Loiola XXI

Lugar de encuentro abierto a seguidor@s de S. Ignacio de Loyola esperando construir un mundo mejor


Deja un comentario

Israel y la violación de derechos humanos palestinos. Denuncia ONU

Israel viola los derechos humanos al explotar los recursos naturales palestinos, según experto

UNRWA/Khalil Adwan
Las aguas residuales contaminan el acuífero costero, que es la principal fuente de agua para los residentes de Gaza.

18 Marzo 2019

La política de Israel de usurpar los recursos naturales palestinos y despreciar el medio ambiente ha robado a los palestinos de activos vitales, impidiéndoles disfrutar de su derecho al desarrollo, asegura el relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967.

“Para casi cinco millones de palestinos que viven bajo la ocupación, la degradación de su suministro de agua, la explotación de sus recursos naturales y el deterioro de su medio ambiente, son síntomas de la falta que tienen de cualquier control significativo sobre su vida cotidiana”, dijo Michael Lynk en un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Según el relator especial*, Israel utiliza los recursos naturales del territorio palestino ocupado “como un país soberano usaría sus propios activos, con consecuencias sumamente discriminatorias”.

El informe, que se centra en el impacto de la ocupación en el medio ambiente y los recursos naturales, señala que las personas que viven bajo la ocupación deberían poder disfrutar de una gran cantidad de derechos humanos consagrados en el derecho internacional, a fin de proteger su soberanía sobre su riqueza natural.

El agua, una violación sistemática

Sin embargo, las prácticas israelíes en relación con el agua, la extracción de otros recursos y la protección del medio ambiente plantean serias preocupaciones.

El agua se ha convertido en un símbolo potente de la violación sistemática de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado.

“Con el colapso de las fuentes naturales de agua potable en Gaza y la incapacidad de los palestinos para acceder a la mayoría de sus fuentes en Cisjordania, el agua se ha convertido en un símbolo potente de la violación sistemática de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado”, agrega el relator especial.

Lynk explica que, a partir de 2017, más del 96% del acuífero costero de Gaza, la principal fuente de agua para los residentes de Gaza, se ha vuelto inadecuado para el consumo humano, entre otras razones, debido a la extracción excesiva para dar de beber la población extremadamente densa de Gaza y la contaminación con aguas residuales y agua de mar.

Además, “el bloqueo de 12 años de Israel y las guerras asimétricas que han dejado la infraestructura de Gaza gravemente paralizada y con una escasez de electricidad casi constante”.

En cuanto a Cisjordania, el experto destaca que Israel extrae riquezas naturales y minerales del Mar Muerto, que se encuentra en parte en la zona ocupada, para su propio beneficio, mientras que a los palestinos se les niega el acceso a estos recursos.

Los estados están obligados a garantizar que el disfrute de los derechos humanos no se vea afectado por los daños ambientales.

“Los estados están obligados a garantizar que el disfrute de los derechos humanos no se vea afectado por los daños ambientales, y a adoptar marcos legales e institucionales que protejan contra cualquier daño ambiental que interfiera con el disfrute de los derechos humanos“, dijo Lynk.

Además, existe una seria preocupación sobre la práctica de Israel de eliminar desechos peligrosos en las llamadas “zonas de sacrificio” en Cisjordania. El impacto de las prácticas de Israel puede ser sentido no solo por los palestinos, sino también por los israelíes y otros en la región.

La situación humanitaria casi catastrófica

El informe también cuestiona el uso continuo de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad israelíes contra los manifestantes en Gaza y la situación humanitaria cercana a la catástrofe en el territorio causada por el bloqueo.

Otros temores más son el destino de las familias palestinas en Jerusalén Este, de las que casi 200 corren el riesgo de desalojo forzoso, y la preocupación por los crecientes ataques a los defensores de los derechos humanos.

“Debemos entender que estos problemas y violaciones bloquean cualquier camino visible hacia la autodeterminación de los palestinos y conducen a un futuro más oscuro que anuncia el peligro para ambos pueblos”, concluye el relator. Por otro lado, la Comisión Independiente de las Naciones Unidas encargada de investigar las protestas en territorio palestino acontecidas durante el año pasado ha instado a Israel a revisar sus reglas de combate antes de que comiencen este año de nuevo las manifestaciones contra la ocupación en la llamada Gran Marcha del Retorno.

La revisión debería garantizar que Israel actúa de acuerdo con las normas de las leyes internacionales.

Dinero para los heridos

También este lunes se ha anunciado que la Organización Mundial de la Salud ha pedido 5,3 millones de dólares para poder seguir operando a los miles de heridos habidos durante las protestas del año pasado.

“La necesidad de cuidados de traumatología en Gaza es inmensa. Cada semana siguen llegando pacientes que necesitan tratamientos complejos y largos”, explicó el director de la Organización para los territorios palestinos ocupados.

La necesidad de cuidados de traumatología en Gaza es inmensa.

Desde marzo de 2018, más de 29.000 personas han resultado heridas, con más de 6500 que recibieron disparos de las fuerzas de seguridad israelíes y tienen heridas que requerirán cirugía y rehabilitación.

La OMS teme que el aniversario de las protestas, este 30 de marzo, pueda dejar más víctimas que necesiten cuidados y rehabilitación.

*Los Relatores Especiales son parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos especiales, el cuerpo más grande de expertos independientes en el sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos

independientes de investigación y supervisión del Consejo que abordan situaciones específicas de países o problemas temáticos en todas partes del mundo. Los expertos en procedimientos especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven en su capacidad individual.


Deja un comentario

Irán: condena inadmisible para una defensora de derechos humanos.

38 AÑOS DE CÁRCEL Y 148 LATIGAZOS PARA DESTACADA ABOGADA IRANÍ

Retrato de Nasrin Sotoudeh © Arash Ashourinia

Nasrin Sotoudeh ha sido condenada por defender los derechos de las mujeres en Irán

Luchar pacíficamente por los derechos humanos. Eso es lo que ha hecho Nasrin toda su vida. Como abogada defendía a las mujeres que se negaban a acatar las degradantes leyes sobre el uso del velo o hijab.

En Irán, a las mujeres y a las niñas no se les permite salir de sus hogares a menos que se cubran el cabello con un pañuelo y los brazos y las piernas con ropa suelta. Nasrin quería cambiar esto y fue detenida por ello.
Las autoridades iraníes interpretan que eso atenta contra la seguridad nacional o es un insulto al “Líder Supremo”.

Y le han impuesto la pena más cruel. La de Nasrin es la sentencia más dura que se recuerde en muchos años contra un defensor o defensora de los derechos humanos .

No podemos permitir que esta gran mujer reciba un solo latigazo ni pase un día más en prisión.

Exige al Líder Supremo de Irán la liberación inmediata e incondicional de Nasrin Sotoudeh y que la sentencia sea anulada ya.

¡Firma!


Deja un comentario

Persecución creciente a las ONG en el mundo. Campaña AMN.INT.

El ataque global contra las ONG alcanza un punto crítico con nuevas leyes que reprimen su esencial labor en favor de los derechos humanos

Manifestación en Irlanda por el aborto © PAUL FAITH/AFP/Getty Images

Está aumentando el ataque de gobiernos de todo el mundo contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) mediante la creación de leyes que las someten, a ellas y a su personal, a vigilancia, kafkinanas trabas burocráticas y la amenaza constante del encarcelamiento, afirma Amnistía Internacional en un informe publicado hoy.

El informe, titulado Leyes concebidas para silenciar: Ataque mundial a las organizaciones de la sociedad civil, revela el sorprendente número de países que están utilizando tácticas intimidatorias y normas represivas para evitar que las ONG desempeñen su esencial labor. En él se citan 50 países del mundo donde se han aplicado o están en trámite leyes contra las ONG.

“Hemos documentado cómo cada vez hay más gobiernos que someten a las ONG a obstáculos y restricciones irrazonables, impidiéndoles llevar a cabo su esencial labor”, ha declarado Kumi Naidoo, secretario general de Amnistía Internacional.

“En muchos países se acosa hasta sumirlas en el silencio a las organizaciones que se atreven a alzar la voz en favor de los derechos humanos. Las personas que se agrupan para defender y exigir derechos humanos se enfrentan a obstáculos cada vez mayores para trabajar con libertad y seguridad. Silenciarlas e impedir que lleven a cabo su labor tiene consecuencias para todas las personas.”

Sólo en los dos últimos años, en el mundo se han adoptado o están en trámite casi 40 instrumentos legales que interfieren con el derecho de asociación y han sido concebidos para obstaculizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, por lo general aplicando absurdos procesos para la inscripción de estas organizaciones en el registro, vigilando su trabajo, restringiendo sus fuentes de recursos y, en muchos casos, cerrándolas si no cumplen con los irrazonables requisitos que se les imponen.

Un problema global
En octubre de 2018, el Ministerio del Interior de Pakistán rechazó las solicitudes de inscripción de 18 ONG internacionales y desestimó los consiguientes recursos sin más explicación.

En Bielorrusia, las ONG están sometidas a una estricta supervisión estatal. Trabajar para una ONG a la que se ha denegado —con frecuencia arbitrariamente— la inscripción en el registro es delito.

En Arabia Saudí, el gobierno puede negar el permiso a nuevas organizaciones y disolverlas si se considera que “perjudican la unidad nacional”. Esto ha afectado a los grupos de derechos humanos, incluidos los que defienden los derechos de las mujeres, que no han podido registrarse y funcionar libremente en el país.

En Egipto, las organizaciones que reciben financiación del extranjero deben cumplir normas estrictas y arbitrarias. A causa de esto, muchos defensores y defensoras de los derechos humanos han sufrido prohibiciones de viajar, congelación de activos y procesamientos judiciales, en algunos casos con penas de hasta 25 años de cárcel en caso de dictarse sentencia condenatoria.

“También han sido atacadas oficinas de Amnistía Internacional en todo el mundo. Desde India hasta Hungría, las autoridades han sometido a abusos a nuestro personal, han irrumpido en sus oficinas y han congelado sus activos en una nueva escalada de sus ataques a las organizaciones locales”, ha manifestado Kumi Naidoo.

Cárcel por incumplimiento
Muchos países, como Azerbaiyán, China y Rusia, han introducido más requisitos para la inscripción en el registro y la presentación de informes. Su incumplimiento supone el encarcelamiento, un castigo que conoce muy bien el defensor de los derechos humanos Rasul Jafarov, entrevistado para el informe.

“Me detuvieron por el activismo y las manifestaciones del Club de Derechos Humanos en los que había participado”, relató Rasul, que quedó en libertad en 2016, tras pasar más de un año detenido. “Esto dio lugar a un ambiente horrible: quienes no fueron víctimas de detenciones o investigaciones tuvieron que cerrar sus organizaciones o paralizar sus proyectos. Muchas personas dejaron Azerbaiyán para trabajar en el extranjero.”

Esta restrictiva regulación supone que las ONG están bajo el constante escrutinio de las autoridades. En China, la nueva legislación controla estrechamente la labor de las ONG, desde su inscripción en el registro y su presentación de informes hasta su actividad bancaria, sus requisitos de contratación y su recaudación de fondos.

En Rusia, el gobierno denomina a las ONG que reciben financiación extranjera “agentes extranjeros”, un término que es sinónimo de “espía”, “traidor” y “enemigo del Estado”. El gobierno aplica esta legislación de manera tan amplia que incluso una organización que apoyaba a las personas con diabetes fue sancionada con una elevada multa e incluida en el registro de “agentes extranjeros”, por lo que se vio obligada a cerrar en octubre de 2018. Los grupos médicos, ecologistas y de mujeres también están en el punto de mira.

Reacción en cadena
Las políticas represivas del gobierno ruso han causado una reacción en cadena que ha alcanzado otros países.

En Hungría, el gobierno ha obligado a varias ONG a inscribirse en el registro como “organización que recibe financiación extranjera” para desacreditar su trabajo y poner en su contra a la opinión pública. Las organizaciones que no cumplan la normativa se enfrentan a cuantiosas multas y, en última instancia, a la suspensión de sus actividades. Las organizaciones que trabajan en apoyo de personas migrantes y refugiadas han sido atacadas deliberadamente y su personal ha sido hostigado tras la aprobación de un nuevo conjunto de leyes en junio de 2018.

“No sabemos qué va a pasar con nuestra organización ni con otras, y tampoco qué otras leyes se aprobarán”, ha dicho Aron Demeter, de Amnistía Internacional Hungría.

“Varios miembros de nuestro personal han sufrido insultos, amenazas de violencia y troleo en Internet. Algunas entidades se han negado a celebrar nuestros eventos en sus espacios y ha habido escuelas que se han negado a organizar actividades de educación en derechos humanos por miedo a las repercusiones.”

En algunos países, el ataque contra las ONG va dirigido particularmente a organizaciones que defienden los derechos de grupos marginados. Las organizaciones que promueven los derechos de las mujeres, incluidos los derechos a la salud sexual y reproductiva, los derechos de las personas LGBTI y los derechos de las personas migrantes y refugiadas, así como los grupos ecologistas se encuentran entre las más afectadas.

“No se debe criminalizar a nadie por defender los derechos humanos. Los líderes y las lideresas mundiales deben tener como meta garantizar la igualdad y conseguir que en sus países la gente tenga mejores condiciones de trabajo, una atención de la salud adecuada, acceso a la educación y una vivienda adecuada, no atacar a quienes exigen estas condiciones”, ha afirmado Kumi Naidoo.

“Los defensores y defensoras de los derechos humanos tienen el compromiso de crear un mundo mejor para todas las personas. No vamos a abandonar la lucha, porque sabemos lo importante que es esta labor. Los líderes y las lideresas mundiales reiteraron su compromiso de proporcionar un entorno seguro a los defensores y defensoras de los derechos humanos en diciembre de 2018, en la sede de la ONU, con motivo de la conmemoración del 20 aniversario de la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. Ahora deben asegurarse de que ese compromiso se convierte en realidad.”

Según CIVICUS, una alianza mundial de organizaciones y activistas de la sociedad civil, el informe de Amnistía Internacional llega en un momento decisivo.

“Este informe es muy oportuno dada la proliferación de restricciones al trabajo legítimo de las organizaciones de la sociedad civil”, ha señalado Mandeep Tiwana, Responsable de Programas de CIVICUS. “Al poner de relieve las dificultades, quienes apoyan los valores de la sociedad civil y los derechos humanos pueden ayudar a frenar esta tendencia.”

Aquí puedes descargarte el informe. 


Deja un comentario

Mejora parcial del respeto a los derechos humanos en el mundo

Pese al retroceso en los derechos humanos, muchos están logrando hacerse escuchar

ONU/Jean-Marc Ferre
Vista panorámica de una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra

25 Febrero 2019

Los jóvenes, los pueblos indígenas, los migrantes y los refugiados están haciendo oír sus voces y reclamando el reconocimiento de los derechos humanos, ha asegurado António Guterres, para quien estas garantías fundamentales representan el ADN de la Carta de las Naciones Unidas. Por su parte, Michelle Bachelet indicó que las políticas públicas que promueven la justicia social contribuyen a la consecución de los derechos humanos.

El Secretario General de las Naciones Unidas calificó este lunes en Ginebra al Consejo de Derechos Humanos como el “epicentro” del diálogo, la cooperación internacional y la protección de cualquier tipo de garantía fundamental ya sea civil, económica, política, social o cultural.

“Sus esfuerzos ponen de relieve que los derechos humanos tienen valor por sí mismos y nunca deben instrumentalizarse;también son esenciales para promover la paz y la dignidad humana. Para empoderar a las mujeres y las niñas. Acentuar el desarrollo. Y para infundir esperanzas”, destacó António Guterres durante el discurso de apertura del 40° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Guterres manifestó tener experiencia en situaciones donde se produce la negación de los derechos humanos ya que durante su juventud vivió bajo la dictadura de António Salazar en Portugal “que oprimió tanto a sus propios ciudadanos como a los de las colonias africanas”.

A pesar de ello, el titular de la ONU destacó que las luchas y conquistas por las garantías fundamentales en otras partes del planeta le sirvieron como fuente de inspiración “para creer en el cambio” y que éste ocurriera.

Los derechos humanos inspiran e impulsan el progreso.

“Los derechos humanos inspiran e impulsan el progreso. Esta realidad es el espíritu viviente de este Consejo. Representan el ADN de la Carta fundacional de nuestra Organización. Y es vital para abordar los males de nuestro mundo”.

No obstante, pese al retroceso que experimenta la agenda de derechos humanos a nivel mundial resaltó su optimismo en voltear esta situación y depositó su confianza en una serie concreta de colectivos.

“Sí, vemos tendencias preocupantes, pero también vemos poderosos movimientos a favor de los derechos humanos y la justicia social. Los jóvenes, los pueblos indígenas, los migrantes y los refugiados están exigiendo sus derechos y haciendo oír sus voces. Los periodistas publican las historias sin temer a nada. Las mujeres también se han alzado con valentía y dicen (se adhieren al movimiento) Yo También (Me Too)”.

A continuación, Guterres enumeró una serie de recientes avances en materia de derechos humanos como los 1000 millones de personas que abandonaron la pobreza extrema en sólo una generación, los más de 2000 millones que lograron un mejor acceso a los servicios de saneamiento, y los más de 2500 millones a los que se proporcionó mejor acceso a sistemas de agua potable.

En el apartado de preocupaciones, el Secretario General destacó que los espacios de denuncia de la sociedad civil se están reduciendo, afectando especialmente a activistas y periodistas que son víctimas de campañas de desinformación o vigilancia, o el constante crecimiento del discurso del odio.

ONU// Jean Marc Ferré

Diálogo entre autoridades y sociedad civil

Por otro lado, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos demandó a los jefes de Estado y de Gobierno que tengan “valor y visión”, a la hora de fomentar tanto los intereses de la humanidad como los de ámbito nacional.

Michelle Bachelet subrayó que las políticas basadas en los derechos humanos sirven para eludir afrentas, disputas y desigualdades.

Las políticas públicas que promueven la justicia social también ayudan a desarrollar economías más resistentes, construyen sistemas sociales más incluyentes, mejores marcos educativos, sistemas sanitarios, y otros servicios básicos. Construyen confianza y armonía social.  Profundizan la confianza. Promueven la esperanza”, afirmó.

No se trata de lograr la perfección. Sino de conseguir avanzar. Y se puede hacer en todos los países. Solo se necesita valor y visión.

Del mismo modo, solicitó entablar un “diálogo respetuoso” entre las autoridades y la sociedad civil.

“Implementar políticas públicas es complejo: lo sé. Lograr buenos resultados en derechos humanos en el mundo real del gobierno requiere el equilibrio de muchos aspectos. No se trata de lograr la perfección. Sino de conseguir avanzar. Y se puede hacer en todos los países. Solo se necesita valor y visión”, resaltó.

ONU / Violaine Martin

La concentración de riqueza aumenta la desigualdad

Por su parte, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, se hizo eco de la preocupación del Secretario General por los conflictos y la inestabilidad en todo el mundo.

“Las crisis políticas, las guerras, el crimen organizado transnacional, la exclusión social y la falta de acceso a la justicia constituyen amenazas claras que exigen respuestas adecuadas de este Consejo y de todo el sistema internacional para la protección de los derechos humanos”, dijo.

Durante su intervención, Espinosa también manifestó su preocupación por la creciente brecha entre los habitantes del planeta.

Tal vez uno de los desafíos más delicados para la agenda de derechos humanos sea la desigualdad.

“Tal vez uno de los desafíos más delicados para la agenda de derechos humanos sea la desigualdad”, dijo. “La concentración de la riqueza ha aumentado hasta tal punto que, en 2018, 26 personas tenían más dinero que los 3800 millones más pobres del planeta”.

El 40° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos se celebra en Ginebra del 25 de febrero al 22 de marzo.

Entre los múltiples temas relacionados con los derechos humanos que se tratarán durante estas fechas se examinará el informe anual de la Alta Comisionada y sus informes sobre Guatemala, Honduras y Colombia.

Del mismo modo, Bachelet “presentará oralmente información actualizada sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela”.


Deja un comentario

Venezuela. Informe de AI sobre derechos humanos y la represión del gobierno

Venezuela: Hambre, castigo y miedo, fórmula de represión

Fuerzas de seguridad venezolanas bajo la línea de mando de Nicolás Maduro ejecutaron a personas, usaron fuerza excesiva y detuvieron arbitrariamente a cientos de ellas, incluyendo adolescentes, en una escalada de su política de represión para controlar a la sociedad venezolana y castigar particularmente a habitantes de zonas populares que decidieron protestar entre los días 21 al 25 de enero de 2019, dijo Amnistía Internacional hoy.

“La estrategia de control social que tratan de imponer las autoridades de Nicolás Maduro a través del miedo y el castigo contra quienes exigen un cambio, es repulsiva. Su gobierno se está ensañando con la gente más empobrecida que dice defender, pero que luego asesina, detiene y amenaza”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Venezuela vive desde hace años una profunda crisis de violaciones masivas de derechos humanos, ante la escasez de alimentos, medicinas, hiperinflación, violencia y represión política, y que ha obligado a más de 3 millones de personas a huir del país desde el 2015.

Ante esta realidad desoladora, miles de personas han salido a las calles a exigir un cambio de gobierno. Del 21 al 25 de enero, se registraron numerosas manifestaciones, muchas de ellas en zonas populares, donde las protestas demandando este cambio no habían sido tan visibles hasta ese momento. Existe una amplia presencia de grupos armados pro Nicolás Maduro (conocidos comúnmente como “colectivos”) en estos sectores, cuyos habitantes dependen en gran medida de los, actualmente limitados, programas de distribución de alimentos básicos del Estado.

En sólo cinco días, al menos 41 personas fallecieron durante estas protestas, todas por herida de arma de fuego. Más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria, y tan solo el 23 de enero (día en que se convocaron manifestaciones en todo el país), se reportaron 770 detenciones arbitrarias.

En una misión de investigación en los estados Lara, Yaracuy, Vargas y distintas localidades de Caracas, del 31 de enero al 17 de febrero, Amnistía Internacional recabó más de 50 testimonios, y documentó 15 casos emblemáticos, algunos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional. Los hallazgos de esta investigación serán ampliados en un informe público próximamente.

Las evidencias recabadas en estas diferentes localidades muestran patrones comunes. Éstas indican que las autoridades estatales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas como método de control social a través de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), principalmente de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), contra personas que participaron de alguna forma en las protestas. Las zonas populares de Caracas y otras localidades del país fueron especialmente afectadas y estigmatizadas, registrando el mayor número de víctimas mortales, que luego fueron presentadas como “delincuentes” muertos en enfrentamientos con las autoridades.

 

 

Ejecuciones extrajudiciales

Amnistía Internacional documentó seis ejecuciones extrajudiciales a manos de las FAES en varias localidades del país, todas con un modus operandi similar. En todos los casos, las víctimas tenían algún vínculo con las protestas en días anteriores y las denuncias de varios de ellos en contra de Nicolás Maduro se habían vuelto virales en redes sociales.

Las seis víctimas eran hombres jóvenes a quienes las autoridades presentaron públicamente como muertos en enfrentamiento con las FAES. Esta fuerza pública manipuló las escenas de crimen, y pintó a las víctimas como delincuentes, refiriendo que varios de ellos tenían antecedentes penales en un intento de justificar las muertes.

“Como hemos visto muchas veces en Venezuela, las autoridades intentan hacer creer que las personas que murieron durante los días de protestas, principalmente jóvenes de zonas de escasos recursos, eran delincuentes. Su único crimen fue atreverse a pedir un cambio y exigir una vida digna”, dijo Erika Guevara Rosas.

Luis Enrique Ramos Suárez tenía 29 años cuando oficiales de las FAES lo ejecutaron el 24 de enero en la ciudad de Carora. Un día antes, se había hecho viral un audio donde se anunciaban protestas contra Nicolás Maduro y la alcaldía de Carora. En este audio, se mencionaba el apodo de Luis Enrique como uno de los organizadores.

El día 24, más de 20 integrantes de las FAES fuertemente armados y en su mayoría encapuchados, allanaron ilegalmente la casa de los Ramos Suárez, y sometieron a malos tratos a los diez miembros de la familia que se encontraban ahí, de los cuales seis eran niños. Tras ubicar a Luis Enrique a través de su apodo, lo obligaron a arrodillarse en medio de la sala mientras que un funcionario le tomaba fotos y otros lo golpeaban.

Encerraron a los demás miembros de la familia en diferentes cuartos de la casa, les amenazaron y les golpearon en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, retiraron a su familia a la fuerza y les trasladaron en un convoy de la PNB hasta un lugar a dos kilómetros de la casa. Minutos después, dispararon a Luis Enrique dos veces en el pecho. Murió inmediatamente.

Según los testimonios recabados, tras ejecutar a Luis Enrique, oficiales de las FAES dispararon dentro de la casa para simular un enfrentamiento. Además de fabricar evidencia, manipularon la escena del crimen, arrastrando el cadáver hasta un vehículo en el que fue finalmente trasladado a la morgue, violando así los protocolos mínimos de investigación penal.

Uso excesivo de la fuerza

Amnistía Internacional documentó también los casos de dos jóvenes muertos y un joven herido por armas de fuego a manos de los cuerpos de seguridad pública mientras participaban en protestas. Tanto la PNB como la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) participaron en este tipo de operativos.
Alixon Pizani, panadero de 19 años de edad, falleció el 22 de enero por una bala en el tórax, cuando protestaba con un grupo de amigos en Catia, al oeste de Caracas. Según testigos, un oficial con uniforme de la PNB montado en una moto disparó con un arma corta de forma aleatoria contra la multitud, hiriendo a dos personas gravemente.

Sin que ninguna autoridad le brindara auxilio, Alixon fue trasladado a un centro de salud, donde murió. Su familia dice que a la entrada del hospital funcionarios de las FAES comenzaron a lanzar disparos en ráfagas contra los amigos y familiares de Alixon, quienes inmediatamente se refugiaron adentro. Hasta el momento no consta que la fiscalía haya iniciado una investigación.

Detenciones arbitrarias

Según el Foro Penal Venezolano, las autoridades detuvieron a 137 niños, niñas y adolescentes en todo el país del 21 al 31 de enero. De esos casos, Amnistía Internacional documentó la detención arbitraria de seis personas, entre ellas cuatro adolescentes que participaban en una protesta, o simplemente la observaban de cerca, en la ciudad de San Felipe el 23 de enero.

En entrevista con Amnistía Internacional, dijeron que, al detenerlos, las autoridades los golpearon, los insultaron con calificativos de “guarimberos” y “terroristas”, los expusieron a sustancias irritantes, privación del sueño, y los amenazaron de muerte. Según sus testimonios, los funcionarios que los detuvieron pertenecían a varios cuerpos de seguridad del Estado, e iban acompañados por personas vestidas de civil.

“Detener arbitrariamente a más de un centenar de adolescentes y someterlos a tratos crueles, que en ocasiones pudieron haber constituido tortura, pone en evidencia cuán lejos están dispuestas a llegar las autoridades en su intento desesperado de limitar la protesta e intentar someter a la población”, dijo Erika Guevara Rosas.

Los cuatro adolescentes fueron acusados de delitos que, bajo la legislación nacional, no permiten privar de la libertad a adolescentes, pero permanecieron ocho días recluidos por orden judicial. Pasaron cuatro de estos días en el Centro de Rehabilitación de Menores, de régimen militar, donde les raparon el pelo y les obligaron a cantar frases como “somos los hijos de Chávez”.

El 29 de enero, una de las juezas a cargo de tres de estos casos, manifestó públicamente haber recibido la orden de mantener a los adolescentes privados de libertad, a pesar de no existir fundamento legal. Tras esta denuncia, fue retirada de su cargo y abandonó el país. Los cuatro adolescentes permanecen sujetos a proceso, con restricciones a su libertad.

Los jóvenes expresaron lo frustrante que era vivir en medio de una crisis económica, social y política a su edad, donde estudiar, comer o vestirse es un reto diario. Algunos expresaron su deseo de salir de Venezuela para buscar un mejor futuro.

Recomendaciones preliminares

Las autoridades venezolanas deben desarticular la política de represión que se ha consolidado en los últimos años y cumplir con su obligación de garantizar justicia, verdad y reparación para las víctimas de violaciones a derechos humanos o crímenes de derecho internacional.

“La justicia venezolana parece tener por regla abandonar a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Las pocas personas que vencen el miedo y denuncian se encuentran indefensas y en riesgo ante la falta de respuesta de las autoridades”, dijo Erika Guevara Rosas.

Debido a los severos obstáculos que existen para acceder a la justicia en Venezuela, Amnistía Internacional pide al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que tome medidas para hacer frente a la impunidad total que prevalece en el país, mediante la creación de un mecanismo de investigación independiente para supervisar e informar sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

Además, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional podría considerar estos hechos, y de hallarlos fundados, incorporarlos como parte del examen preliminar ya en curso sobre Venezuela.

Por último, los países preocupados genuinamente por la situación de derechos humanos en Venezuela deben explorar el ejercicio de la jurisdicción universal, que sirva de alternativa para la búsqueda de justicia que las víctimas no pueden alcanzar localmente.

“La justicia internacional es la única esperanza para las víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Es el momento de activar todos los mecanismos disponibles para evitar más atrocidades”, dijo Erika Guevara Rosas.


Deja un comentario

Egipto: represión contra los activistas de derechos humanos.

DEL #METOO EN FACEBOOK A LA CÁRCEL EN EGIPTO

Amal Fathy es una defensora egipcia de derechos humanos que ha sido condenada en firme a dos años de prisión por hablar del acoso sexual en Facebook.

Actualización: 14 de febrero de 2019

¡BuenasNoticias! ¡Amal Fathy ya no está en arresto domiciliario! Aunque tiene que presentarse ante la policía durante cuatro horas dos veces a la semana y pende sobre ella una sentencia a dos años de prisión que la puede llevar a la cárcel en cualquier momento. Queremos su libertad completa. Firma esta ciberacción.

Amal Fathy es una defensora egipcia de derechos humanos, de 33 años, al igual que su marido, Mohamed Lofti.

El 9 de mayo, Amal publicó un vídeo en su página de Facebook, en el que hablaba sobre lo frecuente que es el acoso sexual en Egipto y criticaba su falta de protección por parte de las autoridades. La activista también criticaba al gobierno por el deterioro de los derechos humanos, las condiciones socioeconómicas y los servicios públicos.

Amnistía Internacional ha examinado el vídeo y no ha encontrado en sus 12 minutos de duración declaraciones que no estén amparadas por el derecho a la libertad de expresión.

Al día siguiente, medios de comunicación progubernamentales la acusaron de insultar a Egipto y a sus instituciones desatando una oleada de hostigamiento y amenazas contra la activista en las redes sociales a consecuencia del vídeo, con insultos  sexistas y peticiones de encarcelamiento.

La sentencia contra Amal es una afrenta contra la justicia. Solo la presión internacional puede hacer que Amal quede libre sin condiciones, por lo que la movilización urgente para presionar a las autoridades egipcias es clave.


Deja un comentario

El Parlamento europeo pide protección en Arabia para los defensores de los derechos de las mujeres.

Arabia Saudí: El Parlamento Europeo pide a los países de la UE que intensifiquen la protección de quienes defienden los derechos de las mujeres

14 de febrero de 2019

La resolución del Parlamento Europeo sobre Arabia Saudí es un importante avance, con el que se reconoce la increíble valentía de estas personas encarceladas, algunas de las cuales han sido torturadas por pedir el fin del sistema de tutela masculina, hacer campaña por el derecho de las mujeres a conducir y defender incansablemente los derechos humanos.

“Tras el asesinato de Jamal Khashoggi, la alta representante de la UE, Federica Mogherini, aseguró al Parlamento Europeo que la UE apoyaría a los activistas y las activistas de los derechos humanos ‘con independencia de la geopolítica’. Es hora de que la UE cumpla la promesa y salga en defensa de estos hombres y mujeres saudíes detenidos, pues la diplomacia silenciosa no ha servido en absoluto para protegerlos.”

“Estas valientes personas deben ser puestas en libertad de inmediato y sin condiciones, junto con todos los defensores y defensoras de los derechos humanos encarcelados por su activismo pacífico en Arabia Saudí. Hasta entonces, las autoridades saudíes deben acceder a la petición del Parlamento Europeo de permitir el acceso sin restricciones de observadores internacionales a estas personas.”

Información complementaria

Amnistía Internacional ha recopilado información creíble según la cual varias personas, todas ellas activistas, detenidas arbitrariamente en el marco de la represión de mayo de 2018 han sufrido tortura, acoso sexual y otros malos tratos durante sus tres primeros meses de detención.

Las defensoras de los derechos humanos Loujain al-Hathloul, Eman al-Nafjan, Aziza al-Yousef, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Shadan al-Anezi y Nouf Abdulaziz, entre otras personas, está detenidas sin cargos y sin asistencia letrada.

Las personas detenidas han informado asimismo de la detención de más activistas de los derechos de las mujeres y de intelectuales, incluidas Mayaa al-Zahrani, Abir Namankani, Ruqayyah al-Mharib y Hatoon al-Fassi.

La activista chií Israa al-Ghomgham y los hombres acusados junto con ella, que están en prisión por su participación en protestas pacíficas, comparecerán ante el tribunal antiterrorista del país. El fiscal ha retirado este mes la petición de la pena de muerte para Israa al-Ghomgham, pero los cuatro hombres sometidos a juicio, uno de los cuales es su esposo, podrían aún ser condenados a muerte, y ella se enfrenta ahora a una pena de prisión por su activismo pacífico.