Loiola XXI

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Ciudades en el mundo contra la pena de muerte el 30 nov.

Más de 2000 ciudades en el mundo se iluminan contra la pena de muerte

El Centro Cultural Óscar Niemeyer en Avilés iluminado contra la pena de muerte el 30 de noviembre de 2016

Amnistía Internacional y la Comunidad de Sant’Egidio, en colaboración con algunos ayuntamientos, iluminan edificios representativos para oponerse a las ejecuciones

El próximo 30 de noviembre, en más de 2.000 ciudades de todo el mundo como Berlín, Buenos Aires, París o Seúl y otras capitales de países donde se está haciendo un trabajo contra la pena de muerte como Minsk (Bielorrusia) o Porto Novo (Benin) se iluminarán edificios representativos para mostrar el rechazo de la población a la pena de muerte. En España, la Comunidad de Sant’Egidio y Amnistía Internacional impulsan esta iniciativa en más de 30 ciudades como Barcelona, Burgos, Castellón, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Madrid, Salamanca o Valencia, entre otras.

La Jornada de Ciudades por la Vida es una iniciativa internacional que se pone en marcha cada año en la fecha en la que se recuerda la abolición de la primera pena capital en el Gran Ducado de Toscana en 1786. Se trata de un evento promovido por la Comunidad de Sant’Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, a la que pertenece Amnistía Internacional.

Las cifras de la pena de muerte

En 2016, al menos 1.032 personas fueron ejecutadas en todo el mundo, 602 menos que en 2015. Aunque la la reducción es considerable, la cifra general sigue siendo más alta que la media registrada en los 10 años anteriores. Estas cifras no contemplan las ejecuciones realizadas en China, donde los datos sobre la aplicación de la pena de muerte siguen siendo considerados secretos de Estado. A esta cifra se suma que en 2016 fueron condenadas a muerte 3.117 personas en 55 países. Los Estados que mantienen y aplican la pena de muerte están cada vez más aislados y deben tomar medidas para sumarse a la tendencia mundial.

En 1977, sólo 16 países habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. En la actualidad, la mayoría de los países del mundo, 105, la han abolido por completo. En 2017 se han cumplido 40 años desde que Amnistía Internacional promovió la Declaración de Estocolmo, primer manifiesto abolicionista contra la pena de muerte.

El pasado 10 de octubre, Día Internacional Contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional puso el foco en la vinculación de la pena de muerte con la pobreza. Según investigaciones de la organización, las personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos se ven afectadas de manera desproporcionada en su contacto con el sistema de justicia penal y suelen ser las que sufren la imposición de la pena de muerte.

En China se reproduce un patrón preocupante, por el cual la pena de muerte podría estar imponiéndose de manera desproporcionada a personas que viven en la pobreza, con niveles bajos de educación o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas. En Arabia Saudí, el 48,5% de todas las ejecuciones registradas por Amnistía Internacional entre enero de 1985 y junio de 2015 fueron de extranjeros, en su mayoría trabajadores migrantes, que no saben árabe, el idioma en que se interroga a los detenidos y en el que se celebran los procedimientos judiciales.

Por otro lado, Benín ha sido uno de los últimos países que han abolido la pena de muerte por ley en todo los delitos; sin embargo, todavía 14 personas se encuentran en el corredor de la muerte en terribles condiciones y sin saber cuál va a ser su destino, pese a que el Gobierno haya prometido que no serán ejecutados.

En Europa el único país que mantiene la pena de muerte es Bielorrusia, donde las ejecuciones normalmente se realizan en secreto y sin notificárselo a la familia. Desde 1994 sólo se ha concedido el indulto en uno de los más de 400 casos en que se había solicitado.

Amnistía Internacional y la Comunidad de San’t Egidio se oponen a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia y otras características de la persona y del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. Además, las organizaciones consideran que esta práctica viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es un castigo cruel, inhumano y degradante.

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Mauritania: condenado a muerte un defensor de derechos humanos.

Mauritania: La condena a muerte por apostasía impuesta a un bloguero de Facebook debe ser anulada

© Particular

Mauritania debe liberar de inmediato y sin condiciones a Mohamed Mkhaïtir, defensor de los derechos humanos que ha sido condenado a muerte por criticar el uso del islam para justificar prácticas discriminatorias contra grupos étnicos minoritarios en el país; así lo ha manifestado Amnistía Internacional con antelación a la vista de apelación de su causa.

Mañana, un tribunal de apelación de la ciudad noroccidental de Nuadibú verá por segunda vez el caso de Mohamed Mkhaïtir, condenado a muerte en diciembre de 2014 por un blog “blasfemo” que había publicado en Facebook.

“Es un caso absurdo, y representa un auténtico retroceso para la libertad de expresión en un país que no ha castigado la apostasía en más de 50 años de independencia”, ha dicho Kiné Fatim Diop, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre África Occidental.

Mohamed Mkhaïtir es preso de conciencia y lleva tres años bajo custodia sólo por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y pronunciarse contra la discriminación. Su escandalosa condena de muerte tiene que ser anulada, y Mohamed debe quedar en libertad de forma inmediata e incondicional.”

En diciembre de 2013, Mohamed Mkhaïtir publicó un blog en Facebook titulado “religión, religiosidad y herreros”, en el que condenaba el uso de la religión para justificar prácticas discriminatorias contra los miembros de la clase marginada de los herreros, con quienes se identifica. Tras la publicación de su blog recibió llamadas telefónicas amenazadoras en las que lo acusaban de blasfemia. Varios sitios web reprodujeron la publicación antes de su retirada.

Mohamed Mkhaïtir publicó un segundo blog donde explicaba que su artículo iba dirigido a denunciar a quienes usan la religión para menospreciar a los miembros de castas inferiores. Miles de personas se echaron a la calle en varias ciudades, entre ellas Nuadibú y la capital, Nuakchot, para pedir su condena a muerte.

Fue detenido el 5 de enero de 2014 y acusado de apostasía. Los primeros seis meses de su detención estuvo sometido al régimen de aislamiento en una celda sin retrete ni ducha.

En la vista judicial, Mohamed Mkhaïtir expresó públicamente su arrepentimiento, afirmando que no era su intención hablar con ligereza del profeta Mahoma en sus escritos. Fue declarado culpable y condenado a muerte el 25 de diciembre de 2014. En abril de 2016, el Tribunal de Apelación de Nuadibú confirmó la condena de muerte y remitió la causa al Tribunal Supremo para que considerase la veracidad de su arrepentimiento. Sin embargo, éste anuló la decisión y remitió la causa de nuevo al Tribunal de Apelación de Nuadibú.

Esta condena a muerte ha sido impuesta en flagrante contradicción con las obligaciones contraídas por Mauritania en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y en particular la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en la que es Estado Parte”, ha dicho Kiné Fatim Diop.

“Las autoridades deben poner en libertad de inmediato a Mohamed Mkhaïtir y terminar con las absurdas actuaciones judiciales en su contra, que han causado perjuicios en su salud y su vida.”


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Se va hacia la abolición de la pena de muerte en el mundo.

¿Se debe condenar a muerte a los terroristas?

Por Amnistía Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado su cuenta de Twitter para pedir la condena a muerte de Sayfullo Saipov, el presunto autor del atropello múltiple en Nueva York que ha matado a ocho personas y ha dejado heridas a otras 12 este pasado martes.

“El terrorista de Nueva York estaba contento cuando pidió colgar la bandera del EI en su habitación del hospital. Mató a 8 personas, dejó gravemente heridas a 12. ¡Debería ser condenado a pena de muerte!”, dijo Trump en un mensaje en Twitter.

Saipov, que resultó herido de un disparo de la policía está detenido bajo vigilancia en un hospital de Nueva York.

Aunque el estado de Nueva York no contempla la pena muerte en su sistema penal, Saipov podría ser condenado a muerte en un juicio federal por terrorismo.

Pero, ¿evita la pena de muerte que se cometan nuevos crímenes? ¿Ofrece justicia a las víctimas? ¿Existe una forma humana de ejecutar? Esta es nuestra postura:

1. ¿Por qué se opone Amnistía Internacional a la pena de muerte?

La pena de muerte viola el derecho más fundamental, el derecho a la vida. Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.

La pena de muerte se aplica de forma discriminatoria. Se usa con frecuencia contra las personas más vulnerables de la sociedad, incluidas las minorías étnicas y religiosas, los pobres, y las personas con discapacidad psíquica. Algunos gobiernos la utilizan para silenciar a sus oponentes. Cuando los sistemas de justicia tienen deficiencias y los juicios injustos están generalizados, existe siempre el riesgo de ejecutar a una persona inocente.

Cuando se aplica la pena de muerte, es irreversible. Los errores cometidos no se pueden deshacer. Una persona inocente puede ser liberada de la prisión por un delito que no cometió, pero una ejecución nunca se puede revertir.


Manifestantes cantan durante una protesta contra la pena de muerte frente a la Corte Suprema en Washington. © AP Photo/Evan Vucci

2. ¿No tienen las víctimas de delitos violentos y sus familias derecho a justicia?

Sí lo tienen. Las personas que han perdido a seres queridos en crímenes terribles tienen derecho a ver a la persona responsable rendir cuentas en un juicio justo sin recurso a la pena de muerte. Al oponernos a la pena de muerte, no estamos intentando minimizar o aceptar la delincuencia, pero, como han dicho muchas familias que han perdido a seres queridos, la pena de muerte no puede verdaderamente aliviar su sufrimiento. Simplemente extiende ese sufrimiento a la familia de la persona condenada.

3. Si matas a una persona, ¿no mereces morir tú también –”ojo por ojo”–?

No. Ejecutar a una persona porque le ha quitado la vida a otra es venganza, no justicia.

Una ejecución, o la amenaza de una ejecución, inflige un terrible maltrato físico y psicológico. Una sociedad que ejecuta a delincuentes está cometiendo la misma violencia que condena.

4. ¿No previene la pena de muerte la delincuencia?

De acuerdo con la investigación, no.  No existen pruebas verosímiles de que la pena de muerte disuada de cometer delitos de forma más eficaz que la pena de prisión. De hecho, en los países en los que se ha prohibido la pena de muerte no han aumentado las cifras relativas a la delincuencia. En algunos casos, la realidad es que han disminuido. En Canadá, la tasa de asesinatos en 2008 fue inferior a la mitad de la de 1976, cuando se abolió la pena de muerte en el país.

5.  ¿Qué pasa con la pena capital para los terroristas?

Los Estados con frecuencia recurren a la pena de muerte tras producirse ataques violentos, con lo que pretenden demostrar que hacen algo para “proteger” la seguridad nacional. Pero es improbable que la amenaza de ejecución detenga a hombres y a mujeres preparados a morir por sus creencias, por ejemplo, a terroristas suicidas. Sin embargo, es muy probable que las ejecuciones creen mártires cuya memoria se convierta en un motivo de reivindicación para sus organizaciones.

Es muy elevada la probabilidad de que a las personas acusadas de “terrorismo” se las someta a un juicio injusto. A muchas se las condena e virtud de “confesiones” extraídas bajo tortura. En algunos casos, tribunales especiales o tribunales militares establecidos en aplicación de leyes contraterroristas han condenado a muerte a civiles, lo que socava las normas internacionales.

6. ¿No es mejor ejecutar a una persona que encerrarla para siempre?

Diariamente, hombres, mujeres, incluidos menores, esperan la ejecución en el “corredor de la muerte”. Independientemente del delito que hayan cometido, de si son culpables o inocentes, un sistema de justicia que valora más el castigo que la rehabilitación se cobra sus vidas. Mientras un preso o presa siga con vida, él o ella mantiene la esperanza de la rehabilitación, o de la absolución si posteriormente se determina que es inocente.

7. ¿Existe una forma humana e indolora de ejecutar a una persona?

Todas las formas ejecución son inhumanas. A menudo, se defiende que la inyección letal es un método más humano porque, al menos superficialmente, parece menos cruel y salvaje que otras formas de ejecución como la decapitación, la electrocución, la cámara de gas o el ahorcamiento.

Pero la búsqueda de una forma “humana” de matar a una persona debería verse como realmente es: un intento de hacer que las ejecuciones sean más aceptables para el público en cuyo nombre se realizan, y que los gobiernos que ejecutan parezcan menos asesinos.

8. ¿Es asunto de Amnistía que varias sociedades quieran usar la pena de muerte?

Los derechos humanos, incluido el derecho más básico, el derecho a la vida, son universales y están ratificados por la inmensa mayoría de países en el mundo. Nuestro llamamiento a poner fin a la pena de muerte es consecuente con la misericordia, la compasión y el perdón que enfatizan todas las grandes religiones del mundo. Hasta la fecha, 140 países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica, lo que demuestra que casi todas las regiones del mundo, culturas y sociedades comparten el deseo de poner fin a la pena capital.


Activistas de AmnistIa Internacional se manifiestan contra la pena de muerte. © AI

9. ¿Qué ocurre si la opinión pública está a favor de la pena de muerte?

Un apoyo firme del público a la pena de muerte generalmente va acompañado de una falta de información fiable: con frecuencia, se cree erróneamente que reducirá la delincuencia. Muchos gobiernos se apresuran a promover esta creencia errónea, incluso si no existen pruebas que la respalden. Generalmente no se comprenden los factores fundamentales que sustentan la forma como se aplica la pena de muerte, entre ellos, el riesgo de ejecutar a una persona inocente, la ausencia de garantías procesales en los juicios y la naturaleza discriminatoria de la pena de muerte, todo lo cual contribuye a tener una opinión realmente informada de la pena capital.

Creemos que los gobiernos deben ser claros en lo que concierne a esta información, y que deben promover el respeto por los derechos humanos a través de programas de educación pública.  Solo entonces, podrá haber un debate significativo sobre la pena de muerte.

Aún así, la decisión de ejecutar a una persona no la puede tomar la opinión pública; los gobiernos deben trazar el camino.

10. ¿Se está ganando la batalla para abolir la pena de muerte?

Sí. Actualmente, dos tercios de los países en el mundo han abolido la pena de muerte por completo, o la han dejado de usar en la práctica. En 2016, dos países —Benín y Nauru— abolieron la pena de muerte en la ley para todos los delitos; en 2017 Mongolia hizo por fin efectiva su abolición. Y Estados Unidos, históricamente una de las naciones más reacia a abandonar la pena de muerte, se está volviendo cada vez más contraria a la pena capital. En total, 105 países la han abolido, la mayoría de los del mundo. Sólo 64 países eran totalmente abolicionistas en 1997.

Pero, a pesar del optimismo de los datos, numerosos países siguen poniendo en práctica la pena de muerte sin restricciones y al final de 2016 había en el mundo al menos 18.848 personas condenadas a la pena capital.

¡Ayúdanos a seguir luchando contra la pena de muerte. ¡Apoya a Amnistía Internacional!


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La pena de muerte y el catecismo.

La Iglesia, la pena de muerte y el texto del Catecismo que cambió tras solo cinco años

Un magisterio que va perfeccionándose: desde el Concilio de Trento hasta los llamados de los Papas para abolir una práctica que no está en línea con la dignidad de la persona

La Iglesia, la pena de muerte y el texto del Catecismo que cambió tras solo cinco años

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Pubblicato il 11/10/2017
Ultima modifica il 11/10/2017 alle ore 14:42
SALVATORE CERNUZIO
CIUDAD DEL VATICANO

Hubo un tiempo en el que la Iglesia era favorable a la pena de muerte. «Entra en los poderes de la justicia condenar a muerte a una persona culpable. Tal poder, ejercido según la ley, sirve como freno a los delincuentes y como defensa para los inocentes», se leía en el Catecismo del Concilio de Trento (1545-1563). Que proseguía: «Emanando una sentencia de muerte, los jueces no solo no son culpables de homicidio, sino que son ejecutores de la ley divina que prohíbe, precisamente, matar culpablemente. El fin de la ley, de hecho, es tutelar la vida y la tranquilidad de los hombres; por lo tanto, los jueces, que con su sentencia castigan el crimen, pretenden, precisamente, tutelar y garantizar, con la represión de la delincuencia, esta misma tranquilidad de la vida garantizada por Dios».

Desde entonces, la dirección (así como la mentalidad y el derecho común) se ha invertido por completo y todos los Papas del siglo XX han condenado esta práctica, insistiendo en el aprecio por la dignidad de cada persona, sea cual sea el delito que hubiera cometido. Papa Francisco dijo que la pena capital es «una afrenta a la inviolabilidad de la vida y de la dignidad de la persona humana que contradice el plan de Dios sobre el hombre, la sociedad y su justicia misericordiosa». La pena de muerte, pues, es «inadmisible», afirmó el Pontífice argentino, que durante el Jubileo de la Misericordia lanzó un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que frenaran las sentencias de ejecución durante el Año Santo.

 

Pero antes de llegar a la postura tan neta de Bergoglio, hay que recordar las modificaciones y las aclaraciones o, tal vez, sería mejor hablar de perfeccionamientos de la enseñanza de la Iglesia en relación con este punto tal delicado. La primera vez se formuló en la edición del Catecismo publicada en 1992, en la cual el pasaje 2266, refiriéndose a la pena de muerte, decía: «En este título, la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido fundado el derecho y el deber de la legítima autoridad pública de infligir penas proporcionadas con la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, la pena de muerte».

 

Sin embargo, se trataba de una primera redacción que casi podría llamarse “informal”, publicada en francés e inmediatamente traducida a diferentes lenguas. Esta formulación fue superada cinco años más tarde. El texto oficial en latín del Catecismo es, efectivamente, el que fue publicado en 1997 y aprobado definitivamente por Juan Pablo II con la carta apostólica “Laetamur Magnopere”, en el que se lee, en el pasaje 2267: «La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas».

 

«Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. Hoy, en efecto, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquél que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo “suceden muy […] rara vez […], si es que ya en realidad se dan algunos”».

 

Como se puede notar, el Catecismo refiere «la enseñanza tradicional de la Iglesia». Pero inmediatamente después añade: «si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana».

 

Fue San Juan Pablo II quien expresó la nueva «sensibilidad» de la Iglesia al respecto. En el mensaje navideño de 1998, el Papa polaco expresó que deseaba que aumentara el consenso sobre las medidas a favor del ser humano y, entre las más significativas, indicó la de «prohibir la pena de muerte». Un mes después, durante la visita pastoral a los Estados Unidos, en enero de 1999, afirmó: «La dignidad de la vida humana no debe ser negada nunca, ni siquiera a quien ha hecho gran mal. La sociedad moderna posee los instrumentos para protegerse sin negar a los criminales la posibilidad de arrepentirse». Por ello su invitación a «abolir la pena de muerte, que es cruel e inútil».

 

Benedicto XVI siguió este mismo camino, en el Compendio del Catecismo publicado en 2002 se afirma que: «La pena impuesta debe ser proporcionada a la gravedad del delito. Hoy, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquél que lo ha cometido, los casos de absoluta necesidad de pena de muerte “suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos” (Juan Pablo II, Carta Encíclica “Evangelium vitae”). Cuando los medios incruentos son suficientes, la autoridad debe limitarse a estos medios, porque corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común, son más conformes a la dignidad de la persona y no privan definitivamente al culpable de la posibilidad de rehabilitarse».


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Hoy día mundial contra la pena de muerte. Informe de AMN.INT.

40 años después de histórica declaración sobre la pena de muerte, los Estados con ejecuciones son ya una minoría cada vez más aislada

Conferencia Internacional sobre la Abolición de la Pena de Muerte, celebrada en Estocolmo, Suecia, del 10 al 11 de diciembre de 1977 © Amnesty International

Los Estados que mantienen y aplican la pena de muerte están cada vez más aislados y deben tomar medidas para sumarse a la tendencia mundial, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, decimoquinto Día Mundial contra la Pena de Muerte.

En 2017 se cumplen 40 años desde que Amnistía Internacional promovió la histórica Declaración de Estocolmo, primer manifiesto abolicionista internacional sobre la pena de muerte. En la Declaración, hecha en 1977, se pidió a todos los gobiernos que abolieran totalmente esta pena:

“Cuando el Estado utiliza su poder para poner fin a la vida de un ser humano, es probable que ningún otro derecho sea inviolable. El Estado no puede dar la vida y no debe atreverse a quitarla.”

En el momento de la Declaración, sólo 16 países —8 de América y 8 de Europa— habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. Ese número se eleva ahora a 105. Otros 36 países la han abolido para los delitos comunes, como el asesinato, o han dejado de utilizarla en la práctica, aunque continúe en su legislación.

En 2016, sólo 23 países llevaron a cabo ejecuciones, siendo los responsables de la gran mayoría de ellas un pequeño grupo de Estados: China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán.

Amnistía Internacional pide a todos los países que mantienen aún la pena de muerte que procedan a abolirla y, hasta que lo hagan totalmente, establezcan de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones.

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Este año, el Día Mundial contra la Pena de Muerte está centrado en la vinculación de la pena de muerte con la pobreza. Las investigaciones realizadas muestran que las personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos se ven afectadas de manera desproporcionada en su contacto con el sistema de justicia penal y suelen ser las que sufren la imposición de la pena de muerte.

Estas personas pueden tener enormes dificultades para contratar los servicios de abogados eficaces que las defiendan de los cargos penales. Asimismo, la capacidad de desenvolverse en el sistema de justicia penal se ve afectada por el grado de alfabetización de las personas y por el hecho de que tengan o no redes sociales influyentes en las que apoyarse.

Recientes análisis que ha realizado Amnistía Internacional
 de datos relativos al uso de la pena de muerte en China muestran un preocupante patrón, según el cual la pena de muerte podría estar imponiéndose de manera desproporcionada a personas que viven en la pobreza, con niveles bajos de educación o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas. Sólo la revelación completa de todos los casos de ejecución judicial por parte de las autoridades chinas permitiría determinar de manera definitiva hasta qué punto es así.

En Arabia Saudí, el 48,5% de todas las ejecuciones registradas por Amnistía Internacional entre enero de 1985 y junio de 2015 fueron de extranjeros, en su mayoría trabajadores migrantes, que no saben árabe, el idioma en que se interroga a los detenidos y en el que se celebran los procedimientos judiciales. A estas personas se les niega a menudo unos servicios de interpretación adecuados. No se informa sin demora de su detención –ni de su ejecución, incluso– a sus embajadas y consulados.  En algunos casos no se avisa previamente a sus familias de la ejecución ni se las devuelve el cadáver para que lo entierren.

Llamamiento a la acción

En en Día Mundial contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional hace un llamamiento en favor de Hoo Yew Wah, condenado a muerte en Malasia. Detenido en 2005, fue declarado culpable de tráfico de drogas. Amnistía Internacional pide a las autoridades malasias que le concedan el indulto conmutándole la condena de muerte.

Hoo Yew Wah, que es de un entorno socioeconómico desfavorecido, dejó la escuela para trabajar de cocinero en un restaurante callejero a los 11 años. Tenía 20 en el momento del delito, el primero que cometía y que no fue violento. Pidió clemencia al sultán del estado de Johor, que tenía atribuciones para concederle el indulto.

“Si me dan una oportunidad, quiero probar que he cambiado. Quiero buscar un buen trabajo y pasar la vida cuidando de mi madre”.

Los delitos de tráfico de drogas no cumplen el criterio de “los más graves delitos” a los que ha de estar restringido el uso de la pena de muerte según el derecho internacional de los derechos humanos. Además, la imposición de la pena de muerte a Hoo Yew Wah fue preceptiva, lo que también está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos.

Fue declarado culpable sobre la base de una declaración que había hecho en mandarín –y que la policía tradujo luego al malayo– sin la presencia de un abogado. Hoo Yew afirma también que, tras su detención, cuando se hallaba recluido en la jefatura de policía de distrito de Johore, la policía le rompió un dedo y lo amenazó con golpear a su novia para hacerle firmar la declaración. Los jueces que vieron su causa desestimaron esta denuncia.

Amnistía Internacional pide también a sus simpatizantes que emprendan acciones sobre otros casos de pena de muerte, entre ellos:

Información general sobre los 40 años de campaña de Amnistía Internacional contra la pena de muerte

Desde 1977, Amnistía Internacional ha contribuido de diversas formas a los esfuerzos mundiales por relegar la pena de muerte a la historia, entre ellas:

  • haciendo seguimiento de las condenas y ejecuciones en el mundo y publicando estadísticas anuales;
  • apoyando a personas condenadas a muerte, haciendo campaña en su favor y, en algunos casos –lamentablemente no en todos– ayudándolas a evitar la ejecución;
  • promoviendo la abolición de la pena de muerte a escala nacional, por ejemplo, en Mongolia recientemente;
  • ayudando a elaborar derecho y normas internacionales para restringir el uso de la pena de muerte y alcanzar la meta de su abolición;
  • desempeñando una importante función en la adopción efectiva de las resoluciones bienales de la ONU sobre la moratoria –en 2007, por primera vez, la Asamblea General de la ONU pidió la suspensión de todas la ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte–, y
  • contribuyendo a fortalecer el movimiento abolicionista mundial por medios como colaborar estrechamente con la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.

Se puede ver una selección de momentos destacados de los 40 años de campaña de Amnistía Internacional contra la pena de muerte aquí. Hay también mas información general, incluidos debates clave sobre la pena de muerte, aquí.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena capital viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.


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ONU. Guterres: hoy no hay lugar para la pena de muerte

No hay lugar para la pena de muerte en el siglo XXI, dice Guterres

Secretario General de la ONU, António Guterres. Foto: ONU/Rick Bajornas

10 de octubre, 2017 — “No hay lugar para la pena de muerte en el siglo XXI y esta práctica necesita ser abolida lo antes posible”, dijo António Guterres durante un evento de alto nivel en la sede de la ONU.

El Secretario General realizó un discurso durante el encuentro que conmemoró el Día Mundial contra la Pena de Muerte.

“Alrededor de 170 naciones han abolido la pena capital o han dejado de utilizarla, pero cuatro países son responsables del 87% de las ejecuciones hoy en día”, dijo.

El mes pasado, Madagascar se convirtió en el Estado 85º en ratificar el Segundo Protocolo Facultativo que aboliría la pena de muerte, y Gambia avanzó hacia este objetivo.

El titular de la ONU aseguró que esta práctica hace poco para servir a las víctimas o reducir el crimen, y que siempre existe un riesgo innegable de errores judiciales.

“Por favor, paren las ejecuciones. La pena de muerte no tiene cabida en el siglo XXI. Estoy orgulloso de decir que mi país, Portugal, abolió la pena capital hace 150 años, fue uno de los primeros países en hacerlo. Las razones son las mismas que damos hoy: la pena de muerte hace poco por las víctimas o por frenar el crimen. E incluso con un meticuloso respeto por un juicio justo, siempre hay un riego de error en la justicia. Este es un precio inaceptablemente alto”, declaró.

Guterres advirtió que muchos gobiernos ocultan las ejecuciones y utilizan un elaborado sistema para mantener en secreto quién está condenado a muerte y por qué. Agregó que esta falta de transparencia representa una falta de respeto por los derechos humanos de los condenados y sus familias y recalcó que los datos completos y precisos sobre las ejecuciones son vitales para fundamentar el debate sobre la pena de muerte y su impacto.

El Secretario General pidió el apoyo de todos los Estados que ya han abolido esta práctica para unirse al llamamiento a los líderes de aquellos países que la conservan, para que establezcan una moratoria oficial con miras a su eliminación lo antes posible.

En un comunicado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU también instó este martes a todos los Estados a ratificar el tratado universal que, de entrar en vigor, aboliría la pena de muerte.

Producción: Laura Quiñones


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Iraq: ejecución de 42 reclusos. Reacción ONU

Iraq: Alto Comisionado afligido por ejecución de 42 reclusos

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra´ad Al Hussein. Foto: ONU / Juan-Marc Ferré

27 de septiembre, 2017 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó hoy sentirse “consternado” por la ejecución de 42 presos que fueron ahorcados el pasado domingo en la prisión de Al-Hoot, en la ciudad iraquí de Nasiriyah.

Zeid Ra’ad Al-Hussein señaló que, de acuerdo al derecho internacional, la pena de muerte sólo puede imponerse tras cumplirse una serie de estrictos requisitos procesales, y calificó como “extremadamente dudoso” que en todos los casos se hubiese garantizado un debido proceso y un juicio justo.

Las autoridades iraquíes indicaron que los reos eran miembros del ISIS o Al-Qaeda y les fue aplicada la ley antiterrorista vigente en el país bajo la acusación de haber cometido delitos que incluían secuestro, asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad, robo a mano armada y detonación de artefactos explosivos.

Zeid indicó que el uso de la legislación antiterrorista en Iraq, que impone la pena capital para una amplia gama de supuestos, no concuerda con la condición de “crímenes más graves” que se le adjudica a este tipo de delito.

El Alto Comisionado instó al cese de ejecuciones masivas en el país árabe y a establecer una moratoria inmediata de la pena de muerte.