Loiola XXI

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Una religiosa activista contra la pena de muerte

Helen Prejean: “Las personas valen más que sus peores actos”

Por Mireya Cidón (@mnodic), Amnistía Internacional

La cruzada de Helen Prejean contra la pena de muerte se hizo famosa con la película Dead Man Walking (Pena de muerte), dirigida por Tim Robbins e interpretada por Susan Sarandon y Sean Penn en 1995. Han transcurrido 22 años; 34 desde que esta monja católica perteneciente a las Hermanas de San José de la Medalla fue testigo, en primera fila, de la muerte premeditada y legal de Elmo Patrick Sonnier. A lo largo de su vida ha acompañado a seis condenados a muerte y ahora hace lo propio con el séptimo: Manuel Ortiz, un salvadoreño acusado de asesinar a su esposa y a una amiga de ella en 1992.

La hermana Helen Prejean no aparenta sus 78 años. Camina con determinación y me abraza antes de comenzar la entrevista. Le devuelvo el abrazo y la miro con admiración. Creo que me lo ha notado.

Mi primer maestro fue Amnistía Internacional –me explica con una sonrisa–. Ustedes. En los años 80 la organización iba por delante de una iglesia que reconocía el derecho del Estado a tomar vidas humanas. Pero Amnistía Internacional no lo hacía. De vuestra organización aprendí que los derechos humanos son inalienables y que los gobiernos no los conceden por buen comportamiento. Tampoco los pueden quitar por lo contrario. Los derechos humanos son el faro que todas las personas debemos seguir con independencia de que seamos religiosos, agnósticos o ateos.

¿Por qué hace campaña contra la pena de muerte? 
El Estado no tiene derecho a matar. Ningún gobierno es lo suficientemente inocente o lo suficientemente sabio como para reclamar un poder tan absoluto como la muerte. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos tres y cinco, dice que todo ser humano tiene derecho a la vida y que nadie puede ser torturado ni ser sometido a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

¿Cuándo comenzó su cruzada?
Mi auténtica lucha contra la pena de muerte comenzó el día que presencié la muerte premeditada de Elmo Patrick Sonnier. El día que vi cómo lo desnudaban, le afeitaban la cabeza, le ponían unos pañales… Ese día vi la guionización fría y calculada de la ejecución de un hombre al que le arrebataban su dignidad y su vida. Tras su ejecución supe que no podía quedarme callada. 

¿Quién merece morir?
No podemos dejar que un gobierno decida entre la vida y la muerte. Nadie merece morir. Porque… ¿quién merece matar? ¿Los oficiales de prisiones? ¿Los médicos que participan aunque solo sea para certificar la muerte o expedir el certificado de defunción? ¿Qué clase de personas somos? ¿Qué clase de personas queremos ser?

Conozco a un funcionario de prisiones de Florida que ofició la ejecución de dos condenados a muerte. Acude a terapia porque no lo puede olvidar. Intenta superarlo dando charlas y conferencias para sensibilizar a la gente. 

¿Y cómo sensibiliza usted cuando los criminales son vistos como monstruos? Imagínese al violador y asesino de una niña de 7 años. El dolor de los familiares, la necesidad de venganza…  

Matar a una persona es el acto más terrible que puede cometer un ser humano. ¿Quién decide quién debería morir por ello? Cuando se reinstauró la pena de muerte, en 1976, el criterio fue aplicarla para los crímenes más terribles. ¿Pero estos cuáles son? ¿Un atentado terrorista? ¿La violación y asesinato de una niña? ¿De dos niñas? ¿Cómo se determina eso? ¿Hay una meritocracia de la muerte? 

¿Y los fallos del sistema judicial? Desde 1973, 161 presos del corredor de la muerte han sido exonerados. Y el número sigue subiendo, sobre todo gracias a la proliferación de las pruebas de ADN. Estados Unidos tiene un problema: perjurios, abogados de oficio incompetentes y mal pagados, policías que ocultan o destruyen pruebas o documentación importante para el caso, mala praxis de los fiscales…

¿No hay justicia equitativa en los Estados Unidos?
No, y no es solo por una cuestión de dinero. Los 10 estados sureños que permitían la esclavitud y maltrataban y negaban derechos fundamentales a los negros, son los que más han aplicado la pena de muerte en mi país. Una cosa está ligada con la otra. Sus muertes no generan debate social porque el racismo está enquistado en los Estados Unidos. El sistema criminal de mi país es racista, especialmente con los afroamericanos y los latinos. El sistema castiga a los pobres y se ceba con los criminales negros siempre y cuando la víctima sea blanca. Las muertes de hombres negros, de mujeres negras… no importan… Ni siquiera se investigan demasiado. 

Amnistía Internacional siempre ha defendido que matar es un error. No importa quién lo haga…
(Sonríe) Por eso sois mi maestro. Matar es un error. Da igual que el crimen lo cometa yo, ustedes o el gobierno. No podemos dejar que un Estado decida entre la vida y la muerte. 

¿Cómo se relaciona con los familiares de las víctimas?
El dolor de las familias suele utilizarse como motivo para justificar las condenas a muerte. He hablado con familiares que me decían que solo podían pensar en el día en que el Estado hiciera justicia. Pero el sistema penal de Estados Unidos tiene sus tiempos y los familiares pueden acabar esperando años y años para lograr eso que se les ha vendido como la curación a su dolor: ver morir al asesino de sus hijos. Desgraciadamente estas personas acaban siendo consumidas por su propia sed de venganza. Para mí es un privilegio poder ayudarles a encontrar una forma de perdón y de eliminar el odio de su interior. 

¿Empatizan con su cruzada?
Al principio ni siquiera yo tenía mucha compasión por los asesinos. ¡Les tenía miedo! Pero cuando los conoces, ves que también son seres humanos. Las personas valen más que sus peores actos. Tenemos que evitar el odio por el odio, la muerte por la muerte porque todo el mundo sufre en esta historia. Nadie gana.

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Disminuye el número de penas de muerte en Africa subsahariana.

El África subsahariana, un faro de esperanza en la tendencia a la baja de ejecuciones y condenas a muerte

  • Se han observado avances en toda el África subsahariana, donde Guinea se ha convertido en el 20º Estado abolicionista, las condenas a muerte han disminuido sustancialmente y ha habido iniciativas legislativas constantes.
  • Las ejecuciones y las condenas a muerte han disminuido en todo el mundo, tras haber alcanzado máximos históricos en años anteriores.
  • Proliferan aún preocupantes tendencias, con numerosos países violando el derecho internacional.
  • Tres españoles en riesgo de ser condenados o condenados a pena de muerte: Pablo Ibar, Artur Segarra y Ahmed el Saadany Ghaly.

Según palabras de Amnistía Internacional en su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, publicado hoy, el África subsahariana ha dado grandes pasos en la lucha mundial por la abolición de la pena capital, con un considerable descenso en el número de condenas a muerte en toda la región.

Guinea se ha convertido en el 20º Estado del África subsahariana en abolir la pena de muerte para todos los delitos, mientras que Kenia ha abolido la pena capital preceptiva para el asesinato. Burkina Faso y Chad ha avanzado también en la eliminación de esta pena, con nuevas leyes o proyectos de ley.

“Los avances en el África subsahariana han reforzado la posición de la región como faro de esperanza para la abolición. El liderazgo de los países de esta región permite concebir de nuevo la esperanza de que la abolición de la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante se encuentre a nuestro alcance”, ha declarado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Avanzado ya el año 2018, los gobiernos de la región continúan tomando medidas para reducir y revocar la pena de muerte, mientras la soledad de los países que siguen llevando a cabo ejecuciones es más clamorosa que nunca.

Ahora que 20 países del África subsahariana han abolido la pena capital para todos los delitos, es el momento de que el resto del mundo siga su ejemplo y relegue esta aberrante pena a los libros de historia”.

Amnistía Internacional ha registrado un descenso en el número de países del África subsahariana que consuman ejecuciones: de cinco en 2016 a dos en 2017 —Somalia y Sudán del Sur— en los que se haya tenido constancia de ejecuciones. Asimismo, la organización ha resaltado que las noticias sobre la reanudación de las ejecuciones en Botsuana y Sudán en 2018 no pueden eclipsar los avances experimentados en otros países de la región.

Por su parte, Gambia ha firmado un tratado internacional por el que se compromete a no llevar a cabo ejecuciones y a marchar hacia la abolición de la pena de muerte. El presidente gambiano dictó, en febrero de 2018, una moratoria oficial (suspensión temporal) de las ejecuciones.

Avances considerables en todas las regiones

Los progresos en el África subsahariana en 2017 ilustran la tendencia positiva observada en todo el mundo: los análisis de Amnistía Internacional apuntan a un nuevo descenso en el empleo mundial de la pena de muerte a lo largo del pasado año.

Durante 2017, Amnistía Internacional registró un mínimo de 993 ejecuciones en 23 países: una reducción del 4% respecto a 2016 (con 1.032 ejecuciones) y del 39% respecto a 2015 (cuando la organización informó de 1.634 ejecuciones, la cifra más elevada desde 1989). En 2017 se registraron al menos 2.591 condenas a muerte en 53 países, lo que supone un descenso considerable con respecto a la cifra récord de 3.117 condenas a muerte registrada en 2016. Estas cifras no incluyen los miles de condenas a muerte y ejecuciones que —según cree Amnistía— fueron impuestas y consumadas en China, donde las cifras correspondientes siguen clasificadas como secreto de Estado.

Además de Guinea, Mongolia abolió también la pena capital para todos los delitos, con lo que el número total de países abolicionistas ascendió a 106 en 2017. Por otro lado, tras haber abolido Guatemala la pena de muerte para los delitos comunes, como el de asesinato, el número de países abolicionistas, en la ley o en la práctica, es ahora de 142. Sólo 23 siguen llevando a cabo ejecuciones (la misma cifra que en 2016), pese a que varios países han reanudado las ejecuciones tras un periodo de interrupción.

Se han dado incluso pasos importantes para reducir el empleo de la pena de muerte en países que son firmes defensores de ella. En Irán, las ejecuciones registradas se redujeron en un 11% y las relacionadas en concreto con delitos de drogas descendieron en un 40%. Asimismo, se tomaron medidas para elevar la cantidad de droga necesaria para imponer la pena de muerte preceptiva. En Malasia, se reformó la legislación antidroga, que pasó a permitir discrecionalidad a la hora de imponer condenas en casos de narcotráfico. Estas reformas se traducirán, probablemente, en un descenso en el número de condenas a muerte impuestas en ambos países en el futuro.

“Sigue siendo preocupante que ciertos países recurran a la pena de muerte para los delitos de drogas. Sin embargo, las medidas adoptadas por Irán y Malasia para reformar la legislación antidroga revelan en buena medida la aparición de grietas incluso en la minoría de países que sigue llevando a cabo ejecuciones”, ha afirmado Salil Shetty.

Indonesia, que, en un torpe intento por atajar los delitos de drogas, ejecutó en 2016 a cuatro personas condenadas por ese tipo de delitos, no llevó a cabo ninguna ejecución el año pasado, y ha informado de un ligero descenso en el número de condenas a muerte impuestas.

Tendencias preocupantes

Sin embargo, en 2017 siguieron observándose preocupantes tendencias en el empleo de la pena de muerte.

En 15 países se condenó a muerte o ejecutó a personas por delitos de drogas, contraviniendo así el derecho internacional. La región de Oriente Medio y norte de África registró la cifra más alta de ejecuciones relacionadas con las drogas en 2017, mientras que la de Asia y Oceanía fue la región con mayor número de países que utilizaron la pena capital para ese tipo de delitos (10 países de 16).

Amnistía Internacional registró ejecuciones por cuestiones de drogas en cuatro países: Arabia Saudí, China (donde las cifras están clasificadas como secreto de Estado), Irán y Singapur. El secretismo que rodeaba la pena capital en Malasia y Vietnam impidió determinar si se habían llevado a cabo o no ejecuciones por delitos de drogas. En 2017, Singapur ahorcó a ocho personas, todas ellas por delitos de drogas, con lo que duplicó la cifra de 2016. La tendencia fue similar en Arabia Saudí, donde las decapitaciones por cuestiones de drogas se dispararon, pasando del 16% del total de ejecuciones en 2016 al 40% en 2017.

“Pese a los avances en la abolición de esta pena aberrante, quedan aún unos cuantos líderes que prefieren recurrir a la pena capital como ‘solución rápida’ en lugar de abordar la raíz de los problemas con políticas humanas y de base empírica. Los líderes fuertes ejecutan políticas, no a personas” ha afirmado Salil Shetty

“Las draconianas medidas contra las drogas que se aplican ampliamente en Oriente Medio y la región de Asia y Oceanía han fracasado estrepitosamente a la hora de solucionar el problema”.

De igual forma, los gobiernos violaron en 2017 varias prohibiciones más de derecho internacional. En Irán, al menos cinco personas fueron ejecutadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, y otras 80, como mínimo, permanecían condenadas a muerte. Asimismo, en Estados Unidos, Japón, Maldivas, Pakistán y Singapur, se ejecutó a personas con discapacidad mental o intelectual, o se las mantuvo condenadas a muerte. En Arabia Saudí, Bahréin, China, Irak e Irán, Amnistía Internacional registró varios casos de personas condenadas a muerte tras haber “confesado” delitos bajo tortura u otros malos tratos. En Irán e Irak, estas “confesiones” se retransmitieron en directo por televisión.

Aunque el número total de países que llevaron a cabo ejecuciones permaneció inalterado, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Kuwait reanudaron las ejecuciones tras un periodo de interrupción. En Egipto, el número de condenas a muerte registradas aumentó en casi un 70% en comparación con 2016.

Expectativas

Con al menos 21.919 casos conocidos de personas condenadas a muerte en todo el mundo, no es el momento de relajar la presión.

En 2017 se dieron pasos en la buena dirección, cuyo impacto total comprobaremos a lo largo de los próximos meses y años. Sin embargo, ahora que algunos países han dado —o amenazan con dar— marcha atrás, la campaña contra la pena capital sigue siendo tan esencial como siempre.

“En los últimos 40 años, hemos presenciado una enorme y positiva transformación en la percepción de la pena de muerte, pero es necesario dar más pasos para erradicar esta terrible práctica de homicidios sancionados por los Estados”, ha manifestado Salil Shetty.

“La pena de muerte es un síntoma de una cultura de violencia, no su solución. Sabemos que, estimulando el apoyo de personas de todo el mundo, podemos hacer frente a este cruel castigo y poner fin a la pena de muerte en todo el mundo”.

Para más información, remítanse a la hoja informativa, donde encontrarán estadísticas detalladas y desgloses por regiones.

Españoles condenados a muerte en el mundo

El Tribunal Supremo de Florida anuló el 4 de febrero de 2016 la condena a muerte de Pablo Ibar, español que permaneció en el corredor 16 años. El Tribunal ordenó llevar a cabo un nuevo juicio, que está pendiente de celebrarse. En 1994, Pablo Ibar fue acusado de asesinar a tres personas durante un robo en una vivienda. En un juicio plagado de irregularidades celebrado en el año 2000 se le consideró culpable del triple asesinato.

Ante la condena a muerte del español Artur Segarra el 21 de abril de 2017 en Tailandia, acusado del asesinato en Bangkok de otro español, David Bernat, Amnistía Internacional declaró su rechazo, ya que la organización se opone a la pena de muerte en todos los casos.

Asimismo la organización tuvo conocimiento de la condena a muerte en Egipto de Ahmed el Saadany Ghaly, de nacionalidad española. Según informaciones recibidas, Ahmed fue detenido y acusado de haber asesinado a su cuñado el 13 de diciembre de 2016, y durante su detención al parecer no tuvo asistencia letrada, fue torturado y amenazado con que su familia sería torturada. Amnistía Internacional está documentando este caso.


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Egipto: ejecución de 20 personas. Condena ONU

ONU condena la ejecución de 20 personas en Egipto

Portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Liz Throssell . Foto: ONU/Violaine Martin

05 de enero, 2018 — La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU expresó profunda preocupación por los reportes de que 20 personas juzgadas por un tribunal militar, fueron sentenciadas a muerte y ejecutadas en Egipto.

Según declaraciones dadas este viernes en Ginebra por la portavoz de la Oficina, Liz Throssell, 5 hombres fueron ahorcados en Alejandría el 2 de enero, y 15 más fueron ejecutados bajo cargos de terrorismo el pasado 26 de diciembre.

“Para nosotros es importante enfatizar que los civiles solo deberían ser juzgados en tribunales militares o especiales en casos excepcionales”, aseguró Throssell, quien agregó que es inquietante que en todos estos casos parezca ser que no se cumplió el debido proceso y las garantías de un juicio justo debido a que generalmente las cortes militares niegan los derechos civiles de los acusados.

“Es indispensable tener una audiencia justa y pública y ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial. Es muy importante enfatizar que todas las personas acusadas de un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia hasta que se demuestre lo contrario”, dijo la portavoz.

Throssell resaltó que a pesar de los desafíos de seguridad que enfrenta Egipto, en particular en el Sinaí, las ejecuciones no deben utilizarse como un medio para combatir el terrorismo.

La Oficina pidió a las autoridades egipcias que reconsideren la aplicación de la pena de muerte en conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y que tomen las medidas necesarias para que no se repitan más violaciones a estas garantías.


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La pena de muerte: las moratorias y la abolición. AMN.INT.

La pena de muerte: Diez años después de la moratoria de ejecuciones, más cerca de la abolición

Asamblea General de Naciones Unidas donde se pide moratoria de las ejecuciones a todos los estados. © UN Photo/Paulo Filgueiras

Hoy, 18 de diciembre de 2017, se cumple el décimo aniversario de la adopción por la Asamblea General de la ONU —principal órgano deliberante de la ONU en el que participan todos sus miembros— de la histórica resolución 62/149, en la que se pide a los Estados que aún mantienen la pena de muerte que establezcan una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir esta pena. Aunque no es vinculante para los Estados, el poderoso llamamiento de este órgano de la ONU tiene un considerable peso moral y político. Fue propuesto y gozó del apoyo de una abrumadora mayoría de Estados de todas las regiones, e incluyó claramente la abolición de la pena de muerte entre las prioridades de la comunidad internacional en materia de derechos humanos.

Desde 2007, la Asamblea General de la ONU ha adoptado otras cinco resoluciones sobre este tema, la más reciente el 19 de diciembre de 2016. El texto de las resoluciones ha girado en torno al llamamiento central en favor de una moratoria de las ejecuciones, pero también ha hecho peticiones importantes a los Estados para que refuercen la protección y promoción de los derechos humanos de las personas que podrían ser condenadas a muerte, entre otras medidas reduciendo el número de delitos por los que cabe imponer esta pena, haciendo pública la información sobre las ejecuciones previstasno imponiendo la pena de muerte por delitos cometidos por personas menores de 18 años, a mujeres embarazadas o a personas con discapacidad mental o intelectual, y asegurándose de que las personas condenadas pueden ejercer su derecho a pedir el indulto o la conmutación de la pena garantizando unos procedimientos justos y transparentes para la petición de clemencia.

Un impulso creciente

La adopción de la resolución de 2007 fue un hito histórico, pues también generó un nuevo impuso para la campaña global contra el uso de la pena de muerte. La consideración y adopción por la Asamblea General de la ONU de estas resoluciones cada dos años ha ofrecido nuevas oportunidades a la sociedad civil y otros actores abolicionistas para relacionarse con los gobiernos y promover nuevos debates sobre la abolición donde no existían. Ha creado una plataforma permanente para debates importantes en torno a la pena de muerte, cambiando su percepción de cuestión de justicia penal a algo directamente relacionado con la protección y promoción de los derechos humanos. La petición de una moratoria de las ejecuciones se reflejó también en pronunciamientos contra la pena de muerte de los últimos años de organizaciones internacionales y regionales como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito o la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, o de organismos profesionales internacionales como la Asociación Médica Mundial.

El impulso contra la pena de muerte ha hecho que las resoluciones que se adoptaban en la Asamblea General de la ONU hayan contado cada vez con más apoyo, pasando de 104 votos a favor en 2007 a 117 en los últimos años. Este aumento también se refleja en el número de Estados que han abolido la pena de muerte desde 2007: 14 países la han derogado totalmente de su legislación nacional y otros 2 la han abolido sólo para los delitos comunes. En el último decenio, 20 países más han asumido el compromiso irreversible en virtud del derecho internacional de abolir la pena de muerte y otros han dado pasos importantes en esa dirección.

Los argumentos a favor de la abolición

Aunque no cabe duda de que el viaje global hacia la abolición continúa y de que sólo es cuestión de tiempo que la pena de muerte quede relegada a los libros de historia, los retos que hemos visto en la aislada minoría de países que aún llevan a cabo ejecuciones no podrían servir de argumentos más claros a favor de reiterar la acción en apoyo de una moratoria de todas las ejecuciones como primer paso. Las cifras compiladas por Amnistía Internacional indican que en 2016 no hubo ejecuciones en 172 de los 193 Estados Miembros de la ONU (el 89%) y sólo se tiene constancia de que 11 países llevaran a cabo ejecuciones cada año en los cinco años anteriores. Un puñado de países —Arabia Saudí, China, Irak, Irán y Pakistán— fue responsable de más del 90% de todas las ejecuciones de las que se tuvo noticia.

Es un dato bien documentado que las violaciones graves de las normas y del derecho internacional de los derechos humanos suelen asociarse al uso de la pena de muerte, incluso en Estados que han adoptado compromisos voluntarios mediante la ratificación de tratados internacionales. En muchos casos, esta pena se impone en actuaciones en las que se viola el derecho a un juicio justo, especialmente cuando las personas encausadas han sido sometidas a tortura y otros malos tratos para obtener “confesiones” que a menudo se usan para declararlas culpables; a personas que eran menores de 18 años cuando se cometió el delito o a personas que tienen una discapacidad mental o intelectual. En algunos países se impone por delitos que no se ajustan a lo que se entiende por los “delitos más graves”, como los delitos relacionados con las drogas, a los que debe limitarse según el derecho internacional, y a menudo se impone como pena preceptiva. Amnistía Internacional ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el secreto que rodea el uso de la pena de muerte en varios países, especialmente en el mayor verdugo del mundo, China; y sigue alarmada ante el hecho de que las personas de orígenes socioeconómicos vulnerables continúen sufriendo desventajas en los sistemas de justicia penal de todo el mundo.

Es hora de actuar

Las novedades, como la producida en las últimas semanas en Irak, demuestran que algunos Estados incumplen totalmente sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional en este sentido. Esto exige la condena y la acción de la comunidad internacional. Pero a pesar de todos los obstáculos, no hay duda de que el viaje de la humanidad para librarse de la pena de muerte seguirá adelante.

Mientras esperamos la llegada de 2018 y la resolución sobre una moratoria en el uso de la pena capital que estudiará probablemente la Asamblea General de la ONU en su 73 periodo de sesiones, Amnistía Internacional anima a todos los Estados a que trabajen juntos y apoyen las iniciativas que contribuyan a poner punto final de una vez por todas al uso de esta pena


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Ciudades en el mundo contra la pena de muerte el 30 nov.

Más de 2000 ciudades en el mundo se iluminan contra la pena de muerte

El Centro Cultural Óscar Niemeyer en Avilés iluminado contra la pena de muerte el 30 de noviembre de 2016

Amnistía Internacional y la Comunidad de Sant’Egidio, en colaboración con algunos ayuntamientos, iluminan edificios representativos para oponerse a las ejecuciones

El próximo 30 de noviembre, en más de 2.000 ciudades de todo el mundo como Berlín, Buenos Aires, París o Seúl y otras capitales de países donde se está haciendo un trabajo contra la pena de muerte como Minsk (Bielorrusia) o Porto Novo (Benin) se iluminarán edificios representativos para mostrar el rechazo de la población a la pena de muerte. En España, la Comunidad de Sant’Egidio y Amnistía Internacional impulsan esta iniciativa en más de 30 ciudades como Barcelona, Burgos, Castellón, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Madrid, Salamanca o Valencia, entre otras.

La Jornada de Ciudades por la Vida es una iniciativa internacional que se pone en marcha cada año en la fecha en la que se recuerda la abolición de la primera pena capital en el Gran Ducado de Toscana en 1786. Se trata de un evento promovido por la Comunidad de Sant’Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, a la que pertenece Amnistía Internacional.

Las cifras de la pena de muerte

En 2016, al menos 1.032 personas fueron ejecutadas en todo el mundo, 602 menos que en 2015. Aunque la la reducción es considerable, la cifra general sigue siendo más alta que la media registrada en los 10 años anteriores. Estas cifras no contemplan las ejecuciones realizadas en China, donde los datos sobre la aplicación de la pena de muerte siguen siendo considerados secretos de Estado. A esta cifra se suma que en 2016 fueron condenadas a muerte 3.117 personas en 55 países. Los Estados que mantienen y aplican la pena de muerte están cada vez más aislados y deben tomar medidas para sumarse a la tendencia mundial.

En 1977, sólo 16 países habían abolido totalmente la pena de muerte en su legislación y en la práctica. En la actualidad, la mayoría de los países del mundo, 105, la han abolido por completo. En 2017 se han cumplido 40 años desde que Amnistía Internacional promovió la Declaración de Estocolmo, primer manifiesto abolicionista contra la pena de muerte.

El pasado 10 de octubre, Día Internacional Contra la Pena de Muerte, Amnistía Internacional puso el foco en la vinculación de la pena de muerte con la pobreza. Según investigaciones de la organización, las personas de entornos socioeconómicos desfavorecidos se ven afectadas de manera desproporcionada en su contacto con el sistema de justicia penal y suelen ser las que sufren la imposición de la pena de muerte.

En China se reproduce un patrón preocupante, por el cual la pena de muerte podría estar imponiéndose de manera desproporcionada a personas que viven en la pobreza, con niveles bajos de educación o pertenecientes a minorías raciales, étnicas o religiosas. En Arabia Saudí, el 48,5% de todas las ejecuciones registradas por Amnistía Internacional entre enero de 1985 y junio de 2015 fueron de extranjeros, en su mayoría trabajadores migrantes, que no saben árabe, el idioma en que se interroga a los detenidos y en el que se celebran los procedimientos judiciales.

Por otro lado, Benín ha sido uno de los últimos países que han abolido la pena de muerte por ley en todo los delitos; sin embargo, todavía 14 personas se encuentran en el corredor de la muerte en terribles condiciones y sin saber cuál va a ser su destino, pese a que el Gobierno haya prometido que no serán ejecutados.

En Europa el único país que mantiene la pena de muerte es Bielorrusia, donde las ejecuciones normalmente se realizan en secreto y sin notificárselo a la familia. Desde 1994 sólo se ha concedido el indulto en uno de los más de 400 casos en que se había solicitado.

Amnistía Internacional y la Comunidad de San’t Egidio se oponen a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza y de las circunstancias del delito, de la culpabilidad, inocencia y otras características de la persona y del método empleado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. Además, las organizaciones consideran que esta práctica viola el derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y es un castigo cruel, inhumano y degradante.


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Mauritania: condenado a muerte un defensor de derechos humanos.

Mauritania: La condena a muerte por apostasía impuesta a un bloguero de Facebook debe ser anulada

© Particular

Mauritania debe liberar de inmediato y sin condiciones a Mohamed Mkhaïtir, defensor de los derechos humanos que ha sido condenado a muerte por criticar el uso del islam para justificar prácticas discriminatorias contra grupos étnicos minoritarios en el país; así lo ha manifestado Amnistía Internacional con antelación a la vista de apelación de su causa.

Mañana, un tribunal de apelación de la ciudad noroccidental de Nuadibú verá por segunda vez el caso de Mohamed Mkhaïtir, condenado a muerte en diciembre de 2014 por un blog “blasfemo” que había publicado en Facebook.

“Es un caso absurdo, y representa un auténtico retroceso para la libertad de expresión en un país que no ha castigado la apostasía en más de 50 años de independencia”, ha dicho Kiné Fatim Diop, responsable de campañas de Amnistía Internacional sobre África Occidental.

Mohamed Mkhaïtir es preso de conciencia y lleva tres años bajo custodia sólo por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y pronunciarse contra la discriminación. Su escandalosa condena de muerte tiene que ser anulada, y Mohamed debe quedar en libertad de forma inmediata e incondicional.”

En diciembre de 2013, Mohamed Mkhaïtir publicó un blog en Facebook titulado “religión, religiosidad y herreros”, en el que condenaba el uso de la religión para justificar prácticas discriminatorias contra los miembros de la clase marginada de los herreros, con quienes se identifica. Tras la publicación de su blog recibió llamadas telefónicas amenazadoras en las que lo acusaban de blasfemia. Varios sitios web reprodujeron la publicación antes de su retirada.

Mohamed Mkhaïtir publicó un segundo blog donde explicaba que su artículo iba dirigido a denunciar a quienes usan la religión para menospreciar a los miembros de castas inferiores. Miles de personas se echaron a la calle en varias ciudades, entre ellas Nuadibú y la capital, Nuakchot, para pedir su condena a muerte.

Fue detenido el 5 de enero de 2014 y acusado de apostasía. Los primeros seis meses de su detención estuvo sometido al régimen de aislamiento en una celda sin retrete ni ducha.

En la vista judicial, Mohamed Mkhaïtir expresó públicamente su arrepentimiento, afirmando que no era su intención hablar con ligereza del profeta Mahoma en sus escritos. Fue declarado culpable y condenado a muerte el 25 de diciembre de 2014. En abril de 2016, el Tribunal de Apelación de Nuadibú confirmó la condena de muerte y remitió la causa al Tribunal Supremo para que considerase la veracidad de su arrepentimiento. Sin embargo, éste anuló la decisión y remitió la causa de nuevo al Tribunal de Apelación de Nuadibú.

Esta condena a muerte ha sido impuesta en flagrante contradicción con las obligaciones contraídas por Mauritania en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y en particular la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en la que es Estado Parte”, ha dicho Kiné Fatim Diop.

“Las autoridades deben poner en libertad de inmediato a Mohamed Mkhaïtir y terminar con las absurdas actuaciones judiciales en su contra, que han causado perjuicios en su salud y su vida.”


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Se va hacia la abolición de la pena de muerte en el mundo.

¿Se debe condenar a muerte a los terroristas?

Por Amnistía Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha utilizado su cuenta de Twitter para pedir la condena a muerte de Sayfullo Saipov, el presunto autor del atropello múltiple en Nueva York que ha matado a ocho personas y ha dejado heridas a otras 12 este pasado martes.

“El terrorista de Nueva York estaba contento cuando pidió colgar la bandera del EI en su habitación del hospital. Mató a 8 personas, dejó gravemente heridas a 12. ¡Debería ser condenado a pena de muerte!”, dijo Trump en un mensaje en Twitter.

Saipov, que resultó herido de un disparo de la policía está detenido bajo vigilancia en un hospital de Nueva York.

Aunque el estado de Nueva York no contempla la pena muerte en su sistema penal, Saipov podría ser condenado a muerte en un juicio federal por terrorismo.

Pero, ¿evita la pena de muerte que se cometan nuevos crímenes? ¿Ofrece justicia a las víctimas? ¿Existe una forma humana de ejecutar? Esta es nuestra postura:

1. ¿Por qué se opone Amnistía Internacional a la pena de muerte?

La pena de muerte viola el derecho más fundamental, el derecho a la vida. Es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante.

La pena de muerte se aplica de forma discriminatoria. Se usa con frecuencia contra las personas más vulnerables de la sociedad, incluidas las minorías étnicas y religiosas, los pobres, y las personas con discapacidad psíquica. Algunos gobiernos la utilizan para silenciar a sus oponentes. Cuando los sistemas de justicia tienen deficiencias y los juicios injustos están generalizados, existe siempre el riesgo de ejecutar a una persona inocente.

Cuando se aplica la pena de muerte, es irreversible. Los errores cometidos no se pueden deshacer. Una persona inocente puede ser liberada de la prisión por un delito que no cometió, pero una ejecución nunca se puede revertir.


Manifestantes cantan durante una protesta contra la pena de muerte frente a la Corte Suprema en Washington. © AP Photo/Evan Vucci

2. ¿No tienen las víctimas de delitos violentos y sus familias derecho a justicia?

Sí lo tienen. Las personas que han perdido a seres queridos en crímenes terribles tienen derecho a ver a la persona responsable rendir cuentas en un juicio justo sin recurso a la pena de muerte. Al oponernos a la pena de muerte, no estamos intentando minimizar o aceptar la delincuencia, pero, como han dicho muchas familias que han perdido a seres queridos, la pena de muerte no puede verdaderamente aliviar su sufrimiento. Simplemente extiende ese sufrimiento a la familia de la persona condenada.

3. Si matas a una persona, ¿no mereces morir tú también –”ojo por ojo”–?

No. Ejecutar a una persona porque le ha quitado la vida a otra es venganza, no justicia.

Una ejecución, o la amenaza de una ejecución, inflige un terrible maltrato físico y psicológico. Una sociedad que ejecuta a delincuentes está cometiendo la misma violencia que condena.

4. ¿No previene la pena de muerte la delincuencia?

De acuerdo con la investigación, no.  No existen pruebas verosímiles de que la pena de muerte disuada de cometer delitos de forma más eficaz que la pena de prisión. De hecho, en los países en los que se ha prohibido la pena de muerte no han aumentado las cifras relativas a la delincuencia. En algunos casos, la realidad es que han disminuido. En Canadá, la tasa de asesinatos en 2008 fue inferior a la mitad de la de 1976, cuando se abolió la pena de muerte en el país.

5.  ¿Qué pasa con la pena capital para los terroristas?

Los Estados con frecuencia recurren a la pena de muerte tras producirse ataques violentos, con lo que pretenden demostrar que hacen algo para “proteger” la seguridad nacional. Pero es improbable que la amenaza de ejecución detenga a hombres y a mujeres preparados a morir por sus creencias, por ejemplo, a terroristas suicidas. Sin embargo, es muy probable que las ejecuciones creen mártires cuya memoria se convierta en un motivo de reivindicación para sus organizaciones.

Es muy elevada la probabilidad de que a las personas acusadas de “terrorismo” se las someta a un juicio injusto. A muchas se las condena e virtud de “confesiones” extraídas bajo tortura. En algunos casos, tribunales especiales o tribunales militares establecidos en aplicación de leyes contraterroristas han condenado a muerte a civiles, lo que socava las normas internacionales.

6. ¿No es mejor ejecutar a una persona que encerrarla para siempre?

Diariamente, hombres, mujeres, incluidos menores, esperan la ejecución en el “corredor de la muerte”. Independientemente del delito que hayan cometido, de si son culpables o inocentes, un sistema de justicia que valora más el castigo que la rehabilitación se cobra sus vidas. Mientras un preso o presa siga con vida, él o ella mantiene la esperanza de la rehabilitación, o de la absolución si posteriormente se determina que es inocente.

7. ¿Existe una forma humana e indolora de ejecutar a una persona?

Todas las formas ejecución son inhumanas. A menudo, se defiende que la inyección letal es un método más humano porque, al menos superficialmente, parece menos cruel y salvaje que otras formas de ejecución como la decapitación, la electrocución, la cámara de gas o el ahorcamiento.

Pero la búsqueda de una forma “humana” de matar a una persona debería verse como realmente es: un intento de hacer que las ejecuciones sean más aceptables para el público en cuyo nombre se realizan, y que los gobiernos que ejecutan parezcan menos asesinos.

8. ¿Es asunto de Amnistía que varias sociedades quieran usar la pena de muerte?

Los derechos humanos, incluido el derecho más básico, el derecho a la vida, son universales y están ratificados por la inmensa mayoría de países en el mundo. Nuestro llamamiento a poner fin a la pena de muerte es consecuente con la misericordia, la compasión y el perdón que enfatizan todas las grandes religiones del mundo. Hasta la fecha, 140 países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica, lo que demuestra que casi todas las regiones del mundo, culturas y sociedades comparten el deseo de poner fin a la pena capital.


Activistas de AmnistIa Internacional se manifiestan contra la pena de muerte. © AI

9. ¿Qué ocurre si la opinión pública está a favor de la pena de muerte?

Un apoyo firme del público a la pena de muerte generalmente va acompañado de una falta de información fiable: con frecuencia, se cree erróneamente que reducirá la delincuencia. Muchos gobiernos se apresuran a promover esta creencia errónea, incluso si no existen pruebas que la respalden. Generalmente no se comprenden los factores fundamentales que sustentan la forma como se aplica la pena de muerte, entre ellos, el riesgo de ejecutar a una persona inocente, la ausencia de garantías procesales en los juicios y la naturaleza discriminatoria de la pena de muerte, todo lo cual contribuye a tener una opinión realmente informada de la pena capital.

Creemos que los gobiernos deben ser claros en lo que concierne a esta información, y que deben promover el respeto por los derechos humanos a través de programas de educación pública.  Solo entonces, podrá haber un debate significativo sobre la pena de muerte.

Aún así, la decisión de ejecutar a una persona no la puede tomar la opinión pública; los gobiernos deben trazar el camino.

10. ¿Se está ganando la batalla para abolir la pena de muerte?

Sí. Actualmente, dos tercios de los países en el mundo han abolido la pena de muerte por completo, o la han dejado de usar en la práctica. En 2016, dos países —Benín y Nauru— abolieron la pena de muerte en la ley para todos los delitos; en 2017 Mongolia hizo por fin efectiva su abolición. Y Estados Unidos, históricamente una de las naciones más reacia a abandonar la pena de muerte, se está volviendo cada vez más contraria a la pena capital. En total, 105 países la han abolido, la mayoría de los del mundo. Sólo 64 países eran totalmente abolicionistas en 1997.

Pero, a pesar del optimismo de los datos, numerosos países siguen poniendo en práctica la pena de muerte sin restricciones y al final de 2016 había en el mundo al menos 18.848 personas condenadas a la pena capital.

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