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Filipinas: vuelve la pena de muerte.

FILIPINAS – La Camera aprueba la pena de muerte: la iglesia esta “de luto”

Manila (Agencia Fides) – La Iglesia católica filipina está “de luto” después de que la Cámara de Representantes ha aprobado – en la tercera lectura – el restablecimiento de la pena de muerte en la nación. En la votación de ayer, 7 de marzo, 217 miembros de la Cámara votaron “sí” al proyecto de ley que establece la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas, 54 dieron un voto negativo y uno se abstuvo. La ley ha sido promovida por la alianza de gobierno que apoya al presidente Rodrigo Duterte y fuertemente apoyado por éste. Ahora el proyecto de ley pasará al Senado, a la asamblea compuesta de 24 miembros, en el que el partido de Duterte tiene la mayoría.
El Arzobispo Sócrates Villegas, Presidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, ha dicho que esta decepcionado porque la Cámara “ha dado el permiso al estado para matar” y ha afirmado que los obispos “no nos sentimos derrotados ni podremos ser silenciados”.
“En medio de la Cuaresma – señaló un comunicado de los Obispos – nos preparamos para celebrar el triunfo de la vida sobre la muerte, y mientras estamos entristecidos porque la Cámara ha votado en favor de la pena capital, nuestra fe nos asegura que la vida triunfará”. Los pastores llaman a los fieles a una movilización general para manifestar “el espíritu de oposición” a la pena de muerte. También piden a los abogados, jueces y juristas católicos “que consientan que la dulzura del Evangelio ilumine su trabajo y la aplicación de la ley”, “llevando vida en su servicio a la sociedad”.
Rodolfo Diamante, secretario ejecutivo de la Comisión episcopal para la Pastoral prisiones, ha declarado que “los legisladores han perseguido sus intereses personales y no el bien común”, “sacrificando su conciencia y sus principios”.
La pena capital fue introducida en la ley de Filipinas, en 1946, y se mantuvo en vigor durante el período de la dictadura de Ferdinand Marcos. Fue suspendido en 1987 durante el gobierno de Corazón Aquino y luego volvió a introducirse durante el gobierno de Ramos para los “crímenes atroces”. Durante la presidencia de Joseph Estrada, en 1999, se produjo la ejecución de Leo Echegaray, tras lo cual se concedió una nueva moratoria. En 2006, el gobierno de Gloria Macapagal Arroyo firmó la abolición de la pena de muerte antes de visitar al Papa Benedicto XVI. Desde 2006, Filipinas ha apoyado la causa abolicionista, promoviendo diversas iniciativas en el ámbito internacional e incluso obteniendo la conmutación de las penas de muerte impuestas a ciudadanos filipinos en el extranjero. (PA) (Agencia Fides 8/3/2017)


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Por qué seguir con las torturas y la pena de muerte? Secretario gen. ONU.

Secretario General llama a no permitir la reinstauración de la tortura

El Consejo de Derechos Humanos. Foto: ONU/Elma Okic

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27 de febrero, 2017 — El Secretario General de la ONU exhortó hoy a la comunidad internacional a no permitir la reinstauración de la tortura y la pena de muerte como prácticas generalizadas.

António Guterres participó en la apertura de las sesiones de trabajo del año del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde afirmó que la defensa de esas garantías beneficia a todos los Estados e individuos.

“Debemos resistir firmemente los llamados a readmitir la tortura. La tortura es cobardía y produce información inútil y avergüenza a los países que la ejercen. Del mismo modo, trabajemos juntos para rechazar los propósitos de restaurar la pena capital. Digo esto como ciudadano de un país que abolió ese castigo hace 150 años”, apuntó.

En su discurso, Guterres alertó sobre el aumento del populismo y el extremismo, fenómenos a los que achacó el avance del racismo, la xenofobia, el antisemitismo, la islamofobia y otras formas de intolerancia.

Señaló que las minorías, las comunidades indígenas y el colectivo LGBTI sufren discriminación y abusos.

Además, advirtió el líder de la ONU, los derechos de los refugiados y migrantes se encuentran bajo ataque y la trata de personas se incrementa.

En este contexto, aseveró que la comunidad internacional no puede evadir sus responsabilidades, sobre todo con tanta gente huyendo de guerras y situaciones que amenazan su vida.

Guterres instó a recuperar la integridad del régimen internacional de protección a los refugiados y recordó que se trata de una responsabilidad compartida comprendida en la Carta de las Naciones Unidas.

Por último, el Secretario General subrayó la importancia de los derechos humanos –uno de los tres pilares de la agenda de la ONU, junto con la paz y el desarrollo– y apeló a los Estados a defenderlos con imparcialidad y sin dobles raseros.


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Irán: era menor de edad pero ahora lo condenan a muerte.

iran-mmap-md-580x410Irán: Ahorcamiento inminente de hombre detenido cuando era menor de edad

Hamid Ahmadi © Particular

2 de febrero de 2017

Las autoridades iraníes deben detener de inmediato la ejecución de un hombre que fue detenido por un delito cometido cuando tenía 17 años, ha manifestado Amnistía Internacional ante su inminente ahorcamiento el 11 de febrero. La ejecución de Hamid Ahmadi se fijó inicialmente para el 4 de febrero, pero su familia ha sido informada hoy de que se ha aplazó una semana.

Tras un juicio injusto y empañado por denuncias de tortura, fue declarado culpable del mortal apuñalamiento de un joven en el curso de una pelea que mantuvo con otros cuatro muchachos en Siahkal, provincia de Gilan, en 2008. El sábado pasado, 28 de enero, fue recluido en régimen de aislamiento en la prisión de Lakan de Rasht, en el norte de Irán, para preparar su ejecución.

“La ejecución de Hamid Ahmadi consolidará un patrón horrible en el que se ha visto a Irán burlar reiteradamente el derecho internacional de los derechos humanos enviando a la horca a personas detenidas cuando eran menores de edad, en muchos casos tras un juicio injusto”, ha señalado Philip Luther, Director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

La angustia mental forma parte de la condena de muerte de Hamid Ahmadi, pues es la tercera vez que lo recluyen en régimen de aislamiento en espera de su muerte.

La última vez que se fijó la fecha de su ejecución, en mayo de 2015, se detuvo en el último momento debido a la indignación pública. Se le concedió entonces un nuevo juicio con arreglo a las nuevas disposiciones sobre la condena de menores del Código Penal Islámico de 2013 de Irán, que permiten a los jueces imponer otra condena, en vez de la pena de muerte, si determinan que el menor no había alcanzado la “madurez mental” en el momento del delito. Sin embargo, en 2015 fue condenado a muerte por segunda vez.

La primera sentencia de muerte de Hamid Ahmadi se dictó en 2009, tras un juicio injusto celebrado en la provincia de Gilan y que estuvo basado en “confesiones” que aseguró haber hecho estando sometido a tortura y otros malos tratos.

Afirma que los agentes de policía lo recluyeron durante tres días en una celda sucia y llena de orines, lo ataron de pies y manos y lo pusieron boca abajo en el suelo, y también que lo ataron a un poste en el patio, que le propinaron patadas en los genitales y que no le dieron comida ni agua. Un agente le dijo que no tuviera miedo de que fueran a ejecutarlo y que simplemente tenía que “confesar” el apuñalamiento para poder cerrar la investigación cuanto antes.

Hamid Ahmadi asegura que le estaban causando tanto dolor, que estaba dispuesto a confesar cualquier cosa con tal de que paraban. No se tiene noticia de que las autoridades hayan investigado estas presuntas torturas.

 

 

Tercera ejecución de un hombre detenido cuando era menor de edad en lo que va de año
En el último mes las autoridades iraníes han ejecutado a otros dos jóvenes que fueron detenidos cuando eran menores de edad y han suspendido en el último momento la ejecución de un tercero que estaba ya prevista.

“Irán es uno de los poquísimos países que continúan ejecutando a personas que eran menores de edad en el momento del presunto delito, lo que constituye una violación flagrante del derecho internacional de los derechos humanos, que prohíbe el uso de la pena de muerte por delitos cometidos siendo menor de 18 años”, ha explicado Philip Luther.

«Llevar a cabo la tercera ejecución de esta clase en un mes será una mancha más en la conciencia de Irá y un incumplimiento flagrante de su compromiso de hacer valer los derechos de las personas menores de edad. En vez de mostrar tan horrible entusiasmo por el uso de la pena de muerte, las autoridades iraníes deben detener con urgencia la ejecución de Hamid Ahmadi, conmutarle le pena de muerte y ordenar que sea juzgado de nuevo y de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.”

Irán es Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, pero su desfasada legislación continúa permitiendo aplicar la pena de muerte a niñas de tan sólo 9 años y a niños de tan sólo 15.

Amnistía Internacional pide a las autoridades iraníes que reformen con urgencia el artículo 91 del Código Penal Islámico de 2013 de Irán para prohibir el uso de la pena de muerte contra personas menores de edad en el momento del presunto delito, sin dejarlo a discreción de los tribunales ni hacer ninguna otra excepción. A la espera de este cambio legislativo, el presidente de la magistratura debe establecer una suspensión oficial de las ejecuciones y garantizar que se conmutan sin demora todas las condenas de muerte impuestas a personas que eran menores de edad en el momento de su presunto delito.

“Sin estás medidas tan desesperadamente necesarias, las personas condenadas por delitos cometidos siendo menores de edad seguirán corriendo riesgo de ejecución, aunque se les haya librado de la horca en el último momento”, ha afirmado Philip Luther.


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Iraq: juicios injustos y ejecuciones masivas.

iraqIrak: La ejecución de 31 hombres suma la injusticia al derramamiento de sangre

25 de enero de 2017

La ejecución masiva de 31 hombres en Irak, anunciada ayer, por su presunta participación en homicidios masivos en 2014 es una prueba más del flagrante desprecio de las autoridades iraquíes por los derechos humanos y de su uso erróneo de la pena de muerte en nombre de la seguridad, ha declarado Amnistía Internacional.

Las autoridades locales confirmaron a la organización que ayer habían recibido los 31 cadáveres en Samarra, gobernación de Salah al Din, y que fueron trasladados posteriormente al hospital de la ciudad para que los recogieran sus familias, lo que ya han comenzado a hacer. Las ejecuciones se llevaron a cabo el viernes.

Los hombres, cuyas “confesiones” se obtuvieron en medio de graves denuncias de tortura, habían sido declarados culpables —en juicios rápidos y plagados de defectos— de la muerte de 1.700 cadetes, perpetrada en un campamento militar cerca de Tikrit en junio de 2014. El grupo armado autodenominado Estado Islámico reivindicó la responsabilidad de las muertes.

Esta es la segunda vez en menos de seis meses que las autoridades iraquíes llevan a cabo ejecuciones masivas después de juicios injustos”, afirmó James Lynch, director del equipo de Pena de Muerte de Amnistía Internacional.

La pena de muerte —el máximo castigo cruel, inhumano y degradante— se está usando para crear un espejismo de seguridad, pero sólo perpetuará el ciclo de violencia que arrasa Irak.

James Lynch, director del equipo de Pena de Muerte de Amnistía Internacional.

“La pena de muerte —el máximo castigo cruel, inhumano y degradante— se está usando para crear un espejismo de seguridad, pero sólo perpetuará el ciclo de violencia que arrasa Irak.”

“Amnistía Internacional viene condenando sistemáticamente las atrocidades del Estado Islámico con la máxima rotundidad, incluida la atroz masacre de Speicher. Las víctimas de los crímenes del Estado Islámico tienen derecho a la justicia y la verdad. Sin embargo, los juicios injustos, la tortura y las ejecuciones masivas nunca pueden considerarse justicia.”

“Las autoridades iraquíes deben establecer de inmediato una moratoria oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.”


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Kuwait: siete ejecuciones en un día.

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Kuwait da un paso atrás y lleva a cabo siete ejecuciones

25 de enero de 2017

En respuesta a la noticia de que, por primera vez desde 2013, las autoridades de Kuwait han llevado a cabo esta mañana siete ejecuciones por ahorcamiento, Samah Hadid, directora adjunta de Campañas de la oficina regional de Amnistía Internacional en Beirut, ha declarado:

“La ejecución hoy de siete personas –cinco de ellas extranjeras– constituye un alarmante y sumamente lamentable paso atrás en Kuwait”.

“Al optar por reanudar ahora las ejecuciones, las autoridades kuwaitíes han mostrado un flagrante desprecio por el derecho a la vida, y han demostrado su voluntad de debilitar las normas de derechos humanos.”

“La pena de muerte es el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. Su uso no puede justificarse en ninguna circunstancia. En lugar de reanudar las ejecuciones, las autoridades kuwaitíes deberían trabajar de inmediato para revisar las leyes relativas a la pena de muerte y dictar una moratoria de las ejecuciones con vistas a, en última instancia, abolir la pena capital por completo.”

Kuwait es Estado Parte en ocho tratados internacionales de derechos humanos. Este es el segundo grupo de personas ejecutado en el país desde 2007: el otro caso tuvo lugar en 2013, cuando Kuwait ejecutó a cinco personas de ciudadanía extranjera.

Las siete personas ejecutadas hoy eran:

1-      Mohammad Shahed Mohammad Sanwar Hussain, nacional de Bangladesh

2-      Jakatia Midon Pawa, nacional de Filipinas

3-      Amakeel OoKo Mikunin, nacional de Etiopía

4-      Nasra Youssef Mohammad al Anzi, nacional de Kuwait

5-      Sayed Radhi Jumaa, nacional de Egipto

6-      Sameer Taha Abdulmajed Abduljaleel, nacional de Egipto

7-      Faysal Abdullah Jaber Al Sabah, nacional de Kuwait

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución.


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Ahorcado un hombre por la justicia japonesa.

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Japón: Ahorcado un hombre, continúan las ejecuciones secretas

Sala de ejecuciones en un centro de detención en Tokio, Japón © AP Photo/Justice Ministry

11 de noviembre de 2016

Las ejecuciones secretas no pueden ocultar el hecho de que Japón va a contracorriente en lo que a la pena de muerte se refiere, ha manifestado Amnistía Internacional tras el ahorcamiento de un condenado a muerte el viernes.

Kenichi Tajiri, de 45 años, fue ejecutado en el Centro de Detención de Fukuoka la madrugada del viernes. Había sido condenado a muerte en 2012 por dos asesinatos, cometidos en 2004 y 2011.

“La pena de muerte nunca hace justicia; es un acto cruel e inhumano. El gobierno no puede ocultar el hecho de que va a contracorriente de la mayoría de los Estados del mundo, que han vuelto la espalda a la pena de muerte.”

Esta ejecución es la tercera que se lleva a cabo en Japón en 2016 y la decimoséptima del gobierno del primer ministro Abe.

El ahorcamiento se produce un mes después de que la Federación de Colegios de Abogados de Japón adoptara formalmente una política en la que se pide el fin de la pena capital. Entre otras cosas, la Federación pone de relieve el riesgo de condenar a inocentes y la falta de pruebas de que la pena de muerte reduzca la delincuencia.

“En vez de firmar más órdenes de ejecución, el ministro de Justicia, Katsutoshi Kaneda, debe escuchar las numerosas voces contrarias a la pena de muerte, como las Naciones Unidas y esta respetable asociación de abogados, y esforzarse por poner fin a su uso en Japón”, ha añadido Hiroka Shoji.

Ejecuciones secretas

Las ejecuciones están envueltas en secreto en Japón, donde es habitual avisar a los condenados sólo unas horas antes o no advertírselo siquiera en algunos casos. Normalmente no se notifica la ejecución a sus familiares y abogados ni se hace tampoco pública hasta que se ha producido.

Las ejecuciones secretas contravienen las normas internacionales sobre el uso de la pena de muerte. Su existencia, así como la falta de otras salvaguardias jurídicas adecuadas para las personas condenadas a muerte en Japón, ha sido ampliamente criticada por expertos de la ONU.

Entre otras cosas, se niega a los acusados la debida asistencia letrada, y no existe un procedimiento preceptivo de apelación en los casos de pena capital. Se sabe asimismo que varios presos con discapacidad mental o intelectual han sido ejecutados o permanecen en espera de ejecución.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito; la culpabilidad, inocencia u otras características del acusado, y el método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte viola el derecho a la vida y es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.

 


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Se pide la suspensión de una ejecución en California.

Expertos de la ONU urgen a suspender la ejecución de un reo en California

Mutuma Ruteere, relator de la ONU sobre Formas Contemporáneas de Racismo. Foto: ONU/ Jean-Marc Ferré

14 de noviembre, 2016 — Expertos de la ONU solicitaron este lunes al gobernador del estado de California que suspenda la ejecución del afronorteamericano Kevin Cooper, quien fuera declarado culpable de asesinato tras un proceso judicial que no cumplió con las normas procesales internacionales.

En julio de 1983, Cooper, de 25 años por aquel entonces, fue arrestado por su relación con el asesinato de una pareja, la hija y un amigo de la pequeña en Chino Hills, un suburbio de Los Ángeles, a pesar de numerosas pruebas que apuntaban a que el crimen fue cometido por varios hombres, blancos o hispanos.

Por ello, urgieron al gobernador de California, Jerry Brown, a suspender la ejecución de Cooper, quien podría ser el primer preso en morir mediante la inyección letal cuando ésta se retome en ese estado estadounidense.

En un comunicado, la relatora sobre Ejecuciones Arbitrarias, el relator sobre Formas Contemporáneas de Racismo y el presidente del Grupo de Trabajo sobre Personas de Ascendencia Africana afirmaron que existen fuertes indicios de que su caso estuvo marcado por procedimientos judiciales carentes de las garantías básicas para un juicio justo y el debido proceso que la sentencia se emitió sin evidencia clara y convincente.

Los expertos afirmaron que la ejecución de Cooper podría constituir una grave violación de los derechos humanos y de las obligaciones internacionales y nacionales de Estados Unidos.

Asimismo, aprovecharon la oportunidad para recordar que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha solicitado varias veces a Estados Unidos que considere el establecimiento de una moratoria federal de la aplicación de la pena capital.