Loiola XXI

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Incremento de condenas a muerte en Egipto.

Egipto: Ejecución inminente de siete hombres torturados bajo custodia

16 de junio de 2017

Las autoridades egipcias deben detener de inmediato la ejecución inminente de siete hombres que fueron condenados a muerte en juicios manifiestamente injustos, ha afirmado Amnistía Internacional tras pedir que se remita el asunto a los magistrados supremos de la más alta instancia judicial de Egipto, el Tribunal de Casación. La organización ha advertido recientemente de que las reformas jurídicas aprobadas por el presidente Abdel Fattah al Sisi, que limitan el proceso de apelación judicial, pueden contribuir a que se produzca un repunte de las condenas de muerte y las ejecuciones en el país.

Al menos seis de estos hombres fueron sometidos a desaparición forzada y torturados para obtener “confesiones”, que un tribunal penal de Mansoura utilizó luego para declararlos culpables de asesinar a un agente de policía y de establecer una organización “terrorista”. El Tribunal de Casación confirmó la sentencia la semana pasada. En una causa aparte, otro hombre corre riesgo inminente de ejecución tras haber perdido su recurso definitivo ante el mismo tribunal. Tras un juicio manifiestamente injusto, había sido declarado culpable de matar a un hombre durante una protesta en Alejandría.

“Con independencia de los hechos en los que estos hombres puedan estar implicados, someter a desaparición forzosa a presuntos delincuentes y torturarlos para hacerlos confesar no es justicia. La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Nadie debe ser privado del derecho a la vida, por horrible que sea el delito del que haya sido acusado”, ha señalado Najia Bounaim, directora de Campañas para el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Se está agotando ya el tiempo para salvar la vida de estos hombres, que pueden ser ejecutados en cualquier momento. Las autoridades egipcias deben detener de inmediato estas ejecuciones y ordenar que los siete hombres sean sometidos a un nuevo juicio, que sea justo, en el que no se recurra a la pena de muerte y que no este basado en pruebas obtenidas presuntamente mediante tortura.

El 7 de junio, el Tribunal de Casación de Egipto confirmó las condenas de muerte de Bassem el-Khereby, Ahmed Meshaly, Ibrahim Azab, Mahmoud Wahba, Khaled Askar y Abd el-Rahman Atteia tras un juicio lleno de irregularidades. El hombre de cuyo asesinato están acusados era guardia policial de un juez que formó parte un tribunal ante el que fue juzgado el presidente Mohamed Morsi. El presidente egipcio dispone de 14 días para reducir la condena antes de que se fije la fecha definitiva de la ejecución.

Los abogados de los condenados presentaron el 15 de junio un recurso final ante la Fiscalía para solicitar un nuevo juicio, por considerar que en el anterior había habido errores que afectaron al debido proceso. Si se admite el recurso, el asunto será examinado por los magistrados supremos del Tribunal de Casación.

De acuerdo con sus familias y sus abogados, los hombres fueron detenidos por la Agencia de Seguridad Nacional en marzo de 2014 y estuvieron sometidos a desaparición forzada por periodos de entre tres días y tres meses, en los que no tuvieron acceso a sus familiares y abogados ni al mundo exterior y fueron torturados para obtener de ellos “confesiones” grabadas en vídeo . Los tuvieron recluidos en distintos lugares de todo el país, incluida la sede de la Agencia de Seguridad Nacional en El Cairo.

Los padres de al menos tres de ellos dijeron a Amnistía Internacional que no supieron que habían sido detenidos  hasta que los vieron “confesando” en la televisión, con contusiones en la cara. Cuando se permitió por fin a sus familias ir a verlos a prisión, los hombres les dijeron que habían sido torturados con métodos como violarlos analmente con un palo en reiteradas ocasiones, aplicarles descargas eléctricas en los genitales y en otras partes del cuerpo y tenerlos hasta cuatro días colgados en posturas en tensión. Explicaron que los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional les habían hecho quemaduras en el cuello con colillas de cigarrillos y habían amenazado con violar a sus madres y sus hermanas para obligarlos a confesar.

Los hombres se retractaron posteriormente de sus confesiones ante un fiscal de los servicios de Seguridad del Estado de El Cairo, explicando que los habían torturado. Sin embargo, los llevaron de nuevo a la Agencia de Seguridad Nacional, donde volvieron a torturarlos para castigarlos por haber retirado sus declaraciones y los llevaron por segunda vez al fiscal, ante el que “confesaron” tener miedo de sufrir más represalias.

Los abogados de los hombres han dicho también a Amnistía Internacional que les negaron el acceso a asistencia letrada durante el interrogatorio y que las sentencias estuvieron basadas totalmente en pruebas obtenidas por medio de tortura y en investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional llenas de irregularidades. El tribunal ignoró además pruebas periciales según las cuales al menos dos de los hombres presentaban en el cuerpo contusiones y quemaduras causadas bajo custodia, y se negó reiteradamente a remitir a los acusados la Autoridad Médico Forense para que se investigaran sus denuncias de tortura.

Aunque el Tribunal de Casación admitió el recurso y revisó los incidentes de la causa, no fijo una fecha para un juicio donde los abogados pudieran presentar sus argumentos. Además, el tribunal aplicó unas draconianas reformas jurídicas del sistema de apelación judicial aprobadas recientemente, que anulan el derecho de los acusados a un nuevo juicio y limitan la presentación de recursos a una etapa, en vez de dos, lo que prepara el terreno para más condenas de muerte y ejecuciones aún.

La causa de Alejandría

El Tribunal de Casación ha confirmado también la condena de muerte impuesta a Fadl Abdel Mawla en abril de  2017 en una causa aparte. Tras un juicio manifiestamente injusto, había sido declarado culpable de matar a un hombre copto durante una protesta celebrada en Alejandía el 15 de agosto de 2013, y corre también riesgo inminente de ejecución. Su abogado ha dicho que agentes de la Agencia de Seguridad Nacional lo sometieron a malos tratos en la dirección de seguridad de Alejandría para intentar, en vano, hacerle confesar.

Abogados que conocen el caso han explicado a Amnistía Internacional que, para declararlo culpable, el tribunal se basó por completo en el testimonio de un testigo que, según abogados y grupos locales de derechos, fue presionado por un agente de la Agencia de Seguridad Nacional para que prestara declaración.  Sus abogados presentaron también al tribunal documentos oficiales donde se afirmaba que Fadl Abdel Mawla estaba en el trabajo en el momento de la protesta. Han presentado un recurso en la Fiscalía solicitando un nuevo juicio. Si se admite el recurso, el asunto será examinado por los magistrados supremos del Tribunal de Casación.

Información complementaria

El uso de la pena de muerte en Egipto ha aumentado enormemente desde 2013, año en que no se registró ninguna ejecución y se condenó a muerte a 109 personas. El número de ejecuciones aumentó de 15 en 2014 a 22 en 2015, y se duplico hasta alcanzar las 44 en 2016. El número de personas condenadas a muerte aumentó a 509 en 2014 y a 538 en 2015, antes de descender a 237 en 2016.


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Filipinas: no a la pena de muerte.

FILIPINAS – No a la pena de muerte: una petición al Senado

Manila – Hoy, 19 de mayo ha llegado a Manila la ‘Marcha por la Vida’, para decir ‘no’ a la pena de muerte. Se trata de una caravana de peregrinos que inicio el 6 de mayo desde Midanao , y ha pasado a lo largo de un camino que atraviesa todo el archipiélago. Entre los católicos, sacerdotes y religiosos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, también estaba el padre Edwin Gariguez, secretario ejecutivo de la “Secretaría Nacional para la Acción Social”, un órgano de la Conferencia Episcopal de Filipinas, que ha elogiado oficialmente la iniciativa.
Los manifestantes presentarán una petición al Senado de Filipinas el 24 de mayo, instando a los senadores a rechazar la pena de muerte, una medida promovida por el presidente Rodrigo Duterte y aprobada hace dos meses en el Congreso, la primera rama del Parlamento. “La pena de muerte va a terminar castigando sólo a los pobres, que no pueden pagar abogados, y muchos inocentes” se afirma en el texto de la petición, enviado a la Agencia Fides. El texto señala que “la restauración de la pena capital es ilegal porque violaría los tratados internacionales, los cuales han sido firmados por el gobierno de Filipinas” La adopción de la pena capital, se afirma, también tendrá implicaciones económicas, ya que “la Unión Europea impondrá un impuesto sobre 6.000 productos importados de las Filipinas”, especialmente los productos agrícolas y pesqueros. “Oramos por nuestros senadores para que decidan sobre la base de la conciencia y la razón, rechazando la pena de muerte”, han afirmado los manifestantes que el 21 de mayo se unirán a miles de personas para una misa presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle de la Universidad de Santo Tomás de Manila.
“El uso de la pena de muerte debe ser excluido como un instrumento en la lucha contra la delincuencia, y debe ser sustituida por medidas alternativas”, ha dicho el cardenal, al comentar la iniciativa de la marcha. “Todos los delitos violan la vida, peor para castigarles no se puede recurrir a medidas que también violen la vida, como la pena de muerte”, ha afirmado el Cardenal Tagle. “Con la oración, el discernimiento y la acción, esperamos ser un pueblo que promueve una cultura de la vida” ha remarcado.


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La pena de muerte en Arkansas y en USA

Una jueza de Arkansas bloquea las ejecuciones restantes

AP

19 de abril de 2017

Una jueza del condado de Pulaski ha bloqueado el uso, por parte del estado de Arkansas, de sus fármacos restantes para la inyección letal en cinco ejecuciones previstas para este mes. La fiscalía planea apelar.

Arkansas había programado originalmente ocho ejecuciones en un plazo de 10 días, ya que, a final de mes, caducaban algunos de los fármacos empleados en la inyección letal. Tres de esas ejecuciones ya habían sido suspendidas hasta un plazo que va más allá de la fecha de caducidad de los fármacos. Dos estaban previstas para mañana. La sentencia se ha dictado justo después de que la Corte Suprema de Arkansas suspendiera la ejecución de Stacey Johnson para que pudieran realizarse análisis de ADN adicionales para su defensa.

“Aunque esta sentencia vuelve a traer un alivio temporal, Arkansas sigue sin mostrar aprecio alguno por los derechos humanos, ejecutando apresuradamente a sus presos”, ha manifestado James Clark, responsable de campañas de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Esta mortal oleada de ejecuciones es contraria a la tendencia estadounidense de apartarse de la pena de muerte. El plazo límite literal de la fecha de caducidad de un fármaco es terriblemente cruel, pero todas las ejecuciones previstas deben conmutarse de forma permanente. La pena de muerte no tiene cabida en un país que afirma valorar los derechos humanos.”

Un informe publicado este mismo mes por Amnistía Internacional mostró que, por primera vez desde 2006, y sólo por segunda vez desde 1991, Estados Unidos no se encuentra entre los cinco países que más ejecuciones llevan a cabo en el mundo. El número de ejecuciones (20) llevadas a cabo en 2016 fue el más bajo registrado en cualquier otro año desde 1991. El número de ejecuciones ha descendido cada año desde 2009, excepto en 2012, cuando la cifra no varió.


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La pena de muerte en 2016 en el mundo. Informe AMN.INT.

Pena de muerte: China, el mayor verdugo del mundo, debe reconocer el nivel “grotesco” del uso que hace de la pena capital

  • 1.032 ejecuciones en el mundo en 2016: 37% menos que en 2015 (1.634)
  • Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán forman con China el grupo de cinco países con más ejecuciones
  • Estados Unidos no figura entre los cinco primeros por primera vez desde 2006, con el número de ejecuciones más bajo desde 1991
  • La investigación sobre China desvirtúa las afirmaciones de apertura
  • La oleada de homicidios a manos del Estado en Vietnam, al descubierto

11 de abril de 2017

El horrendo uso de la pena de muerte que hace China sigue siendo uno de los terribles secretos del país, pues las autoridades siguen ejecutando a miles de personas cada año, afirma Amnistía Internacional en su examen global de la pena de muerte en 2016 que se publica hoy.

Una nueva investigación en profundidad de Amnistía Internacional, también publicada hoy, muestra que las autoridades chinas aplican un sistema complicado y opaco para ocultar la escandalosa magnitud de las ejecuciones en el país, pese a las reiteradas afirmaciones de que avanza hacia la transparencia judicial.

Sin tener en cuenta a China, Estados de todo el mundo ejecutaron a 1.032 personas en 2016. China ejecutó a más personas que todos los demás países del mundo en conjunto, mientras que Estados Unidos registró un mínimo histórico en su uso de la pena de muerte en 2016.

“China aspira a ser un líder en la escena mundial, pero en lo relativo a la pena de muerte ejerce de líder de la peor manera posible: ejecutando cada año a más personas que ningún otro país del mundo”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“El gobierno chino ha reconocido que va a la zaga en cuanto a apertura y transparencia judicial, pero persiste en ocultar activamente la verdadera magnitud de las ejecuciones. Es hora de que China levante el velo de este terrible secreto y deje por fin de esconder su sistema de pena de muerte.”

“Sólo unos pocos países continúan ejecutando en gran escala. La mayoría de los Estados no aprueban ya que el Estado arrebate vidas humanas. Con sólo cuatro países responsables del 87% del total de ejecuciones registradas, la pena de muerte también tiene los días contados.”

Las afirmaciones de transparencia de China son “engañosas”
La investigación de Amnistía Internacional saca a la luz que cientos de casos de pena de muerte documentados no constan en una base online de datos judiciales que inicialmente se promocionó como un “paso decisivo hacia la apertura” y que se proclama periódicamente como prueba de que el sistema judicial del país no tiene nada que ocultar.

La base de datos de China sólo recoge una mínima parte de los miles de condenas a muerte que Amnistía Internacional calcula que se dictan cada año en China, y refleja el hecho de que el gobierno chino sigue manteniendo un hermetismo casi total respecto al número de personas condenadas a muerte y ejecutadas en el país.

China clasifica como “secreto de Estado” la mayor parte de los datos relacionados con la pena de muerte, y de todos modos prácticamente cualquier información puede ser clasificada como secreto de Estado en virtud de las leyes excesivamente amplias sobre secretos de China.

Amnistía Internacional halló informaciones públicas sobre la ejecución de al menos 931 personas entre 2014 y 2016 (sólo una mínima parte del total de ejecuciones), pero sólo 85 de ellas constan en la base de datos del Estado.

La base de datos tampoco incluye a los nacionales extranjeros condenados a muerte por delitos relacionados con las drogas, pese a que los medios de comunicación informaron de al menos 11 ejecuciones de ellos. Tampoco figuran numerosos casos relacionados con “terrorismo” y con delitos relacionados con las drogas.

“El gobierno de China hace uso de revelaciones parciales y afirmaciones no verificables para reivindicar avances en la reducción del número de ejecuciones, pero al mismo tiempo mantiene un hermetismo casi absoluto. Esto es deliberadamente engañoso”, ha afirmado Salil Shetty.

“China es un caso absolutamente anómalo en la comunidad mundial en lo relativo a la pena de muerte, al margen de las normas jurídicas internacionales y contraviniendo las reiteradas peticiones de información de la ONU sobre el número de personas a las que ejecuta.”

En los últimos años, el riesgo de que se ejecute a personas por delitos que no cometieron ha causado una alarma creciente en la opinión pública china. En diciembre de 2016, el Tribunal Supremo Popular anuló la sentencia condenatoria errónea dictada en uno de los casos más destacados de error judicial y ejecución errónea, el de Nie Shubin, ejecutado en 1995, cuando tenía 20 años. En 2016, los tribunales chinos fallaron que cuatro personas que se enfrentaban a la pena capital eran inocentes y anuló sus condenas a muerte.

La escandalosa magnitud de las ejecuciones en Vietnam, al descubierto
En Malasia y Vietnam, nuevas revelaciones indican que la magnitud de las ejecuciones en estos países fue aun mayor de lo que se pensaba.Información de Vietnam, publicada en medios de comunicación vietnamitas por primera vez en febrero de 2017, indica que este país ha sido en secreto el tercero del mundo por el número de ejecuciones en los últimos tres años, al ejecutar a 429 personas entre el 6 de agosto de 2013 y el 30 de junio de 2016. Sólo China e Irán ejecutaron a un número mayor de personas en ese periodo. El informe del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam no incluye un desglose de las cifras para 2016.

“La magnitud de las ejecuciones en Vietnam en los últimos años es realmente escandalosa. Este mecanismo de ejecución en serie eclipsa por completo las recientes reformas relacionadas con la pena de muerte. Cabe preguntarse cuántas personas más han sido víctimas de la pena de muerte sin que el mundo lo sepa”, ha afirmado Salil Shetty.

Un hermetismo semejante reina en Malasia, donde la presión parlamentaria en 2016 permitió que saliera a la luz que más de 1.000 personas están en espera de ejecución, y que nueve personas fueron ejecutadas sólo en 2016, un número muy superior al que antes se pensaba.

Mientras tanto, la idea de que hay delitos que justifican la pena de muerte sigue arraigando en otros países de la región: Filipinas intenta reinstaurar la pena capital (abolida por última vez en 2006) y Maldivas amenaza con reanudar las ejecuciones después de más de 60 años.

Estados Unidos no figura entre los cinco primeros países por primera vez desde 2006
Por primera vez desde 2006, Estados Unidos no figura entre los cinco países con más ejecuciones del mundo.

El número de ejecuciones (20) en 2016 alcanzó el nivel mínimo registrado desde 1991, la mitad que en 1996 y casi cinco veces menos que en 1999. El número de ejecuciones ha descendido cada año desde 2009, excepto en 2012, cuando la cifra no varió.

El número de condenas a muerte (32) fue el más bajo desde 1973, un signo claro de que jueces, fiscales y jurados dan la espalda a la pena de muerte como medio de administrar justicia. Sin embargo, 2.832 personas continúan en espera de ejecución en Estados Unidos.

Aunque el debate está cambiando claramente, la reducción del número de ejecuciones se debió en parte a litigios relacionados con los protocolos relativos a la inyección letal y a las dificultades para obtener sustancias químicas en varios estados. Sin embargo, la posible resolución de algunas dificultades relacionadas con la inyección letal podría significar el inicio de un repunte del nivel de ejecuciones en 2017, comenzando con Arkansas este mes de abril.

En 2016 sólo se llevaron a cabo ejecuciones en cinco estados de Estados Unidos: Alabama (2), Florida (1), Georgia (9), Misuri (1) y Texas (7), siendo Texas y Georgia responsables del 80% de las ejecuciones del país en 2016. Mientras tanto, 12 estados que no han abolido todavía la pena de muerte —entre ellos Arkansas— no han llevado a cabo ninguna ejecución desde hace al menos 10 años.

“El uso de la pena de muerte en Estados Unidos se sitúa en su nivel más bajo desde los primeros años de la década de 1990. Pero tenemos que luchar para que siga siendo así. Las ejecuciones podrían regresar con más ímpetu en 2017. El alarmante número de ejecuciones programadas en Arkansas para un periodo de 10 días este mes de abril es un claro ejemplo de la celeridad con que puede cambiar el panorama”, ha afirmado Salil Shetty.

“La constante disminución del uso de la pena de muerte en Estados Unidos es un signo esperanzador para los activistas que llevan mucho tiempo haciendo campaña para acabar con la pena capital. Es evidente que el debate está cambiando. Los políticos deben evitar la inquietante retórica de “mano dura con la delincuencia” que contribuyó a marcar máximos en el número de ejecuciones en las décadas de 1980 y 1990. La pena de muerte no hará que nadie esté más seguro.

“Los cinco estados aislados que llevaron a cabo ejecuciones el año pasado viven de espaldas a su época. No sólo van en contra de la tendencia nacional, sino también de la regional. Desde hace ya ocho años, Estados Unidos tiene el vergonzoso honor de ser el único país de América que lleva cabo ejecuciones.”

Tendencias clave en 2016

  • El descenso en el número de ejecuciones está motivado en gran medida por las reducciones registradas en Irán (un 42% menos, de un mínimo de 977 a un mínimo de 567) y Pakistán (73% menos, de 326 a 87).
  • En el África subsahariana se registraron menos ejecuciones, pero el número de condenas a muerte se duplicó con creces, debido en gran medida a un fuerte incremento en Nigeria.
  • En Oriente Medio y el Norte de África, el número de ejecuciones disminuyó un 28%, pero Irán y Arabia Saudí continuaron en el grupo de países que llevaron a cabo más ejecuciones.
  • Dos países abolieron la pena de muerte para todos los delitos (Benín y Nauru); Guinea abolió la pena de muerte únicamente para delitos comunes.


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Hamas ejecuta en Gaza a tres civiles juzgados militarmente.

Palestina: Hamás ejecuta a tres civiles juzgados ante tribunales militares de Gaza

Acto de Amnistía Internacional contra la pena de muerte.

5 de abril de 2017

En respuesta a la terrible noticia de que tres hombres declarados culpables de colaborar con Israel han sido ahorcados hoy por la administración de facto de Hamás en la Franja de Gaza, Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“Las ejecuciones llevadas a cabo hoy por las autoridades de Hamás en Gaza representan un amargo golpe a los derechos humanos. La pena de muerte es cruel, inhumana y degradante. Su uso es deplorable en todas las circunstancias, pero el hecho de que estos tres civiles hubieran sido condenados a muerte tras haber sido declarados culpables en procedimientos injustos ante tribunales militares hace que sus ejecuciones sean aún más indignantes.”

“No debe privarse a nadie del derecho a la vida, independientemente del delito de que se le acuse. Hamás debe detener de inmediato todas las ejecuciones, abolir la pena de muerte y dejar de juzgar a civiles ante tribunales militares.”


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Filipinas: vuelve la pena de muerte.

FILIPINAS – La Camera aprueba la pena de muerte: la iglesia esta “de luto”

Manila (Agencia Fides) – La Iglesia católica filipina está “de luto” después de que la Cámara de Representantes ha aprobado – en la tercera lectura – el restablecimiento de la pena de muerte en la nación. En la votación de ayer, 7 de marzo, 217 miembros de la Cámara votaron “sí” al proyecto de ley que establece la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas, 54 dieron un voto negativo y uno se abstuvo. La ley ha sido promovida por la alianza de gobierno que apoya al presidente Rodrigo Duterte y fuertemente apoyado por éste. Ahora el proyecto de ley pasará al Senado, a la asamblea compuesta de 24 miembros, en el que el partido de Duterte tiene la mayoría.
El Arzobispo Sócrates Villegas, Presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, ha dicho que esta decepcionado porque la Cámara “ha dado el permiso al estado para matar” y ha afirmado que los obispos “no nos sentimos derrotados ni podremos ser silenciados”.
“En medio de la Cuaresma – señaló un comunicado de los Obispos – nos preparamos para celebrar el triunfo de la vida sobre la muerte, y mientras estamos entristecidos porque la Cámara ha votado en favor de la pena capital, nuestra fe nos asegura que la vida triunfará”. Los pastores llaman a los fieles a una movilización general para manifestar “el espíritu de oposición” a la pena de muerte. También piden a los abogados, jueces y juristas católicos “que consientan que la dulzura del Evangelio ilumine su trabajo y la aplicación de la ley”, “llevando vida en su servicio a la sociedad”.
Rodolfo Diamante, secretario ejecutivo de la Comisión episcopal para la Pastoral prisiones, ha declarado que “los legisladores han perseguido sus intereses personales y no el bien común”, “sacrificando su conciencia y sus principios”.
La pena capital fue introducida en la ley de Filipinas, en 1946, y se mantuvo en vigor durante el período de la dictadura de Ferdinand Marcos. Fue suspendido en 1987 durante el gobierno de Corazón Aquino y luego volvió a introducirse durante el gobierno de Ramos para los “crímenes atroces”. Durante la presidencia de Joseph Estrada, en 1999, se produjo la ejecución de Leo Echegaray, tras lo cual se concedió una nueva moratoria. En 2006, el gobierno de Gloria Macapagal Arroyo firmó la abolición de la pena de muerte antes de visitar al Papa Benedicto XVI. Desde 2006, Filipinas ha apoyado la causa abolicionista, promoviendo diversas iniciativas en el ámbito internacional e incluso obteniendo la conmutación de las penas de muerte impuestas a ciudadanos filipinos en el extranjero. (PA) (Agencia Fides 8/3/2017)


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Por qué seguir con las torturas y la pena de muerte? Secretario gen. ONU.

Secretario General llama a no permitir la reinstauración de la tortura

El Consejo de Derechos Humanos. Foto: ONU/Elma Okic

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27 de febrero, 2017 — El Secretario General de la ONU exhortó hoy a la comunidad internacional a no permitir la reinstauración de la tortura y la pena de muerte como prácticas generalizadas.

António Guterres participó en la apertura de las sesiones de trabajo del año del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde afirmó que la defensa de esas garantías beneficia a todos los Estados e individuos.

“Debemos resistir firmemente los llamados a readmitir la tortura. La tortura es cobardía y produce información inútil y avergüenza a los países que la ejercen. Del mismo modo, trabajemos juntos para rechazar los propósitos de restaurar la pena capital. Digo esto como ciudadano de un país que abolió ese castigo hace 150 años”, apuntó.

En su discurso, Guterres alertó sobre el aumento del populismo y el extremismo, fenómenos a los que achacó el avance del racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia y otras formas de intolerancia.

Señaló que las minorías, las comunidades indígenas y el colectivo LGBTI sufren discriminación y abusos.

Además, advirtió el líder de la ONU, los derechos de los refugiados y migrantes se encuentran bajo ataque y la trata de personas se incrementa.

En este contexto, aseveró que la comunidad internacional no puede evadir sus responsabilidades, sobre todo con tanta gente huyendo de guerras y situaciones que amenazan su vida.

Guterres instó a recuperar la integridad del régimen internacional de protección a los refugiados y recordó que se trata de una responsabilidad compartida comprendida en la Carta de las Naciones Unidas.

Por último, el Secretario General subrayó la importancia de los derechos humanos –uno de los tres pilares de la agenda de la ONU, junto con la paz y el desarrollo– y apeló a los Estados a defenderlos con imparcialidad y sin dobles raseros.