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El Vaticano aplicó la pena de muerte. Nota histórica.

PENA DE MUERTE. EL VATICANO DECLARA QUE “SIEMPRE ES INADMISIBLE”. Fue abolida hace tan solo 17 años. El Estado Pontificio ajustició más de 500 personas en 74 años. “Mastro Titta”, el verdugo del Papa

Fue abolida en 2001

Fue abolida en 2001

Para comprender en profundidad el alcance histórico, radical y profundo del cambio que ha sufrido la doctrina de la Iglesia Católica en materia de pena de muerte, cambio que se hizo público sorpresivamente el miércoles, con la firma del Pontífice, y fue solemnemente sancionado en la nueva redacción del artículo 2267 del Catecismo de la Iglesia, es necesario recordar que esta pena era legal en el Vaticano hasta 17 años atrás, aunque no se aplicaba. «No basta, por tanto – explicó Francisco en octubre del año pasado en ocasión del XXV aniversario de la Promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica – con encontrar un lenguaje nuevo para proclamar la fe de siempre; es necesario y urgente que, ante los nuevos retos y perspectivas que se abren para la humanidad, la Iglesia pueda expresar esas novedades del Evangelio de Cristo que se encuentran contenidas en la Palabra de Dios pero aún no han visto la luz. Este es el tesoro de las «cosas nuevas y antiguas» del que hablaba Jesús cuando invitaba a sus discípulos a que enseñaran lo nuevo que él había instaurado sin descuidar lo antiguo». Más adelante, el Papa quiso subrayar que «sólo una mirada superficial puede ver el «depósito de la fe» como algo estático. La Palabra de Dios no puede ser conservada con naftalina, como si se tratara de una manta vieja que hay que proteger de la polilla. ¡No! La Palabra de Dios es una realidad dinámica, siempre viva, que progresa y crece porque tiende hacia un cumplimiento que los hombres no pueden detener».  Por eso «no se puede conservar la doctrina sin hacerla progresar, ni se la puede atar a una lectura rígida e inmutable sin humillar la acción del Espíritu Santo». «Dios, que muchas veces y en diversos modos habló en otros tiempos a los padres» (Hb 1,1), «habla sin intermisión con la Esposa de su amado Hijo» (Dei Verbum, 8). Estamos llamados a hacer nuestra esta «voz», mediante una actitud de «escucha religiosa» (ibíd., 1), para que nuestra vida eclesial progrese con el mismo entusiasmo de los comienzos, hacia esos horizontes nuevos a los que el Señor nos quiere llevar».

En su importante alocución el Papa había citado primero la célebre frase de san Juan XXIII quien, en el discurso de apertura del Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962, había dicho: «ante todo es necesario que la Iglesia no se aparte del sacro patrimonio de la verdad, recibido de los padres; pero, al mismo tiempo, debe mirar a lo presente, a las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo actual, que han abierto nuevos caminos para el apostolado católico». «Deber nuestro – continúa el pontífice bergamasco – no es sólo estudiar ese precioso tesoro, como si únicamente nos preocupara su antigüedad, sino dedicarnos también, con diligencia y sin temor, a la labor que exige nuestro tiempo, prosiguiendo el camino que desde hace veinte siglos recorre la Iglesia». Por último Francisco ha querido ser aún más preciso, recordando «la feliz formulación» de san Vicente de Lerins: «Annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate», vale decir que el dogma de la religión cristiana también «progresa, consolidándose a través de las edades, desarrollándose con el correr de los años, profundizándose con el paso del tiempo». Esta ley del progreso, dijo Francisco, «pertenece a la peculiar condición de la verdad revelada en cuanto que es transmitida por la Iglesia, y no comporta de manera alguna un cambio de doctrina».

La pena de muerte en la Ciudad del Vaticano estuvo vigente desde 1929 hasta 1969 para los casos de intento de homicidio del Papa. Fue formalmente derogada en la Ley fundamental recién en febrero de 2001, por iniciativa del Papa Juan Pablo II. Es indudable que con respecto a la condena a muerte en nombre de Dios, la Iglesia Católica, en particular el Estado Pontificio, ha tenido una tradición acorde, considerando que, entre ahorcamientos y decapitaciones, entre 1796 y 1870 el Estado del Papa alcanzó el récord de 527 ejecuciones, con un absoluto primado de Mastro Titta, “el verdugo de Roma” (1).

Comenzó con la decapitación y descuartizamiento de Nicola Gentilucci, del pueblo de Foligno, y terminó con la decapitación de Agatino Bellomo, condenado por homicidio y guillotinado en Palestrina el 9 de julio de 1870, dos meses antes de que Roma fuera conquistada por las tropas de  los Saboya. Cuando se firmaron los Pactos Lateranenses y se constituyó la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede volvió a tener un territorio propio y esto la obligó a introducir normas propias del poder temporal. El Código Penal del Reino de Italia, que reintrodujo la pena de muerte en 1926, extendió la pena capital en su propio territorio para el delito de intento de homicidio del Papa, equiparándolo al intento de homicidio del rey: «Considerando la persona del Sumo Pontífice como sagrada e inviolable, Italia declara que cualquier intento contra Su persona o cualquier incitación a cometer semejante intento será castigado con las mismas penas que todos los atentados e intentos de cometerlos en contra de la persona del Rey. Toda ofensa o insulto público cometido dentro del territorio italiano en contra de la persona del Sumo Pontífice, sea a través de discursos, actos o escritos, será castigado de la misma manera que las ofensas o insultos realizados en contra de la persona del Rey» (Tratado de Letrán).

La Ley fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, que fue promulgada en 1929 por el Papa Pio XI después que se firmó el Tratado de Letrán y concordaba fundamentalmente con el Código Penal del Reino de Italia, estableció también la pena de muerte en el ordenamiento de la Ciudad del Vaticano, específicamente en el caso de intento de homicidio del Santo Padre. Mientras el estatuto estuvo en vigencia no hubo ningún intento de asesinar al Papa. El Papa Pablo VI derogó el estatuto referido a la pena de muerte, aboliéndola para cualquier delito, y anunció la modificación en agosto de 1969. Sin embargo el cambio tomó estado público recién en enero de 1971, cuando algunos periodistas acusaron a Pablo VI de hipocresía con motivo de sus críticas a las ejecuciones capitales en España y la Unión Soviética.

La pena de muerte fue definitivamente excluida de la Ley Fundamental con un motu proprio del 12 de febrero de 2001, por decisión de Juan Pablo II.

***

(1Giovanni Battista Bugatti, llamado Mastro Titta (Senigallia, 6 de marzo de 1779 – Roma, 18 de junio de 1869), conocido también en romanesco como “er boja de Roma”, fue un famoso verdugo de los Estados Pontificios. Su carrera como encargado de la ejecución de las condenas a muerte duró 68 años, comenzó a los 17 años de edad, el 22 de marzo de 1796, y terminó en 1864, habiendo cumplido 514 ejecuciones (en su propio diario, Bugatti anotó 516 nombres, pero se deben restar dos condenados, uno porque fue fusilado y el otro porque fue ahorcado y descuartizado por su ayudante) lo que significa un promedio de 7 condenas por año. Desempeñó también su oficio durante la dominación francesa, en la que llevó a cabo 55 ejecuciones. Bugatti anotó en su diario una lista exacta de las ejecuciones que realizó hasta el 17 de agosto de 1864, cuando fue reemplazado por Vincenzo Balducci y el Papa le concedió una jubilación mensual de 30 escudos. Mastro Titta desempeñó su oficio en todo el territorio pontificio.

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El Papa Bergoglio y un argentino condenado en USA a la pena capital.

Pena de muerte: Un condenado argentino que inspiró al Papa

Se llama Víctor Hugo Saldaño y lleva más de 20 años en el corredor de la muerte. Al recibir a su madre en el Vaticano, en junio de 2016, el Papa le anticipó que cambiaría el Catecismo para declarar inadmisible la pena capital
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Pubblicato il 06/08/2018
Ultima modifica il 06/08/2018 alle ore 15:22
ANDRÉS BELTRAMO ÁLVAREZ
CIUDAD DEL VATICANO

 

Para la Iglesia, la pena de muerte es “inadmisible” en todos los casos. Lo acaba de definir el Papa de manera oficial. Un cambio histórico en las enseñanzas católicas, que Francisco meditó por largo tiempo. Al menos dos años, tal vez más. Como atestigua un episodio sugestivo. En junio de 2016, el pontífice recibió en audiencia a Lidia Guerrero, la madre de un argentino que lleva más de 20 años en el corredor de la muerte. En esa ocasión no sólo la abrazó y la confortó, también le anticipó que modificaría el Catecismo.

 

“La Iglesia católica lucha contra la pena de muerte, este es un caso reconocido por el mismo Estados Unidos en cuanto a las injusticias cometidas, también le sirve a la Iglesia para confirmar cómo se aplica la pena de muerte, que es muy lamentable”, aseguró la señora, familiar de Víctor Hugo Saldaño, enjuiciado en 1996 en dudosas condiciones y que es recordado, desde entonces, como el único argentino condenado a muerte en los Estados Unidos.

 

Ella habló durante una conferencia de prensa, luego de reunirse con Jorge Mario Bergoglio en el Palacio Apostólico del Vaticano. Era un caluroso sábado romano, 11 de junio de 2016. Entre las varias cosas que ambos se dijeron, el líder católico le anticipó que quitaría la aprobación de la Iglesia a la pena capital. Casi una promesa, que concretó el pasado 2 de agosto ordenando una nueva redacción del número 2267 del Catecismo.

 

La modificación es sustancial. Antes, ese apartado indicaba, a la letra: “La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas”. Aunque, a renglón seguido, el mismo número limitaba mucho la aplicación de esta sentencia considerando implícitamente que la misma no era respetuosa de la dignidad de la persona.

 

Ahora, además de constatar el avance en la comprensión de los derechos humanos y la eficacia del Estado para encerrar a los delincuentes, el nuevo número precisa: “La Iglesia enseña, a la luz del evangelio, que ‘la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona’, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo”. Una modificación histórica, relacionada -aunque sea en una mínima parte- con el caso Saldaño.

 

Aquel de junio de 2016 no fue el primer encuentro entre el Papa y la madre de Víctor. Lidia Guerrero ya lo había saludado el 5 de febrero de 2014, durante una audiencia pública de los miércoles en la Plaza de San Pedro. En esa ocasión el pontífice exclamó: “¡Si habré rezado por ese cordobecito!”.

 

Nacido en la provincia argentina de Córdoba, el 22 de octubre de 1972, Víctor Saldaño constituye un caso emblemático. Arrestado en el estado de Texas en 1996 por su participación en un crimen, fue condenado seis meses después. Desde entonces se encuentra en el corredor de la muerte. Pero en el año 2000 la Suprema Corte de los Estados Unidos anuló la sentencia tras considerar que estaba viciada por discriminación racial. Día tras día espera una ejecución que no llega.

 

El fallo obligó a reponer el primer juicio y este se realizó en 2004, con una nueva sentencia a muerte. “Estamos seguros que en el segundo proceso se juzgó a un loco”, advirtió Juan Carlos Vega, representante legal de la madre junto a Juan Pablo Cafiero, ex embajador argentino en el Vaticano.

 

El abogado se refirió así al impacto mental de tantos años pasados en el corredor de la muerte. Si bien las autoridades judiciales estadounidenses no han permitido realizarle una pericia psiquiátrica a Saldaño, existe el antecedente de un delincuente inglés que establece –sin lugar a dudas- que cuatro años en el aislamiento de la pena capital “quiebran el aparato psicológico”. Saldaño lleva cinco veces más de ese tiempo.

 

Desde 1998 el caso es analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una denuncia contra los Estados Unidos. Los abogados buscan resultados pronto. Esperan lograr que su asistido sea trasladado a un centro psiquiátrico, que es “el único lugar donde podría estar”. Pero una y otra vez parecen chocar contra un muro de goma, en un estado (Texas) con un largo historial de ejecuciones.

 

Lidia Guerrero salió animada de aquel encuentro con Francisco de 2016. “Doy gracias al Papa que me otorgó esta audiencia y me brindó su colaboración. Lo que esté a su alcance lo va a hacer porque conocemos su trayectoria y su compromiso con todas las personas que sufren. Me voy muy contenta porque no fue tan protocolar como hubiese sido con otros papas. Es una persona muy humilde, muy sencilla y dulce”, contó.

 

La madre entregó además una carta a Francisco, en la cual sostuvo que miles de personas en igual situación que Víctor esperan ser tratados humanamente, ser recuperados de un momento de oscuridad, y ganar su alma para la vida.

En la misiva incluyó su clamor de madre: “Su Santidad, Víctor se ha arrepentido, pidió el perdón e implora misericordia. Su estado mental es débil y su insuficiencia intelectual es evidente. Lo que Dios le deje de vida tendría que ser en beneficio de su recuperación. Humildemente Santo Padre, mi hijo ha pagado por lo que hizo y por lo que no hizo. Ruego a Dios que su voz llegue a crear conciencia a favor de la vida de Víctor y que las autoridades iluminadas por la serenidad de espíritu y la razón humana garanticen dignamente la vida de mi hijo”.

 


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La abolición de la pena de muerte y el catecismo católico. Informe

Pena de muertePena de muerte  (ANSA)

La pena de muerte no es una respuesta ante quien comete delito

“La pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”, afirma el nuevo texto sobre la pena de muerte del Catecismo de la Iglesia Católica, que aprobó el Papa Francisco. Uno de las asociaciones que desde siempre ha actuado contra la pena de muerte es la Comunidad de Sant’Egidio

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

En 1998, la Comunidad inició una campaña internacional de recolección de firmas a favor de una moratoria universal de la pena de muerte, destinada a la Organización de las Naciones Unidas. Después de recoger más de cinco millones de firmas,​ el 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución para una moratoria internacional, que se extendería con otras posteriores.​ La resolución del Parlamento Europeo del 7 de octubre de 2010 sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte alentó la actividad de organizaciones que propugnan la abolición de la pena de muerte, como Sant’Egidio.

La abolición de la pena de muerte

El Parlamento Europeo alienta además las actividades de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en favor de la abolición de la pena de muerte, incluidas Hands Off Cain, Amnistía Internacional, Reforma Penal Internacional, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte y la Federación Internacional de Helsinki para los derechos Humanos, Sant’Egidio y Reprieve; además acoge favorablemente y respalda las recomendaciones sobre los instrumentos de la UE en la lucha contra la pena capital formuladas en el 12° Foro UE-ONG sobre Derechos Humanos.

El Catecismo cambia artículo sobre pena de muerte

El Papa Francisco ha aprobado con un Rescrito la nueva redacción del artículo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte

El nuevo texto del artículo sobre la pena de muerte es el siguiente:

“Durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común.

Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente.

Por tanto, la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que «la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona», y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo”.

El padre Fernando Escobar de la Comunidad de San Egidio, explica la acción de la comunidad contra la pena de muerte, y el cambio en el Catecismo de la Iglesia Católica.

Padre Fernando Escobar de la Comunidad de San Egidio
03 agosto 2018, 15:55


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La pena de muerte en el catecismo católico de ahora en adelante

pena muerte capital papa francisco nuevo párrafo catecismoLa camilla para la inyección letal de la pena capital  (Copyright © Ken Piorkowski 2012)

El Papa Francisco cambia el párrafo del catecismo sobre la pena de muerte

“La pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”, afirma el nuevo texto sobre la pena de muerte del Catecismo de la Iglesia Católica

Ciudad del Vaticano

El Papa Francisco ha aprobado con un Rescrito la nueva redacción del artículo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte. Así lo informa el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Luis F. Ladaria.

El nuevo texto del artículo sobre la pena de muerte es el siguiente:

“Durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común.

Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente.

Por tanto la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que «la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona», y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo”.

La citación se refiere al discurso del Papa Francisco a los participantes en el encuentro promovido por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, el 11 de octubre 2017, mientras la aprobación tuvo lugar en el curso de la audiencia al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Luis F. Ladaria, el 11 de mayo pasado, y la firma fechada 1° de agosto 2018, Memoria de San Alfonso María de Ligorio.

El texto anterior

El Catecismo de la Iglesia Católica promulgado en 1992 había sido ya corregido en el párrafo sobre la pena de muerte después de las afirmaciones de Juan Pablo II en la Encíclica Evangelium vitae en el 1995. El texto enmendado decía:

“La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana.

Hoy, en efecto, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquél que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo «suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos”

La carta del card. Ladaria a los obispos

El Rescripto del Pontífice es acompañado por una carta del cardenal Ladaria a los obispos de todo el mundo en la que el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe explica que “la nueva redacción del n. 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica, “expresa un auténtico desarrollo de la doctrina que no está en contradicción con las enseñanzas anteriores del Magisterio. De hecho, estos pueden ser explicados a la luz de la responsabilidad primaria de la autoridad pública de tutelar el bien común, en un contexto social en el cual las sanciones penales se entendían de manera diferente y acontecían en un ambiente en el cual era más difícil garantizar que el criminal no pudiera reiterar su crimen”.

Escuche y descargue el servicio

 

 

02 agosto 2018, 12:01


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Kenia debe abolir la pena de muerte. AMN.INT.

Kenia: Ningún delito justifica la condena a muerte

© African Prisons Project

Tras saberse que el Tribunal Superior de Kenia ha condenado a Ruth Kamande a muerte por matar a su novio, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Kenia, Irungu Houghton, ha manifestado:

Nos preocupa que Kenia continúe haciendo uso de esta forma cruel, inhumana y desfasada de sanción. Esta condena es un golpe al progresista historial de conmutaciones de condenas a muerte por penas de prisión de Kenia.

“No hay pruebas convincentes de que la pena de muerte disuada de cometer delitos con más eficacia que otras sanciones lícitas. Es preciso conmutar de inmediato esta condena a muerte y rehabilitar a Ruth Kamande.”

Información complementaria

Ruth Kamande fue condenada a muerte tras ser declarada culpable de matar a su novio en 2015, asestándole 25 puñaladas.

Kenia ha hecho grandes avances contra el uso de la pena de muerte. Lleva 30 años sin llevar a cabo ejecuciones, y en los últimos 10 años dos presidentes han conmutado la pena de a poblaciones enteras de condenados a muerte.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente del delito del que se trate, de las características del delincuente y del sistema de ejecución utilizado por el Estado. La pena capital viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.


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Una religiosa activista contra la pena de muerte

Helen Prejean: “Las personas valen más que sus peores actos”

Por Mireya Cidón (@mnodic), Amnistía Internacional

La cruzada de Helen Prejean contra la pena de muerte se hizo famosa con la película Dead Man Walking (Pena de muerte), dirigida por Tim Robbins e interpretada por Susan Sarandon y Sean Penn en 1995. Han transcurrido 22 años; 34 desde que esta monja católica perteneciente a las Hermanas de San José de la Medalla fue testigo, en primera fila, de la muerte premeditada y legal de Elmo Patrick Sonnier. A lo largo de su vida ha acompañado a seis condenados a muerte y ahora hace lo propio con el séptimo: Manuel Ortiz, un salvadoreño acusado de asesinar a su esposa y a una amiga de ella en 1992.

La hermana Helen Prejean no aparenta sus 78 años. Camina con determinación y me abraza antes de comenzar la entrevista. Le devuelvo el abrazo y la miro con admiración. Creo que me lo ha notado.

Mi primer maestro fue Amnistía Internacional –me explica con una sonrisa–. Ustedes. En los años 80 la organización iba por delante de una iglesia que reconocía el derecho del Estado a tomar vidas humanas. Pero Amnistía Internacional no lo hacía. De vuestra organización aprendí que los derechos humanos son inalienables y que los gobiernos no los conceden por buen comportamiento. Tampoco los pueden quitar por lo contrario. Los derechos humanos son el faro que todas las personas debemos seguir con independencia de que seamos religiosos, agnósticos o ateos.

¿Por qué hace campaña contra la pena de muerte? 
El Estado no tiene derecho a matar. Ningún gobierno es lo suficientemente inocente o lo suficientemente sabio como para reclamar un poder tan absoluto como la muerte. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos tres y cinco, dice que todo ser humano tiene derecho a la vida y que nadie puede ser torturado ni ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

¿Cuándo comenzó su cruzada?
Mi auténtica lucha contra la pena de muerte comenzó el día que presencié la muerte premeditada de Elmo Patrick Sonnier. El día que vi cómo lo desnudaban, le afeitaban la cabeza, le ponían unos pañales… Ese día vi la guionización fría y calculada de la ejecución de un hombre al que le arrebataban su dignidad y su vida. Tras su ejecución supe que no podía quedarme callada. 

¿Quién merece morir?
No podemos dejar que un gobierno decida entre la vida y la muerte. Nadie merece morir. Porque… ¿quién merece matar? ¿Los oficiales de prisiones? ¿Los médicos que participan aunque solo sea para certificar la muerte o expedir el certificado de defunción? ¿Qué clase de personas somos? ¿Qué clase de personas queremos ser?

Conozco a un funcionario de prisiones de Florida que ofició la ejecución de dos condenados a muerte. Acude a terapia porque no lo puede olvidar. Intenta superarlo dando charlas y conferencias para sensibilizar a la gente. 

¿Y cómo sensibiliza usted cuando los criminales son vistos como monstruos? Imagínese al violador y asesino de una niña de 7 años. El dolor de los familiares, la necesidad de venganza…  

Matar a una persona es el acto más terrible que puede cometer un ser humano. ¿Quién decide quién debería morir por ello? Cuando se reinstauró la pena de muerte, en 1976, el criterio fue aplicarla para los crímenes más terribles. ¿Pero estos cuáles son? ¿Un atentado terrorista? ¿La violación y asesinato de una niña? ¿De dos niñas? ¿Cómo se determina eso? ¿Hay una meritocracia de la muerte? 

¿Y los fallos del sistema judicial? Desde 1973, 161 presos del corredor de la muerte han sido exonerados. Y el número sigue subiendo, sobre todo gracias a la proliferación de las pruebas de ADN. Estados Unidos tiene un problema: perjurios, abogados de oficio incompetentes y mal pagados, policías que ocultan o destruyen pruebas o documentación importante para el caso, mala praxis de los fiscales…

¿No hay justicia equitativa en los Estados Unidos?
No, y no es solo por una cuestión de dinero. Los 10 estados sureños que permitían la esclavitud y maltrataban y negaban derechos fundamentales a los negros, son los que más han aplicado la pena de muerte en mi país. Una cosa está ligada con la otra. Sus muertes no generan debate social porque el racismo está enquistado en los Estados Unidos. El sistema criminal de mi país es racista, especialmente con los afroamericanos y los latinos. El sistema castiga a los pobres y se ceba con los criminales negros siempre y cuando la víctima sea blanca. Las muertes de hombres negros, de mujeres negras… no importan… Ni siquiera se investigan demasiado. 

Amnistía Internacional siempre ha defendido que matar es un error. No importa quién lo haga…
(Sonríe) Por eso sois mi maestro. Matar es un error. Da igual que el crimen lo cometa yo, ustedes o el gobierno. No podemos dejar que un Estado decida entre la vida y la muerte. 

¿Cómo se relaciona con los familiares de las víctimas?
El dolor de las familias suele utilizarse como motivo para justificar las condenas a muerte. He hablado con familiares que me decían que solo podían pensar en el día en que el Estado hiciera justicia. Pero el sistema penal de Estados Unidos tiene sus tiempos y los familiares pueden acabar esperando años y años para lograr eso que se les ha vendido como la curación a su dolor: ver morir al asesino de sus hijos. Desgraciadamente estas personas acaban siendo consumidas por su propia sed de venganza. Para mí es un privilegio poder ayudarles a encontrar una forma de perdón y de eliminar el odio de su interior. 

¿Empatizan con su cruzada?
Al principio ni siquiera yo tenía mucha compasión por los asesinos. ¡Les tenía miedo! Pero cuando los conoces, ves que también son seres humanos. Las personas valen más que sus peores actos. Tenemos que evitar el odio por el odio, la muerte por la muerte porque todo el mundo sufre en esta historia. Nadie gana.


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Disminuye el número de penas de muerte en Africa subsahariana.

El África subsahariana, un faro de esperanza en la tendencia a la baja de ejecuciones y condenas a muerte

  • Se han observado avances en toda el África subsahariana, donde Guinea se ha convertido en el 20º Estado abolicionista, las condenas a muerte han disminuido sustancialmente y ha habido iniciativas legislativas constantes.
  • Las ejecuciones y las condenas a muerte han disminuido en todo el mundo, tras haber alcanzado máximos históricos en años anteriores.
  • Proliferan aún preocupantes tendencias, con numerosos países violando el derecho internacional.
  • Tres españoles en riesgo de ser condenados o condenados a pena de muerte: Pablo Ibar, Artur Segarra y Ahmed el Saadany Ghaly.

Según palabras de Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, publicado hoy, el África subsahariana ha dado grandes pasos en la lucha mundial por la abolición de la pena capital, con un considerable descenso en el número de condenas a muerte en toda la región.

Guinea se ha convertido en el 20º Estado del África subsahariana en abolir la pena de muerte para todos los delitos, mientras que Kenia ha abolido la pena capital preceptiva para el asesinato. Burkina Faso y Chad ha avanzado también en la eliminación de esta pena, con nuevas leyes o proyectos de ley.

“Los avances en el África subsahariana han reforzado la posición de la región como faro de esperanza para la abolición. El liderazgo de los países de esta región permite concebir de nuevo la esperanza de que la abolición de la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante se encuentre a nuestro alcance”, ha declarado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Avanzado ya el año 2018, los gobiernos de la región continúan tomando medidas para reducir y revocar la pena de muerte, mientras la soledad de los países que siguen llevando a cabo ejecuciones es más clamorosa que nunca.

Ahora que 20 países del África subsahariana han abolido la pena capital para todos los delitos, es el momento de que el resto del mundo siga su ejemplo y relegue esta aberrante pena a los libros de historia”.

Amnistía Internacional ha registrado un descenso en el número de países del África subsahariana que consuman ejecuciones: de cinco en 2016 a dos en 2017 —Somalia y Sudán del Sur— en los que se haya tenido constancia de ejecuciones. Asimismo, la organización ha resaltado que las noticias sobre la reanudación de las ejecuciones en Botsuana y Sudán en 2018 no pueden eclipsar los avances experimentados en otros países de la región.

Por su parte, Gambia ha firmado un tratado internacional por el que se compromete a no llevar a cabo ejecuciones y a marchar hacia la abolición de la pena de muerte. El presidente gambiano dictó, en febrero de 2018, una moratoria oficial (suspensión temporal) de las ejecuciones.

Avances considerables en todas las regiones

Los progresos en el África subsahariana en 2017 ilustran la tendencia positiva observada en todo el mundo: los análisis de Amnistía Internacional apuntan a un nuevo descenso en el empleo mundial de la pena de muerte a lo largo del pasado año.

Durante 2017, Amnistía Internacional registró un mínimo de 993 ejecuciones en 23 países: una reducción del 4% respecto a 2016 (con 1.032 ejecuciones) y del 39% respecto a 2015 (cuando la organización informó de 1.634 ejecuciones, la cifra más elevada desde 1989). En 2017 se registraron al menos 2.591 condenas a muerte en 53 países, lo que supone un descenso considerable con respecto a la cifra récord de 3.117 condenas a muerte registrada en 2016. Estas cifras no incluyen los miles de condenas a muerte y ejecuciones que —según cree Amnistía— fueron impuestas y consumadas en China, donde las cifras correspondientes siguen clasificadas como secreto de Estado.

Además de Guinea, Mongolia abolió también la pena capital para todos los delitos, con lo que el número total de países abolicionistas ascendió a 106 en 2017. Por otro lado, tras haber abolido Guatemala la pena de muerte para los delitos comunes, como el de asesinato, el número de países abolicionistas, en la ley o en la práctica, es ahora de 142. Sólo 23 siguen llevando a cabo ejecuciones (la misma cifra que en 2016), pese a que varios países han reanudado las ejecuciones tras un periodo de interrupción.

Se han dado incluso pasos importantes para reducir el empleo de la pena de muerte en países que son firmes defensores de ella. En Irán, las ejecuciones registradas se redujeron en un 11% y las relacionadas en concreto con delitos de drogas descendieron en un 40%. Asimismo, se tomaron medidas para elevar la cantidad de droga necesaria para imponer la pena de muerte preceptiva. En Malasia, se reformó la legislación antidroga, que pasó a permitir discrecionalidad a la hora de imponer condenas en casos de narcotráfico. Estas reformas se traducirán, probablemente, en un descenso en el número de condenas a muerte impuestas en ambos países en el futuro.

“Sigue siendo preocupante que ciertos países recurran a la pena de muerte para los delitos de drogas. Sin embargo, las medidas adoptadas por Irán y Malasia para reformar la legislación antidroga revelan en buena medida la aparición de grietas incluso en la minoría de países que sigue llevando a cabo ejecuciones”, ha afirmado Salil Shetty.

Indonesia, que, en un torpe intento por atajar los delitos de drogas, ejecutó en 2016 a cuatro personas condenadas por ese tipo de delitos, no llevó a cabo ninguna ejecución el año pasado, y ha informado de un ligero descenso en el número de condenas a muerte impuestas.

Tendencias preocupantes

Sin embargo, en 2017 siguieron observándose preocupantes tendencias en el empleo de la pena de muerte.

En 15 países se condenó a muerte o ejecutó a personas por delitos de drogas, contraviniendo así el derecho internacional. La región de Oriente Medio y norte de África registró la cifra más alta de ejecuciones relacionadas con las drogas en 2017, mientras que la de Asia y Oceanía fue la región con mayor número de países que utilizaron la pena capital para ese tipo de delitos (10 países de 16).

Amnistía Internacional registró ejecuciones por cuestiones de drogas en cuatro países: Arabia Saudí, China (donde las cifras están clasificadas como secreto de Estado), Irán y Singapur. El secretismo que rodeaba la pena capital en Malasia y Vietnam impidió determinar si se habían llevado a cabo o no ejecuciones por delitos de drogas. En 2017, Singapur ahorcó a ocho personas, todas ellas por delitos de drogas, con lo que duplicó la cifra de 2016. La tendencia fue similar en Arabia Saudí, donde las decapitaciones por cuestiones de drogas se dispararon, pasando del 16% del total de ejecuciones en 2016 al 40% en 2017.

“Pese a los avances en la abolición de esta pena aberrante, quedan aún unos cuantos líderes que prefieren recurrir a la pena capital como ‘solución rápida’ en lugar de abordar la raíz de los problemas con políticas humanas y de base empírica. Los líderes fuertes ejecutan políticas, no a personas” ha afirmado Salil Shetty

“Las draconianas medidas contra las drogas que se aplican ampliamente en Oriente Medio y la región de Asia y Oceanía han fracasado estrepitosamente a la hora de solucionar el problema”.

De igual forma, los gobiernos violaron en 2017 varias prohibiciones más de derecho internacional. En Irán, al menos cinco personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, y otras 80, como mínimo, permanecían condenadas a muerte. Asimismo, en Estados Unidos, Japón, Maldivas, Pakistán y Singapur, se ejecutó a personas con discapacidad mental o intelectual, o se las mantuvo condenadas a muerte. En Arabia Saudí, Bahréin, China, Irak e Irán, Amnistía Internacional registró varios casos de personas condenadas a muerte tras haber “confesado” delitos bajo tortura u otros malos tratos. En Irán e Irak, estas “confesiones” se retransmitieron en directo por televisión.

Aunque el número total de países que llevaron a cabo ejecuciones permaneció inalterado, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait reanudaron las ejecuciones tras un periodo de interrupción. En Egipto, el número de condenas a muerte registradas aumentó en casi un 70% en comparación con 2016.

Expectativas

Con al menos 21.919 casos conocidos de personas condenadas a muerte en todo el mundo, no es el momento de relajar la presión.

En 2017 se dieron pasos en la buena dirección, cuyo impacto total comprobaremos a lo largo de los próximos meses y años. Sin embargo, ahora que algunos países han dado —o amenazan con dar— marcha atrás, la campaña contra la pena capital sigue siendo tan esencial como siempre.

“En los últimos 40 años, hemos presenciado una enorme y positiva transformación en la percepción de la pena de muerte, pero es necesario dar más pasos para erradicar esta terrible práctica de homicidios sancionados por los Estados”, ha manifestado Salil Shetty.

“La pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia, no su solución. Sabemos que, estimulando el apoyo de personas de todo el mundo, podemos hacer frente a este cruel castigo y poner fin a la pena de muerte en todo el mundo”.

Para más información, remítanse a la hoja informativa, donde encontrarán estadísticas detalladas y desgloses por regiones.

Españoles condenados a muerte en el mundo

El Tribunal Supremo de Florida anuló el 4 de febrero de 2016 la condena a muerte de Pablo Ibar, español que permaneció en el corredor 16 años. El Tribunal ordenó llevar a cabo un nuevo juicio, que está pendiente de celebrarse. En 1994, Pablo Ibar fue acusado de asesinar a tres personas durante un robo en una vivienda. En un juicio plagado de irregularidades celebrado en el año 2000 se le consideró culpable del triple asesinato.

Ante la condena a muerte del español Artur Segarra el 21 de abril de 2017 en Tailandia, acusado del asesinato en Bangkok de otro español, David Bernat, Amnistía Internacional declaró su rechazo, ya que la organización se opone a la pena de muerte en todos los casos.

Asimismo la organización tuvo conocimiento de la condena a muerte en Egipto de Ahmed el Saadany Ghaly, de nacionalidad española. Según informaciones recibidas, Ahmed fue detenido y acusado de haber asesinado a su cuñado el 13 de diciembre de 2016, y durante su detención al parecer no tuvo asistencia letrada, fue torturado y amenazado con que su familia sería torturada. Amnistía Internacional está documentando este caso.