede justificar que se limiten los derechos. No, no es  posible. La máxima dignidad consiste en tener todos los derechos. Si hablamos de inmigración, su integración está condicionada por el principio de gradualidad. En España y en todos los países los derechos son adquiridos por los extranjeros gradualmente, paso a paso, con el paso del tiempo. Al llegar al país, aunque no tengas “papeles”[1], dispones ya de ciertos derechos: servicios sociales básicos, reunión, asociación, sindicación, huelga, educación obligatoria, asistencia sanitaria pública (en algunas comunidades autónomas), tutela judicial, asistencia jurídica gratuita. Y hay un derecho-obligación que es fundamental, un derecho-bisagra fundamental: el derecho  a empadronarse. Toda persona, tenga o no papeles, debe empadronarse. Empadronarse sirve para hacer contar el tiempo, 3 años, hasta que puedas obtener la autorización de residencia por arraigo social[2], que da paso al segundo nivel de derechos, los de los extranjeros “con papeles”: reagrupación familiar, ayudas públicas de vivienda, educación postobligatoria, trabajo y seguridad social, sufragio activo y pasivo en las elecciones locales bajo ciertas circunstancias.La culminación de todo este sistema es adquirir la nacionalidad[3]: ya no eres extranjero, eres español. Al obtener la nacionalidad, se consigue el último derecho, a votar en el resto de las elecciones, autonómicas y nacionales. Ahí está la dignidad. Dignidad = todos los derechos. Dignidad = cuando dejas de ser extranjero y eres español.

Ciudadanía, nacionalidad y derechos

Por ello, en la Constitución hay que tender a fijarse en si habla de “español”, “extranjero”, “extranjero residente”, “todas las persona”, etc., para saber hasta dónde alcanza el derecho respectivo. La palabra ciudadano suele tener allí un valor programático. La palabra ciudadano evoca la máxima dignidad, pero, si la dignidad equivale a todos los derechos, eso solo es de los españoles. La ciudadanía europea no existe si no es en referencia a la condición de nacional de algunos de los 28 estados miembros. Es ciudadano de la Unión Europea toda persona que ostente la nacionalidad de uno de los 28 estados miembros[4]. Por lo demás, algunas políticas de inmigración en España, por ejemplo, la catalana, anunciaron el principio de ciudadanía residente[5], como queriendo expresar: se es ciudadano con todos los derechos de un modo alternativo al de alcanzar la nacionalidad. Pero esta es una declaración de principios, un desiderátum, algo no alegable ante un tribunal: “Oiga, yo ya tengo todos los derechos que se pueden tener en España, porque resido aquí”. No, no es posible. Los principios no son derechos pero sí que obligan a las Administraciones: es la famosa cláusula de “estado social” de España y de algunas comunidades autónomas[6] también: son poderes públicos que están obligados a “remover los obstáculos” que impidan o dificulten que la plenitud de la libertad y la igualdad sean reales y efectivas. Las Administraciones, pues, deben arremangarse, hacer, moverse, deben empujar el proceso para que la gente tenga el máximo de derechos cuanto antes…

Dignidad y derechos

Volvamos a la pregunta peligrosa: ¿Es posible la dignidad sin todos los derechos mientras que el extranjero no llega obtener nuestra nacionalidad? ¿Hay algo entre medio? ¿Hay vida, más allá del pasaporte español? Un apunte previo: el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Parece entonces que una cosa es la dignidad, y otra los derechos. ¿Qué hay entre  el primer día en que llegas a España, y el día en que obtienes el pasaporte? Sí, hay un camino horizontal, un conjunto de años dentro de los cuales la persona reconstruye su capital social[7], con la ayuda de varios acompañantes de ese camino: la ayuda de sí mismo, de su familia y amigos, de sus co-nacionales, de sus vecinos españoles, de las ONG, de las Administraciones, de… Todo el tiempo hasta la adquisición de la nacionalidad no es un tiempo vacío, al contrario, es un tiempo de oportunidades. Un tiempo en que se adquiere conciencia de ser lo que se es: primero, una persona vulnerable, y todavía expulsable, necesitada de ayuda; después, una persona con derechos básicos (llevar a los hijos al cole, ir al ambulatorio, alquilar un piso); y finalmente, una persona con reivindicaciones políticas y que exige igualdad de trato y participación plena[8].

Luchar para que se cumplan las normas

 ¿Y cómo incidir en que el extranjero salve, de la mejor manera posible, el camino entre tener algunos de nuestros derechos y tenerlos todos? En primer lugar, luchando porque mejoren -o no empeoren- los requisitos para tener un determinado derecho. Por ejemplo, antes los extranjeros irregulares tenían derecho a la asistencia sanitaria pública gratuita, pero una ley[9] acabó, sin ningún debate parlamentario, con un derecho que había costado 15 años de luchas sociales y políticas conseguir[10]. Ahora hay que tener papeles[11] para acceder a la sanidad  pública. A veces la lucha no es porque una norma cambie, sino porque se cumpla: ¿cuánto tiempo tarda el Estado en citar a una persona que solicita la nacionalidad? Y una vez citada, ¿cuánto tiempo tarda en reconocerle la nacionalidad? ¡Años! Juzgados, registros, prestan un servicio público, y ese servicio está colapsado, es demasiado lento, frustrándose así las expectativas de docenas de miles de personas en cada momento. En segundo lugar, que las personas estén informadas. Cuanta más información tengan, mejor planificarán el progreso de su situación legal en España. Y por último, tengamos en cuenta que el camino es horizontal pero no es llano. Está lleno de dificultades: colas, pequeñas o grandes batallas legales, discriminaciones sutiles, alguna humillación… Los que acompañan a los extranjeros lo saben: abogados, voluntarios, trabajadoras sociales… Pero, ojo, que en el camino aparecerán algunos cómplices inesperados: la ayuda existe, y está a veces en donde menos la esperas, incluso en la policía, en los jueces, en… Un trato amable, una resolución favorable… Preguntemos a alguien que tenga por fin toda su situación arreglada, después de años de dar vueltas. Somos el fruto de nuestros propios esfuerzos, y de los esfuerzos de muchos que nos han echado una mano. Finalmente, no creamos que conseguir el pasaporte español es porque se quiera tener la identidadespañola, se quiera ser culturalmente español. Quizás se quiera o no, pero la nacionalidad de un nuevo país europeo se quiere sobre todo por seguridad jurídica, para no ser clandestino, para poder ir a tu país cuando quiera con seguridad, para mejorar

Para el inmigrante, la dignidad consiste en tener todos los derechos, que en nuestro país consiste en adquirir la nacionalidad española. Los derechos se adquieren gradualmente, durante una serie de años en los que también hay una posibilidad de dignidad. Se puede acompañar a los extranjeros en su camino, lleno de dificultades pero también de oportunidades. Incidir en que ese recorrido se haga con dignidad conlleva informar bien, de entrada, al inmigrante, luchar para que los requisitos de los derechos mejoren o no se endurezcan, para que los requisitos, simplemente, se cumplan –sin demoras no justificadas- y que los años hasta llegar a la nacionalidad estén jalonados de oportunidades de formación, creación de redes sociales propias y pequeñas victorias jurídicas intermedias, como el arraigo, la autorización de residencia de larga duración o la reagrupación de las familias. La finalidad de obtener la nacionalidad española es que el extranjero –que deja de serlo- sea realmente igual a nosotros…

***

[1] Aunque a España se puede llegar legalmente o “con papeles”, y miles de personas lo hacen cada año: por trabajo, estudios, reagrupación familiar, etc.

[2] En 2015, 35.060 personas “sin papeles” en todo el Estado estaban regularizadas por arraigo.

[3] “Adquisición de la nacionalidad por residencia”, según el Código Civil.

[4] Artículo 20.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

[5] V. el Pla de Ciutadania i Immigració 2005-08. Barcelona: Generalitat de Catalunya.

[6] Art. 9.2 de la Constitución, art. 11.3 del Estatuto de Autonomía de Aragón, art. 10.1 del de Andalucía, art. 4 del de Castilla-La Mancha, art. 7.1 del de Extremadura,  art. 4.2 del de  Cataluña, etc.

[7] Concepto fundamental de Pierre Bourdieu: recursos por lo regular intangibles basados en pertenencia a grupos, relaciones, redes de influencia y colaboración. [Wikipedia, consulta de 28 de febrero de 2017]

[8] El conocido como ciclo migratorio, v. Felice Dassetto.

[9] Real Decreto Ley 16/2012.

[10] Los que van de la Ley orgánica 7/1985 y la Ley orgánica 4/2000.

[11] Salvo en algunas Comunidades Autónomas.


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País Vasco: informe de Amn. Int. sobre derechos humanos.

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País Vasco: oportunidad para una agenda de derechos humanos

Encuentro de la delegación de Amnistía Internacional con el Lehendakari, Iñigo Urkullu ayer 28 de febrero. Foto cedida por la Lehendakaritza.

Nueva Investigación que pide verdad, justicia y reparación para todas las víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos

1 de marzo de 2017

Madrid/Bilbao.- Una delegación de Amnistía Internacional ha visitado el País Vasco para pedir a las autoridades y partidos políticos que impulsen una agenda común de derechos humanos, que pueda ser compartida y asumida por todas las autoridades, tanto centrales como vascas.

“Después de casi seis años del cese definitivo de la actividad armada de ETA, es hora de que las distintas fuerzas políticas y autoridades aborden una agenda común de derechos humanos. Ahora más que en ninguna otra legislatura los partidos están obligados a dialogar. Las víctimas de ETA, las de los GAL y otros grupos armados, así como las de tortura deben estar en el centro de ese diálogo y el gobierno central debe participar activamente”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

“Tanto el Lehendakari como los  representantes de los grupos políticos con representación en el Parlamento Vasco nos han transmitido que tiene que haber una agenda común. El reto ahora es pasar de las palabras a los hechos y buscar puntos de encuentro que luego se trasladen a las autoridades centrales. Las víctimas de violaciones y abusos contra los derechos humanos merecen este esfuerzo”.

“Después de tantos años de sufrimiento, España puede avanzar en el  reconocimiento de los derechos de todas las víctimas o continuar sin hacerlo. Además, en un contexto internacional difícil tras el endurecimiento de leyes y medidas antiterroristas llevadas a cabo por diferentes gobiernos, sobre todo en Europa, España debe revisar esta legislación para que no provoque una restricción desproporcionada de derechos”, recuerda Fotis Filippou, director adjunto sobre Europa de Amnesty International y miembro de la delegación que ha visitado el País Vasco.

 

Nuevo Informe de Amnistía Internacional
La organización ha presentado a las autoridades vascas el informe “Afrontar el pasado para construir el futuro” en el que reconoce que en el País Vasco se han llevado a cabo iniciativas positivas de verdad y reparación en las que deben implicarse las autoridades centrales. Hasta ahora, estas últimas han ignorado a algunas de las víctimas e incluso han obstaculizado algunas de las iniciativas adoptadas en el País Vasco.
Las víctimas de ETA
Amnistía Internacional llama la atención en su informe sobre la falta de información detallada y desglosada a nivel estatal de todos los abusos cometidos por ETA. Hay muchas víctimas de ETA que aún no han sido identificadas, sobre todo aquellas que han sufrido extorsión, amenazas o coacciones.

Con la información disponible, tampoco hay claridad sobre el hecho de si todas las víctimas de atentados mortales cometidos por ETA han tenido acceso equitativo y efectivo a su derecho a la justicia.

“Los Estados tienen la obligación de proporcionar esa información para que las víctimas y sus familias accedan a una adecuada reparación, así como para luchar contra la impunidad”, afirma Beltrán. “Mientras que según un Informe del Gobierno Vasco el 98% de las víctimas reconocidas de ETA habrían tenido acceso a algún tipo de reparación, no estaríamos ante la misma situación en relación a la verdad o la justicia para muchas otras. Por ejemplo, según la Fiscalía de la Audiencia Nacional, habría doce casos por atentados de ETA en los que los familiares desconocen el estado procesal en el que se encuentran los expedientes.” Tampoco hay, por parte del Estado, una cifra oficial sobre el número total de casos que están sin esclarecer.
Las víctimas de otros grupos armados
La impunidad sigue siendo generalizada en relación a los crímenes cometidos por otros grupos armados, como los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) y el Batallón Vasco Español (BVE), que llevaron a cabo, en conexión con funcionarios del Estado, atentados en la década de los setenta y ochenta.

Un informe del gobierno vasco señala que el 37% de estos casos de los GAL estaría aún sin esclarecer.

Por otra parte, no hay datos de la investigación judicial sobre 24 asesinatos atribuidos al BVE o grupos satélites en los primeros años de la democracia en España.

La negación sistemática de la tortura
Amnistía Internacional denuncia una vez más cómo en el caso de las víctimas de tortura y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en el marco de la lucha anti-terrorista, los derechos de verdad, justicia y reparación no se reconocen. “Por parte del gobierno central queda todo por hacer: el Estado ni siquiera ha reconocido públicamente la práctica de la tortura”, asegura Virginia Álvarez, investigadora de Amnistía Internacional en España.

La organización señala que solo por parte del gobierno vasco se han impulsado iniciativas para obtener datos sobre las violaciones de derechos humanos que se han cometido en el marco de la lucha antiterrorista. Un ejemplo es el estudio del Instituto Vasco de Criminología (IVAC-KREI), cuyas conclusiones preliminares en junio pasado identificaban a 4.009 personas que alegaron haber sufrido torturas o malos tratos entre 1960 y 2013.

“Amnistía Internacional lleva décadas manifestando su preocupación por la falta de investigaciones prontas y exhaustivas y por la impunidad que rodea a la tortura en España. Este es un crimen de derecho internacional y su práctica no está justificada en ningún caso, ni siquiera en situaciones excepcionales que pongan en peligro la seguridad pública”, concluye Álvarez.

Así lo ha señalado también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que desde 2010 ha condenado a España hasta en siete ocasiones por no haber emprendido investigaciones efectivas y en profundidad sobre las denuncias de tortura a manos de las fuerzas de seguridad durante el régimen de incomunicación.
Legislación antiterrorista y política penitenciaria
En relación a la legislación antiterrorista excepcional, que se mantiene ya durante 40 años, Amnistía Internacional reclama cambios sustanciales para lograr su adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos.

Por ejemplo, la definición del delito de terrorismo es tan vaga e imprecisa que puede llevar a la violación de algunos derechos como el de libertad de expresión. También debe eliminarse el régimen de incomunicación a detenidos acusados de terrorismo, porque puede facilitar la tortura tal y como ha recomendado el Comité de Derechos Humanos o los Relatores para la cuestión de la Tortura y para la protección de los derechos en la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas.

Por otra parte, La política de dispersión de presos va en contra de los estándares internacionales. Según estos estándares, los presos y presas tienen derecho a cumplir su condena en una prisión cercana a su residencia habitual siempre y cuando soliciten el traslado de forma individual y sea posible.  Actualmente, habría alrededor de 380 personas en centros penitenciarios de España a más de 400 km de su entorno afectivo y familiar, de las cuales 189 estarían incluso a más de 800 km.
Agenda de Derechos Humanos para el País Vasco
La Agenda de Derechos humanos para el País Vasco que Amnistía Internacional ha compartido con todos los partidos políticos con representación en el Parlamento vasco, así como con el Ararteko y el Lehendakari consta de seis puntos fundamentales. Amnistía Internacional transmitirá esta Agenda a las autoridades centrales en Madrid las próximas semanas.

  1. Garantizar por completo el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidas las víctimas de los GAL y del BVE. Deben investigarse judicialmente los atentados cometidos por ETA que aún estén sin esclarecer.
  2. Asegurar el acceso a verdad, justicia y reparación para las víctimas de tortura y otros malos tratos, y pedir a las autoridades vascas y centrales un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista.
  3. Garantizar que todos los abusos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad se investigan adecuadamente. Para ello, debe realizarse una auditoría externa de los mecanismos de investigación internos y establecer mecanismos independientes de investigación para graves violaciones de derechos humanos.
  4. Continuar avanzando en las iniciativas que ya están en marcha en el País Vasco sobre la sistematización de toda la información disponible de los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos durante estos años. Y que el Gobierno central también recoja datos oficiales detallados y desglosados de las violaciones y abusos cometidos.
  5. Revisar la legislación antiterrorista (Código Penal y Ley de Enjuiciamiento Criminal) para adecuarla a los estándares internacionales de derechos humanos; y poner fin al régimen de incomunicación para las personas detenidas.
  6. Garantizar, a través de una revisión de la actual política penitenciaria por parte del Gobierno central, que los presos y presas puedan cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible e individualmente lo soliciten según marcan los principios de Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, así como la reiterada jurisprudencia al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.


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Arabia Saudí: está mejorando el reconocimiento de los derechos humanos?

Saudi Arabia, from the past into the future

  • An aerial view of the Grand Mosque is seen on the second day of Eid al-Adha, during the annual haj pilgrimage in the holy city of Mecca, Saudi Arabia, in 2015. (CNS photo/Ahmad Masood, Reuters)
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To Westerners, Saudi Arabia is a strange mix of archaic traditions and futuristic ambitions. Its leadership wants to adapt to modern technology and economics but at the same time preserve much of its religious and cultural heritage. Those who have visited the kingdom over the past few decades have reported remarkable changes.Saudi Arabia is ruled by a royal family, and the state religion is Wahhabism, a strict version of Sunni Islam. No churches or synagogues are allowed in the kingdom, nor is any missionary activity permitted. A Saudi who converts from Islam to another religion commits a crime. Atheism and denigrating Islam are listed as crimes under their counter-terrorism statute. Religious books or materials cannot be brought into the country.

For these and other reasons, U.S. Commission on International Religious Freedom and the U.S State Department have for years listed Saudi Arabia as a “country of particular concern” or CPC, a designation attached to the worst offenders against religious freedom.

Freedom of religion is especially a concern for the 10 to 12 million foreign workers who reside in the country. Western professionals living in foreign compounds are rarely harassed, but laborers from Asia and Africa have experienced difficulties.

While Saudi law forbids public worship by non-Muslims, it does allow private worship. A family praying together in their home is safe, but what happens when they invite neighbors and friends to join them? How many can gather in a home on a Sunday evening for a service? There is no written rule telling people what is permitted, which causes anxiety among worshipers. Saudi authorities seem to be evolving to a “don’t ask, don’t tell” approach to small gatherings, but enforcement can also vary depending on the whim of local officials.

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The uncertainty makes Christians nervous when they gather because they risk the possibility of arrest and expulsion from the kingdom. They are cautious even when they attend services in embassies and consulates where a couple of hundred might attend. When Saudis ask why they are gathering, they say to talk about sports and entertainment. Saudi officials know what is going on; they just don’t want it publicly acknowledged.

Catholics have established their own guidelines for services, keeping gatherings around 30 people. If a community grows to 50 congregants, they split the community. No Saudis are permitted at services. Although they have experienced raids in the past, they have been left alone for the past couple of years. On the other hand, a Protestant group got into trouble last year when it drew attention to itself with its loud music. A neighbor complained.

What has significantly improved the situation of Christians in Saudi Arabia is the reining in of the mutaween or religious police, whom even Saudis found intrusive. In the past, these officials and their vigilante allies had the authority to invade homes and arrest people for violating religious practices and customs. They were famous for chasing women, Saudi and foreign, who were not properly dressed. They also hunted down Christian gatherings.

Because of complaints from educated Saudis, the king stripped the religious police of the power to arrest or enter people’s homes without permission. They must now wear photo IDs, which disempowered vigilantes, and must get regular police to make arrests.  While this reform was primarily in response to demands from Saudi citizens, it has also eased the burden on foreign workers who were harassed by the religious police.

Also delighted by the reigning in of the religious police are educated Saudi women who would be stopped if they were unaccompanied by a male relative or not properly dressed. Women still wear long dresses and  some sort of veil in public, and they still cannot drive a car. But everyone says that the situation for women in Saudi Arabia is getting better.

Some women even argue that there is no discrimination against women in Saudi Arabia. They say that they feel safer from sexual harassment on the streets of Riyadh than on the streets of New York. They also note that 55 percent of college graduates in Saudi Arabia are now women.

Younger women also say that things have improved but would like to see more progress. They especially point to the guardianship law, which does not allow a woman to make many decisions without the approval of her guardian.  A guardian can keep a woman from traveling, getting an education, or getting married. Women who live in cities and whose parents are educated tend to suffer less from the guardianship system, but in rural areas, the system can be oppressive.

Education, especially education abroad, is liberating Saudi women, and the state is responding slowly. Just last year, for the first time the Department of Justice certified women lawyers. One such lawyer created an app, “Know your rights,” to inform women of their rights under Saudi law.

Other women take to Twitter with their problems. For example, when a car dealership would not sell a woman a car without her guardian’s signature, other women on Twitter guided her through the law so that at the next dealership she had no trouble. Later, she did need her guardian when registering her new car at the DMV.

Sometimes the rules are incongruous. For example, Saudi Arabia has had women doctors for years and they are allowed to have male patients. But the same woman doctor might need her guardian’s permission to have an operation.

While the Western media gives a lot of attention to women not being able to drive in Saudi Arabia, Saudi women looking for change are focused on reforming the guardianship system especially where it comes to their education, travel and healthcare.

Defenders of the guardianship system emphasize the duties of the male guardian. For example, every woman (single, married, divorced or widowed) has a guardian who is responsible for her financial wellbeing. She can sue him if he does not provide for her. They also claim she can sue if her guardian abuses his power and will not allow her to marry a good man or get an education. But successful suits require good lawyers and the luck of the draw with judges who have great discretion in interpreting the law.

Saudi Arabia is looking to the future when its growing population will not be supportable by its dwindling oil reserves. The government provides free healthcare and education, including paying for education abroad. It subsidizes many services and is expected to provide jobs for men. All of this is expensive.

Educational reform is key to preparing the Saudi population for a different work environment with greater stress on private sector employment. The latest in educational technology and methods are being adapted to Saudi culture in the hopes of creating a technologically savvy and entrepreneurial workforce.

Women will play a key role in that workforce. They are already outperforming men academically, and both foreign and Saudi companies prefer to hire Saudi women rather than Saudi men. Women work hard to prove themselves, while many Saudi men have a sense of entitlement after decades of benefiting from the riches that came from oil.

There is no question that the Saudi government is making reforms because it wants to improve its image in the international community. It is also doing it because it knows that it must change to survive economically in the future. But as a religious people, they must find theological explanations for their reforms.

The Catholic church explained the changes of Vatican II using the French “ressourcement” school of theological thought, which looked to early church thought and practices. Cultural accretions could be dropped without compromising the faith because it was seen as a return to a purer past.

Muslims are following a similar approach. For example, they look into their early history to discover that women and non-Muslims were treated much better in the time of Mohammad than today. Women did not wear veils. Mohammad’s wife was a businesswoman. Christians and Jews were allowed freedom of worship.

Scholarly debate over texts also prepares the way for reform. For example, most Saudi scholars argue that the Koran teaches jihad only as a defensive war, never offensive. And the Koran, they argue, teaches obedience to the authorities of the country in which a Muslim resides. These and other theological opinions ground their condemnation of the so-called Islamic State (ISIL), terrorism and Iran.

As in the Catholic church, there is great resistance to change in Islam. Although the king is close to being an absolute monarch, he has to balance competing views within his own family, the religious establishment, and Saudi society. Change comes slowly after much debate and discussion in the Saudi media.

For example, right now there is a robust debate about establishing an entertainment industry in Saudi Arabia. Elderly Saudis remember a time when there were movie theaters in the kingdom, but the religious establishment was successful in banning cinema and concerts. Conservative religious leaders worry about mixing genders at public events. Even today, only men are allowed into soccer stadiums.

As a result of these restrictions, Saudis spend a lot of money on entertainment abroad in places like Dubai. The Saudi government would rather this money be spent in country where it would create new businesses with new jobs. Only recently, the first public concert was held in Saudi Arabia.

Other reforms are in response to the fear of radicalism and terrorism. The government has become more careful in funding foreign Muslim organizations. Textbooks are being reformed by removing incendiary and prejudicial language.  Radical religious leaders are not funded for trips outside the country. The government is even monitoring more carefully what is said by preachers in Saudi mosques. Progress is slow and not always complete, but it is occurring.

But while the government has been slowly cleaning up its act, there are still rich Saudi citizens who use their private fortunes to fund radical individuals and groups. Satellite preachers still spew hatred and division across Africa and Asia.

Saudi Arabia is a work in progress. Its citizens are hopeful for their future. They are still friendly toward America, which unlike Europe did not try to colonize them. They like Trump’s negative attitude toward Iran, but they are as confused and uncertain about his stances as everyone else. The United States needs to support and encourage the reforms taking place in Saudi Arabia, but anti-Muslim rhetoric and actions would be harmful to both the Saudis and ourselves.

[Jesuit Fr. Thomas Reese is a senior analyst for NCR and author of Inside the Vatican: The Politics and Organization of the Catholic Church. Although he is chair of the U.S. Commission on International Religious Freedom, his views in this column do not necessarily reflect the views of the commission. His email address is treesesj@ncronline.org.]

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