La Organización Internacional del Trabajo promete trabajar para construir un mercado laboral que goce de justicia social ya que las condiciones laborales que son injustas y permiten las privaciones ponen en peligro la paz mundial y violan el derecho a perseguir el bienestar material y el desarrollo espiritual en libertad y dignidad.
Este lunes ha arrancado en Ginebra la 108 Conferencia Internacional del Trabajo, que se enmarca en el contexto del centenario de la Organización Internacional del Trabajo. Aprovechando este aniversario redondo, el director general de la Organización prometió que, este año, la Conferencia será diferente a las anteriores.
“Será diferente porque sus decisiones deben decir al mundo que tenemos la confianza, el propósito común, la voluntad y los medios para construir un futuro del trabajo con justicia social para todos. Lo haremos porque el trabajo no es una mercancía. Lo haremos porque las condiciones de trabajo con injusticia y privaciones ponen en peligro la paz del mundo”, aseguró Guy Ryder.
También destacó que será diferente porque “cada ser humano tiene el derecho de perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en libertad y dignidad”.
Por si estos fueran pocos motivos, Ryder añadió más razones, como que “las libertades de asociación y expresión sonesenciales para el progreso sostenido”.
Agregó que esta conferencia ha de ser diferente porque todos tienen que trabajar juntos, pues “la pobreza en cualquier parte es un peligro para la prosperidad en todas partes”.
Esa justicia social es ahora tan necesaria como en el siglo XX y la Organización capaz de conseguirla es la Organización Internacional del Trabajo, como recordó Ryder al principio de su intervención al citar las palabras de su predecesor Albert Thomas en 1926: «A pesar de toda la miseria de un mundo que todavía está dividido y en crisis. A pesar de todas las dificultades de los pueblos para reunirse y conocernos, creemos que, a través de la OIT, se establecerá la justicia social en el mundo».
“Este no es un ejercicio oscuro, introvertido o autoindulgente para marcar 100 años de una venerable organización. Se trata de abordar los problemas que más importan a las personas, en un momento en el que ven una necesidad urgente de respuestas y actuación, y en el que se cuestiona nuestra capacidad colectiva para proporcionar tales respuestas. Un momento en que las personas sienten la necesidad de recuperar el control de sus vidas”, declaró Ryder
La pobreza en cualquier parte es un peligro para la prosperidad en todas partes.
El futuro del trabajo que queremos
La Conferencia, a menudo conocida como el Parlamento Mundial del Trabajo, reunirá durante las próximas dos semanas a unos 5700 representantes de Gobiernos, trabajadores y empleadores de los 187 miembros de la Organización Internacional del Trabajo.
Los delegados tratarán la posible adopción de una declaración histórica centrada en los desafíos presentes y futuros del mercado laboral en un momento de los grandes cambios promovidos por la tecnología.
También estudiarán la aprobación de una serie de normas para abordar el acoso laboral.
Las recomendaciones de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo , Trabajar para un futuro más prometedor, publicadas a principios de este año, orientarán gran parte de las actividades de la Conferencia del centenario. A lo largo de los últimos meses, los Estados miembros han celebrado docenas de diálogos nacionales para discutir este informe y los delegados abordarán las cuestiones planteadas en las discusiones plenarias.
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El representante en México del Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, durante una visita en septiembre de 2016 a Ayotzinapa, donde se reunió con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Foto: ONU-DH México
El representante de la ONU en México para los derechos humanos, Jan Jarab, explica que, para poder solucionar el problema de la tortura, lo primero que tienen que hacer las autoridades es reconocer y aceptar su existencia.
En una entrevista con Noticias ONU, Jan Jarab señala que las críticas del Gobierno de México al informe sobre el caso Ayotzinapa, elaborado por su oficina, no responden verdaderamente a los hallazgos de la investigación.
Además, Jarab comenta que México está empleando de forma incorrecta el Manual de Investigación y Documentación Efectiva sobre Tortura, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes, más conocido como el Protocolo de Estambul.
“Claramente, no nos convencen estos argumentos ni tampoco nos convencen las críticas de que no hemos aceptado la versión de los hechos del Gobierno. Yo añadiría que la tortura es un problema grave en México. … Hay otros países que han superado el problema de la tortura, pero se necesita empezar con la aceptación de las autoridades de que este problema existe”, dice en la entrevista.
También descarta que su Oficina haya violado el acuerdo de actividades alcanzado con el Gobierno, entre otras razones porque el acuerdo está en suspenso ya que no se renovó.
Los hechos se remontan a la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, cuando un nutrido grupo de estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa viajaba en cinco autobuses que habían tomado para asistir a una manifestación en la Ciudad de México y la policía municipal los atacó en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero.
Un total de 43 estudiantes fueron víctimas de desaparición forzada, seis personas fueron asesinadas y al menos otras 40 resultaron heridas.
Según los resultados de la investigación de la Oficina de Derechos Humanos hay “fuertes elementos de convicción” para pensar que al menos treinta y cuatro de las personas arrestadas durante la primera fase de la investigación fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente.
El representante en México del Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, durante una visita en septiembre de 2016 a Ayotzinapa, donde se reunió con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Foto: ONU-DH México
País Vasco: Es hora de acabar con el círculo vicioso de impunidad sobre los casos de tortura y malos tratos
El Instituto Vasco de Criminología
El informe final del Instituto Vasco de Criminología señala que en 50 años de tortura en Euskadi (1960-2014) solo se han dictado 20 sentencias con condenas firmes contra 49 funcionarios, 27 de los cuales habrían sido indultados
Amnistía Internacional recuerda una vez más que la falta de investigaciones exhaustivas contribuye a consolidar la impunidad en este tipo de violaciones de derechos humanos
Madrid/Vitoria.- Amnistía Internacional ha denunciado, una vez más, que la inmensa mayoría de los casos de tortura y malos tratos en el País Vasco siguen impunes, después de que el Instituto Vasco de Criminología haya publicado esta semana un estudio que analiza un total de 4.113 denuncias públicas y/o judiciales recopiladas entre los años 1960 y 2014. El documento recoge, entre otras cosas, una de las preocupaciones de la organización: la impunidad sigue imperando pese a las denuncias por tortura durante 50 años en el País Vasco, tal y como señala el hecho de que en todo este tiempo tan solo se hayan dictado 20 sentencias por 31 personas torturadas en régimen de incomunicación contra 49 funcionarios, 27 de los cuales habrían sido indultados.
Tanto Amnistía Internacional, como diversos mecanismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas o el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, llevan décadas documentando casos de tortura y otros malos tratos en España, y en concreto en el País Vasco, cometidos por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en vía pública, en dependencias policiales, y dentro del contexto de la lucha antiterrorista, que no han sido debidamente investigadas o sancionadas. Una práctica, atenuada en los últimos años, que no puede considerarse superada, ni esporádica, donde la ausencia de investigaciones exhaustivas contribuye a invisibilizar aún más a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos. De hecho, desde 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España hasta en siete ocasiones por no haber emprendido investigaciones efectivas, la última de ellas en 2016, sobre alegaciones de tortura formuladas por personas detenidas en régimen de incomunicación.
“A pesar de la magnitud de estas cifras, y tal y como afirma el informe, la dimensión real de las personas afectadas podría ser mayor, especialmente en lo que se refiere a denuncias por hechos producidos durante el franquismo y los primeros años de democracia”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Sin embargo, la falta de investigaciones exhaustivas sigue siendo la norma y, como consecuencia, la impunidad sigue vigente para las víctimas de tortura y malos tratos”, añade Esteban Beltrán.
Mientras que el Estado español ni tan siquiera ha reconocido públicamente la práctica de la tortura, Amnistía Internacional observa que sólo por parte del gobierno vasco se han impulsado iniciativas, como este reciente estudio, para avanzar en el derecho a la verdad, tanto individual como colectiva, de las víctimas estas violaciones de derechos humanos.
El estudio, encargado por la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, ha analizado un archivo conformado por más de 26.113 documentos, y 1.027 testimonios de víctimas de tortura, 500 de ellos testimonios directos. Además, el Instituto aplicó el Protocolo de Estambul (directrices de Naciones Unidas para investigar casos de tortura) a 202 personas, de las cuales el 95,5% presentaban consistencia con casos de tortura y malos tratos. Entre el 5% y el 15% de los casos analizados, además, presentarían secuelas psicológicas importantes necesitadas de atención especializada.
“Tal y como muestra este informe, la impunidad en los casos de tortura está perpetuada mediante un círculo vicioso: no solo es difícil que las denuncias sean atendidas, sino que muchos de los informes forenses son deficientes, y cuando se lleva a cabo una investigación, hay muchas probabilidades de que los responsables sean indultados, y vuelta a empezar”, asegura el director de Amnistía Internacional.
La organización, que en septiembre de 2017 publicó el informe “País Vasco: Informe de Amnistía Internacional sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos como la tortura” ha recordado algunas de sus principales recomendaciones:
Que el Gobierno estatal haga un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista contra ETA, y que lance un mensaje claro de que los malos tratos a personas detenidas no serán permitidos.
Que de manera exhaustiva y unitaria, se recojan y publiquen datos oficiales detallados y desglosados sobre la aplicación de la tortura, que permitan evaluar la respuesta ofrecida por las autoridades políticas, legislativas y judiciales, tanto a nivel estatal como en el País Vasco, a las víctimas directas y a sus familiares.
Que se revise toda la legislación vigente para asegurar que las víctimas de esta grave violación de derechos humanos tienen garantizada su reparación y derecho a garantías de no repetición, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Para ello, entre otras, sería necesario adecuar la definición de tortura del artículo 174 del Código Penal a la de la Convención contra la Tortura, o reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el régimen de incomunicación.
Que se reforme el sistema para garantizar que todas las denuncias de tortura y malos tratos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son investigadas de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, de manera imparcial e independiente. Para ello, AI recomienda, tanto a las autoridades vascas como a las autoridades centrales, la creación de un mecanismo independiente de investigación.
Camerún: Crímenes de guerra en la lucha contra Boko Haram
AI
Personas detenidas sometidas a brutales palizas, dolorosas posturas en tensión y ahogamientos, y algunas torturadas hasta morir
Tortura generalizada en 20 lugares, entre ellos 4 bases militares, 2 instalaciones pertenecientes a los servicios de inteligencia, una residencia privada y una escuela
Llamamiento a Estados Unidos y a otros socios internacionales para que investiguen si su personal militar tenía conocimiento del uso de la tortura en una de las bases
20 de julio de 2017
En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional afirma que las fuerzas de seguridad en Camerún están torturando brutalmente a cientos de personas acusadas de apoyar a Boko Haram, a menudo sin pruebas.
“Amnistía Internacional ha condenado de forma reiterada y sin reservas las atrocidades y los crímenes de guerra cometidos por Boko Haram en Camerún, pero nada puede justificar la práctica cruel y generalizada de la tortura por las fuerzas de seguridad contra cameruneses comunes, a quienes a menudo detienen sin pruebas y obligan a soportar dolores inimaginables”, ha dicho Alioune Tine, director regional de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.
“Estas terribles violaciones de derechos humanos constituyen crímenes de guerra. Teniendo en cuenta el peso de la información que hemos obtenido, las autoridades deben iniciar investigaciones independientes sobre estas prácticas de detención en régimen de incomunicación y tortura, así como las posibles responsabilidades individuales y de mando.”
En abril de 2017, Amnistía Internacional escribió a las autoridades camerunesas para hacerles llegar las conclusiones del informe, pero no obtuvo respuesta y todas las solicitudes posteriores para celebrar reuniones han sido desatendidas.
Amnistía Internacional calcula que, desde 2014, Boko Haram ha matado a más de 1.500 civiles en Camerún y ha secuestrado a muchas otras personas.
“Decidir sobre la vida o la muerte de cada persona detenida”
Las víctimas han descrito al menos 24 métodos de tortura a los que fueron sometidas. En una postura en tensión habitual, conocida por las personas detenidas como “la cabra”, les ataban las manos y los pies a la espalda antes de golpearlas. Otra técnica, a la que las personas detenidas llamaban “el columpio”, consistía en suspenderlas en el aire con las manos y los pies atados a la espalda y golpearlas.
A la inmensa mayoría de las víctimas las torturaron en dos centros de detención no oficiales: la base del Batallón de Intervención Rápida (BIR) en Salak, cerca de la ciudad de Maroua, en el norte del país, y un centro de la capital, Yaundé, situado cerca del Parlamento del país y perteneciente a la Dirección General de Investigación Externa (DGRE), los servicios de inteligencia de Camerún.
Mediante reproducciones arquitectónicas, descripciones de personas que estuvieron detenidas, vídeos, imágenes de satélite y fotografías, un equipo de especialistas en arquitectura forense ha creado una reconstrucción en 3D del centro de Salak y de una escuela en Fotokol convertida en base militar.
En Salak hay dos celdas principales de aproximadamente nueve por cinco metros, con hasta 70 personas en cada una. Normalmente, las personas detenidas eran torturadas en una sala de interrogatorio conocida como “Sala de la DGRE”, situada cerca de la oficina de un oficial de alto rango que, según las víctimas, daba órdenes a los interrogadores y, como describe una de las víctimas, “decidía sobre la vida y la muerte de cada persona detenida”.
Samou (nombre ficticio), que fue detenido en marzo de 2016, dijo a Amnistía Internacional sobre su interrogatorio en Salak, pocos días después de su detención:
“Me ordenaron que les dijera si conocía a algún miembro de Boko Haram. Fue entonces cuando el guardia me ató las manos y los pies a la espalda y empezó a golpearme con un cable eléctrico, al mismo tiempo que me echaba agua. Me dieron una paliza que casi me mata”.
Mohamed (nombre ficticio) estuvo seis meses en detención incomunicada y fue interrogado y torturado varias veces en Salak. Dijo a Amnistía Internacional:
“Los soldados nos ordenaron que confesáramos. Nos dijeron que si no confesábamos nos llevarían a Yaundé para matarnos. Les respondimos que preferíamos que nos mataran a confesar algo que no sabíamos, y nos golpearon durante cuatro días”.
Presencia de personal militar estadounidense y francés en Salak
El informe también destaca la presencia de personal militar estadounidense y francés en la base del BIR en Salak y pide a ambos gobiernos que investiguen hasta qué punto su personal, estacionado o con presencia regular en Salak, podría haber sabido que se estaban realizando detenciones ilegales y actos de tortura en la base.
Durante una visita a la base de Salak, la delegación de Amnistía Internacional observó directamente la presencia de soldados franceses, y más de una decena de personas que estuvieron detenidas allí entre 2015 y 2016 han dicho que vieron y oyeron a hombres blancos que hablaban en inglés en la base, entre ellos algunos con uniforme militar. Esta presencia ha sido confirmada por datos fotográficos y videográficos que muestran a personal estadounidense uniformado, que en algunos casos está estacionado allí.
“Teniendo en cuenta la frecuencia y la presencia posiblemente prolongada de su personal militar, el gobierno de Estados Unidos y otros socios internacionales deben investigar hasta qué punto su personal sabía que se estaban realizando detenciones ilegales y actos de tortura en la base de Salak y si adoptaron medidas para informar a sus superiores y a las autoridades camerunesas”, ha declarado Alioune Tine.
El 23 de junio de 2017, Amnistía Internacional escribió a las embajadas de Estados Unidos y Francia en Camerún para solicitar información adicional sobre lo que su personal sabía y lo que se informó. La carta de respuesta de la embajada de estadounidense, de 11 de julio, puede consultarse aquí. No se ha recibido respuesta de la embajada francesa.
Uso de una escuela como base para torturar
Amnistía Internacional ha identificado una escuela en la ciudad de Fotokol, en el norte del país, utilizada por el BIR como base militar desde mayo de 2014. El equipo de investigación de Amnistía Internacional ha entrevistado a seis hombres que estuvieron recluidos y fueron torturados allí entre diciembre de 2015 y marzo de 2016 y ha analizado un vídeo en el que aparecen soldados uniformados del BIR torturando a personas detenidas. En una escena, varios soldados arrastran a un hombre unos 50 metros y golpean con palos de madera afilados a otros hombres que tienen los ojos vendados.
A finales de 2016 la escuela reanudó la actividad docente, pero en junio de 2017 el BIR todavía la utilizaba parcialmente y al menos nueve personas estaban detenidas allí. El uso de la escuela como base militar mientras también la utilizan los niños y niñas pone en peligro al alumnado y constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Camerún en virtud del derecho internacional humanitario de proteger a la población civil durante los conflictos armados.
Identificados oficiales de rango alto y medio
Aunque habitualmente la tortura la llevaban a cabo oficiales de graduación baja y media del BIR y agentes de la DGRE, muchas víctimas también han identificado a oficiales de rango alto de la DGRE que habían participado en los interrogatorios. Dada la magnitud y la frecuencia de las violaciones de derechos humanos, así como la ubicación de las salas utilizadas, es muy probable que otros oficiales de alto rango en bases como Salak tuvieran conocimiento de lo que estaba ocurriendo, y parece que no tomaron medidas para prevenir o castigar tales actos.
En Salak, más de 50 víctimas identificaron la misma sala en la que normalmente se llevaba a cabo la tortura. Las imágenes de satélite muestran que esta dependencia está en el mismo edificio que las oficinas de los oficiales de alto rango del BIR. Las celdas, en las que había hasta 70 personas detenidas al mismo tiempo, y donde se perpetraba la tortura, están a sólo 110 metros de las oficinas de los oficiales de alto rango del BIR.
“Debe investigarse a los oficiales de alta graduación a cargo de los centros de detención por su presunta responsabilidad de mando en las denuncias de detención en régimen de incomunicación, tortura, muerte bajo custodia y desaparición forzada”, ha dicho Alioune Tine.
La información a la que ha tenido acceso Amnistía Internacional indica que sigue habiendo decenas de personas detenidas en estas bases militares y en otros lugares y sometidas a actos horribles de tortura.
UNAMA alerta sobre persistencia de la tortura de detenidos en Afganistán
Foto: IRIN
24 de abril, 2017 — Los presos relacionados con el conflicto en Afganistán son torturados y sufren malos tratos en los centros de detención gubernamentales, según un informe conjunto de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en ese país (UNAMA) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Sin embargo, el estudio también indica que el gobierno de ese país se ha comprometido a erradicar la práctica.
El reporte se basa en entrevistas a más de 400 detenidos en 62 centros durante los años 2015 y 2016 e indica que el 45% de ellos sufrió tortura, la cifra más alta documentada desde 2010 por el programa de vigilancia de la UNAMA.
La mayoría de los presos indicó que los maltratos fueron utilizados para obligarlos a confesar y muchos firmaron un documento inculpatorio “que no entendían o no podían leer”.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al-Hussein, señaló que el informe constata que la tortura no mejora la seguridad y que las confesiones logradas bajo esos métodos no son fidedignas, ya que las personas afirmarán cualquier cosa con tal de detener el dolor que se les inflige.
Por otro lado, el estudio acoge con beneplácito los esfuerzos del gobierno por aplicar el Plan Nacional para la Eliminación de la Tortura, promulgado en 2015.
Entre las recomendaciones al gobierno afgano se pide la prohibición inmediata de la tortura, la rendición de cuentas, el establecimiento de un Mecanismo Nacional de Prevención de esa práctica y la capacitación en técnicas de detención e investigación para los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley.
Alto Comisionado para los Derechos Humanos alerta que Siria se ha convertido en una cámara de tortura
Zeid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Foto de archivo: ONU/Jean-Marc Ferré
14 de marzo, 2017 — La guerra en Siria ha convertido a todo el país en una cámara de tortura. Ese fue el principal mensaje del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, durante un discurso pronunciado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Zeid, recordó el caso de detención y tortura de niños que pintaron graffitis antigubernamentales en las paredes de una escuela en Daraa y expresó que estos mismos abusos continúan y se han extendido por toda Siria a seis años de iniciado el conflicto.
“Hoy de algún modo todo, el país se ha convertido en una cámara de torturas, un lugar de horror e injusticia absoluta“, dijo.
Cientos de miles de personas han muerto y millones han sido desplazadas por el conflicto sirio, al que Zeid calificó como el “peor desastre causado por el hombre que el mundo ha visto desde la Segunda Guerra Mundial”.
El Alto Comisionado declaró que los constantes vetos del Consejo de Seguridad de la ONU retrasan la esperanza de poner fin a la “carnicería“ y resaltó el horror del secuestro y la venta de niñas y mujeres yazidi como esclavas sexuales por parte de los terroristas de ISIS, así como la situación de desesperación de los habitantes de Alepo, que sufrieron bombarderos aéreos el año pasado cuando el gobierno recuperó la ciudad.
Asegurar que haya rendición de cuentas por este tipo de crímenes sigue siendo clave, agregó Zeid, y afirmó que su Oficina está trabajando para establecer un mecanismo internacional que juzgue a los responsables, de acuerdo con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada en diciembre pasado.
Secretario General llama a no permitir la reinstauración de la tortura
El Consejo de Derechos Humanos. Foto: ONU/Elma Okic
27 de febrero, 2017 — El Secretario General de la ONU exhortó hoy a la comunidad internacional a no permitir la reinstauración de la tortura y la pena de muerte como prácticas generalizadas.
António Guterres participó en la apertura de las sesiones de trabajo del año del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde afirmó que la defensa de esas garantías beneficia a todos los Estados e individuos.
“Debemos resistir firmemente los llamados a readmitir la tortura. La tortura es cobardía y produce información inútil y avergüenza a los países que la ejercen. Del mismo modo, trabajemos juntos para rechazar los propósitos de restaurar la pena capital. Digo esto como ciudadano de un país que abolió ese castigo hace 150 años”, apuntó.
En su discurso, Guterres alertó sobre el aumento del populismo y el extremismo, fenómenos a los que achacó el avance del racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia y otras formas de intolerancia.
Señaló que las minorías, las comunidades indígenas y el colectivo LGBTI sufren discriminación y abusos.
Además, advirtió el líder de la ONU, los derechos de los refugiados y migrantes se encuentran bajo ataque y la trata de personas se incrementa.
En este contexto, aseveró que la comunidad internacional no puede evadir sus responsabilidades, sobre todo con tanta gente huyendo de guerras y situaciones que amenazan su vida.
Guterres instó a recuperar la integridad del régimen internacional de protección a los refugiados y recordó que se trata de una responsabilidad compartida comprendida en la Carta de las Naciones Unidas.
Por último, el Secretario General subrayó la importancia de los derechos humanos –uno de los tres pilares de la agenda de la ONU, junto con la paz y el desarrollo– y apeló a los Estados a defenderlos con imparcialidad y sin dobles raseros.
Estados Unidos debe examinar los presuntos vínculos con la tortura de la subdirectora de la CIA
Logo de la CIA. (Photo by Olivier Doulier – Pool/Getty Images)
3 de febrero de 2017
Tras la noticia del nombramiento por el presidente Trump de Gina Haspel como subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:
“Los informes según los cuales Gina Haspel dirigió el presunto lugar negro de la CIA en Tailandia en la época en que los detenidos eran sometidos a tortura y desaparición forzada, y su posible papel en la destrucción de las pruebas de tales delitos de derecho internacional suscitan una honda preocupación.
“El anuncio de este nombramiento justo después de las recientes manifestaciones públicas del presidente Trump en apoyo de la tortura hace saltar todas las alarmas.
“Estas denuncias son graves y deben ser sometidas a un exhaustivo examen. Nadie debe ser elegido para un puesto en el que pueda interferir en la investigación de crímenes de derecho internacional o facilitar su encubrimiento.
“Con todo lo que habla la administración Trump de ‘escrutinio extremo’, también debería examinar la capacidad de los funcionarios públicos de hacer cumplir la Constitución estadounidense y el derecho internacional.
“El que durante el gobierno de Obama no se hayan llevado a cabo investigaciones sobre presuntos casos de tortura, desaparición forzada y otros crímenes de derecho internacional perpetrados dentro del programa de detención secreta de la CIA no significa que las personas sospechosas de haber participado en estos crímenes estén libres de toda sospecha, sino que corresponde a la administración Trump ordenar investigaciones independientes e imparciales y exigir que los responsables rindan cuentas, con independencia de su condición o rango.”
Información complementaria
Diversos informes indican que Gina Haspel fue directora del presunto lugar secreto de la CIA en Tailandia, donde dos detenidos, Abu Zubaydah y ‘Abd al Nashiri, estuvieron recluidos en 2002 y fueron sometidos a tortura y a desaparición forzada, dos crímenes de derecho internacional.
Sus interrogatorios se grabaron en vídeo, y en ellos hay simulacros de ahogamiento (waterboarding), técnica de tortura en la que se interrumpe la asfixia por ahogamiento y que equivale a un simulacro de ejecución. Las cintas fueron destruidas por la CIA en noviembre de 2005, una medida aprobada por Jose Rodriguez, ex director del Centro Nacional Contraterrorista y el Servicio Nacional Clandestino de la CIA, y en su destrucción, según informes, también participó Gina Haspel.
Ocultar las pruebas de un delito cometido por agentes del Estado puede constituir complicidad criminal.
No se ha hecho rendir cuentas a nadie por los crímenes de derecho internacional cometidos en el programa de detención de la CIA.
Esto pide el sacerdote secuestrado, torturado y hallado vivo en México
P. José Luis Sánchez Ruiz / Foto: Diócesis de San Andrés Tuxtla
VERACRUZ, 15 Nov. 16 / 05:01 pm (ACI).- El Vocero de la Diócesis de San Andrés Tuxtla en México, P. José Gabriel López Castilla, emitió un comunicado este 14 de noviembre para informar sobre el estado de salud del P. José Luis Sánchez Ruiz, secuestrado el 11 de noviembre y hallado vivo dos días después pero con signos visibles de tortura.
El documento indica que el P. Sánchez Ruiz se encuentra “seriamente afectado en su salud física, psicológica y espiritual por los recientes acontecimientos”.
Por lo tanto requiere recibir “inmediatamente la atención adecuada para su recuperación y para la mayor seguridad de su persona, dado que está incapacitado para realizar cualquier tipo de declaración”.
Por su parte, el director de Comunicación Social de la diócesis de San Andrés Tuxtla, P. Aarón Reyes Natividad, aclaró al final de la rueda de prensa donde fue presentado el comunicado, que el P. Sánchez Ruiz está recibiendo “servicios médicos de urgencia” y que ya se presentó una denuncia en la procuraduría.
Asimismo, compartió las siguientes palabras pronunciadas por el P. José Luis Sánchez Ruiz: “temo por mi vida, temo por mi familia. Por favor, no me expongan”.
Al final del comunicado se reiteró el agradecimiento del Obispo de San Andrés Tuxtla, Mons. Fidencio López Plaza, a las autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz; a los obispos de México “y a la constante oración de todos los fieles laicos que desde sus parroquias han permanecido en permanente oración”.
Nigeria: La policía tortura a detenidos y exige dinero a cambio de libertad
21 de septiembre de 2016
Amnistía Internacional ha publicado, el 21 de septiembre, un informe en el que denuncia que la unidad especial de policía creada en Nigeria para combatir la delincuencia violenta se dedica a torturar a detenidos para obtener de ellos confesiones y pagos.
En el documento Nigeria: You have signed your death warrant, se recogen las declaraciones de ex detenidos, que describen a Amnistía Internacional los terribles métodos de tortura a los que fueron sometidos por agentes corruptos de la temida Unidad Especial Antirrobos (SARS), entre ellos suspensión del cuerpo, privación de alimentos, disparos y simulacros de ejecución.
“Una unidad policial que fue creada para proteger a la población, se ha convertido, en cambio, en un peligro para la sociedad, que tortura impunemente y fomenta un tóxico ambiente de temor y corrupción”, explica Damian Ugwu, investigador de Amnistía Internacional sobre Nigeria.
“Nuestras investigaciones han puesto al descubierto cómo se cometen asiduamente violaciones de derechos humanos, consistentes en detener y torturar a personas hasta que ‘confiesan’ o pagan a los agentes a cambio de su libertad».
Amnistía Internacional ha recibido denuncias de profesionales del derecho, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, que corroboran los testimonios recogidos, según los cuales es habitual que los agentes de la SARS exijan pagos y sobornos, o roben, a los sospechosos y a sus familias.
“Con sus brutales prácticas, los agentes de la SARS se están haciendo ricos. Parece que en Nigeria la tortura es un negocio lucrativo”, opina Damian Ugwu.
Los detenidos por la SARS son recluidos en distintos lugares, entre ellos un espeluznante centro de detención de Abuya conocido como “El Matadero”, en cuyas celdas Amnistía Internacional encontró apiñados 130 reclusos.
En sus investigaciones, la organización ha observado que la SARS no sólo se dedica a la delincuencia violenta –su misión expresa–, sino que también investiga asuntos civiles y, en algunos casos, tortura a personas detenidas por litigios contractuales o empresariales o, incluso, por disputas en las que no existe delito alguno.
Por ejemplo, en una ocasión la SARS detuvo en Onitsha (estado de Anambra) a un hombre de 25 años que trabajaba como dependiente en una gasolinera, porque su jefe lo había acusado de un robo ocurrido en la empresa.
El dependiente explicó a Amnistía Internacional: “La policía me pidió que firmara una hoja en blanco. En cuanto lo hice, me dijeron que acababa de firmar mi sentencia de muerte. Me colgaron de un hierro hasta que mi cuerpo dejó de funcionar y perdí el conocimiento. Cuando estaba a punto de morir, me bajaron y me echaron agua para reanimarme”.
Como muchas de las personas detenidas por la SARS, este joven no tuvo acceso a asistencia letrada ni a cuidados médicos, y tampoco pudo ponerse en contacto con su familia, durante las dos semanas que permaneció detenido.
Sin embargo, cuando varias víctimas de tortura y malos tratos policiales han pedido justicia, las autoridades no han tomado ninguna medida.
Por su parte, cuando Amnistía Internacional ha preguntado a la policía por qué no se ha suspendido de sus funciones ni enjuiciado a ningún agente por actos de tortura, ésta se ha limitado a negar la existencia de dicha práctica,
lo que contradice las declaraciones de un alto cargo, quien afirmó que, en abril del presente año, se había trasladado de comisaría a unos 40 agentes presuntamente responsables de tortura y malos tratos. El alto cargo en cuestión no aclaró si las denuncias en su contra se estaban investigando.
“Esta falta de rendición de cuentas fomenta y perpetúa la impunidad, y da lugar a un ambiente en el que los agentes de la SARS creen tener carta blanca para torturar”, afirma Damian Ugwu.
“No es de extrañar, ya que muchos de esos agentes han pagado a su vez para entrar en la SARS. Los propios jefes de policía están implicados en la corrupción”.
Chidi Oluchi, de 32 años, describió a Amnistía Internacional cómo los agentes de la SARS lo detuvieron en Enugu, le robaron sus pertenencias y lo torturaron.
“Me ordenaron que yo mismo me abofeteara y, cuando me negué, comenzaron a pegarme con el reverso de los machetes y con palos muy duros. Empecé a sangrar por la boca, y a ver borroso”, continúa Chidi, que finalmente quedó en libertad tras haber pagado a los agentes de la SARS 25.500 nairas (100 dólares estadounidenses).
Los agentes de la SARS han sido acusados, no sólo de exigir pagos, sino también de robar o confiscar propiedades de familiares de detenidos.
De hecho, algunos familiares han relatado a Amnistía Internacional cómo los agentes de la SARS les robaron sus automóviles o sacaron del banco todo el dinero que tenían en sus cuentas.
El hermano de un hombre detenido por su presunta participación en un robo a mano armada, explicó a Amnistía Internacional que un equipo de la SARS había registrado su casa en Nsukka.
“La policía forzó cajas, muebles cerrados con llave y cajones. Cuando se fueron, faltaban varias cosas, como relojes, joyas y zapatos. No denunciamos, porque teníamos miedo”, concluyó.
La mayoría de las víctimas de tortura bajo custodia de la SARS son pobres y no pueden contratar asistencia letrada. En algunos casos, cuando los detenidos no pueden pagar, simplemente los torturan más.
“Nuestras investigaciones han puesto en evidencia la cruel forma de trabajar de una unidad policial que opera al margen de la ley, y se ensaña a diario con nigerianos que no pueden defenderse de las acusaciones en su contra, y mucho menos de la tortura de la SARS”, afirma Damian Ugwu.
“Resulta deprimente que casi no exista ningún mecanismo judicial o de otro tipo para impedir que los agentes de la SARS se lucren a costa de someter a personas vulnerables a violaciones de derechos humanos”.
Pese a los reiterados llamamientos de Amnistía Internacional a lo largo de los últimos años, el sistema de justicia nigeriano sigue sin impedir ni castigar la tortura.
En diciembre de 2014, la policía nigeriana publicó un manual de derechos humanos, que prohíbe torturar e infligir malos tratos a detenidos, pero la SARS no lo ha aplicado.
Tras el nombramiento de un nuevo inspector general de Policía, a principios de 2015, se anunció que se iba a proceder a la reforma y reorganización de la SARS, pero varios agentes de la unidad aseguraron a Amnistía Internacional no tener conocimiento de ninguna reforma.
En junio de 2016, la Cámara de Representantes aprobó una nueva versión de un proyecto de ley, que penaliza la tortura y que fue por primera vez aprobado en 2012, pero que el presidente se negó a firmar. Este proyecto de ley se debatirá en el Senado este mismo año.
“Hasta el momento, las iniciativas del gobierno nigeriano para erradicar la tortura han sido completamente ineficientes, por lo que ha llegado la hora de que las autoridades garanticen la rendición de cuentas de los agentes responsables de estas violaciones de derechos humanos”, declara Damian Ugwu.
“La tortura policial es una lacra para la sociedad nigeriana, y debe abordarse con órdenes claras dirigidas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para que no sometan a los detenidos a tortura ni a malos tratos en ninguna circunstancia.
También es urgente una enérgica legislación penal que que tipifique como delito cualquier acto de tortura en Nigeria. Todas las víctimas tienen derecho a reparaciones, y deben tomarse medidas para evitar que nadie saque partido de cometer abusos contra detenidos”.
En virtud del derecho internacional y regional de los derechos humanos, Nigeria está obligada a garantizar la prohibición de la tortura y los malos tratos.
Loiola XXI 