Miembros del Frente Occidental “Omar Gómez” del Ejército de Liberación Nacional (ELN) hacen su formación en su campamento a las orillas del Río San Juan, en Chocó, Colombia, el 21 de noviembre de 2017. © 2017 Luis Robayo/AFP/Getty Images

(Washington D.C.) – La organización armada colombiana conocida como Ejército de Liberación Nacional (ELN) debería entregar de forma incondicional a todas las personas secuestradas y dar a conocer qué sucedió con aquellas que han muerto, señaló hoy Human Rights Watch.

Las conversaciones de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN se han suspendido desde que Iván Duque asumió la presidencia, en agosto de 2018. Duque ha manifestado que su gobierno está dispuesto a reanudar las conversaciones si la guerrilla desiste de los secuestros, libera a todas las personas cautivas y pone fin “a toda actividad criminal”. El 19 de octubre, Pablo Beltrán, el comandante del ELN que encabeza el equipo de negociación del grupo, manifestó a la prensa que las liberaciones deben tratarse en la mesa de negociación.

“A lo largo de Colombia, muchas comunidades vulnerables sufren gravísimos abusos a manos del ELN, y un acuerdo de paz podría eventualmente paliar esta situación”, apuntó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Sin embargo, el hecho de que las negociaciones de paz estén estancadas no es excusa para que la guerrilla retenga a sus rehenes, violando sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario”.

Se desconoce la cantidad exacta de personas que la organización mantiene en cautiverio. El 18 de octubre, el Alto Comisionado para la Paz del Gobierno, Miguel Ceballos, indicó a periodistas que son “más de diez” las personas secuestradas por el ELN. Varios periódicos han divulgado listas de 10 personas presuntamente secuestradas. Entre estas se incluyen algunas que, según señalan los medios, podrían haber muerto durante el secuestro. Una de ellas es Javier Enrique Alvernia González, secuestrado en enero de 2014. Un comandante de la Policía indicó a la prensa en 2016 que Alvernia González había muerto en cautiverio.

Beltrán expresó en una entrevista que algunos de los diez casos habían sido “atribuidos falsamente” al ELN, pero no aclaró a cuáles se refería.

En abril, “Pablito”, un comandante del ELN en el departamento de Arauca, manifestó a periodistas que sus tropas tenían en su poder a José Leonardo Ataya Rodríguez, gerente de una empresa de servicios públicos en Arauca, y a Rafael Andrés Riaño Barrero, contratista de la petrolera Ismocol. El padre de Ataya señaló a periodistas que había visitado un campamento de la guerrilla en Venezuela para negociar la liberación de su hijo.

El 24 de octubre, Ceballos anunció que las fuerzas de seguridad le atribuían al ELN el secuestro de otras dos personas: la comerciante Diana María Toro Vélez, secuestrada el 27 de septiembre en el municipio de Amagá, y Fredy Arlendy Rangel Carmona, jefe de seguridad de una empresa, secuestrado el 24 de julio en el municipio de Andagoya. El ELN no ha confirmado su responsabilidad en estos casos.

El ELN ha participado reiteradamente en secuestros. Por ejemplo, el 7 de septiembre, la guerrilla secuestró a Mayerli Cortés Rodríguez, de 15 años, a quien acusó de actuar como informante del gobierno. Cortés Rodríguez fue liberada el 19 de septiembre.

El ELN ha señalado en reiteradas ocasiones que el derecho internacional humanitario (DIH) no prohíbe los secuestros. El 21 de septiembre, la guerrilla tuiteó que el “secuestro no existe en el DIH. Detenciones de soldados, policías y contratistas por parte del ELN es una acción legítima”. Asimismo, en abril, “Pablito” indicó a periodistas que el ELN tiene “derecho a las retenciones económicas y políticas” porque es una “organización revolucionaria insurgente”. Añadió: “Si [el gobierno] no quiere que detengamos, acordemos, y esa es una tarea de la mesa [de negociación]”.

La privación de la libertad de civiles, que en Colombia se conoce comúnmente como secuestro y el ELN califica como “retención”, constituye una clara violación del derecho internacional humanitario. Detener a una persona para obligar a otras a realizar una acción para lograr su liberación constituye una toma de rehenes, lo cual es un crimen de guerra, explicó Human Rights Watch.

“El derecho internacional humanitario prohíbe la toma de rehenes y esta es una obligación que no puede estar sujeta a negociaciones”, destacó Vivanco.