Loiola XXI

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En Afganistán se sigue torturando a los detenidos.

UNAMA alerta sobre persistencia de la tortura de detenidos en Afganistán

Foto: IRIN

24 de abril, 2017 — Los presos relacionados con el conflicto en Afganistán son torturados y sufren malos tratos en los centros de detención gubernamentales, según un informe conjunto de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en ese país (UNAMA) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

Sin embargo, el estudio también indica que el gobierno de ese país se ha comprometido a erradicar la práctica.

El reporte se basa en entrevistas a más de 400 detenidos en 62 centros durante los años 2015 y 2016 e indica que el 45% de ellos sufrió tortura, la cifra más alta documentada desde 2010 por el programa de vigilancia de la UNAMA.

La mayoría de los presos indicó que los maltratos fueron utilizados para obligarlos a confesar y muchos firmaron un documento inculpatorio “que no entendían o no podían leer”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al-Hussein, señaló que el informe constata que la tortura no mejora la seguridad y que las confesiones logradas bajo esos métodos no son fidedignas, ya que las personas afirmarán cualquier cosa con tal de detener el dolor que se les inflige.

Por otro lado, el estudio acoge con beneplácito los esfuerzos del gobierno por aplicar el Plan Nacional para la Eliminación de la Tortura, promulgado en 2015.

Entre las recomendaciones al gobierno afgano se pide la prohibición inmediata de la tortura, la rendición de cuentas, el establecimiento de un Mecanismo Nacional de Prevención de esa práctica y la capacitación en técnicas de detención e investigación para los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley.


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Siria convertida en una cámara de tortura.

Alto Comisionado para los Derechos Humanos alerta que Siria se ha convertido en una cámara de tortura

Zeid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Foto de archivo: ONU/Jean-Marc Ferré

14 de marzo, 2017 — La guerra en Siria ha convertido a todo el país en una cámara de tortura. Ese fue el principal mensaje del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, durante un discurso pronunciado hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.

Zeid, recordó el caso de detención y tortura de niños que pintaron graffitis antigubernamentales en las paredes de una escuela en Daraa y expresó que estos mismos abusos continúan y se han extendido por toda Siria a seis años de iniciado el conflicto.

“Hoy de algún modo todo, el país se ha convertido en una cámara de torturas, un lugar de horror e injusticia absoluta“, dijo.

Cientos de miles de personas han muerto y millones han sido desplazadas por el conflicto sirio, al que Zeid calificó como el “peor desastre causado por el hombre que el mundo ha visto desde la Segunda Guerra Mundial”.

El Alto Comisionado declaró que los constantes vetos del Consejo de Seguridad de la ONU retrasan la esperanza de poner fin a la “carnicería“ y resaltó el horror del secuestro y la venta de niñas y mujeres yazidi como esclavas sexuales por parte de los terroristas de ISIS, así como la situación de desesperación de los habitantes de Alepo, que sufrieron bombarderos aéreos el año pasado cuando el gobierno recuperó la ciudad.

Asegurar que haya rendición de cuentas por este tipo de crímenes sigue siendo clave, agregó Zeid, y afirmó que su Oficina está trabajando para establecer un mecanismo internacional que juzgue a los responsables, de acuerdo con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada en diciembre pasado.


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Por qué seguir con las torturas y la pena de muerte? Secretario gen. ONU.

Secretario General llama a no permitir la reinstauración de la tortura

El Consejo de Derechos Humanos. Foto: ONU/Elma Okic

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27 de febrero, 2017 — El Secretario General de la ONU exhortó hoy a la comunidad internacional a no permitir la reinstauración de la tortura y la pena de muerte como prácticas generalizadas.

António Guterres participó en la apertura de las sesiones de trabajo del año del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde afirmó que la defensa de esas garantías beneficia a todos los Estados e individuos.

“Debemos resistir firmemente los llamados a readmitir la tortura. La tortura es cobardía y produce información inútil y avergüenza a los países que la ejercen. Del mismo modo, trabajemos juntos para rechazar los propósitos de restaurar la pena capital. Digo esto como ciudadano de un país que abolió ese castigo hace 150 años”, apuntó.

En su discurso, Guterres alertó sobre el aumento del populismo y el extremismo, fenómenos a los que achacó el avance del racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia y otras formas de intolerancia.

Señaló que las minorías, las comunidades indígenas y el colectivo LGBTI sufren discriminación y abusos.

Además, advirtió el líder de la ONU, los derechos de los refugiados y migrantes se encuentran bajo ataque y la trata de personas se incrementa.

En este contexto, aseveró que la comunidad internacional no puede evadir sus responsabilidades, sobre todo con tanta gente huyendo de guerras y situaciones que amenazan su vida.

Guterres instó a recuperar la integridad del régimen internacional de protección a los refugiados y recordó que se trata de una responsabilidad compartida comprendida en la Carta de las Naciones Unidas.

Por último, el Secretario General subrayó la importancia de los derechos humanos –uno de los tres pilares de la agenda de la ONU, junto con la paz y el desarrollo– y apeló a los Estados a defenderlos con imparcialidad y sin dobles raseros.


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Subdirectora actual de la CIA responsable de torturas en el pasado?

usaEstados Unidos debe examinar los presuntos vínculos con la tortura de la subdirectora de la CIA

Logo de la CIA. (Photo by Olivier Doulier – Pool/Getty Images)

3 de febrero de 2017

Tras la noticia del nombramiento por el presidente Trump de Gina Haspel como subdirectora de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Los informes según los cuales Gina Haspel dirigió el presunto lugar negro de la CIA en Tailandia en la época en que los detenidos eran sometidos a tortura y desaparición forzada, y su posible papel en la destrucción de las pruebas de tales delitos de derecho internacional suscitan una honda preocupación.

 

 

“El anuncio de este nombramiento justo después de las recientes manifestaciones públicas del presidente Trump en apoyo de la tortura hace saltar todas las alarmas.

“Estas denuncias son graves y deben ser sometidas a un exhaustivo examen. Nadie debe ser elegido para un puesto en el que pueda interferir en la investigación de crímenes de derecho internacional o facilitar su encubrimiento.

“Con todo lo que habla la administración Trump de ‘escrutinio extremo’, también debería examinar la capacidad de los funcionarios públicos de hacer cumplir la Constitución estadounidense y el derecho internacional.

El que durante el gobierno de Obama no se hayan llevado a cabo investigaciones sobre presuntos casos de tortura, desaparición forzada y otros crímenes de derecho internacional perpetrados dentro del programa de detención secreta de la CIA no significa que las personas sospechosas de haber participado en estos crímenes estén libres de toda sospecha, sino que corresponde a la administración Trump ordenar investigaciones independientes e imparciales y exigir que los responsables rindan cuentas, con independencia de su condición o rango.”

Información complementaria

Diversos informes indican que Gina Haspel fue directora del presunto lugar secreto de la CIA en Tailandia, donde dos detenidos, Abu Zubaydah y ‘Abd al Nashiri, estuvieron recluidos en 2002 y fueron sometidos a tortura y a desaparición forzada, dos crímenes de derecho internacional.

Sus interrogatorios se grabaron en vídeo, y en ellos hay simulacros de ahogamiento (waterboarding), técnica de tortura en la que se interrumpe la asfixia por ahogamiento y que equivale a un simulacro de ejecución. Las cintas fueron destruidas por la CIA en noviembre de 2005, una medida aprobada por Jose Rodriguez, ex director del Centro Nacional Contraterrorista y el Servicio Nacional Clandestino de la CIA, y en su destrucción, según informes, también participó Gina Haspel.

Ocultar las pruebas de un delito cometido por agentes del Estado puede constituir complicidad criminal.

No se ha hecho rendir cuentas a nadie por los crímenes de derecho internacional cometidos en el programa de detención de la CIA.


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Mexico: sacerdote secuestrado y liberado en grave estado de salud.

Esto pide el sacerdote secuestrado, torturado y hallado vivo en México

P. José Luis Sánchez Ruiz / Foto: Diócesis de San Andrés Tuxtla

P. José Luis Sánchez Ruiz / Foto: Diócesis de San Andrés Tuxtla
VERACRUZ, 15 Nov. 16 / 05:01 pm (ACI).- El Vocero de la Diócesis de San Andrés Tuxtla en México, P. José Gabriel López Castilla, emitió un comunicado este 14 de noviembre para informar sobre el estado de salud del P. José Luis Sánchez Ruiz, secuestrado el 11 de noviembre y hallado vivo dos días después pero con signos visibles de tortura.

 

El documento indica que el P. Sánchez Ruiz se encuentra “seriamente afectado en su salud física, psicológica y espiritual por los recientes acontecimientos”.

Por lo tanto requiere recibir “inmediatamente la atención adecuada para su recuperación y para la mayor seguridad de su persona, dado que está incapacitado para realizar cualquier tipo de declaración”.

Por su parte, el director de Comunicación Social de la diócesis de San Andrés Tuxtla, P. Aarón Reyes Natividad, aclaró al final de la rueda de prensa donde fue presentado el comunicado, que el P. Sánchez Ruiz está recibiendo “servicios médicos de urgencia” y que ya se presentó una denuncia en la procuraduría.

Asimismo, compartió las siguientes palabras pronunciadas por el P. José Luis Sánchez Ruiz: “temo por mi vida, temo por mi familia. Por favor, no me expongan”.

Al final del comunicado se reiteró el agradecimiento del Obispo de San Andrés Tuxtla, Mons. Fidencio López Plaza, a las autoridades del Gobierno del Estado de Veracruz; a los obispos de México “y a la constante oración de todos los fieles laicos que desde sus parroquias han permanecido en permanente oración”.


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Nigeria: la policía especial SARS acusada de robos y torturas.

nigeria

Nigeria: La policía tortura a detenidos y exige dinero a cambio de libertad

21 de septiembre de 2016

Amnistía Internacional ha publicado, el 21 de septiembre, un informe en el que denuncia que la unidad especial de policía creada en Nigeria para combatir la delincuencia violenta se dedica a torturar a detenidos para obtener de ellos confesiones y pagos.

En el documento Nigeria: You have signed your death warrant, se recogen las declaraciones de ex detenidos, que describen a Amnistía Internacional los terribles métodos de tortura a los que fueron sometidos por agentes corruptos de la temida Unidad Especial Antirrobos (SARS), entre ellos suspensión del cuerpo, privación de alimentos, disparos y simulacros de ejecución.

“Una unidad policial que fue creada para proteger a la población, se ha convertido, en cambio, en un peligro para la sociedad, que tortura impunemente y fomenta un tóxico ambiente de temor y corrupción”, explica Damian Ugwu, investigador de Amnistía Internacional sobre Nigeria.

“Nuestras investigaciones han puesto al descubierto cómo se cometen asiduamente violaciones de derechos humanos, consistentes en detener y torturar a personas hasta que ‘confiesan’ o pagan a los agentes a cambio de su libertad”.

Amnistía Internacional ha recibido denuncias de profesionales del derecho, defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas, que corroboran los testimonios recogidos, según los cuales es habitual que los agentes de la SARS exijan pagos y sobornos, o roben, a los sospechosos y a sus familias.

“Con sus brutales prácticas, los agentes de la SARS se están haciendo ricos. Parece que en Nigeria la tortura es un negocio lucrativo”, opina Damian Ugwu.

Los detenidos por la SARS son recluidos en distintos lugares, entre ellos un espeluznante centro de detención de Abuya conocido como “El Matadero”, en cuyas celdas Amnistía Internacional encontró apiñados 130 reclusos.

En sus investigaciones, la organización ha observado que la SARS no sólo se dedica a la delincuencia violenta –su misión expresa–, sino que también investiga asuntos civiles y, en algunos casos, tortura a personas detenidas por litigios contractuales o empresariales o, incluso, por disputas en las que no existe delito alguno.

Por ejemplo, en una ocasión la SARS detuvo en Onitsha (estado de Anambra) a un hombre de 25 años que trabajaba como dependiente en una gasolinera, porque su jefe lo había acusado de un robo ocurrido en la empresa.

El dependiente explicó a Amnistía Internacional: “La policía me pidió que firmara una hoja en blanco. En cuanto lo hice, me dijeron que acababa de firmar mi sentencia de muerte. Me colgaron de un hierro hasta que mi cuerpo dejó de funcionar y perdí el conocimiento. Cuando estaba a punto de morir, me bajaron y me echaron agua para reanimarme”.

Como muchas de las personas detenidas por la SARS, este joven no tuvo acceso a asistencia letrada ni a cuidados médicos, y tampoco pudo ponerse en contacto con su familia, durante las dos semanas que permaneció detenido.

Sin embargo, cuando varias víctimas de tortura y malos tratos policiales han pedido justicia, las autoridades no han tomado ninguna medida.

Por su parte, cuando Amnistía Internacional ha preguntado a la policía por qué no se ha suspendido de sus funciones ni enjuiciado a ningún agente por actos de tortura, ésta se ha limitado a negar la existencia de dicha práctica,

lo que contradice las declaraciones de un alto cargo, quien afirmó que, en abril del presente año, se había trasladado de comisaría a unos 40 agentes presuntamente responsables de tortura y malos tratos. El alto cargo en cuestión no aclaró si las denuncias en su contra se estaban investigando.

“Esta falta de rendición de cuentas fomenta y perpetúa la impunidad, y da lugar a un ambiente en el que los agentes de la SARS creen tener carta blanca para torturar”, afirma Damian Ugwu.

“No es de extrañar, ya que muchos de esos agentes han pagado a su vez para entrar en la SARS. Los propios jefes de policía están implicados en la corrupción”.

Chidi Oluchi, de 32 años, describió a Amnistía Internacional cómo los agentes de la SARS lo detuvieron en Enugu, le robaron sus pertenencias y lo torturaron.

“Me ordenaron que yo mismo me abofeteara y, cuando me negué, comenzaron a pegarme con el reverso de los machetes y con palos muy duros. Empecé a sangrar por la boca, y a ver borroso”, continúa Chidi, que finalmente quedó en libertad tras haber pagado a los agentes de la SARS 25.500 nairas (100 dólares estadounidenses).

Los agentes de la SARS han sido acusados, no sólo de exigir pagos, sino también de robar o confiscar propiedades de familiares de detenidos.

De hecho, algunos familiares han relatado a Amnistía Internacional cómo los agentes de la SARS les robaron sus automóviles o sacaron del banco todo el dinero que tenían en sus cuentas.

El hermano de un hombre detenido por su presunta participación en un robo a mano armada, explicó a Amnistía Internacional que un equipo de la SARS había registrado su casa en Nsukka.

“La policía forzó cajas, muebles cerrados con llave y cajones. Cuando se fueron, faltaban varias cosas, como relojes, joyas y zapatos. No denunciamos, porque teníamos miedo”, concluyó.

La mayoría de las víctimas de tortura bajo custodia de la SARS son pobres y no pueden contratar asistencia letrada. En algunos casos, cuando los detenidos no pueden pagar, simplemente los torturan más.

“Nuestras investigaciones han puesto en evidencia la cruel forma de trabajar de una unidad policial que opera al margen de la ley, y se ensaña a diario con nigerianos que no pueden defenderse de las acusaciones en su contra, y mucho menos de la tortura de la SARS”, afirma Damian Ugwu.

“Resulta deprimente que casi no exista ningún mecanismo judicial o de otro tipo para impedir que los agentes de la SARS se lucren a costa de someter a personas vulnerables a violaciones de derechos humanos”.

Pese a los reiterados llamamientos de Amnistía Internacional a lo largo de los últimos años, el sistema de justicia nigeriano sigue sin impedir ni castigar la tortura.

En diciembre de 2014, la policía nigeriana publicó un manual de derechos humanos, que prohíbe torturar e infligir malos tratos a detenidos, pero la SARS no lo ha aplicado.

Tras el nombramiento de un nuevo inspector general de Policía, a principios de 2015, se anunció que se iba a proceder a la reforma y reorganización de la SARS, pero varios agentes de la unidad aseguraron a Amnistía Internacional no tener conocimiento de ninguna reforma.

En junio de 2016, la Cámara de Representantes aprobó una nueva versión de un proyecto de ley, que penaliza la tortura y que fue por primera vez aprobado en 2012, pero que el presidente se negó a firmar. Este proyecto de ley se debatirá en el Senado este mismo año.

“Hasta el momento, las iniciativas del gobierno nigeriano para erradicar la tortura han sido completamente ineficientes, por lo que ha llegado la hora de que las autoridades garanticen la rendición de cuentas de los agentes responsables de estas violaciones de derechos humanos”, declara Damian Ugwu.

“La tortura policial es una lacra para la sociedad nigeriana, y debe abordarse con órdenes claras dirigidas a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para que no sometan a los detenidos a tortura ni a malos tratos en ninguna circunstancia.

También es urgente una enérgica legislación penal que que tipifique como delito cualquier acto de tortura en Nigeria. Todas las víctimas tienen derecho a reparaciones, y deben tomarse medidas para evitar que nadie saque partido de cometer abusos contra detenidos”.

En virtud del derecho internacional y regional de los derechos humanos, Nigeria está obligada a garantizar la prohibición de la tortura y los malos tratos.


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Urge investigar la situación en las cárceles sirias.

TERMINEN DE UNA VEZ CON EL HORROR EN LAS CÁRCELES SIRIAS

Urge garantizar el acceso de observadores independientes a las cárceles sirias, auténticos agujeros negros de los que apenas se sabe nada salvo por los espeluznantes testimonios de quienes han tenido la mala suerte de pasar por ellos.

Desde 2011, miles de personas han muerto bajo custodia en prisiones de Siria. Decenas de miles más han sufrido terriblestorturas. Las personas han sido brutalmente golpeadas, violadas y han sido objeto de descargas eléctricas, a menudo para extraer “confesiones” forzadas.

Cualquier persona sospechosa de oponerse al gobierno sirio está en riesgo. Las condiciones en estos centros de detención brutales son infrahumanas. La gente se muere de hambre. Ya no hay ni siquiera la atención sanitaria más básica, y están muriendo a causa de heridas infectadas que no son atendidas. También se están dando graves problemas de salud mental debido al hacinamiento y la falta de luz solar.

Estas prácticas forman parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, violan claramente el derecho internacional, y en muchos casos constituyen crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Pide a Rusia y a EEUU que empleen su influencia para que se permita a los observadores independientes investigar las condiciones en las prisiones de Siria.