Loiola XXI

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La pena de muerte y el catecismo.

La Iglesia, la pena de muerte y el texto del Catecismo que cambió tras solo cinco años

Un magisterio que va perfeccionándose: desde el Concilio de Trento hasta los llamados de los Papas para abolir una práctica que no está en línea con la dignidad de la persona

La Iglesia, la pena de muerte y el texto del Catecismo que cambió tras solo cinco años

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Pubblicato il 11/10/2017
Ultima modifica il 11/10/2017 alle ore 14:42
SALVATORE CERNUZIO
CIUDAD DEL VATICANO

Hubo un tiempo en el que la Iglesia era favorable a la pena de muerte. «Entra en los poderes de la justicia condenar a muerte a una persona culpable. Tal poder, ejercido según la ley, sirve como freno a los delincuentes y como defensa para los inocentes», se leía en el Catecismo del Concilio de Trento (1545-1563). Que proseguía: «Emanando una sentencia de muerte, los jueces no solo no son culpables de homicidio, sino que son ejecutores de la ley divina que prohíbe, precisamente, matar culpablemente. El fin de la ley, de hecho, es tutelar la vida y la tranquilidad de los hombres; por lo tanto, los jueces, que con su sentencia castigan el crimen, pretenden, precisamente, tutelar y garantizar, con la represión de la delincuencia, esta misma tranquilidad de la vida garantizada por Dios».

Desde entonces, la dirección (así como la mentalidad y el derecho común) se ha invertido por completo y todos los Papas del siglo XX han condenado esta práctica, insistiendo en el aprecio por la dignidad de cada persona, sea cual sea el delito que hubiera cometido. Papa Francisco dijo que la pena capital es «una afrenta a la inviolabilidad de la vida y de la dignidad de la persona humana que contradice el plan de Dios sobre el hombre, la sociedad y su justicia misericordiosa». La pena de muerte, pues, es «inadmisible», afirmó el Pontífice argentino, que durante el Jubileo de la Misericordia lanzó un llamado a los gobiernos de todo el mundo para que frenaran las sentencias de ejecución durante el Año Santo.

 

Pero antes de llegar a la postura tan neta de Bergoglio, hay que recordar las modificaciones y las aclaraciones o, tal vez, sería mejor hablar de perfeccionamientos de la enseñanza de la Iglesia en relación con este punto tal delicado. La primera vez se formuló en la edición del Catecismo publicada en 1992, en la cual el pasaje 2266, refiriéndose a la pena de muerte, decía: «En este título, la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido fundado el derecho y el deber de la legítima autoridad pública de infligir penas proporcionadas con la gravedad del delito, sin excluir, en casos de extrema gravedad, la pena de muerte».

 

Sin embargo, se trataba de una primera redacción que casi podría llamarse “informal”, publicada en francés e inmediatamente traducida a diferentes lenguas. Esta formulación fue superada cinco años más tarde. El texto oficial en latín del Catecismo es, efectivamente, el que fue publicado en 1997 y aprobado definitivamente por Juan Pablo II con la carta apostólica “Laetamur Magnopere”, en el que se lee, en el pasaje 2267: «La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas».

 

«Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. Hoy, en efecto, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquél que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo “suceden muy […] rara vez […], si es que ya en realidad se dan algunos”».

 

Como se puede notar, el Catecismo refiere «la enseñanza tradicional de la Iglesia». Pero inmediatamente después añade: «si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana».

 

Fue San Juan Pablo II quien expresó la nueva «sensibilidad» de la Iglesia al respecto. En el mensaje navideño de 1998, el Papa polaco expresó que deseaba que aumentara el consenso sobre las medidas a favor del ser humano y, entre las más significativas, indicó la de «prohibir la pena de muerte». Un mes después, durante la visita pastoral a los Estados Unidos, en enero de 1999, afirmó: «La dignidad de la vida humana no debe ser negada nunca, ni siquiera a quien ha hecho gran mal. La sociedad moderna posee los instrumentos para protegerse sin negar a los criminales la posibilidad de arrepentirse». Por ello su invitación a «abolir la pena de muerte, que es cruel e inútil».

 

Benedicto XVI siguió este mismo camino, en el Compendio del Catecismo publicado en 2002 se afirma que: «La pena impuesta debe ser proporcionada a la gravedad del delito. Hoy, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquél que lo ha cometido, los casos de absoluta necesidad de pena de muerte “suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos” (Juan Pablo II, Carta Encíclica “Evangelium vitae”). Cuando los medios incruentos son suficientes, la autoridad debe limitarse a estos medios, porque corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común, son más conformes a la dignidad de la persona y no privan definitivamente al culpable de la posibilidad de rehabilitarse».

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Hoy día mundial contra la pena de muerte. Informe de AMN.INT.

40 años después de histórica declaración sobre la pena de muerte, los Estados con ejecuciones son ya una minoría cada vez más aislada

Conferencia Internacional sobre la Abolición de la Pena de Muerte, celebrada en Estocolmo, Suecia, del 10 al 11 de diciembre de 1977 © Amnesty International

Los Estados que mantienen y aplican la pena de muerte están cada vez más aislados y deben tomar medidas para sumarse a la tendencia mundial, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, decimoquinto Día Mundial contra la Pena de Muerte.

En 2017 se cumplen 40 años desde que Amnistía Internacional promovió la histórica Declaración de Estocolmo, primer manifiesto abolicionista internacional sobre la pena de muerte. En la Declaración, hecha en 1977, se pidió a todos los gobiernos que abolieran totalmente esta pena:

“Cuando el Estado utiliza su poder para poner fin a la vida de un ser humano, es probable que ningún otro derecho sea inviolable. El Estado no puede dar la vida y no debe atreverse a quitarla.”

En el momento de la Declaración, sólo 16 países —8 de América y 8 de Europa— habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. Ese número se eleva ahora a 105. Otros 36 países la han abolido para los delitos comunes, como el asesinato, o han dejado de utilizarla en la práctica, aunque continúe en su legislación.

En 2016, sólo 23 países llevaron a cabo ejecuciones, siendo los responsables de la gran mayoría de ellas un pequeño grupo de Estados: China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán.

Amnistía Internacional pide a todos los países que mantienen aún la pena de muerte que procedan a abolirla y, hasta que lo hagan totalmente, establezcan de inmediato una suspensión oficial de las ejecuciones.

Día Mundial contra la Pena de Muerte

Este año, el Día Mundial contra la Pena de Muerte está centrado en la vinculación de la pena de muerte con la pobreza. Las investigaciones realizadas muestran que las personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos se ven afectadas de manera desproporcionada en su contacto con el sistema de justicia penal y suelen ser las que sufren la imposición de la pena de muerte.

Estas personas pueden tener enormes dificultades para contratar los servicios de abogados eficaces que las defiendan de los cargos penales. Asimismo, la capacidad de desenvolverse en el sistema de justicia penal se ve afectada por el grado de alfabetización de las personas y por el hecho de que tengan o no redes sociales influyentes en las que apoyarse.

Recientes análisis que ha realizado Amnistía Internacional
 de datos relativos al uso de la pena de muerte en China muestran un preocupante patrón, según el cual la pena de muerte podría estar imponiéndose de manera desproporcionada a personas que viven en la pobreza, con niveles bajos de educación o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas. Sólo la revelación completa de todos los casos de ejecución judicial por parte de las autoridades chinas permitiría determinar de manera definitiva hasta qué punto es así.

En Arabia Saudí, el 48,5% de todas las ejecuciones registradas por Amnistía Internacional entre enero de 1985 y junio de 2015 fueron de extranjeros, en su mayoría trabajadores migrantes, que no saben árabe, el idioma en que se interroga a los detenidos y en el que se celebran los procedimientos judiciales. A estas personas se les niega a menudo unos servicios de interpretación adecuados. No se informa sin demora de su detención –ni de su ejecución, incluso– a sus embajadas y consulados.  En algunos casos no se avisa previamente a sus familias de la ejecución ni se las devuelve el cadáver para que lo entierren.

Llamamiento a la acción

En en Día Mundial contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional hace un llamamiento en favor de Hoo Yew Wah, condenado a muerte en Malasia. Detenido en 2005, fue declarado culpable de tráfico de drogas. Amnistía Internacional pide a las autoridades malasias que le concedan el indulto conmutándole la condena de muerte.

Hoo Yew Wah, que es de un entorno socioeconómico desfavorecido, dejó la escuela para trabajar de cocinero en un restaurante callejero a los 11 años. Tenía 20 en el momento del delito, el primero que cometía y que no fue violento. Pidió clemencia al sultán del estado de Johor, que tenía atribuciones para concederle el indulto.

“Si me dan una oportunidad, quiero probar que he cambiado. Quiero buscar un buen trabajo y pasar la vida cuidando de mi madre”.

Los delitos de tráfico de drogas no cumplen el criterio de “los más graves delitos” a los que ha de estar restringido el uso de la pena de muerte según el derecho internacional de los derechos humanos. Además, la imposición de la pena de muerte a Hoo Yew Wah fue preceptiva, lo que también está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos.

Fue declarado culpable sobre la base de una declaración que había hecho en mandarín –y que la policía tradujo luego al malayo– sin la presencia de un abogado. Hoo Yew afirma también que, tras su detención, cuando se hallaba recluido en la jefatura de policía de distrito de Johore, la policía le rompió un dedo y lo amenazó con golpear a su novia para hacerle firmar la declaración. Los jueces que vieron su causa desestimaron esta denuncia.

Amnistía Internacional pide también a sus simpatizantes que emprendan acciones sobre otros casos de pena de muerte, entre ellos:

Información general sobre los 40 años de campaña de Amnistía Internacional contra la pena de muerte

Desde 1977, Amnistía Internacional ha contribuido de diversas formas a los esfuerzos mundiales por relegar la pena de muerte a la historia, entre ellas:

  • haciendo seguimiento de las condenas y ejecuciones en el mundo y publicando estadísticas anuales;
  • apoyando a personas condenadas a muerte, haciendo campaña en su favor y, en algunos casos –lamentablemente no en todos– ayudándolas a evitar la ejecución;
  • promoviendo la abolición de la pena de muerte a escala nacional, por ejemplo, en Mongolia recientemente;
  • ayudando a elaborar derecho y normas internacionales para restringir el uso de la pena de muerte y alcanzar la meta de su abolición;
  • desempeñando una importante función en la adopción efectiva de las resoluciones bienales de la ONU sobre la moratoria –en 2007, por primera vez, la Asamblea General de la ONU pidió la suspensión de todas la ejecuciones con miras a abolir la pena de muerte–, y
  • contribuyendo a fortalecer el movimiento abolicionista mundial por medios como colaborar estrechamente con la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte.

Se puede ver una selección de momentos destacados de los 40 años de campaña de Amnistía Internacional contra la pena de muerte aquí. Hay también mas información general, incluidos debates clave sobre la pena de muerte, aquí.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena capital viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.


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ONU. Guterres: hoy no hay lugar para la pena de muerte

No hay lugar para la pena de muerte en el siglo XXI, dice Guterres

Secretario General de la ONU, António Guterres. Foto: ONU/Rick Bajornas

10 de octubre, 2017 — “No hay lugar para la pena de muerte en el siglo XXI y esta práctica necesita ser abolida lo antes posible”, dijo António Guterres durante un evento de alto nivel en la sede de la ONU.

El Secretario General realizó un discurso durante el encuentro que conmemoró el Día Mundial contra la Pena de Muerte.

“Alrededor de 170 naciones han abolido la pena capital o han dejado de utilizarla, pero cuatro países son responsables del 87% de las ejecuciones hoy en día”, dijo.

El mes pasado, Madagascar se convirtió en el Estado 85º en ratificar el Segundo Protocolo Facultativo que aboliría la pena de muerte, y Gambia avanzó hacia este objetivo.

El titular de la ONU aseguró que esta práctica hace poco para servir a las víctimas o reducir el crimen, y que siempre existe un riesgo innegable de errores judiciales.

“Por favor, paren las ejecuciones. La pena de muerte no tiene cabida en el siglo XXI. Estoy orgulloso de decir que mi país, Portugal, abolió la pena capital hace 150 años, fue uno de los primeros países en hacerlo. Las razones son las mismas que damos hoy: la pena de muerte hace poco por las víctimas o por frenar el crimen. E incluso con un meticuloso respeto por un juicio justo, siempre hay un riego de error en la justicia. Este es un precio inaceptablemente alto”, declaró.

Guterres advirtió que muchos gobiernos ocultan las ejecuciones y utilizan un elaborado sistema para mantener en secreto quién está condenado a muerte y por qué. Agregó que esta falta de transparencia representa una falta de respeto por los derechos humanos de los condenados y sus familias y recalcó que los datos completos y precisos sobre las ejecuciones son vitales para fundamentar el debate sobre la pena de muerte y su impacto.

El Secretario General pidió el apoyo de todos los Estados que ya han abolido esta práctica para unirse al llamamiento a los líderes de aquellos países que la conservan, para que establezcan una moratoria oficial con miras a su eliminación lo antes posible.

En un comunicado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU también instó este martes a todos los Estados a ratificar el tratado universal que, de entrar en vigor, aboliría la pena de muerte.

Producción: Laura Quiñones


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Iraq: ejecución de 42 reclusos. Reacción ONU

Iraq: Alto Comisionado afligido por ejecución de 42 reclusos

El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra´ad Al Hussein. Foto: ONU / Juan-Marc Ferré

27 de septiembre, 2017 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos manifestó hoy sentirse “consternado” por la ejecución de 42 presos que fueron ahorcados el pasado domingo en la prisión de Al-Hoot, en la ciudad iraquí de Nasiriyah.

Zeid Ra’ad Al-Hussein señaló que, de acuerdo al derecho internacional, la pena de muerte sólo puede imponerse tras cumplirse una serie de estrictos requisitos procesales, y calificó como “extremadamente dudoso” que en todos los casos se hubiese garantizado un debido proceso y un juicio justo.

Las autoridades iraquíes indicaron que los reos eran miembros del ISIS o Al-Qaeda y les fue aplicada la ley antiterrorista vigente en el país bajo la acusación de haber cometido delitos que incluían secuestro, asesinato de miembros de las fuerzas de seguridad, robo a mano armada y detonación de artefactos explosivos.

Zeid indicó que el uso de la legislación antiterrorista en Iraq, que impone la pena capital para una amplia gama de supuestos, no concuerda con la condición de “crímenes más graves” que se le adjudica a este tipo de delito.

El Alto Comisionado instó al cese de ejecuciones masivas en el país árabe y a establecer una moratoria inmediata de la pena de muerte.


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Incremento de condenas a muerte en Egipto.

Egipto: Ejecución inminente de siete hombres torturados bajo custodia

16 de junio de 2017

Las autoridades egipcias deben detener de inmediato la ejecución inminente de siete hombres que fueron condenados a muerte en juicios manifiestamente injustos, ha afirmado Amnistía Internacional tras pedir que se remita el asunto a los magistrados supremos de la más alta instancia judicial de Egipto, el Tribunal de Casación. La organización ha advertido recientemente de que las reformas jurídicas aprobadas por el presidente Abdel Fattah al Sisi, que limitan el proceso de apelación judicial, pueden contribuir a que se produzca un repunte de las condenas de muerte y las ejecuciones en el país.

Al menos seis de estos hombres fueron sometidos a desaparición forzada y torturados para obtener “confesiones”, que un tribunal penal de Mansoura utilizó luego para declararlos culpables de asesinar a un agente de policía y de establecer una organización “terrorista”. El Tribunal de Casación confirmó la sentencia la semana pasada. En una causa aparte, otro hombre corre riesgo inminente de ejecución tras haber perdido su recurso definitivo ante el mismo tribunal. Tras un juicio manifiestamente injusto, había sido declarado culpable de matar a un hombre durante una protesta en Alejandría.

“Con independencia de los hechos en los que estos hombres puedan estar implicados, someter a desaparición forzosa a presuntos delincuentes y torturarlos para hacerlos confesar no es justicia. La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante. Nadie debe ser privado del derecho a la vida, por horrible que sea el delito del que haya sido acusado”, ha señalado Najia Bounaim, directora de Campañas para el Norte de África de Amnistía Internacional.

“Se está agotando ya el tiempo para salvar la vida de estos hombres, que pueden ser ejecutados en cualquier momento. Las autoridades egipcias deben detener de inmediato estas ejecuciones y ordenar que los siete hombres sean sometidos a un nuevo juicio, que sea justo, en el que no se recurra a la pena de muerte y que no este basado en pruebas obtenidas presuntamente mediante tortura.

El 7 de junio, el Tribunal de Casación de Egipto confirmó las condenas de muerte de Bassem el-Khereby, Ahmed Meshaly, Ibrahim Azab, Mahmoud Wahba, Khaled Askar y Abd el-Rahman Atteia tras un juicio lleno de irregularidades. El hombre de cuyo asesinato están acusados era guardia policial de un juez que formó parte un tribunal ante el que fue juzgado el presidente Mohamed Morsi. El presidente egipcio dispone de 14 días para reducir la condena antes de que se fije la fecha definitiva de la ejecución.

Los abogados de los condenados presentaron el 15 de junio un recurso final ante la Fiscalía para solicitar un nuevo juicio, por considerar que en el anterior había habido errores que afectaron al debido proceso. Si se admite el recurso, el asunto será examinado por los magistrados supremos del Tribunal de Casación.

De acuerdo con sus familias y sus abogados, los hombres fueron detenidos por la Agencia de Seguridad Nacional en marzo de 2014 y estuvieron sometidos a desaparición forzada por periodos de entre tres días y tres meses, en los que no tuvieron acceso a sus familiares y abogados ni al mundo exterior y fueron torturados para obtener de ellos “confesiones” grabadas en vídeo . Los tuvieron recluidos en distintos lugares de todo el país, incluida la sede de la Agencia de Seguridad Nacional en El Cairo.

Los padres de al menos tres de ellos dijeron a Amnistía Internacional que no supieron que habían sido detenidos  hasta que los vieron “confesando” en la televisión, con contusiones en la cara. Cuando se permitió por fin a sus familias ir a verlos a prisión, los hombres les dijeron que habían sido torturados con métodos como violarlos analmente con un palo en reiteradas ocasiones, aplicarles descargas eléctricas en los genitales y en otras partes del cuerpo y tenerlos hasta cuatro días colgados en posturas en tensión. Explicaron que los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional les habían hecho quemaduras en el cuello con colillas de cigarrillos y habían amenazado con violar a sus madres y sus hermanas para obligarlos a confesar.

Los hombres se retractaron posteriormente de sus confesiones ante un fiscal de los servicios de Seguridad del Estado de El Cairo, explicando que los habían torturado. Sin embargo, los llevaron de nuevo a la Agencia de Seguridad Nacional, donde volvieron a torturarlos para castigarlos por haber retirado sus declaraciones y los llevaron por segunda vez al fiscal, ante el que “confesaron” tener miedo de sufrir más represalias.

Los abogados de los hombres han dicho también a Amnistía Internacional que les negaron el acceso a asistencia letrada durante el interrogatorio y que las sentencias estuvieron basadas totalmente en pruebas obtenidas por medio de tortura y en investigaciones de la Agencia de Seguridad Nacional llenas de irregularidades. El tribunal ignoró además pruebas periciales según las cuales al menos dos de los hombres presentaban en el cuerpo contusiones y quemaduras causadas bajo custodia, y se negó reiteradamente a remitir a los acusados la Autoridad Médico Forense para que se investigaran sus denuncias de tortura.

Aunque el Tribunal de Casación admitió el recurso y revisó los incidentes de la causa, no fijo una fecha para un juicio donde los abogados pudieran presentar sus argumentos. Además, el tribunal aplicó unas draconianas reformas jurídicas del sistema de apelación judicial aprobadas recientemente, que anulan el derecho de los acusados a un nuevo juicio y limitan la presentación de recursos a una etapa, en vez de dos, lo que prepara el terreno para más condenas de muerte y ejecuciones aún.

La causa de Alejandría

El Tribunal de Casación ha confirmado también la condena de muerte impuesta a Fadl Abdel Mawla en abril de  2017 en una causa aparte. Tras un juicio manifiestamente injusto, había sido declarado culpable de matar a un hombre copto durante una protesta celebrada en Alejandía el 15 de agosto de 2013, y corre también riesgo inminente de ejecución. Su abogado ha dicho que agentes de la Agencia de Seguridad Nacional lo sometieron a malos tratos en la dirección de seguridad de Alejandría para intentar, en vano, hacerle confesar.

Abogados que conocen el caso han explicado a Amnistía Internacional que, para declararlo culpable, el tribunal se basó por completo en el testimonio de un testigo que, según abogados y grupos locales de derechos, fue presionado por un agente de la Agencia de Seguridad Nacional para que prestara declaración.  Sus abogados presentaron también al tribunal documentos oficiales donde se afirmaba que Fadl Abdel Mawla estaba en el trabajo en el momento de la protesta. Han presentado un recurso en la Fiscalía solicitando un nuevo juicio. Si se admite el recurso, el asunto será examinado por los magistrados supremos del Tribunal de Casación.

Información complementaria

El uso de la pena de muerte en Egipto ha aumentado enormemente desde 2013, año en que no se registró ninguna ejecución y se condenó a muerte a 109 personas. El número de ejecuciones aumentó de 15 en 2014 a 22 en 2015, y se duplico hasta alcanzar las 44 en 2016. El número de personas condenadas a muerte aumentó a 509 en 2014 y a 538 en 2015, antes de descender a 237 en 2016.


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Filipinas: no a la pena de muerte.

FILIPINAS – No a la pena de muerte: una petición al Senado

Manila – Hoy, 19 de mayo ha llegado a Manila la ‘Marcha por la Vida’, para decir ‘no’ a la pena de muerte. Se trata de una caravana de peregrinos que inicio el 6 de mayo desde Midanao , y ha pasado a lo largo de un camino que atraviesa todo el archipiélago. Entre los católicos, sacerdotes y religiosos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, también estaba el padre Edwin Gariguez, secretario ejecutivo de la “Secretaría Nacional para la Acción Social”, un órgano de la Conferencia Episcopal de Filipinas, que ha elogiado oficialmente la iniciativa.
Los manifestantes presentarán una petición al Senado de Filipinas el 24 de mayo, instando a los senadores a rechazar la pena de muerte, una medida promovida por el presidente Rodrigo Duterte y aprobada hace dos meses en el Congreso, la primera rama del Parlamento. “La pena de muerte va a terminar castigando sólo a los pobres, que no pueden pagar abogados, y muchos inocentes” se afirma en el texto de la petición, enviado a la Agencia Fides. El texto señala que “la restauración de la pena capital es ilegal porque violaría los tratados internacionales, los cuales han sido firmados por el gobierno de Filipinas” La adopción de la pena capital, se afirma, también tendrá implicaciones económicas, ya que “la Unión Europea impondrá un impuesto sobre 6.000 productos importados de las Filipinas”, especialmente los productos agrícolas y pesqueros. “Oramos por nuestros senadores para que decidan sobre la base de la conciencia y la razón, rechazando la pena de muerte”, han afirmado los manifestantes que el 21 de mayo se unirán a miles de personas para una misa presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle de la Universidad de Santo Tomás de Manila.
“El uso de la pena de muerte debe ser excluido como un instrumento en la lucha contra la delincuencia, y debe ser sustituida por medidas alternativas”, ha dicho el cardenal, al comentar la iniciativa de la marcha. “Todos los delitos violan la vida, peor para castigarles no se puede recurrir a medidas que también violen la vida, como la pena de muerte”, ha afirmado el Cardenal Tagle. “Con la oración, el discernimiento y la acción, esperamos ser un pueblo que promueve una cultura de la vida” ha remarcado.


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La pena de muerte en Arkansas y en USA

Una jueza de Arkansas bloquea las ejecuciones restantes

AP

19 de abril de 2017

Una jueza del condado de Pulaski ha bloqueado el uso, por parte del estado de Arkansas, de sus fármacos restantes para la inyección letal en cinco ejecuciones previstas para este mes. La fiscalía planea apelar.

Arkansas había programado originalmente ocho ejecuciones en un plazo de 10 días, ya que, a final de mes, caducaban algunos de los fármacos empleados en la inyección letal. Tres de esas ejecuciones ya habían sido suspendidas hasta un plazo que va más allá de la fecha de caducidad de los fármacos. Dos estaban previstas para mañana. La sentencia se ha dictado justo después de que la Corte Suprema de Arkansas suspendiera la ejecución de Stacey Johnson para que pudieran realizarse análisis de ADN adicionales para su defensa.

“Aunque esta sentencia vuelve a traer un alivio temporal, Arkansas sigue sin mostrar aprecio alguno por los derechos humanos, ejecutando apresuradamente a sus presos”, ha manifestado James Clark, responsable de campañas de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Esta mortal oleada de ejecuciones es contraria a la tendencia estadounidense de apartarse de la pena de muerte. El plazo límite literal de la fecha de caducidad de un fármaco es terriblemente cruel, pero todas las ejecuciones previstas deben conmutarse de forma permanente. La pena de muerte no tiene cabida en un país que afirma valorar los derechos humanos.”

Un informe publicado este mismo mes por Amnistía Internacional mostró que, por primera vez desde 2006, y sólo por segunda vez desde 1991, Estados Unidos no se encuentra entre los cinco países que más ejecuciones llevan a cabo en el mundo. El número de ejecuciones (20) llevadas a cabo en 2016 fue el más bajo registrado en cualquier otro año desde 1991. El número de ejecuciones ha descendido cada año desde 2009, excepto en 2012, cuando la cifra no varió.