Loiola XXI

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La violencia sexual en España. Informe AMN.INT.

La violencia sexual sigue siendo invisible y no prioritaria en las políticas públicas en España

Manifestación contra la violencia sexual frente al Ministerio de Justicia en Madrid el 17 de noviembre de 2017. AP Photo/Francisco Seco.
  • 1,4 millones de niñas y mujeres podrían haber sido víctimas de violencia sexual, según los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015
  • 916 mujeres asesinadas desde 2008 merecen medidas eficaces para frenar la violencia contra las mujeres. Luces y sombras del Pacto de Estado

España sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas de violencia sexual. Y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado 28 de septiembre con el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados ha sido una oportunidad perdida para la protección a las víctimas de la violencia sexual.

La violencia de género en el ámbito de pareja y ex-pareja sigue siendo una grave violación de derechos humanos en España y quedan muchas cuestiones por resolver. Sin embargo, con la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género en diciembre de 2004, el Estado español  reconoció que las agresiones de género en la pareja o ex-pareja deben combatirse  a través de una legislación específica que tenga en cuenta una perspectiva de género; y aceptó que tienen la  responsabilidad y el deber de proteger a las víctimas. También se produjeron algunos avances para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, aunque hay graves problemas en cuanto a la identificación de las víctimas y no se cuenta con una Ley Integral. Sin embargo, los avances descritos no han alcanzado la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones.

En relación a la violencia sexual, Amnistía Internacional ha denunciado en diversas ocasiones, entre otros, la falta de recolección de datos desagregados, lo que impide conocer la dimensión de este problema. Según datos de la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres de 2015, el 7’2% de las niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, lo que equivale a más de 1,4 millones de niñas y mujeres. Los datos facilitados por el Ministerio del Interior sobre violencia sexual son muy limitados, al registrar únicamente los datos de denuncias presentadas. En 2016 se presentaron 8.763 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 8.147 incluyen agresiones contra la libertad y la identidad sexual (agresiones, abusos, acoso, o contacto con menores a través de tecnología).

Amnistía Internacional lamenta la ausencia de iniciativas por parte de las autoridades públicas, como por ejemplo la existencia de campañas y acciones de prevención, la falta de servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, o la falta de especialización de todos los agentes que intervienen en todo el proceso de atención a víctimas de violencia sexual.

 

Igualmente Amnistía Internacional alerta de la persistencia de prejuicios discriminatorios que impactan negativamente en los derechos de estas víctimas en el proceso judicial. A diferencia de lo que sucede en otro tipo de delitos, las mujeres víctimas de violencia de género, incluyendo la   violencia sexual, se enfrentan habitualmente a prejuicios por parte de las autoridades que ponen en duda la credibilidad de sus testimonios, lo cual introduce una pesada carga para demostrar la veracidad de su relato.

“Fallamos de manera alarmante como sociedad, cuando a las víctimas de violencia de género, y especialmente a las de violencia sexual, se las trata como acusadas, y cuando la noticia es si su relato es veraz o no, como estamos viendo estos días en el juicio que se está celebrando en Pamplona. Con esto, lo único que se hace es provocar una doble revictimización”, señaló Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.

El caso de Blanca (nombre ficticio), mujer de 20 años con nacionalidad española y de origen colombiano con la que ha hablado Amnistía Internacional, ejemplifica también los prejuicios, los estereotipos y la falta de diligencia debida del Estado a la hora de atender a las víctimas de violencia sexual.

Blanca fue agredida sexualmente a las 5 de la mañana del 8 de mayo de 2016. Su agresor la hizo perder el conocimiento en dos ocasiones. Cuando llegó a casa a las 7 de la mañana y tras contárselo a su madre, decidieron ir a denunciar lo ocurrido.. En la comisaría de su barrio les indicaron que no podían tomar su denuncia y que debían ir a la comisaría especializada en este tipo de delitos en Madrid (Jefatura Superior de la Policía Nacional). En esta comisaría, Blanca entró sola y se enfrentó a un interrogatorio que duró 5 horas. Entre el cansancio y el shock por lo ocurrido, se quedaba dormida en la mesa. “En todo momento sentía que no me creían, lo que me provocaba mayor intranquilidad”. En todo ese tiempo nadie informó a su madre de lo que estaba pasando dentro.

En ningún momento, los agentes le explicaron que tenía derecho a asesoría legal antes de realizar la denuncia. Según su relato, tras la declaración no le ofrecieron acompañarla a recibir asistencia sanitaria, ni le informaron de que en estos casos sólo podía ir a un centro hospitalario especializado, el Hospital de la Paz. Al salir de la comisaría, por sus propios medios, buscaron un hospital donde no se le atendió indicándole que debían ir al hospital especializado. Allí el trato médico fue correcto, pero el médico que la atendió tuvo un enfrentamiento con el médico forense que se negaba a acercarse al centro hospitalario. No se presentó para hacer la exploración hasta las 15.00 horas, sin preservar la intimidad de la víctima, al hablar del caso a voz en grito. Tras ser violada a las 5 de la mañana, tuvieron que transcurrir 10 horas para que finalmente Blanca fuese atendida por personal sanitario y forense.

En la comisaría, la madre de Blanca encontró un papel con datos de la organización CAVAS (Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales) a quien decidieron llamar y que fueron quienes las asesoraron y apoyaron. La investigación de este caso no ha avanzado. 

Amnistía Internacional recuerda, tal y como establecen los estándares internacionales sobre violencia sexual, que los Estados deben: Acometer campañas de prevención de violencia contra las mujeres en todas sus formas.

 

  • Eliminar todas las barreras que impidan el acceso de las mujeres víctimas de violencia sexual a la justicia, y a servicios de asistencia gratuita y especializada.
  • Evitar la revictimización en la investigación penal  y en todas las etapas procesales, no recurriendo a la discriminación y estereotipos de género.
  • Garantizar que se proporcione a las víctimas de violencia, servicios de atención de salud física y psicológica y de asistencia jurídica de calidad.

El Pacto de Estado propone la creación de una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual, pero es necesario que el Gobierno concrete medidas, como por ejemplo, el desarrollo de un sistema de atención integral y de urgencia, accesible y de calidad en todo el territorio nacional, con al menos, un Centro de Crisis por cada 200.000 mujeres, y como mínimo, uno por cada Comunidad autónoma, disponible las 24 horas del día, todos los días del año, como recomienda el Consejo de Europa. Algo que no existe por el momento en todo el territorio español.

Luces y sombras del Pacto de Estado contra la violencia de género
Amnistía Internacional valoró positivamente la aprobación del Pacto de Estado que plantea un conjunto de 212 medidas sobre sensibilización y prevención; educación; mejora de la respuesta institucional, entre las que se encuentran medidas de asistencia, ayuda y protección de la víctima; protección de menores y formación especializada a los diferentes agentes.

“Pero no podemos olvidar que el  pacto vuelve a poner encima de la mesa muchas medidas que ya se contemplaban en la Ley Integral aprobada en diciembre de 2004 y que no se han implementado correctamente. El Pacto debe suponer una oportunidad para que España ponga en marcha, entre otras, las recomendaciones de organismos internacionales, y especialmente asegurar la correcta implementación  del Convenio de Estambul (ratificado por España en junio de 2014) sobre prevención y lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres”, manifestó Virginia Álvarez.

Amnistía Internacional valora positivamente que el Pacto ahonde en la necesidad de impulsar la formación y la educación en igualdad como vía de prevención y sensibilización; que el reconocimiento de la víctima no quede supeditado necesariamente a la interposición de la denuncia para lo que se deberá reformar la Ley Orgánica 1/2004 (Ley Integral contra la violencia de género); o que se establezca un plazo de dos años para establecer en todos los juzgados las Unidades de Valoración Forense Integral, hasta ahora infrautilizadas, para mejorar la asistencia, la ayuda y la protección a la víctimas, algo que Amnistía Internacional ya ha denunciado en varias ocasiones.

Igualmente, la organización también valora positivamente que el pacto pida que se garantice una prestación a todos los huérfanos y huérfanas de la violencia de género como medida para proteger a los menores; que se impulse un seguimiento estadístico de todas las formas de violencia contra las mujeres; y que desde las Comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones se evalúe la formación en materia de igualdad de todos los agentes implicados en la protección a las víctimas de violencia de género. Pero para que esto sea realidad es imprescindible que desde el gobierno y el resto de organismos e instituciones concernidas se anuncien las medidas concretas y los plazos para implementarlas, muchas de las cuales deberán implicar reformas importantes.

Sin embargo, Amnistía Internacional lamenta dos grandes ausencias que no han sido recogidas suficientemente en este Pacto. Además de la ausencia de una verdadera política pública para combatir la violencia sexual, el Pacto no aborda la falta de medidas para reparar a las víctimas mediante indemnización adecuada y con garantías de no repetición que tampoco se contemplaron ni en la Ley Integral, ni en la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito. Si bien se contempla la modificación de esta última ley para mejorar el acceso a información y el acceso a las ayudas, debe realizarse una profunda revisión de la normativa, eliminando todas las trabas que actualmente se encuentran las mujeres víctimas de todo tipo de violencia de género y garantizando que tienen acceso a una verdadera reparación acorde a estándares internacionales de derechos humanos.

El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es un buen momento para que el Gobierno, en coordinación con el resto de Administraciones públicas, Fiscalía, Poder Judicial y resto de agentes, anuncie medidas concretas para abordar de manera eficaz un problema que ha acabado con la vida de 916 mujeres desde 2008, y con la de 29 menores en los últimos 7 años, y que podría afectar a 2,5 millones de mujeres de los 16 años en adelante, según los datos de la  Macroencuesta de 2015.

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ONU denuncia detenciones y mal trato a personas de cierta orientación sexual

ONU expresa profunda preocupación por detenciones arbitrarias al colectivo LGBT en Azerbaiyán, Egipto e Indonesia

Bandera de la comunidad LGBTI. Foto: OIT

13 de octubre, 2017 — Expertos de la ONU expresaron este viernes su profunda preocupación por la detención de más de 180 personas del colectivo LGBT (personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) en Azerbaiyán, Egipto e Indonesia. Varias de ellas habrían sufrido maltrato por parte de agentes estatales.

Desde mediados de septiembre, más de 80 personas han sido detenidas por su orientación sexual o identidad de género en Bakú, la capital de Azerbaiyán, según expertos independientes de la ONU.

Algunas habrían sufrido agresiones además de varias formas de intimidación y humillación, y varias se quedaron en detención administrativa bajo el cargo de perturbación del orden público y resistencia a la autoridad. Muchas pasaron por exámenes médicos forzados y su estado de salud fue luego divulgado por las autoridades a los medios de comunicación.

“Detener a personas por su orientación sexual o identidad de género es arbitrario y contrario al derecho internacional”, recordó Rupert Colville, el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

En Indonesia, informó, más de 50 personas fueron detenidas en un sauna de Yakarta por su presunta orientación sexual. Cinco fueron acusadas bajo la ley sobre pornografía vigente en el país asiático.

Asimismo, en Egipto, más de 50 personas fuerons detenidas en las últimas semanas por su orientación o identidad sexual. Dos fueron arrestadas por izar la bandera arcoíris, símbolo de la comunidad LGBT, en un concierto, y otro por mantener una página en Facebook. Al menos diez hombres fueron arrestados y serán enjuiciados.

El Alto Comisionado llamó a los países a actuar de forma inmediata para liberar a todas las personas detenidas por su orientación sexual o identidad de género, o simplemente por ejercer su derecho a la libre expresión. Asimismo, pidió la abolición de las leyes discriminatorias que van en contra del derecho internacional.

“Los exámenes médicos forzosos violan la interdicción internacional de la tortura y malos tratos”, insistió Colville, quien instó a que se investigue inmediatamente las acusaciones y se condene a los perpetradores.

Ver también: Orientación sexual e identidad de género en las normas internacionales de derechos humanos


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Contra la mutilación genital femenina. Campaña de la iglesia copta.

EGIPTO – La Iglesia copta pone en marcha una campaña de sensibilización contra la mutilación genital femenina

El Cairo – La Iglesia copta-ortodoxa se está preparando para lanzar entre los fieles una intensa campaña contra la práctica de la infibulación y la mutilación genital femenina, que sigue estando muy generalizada entre los cristianos coptos en diversas zonas del Alto Egipto. Ha sido el Patriarca Tawadros II quién ha solicitado que se sensibilice a toda la comunidad copta también sobre los peligros y las graves consecuencias físicas y psicológicas de esta práctica – refieren los medios de comunicación que siguen de cerca los acontecimientos eclesiales en Egipto. La campaña utilizará diversos instrumentos de sensibilización, como carteles de advertencia contra la infibulación femenina que serán colocados en las proximidades de las iglesias locales en las que se administra el bautismo. Pero el patriarca y los obispos coptos cuentan sobre todo con hacer crecer entre los fieles la conciencia crítica de estas prácticas a través de los cursos de preparación al matrimonio y algunas reuniones de sensibilización dirigidas a las parejas casadas.
Los orígenes históricos de la práctica de la infibulación están vinculados a las prácticas comunes del antiguo Egipto. Por eso, su nombre árabe corresponde al de “infibulación faraónica” . La infibulación femenina y la circuncisión femenina no se mencionan en el Corán y el Islam, como tal, no requiere ninguna mutilación genital femenina. La práctica de la infibulación, aunque está prohibida por la Iglesia copta, sobrevive en las comunidades cristianas del Alto Egipto y del Cuerno de África, Eritrea y Etiopía como un legado de costumbres tribales anteriores al comienzo de la predicación apostólica.


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Chechenia: persecución homofóbica.

Activistas de todo el mundo exigen protección para los gais en Chechenia

Activistas de Amnistía Internacional y de la FELGTB frente a la embajada de la Federación Rusa en Madrid. ©Francisco Ruano

2 de junio de 2017

Amnistía Internacional ha reunido más de 662.000 firmas en todo el mundo que reclaman que se acabe con la terrible persecución de hombres considerados gais en la república rusa de Chechenia.

El 1 de abril, el diario ruso independiente Novaya Gazeta publicó que más de un centenar de hombres considerados gais habían sido secuestrados en los últimos días como parte de una campaña coordinada. En estas informaciones se denunciaba que las autoridades chechenas están deteniendo, torturando e incluso matando a hombres gais en el marco de una campaña destinada a purgar a personas por su orientación sexual.

Algunas de estas informaciones han sido contrastadas por Amnistía Internacional. La organización ha hablado con testigos que contaron cómo se humilla públicamente a hombres sospechosos de ser gais cuando las autoridades van a por ellos: se los llevan a rastras delante de sus familias y colegas, lo que los pone en peligro de sufrir represalias, aún en el caso de que finalmente salgan en libertad.

Los ex detenidos siguen estando fácilmente al alcance de las autoridades chechenas y existe un gran riesgo de que se cometan homicidios en nombre del “honor” por sus propias familias.

“Las autoridades chechenas dicen que los gais no existen. Pero lo cierto es que los gais chechenos, están sufriendo una persecución impulsada desde las autoridades y no tienen esperanza de obtener protección o justicia en su región o país de origen”, afirmó John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

 

“Esta semana, se van a unir personas de todo el mundo en un acto de desafío para mostrar a los gais de Chechenia que los reconocemos y que exigimos su protección”, señaló Dalhuisen. “El tiempo pasa para los hombres gais de Chechenia, que viven a la sombra de esta aterradora purga. Instamos a la comunidad internacional a que abra sus puertas a todas las personas que huyen de la persecución homofóbica en Chechenia”.

Los periodistas del Novaya Gazeta, así como otros periodistas que les han brindado su apoyo, han sido amenazados por varios dirigentes políticos y religiosos chechenos. En el pasado, este tipo de amenazas y llamamientos públicos a tomar represalias terminaron con ataques contra las personas afectadas e incluso con su muerte.

En España se recogen cerca de 23.000 firmas

Como parte de un Día Mundial de Acción el 2 de junio, los y las activistas de Amnistía Internacional entregaron peticiones o realizaron actos simbólicos en las embajadas rusas de todo el mundo.

En España se ha hecho en la Embajada Rusa una entrega de cerca de 23.000 firmas junto con la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). A lo largo de los próximos días se realizarán acciones de calle en diferentes ciudades del mundo para protestar por la campaña coordinada de secuestros, torturas y muerte de las autoridades chechenas.

También se ha mantenido una reunión con representantes de la Embajada de la Federación rusa, en la ambas organizaciones valoran positivamente que se haya abierto un examen preliminar de las denuncias, aunque han remarcado la necesidad de que de ésta se convierta en una investigación plena que lleve a los presuntos responsables ante la justicia. Asimismo las organizaciones han pedido a las autoridades rusas que garanticen la seguridad de estas personas. Los representantes de la embajada han compartido que no son admisibles ciertas declaraciones discriminatorias por parte de autoridades, ni las amenazas a periodistas. Las recomendaciones de las dos organizaciones y las firmas entregadas serán trasladadas a Moscú a las autoridades pertinentes.

Se han recogido miles de firmas en países tan lejanos como Taiwán y Brasil. Además de las entregas de peticiones, se han organizado acciones de calle y protestas frente a la embajada rusa en países como Bélgica, Canadá, Finlandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Ucrania.

Las autoridades rusas han abierto una investigación preliminar sobre los informes de persecución y homicidios de hombres gais en Chechenia, y de las amenazas a periodistas. Amnistía Internacional les pide que realicen una investigación penal completa, que lleven a los responsables ante la jusiticia y que tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que puedan estar en peligro en Chechenia.

Activistas de todo el mundo exigen protección para los gais en Chechenia

Activistas de Amnistía Internacional y de la FELGTB frente a la embajada de la Federación Rusa en Madrid. ©Francisco Ruano

2 de junio de 2017

Amnistía Internacional ha reunido más de 662.000 firmas en todo el mundo que reclaman que se acabe con la terrible persecución de hombres considerados gais en la república rusa de Chechenia.

El 1 de abril, el diario ruso independiente Novaya Gazeta publicó que más de un centenar de hombres considerados gais habían sido secuestrados en los últimos días como parte de una campaña coordinada. En estas informaciones se denunciaba que las autoridades chechenas están deteniendo, torturando e incluso matando a hombres gais en el marco de una campaña destinada a purgar a personas por su orientación sexual.

Algunas de estas informaciones han sido contrastadas por Amnistía Internacional. La organización ha hablado con testigos que contaron cómo se humilla públicamente a hombres sospechosos de ser gais cuando las autoridades van a por ellos: se los llevan a rastras delante de sus familias y colegas, lo que los pone en peligro de sufrir represalias, aún en el caso de que finalmente salgan en libertad.

Los ex detenidos siguen estando fácilmente al alcance de las autoridades chechenas y existe un gran riesgo de que se cometan homicidios en nombre del “honor” por sus propias familias.

“Las autoridades chechenas dicen que los gais no existen. Pero lo cierto es que los gais chechenos, están sufriendo una persecución impulsada desde las autoridades y no tienen esperanza de obtener protección o justicia en su región o país de origen”, afirmó John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

 

“Esta semana, se van a unir personas de todo el mundo en un acto de desafío para mostrar a los gais de Chechenia que los reconocemos y que exigimos su protección”, señaló Dalhuisen. “El tiempo pasa para los hombres gais de Chechenia, que viven a la sombra de esta aterradora purga. Instamos a la comunidad internacional a que abra sus puertas a todas las personas que huyen de la persecución homofóbica en Chechenia”.

Los periodistas del Novaya Gazeta, así como otros periodistas que les han brindado su apoyo, han sido amenazados por varios dirigentes políticos y religiosos chechenos. En el pasado, este tipo de amenazas y llamamientos públicos a tomar represalias terminaron con ataques contra las personas afectadas e incluso con su muerte.

En España se recogen cerca de 23.000 firmas

Como parte de un Día Mundial de Acción el 2 de junio, los y las activistas de Amnistía Internacional entregaron peticiones o realizaron actos simbólicos en las embajadas rusas de todo el mundo.

En España se ha hecho en la Embajada Rusa una entrega de cerca de 23.000 firmas junto con la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). A lo largo de los próximos días se realizarán acciones de calle en diferentes ciudades del mundo para protestar por la campaña coordinada de secuestros, torturas y muerte de las autoridades chechenas.

También se ha mantenido una reunión con representantes de la Embajada de la Federación rusa, en la ambas organizaciones valoran positivamente que se haya abierto un examen preliminar de las denuncias, aunque han remarcado la necesidad de que de ésta se convierta en una investigación plena que lleve a los presuntos responsables ante la justicia. Asimismo las organizaciones han pedido a las autoridades rusas que garanticen la seguridad de estas personas. Los representantes de la embajada han compartido que no son admisibles ciertas declaraciones discriminatorias por parte de autoridades, ni las amenazas a periodistas. Las recomendaciones de las dos organizaciones y las firmas entregadas serán trasladadas a Moscú a las autoridades pertinentes.

Se han recogido miles de firmas en países tan lejanos como Taiwán y Brasil. Además de las entregas de peticiones, se han organizado acciones de calle y protestas frente a la embajada rusa en países como Bélgica, Canadá, Finlandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Ucrania.

Las autoridades rusas han abierto una investigación preliminar sobre los informes de persecución y homicidios de hombres gais en Chechenia, y de las amenazas a periodistas. Amnistía Internacional les pide que realicen una investigación penal completa, que lleven a los responsables ante la jusiticia y que tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que puedan estar en peligro en Chechenia.


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Sudán del sur: conflicto armado y violencia sexual.

Los responsables de la violencia sexual en Sudán del Sur deben ser procesados, dice representante especial

Zainab Hawa Bangura, representante especial de la ONU para la violencia sexual en los conflictos armados. Foto: UNMISS

08 de agosto, 2016 — Los responsables de violencia sexual en el actual conflicto en Sudán del Sur deben rendir cuentas, enfatizó hoy la representante especial de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos.

Zainab Bangura señaló que hará todo lo posible para garantizar que se haga justicia a las víctimas de esos atropellos.

Según datos oficiales, al menos 217 casos de ese tipo de violencia se registraron en la capital, Juba, tras el reciente brote de violencia en esa ciudad a principios de julio.

Por su parte, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su indignación por los informes de que continuaron esos ataques durante el pasado fin de semana, y que habrían sido perpetrados por hombres armados en uniforme.

En entrevista con radio Miraya, de la Misión ONU en ese país, Bangura expresó decepción por la falta de acción en esa arena, teniendo en cuenta las numerosas reuniones que mantuvo tanto con el presidente, Salva Kiir, como con el vicepresidente y líder de la oposición, Riek Machar.

“Estoy molesta y considero que el gobierno debe tomar todas las medidas posibles para ponerle fin a esto, porque si no puede proteger a sus civiles lo obvio es que nosotros actuemos para asegurar una presencia estándar de fuerzas del mantenimiento de la paz en Sudán del Sur”, dijo la alta funcionaria.

Finalmente la representante especial señaló que Naciones Unidas está haciendo todo lo necesario para proveer asistencia a las víctimas.

Bangura abogó por el fin de la impunidad por crímenes de esta naturaleza y llamó a las partes a dar una solución política al conflicto.


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La opinión de un gay católico practicante.

 |  A Roman Observer

ROME

If you had a beautiful plant that you were very fond of, you would not put it in your garage. And you certainly would not hide it away in a coat closet.

If you were really attached to your dog or cat, it’s hard to imagine that you would keep it locked up in a cage or chained to a post in your backyard.

No, you wouldn’t do any of that, because plants and animals are living and wonderful things, and when you have affection for them, you make sure they get all the air and sun and space they need to remain healthy and to grow. You do all you can to affirm them and help them bloom.

One expects the Catholic church and its pastors to have the same attitude toward their people. Church teachings, directives and pastoral practices should help all persons flourish and become fully themselves.

Unfortunately, that is not the case for those of us who are gay, lesbian, bisexual or transgender persons.

The church’s official doctrine and the practice of most of its bishops (and too many religious superiors) do exactly what normal people would never do to their prized plants or beloved pets. They put us in closets and do all they can to keep us there.

And they do much worse than that, as Bishop Robert Lynch of St Petersburg, Florida, recently had the courage to point out.

“Sadly it is religion, including our own, which targets, mostly verbally, and also often breeds contempt for gays, lesbians and transgender people,” he said in response to the June 12 massacre that killed 49 people at a LGBT dance club in nearby Orlando.

Lynch was one of the few U.S. bishops who condemned this horrendous act as a hate crime or act of terror aimed specifically at the LGBT community. Others, including the president and other officers of the U.S. Conference of Catholic Bishops, seemingly could not bring themselves to even acknowledge publicly that the murders took place at a gay establishment.

Many people have already written about this and provided a variety of opinions and analyses. Our sisters and brothers at New Ways Ministry, in particular, have again led the discussion on the church and its relation to LGBT persons.

But one issue no one seems be discussing is the effect the church’s teaching on homosexuality has on homosexually-oriented priests and bishops, both those who know themselves to be gay and those who are in denial. In my experience, most of the priests in either category are in some way closeted.  Very few feel safe or comfortable enough to openly admit they are gay men, including those who are exemplary models of a celibate lifestyle.

Closeted homosexuality among the clergy — especially in the hierarchy — is one of the most serious pathologies that continues to hamper our ordained ministers from being prophetic leaders.

In one sense, these brothers and fathers in the faith community, are the first and most tragic victims of a faulty and hurtful teaching of which they are expected to be the authentic teachers and spokesmen.

Laypersons who identify as belonging to the LGBT community wince or get angry at times with the church and its ministers over the issue of homosexuality, but more and more of us who have chosen to remain Catholic refuse to be kept in the closet. That’s because experience has taught us that being hidden away in a dark, airless place can only breed illness and disease. The closet is always an unhealthy place — socially, psychologically, physically and spiritually.

It is amazing that our self-acknowledged gay priests (again, most of them seem to be closeted) are as effective as they are. Perhaps their suffering in silence has made them more compassionate to the hurts of others. Or maybe it’s because they have embraced their stereotypical “gay gene” that renders them more sensitive and at the service of others.

These gay priests are truly heroic men. Some are wounded healers. Some are paramours of the celibate priesthood as a life given unreservedly to others. They stumble along the way — some by cultivating a committed, intimate (even sexual) relationship; others by finding, on occasion, an intimacy they know is not perfectly in keeping with their vows they have made.

These priests suffer. First, because they are forced to hide their true sexual identity. And, second, because they are ashamed that other gay people see them as representatives of a religion that discriminates against their very selves.

Some of them find the courage to leave. Others, especially if they did not “own” their homosexual identity until many years after ordination, are stuck. They are too old to move on to a gainful occupation.

But regardless of the reason, those who stay in ministry mostly do so because they continue to feel called to serve the People of God, despite the fact that the official doctrine of the Church tells them one of the constitutive parts of their personal make-up and identity is an “objective disorder” and, worse, “it is a more or less strong tendency ordered toward an intrinsic moral evil.

There is another category of “gay priests.” They are men who are homosexually oriented but refuse to admit this even to themselves. In this way, they unwittingly inflict their own unacknowledged suffering and pathology on others by mercilessly preaching a rigid morality and insisting on a strict adherence to the letter of every ecclesiastical law.

These are the tightly buttoned-up types, in every sense of the word. And so many of them tend to find their identity in the traditionalist wing of the church.

We gay and lesbian Catholics (and Vatican II Catholics, as well) too often mock them. But we are wrong to do so. These men are more to be pitied than scorned. They — perhaps more than all others — are also victims of church-sanctioned homophobia because, in their zeal to rigidly accept and to preach every iota of Catholic doctrine, they are denied any opportunity to recognize and accept their true sexual identity.

The most up-to-date Vatican teaching on homosexuality dates from the pontificate of John Paul II. The then-Cardinal Joseph Ratzinger and his aides at the Congregation for the Doctrine of the Faith drafted it.

And one of the main practical results and assertions is that LGBT Catholics should keep their homosexuality hidden from others.

“As a rule, the majority of homosexually oriented persons who seek to lead chaste lives do not publicize their sexual orientation,” says a letter that Ratzinger’s office issued in 1993 regarding proposed laws against LGBT discrimination.

That document favorably notes that “the problem of discrimination in terms of employment, housing, etc., does not usually arise” when homosexuals are closeted.

But the Vatican teaching on homosexually is even more insensitive — indeed, cynical — when it comes to admitting gay-oriented men to Catholic seminaries. It was issued by the Congregation for Education in November 2005, just six months after Ratzinger became pope. One of its main authors is a priest-psychologist from Paris, Msgr. Tony Anatrella, who has been accused of sexually abusing seminarians who were his patients.

The “instruction” basically imposes a “don’t tell policy” on prospective seminary candidates. That’s because anyone who affirms he is gay should not be admitted to priestly formation programs, even if he expresses the desire to live chaste celibacy.

The effect of the instruction has been to drive seminarians and priests — and bishops — further into the closet. The declarations from many bishops after the attack at the LGBT nightclub in Orlando clearly attest that they fear even mentioning gay people.

If bishops truly loved their gay priests and LGBT people, they would open the closet doors and let in some much-need light and fresh air. They’d surely do at least that much for their pets and their plants.

[Robert Mickens is editor-in-chief of Global Pulse. Since 1986, he has lived in Rome, where he studied theology at the Pontifical Gregorian University before working 11 years at Vatican Radio and then another decade as correspondent for The Tablet of London.]

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Memorias de Ratzinger.

Ratzinger: logré deshacer el «lobby gay» en el Vaticano

En un libro de memorias que será publicado próximamente el Papa emérito Benedicto XVI admite la existencia de un grupo de poder compuesto por cuatro o cinco personas

Benedicto XVI

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02/07/2016
ANDREA TORNIELLI
CIUDAD DEL VATICANO

El libro todavía no ha sido publicado pero ya está provocando polémicas. Se titula «últimas conversaciones», es una entrevista del periodista alemán Peter Sewald, quien ya publicó tres libros de conversaciones con Joseph Ratzinger (dos cuando era cardenal y una cuando era Papa). Será publicado en septiembre de 2016, en Italia, por el editor Garzanti. Anticipó el contenido el vaticanista Luigi Accattoli, en “Il Corriere della Sera”, que lo venderá con el periódico en los quioscos.

 

En las páginas del nuevo libro hay un pasaje en el que Benedicto XVI admite «haber sabido de la presencia de un “lobby gay” en el Vaticano, compuesto por cuatro – cinco personas» y afirma «haber logrado deshacer ese grupo de poder. Información –comenta Accattoli– que nunca se había tenido».

 

En el libro, el Papa emérito rechaza las críticas de quienes lo consideran demasiado «académico» y demasiado concentrado en su estudio y en la escritura, y rechaza también que se le considere un «restaurador» en ámbito litúrgico. Habla sobre sus intentos de reformar el IOR y sobre la plaga de la pederastia, subrayando las dificultades que un Papa se encuentra cuando trata de intervenir con la «suciedad en la Iglesia». Cuenta también cómo preparó en secreto su renuncia y admite que se enteró «consorpresa» del nombre de su sucesor: se había imaginado algunos nombres, «pero no él». Habla de la «alegría» de ver cómo el nuevo Papa reza y se comunica con la mltitud y describe la figura humana y papal de Francisco, refiriéndose tanto a lo que tienen en común como a lo que los diferencia.

 

De la existencia de una “red gay” en el Vaticano se habló cuando explotó el primer caso “Vatileaks”: según algunas indiscreciones un capítulo entero de la “relatio”, las conclusiones de la investigación completa encomendada a los cardenales curiales Julián Herranz, Salvatore De Giorgi y Jozef Tomko, estaría dedicada a este presunto grupo de poder.

 

En junio de 2013, Papa Francisco había aludido a esto cuando pronunció un discurso ante la cúpula de la Confederación Latinoamericana de los Religiosos (Clar). El encuentro se llevó a cabo a puerta cerrada y no debía publicarse su contenido, pero una transcripción fue publicada por el sitio web chileno “Reflexión y Liberación”.

 

Algunas semanas después, al volver de Río de Janeiro a Roma, en julio de 2013, Francisco respondió, en la primera conferencia de prensa en un avión, a una pregunta al respecto: «Se escribe mucho sobre el “lobby gay”. Yo todavía no he encontrado a nadie que me de el documento de identidad en el Vaticano con “gay”. Dicen que hay algunos. Creo que cuando uno se encuentra con una persona así, debe distinguir el hecho de que sea o no una persona gay del hecho de crear un “lobby”, porque los “lobbies”, todos son malos. Eso es malo. Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, pero ¿quién soy yo para juzgarla? El Catecismo de la Iglesia Católica explica de manera muy bella esto, pero dice: “no hay que marginar a estas personas por esto, deben ser integradas en la sociedad”. El problema no es tener esta tendencia, no. El problema es hacer “lobbies” de esta tendencia: “lobbies” de avaros, “lobbies” de políticos, “lobbies” de masones, muchos “lobbies”. Este es el problema más grave para mí».