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Chile: las fuerzas de seguridad y sus graves violaciones de derechos humanos.

Los Carabineros y militares en Chile cometieron graves violaciones de derechos humanos

Diana Leal
Protestas en Santiago, Chile.

13 Diciembre 2019

Un equipo de la Oficina de Michelle Bachelet documentó 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres, niños y niñas adolescentes, perpetrados por miembros de los Carabineros y militares. También describe el uso desproporcionado de las armas menos letales, que le causaron heridas oculares a unas 350 personas.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos humanos concluyó que “existen razones fundadas para creer” que desde el 18 de octubre se han cometido un elevado número de violaciones de derechos humanos de manos de Carabineros y militares en Chile entre las que se encuentran el uso excesivo e innecesario de la fuerza que ocasionó muertes ilícitas y heridas, tortura y malos tratos, violencia sexual, y detenciones arbitrarias.

“El control de asambleas por los Carabineros ha sido realizado de manera fundamentalmente represiva”, dice el informe, añadiendo que “algunas violaciones de derechos humanos, en particular, el uso inadecuado de armas menos letales y casos de malos tratos, son recurrentes en el tiempo y el espacio”.

Los Carabineros de Chile y las Fuerzas armadas incumplieron las normas y estándares internacionales sobre el control de asamblea y uso de la fuerza durante las recientes protestas masivas y estado de emergencia, afirma la investigación.

El informe, elaborado por un equipo en el terreno que investigó las denuncias en Chile las primeras semanas de noviembre, detalla extensas alegaciones, con ejemplos específicos de tortura, malos tratos, violación y otras formas de violencia sexual de manos de Carabineros contra personas detenidas, muchas de las cuales estaban bajo custodia de manera arbitraria.

Según información oficial, más de 28.000 personas fueron detenidas entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre, aunque la mayoría de ellas han sido puestas en libertad.

El informe realizado a partir de 235 entrevistas a víctimas y a sus familiares, y de 60 entrevistas a oficiales de los Carabineros de Chile, incluidos algunos que fueron heridos durante las protestas, señala que a partir de la información recogida que los “Carabineros han incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre personas que se manifestaban pacíficamente y manifestantes violentos”.

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Diana Leal
Protestas en las calles de Santiago, Chile.

Violencia sexual y muertes ilícitas

El equipo de Michelle Bachelet documentó 113 casos específicos de tortura y malos tratos, y 24 casos de violencia sexual contra mujeres, hombres y niños y niñas adolescentes. El informe señala que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado querellas relacionadas con cientos de este tipo de casos.

Asimismo, asegura que el Ministerio Público indicó que existen investigaciones en curso relacionadas con 26 muertes ocurridas en el contexto de las protestas. La Oficina de Derechos Humanos logró verificar información sobre 11 de las 26 muertes. De esas 11, el informe afirma que cuatro casos constituyeron “privación arbitraria de la vida y otras muertes ilícitas que involucran a agentes del Estado”.

Añade que en dos de estos casos, se señala que parece haberse utilizado fuerza letal, en forma de armas de fuego, en ausencia de todo riesgo para la vida de civiles o militares y contra personas que no estaban participando en actos de violencia. “Esto contraviene la normativa y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza y puede, dependiendo de las circunstancias, constituir una ejecución extrajudicial”, asegura el documento.

Diana Leal
Protestas en Santiago, Chile

Uso desproporcionado de las armas menos letales

La investigación asegura que a pesar de que el Ministerio de Justicia reportó 4903 personas heridas hasta el 10 de diciembre, entre ellas 2792 oficiales de Carabineros, otras fuentes sugieren la existencia de un  número mayor.

“Hubo un uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, durante manifestaciones pacíficas o fuera del contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Esto ha resultado en un alto número de personas heridas, incluidos transeúntes y personas que no estaban cometiendo actos violentos, sino que protestaban pacíficamente”.

Además, asegura que el número alarmantemente alto de personas con heridas oculares o faciales, unas 350, demuestra que “hay razones fundadas para creer que se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, en contravención de los principios internacionales para minimizar el riesgo de heridas.”

Añade que, si bien las heridas oculares resultaron principalmente de perdigones, algunos casos también fueron resultado del “uso de irritantes químicos, en particular gases lacrimógenos y, en algunos casos, del impacto de los cartuchos de gas lacrimógeno.”

El informe además señala que las autoridades tenían información sobre el alcance de estas lesiones desde el 22 de octubre, pero no se tomaron medidas eficaces, expeditas y oportunas para poner fin al uso de armas menos letales, especialmente de las escopetas antidisturbios con perdigones. “La pronta acción de autoridades responsables podría haber evitado que otras personas sufrieran heridas graves”.

También destaca varios fallos recientes de las de Cortes de Apelaciones en todo el país que han restringido el uso de escopetas antidisturbios en manifestaciones pacíficas, y que también han limitado o prohibido el uso de gases lacrimógenos en ciertos lugares como por ejemplo hospitales.

Diana Leal
Manifestantes en las calles de Santiago de Chile

Las instituciones estatales han tomado medidas

El informe del equipo de Bachelet reconoce que diferentes instituciones estatales han tomado medidas para asegurar las investigaciones de supuestas violaciones de derechos humanos; asegurar el acceso a abogado para las personas detenidas; el acceso a servicios para las víctimas; y proporcionar información integral, regular y accesible al público.

También se han dictado fallos judiciales para proteger a las personas que ejercían su derecho a la asamblea pacífica.” El Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, en particular, “han cumplido de manera pronta y eficaz con su mandato de proteger los derechos humanos.”

Además, indica que las manifestaciones que en Chile han tenido múltiples causas, incluida la desigualdad económica y social.

“La mayoría de las personas que ha ejercido su derecho a la asamblea durante este periodo lo ha hecho de manera pacífica. Sin embargo, ha habido numerosos ataques contra fuerzas de seguridad y sus instalaciones. También hubo saqueos y destrucción de propiedad tanto durante como fuera de las manifestaciones”.

Recomendaciones para mirar hacia adelante

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos recomienda a Chile el cese inmediato del uso indiscriminado de las escopetas antidisturbios, y llama a limitar el uso de gases lacrimógenos a situaciones en que sea estrictamente necesario, pero nunca de establecimientos educativos y de salud.

“Los oficiales de policía deberían recibir instrucciones claras sobre el uso adecuado de gases lacrimógenos, incluido asegurando que los cartuchos de gas siempre se disparen en un ángulo pronunciado, y nunca horizontalmente, de conformidad con los estándares internacionales”.

También recomienda una serie de medidas específicas para rectificar las prácticas policiales y hace un llamado al Gobierno a “asegurar que las fuerzas de seguridad garanticen la rendición de cuentas con relación a las violaciones de derechos humanos y reconozcan estas violaciones.”

“Reconociendo y aprendiendo de lo sucedido, miremos de manera constructiva hacia adelante”, afirmó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Bachelet recomienda el establecimiento un mecanismo de seguimiento, que involucre a la Oficina Regional de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur, con sede en Santiago, así como la participación activa de la sociedad civil, para evaluar dentro de tres meses la implementación de las recomendaciones realizadas en el informe, así como las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos.

“Este mecanismo de seguimiento debería tener como propósito establecer medidas para prevenir que se repitan esos hechos tristes y preocupantes en los que Chile se ha visto sumergido en los últimos dos meses – especialmente, mientras las protestas continúan a lo largo del país, si bien con menor intensidad, y continuamos recibiendo alegaciones de violaciones de derechos humanos. El resultado del trabajo de este mecanismo debería hacerse público”.

Para la realización del informe, el equipo de Bachelet recibió el amplio apoyo del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Defensoría de la Niñez, así miembros de la sociedad civil. A los expertos, el Gobierno les otorgó acceso libre a hospitales a centros de salud, así como a lugares de detención, incluidas comisarías de policía y cárceles.

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Para responder a las protestas mundiales, hay que hacer frente a la desigualdad

Las manifestaciones que se están produciendo en las calles de todo el mundo indican que, pese a los avances sin precedentes en la lucha contra la pobreza, el hambre y las enfermedades, muchas sociedades no están funcionando como debieran. El hilo conductor, demuestran las Naciones Unidas, es la desigualdad.

Expertos de la ONU reprueban el uso de la fuerza excesiva en las protestas de Chile

Seis expertos independientes afirman que la violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas. También recuerdan al Gobierno que está obligado tanto a respetar los derechos humanos de sus conciudadanos como a proteger a las personas contra actos violentos cometidos por particulares. Por su parte, la ONU en Chile pide a las autoridades que no se usen balines ni perdigones en la represión de las protestas.


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Cambio climático y violación derechos humanos.

El cambio climático es la mayor amenaza a los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial

© UNICEF/Moreno Gonza
Benson Etienne y su familia escaparon de su casa en las islas abaco en Las Bahamas antes de que el huracán Dorian azotara al país.

9 Diciembre 2019

A los 71 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet asegura que la lucha en pro de la justicia climática no debe ser motivo de un enfrentamiento político, ni una cuestión de derechas e izquierdas, sino un asunto de derechos y agravios.

En el Día de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, la Alta Comisionada de la ONU resaltó el papel de los jóvenes en la lucha para defender estas garantías, en especial ante la crisis climática.

“Hemos contraído una deuda de gratitud con millones de niños, adolescentes y adultos jóvenes que han venido defendiendo esos valores y protestando de manera cada vez más sonora por la crisis que afronta nuestro planeta”, expresa Michelle Bachelet en un comunicado oficial.

La Alta Comisionada añade que los jóvenes proclaman que es su futuro lo que está en juego, así como el de quienes aún no han nacido.

“Son ellos los que tendrán que sufrir las consecuencias de los actos o la inacción de sus mayores que en la actualidad dirigen los Gobiernos y las empresas, encargados de adoptar las decisiones de las que depende el futuro de los países, las regiones y el planeta en su conjunto”, dijo.

En su opinión, la tarea de abordar la emergencia climática y demás crisis de derechos humanos que afronta el mundo no se le puede dejar solo a los jóvenes, por lo que se debe actuar en conjunto, de manera solidaria y urgente.

“Entre los múltiples retos a los que se han enfrentado los derechos humanos desde la Segunda Guerra Mundial, quizás sea la emergencia climática mundial la que representa una amenaza de mayor magnitud. Desde su repercusión sobre el derecho a la vida, la salud, la alimentación, el agua y la vivienda, hasta nuestros derechos a vivir sin discriminación, al desarrollo y la autodeterminación, sus efectos se sienten ya en todos los ámbitos”, dijo Bachelet.

Noticias ONU/Daniel Johnson
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante su encuentro con los medios de comunicación en Ginebra. (4 de septiembre de 2019)

El legado de la Declaración Universal de Derechos Humanos

La máxima encargada de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos aseguró que un mundo donde estos principios universales estuvieran menoscabados sería un mundo en regresión hacia un pasado más oscuro, a una época en que los poderosos podían abusar de los indefensos, con poca o ninguna limitación moral o jurídica.

“Es nuestro deber velar por que se escuchen las opiniones de los jóvenes. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, fue un firme compromiso de los Estados de proteger los derechos de todos, lo que comprende la posibilidad de que las generaciones venideras puedan defender su dignidad, su igualdad y sus derechos”, dijo.

Agregó que todos los seres humanos tienen derecho a participar en la toma de decisiones que tengan repercusión en sus vidas, y que para garantizar una adopción de decisiones más eficaz y fomentar la confianza y la armonía entre las naciones, los dirigentes de cada sociedad deberían escuchar las opiniones de sus pueblos y proceder en función de sus necesidades y exigencias.

“Nada resume de manera más clara y sucinta estos fines –que son el leitmotiv del sistema internacional de derechos humanos- que el artículo primero de la Declaración Universal, que audaz e inequívocamente estipula que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

ONU
Un grupo de mujeres japonesas observa la Declaración Universal de Derechos Humanos durante una visita a la sede provisional de las Naciones Unidas en Lake Success en febrero de 1950.

La emergencia climática no es de derechas ni izquierdas

Bachelet recordó que ninguna nación ni ninguna comunidad quedará al margen de la emergencia climática, a medida que su intensidad se recrudece, y aseguró que ya países y comunidades han padecido daños terribles.

“La gente pierde el hogar, los medios de subsistencia y hasta la vida misma. Las desigualdades se agravan y cada vez son más las personas que quedan desplazadas. Es preciso que actuemos con rapidez y con principios, y velar por que limiten lo más posible los perjuicios que esta situación causa a los seres humanos y al medio ambiente”, declaró.

La Alta Comisionada también aseguró que los estragos del cambio climático no se detendrán en las fronteras, y que las reacciones fundadas en el “nacionalismo hostil” o en consideraciones económicas a corto plazo, no solo fracasarán, sino que además destruir el planeta.

“La lucha en pro de la justicia climática y los derechos humanos no es un enfrentamiento político. No es cuestión de derechas e izquierdas, es un asunto de derechos y agravios”, afirmó.

ONU Cambio Climático

@CMNUCC

“Muchos están enojados por el fracaso de los líderes, gobiernos, empresas e instituciones a la hora de actuar”. @mbachelet, responsable de @ONU_derechos, recuerda en la que también significa defender los .

Video insertado

116 personas están hablando de esto

Un llamado que debe ser escuchado

Michelle Bachelet también enfatizó que millones de personas protestan y exigen medidas contra el cambio climático, pero el llamado no se limita a este tema, sino que aborda las desigualdades y las instituciones opresivas.

“Me siento inspirada por el valor, la claridad y los principios de todas esas personas, algunas muy jóvenes, que defienden sus derechos pacíficamente, con miras a subsanar los agravios de nuestra época y crear un mundo más libre y más justo. Esas personas encarnan el concepto mismo de derechos humanos. Los responsables políticos del mundo entero deben escuchar esos llamamientos. Y, en respuesta, deberían elaborar medidas políticas más eficaces, más basadas en los principios universales”, dijo.

Para Bachelet, todos tienen derecho a vivir libres de todo tipo de discriminación. “Tenemos derecho a la educación, la atención médica, las oportunidades económicas y a un nivel de vida decente. Tenemos –todos nosotros- derecho a participar en la toma de las decisiones que afectan a nuestras vidas. Esto atañe a nuestro futuro, nuestros medios de subsistencia, nuestras libertades, nuestra seguridad y nuestro medio ambiente. Y no solo a nuestro futuro, sino también al porvenir de nuestros hijos, nietos y bisnietos”, dijo.

Para Bachelet, es necesario movilizarse a escala internacional, de manera pacífica, pero firme, para promover un mundo de derechos, dignidad y posibilidades para todos.

“Los responsables políticos de 1948 comprendieron claramente ese ideario. ¿Lo entienden ahora? Exhorto a los dirigentes del mundo a que demuestren una auténtica capacidad de liderazgo y una visión a largo plazo, y a que dejen a un lado los estrechos intereses políticos nacionales, en aras del porvenir de todos, incluidos ellos mismos y sus descendientes”, concluyó.

ONU//Laura Jarriel
Jóvenes se alinean junto a una instalación con los símbolos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Un llamado de los jóvenes

Por su parte el Secretario General de la ONU también recalcó el papel de los jóvenes que se están manifestando mundialmente, no solo por el derecho a un medio ambiente saludable, sino también por la igualdad de derechos de las mujeres y las niñas; para participar en la toma de decisiones; y para expresar sus opiniones libremente.

“Todas y cada una de las personas tienen derecho a todos los derechos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. No importa dónde vivan. No importa su raza, etnia, religión, origen social, género, orientación sexual, opinión política o de cualquier otra índole, discapacidad o nivel de ingresos, ni cualquier otra condición”, recordó António Guterres.

El Secretario General se hizo eco de las palabras de Michelle Bachelet y exhortó a todos en el mundo a apoyar y proteger a los jóvenes que defienden los derechos humanos.

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de diciembre, coincidiendo con la fecha en que la Asamblea General adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1948. Se trata de un documento histórico que proclamó los derechos inalienables inherentes a todos los seres humanos, sin importar su raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, propiedades, lugar de nacimiento, ni ninguna otra condición. Es el documento más traducido del mundo y está disponible en más de 500 idiomas.


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Violencia en Irán. Preocupación en la ONU.

Bachelet alarmada por la violación de los derechos humanos durante las protestas en Irán

Unspalsh/Mohamad Babayan
Un hombre mira a las estrellas en Deyr Gachin Caravansary, una zona de Irán alejada de las ciudades donde se llevan a cabo las protestas cuya violenta represión preocupa a la ONU.

6 Diciembre 2019

Las manifestaciones que se han registrado recientemente en Irán habrían dejado más de 200 muertos y unos 7000 detenidos, según las informaciones recibidas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, quien pidió a las autoridades del país que investiguen todas las denuncias de violaciones de las garantías fundamentales.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó este viernes que durante los cinco días de protestas ocurridas recientemente en Irán habrían muerto al menos 208 muertos, entre ellos 13 mujeres y 12 niños, además de que 7000 personas fueron detenidas, de acuerdo con los reportes recibidos por su Oficina.

Las fuentes gubernamentales indican que entre 120.000 y 200.000 manifestantes acudieron a las movilizaciones masivas iniciadas el 15 de noviembre pasado.

En un comunicado, Michelle Bachelet expresó alarma por la falta de transparencia sobre las víctimas y la suerte de los detenidos, así como por las denuncias de que los arrestos continúan en todo el país.

“La Alta Comisionada está extremadamente preocupada por las condiciones en que están detenidos, por el trato físico, por las violaciones al derecho al debido proceso y la posibilidad de que a un número importante de ellos se les imputen delitos que conlleven la pena de muerte”, dijo Rupert Colville, portavoz de Bachelet, en una conferencia de prensa en Ginebra.

Colville también señaló que la Oficina ha recibido informaciones que no ha podido verificar que apuntan a más del doble de muertos en las manifestaciones.

Bachelet afirmó que, dada la magnitud de las denuncias de víctimas “es esencial que las autoridades actúen con mucha mayor transparencia”.

“Deben iniciar con celeridad investigaciones independientes e imparciales de todas las violaciones perpetradas, entre ellas el asesinato de los manifestantes y las presuntas muertes y malos tratos de quienes se encuentran en custodia. Los responsables deben ser procesados. Parece haber violaciones múltiples de la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de la que Irán es parte y está obligado a cumplir”, puntualizó.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad iraníes respondieron con cañones de agua, gas lacrimógeno, macanas y, en algunos casos, con municiones reales a los manifestantes, que estaban desarmados y no suponían ninguna amenaza inminente. De acuerdo con las informaciones, los integrantes de la milicia Basij y de la Guardia Revolucionaria Islámica participaron en los disparos a quienes protestaban.

Bachelet explicó que algunos videos, cuya autenticidad se ha verificado, muestran violencia grave contra los manifestantes y que se observa a miembros de las fuerzas de seguridad disparando desde el techo de un edificio del departamento de Justicia de una ciudad, así como desde helicópteros en otra.

“También hemos recibido videos en los que se observa a las fuerzas de seguridad disparando a los manifestantes por detrás, mientras éstos tratan de huir, y a otros se les tira directamente a la cara y órganos vitales, es decir, se les dispara a matar”, precisó.

Agregó que esto constituye una violación flagrante de las normas internacionales del uso de la fuerza, además de que contraviene los derechos humanos.

La Alta Comisionada se refirió como uno de los peores incidentes al sucedido el 18 de noviembre, cuando las fuerzas de seguridad habrían utilizado ametralladoras en la plaza Jarahi, de Mahshahr, matando al menos a 23 personas.

Tratos crueles e intimidación

Con respecto a los detenidos, entre los malos tratos reportados se cuentan las confesiones forzadas, la falta de acceso a un abogado, el hacinamiento en los centros de detención -muchos de ellos improvisados en barracas, estadios o escuelas-, la comisión de lesiones y la negación de servicios médicos.

Bachelet manifestó, asimismo, preocupación por la intimidación a los periodistas que intentan informar de la situación tanto dentro como fuera del país. Detalló, por ejemplo, que los familiares de los corresponsales en el extranjero habrían sido citados y amenazados por funcionarios de inteligencia.

“El panorama en Irán es muy preocupante. Urjo a las autoridades a liberar inmediatamente a todos los manifestantes detenidos arbitrariamente y a garantizar el debido proceso a durante las etapas de indagación. Y si hubiera más protestas, urjo al Gobierno a respetar el derecho de los iraníes a ejercer su libertad de expresión y asamblea pacífica. También insto a investigar las violaciones cometidas y a restringir el uso de la fuerza como lo marcan los estándares internacionales”, concluyó la Alta Comisionada.

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Sobre las protestas sociales, Guterres afirma que los Gobiernos deben respetar las libertades fundamentales

El Secretario General se pronunció sobre la ola de movilizaciones que recorre los distintos continentes, urgiendo a los Gobiernos a respetar los derechos de los manifestantes a expresarse pacíficamente. “No puede haber excusas para la violencia”, dijo. Asimismo, llamó a los líderes a escuchar los problemas de la gente y a abordar la creciente desigualdad que motiva muchas de las protestas.

Artículo 20: libertad de reunión y asociación

(De la serie 30 artículos sobre los 30 artículos)

Desde las ocupaciones estudiantiles de las universidades de París en 1968 hasta la primavera árabe de 2011, las manifestaciones masivas han sido la forma en que las personas han exigido un cambio social. El artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con el artículo 19 sobre la libertad de expresión, garantizan en conjunto el derecho a reunirse de manera pública o privada para expresar, promover, perseguir y defender intereses comunes.


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Egipto: desastroso historial de derechos humanos según AMN.INT.

ONU: Los Estados deben denunciar el desastroso historial de Egipto en materia de derechos humanos

© KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images

La comunidad internacional debe exigir la liberación inmediata de manifestantes pacíficos, activistas y personas que defienden los derechos humanos en Egipto tras una draconiana campaña de represión en la que más de 3.800 personas fueron detenidas, muchas de manera aleatoria, en los últimos meses; así lo ha afirmado Amnistía Internacional con antelación a la próxima sesión de examen ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tendrá lugar el13 de noviembre.

Además, la organización pide a los Estados que aprovechen la sesión del Examen Periódico Universal de Egipto para reclamar que las autoridades abran una investigación sobre el uso incontrolado de la tortura y otros malos tratos por las fuerzas de seguridad, y sobre las atroces condiciones de reclusión, y asimismo que pongan fin al uso represivo y arbitrario de la prohibición de viajar y al acoso judicial para castigar a activistas de derechos humanos.

“El examen de Egipto en materia de derechos humanos que llevará a cabo el Consejo de Derechos Humanos de la ONU esta semana es una oportunidad de oro para que la comunidad internacional obligue a las autoridades egipcias a rendir cuentas por su atroz historial en materia de derechos humanos”, ha dicho Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.

El examen se llevará a cabo dos meses después de que las autoridades egipcias emprendieran la mayor campaña de detenciones masivas desde la llegada al poder del presidente Abdel Fatah al Sisi.

Ahora más que nunca, es fundamental denunciar ante el mundo la degradación de los derechos humanos en Egipto y exigir la liberación de manifestantes pacíficos que han sido detenidos arbitrariamente”, ha afirmado Najia Bounaim.

El examen, además, tendrá lugar sólo unos días antes de una sesión judicial clave, el 17 de noviembre, donde se recurrirán las prohibiciones arbitrarias de viajar impuestas a personal de ONG, incluidos muchos dirigentes de organizaciones de derechos humanos independientes de Egipto.

Entre estas personas se encuentra Mozn Hassan, activista por los derechos de las mujeres y fundadora de la organización Nazra para Estudios Feministas, Aida Seif el Dawla, fundadora del reputado Centro Al Nadeem para la Rehabilitación de las Víctimas de Violencia, así como los destacados activistas de derechos humanos Gamal Eid, Hossam Bahgat y Mohamed Zaree.

Se ha impuesto la prohibición de viajar al menos a 31 miembros del personal de ONG y las autoridades han congelado los bienes de 10 personas y 7 ONG como parte de una investigación criminal en curso sobre la financiación extranjera de ONG y su legítima labor de derechos humanos.

“Es fundamental que los Estados aprovechen esta oportunidad para condenar enérgicamente la cruel represión practicada por las autoridades contra personal de ONG y la sociedad civil en los últimos años. Deben exigir a Egipto que levante las prohibiciones arbitrarias de viajar y la congelación de bienes y cierre la investigación de una vez por todas”, ha manifestado Najia Bounaim.

En junio de 2019, Amnistía Internacional publicó un fulminante informe sobre los derechos humanos en Egipto desde la llegada al poder del presidente Abdel Fatah al Sisi. El informe, que se presentó al Consejo de Derechos Humanos, ponía de relieve las graves restricciones de la libertad de expresión y de reunión, el uso generalizado de la detención arbitraria, la tortura y otros malos tratos, la desaparición forzada y los juicios sin garantías, y las terribles condiciones de reclusión, entre otros motivos de preocupación.

Desde su publicación, la situación de los derechos humanos en Egipto se ha deteriorado aun más con la última campaña de detenciones colectivas en septiembre y octubre así como una escalada del uso de tácticas brutales, tortura incluida, contra defensores y defensoras de los derechos humanos. El 29 de septiembre, al destacado activista Alaa Abdel Fattah le vendaron los ojos y le insultaron, golpearon y dieron patadas repetidamente tras su detención arbitraria como parte de los arrestos masivos practicados por las autoridades. Días más tarde, el 12 de octubre, la defensora de los derechos humanos Esraa Abdel Fattah fue secuestrada por las fuerzas de seguridad y posteriormente torturada por agentes que la golpearon e intentaron estrangularla.

Durante su anterior examen periódico universal, realizado en 2014, Egipto aceptó 237 de las 300 recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas por los Estados. Sin embargo, el análisis de Amnistía Internacional indica que las autoridades, en lugar de implementar reformas fundamentales con arreglo a esas recomendaciones, han adoptado medidas aun más represivas, que imponen nuevas restricciones sobre libertades y derechos básicos.

“Que Egipto no haya aplicado las recomendaciones del último examen periódico universal indica claramente que sus autoridades tienen escasa intención de mejorar su terrible historial en materia de derechos humanos”, ha afirmado Najia Bounaim.

Varios procedimientos especiales de la ONU han condenado públicamente el deterioro de la situación de los derechos humanos en Egipto, entre ellos los responsables de detención arbitrariarestricción de la libertad de expresión y reunióntorturarepresalias por colaborar con los procedimientos especiales de la ONU y, más recientemente, las condiciones de reclusión que pudieron causar la muerte del ex presidente Mohamed Morsi bajo custodia.

“La comunidad internacional y, en particular, los aliados de Egipto, tienen la obligación de pronunciarse ante las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional cometidos de forma generalizada. Deben dejar claro que el hecho de que Egipto siga sin abordar estos abusos manifiestos repercutirá gravemente en sus vínculos diplomáticos y comerciales con el país.”


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Arabia saudí: para cuando la mejora de los derechos humanos?

Arabia Saudí: Clasificar el feminismo, el ateísmo y la homosexualidad como delito revela la peligrosa intolerancia del reino saudí

Luis Rubiales saluda al presidente de la autoridad general del deporte de Arabia Saudí, el príncipe Abdulaziz Bin Turki Alfaisal © Efe

Ante el anuncio oficial y un vídeo promocional publicado por la agencia de seguridad del Estado de Arabia Saudí que clasifica el feminismo, la homosexualidad y el ateísmo de “ideas extremistas”, Heba Morayef, directora de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“El anuncio de la agencia de seguridad del Estado saudí que etiqueta el feminismo, el ateísmo y la homosexualidad de ideas extremistas que pueden castigarse con prisión y flagelación es indignante, y contradice claramente la falsa imagen reformista del reino de la que sigue haciendo alarde en el ámbito internacional el príncipe heredero Mohammed bin Salman”.

Este anuncio contrasta también con las manifestaciones realizadas el pasado 11 de noviembre en Madrid por el príncipe Abdulaziz Bin Turki Alfaisal y ministro de deportes de Arabia Saudí durante la rueda de prensa de presentación de la Supercopa de España que se celebrará en Yeda en enero próximo cuando afirmó que “(…) Arabia Saudí se está transformando e invitamos a todo el mundo a que disfrute de nuestra cultura y de nuestro país (…)”.

“El feminismo, el ateísmo y la homosexualidad no son actos delictivos. Este anuncio es muy peligroso y tiene graves consecuencias para los derechos a la libertad de expresión y a la vida, la libertad y la seguridad en el país. Despoja del barniz de progreso al régimen de Mohammed bin Salman y revela el auténtico rostro intolerante del reino, que criminaliza la identidad de las personas, así como los pensamientos y las ideas progresistas y reformistas en el país”, asegura Heba Morayef.

“El silencio de la comunidad internacional ante el encarcelamiento de decenas de disidentes pacíficos saudíes por la expresión de sus ideas es también alarmante. Aliados clave, como Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, deben presionar al reino saudí y subrayar la necesidad urgente de proteger la libertad de expresión en el país, comenzando con la excarcelación de las personas que defienden los derechos humanos y que están en prisión, y de todas las personas privadas de libertad por la expresión pacífica de sus ideas”.

Información complementaria:

En Arabia Saudí, el ateísmo es ilegal y puede ser castigado con la muerte. Aunque las penas por mantener relaciones homosexuales no están codificadas en la legislación saudí, estas relaciones están estrictamente prohibidas con arreglo a la ley islámica (sharia), en la que Arabia Saudí basa su marco jurídico.

Las recientes reformas del sistema de tutela masculina y de otras leyes que discriminaban a las mujeres —como el levantamiento de la prohibición a las mujeres de conducir automóviles— son testimonio de la incansable labor de las feministas y de veteranas voces activistas que ahora están en prisión o que siguen siendo enjuiciadas en el país.

Desde mayo de 2018, 13 mujeres activistas, entre ellas Loujain al Hathloul, Samar Badawi y Naseema al Sada, que siguen en detención, están procesadas por su activismo de derechos humanos y su trabajo de promoción de los derechos de las mujeres. Otras 14 personas —escritores y escritoras, activistas y familiares de activistas de los derechos de las mujeres— continúan detenidas sin juicio desde abril de 2019. Muchas de ellas apoyan al movimiento de derechos de las mujeres.


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La Corte Penal internacional investigará los presuntos crímenes contra los Rohingyas.

La Corte Penal Internacional investigará presuntos crímenes de lesa humanidad contra los rohingyá

ACNUR//Santiago Escobar-Jaramillo
Refugiados rohinyás que huyeron de Myanmar a Bangladesh.

15 Noviembre 2019

Los jueces del tribunal aprobaron que la fiscalía investigue los supuestos crímenes de lesa humanidad sufridos por los rohingyá a lo largo de la franja fronteriza entre Myanmar y Bangladesh, país en el que se han refugiado más de 700.000 personas de esa minoría musulmana.

Los magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) autorizaron este jueves a la fiscalía de esa instancia a abrir una investigación formal sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos sistemáticamente contra la minoría rohinyá en la frontera de ese país con su vecino Bangladesh.

La aprobación de las pesquisas responde a la solicitud presentada el 4 de julio de este año por la fiscalía y a peticiones de centenares de miles de supuestas víctimas.

De acuerdo con los registros de la Corte, las presuntas víctimas insistieron de manera unánime en la necesidad de una indagación, argumentando que sólo la justicia y la rendición de cuentas pueden garantizar el fin del ciclo de violencia en su contra.

La Cámara del tribunal encargada del caso, integrada por los jueces Olga Herrera Carbuccia, Robert Fremr y Goeffrey Henderson, escuchó a todos los individuos y organizaciones que acudieron en calidad de víctimas o de asesores de éstas a pedir que se abriera el proceso.

Los colegiados determinaron que la CPI podría ejercer su jurisdicción sobre los delitos denunciados ocurridos en un Estado parte de su Estatuto. En este caso, Bangladesh es parte por haber ratificado el Estatuto de Roma en 2010. Myanmar, en cambio, no es parte de la máxima instancia judicial del sistema de la ONU.

La Cámara consideró que existe una base razonable para creer que los actos sistemáticos de violencia pueden catalogarse como crímenes de lesa humanidad y listó entre ellos la deportación y persecución por motivos étnicos y religiosos contra la población rohingyá.

Los jueces no determinaron si se investigarían otro tipo de crímenes dentro de su jurisdicción, pero no descartó que pueda haber una futura indagación sobre ellos.

Los documentos proporcionados dan cuenta de entre 600.000 y un millón de rohinyás desplazados de manera forzada de Myanmar a Bangladesh.

El procedimiento

Para iniciar la investigación, la Oficina del Fiscal reunirá las pruebas necesarias provenientes de distintas fuentes confiables de manera independiente, imparcial y objetiva.

La averiguación no tiene límite de tiempo y puede durar lo que la fiscalía considere necesario para obtener las evidencias.

De encontrar pruebas suficientes para establecer que individuos particulares habrían incurrido en actos de responsabilidad penal, la fiscalía solicitaría a los jueces que emitieran citaciones u órdenes de arresto, según el caso.

Los Estados tienen la responsabilidad de que se cumplan las eventuales órdenes de arresto emitidas por la Corte. Los Estados parte del Estatuto de Roma tienen la obligación legal de cooperar con la Corte. Los otros Estados tienen la capacidad de decidir si desean colaborar voluntariamente.


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No a una represión que viola los derechos humanos. (ONU)

Los Gobiernos tienen que respetar las libertades fundamentales y salvaguardar los espacios cívicos

ONU/Eskinder Debebe
El Secretario General António Guterres habla ante la prensa en la sede de la ONU en Nueva York.

25 Octubre 2019

El Secretario General se pronunció sobre la ola de movilizaciones que recorre los distintos continentes, urgiendo a los Gobiernos a respetar los derechos de los manifestantes a expresarse pacíficamente. “No puede haber excusas para la violencia”, dijo. Asimismo, llamó a los líderes a escuchar los problemas de la gente y a abordar la creciente desigualdad que motiva muchas de las protestas.

La oleada de manifestaciones que hace noticia diariamente en distintos países del Medio Oriente, América Latina, el Caribe, Europa, Asia y África tiene un detonante común, pese a que cada situación es única, dijo este viernes el Secretario General de la ONU en declaraciones a la prensa en Nueva York.

“Es claro que hay un déficit creciente de confianza entre la población y el establishment, además de que aumentan las amenazas al contrato social”, apuntó António Guterres.

Al mismo tiempo, el mundo sufre el impacto de la globalización y las nuevas tecnologías, “que han incrementado las desigualdades en las sociedades”, añadió.

Guterres señaló que algunas protestas son motivadas por cuestiones económicas como las alzas de precios, la persistente inequidad o los sistemas financieros que benefician a las elites, mientras que otras se deben a demandas políticas, la corrupción o la discriminación.

La desigualdad el denominador común

Sin embargo, la desigualdad es un factor común en todas ellas, al igual que lo es el deseo que tiene la gente de ser escuchada.

El titular de la ONU consideró que la gente quiere justicia social y económica, respeto al ejercicio de sus derechos humanos y participación en las decisiones que le afecta.

“Urjo a los líderes de todos los países a escuchar los problemas reales de la gente real”, acotó y agregó que el mundo precisa ambición para lograr una globalización justa, para fortalecer la cohesión social y para mitigar la crisis climática, como lo plantea la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

“Con solidaridad y políticas inteligentes, los líderes pueden mostrar que lo han entendido y optar por el camino hacia un mundo más justo”, sostuvo.

Noticias ONU

@NoticiasONU

“Incluso donde las personas no protestan, están sufriendo y quieren ser escuchadas.

La gente quiere igualdad de condiciones, incluidos sistemas sociales, económicos y financieros que funcionen para todos”

Esto dijo @antonioguterres sobre las protestas alrededor del mundo.

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No a la violencia

Al referirse a la violencia que ha provocado decenas de muertes y centenares de lesionados, recordó enfáticamente: “Los Gobiernos tienen la obligación de respetar las libertades de expresión y asamblea pacífica, así como de salvaguardar los espacios cívicos.”

En ese contexto, también subrayó que las fuerzas de seguridad deben actuar con mesura y con apego a las leyes internaciones de derechos humanos.

Del mismo modo, Guterres llamó a los manifestantes a expresar sus inconformidades sin recurrir a la violencia.

“No puede haber excusa para la violencia por ninguna de las partes”, puntualizó.

Derechos Humanos

Por otra parte, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos coincidió con el Secretario General en que si bien cada protesta tiene razones complejas y variadas, hay cuestiones comunes como la pobreza, la desigualdad y la corrupción.

“Estos sentimientos se ven exacerbados por la creciente desconfianza hacia las instituciones del Gobierno, los políticos y las élites gobernantes. Algunas protestas se han desencadenado por uno o dos eventos específicos, y luego se han transformado en expresiones de profunda insatisfacción pública en una amplia gama de temas que abarcan el espectro político, social y económico”, indicó Ravina Shamdasani, portavoz de esa Oficina.


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Chile, violencia. Investigación ONU

La misión de derechos humanos en Chile investigará las denuncias sobre las muertes en las protestas

Diana Leal
Manifestantes en las calles de Santiago de Chile

25 Octubre 2019

Los tres miembros de la misión llegarán el 28 de octubre e investigarán las denuncias sobre 18 muertes, entre ellas varias en las que estuvieron implicadas las fuerzas de seguridad. La Oficina de Derechos Humanos también ha recibido denuncias de delitos cometidos por terceros.

“Seguimos de cerca la creciente crisis en Chile, incluidos los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las recientes protestas y la declaración del estado de emergencia. Nuestra Oficina ha recibido denuncias de violaciones de las normas y estándares internacionales relacionados con el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. También hemos recibido informes de delitos cometidos por terceros”, ha asegurado este viernes Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

La Oficina, que dirige Michelle Bachelet, ha recibido denuncias sobre la muerte de 18 personas, entre ellas un niño de 4 años. Las circunstancias de todas esas muertes no están claras.

“La institución nacional de derechos humanos había seguido de cerca esos casos y ha indicado que, en al menos cinco de esas muertes, hubo participación de las fuerzas de seguridad. La Oficina examinará esos informes durante su misión”, dijo Ravina Shamdasani.

Además de los fallecimientos, la portavoz dijo que también han recibido reportes de que 582 personas han resultado heridas, 295 con munición real.

El jueves, Michelle Bachelet anunció que una misión de su Oficina será desplegada al país por petición del Gobierno y un grupo de parlamentarios.

Sede en Santiago

Tres oficiales de derechos humanos llegarán al país el lunes 28 de octubre y permanecerán hasta el 22 de noviembre para examinar las denuncias, reunirse con diversos actores y recopilar  información sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para abordar la situación. El equipo de la misión tendrá su sede en Santiago, pero visitará ciudades de todo el país.

Preguntada sobre el hecho de que Michelle Bachelet sea nacional de Chile, la portavoz recordó que el mandato de la Alta Comisionada es “mundial”.

“En el pasado, hubo muchas ocasiones en que los altos comisionados anteriores se vieron obligados por las circunstancias en su país de origen a hablar y participar”, aseguró Shamdasani, antes de añadir que el Gobierno de Chile “está completamente de acuerdo” con la misión.

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