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Denuncias de malos tratos a migrantes guatemaltecos.

Los migrantes guatemaltecos sufren abusos no solo de las pandillas, también de los funcionarios

©Alex Webb/ FAO
Emilia Felipe Jose hace tortillas en su casa de San Lorenzo, México, un lugar con gran población Guatemalteca que ha huido de sus países.

16 Abril 2019

En su informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un grupo de expertos aseguró que los migrantes centroamericanos son sometidos a secuestros, extorsiones, robos, reclutamiento forzado, abusos sexuales y violencia física en su camino hacia el norte, no solo por pandillas delictivas, pero también por miembros de la policía y del servicio de inmigración.

El Comité de la ONU sobre Trabajadores Migrantes declaró estar preocupado por los informes de que los guatemaltecos y sus familias están siendo víctimas de varios delitos en la ruta migratoria hacia al norte en manos de pandillas delictivas, e incluso miembros de la policía, del servicio de inmigración y otros funcionarios públicos.

Según el informe del grupo de expertos en derechos humanos presentado en Ginebra, los migrantes están siendo sometidos a secuestros, extorsiones, robos, reclutamiento forzado, abusos sexuales, violencia física y otras formas de maltrato.

Al Comité también le preocupa la falta de información por parte del Estado sobre estos incidentes, así como la ausencia de mecanismos efectivos para la denuncia, la atención de las víctimas y la asistencia para el acceso a la justicia y otras formas de reparación.

De acuerdo con los expertos, se ha recibido información con relación a extorsiones realizadas por agentes de la Policía Nacional Civil en controles migratorios, así como actuaciones exacerbadas en el marco de operativos de detención de autobuses en los que se trasladan trabajadores migrantes por departamentos fronterizos como Huehuetenango, San Marcos, El Quiché, Petén, Chiquimula y Jutiapa.

Asimismo, el Comité aseguró que los datos personales de los trabajadores migrantes y sus familias cuando acuden a instituciones de servicios sociales son vulnerables.

Los expertos recomendaron que se tomen medidas para investigar, procesar y sancionar, de manera administrativa y penal, los actos de extorsión y otros delitos. También pidió que se establezca un sistema de protección a los datos e información personal entre las autoridades de control migratorio y servicios públicos como la policía.

©Alex Webb / Magnum Photos para la FAO
Campesinos almuerzan en San Lorenzo, Chiapas, México. El pueblo ha recibido a muchos guatemaltecos que huyeron de su país hace algunos años. 20 julio 2017

La respuesta a las caravanas

En su informe el Comité toma nota del esfuerzo que realiza Guatemala para facilitar el tránsito de los migrantes en su territorio y reconoce que no hay aislamiento ni penalización para aquellos que cruzan en su ruta hacia el norte.

Sin embargo, a los expertos les preocupa la respuesta tardía de las autoridades guatemaltecas ante la primera “caravana migrante” en octubre de 2018, y la falta de una estrategia permanente para atender los flujos masivos de personas que se han presentado desde entonces hasta la fecha.

El Comité pidió a Guatemala que se asegure de que las medidas de gobernanza fronteriza aborden planes conjuntos con los países vecinos, especialmente con México para la migración segura y ordenada de las caravanas de migrantes.

Al respecto, tomó nota sobre el Memorando de cooperación establecido entre Guatemala, Estados Unidos, El Salvador y Honduras el pasado 27 de marzo y pidió al país que adopte las medidas necesarias para garantizar que cualquier acuerdo bilateral o multilateral en materia migratoria no conlleve al retorno, la expulsión o la deportación de trabajadores migrantes a sus países de origen o terceros países en donde sus derechos a la vida y la integridad se encuentren en riesgos de ser violados.

OIM / Rafael Rodríguez
La caravana de migrantes centroamericanos pasa por Chiapas, México.

Protegiendo a los trabajadores desde el territorio

El Comité reconoció que Guatemala, como país de origen de trabajadores migrantes, ha avanzado en la protección de los derechos de sus nacionales que trabajan en el extranjero, pero observó que las condiciones de vida dentro de Guatemala son adversas para una gran parte de su población.

“Los elevados índices de pobreza, corrupción, violencia y criminalidad, la exclusión social de algunos grupos y la falta de trabajo, los desastres naturales y los efectos del cambio climático, en particular en las zonas del denominado “corredor seco”, constituyen las causas estructurales que provocan la migración forzada”, se lee en el informe.

Los expertos además observaron que estos factores tienen un impacto agravado sobre los sectores más vulnerables de la población, tales como pueblos indígenas, campesinos y personas en situación de pobreza, y tomaron nota de los esfuerzos del Estado parte para revertir esta situación y garantizar el derecho a migrar o no migrar.


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Normas para la protección de menores en el Vaticano, a las que seguirán otras para la iglesia universal.

protección de menoresprotección de menores EDITORIAL

Estándares de vanguardia para la protección de menores

He aquí el sentido y las principales noticias presentes en los tres textos promulgados por Francisco para el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Curia Romana

ANDREA TORNIELLI – Ciudad del Vaticano

El motu proprio sobre la protección de los menores y de las personas vulnerables, la nueva ley para el Estado de la Ciudad del Vaticano extendida también a la Curia romana, y las orientaciones pastorales -tres documentos firmados por el Papa Francisco- hace poco más de un mes después de la reunión, del pasado mes de febrero, que congregó a los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo y que representan de alguna manera un primer fruto.

Se trata de leyes, normas e indicaciones muy específicas, en primer lugar, para los destinatarios: en realidad se refieren sólo al Estado Vaticano, donde un gran número de sacerdotes y religiosos trabajan, pero hay muy pocos niños. Aunque fueron concebidos y escritos para una realidad única en el mundo, en la que la máxima autoridad religiosa es también soberana y legisladora, estos tres documentos contienen indicaciones ejemplares que tienen en cuenta los parámetros internacionales más avanzados.

En el motu proprio, el único de los tres textos para los que la firma papal era indispensable, Francisco expresa su deseo de  “que todos sean conscientes del deber de denunciar los abusos a las autoridades competentes y de cooperar con ellas en las actividades de prevención y de lucha”, afirmando así un principio significativo.

El hecho de que el Papa decidiera firmar personalmente también la Ley CCXCVII y las Directrices – textos que en sí mismos podrían haber sido promulgados respectivamente por la Comisión para el Estado y por el Vicario de la Ciudad del Vaticano – indica el valor que estas normas pretenden dar.

El primero de los tres documentos es la nueva ley en la que el primer artículo contiene una definición precisa y amplia de la categoría de “adultos vulnerables” tratados como menores: “Es vulnerable toda persona en estado de enfermedad, deficiencia física o mental o privación de la libertad personal que, de hecho, incluso ocasionalmente, limite la capacidad de comprender o de querer o de resistirse a quien le ofende”.

Las innovaciones más significativas del texto son muchas

La primera se refiere al hecho de que, a partir de ahora todos los delitos relacionados con el abuso de menores, no sólo los de carácter sexual, sino también, por ejemplo, el maltrato, serán “perseguibles de oficio”, es decir, incluso en ausencia de un informe de oficio. La segunda novedad es la introducción de una prescripción de 20 años que comienza “en caso de delito a un menor, a partir de los 18 años”. Vale la pena recordar que aquí no estamos hablando de leyes canónicas, sino de leyes penales del Estado de la Ciudad del Vaticano, donde nunca se ha adoptado el Código Rocco promulgado en Italia durante el período fascista, el Código Penal de Zanardelli sigue siendo de aplicación, que para estos delitos preveía prescripciones que nunca llegaron más allá de cuatro años después de la comisión del delito en sí.

Otra novedad importante se refiere a la obligación de denunciar y sancionar al funcionario público que no denuncie ante la autoridad judicial vaticana los abusos de los que haya tenido conocimiento, sin perjuicio del sello sacramental, que es el secreto inviolable de la confesión. Esto significa que todos aquellos que, en el Estado y por extensión en la Curia Romana, pero también entre el personal diplomático al servicio de las nunciaturas, desempeñen el papel de funcionarios públicos (más del 90% de las personas que trabajan en el Vaticano o para la Santa Sede) serán sancionados en caso de no denunciar.

Otra innovación importante es la creación por el Governatorato, dentro de la Dirección de Salud e Higiene del Vaticano, de un servicio de acompañamiento para las víctimas de abusos, que será coordinado por un experto cualificado. Por lo tanto, las víctimas tendrán a alguien a quien recurrir en busca de ayuda, para recibir asistencia médica y psicológica, para que conozcan sus derechos y sepan cómo hacerlos respetar. Novedad también en lo que respecta a la selección y reclutamiento de personal del Governatorato y la Curia Romana: se debe determinar la idoneidad del candidato para interactuar con menores.

Finalmente, las Directrices Pastorales para el Vicariato de la Ciudad del Vaticano. Pueden aparecer como un documento breve en comparación con textos similares de algunas Conferencias Episcopales, pero hay que recordar que sólo hay dos parroquias en el Vaticano y que sólo viven unas pocas docenas de menores.

Las Orientaciones se dirigen a los sacerdotes, diáconos y educadores del Preseminario San Pío X, a los cánones, párrocos y coadjutores de las dos parroquias, a los religiosos y religiosas que residen en el Vaticano, así como a “todos aquellos que trabajan en cualquier cargo, individual o asociado, dentro de la comunidad eclesial del Vicariato de la Ciudad del Vaticano”. Se especifica, por ejemplo, que estas personas deben “ser siempre visibles para los demás cuando estén en presencia de menores”, que está estrictamente prohibido “establecer una relación preferencial con un solo menor, dirigirse a un menor de forma ofensiva o adoptar conductas inapropiadas o sexualmente alusivas, pedir a un menor que guarde un secreto, fotografiar o filmar a un menor de edad sin el consentimiento escrito de sus padres”. Y mucho más.

El Vicario de la Ciudad del Vaticano tiene ahora la obligación de informar al Promotor de Justicia de cualquier noticia de abuso que “no sea manifiestamente infundada”, retirando cautelosamente de las actividades pastorales al presunto autor del abuso. Cualquiera que sea encontrado culpable de abuso será “destituido de su cargo” en el Vaticano. Si es un sacerdote, entonces todas las normas canónicas ya en vigor toman el relevo.

A los documentos que acaban de salir a la luz, como se anunció a finales de la cumbre de febrero, seguirá la publicación por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe de un vademécum antiabuso para la Iglesia universal, y la creación de mecanismos para ayudar a las diócesis que carecen de personal cualificado para tratar estos casos.

El pasaje de Francisco es claro e inequívoco: “La protección de los menores y de las personas vulnerables es parte integrante del mensaje evangélico que la Iglesia y todos sus miembros están llamados a difundir en todo el mundo.


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Informe sobre tortura y malos tratos en el País Vasco: AMN.INT.

País Vasco: Es hora de acabar con el círculo vicioso de impunidad sobre los casos de tortura y malos tratos

El Instituto Vasco de Criminología
  • El informe final del Instituto Vasco de Criminología señala que en 50 años de tortura en Euskadi (1960-2014) solo se han dictado 20 sentencias con condenas firmes contra 49 funcionarios, 27 de los cuales habrían sido indultados
  • Amnistía Internacional recuerda una vez más que la falta de investigaciones exhaustivas contribuye a consolidar la impunidad en este tipo de violaciones de derechos humanos

Madrid/Vitoria.- Amnistía Internacional ha denunciado, una vez más, que la inmensa mayoría de los casos de tortura y malos tratos en el País Vasco siguen impunes, después de que el Instituto Vasco de Criminología haya publicado esta semana un estudio que analiza un total de 4.113 denuncias públicas y/o judiciales recopiladas entre los años 1960 y 2014. El documento recoge, entre otras cosas, una de las preocupaciones de la organización: la impunidad sigue imperando pese a las denuncias por tortura durante 50 años en el País Vasco, tal y como señala el hecho de que en todo este tiempo tan solo se hayan dictado 20 sentencias por 31 personas torturadas en régimen de incomunicación contra 49 funcionarios, 27 de los cuales habrían sido indultados.  

Tanto Amnistía Internacional, como diversos mecanismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas o el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, llevan décadas documentando casos de tortura y otros malos tratos en España, y en concreto en el País Vasco, cometidos por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en vía pública, en dependencias policiales, y dentro del contexto de la lucha antiterrorista, que no han sido debidamente investigadas o sancionadas. Una práctica, atenuada en los últimos años, que no puede considerarse superada, ni esporádica, donde la ausencia de investigaciones exhaustivas contribuye a invisibilizar aún más a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos. De hecho, desde 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España hasta en siete ocasiones por no haber emprendido investigaciones efectivas, la última de ellas en 2016, sobre alegaciones de tortura formuladas por personas detenidas en régimen de incomunicación.

“A pesar de la magnitud de estas cifras, y tal y como afirma el informe, la dimensión real de las personas afectadas podría ser mayor, especialmente en lo que se refiere a  denuncias por hechos producidos durante el franquismo y los primeros años de democracia”, ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Sin embargo, la falta de investigaciones exhaustivas sigue siendo la norma y, como consecuencia, la impunidad sigue vigente para las víctimas de tortura y malos tratos”, añade Esteban Beltrán.

Mientras que el Estado español ni tan siquiera ha reconocido públicamente la práctica de la tortura, Amnistía Internacional observa que sólo por parte del gobierno vasco se han impulsado iniciativas, como este reciente estudio, para avanzar en el derecho a la verdad, tanto individual como colectiva, de las víctimas estas violaciones de derechos humanos.

El estudio, encargado por la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno vasco, ha analizado un archivo conformado por más de 26.113 documentos, y 1.027 testimonios de víctimas de tortura, 500 de ellos testimonios directos. Además, el Instituto aplicó el Protocolo de Estambul (directrices de Naciones Unidas para investigar casos de tortura) a 202 personas, de las cuales el 95,5% presentaban consistencia con casos de tortura y malos tratos. Entre el 5% y el 15% de los casos analizados, además, presentarían secuelas psicológicas importantes necesitadas de atención especializada.

“Tal y como muestra este informe, la impunidad en los casos de tortura está perpetuada mediante un círculo vicioso: no solo es difícil que las denuncias sean atendidas, sino que muchos de los informes forenses son deficientes, y cuando se lleva a cabo una investigación, hay muchas probabilidades de que los responsables sean indultados, y vuelta a empezar”, asegura el director de Amnistía Internacional.

La organización, que en septiembre de 2017 publicó el informe “País Vasco: Informe de Amnistía Internacional sobre el derecho a la verdad, justicia y reparación para las víctimas de violaciones de derechos humanos como la tortura” ha recordado algunas de sus principales recomendaciones:

  • Que el Gobierno estatal haga un reconocimiento público del daño causado por la tortura y otros malos tratos en el contexto de la lucha antiterrorista contra ETA, y que lance un mensaje claro de que los malos tratos a personas detenidas no serán permitidos.
  • Que de manera exhaustiva y unitaria, se recojan y publiquen datos oficiales detallados y desglosados sobre la aplicación de la tortura, que permitan evaluar la respuesta ofrecida por las autoridades políticas, legislativas y judiciales, tanto a nivel estatal como en el País Vasco, a las víctimas directas y a sus familiares.
  • Que se revise toda la legislación vigente para asegurar que las víctimas de esta grave violación de derechos humanos tienen garantizada su reparación y derecho a garantías de no repetición, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Para ello, entre otras, sería necesario adecuar la definición de tortura del artículo 174 del Código Penal a la de la Convención contra la Tortura, o reformar la ley de Enjuiciamiento Criminal para eliminar el régimen de incomunicación.
  • Que se reforme el sistema para garantizar que todas las denuncias de tortura y malos tratos cometidas por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son investigadas de acuerdo a estándares internacionales de derechos humanos, de manera imparcial e independiente. Para ello, AI recomienda, tanto a las autoridades vascas como a las autoridades centrales, la creación de un mecanismo independiente de investigación.