Loiola XXI

Lugar de encuentro abierto a seguidor@s de S. Ignacio de Loyola esperando construir un mundo mejor


Deja un comentario

Por qué seguir con las torturas y la pena de muerte? Secretario gen. ONU.

Secretario General llama a no permitir la reinstauración de la tortura

El Consejo de Derechos Humanos. Foto: ONU/Elma Okic

Share

27 de febrero, 2017 — El Secretario General de la ONU exhortó hoy a la comunidad internacional a no permitir la reinstauración de la tortura y la pena de muerte como prácticas generalizadas.

António Guterres participó en la apertura de las sesiones de trabajo del año del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde afirmó que la defensa de esas garantías beneficia a todos los Estados e individuos.

“Debemos resistir firmemente los llamados a readmitir la tortura. La tortura es cobardía y produce información inútil y avergüenza a los países que la ejercen. Del mismo modo, trabajemos juntos para rechazar los propósitos de restaurar la pena capital. Digo esto como ciudadano de un país que abolió ese castigo hace 150 años”, apuntó.

En su discurso, Guterres alertó sobre el aumento del populismo y el extremismo, fenómenos a los que achacó el avance del racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia y otras formas de intolerancia.

Señaló que las minorías, las comunidades indígenas y el colectivo LGBTI sufren discriminación y abusos.

Además, advirtió el líder de la ONU, los derechos de los refugiados y migrantes se encuentran bajo ataque y la trata de personas se incrementa.

En este contexto, aseveró que la comunidad internacional no puede evadir sus responsabilidades, sobre todo con tanta gente huyendo de guerras y situaciones que amenazan su vida.

Guterres instó a recuperar la integridad del régimen internacional de protección a los refugiados y recordó que se trata de una responsabilidad compartida comprendida en la Carta de las Naciones Unidas.

Por último, el Secretario General subrayó la importancia de los derechos humanos –uno de los tres pilares de la agenda de la ONU, junto con la paz y el desarrollo– y apeló a los Estados a defenderlos con imparcialidad y sin dobles raseros.


Deja un comentario

Subdirectora actual de la CIA responsable de torturas en el pasado?

usaEstados Unidos debe examinar los presuntos vínculos con la tortura de la subdirectora de la CIA

Logo de la CIA. (Photo by Olivier Doulier – Pool/Getty Images)

3 de febrero de 2017

Tras la noticia del nombramiento por el presidente Trump de Gina Haspel como subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Los informes según los cuales Gina Haspel dirigió el presunto lugar negro de la CIA en Tailandia en la época en que los detenidos eran sometidos a tortura y desaparición forzada, y su posible papel en la destrucción de las pruebas de tales delitos de derecho internacional suscitan una honda preocupación.

 

 

“El anuncio de este nombramiento justo después de las recientes manifestaciones públicas del presidente Trump en apoyo de la tortura hace saltar todas las alarmas.

“Estas denuncias son graves y deben ser sometidas a un exhaustivo examen. Nadie debe ser elegido para un puesto en el que pueda interferir en la investigación de crímenes de derecho internacional o facilitar su encubrimiento.

“Con todo lo que habla la administración Trump de ‘escrutinio extremo’, también debería examinar la capacidad de los funcionarios públicos de hacer cumplir la Constitución estadounidense y el derecho internacional.

El que durante el gobierno de Obama no se hayan llevado a cabo investigaciones sobre presuntos casos de tortura, desaparición forzada y otros crímenes de derecho internacional perpetrados dentro del programa de detención secreta de la CIA no significa que las personas sospechosas de haber participado en estos crímenes estén libres de toda sospecha, sino que corresponde a la administración Trump ordenar investigaciones independientes e imparciales y exigir que los responsables rindan cuentas, con independencia de su condición o rango.”

Información complementaria

Diversos informes indican que Gina Haspel fue directora del presunto lugar secreto de la CIA en Tailandia, donde dos detenidos, Abu Zubaydah y ‘Abd al Nashiri, estuvieron recluidos en 2002 y fueron sometidos a tortura y a desaparición forzada, dos crímenes de derecho internacional.

Sus interrogatorios se grabaron en vídeo, y en ellos hay simulacros de ahogamiento (waterboarding), técnica de tortura en la que se interrumpe la asfixia por ahogamiento y que equivale a un simulacro de ejecución. Las cintas fueron destruidas por la CIA en noviembre de 2005, una medida aprobada por Jose Rodriguez, ex director del Centro Nacional Contraterrorista y el Servicio Nacional Clandestino de la CIA, y en su destrucción, según informes, también participó Gina Haspel.

Ocultar las pruebas de un delito cometido por agentes del Estado puede constituir complicidad criminal.

No se ha hecho rendir cuentas a nadie por los crímenes de derecho internacional cometidos en el programa de detención de la CIA.


Deja un comentario

Mexico: sacerdote secuestrado y liberado en grave estado de salud.

Esto pide el sacerdote secuestrado, torturado y hallado vivo en México

P. José Luis Sánchez Ruiz / Foto: Diócesis de San Andrés Tuxtla

P. José Luis Sánchez Ruiz / Foto: Diócesis de San Andrés Tuxtla
VERACRUZ, 15 Nov. 16 / 05:01 pm (ACI).- El Vocero de la Diócesis de San Andrés Tuxtla en México, P. José Gabriel López Castilla, emitió un comunicado este 14 de noviembre para informar sobre el estado de salud del P. José Luis Sánchez Ruiz, secuestrado el 11 de noviembre y hallado vivo dos días después pero con signos visibles de tortura.

 

El documento indica que el P. Sánchez Ruiz se encuentra “seriamente afectado en su salud física, psicológica y espiritual por los recientes acontecimientos”.

Por lo tanto requiere recibir “inmediatamente la atención adecuada para su recuperación y para la mayor seguridad de su persona, dado que está incapacitado para realizar cualquier tipo de declaración”.

Por su parte, el director de Comunicación Social de la diócesis de San Andrés Tuxtla, P. Aarón Reyes Natividad, aclaró al final de la rueda de prensa donde fue presentado el comunicado, que el P. Sánchez Ruiz está recibiendo “servicios médicos de urgencia” y que ya se presentó una denuncia en la procuraduría.

Asimismo, compartió las siguientes palabras pronunciadas por el P. José Luis Sánchez Ruiz: “temo por mi vida, temo por mi familia. Por favor, no me expongan”.

Al final del comunicado se reiteró el agradecimiento del Obispo de San Andrés Tuxtla, Mons. Fidencio López Plaza, a las autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz; a los obispos de México “y a la constante oración de todos los fieles laicos que desde sus parroquias han permanecido en permanente oración”.


Deja un comentario

Nigeria: la policía especial SARS acusada de robos y torturas.

nigeria

Nigeria: La policía tortura a detenidos y exige dinero a cambio de libertad

21 de septiembre de 2016

Amnistía Internacional ha publicado, el 21 de septiembre, un informe en el que denuncia que la unidad especial de policía creada en Nigeria para combatir la delincuencia violenta se dedica a torturar a detenidos para obtener de ellos confesiones y pagos.

En el documento Nigeria: You have signed your death warrant, se recogen las declaraciones de ex detenidos, que describen a Amnistía Internacional los terribles métodos de tortura a los que fueron sometidos por agentes corruptos de la temida Unidad Especial Antirrobos (SARS), entre ellos suspensión del cuerpo, privación de alimentos, disparos y simulacros de ejecución.

“Una unidad policial que fue creada para proteger a la población, se ha convertido, en cambio, en un peligro para la sociedad, que tortura impunemente y fomenta un tóxico ambiente de temor y corrupción”, explica Damian Ugwu, investigador de Amnistía Internacional sobre Nigeria.

“Nuestras investigaciones han puesto al descubierto cómo se cometen asiduamente violaciones de derechos humanos, consistentes en detener y torturar a personas hasta que ‘confiesan’ o pagan a los agentes a cambio de su libertad”.

Amnistía Internacional ha recibido denuncias de profesionales del derecho, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, que corroboran los testimonios recogidos, según los cuales es habitual que los agentes de la SARS exijan pagos y sobornos, o roben, a los sospechosos y a sus familias.

“Con sus brutales prácticas, los agentes de la SARS se están haciendo ricos. Parece que en Nigeria la tortura es un negocio lucrativo”, opina Damian Ugwu.

Los detenidos por la SARS son recluidos en distintos lugares, entre ellos un espeluznante centro de detención de Abuya conocido como “El Matadero”, en cuyas celdas Amnistía Internacional encontró apiñados 130 reclusos.

En sus investigaciones, la organización ha observado que la SARS no sólo se dedica a la delincuencia violenta –su misión expresa–, sino que también investiga asuntos civiles y, en algunos casos, tortura a personas detenidas por litigios contractuales o empresariales o, incluso, por disputas en las que no existe delito alguno.

Por ejemplo, en una ocasión la SARS detuvo en Onitsha (estado de Anambra) a un hombre de 25 años que trabajaba como dependiente en una gasolinera, porque su jefe lo había acusado de un robo ocurrido en la empresa.

El dependiente explicó a Amnistía Internacional: “La policía me pidió que firmara una hoja en blanco. En cuanto lo hice, me dijeron que acababa de firmar mi sentencia de muerte. Me colgaron de un hierro hasta que mi cuerpo dejó de funcionar y perdí el conocimiento. Cuando estaba a punto de morir, me bajaron y me echaron agua para reanimarme”.

Como muchas de las personas detenidas por la SARS, este joven no tuvo acceso a asistencia letrada ni a cuidados médicos, y tampoco pudo ponerse en contacto con su familia, durante las dos semanas que permaneció detenido.

Sin embargo, cuando varias víctimas de tortura y malos tratos policiales han pedido justicia, las autoridades no han tomado ninguna medida.

Por su parte, cuando Amnistía Internacional ha preguntado a la policía por qué no se ha suspendido de sus funciones ni enjuiciado a ningún agente por actos de tortura, ésta se ha limitado a negar la existencia de dicha práctica,

lo que contradice las declaraciones de un alto cargo, quien afirmó que, en abril del presente año, se había trasladado de comisaría a unos 40 agentes presuntamente responsables de tortura y malos tratos. El alto cargo en cuestión no aclaró si las denuncias en su contra se estaban investigando.

“Esta falta de rendición de cuentas fomenta y perpetúa la impunidad, y da lugar a un ambiente en el que los agentes de la SARS creen tener carta blanca para torturar”, afirma Damian Ugwu.

“No es de extrañar, ya que muchos de esos agentes han pagado a su vez para entrar en la SARS. Los propios jefes de policía están implicados en la corrupción”.

Chidi Oluchi, de 32 años, describió a Amnistía Internacional cómo los agentes de la SARS lo detuvieron en Enugu, le robaron sus pertenencias y lo torturaron.

“Me ordenaron que yo mismo me abofeteara y, cuando me negué, comenzaron a pegarme con el reverso de los machetes y con palos muy duros. Empecé a sangrar por la boca, y a ver borroso”, continúa Chidi, que finalmente quedó en libertad tras haber pagado a los agentes de la SARS 25.500 nairas (100 dólares estadounidenses).

Los agentes de la SARS han sido acusados, no sólo de exigir pagos, sino también de robar o confiscar propiedades de familiares de detenidos.

De hecho, algunos familiares han relatado a Amnistía Internacional cómo los agentes de la SARS les robaron sus automóviles o sacaron del banco todo el dinero que tenían en sus cuentas.

El hermano de un hombre detenido por su presunta participación en un robo a mano armada, explicó a Amnistía Internacional que un equipo de la SARS había registrado su casa en Nsukka.

“La policía forzó cajas, muebles cerrados con llave y cajones. Cuando se fueron, faltaban varias cosas, como relojes, joyas y zapatos. No denunciamos, porque teníamos miedo”, concluyó.

La mayoría de las víctimas de tortura bajo custodia de la SARS son pobres y no pueden contratar asistencia letrada. En algunos casos, cuando los detenidos no pueden pagar, simplemente los torturan más.

“Nuestras investigaciones han puesto en evidencia la cruel forma de trabajar de una unidad policial que opera al margen de la ley, y se ensaña a diario con nigerianos que no pueden defenderse de las acusaciones en su contra, y mucho menos de la tortura de la SARS”, afirma Damian Ugwu.

“Resulta deprimente que casi no exista ningún mecanismo judicial o de otro tipo para impedir que los agentes de la SARS se lucren a costa de someter a personas vulnerables a violaciones de derechos humanos”.

Pese a los reiterados llamamientos de Amnistía Internacional a lo largo de los últimos años, el sistema de justicia nigeriano sigue sin impedir ni castigar la tortura.

En diciembre de 2014, la policía nigeriana publicó un manual de derechos humanos, que prohíbe torturar e infligir malos tratos a detenidos, pero la SARS no lo ha aplicado.

Tras el nombramiento de un nuevo inspector general de Policía, a principios de 2015, se anunció que se iba a proceder a la reforma y reorganización de la SARS, pero varios agentes de la unidad aseguraron a Amnistía Internacional no tener conocimiento de ninguna reforma.

En junio de 2016, la Cámara de Representantes aprobó una nueva versión de un proyecto de ley, que penaliza la tortura y que fue por primera vez aprobado en 2012, pero que el presidente se negó a firmar. Este proyecto de ley se debatirá en el Senado este mismo año.

“Hasta el momento, las iniciativas del gobierno nigeriano para erradicar la tortura han sido completamente ineficientes, por lo que ha llegado la hora de que las autoridades garanticen la rendición de cuentas de los agentes responsables de estas violaciones de derechos humanos”, declara Damian Ugwu.

“La tortura policial es una lacra para la sociedad nigeriana, y debe abordarse con órdenes claras dirigidas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para que no sometan a los detenidos a tortura ni a malos tratos en ninguna circunstancia.

También es urgente una enérgica legislación penal que que tipifique como delito cualquier acto de tortura en Nigeria. Todas las víctimas tienen derecho a reparaciones, y deben tomarse medidas para evitar que nadie saque partido de cometer abusos contra detenidos”.

En virtud del derecho internacional y regional de los derechos humanos, Nigeria está obligada a garantizar la prohibición de la tortura y los malos tratos.


Deja un comentario

Urge investigar la situación en las cárceles sirias.

TERMINEN DE UNA VEZ CON EL HORROR EN LAS CÁRCELES SIRIAS

Urge garantizar el acceso de observadores independientes a las cárceles sirias, auténticos agujeros negros de los que apenas se sabe nada salvo por los espeluznantes testimonios de quienes han tenido la mala suerte de pasar por ellos.

Desde 2011, miles de personas han muerto bajo custodia en prisiones de Siria. Decenas de miles más han sufrido terriblestorturas. Las personas han sido brutalmente golpeadas, violadas y han sido objeto de descargas eléctricas, a menudo para extraer “confesiones” forzadas.

Cualquier persona sospechosa de oponerse al gobierno sirio está en riesgo. Las condiciones en estos centros de detención brutales son infrahumanas. La gente se muere de hambre. Ya no hay ni siquiera la atención sanitaria más básica, y están muriendo a causa de heridas infectadas que no son atendidas. También se están dando graves problemas de salud mental debido al hacinamiento y la falta de luz solar.

Estas prácticas forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, violan claramente el derecho internacional, y en muchos casos constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Pide a Rusia y a EEUU que empleen su influencia para que se permita a los observadores independientes investigar las condiciones en las prisiones de Siria.


Deja un comentario

España y las torturas.

españa

Ocho condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos evidencian que la investigación de torturas es una asignatura pendiente de España

Imagen de un acto de la campaña #StopTortura de Amnistía Internacional © AI.

Amnistía Internacional exige a las autoridades españolas que realicen las investigaciones adecuadas en respuesta a las denuncias por tortura para evitar espacios de impunidad

25 de junio de 2016

En el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, Amnistía Internacional vuelve a exigir a las autoridades españolas que realicen las investigaciones adecuadas cuando reciban denuncias de tortura para garantizar que no hay espacios de impunidad. Desde el año 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España hasta en ocho ocasiones por no investigar de forma exhaustiva, pero el Gobierno español continúa haciendo oídos sordos. En total, por estas ocho sentencias, España ha sido condenada a pagar 155.000 euros en concepto de indemnización y 23.840 por gastos y costas del proceso.

Todas las sentencias del Tribunal de Estrasburgo giran en torno a lo mismo: la persistente negativa de las autoridades españolas a investigar con eficacia y profundidad las denuncias de tortura. Según Amnistía Internacional, estos pronunciamientos del TEDH revelan cómo la falta de estas investigaciones imparciales impide no sólo identificar a los responsables, sino además resolver lasdeficiencias estructurales en la prevención, investigación y castigo de la tortura y otros malos tratos.

“Las autoridades españolas deben establecer un marco sólido contra la tortura y los malos tratos, que cuente con mecanismos de prevención y con la existencia de una adecuada investigación para evitar la actual situación de impunidad generalizada en este tipo de delitos”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Falta de garantías para las personas detenidas

La última sentencia del Tribunal de Estrasburgo, del pasado 31 de mayo, concluyó por unanimidad que la denuncia de torturas realizada por Xabier Beortegui Martínez tras ser detenido por la Guardia Civil en 2011 no fue adecuadamente investigada. Entre otras causas, el TEDH señala que ni el órgano jurisdiccional ante el que Beortegui alegó haber sufrido torturas en un primer momento -el Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional- ni tampoco el juzgado ante el que posteriormente se denunciaron los hechos, en Pamplona, llevaron a cabo ninguna investigación efectiva sobre estas alegaciones.

Como en ocasiones anteriores, en esta sentencia el TEDH vuelve a recordar la importancia de que se adopten las medidas recomendadas por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), que ha instado a España a mejorar la calidad de los exámenes médico-forenses a las personas detenidas en régimen de incomunicación y a elaborar un código de conducta claro del procedimiento a seguir en los interrogatorios, de forma que se garantice la integridad física de las personas detenidas.

En España, una persona puede pasar hasta un máximo de 13 días incomunicada, sin derecho a escoger un abogado, a consultar con el que le ha sido asignado de oficio de manera confidencial, a comunicar su paradero a su familia o a su consulado -en caso de ser extranjero- o a acceder a un médico de su elección.

Esta ausencia de investigación -principalmente en denuncias de tortura cometidas durante la aplicación del régimen de incomunicación- sigue siendo un problema estructural, a pesar de las limitadas mejoras introducidas con la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobada en octubre de 2015; entre ellas, el hecho de que la restricción de los derechos del detenido ya no se hace de forma automática sino que el juez tiene que determinar justificadamente cada una de esas limitaciones caso por caso.

Amnistía Internacional vuelve a solicitar a las autoridades españolas que deroguen el régimen de incomunicación, que facilita la práctica de la tortura y los malos tratos, atenta contra los derechos básicos del detenido y dificulta las investigaciones.

La organización también solicita que, hasta que no se derogue el régimen de incomunicación, las autoridades aseguren a las personas detenidas el derecho a asistencia letrada de su elección y a entrevistarse con ella o con la de oficio en privado; a ser examinadas por un médico de su elección; a poder notificar a sus familiares dónde se encuentran, y pide que se instalen sistemas de grabación de audio y vídeo en las comisarías, salvo en zonas donde se pueda violar la intimidad o la confidencialidad.

Amnistía Internacional lleva varias décadas documentando torturas en España. Desde el año 2010, la organización ha seguido recibiendo casos de torturas y malos tratos cometidos en España fundamentalmente en régimen de incomunicación, manifestaciones o en centros de internamiento de extranjeros. La mayor parte de ellos quedan impunes, una preocupación que también manifestó recientemente el Comité contra la Tortura de la ONU: “…las autoridades (españolas) realizarían pocos esfuerzos para enjuiciar a los presuntos culpables, según las informaciones recibidas. El Comité teme que dichas prácticas contribuyan a crear una cultura de impunidad entre las fuerzas del orden”. Amnistía Internacional también ha denunciado que España, desoyendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos, ha extraditado a personas a países en los que existía riesgo de sufrir torturas y malos tratos.

Las ocho sentencias a España

Siete de las ocho sentencias dictadas por el TEDH desde el año 2010 tienen que ver con denuncias de presuntas torturas y malos tratos inflingidos en régimen de incomunicación a personas detenidas y acusadas de pertenencia a banda armada y terrorismo. Son los casos de Mikel San Argimiro (2010), Aritz Beristain Ukar (2011), Martxelo Otamendi Egiguren (2012), Beatriz Etxebarria Caballero (2014), Oihan Ataun Rojo (2014), Patxi Arratibel Garciandia (2015) y Xabier Beortegui Martínez (2016).

La única de estas ocho sentencias que no alude a presuntos malos tratos durante el régimen de incomunicación se centra en la denuncia de B.S. (2012), una mujer de origen nigeriano que fue detenida en dos ocasiones mientras ejercía la prostitución en Palma de Mallorca y que presuntamente sufrió maltrato cuando fue interpelada e interrogada en la calle.


Deja un comentario

ONU exige liberación prisionero torturado en Marruecos.

amnistia-internacional-logo

 Marruecos: Sobreviviente de tortura sigue detenido pese a pedir la ONU su liberación inmediata

Acción de AI Marruecos para la campaña Stop Tortura © AI

31 de mayo de 2016

Las autoridades marroquíes deben aplicar la decisión del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que las insta a poner en libertad de inmediato a Ali Aarrass e indemnizarlo adecuadamente, ha afirmado hoy Amnistía Internacional. Hace casi tres años que este órgano de la ONU concluyó que Ali Aarrass había sido declarado culpable tras un juicio injusto basado en una “confesión” obtenida mediante tortura.

Ali Aarrass, de doble nacionalidad belga y marroquí, cumple en la actualidad una pena de 12 años de prisión impuesta tras un juicio injusto por formar parte —según se afirmó— de un grupo delictivo y suministrarle armas. La sentencia condenatoria se basó en una confesión que, según él, se obtuvo mediante tortura. En septiembre de 2012, el relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, visitó a Ali Aarrass en prisión en compañía de un médico forense que halló indicios de tortura acordes con su testimonio.

El año pasado, Ali Aarrass llevó a cabo una huelga de hambre de 72 días para exigir a las autoridades marroquíes que lo pusieran en libertad y denunciar que, pese a haber recurrido su sentencia condenatoria hacía más de cuatro años ante el tribunal marroquí de máxima instancia —que puede anularla, confirmarla, u ordenar que se repita el juicio—, el Tribunal de Casación aún no se había pronunciado al respecto. El artículo 546 del Código de Procedimiento Penal de Marruecos obliga al Tribunal de Casación a dictar sentencia en un plazo de tres meses desde el momento en que recibe el recurso interpuesto por una persona detenida. Amnistía Internacional insta a las autoridades marroquíes a asegurar que el Tribunal de Casación toma con prontitud una decisión sobre el caso de Ali Aarrass.

En mayo de 2014, dos días después de que el Comité de la ONU contra la Tortura determinara que Marruecos había incumplido la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las autoridades marroquíes anunciaron la apertura de una investigación sobre las denuncias de tortura de Ali Aarrass. A finales de 2015, se informó a los abogados de Ali Aarrass de que la investigación había concluido. En febrero de 2016, el Consejo Internacional de Rehabilitación para Victimas de la Tortura concluyó que el segundo examen forense al que se había sometido a Ali Aarrass, realizado en noviembre de 2014 en el marco de la investigación de sus denuncias de tortura, incumplía disposiciones clave del Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (conocido como Protocolo de Estambul).

Amnistía Internacional insta a las autoridades marroquíes a tomar las medidas necesarias para cumplir de manera efectiva la decisión de 2014 del Comité contra la Tortura
en relación con el caso de Ali Aarrass e investigar de forma independiente e imparcial sus denuncias de tortura, lo que incluye realizar un examen forense conforme al Protocolo de Estambul. Todas aquellas personas contra las que existan pruebas admisibles suficientes de haber sido responsables de tortura u otros malos tratos deben comparecer ante la justicia. Asimismo, las autoridades marroquíes deben garantizar que Ali Aarrass está protegido contra nuevos malos tratos y recibe un trato humano.

En octubre de 2015, un comité de apoyo a Ali Aarrass [publicó un vídeo que, según Ali, se grabó en octubre de 2012, después de la visita del relator especial de la ONU sobre la tortura. En el vídeo se aprecia que le cuesta caminar debido a las lesiones que, afirma, le provocaron las palizas recibidas. Añade también que lo golpearon como represalia por haber hablado con el experto de la ONU. Una evaluación pericial del vídeo solicitada por Amnistía Internacional concluyó que las lesiones de Ali Aarrass eran, de forma inequívoca e innegable, producto de una agresión reciente y prolongada con un bastón o arma similar, sufrida casi con total certeza mientras se encontraba inmovilizado. La Brigada Nacional de la Policía Judicial (Brigade nationale de la police judiciaire) visitó a Ali Aarrass en la cárcel tras la publicación del vídeo, pero sus abogados no saben si se abrió una investigación.

Llamadas de atención a España y Bélgica

En julio de 2014, el Comité de Derechos Humanos de la ONU determinó que España había incumplido las obligaciones contraídas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos al extraditar a Ali Aarrass a Marruecos en diciembre de 2010, pese a que la ONU y Amnistía Internacional habían advertido de que estaba en peligro de ser detenido en régimen de incomunicación, sufrir torturas y ser sometido a un juicio injusto. Pidió a España que concediera a Ali Aarrass la debida indemnización y que tomara todas las medidas posibles para garantizar, en colaboración con las autoridades marroquíes, que recibía un buen trato en Marruecos. En 2015, el Comité contra la Tortura expresó también su preocupación por la extradición y pidió a España que investigase las denuncias de tortura. Amnistía Internacional pide a las autoridades españolas que apliquen estas recomendaciones.

Por su parte, las autoridades belgas aún no han proporcionado asistencia consular a Ali Aarrass. Como poseedor de doble nacionalidad, Ali Aarrass lleva años solicitando asistencia consular a las autoridades belgas, las cuales se mostraron inicialmente reacias a proporcionársela debido a su ciudadanía múltiple. En septiembre de 2014, luego de que el Tribunal de Apelación de Bruselas les ordenara hacerlo, las autoridades belgas pidieron permiso a las autoridades marroquíes para visitar a Ali Aarrass en varias ocasiones, pero aseguran que aún no han recibido respuesta. Por otro lado, mientras tanto, recurrieron la decisión del Tribunal de Apelación ante el Tribunal de Casación de Bélgica.

Amnistía Internacional insta a las autoridades belgas a tomar las medidas necesarias para asegurar que Ali Aarrass dispone de asistencia consular efectiva y conseguir que el Tribunal de Casación de Marruecos decida de una vez por todas sobre su declaración de culpabilidad.

Información complementaria
Ali Aarrass se halla recluido en Marruecos desde el 14 de diciembre de 2010, cuando fue devuelto de España. Afirma que estuvo recluido en régimen de incomunicación y fue torturado durante 12 días en un centro secreto de detención de la Dirección General para la Vigilancia del Territorio (Direction générale de la surveillance du territoire, DST) en Temara.

En septiembre de 2014, Amnistía Internacional entregó al ministro de Justicia y Libertades de Marruecos una petición global con 216.500 firmas en la que se le pedía que aplicara la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y abriera una investigación independiente e imparcial sobre las denuncias de tortura de Ali Aarrass. En diciembre de 2015, coincidiendo con el quinto aniversario de su devolución a Marruecos, Ali Aarrass publicó una carta en la que daba las gracias a todas las personas que le habían escrito por darle fuerzas y esperanzas durante todo el tiempo.

En septiembre de 2013, el ministro de Justicia y Libertades de Marruecos presentó un plan de las autoridades marroquíes para reformar el sistema de justicia, en consonancia con las nuevas garantías en materia de derechos humanos consagradas en la constitución de 2011, que incluyen la protección de los derechos de las personas detenidas y el derecho a un juicio justo. En mayo de 2014, el ministro distribuyó instrucciones a los fiscales y jueces con el fin de animarlos a ordenar exámenes médicos siempre que conociesen de casos de denuncias de tortura u otros malos tratos. En marzo de 2016, durante una reunión de alto nivel con el ministro de Justicia y Libertades de Marruecos, Amnistía Internacional presentó recomendaciones sobre el proyecto de ley de modificación del Código de Procedimiento Penal de Marruecos presentado en noviembre de 2014.