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Nuevas revelaciones de abusos sexuales por parte de sacerdotes en Chile.

Abusos en Chile; nuevo escándalo: el obispo suspende a 15 curas

En la diócesis de Rancagua, monseñor Goic, presidente de la Comisión episcopal de prevención de abusos, no indagó inmediatamente y ahora ha suspendido a más del 20 por ciento de su clero

Monseñor Goic

Pubblicato il 21/05/2018
Ultima modifica il 21/05/2018 alle ore 08:56
ANDREA TORNIELLI
CIUDAD DEL VATICANO

 

Es un caso tremendo, que ayuda a comprender la difusión del fenómeno que se ha convertido en «un sistema», además de la incapacidad de los pastores de tomar las medidas necesarias para contrarrestarlo. Es un caso que confirma la dramática situación en la que ha caído la Iglesia chilena, cuyo episcopado acaba de presentar en bloque su renuncia al Papa Francisco, para que pueda proceder libremente como mejor le parezca en la renovación de las jerarquías del país.

 

Entre los obispos que participaron en los encuentros convocados en el Vaticano por el Pontífice estaba el obispo de Rancagua, Alejandro Goic, de 78 años, que, según informó “Il Sismografo”, tiene actualmente el encargo de la presidencia de la Comisión episcopal para la prevención de abusos sexuales por parte del clero (Consejo nacional de prevención de abusos y acompañamiento a las víctimas). Al volver de Roma a su diócesis, que se encuentra en la ciudad a unos 80 kilómetros de Santiago, capital del país, el prelado se vio obligado a tomar una decisión drástica: suspender del ministerio a 15 de sus 68 sacerdotes (el 22 por ciento del clero diocesano), porque se sospecha que están implicados en una red de abusos de menores y de intercambio de material pedopornográfico.

 

Hace algunos días, en la ciudad de Rancagua, se supo del caso de un párroco obligado a confesar que había enviado mensajes de contenido erótico y fotografías a algunos chicos en las que se le veía desnudo. El Canal 13 de la televisión chilena, durante una documentada investigación, indicó la hipótesis de la existencia de un grupo organizado de sacerdotes diocesanos, una red que se hace llamar “La familia”, cuyos miembros estarían involucrados en tráfico en línea de material pedopornográfico.

 

Elisa Fernández, ex coordinadora de pastoral juvenil, denunció esta situación, en la que presuntamente están involucrados una docena de presbíteros, en un reportaje televisivo que emitió el viernes pasado por la noche Canal 13: «No sé si llamarlo cofradía, secta o grupo de sacerdotes que tienen prácticas que no se conllevan con su condición de curas, y con respecto a jóvenes, por lo menos en mí época, de entre 15 y 29 años», explicó Fernández, que participó activamente en actividades de la Iglesia católica durante 14 años. Fernández envió hace un año y medio una lista con los nombres de los sacerdotes involucrados al obispo Goic, pero este último no tomó las medidas necesarias.

 

Hace algunos meses, por esta razón, la mujer creó un perfil en Facebook para hacerse pasar por un adolescente de 16 años llamado Pablo. Logró ponerse en contacto con uno de los sacerdotes involucrados, el párroco Luis Rubio Contreras, de 54 años, quien cayó en la trampa y le envió al falso menor mensajes de contenido erótico y una foto completamente desnudo. Contreras, en una entrevista con Canal 13, admitió lo que había hecho: «sé que es horrible, pero más de eso no puedo decir nada más. Es un día de mucha tristeza y lamento lo que he hecho. Siento mucha vergüenza».

 

Después de este episodio, el obispo Goic anunció primero la decisión de suspender temporalmente al párroco, pero después suspendió también a los sacerdotes sospechados de pertenecer a “La familia”. Ahora cada uno de ellos deberá aclarar su posición. Elisa Fernánde criticó al obispo por haber esperado tanto tiempo para tomar medidas, a pesar de que ella le hubiera informado en cuatro ocasiones sobre la existencia de la red de pederastas.

 

Monseñor Goic se defendió declarando a la televisión chilena que: «No estudié para ser detective, estudié para ser pastor». Y explicó que no había puesto en marcha ninguna investigación sobre el padre Rubio porque en su contra no existía ninguna «denuncia formal».

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El sexo y la violación de la mujer.Por AMN.INT.

 El sexo sin consentimiento es violación. ¿Por qué sólo nueve países europeos lo reconocen?

Por Anna Błuś (@AnnaMBlus), Amnistía Internacional

Aproximadamente nueve millones de mujeres en la Unión Europea (UE) han sido violadas después de los 15 años. La cifra es inquietante. Igualmente alarmante es el hecho de que pocos países europeos se tomen este delito con la seriedad que deberían, tanto en la ley como en la práctica.

De 33 países europeos, sólo 9 reconocen la simple verdad de que el sexo sin consentimiento es violación (contando por separado las tres jurisdicciones de Reino Unido).

¿Qué mensaje envía esta actitud a quienes perpetran estos actos? ¿Qué dice esto a nuestras sociedades, donde se sigue culpando abrumadoramente a las supervivientes de las agresiones sexuales que sufren?

La ausencia de reconocimiento legal de que las relaciones sexuales sin consentimiento constituyen violación fomenta la idea de que recae en nosotras como mujeres la responsabilidad de protegernos de la violación. Estas actitudes son peligrosas y tienen que cambiar.

En Inglaterra y Gales, Escocia, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, así como Bélgica, Chipre, Luxemburgo y Alemania tienen definiciones basadas en el consentimiento.

Pero los restantes países europeos están muy rezagados, pues sus leyes penales siguen definiendo la violación en función de la fuerza física o la amenaza de la fuerza, la coacción o la incapacidad para defenderse. De los países nórdicos, a los que generalmente se considera modelos de igualdad de género, Islandia es el primero y único hasta ahora que ha introducido una definición basada en el consentimiento.

Jón Steindór Valdimarsson, parlamentario que impulsó el cambio en Islandia, declaró a Reykjavik Grapevine“Es probable que ayude a impedir las relaciones sexuales que tienen lugar sin consentimiento. Creo que esta es la principal repercusión de esta ley”.

¿Seguirán su ejemplo los demás países nórdicos y el resto de Europa?

En Noruega, los políticos acaban de perder la oportunidad. El 5 de abril, el Parlamento noruego rechazó ese cambio, el mismo día que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas criticaba al gobierno por la legislación en vigor. Sin embargo, en la vecina Suecia el gobierno está resuelto a aprobar una nueva “ley de consentimiento” antes del verano. En Dinamarca y Finlandia hay propuestas semejantes que se están debatiendo o han sido propugnadas por numerosos activistas u organizaciones.

La definición legal de la violación basada en la ausencia de consentimiento no es nueva ni innovadora. Es una norma internacional reconocida de derechos humanos. El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul), ampliamente considerado el marco jurídico más completo hasta la fecha para combatir la violencia contra las mujeres y niñas, obliga a los países firmantes a penalizar todo acto de carácter sexual realizado sin consentimiento. A pesar de que el Convenio de Estambul ha sido ratificado por más de 20 Estados europeos, la mayoría de ellos no han modificado aún sus definiciones legales de violación.

En los últimos cinco años, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité de la CEDAW) ha instado a varios Estados europeos a armonizar su legislación sobre la violación con las normas internacionales, incluido el Convenio de Estambul, y a definir la violación sobre la base de la ausencia de consentimiento.


Asistentes a la manifestación por la igualdad y contra la violencia de género en el Día Internacional de la Mujer en Kiev, Ucrania, 8 de marzo de 2018. La pancarta dice “Yo elijo la distancia”. © REUTERS / Valentyn Ogirenko

Según la encuesta sobre violencia de género realizada en 2016 por la Comisión Europea, casi un tercio de las personas que respondieron consideraron que la relación sexual sin consentimiento podría estar justificada “en determinadas circunstancias”. Entre ellas figuran, por ejemplo, si la persona está ebria o bajo la influencia de drogas, si va voluntariamente a casa con alguien, viste prendas provocativas, no dice “no” claramente o no se resiste.

De hecho, a pesar de la expectativa de que una víctima “prototipo” de violación se resistirá a su agresor, el bloqueo al hallarse ante una agresión sexual ha sido reconocido como respuesta fisiológica y psicológica habitual, que deja a la persona sin capacidad para oponerse a la agresión, a menudo hasta el punto de la inmovilidad. Por ejemplo, un estudio clínico publicado en Suecia en 2017 reveló que el 70% de las 298 mujeres supervivientes de violación evaluadas experimentaron “parálisis involuntaria” durante la agresión.

En un caso aún abierto en el norte de España, la autopsia del cuerpo de Diana Quer, que desapareció en 2016, no permitió establecer si había sido violada a partir de los datos biológicos debido al grado de descomposición del cuerpo. Pero el caso ha dado lugar a importantes debates sobre lo equivocado de las expectativas de que las mujeres se resistan físicamente a la violación después de que algunos medios de comunicación especularan que Diana fue asesinada precisamente por resistirse a la agresión sexual. Además de las expectativas de la sociedad, un número excesivo de sistemas de justicia penal también hacen recaer la carga en que las mujeres luchen en vez de hacerlo en que los autores de tales actos no violen.

En Irlanda del Norte mereció una amplia cobertura de los medios de comunicación la absolución de cuatro jugadores de rugby del Ulster de cargos de violación y otros delitos sexuales, que provocó un debate de ámbito nacional sobre la idoneidad de los procesos legales y el trato que dispensan a las personas que denuncian. Durante el juicio la denunciante fue interrogada por cuatro abogados defensores durante ocho días y se exhibió ante el tribunal su ropa interior manchada de sangre. Esto suscitó una oleada de solidaridad con la mujer tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda, y miles de personas asistieron a manifestaciones en Belfast, Cork, Dublín y otras ciudades, que expresaron su apoyo a través del hashtag #IBelieveHer (Yo la creo) y una página de Facebook y compartiendo sus propias historias.

Lo que el juicio de Belfast ha mostrado con claridad es que, incluso en una jurisdicción donde la violación se define sobre la base de la falta de consentimiento, sigue habiendo numerosos obstáculos para el acceso de las mujeres a la justicia cuando sufren una violación. Las definiciones de violación basadas en el consentimiento y las reformas legales no son soluciones definitivas para abordar y prevenir este delito omnipresente, pero son importantes puntos de partida. La implementación y la prevención se ven obstaculizadas por los prejuicios, la culpabilización de las víctimas y los estereotipos y mitos generalizados con frecuencia entre quienes tienen encomendado prevenir la violación y permitir el acceso de las personas supervivientes a la justicia. Con el movimiento #MeToo / #YoTambién, nuestras voces como mujeres se oyen como tal vez nunca se habían oído. Pero no corresponde únicamente a las y los activistas aplicar los cambios. No ser objeto de violación es un derecho humano. Ha llegado la hora de que los Estados asuman su responsabilidad y tomen cartas en el asunto para que se reconozca en la ley que el sexo sin consentimiento es violación.


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La violencia sexual en España. Informe AMN.INT.

La violencia sexual sigue siendo invisible y no prioritaria en las políticas públicas en España

Manifestación contra la violencia sexual frente al Ministerio de Justicia en Madrid el 17 de noviembre de 2017. AP Photo/Francisco Seco.
  • 1,4 millones de niñas y mujeres podrían haber sido víctimas de violencia sexual, según los datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015
  • 916 mujeres asesinadas desde 2008 merecen medidas eficaces para frenar la violencia contra las mujeres. Luces y sombras del Pacto de Estado

España sigue sin cumplir sus obligaciones internacionales en el marco de la investigación, la prevención, la sanción y la reparación integral de las víctimas de violencia sexual. Y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado 28 de septiembre con el consenso de la mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados ha sido una oportunidad perdida para la protección a las víctimas de la violencia sexual.

La violencia de género en el ámbito de pareja y ex-pareja sigue siendo una grave violación de derechos humanos en España y quedan muchas cuestiones por resolver. Sin embargo, con la aprobación de la Ley Integral de Violencia de Género en diciembre de 2004, el Estado español  reconoció que las agresiones de género en la pareja o ex-pareja deben combatirse  a través de una legislación específica que tenga en cuenta una perspectiva de género; y aceptó que tienen la  responsabilidad y el deber de proteger a las víctimas. También se produjeron algunos avances para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, aunque hay graves problemas en cuanto a la identificación de las víctimas y no se cuenta con una Ley Integral. Sin embargo, los avances descritos no han alcanzado la violencia sexual en sus diferentes manifestaciones.

En relación a la violencia sexual, Amnistía Internacional ha denunciado en diversas ocasiones, entre otros, la falta de recolección de datos desagregados, lo que impide conocer la dimensión de este problema. Según datos de la Macroencuesta de Violencia contra las Mujeres de 2015, el 7’2% de las niñas y mujeres han sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, lo que equivale a más de 1,4 millones de niñas y mujeres. Los datos facilitados por el Ministerio del Interior sobre violencia sexual son muy limitados, al registrar únicamente los datos de denuncias presentadas. En 2016 se presentaron 8.763 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 8.147 incluyen agresiones contra la libertad y la identidad sexual (agresiones, abusos, acoso, o contacto con menores a través de tecnología).

Amnistía Internacional lamenta la ausencia de iniciativas por parte de las autoridades públicas, como por ejemplo la existencia de campañas y acciones de prevención, la falta de servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, o la falta de especialización de todos los agentes que intervienen en todo el proceso de atención a víctimas de violencia sexual.

 

Igualmente Amnistía Internacional alerta de la persistencia de prejuicios discriminatorios que impactan negativamente en los derechos de estas víctimas en el proceso judicial. A diferencia de lo que sucede en otro tipo de delitos, las mujeres víctimas de violencia de género, incluyendo la   violencia sexual, se enfrentan habitualmente a prejuicios por parte de las autoridades que ponen en duda la credibilidad de sus testimonios, lo cual introduce una pesada carga para demostrar la veracidad de su relato.

“Fallamos de manera alarmante como sociedad, cuando a las víctimas de violencia de género, y especialmente a las de violencia sexual, se las trata como acusadas, y cuando la noticia es si su relato es veraz o no, como estamos viendo estos días en el juicio que se está celebrando en Pamplona. Con esto, lo único que se hace es provocar una doble revictimización”, señaló Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional España.

El caso de Blanca (nombre ficticio), mujer de 20 años con nacionalidad española y de origen colombiano con la que ha hablado Amnistía Internacional, ejemplifica también los prejuicios, los estereotipos y la falta de diligencia debida del Estado a la hora de atender a las víctimas de violencia sexual.

Blanca fue agredida sexualmente a las 5 de la mañana del 8 de mayo de 2016. Su agresor la hizo perder el conocimiento en dos ocasiones. Cuando llegó a casa a las 7 de la mañana y tras contárselo a su madre, decidieron ir a denunciar lo ocurrido.. En la comisaría de su barrio les indicaron que no podían tomar su denuncia y que debían ir a la comisaría especializada en este tipo de delitos en Madrid (Jefatura Superior de la Policía Nacional). En esta comisaría, Blanca entró sola y se enfrentó a un interrogatorio que duró 5 horas. Entre el cansancio y el shock por lo ocurrido, se quedaba dormida en la mesa. “En todo momento sentía que no me creían, lo que me provocaba mayor intranquilidad”. En todo ese tiempo nadie informó a su madre de lo que estaba pasando dentro.

En ningún momento, los agentes le explicaron que tenía derecho a asesoría legal antes de realizar la denuncia. Según su relato, tras la declaración no le ofrecieron acompañarla a recibir asistencia sanitaria, ni le informaron de que en estos casos sólo podía ir a un centro hospitalario especializado, el Hospital de la Paz. Al salir de la comisaría, por sus propios medios, buscaron un hospital donde no se le atendió indicándole que debían ir al hospital especializado. Allí el trato médico fue correcto, pero el médico que la atendió tuvo un enfrentamiento con el médico forense que se negaba a acercarse al centro hospitalario. No se presentó para hacer la exploración hasta las 15.00 horas, sin preservar la intimidad de la víctima, al hablar del caso a voz en grito. Tras ser violada a las 5 de la mañana, tuvieron que transcurrir 10 horas para que finalmente Blanca fuese atendida por personal sanitario y forense.

En la comisaría, la madre de Blanca encontró un papel con datos de la organización CAVAS (Centro de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales) a quien decidieron llamar y que fueron quienes las asesoraron y apoyaron. La investigación de este caso no ha avanzado. 

Amnistía Internacional recuerda, tal y como establecen los estándares internacionales sobre violencia sexual, que los Estados deben: Acometer campañas de prevención de violencia contra las mujeres en todas sus formas.

 

  • Eliminar todas las barreras que impidan el acceso de las mujeres víctimas de violencia sexual a la justicia, y a servicios de asistencia gratuita y especializada.
  • Evitar la revictimización en la investigación penal  y en todas las etapas procesales, no recurriendo a la discriminación y estereotipos de género.
  • Garantizar que se proporcione a las víctimas de violencia, servicios de atención de salud física y psicológica y de asistencia jurídica de calidad.

El Pacto de Estado propone la creación de una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual, pero es necesario que el Gobierno concrete medidas, como por ejemplo, el desarrollo de un sistema de atención integral y de urgencia, accesible y de calidad en todo el territorio nacional, con al menos, un Centro de Crisis por cada 200.000 mujeres, y como mínimo, uno por cada Comunidad autónoma, disponible las 24 horas del día, todos los días del año, como recomienda el Consejo de Europa. Algo que no existe por el momento en todo el territorio español.

Luces y sombras del Pacto de Estado contra la violencia de género
Amnistía Internacional valoró positivamente la aprobación del Pacto de Estado que plantea un conjunto de 212 medidas sobre sensibilización y prevención; educación; mejora de la respuesta institucional, entre las que se encuentran medidas de asistencia, ayuda y protección de la víctima; protección de menores y formación especializada a los diferentes agentes.

“Pero no podemos olvidar que el  pacto vuelve a poner encima de la mesa muchas medidas que ya se contemplaban en la Ley Integral aprobada en diciembre de 2004 y que no se han implementado correctamente. El Pacto debe suponer una oportunidad para que España ponga en marcha, entre otras, las recomendaciones de organismos internacionales, y especialmente asegurar la correcta implementación  del Convenio de Estambul (ratificado por España en junio de 2014) sobre prevención y lucha contra todos los tipos de violencia contra las mujeres”, manifestó Virginia Álvarez.

Amnistía Internacional valora positivamente que el Pacto ahonde en la necesidad de impulsar la formación y la educación en igualdad como vía de prevención y sensibilización; que el reconocimiento de la víctima no quede supeditado necesariamente a la interposición de la denuncia para lo que se deberá reformar la Ley Orgánica 1/2004 (Ley Integral contra la violencia de género); o que se establezca un plazo de dos años para establecer en todos los juzgados las Unidades de Valoración Forense Integral, hasta ahora infrautilizadas, para mejorar la asistencia, la ayuda y la protección a la víctimas, algo que Amnistía Internacional ya ha denunciado en varias ocasiones.

Igualmente, la organización también valora positivamente que el pacto pida que se garantice una prestación a todos los huérfanos y huérfanas de la violencia de género como medida para proteger a los menores; que se impulse un seguimiento estadístico de todas las formas de violencia contra las mujeres; y que desde las Comunidades autónomas, entidades locales y otras instituciones se evalúe la formación en materia de igualdad de todos los agentes implicados en la protección a las víctimas de violencia de género. Pero para que esto sea realidad es imprescindible que desde el gobierno y el resto de organismos e instituciones concernidas se anuncien las medidas concretas y los plazos para implementarlas, muchas de las cuales deberán implicar reformas importantes.

Sin embargo, Amnistía Internacional lamenta dos grandes ausencias que no han sido recogidas suficientemente en este Pacto. Además de la ausencia de una verdadera política pública para combatir la violencia sexual, el Pacto no aborda la falta de medidas para reparar a las víctimas mediante indemnización adecuada y con garantías de no repetición que tampoco se contemplaron ni en la Ley Integral, ni en la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima del Delito. Si bien se contempla la modificación de esta última ley para mejorar el acceso a información y el acceso a las ayudas, debe realizarse una profunda revisión de la normativa, eliminando todas las trabas que actualmente se encuentran las mujeres víctimas de todo tipo de violencia de género y garantizando que tienen acceso a una verdadera reparación acorde a estándares internacionales de derechos humanos.

El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, es un buen momento para que el Gobierno, en coordinación con el resto de Administraciones públicas, Fiscalía, Poder Judicial y resto de agentes, anuncie medidas concretas para abordar de manera eficaz un problema que ha acabado con la vida de 916 mujeres desde 2008, y con la de 29 menores en los últimos 7 años, y que podría afectar a 2,5 millones de mujeres de los 16 años en adelante, según los datos de la  Macroencuesta de 2015.


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ONU denuncia detenciones y mal trato a personas de cierta orientación sexual

ONU expresa profunda preocupación por detenciones arbitrarias al colectivo LGBT en Azerbaiyán, Egipto e Indonesia

Bandera de la comunidad LGBTI. Foto: OIT

13 de octubre, 2017 — Expertos de la ONU expresaron este viernes su profunda preocupación por la detención de más de 180 personas del colectivo LGBT (personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales) en Azerbaiyán, Egipto e Indonesia. Varias de ellas habrían sufrido maltrato por parte de agentes estatales.

Desde mediados de septiembre, más de 80 personas han sido detenidas por su orientación sexual o identidad de género en Bakú, la capital de Azerbaiyán, según expertos independientes de la ONU.

Algunas habrían sufrido agresiones además de varias formas de intimidación y humillación, y varias se quedaron en detención administrativa bajo el cargo de perturbación del orden público y resistencia a la autoridad. Muchas pasaron por exámenes médicos forzados y su estado de salud fue luego divulgado por las autoridades a los medios de comunicación.

“Detener a personas por su orientación sexual o identidad de género es arbitrario y contrario al derecho internacional”, recordó Rupert Colville, el portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

En Indonesia, informó, más de 50 personas fueron detenidas en un sauna de Yakarta por su presunta orientación sexual. Cinco fueron acusadas bajo la ley sobre pornografía vigente en el país asiático.

Asimismo, en Egipto, más de 50 personas fuerons detenidas en las últimas semanas por su orientación o identidad sexual. Dos fueron arrestadas por izar la bandera arcoíris, símbolo de la comunidad LGBT, en un concierto, y otro por mantener una página en Facebook. Al menos diez hombres fueron arrestados y serán enjuiciados.

El Alto Comisionado llamó a los países a actuar de forma inmediata para liberar a todas las personas detenidas por su orientación sexual o identidad de género, o simplemente por ejercer su derecho a la libre expresión. Asimismo, pidió la abolición de las leyes discriminatorias que van en contra del derecho internacional.

“Los exámenes médicos forzosos violan la interdicción internacional de la tortura y malos tratos”, insistió Colville, quien instó a que se investigue inmediatamente las acusaciones y se condene a los perpetradores.

Ver también: Orientación sexual e identidad de género en las normas internacionales de derechos humanos


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Contra la mutilación genital femenina. Campaña de la iglesia copta.

EGIPTO – La Iglesia copta pone en marcha una campaña de sensibilización contra la mutilación genital femenina

El Cairo – La Iglesia copta-ortodoxa se está preparando para lanzar entre los fieles una intensa campaña contra la práctica de la infibulación y la mutilación genital femenina, que sigue estando muy generalizada entre los cristianos coptos en diversas zonas del Alto Egipto. Ha sido el Patriarca Tawadros II quién ha solicitado que se sensibilice a toda la comunidad copta también sobre los peligros y las graves consecuencias físicas y psicológicas de esta práctica – refieren los medios de comunicación que siguen de cerca los acontecimientos eclesiales en Egipto. La campaña utilizará diversos instrumentos de sensibilización, como carteles de advertencia contra la infibulación femenina que serán colocados en las proximidades de las iglesias locales en las que se administra el bautismo. Pero el patriarca y los obispos coptos cuentan sobre todo con hacer crecer entre los fieles la conciencia crítica de estas prácticas a través de los cursos de preparación al matrimonio y algunas reuniones de sensibilización dirigidas a las parejas casadas.
Los orígenes históricos de la práctica de la infibulación están vinculados a las prácticas comunes del antiguo Egipto. Por eso, su nombre árabe corresponde al de “infibulación faraónica” . La infibulación femenina y la circuncisión femenina no se mencionan en el Corán y el Islam, como tal, no requiere ninguna mutilación genital femenina. La práctica de la infibulación, aunque está prohibida por la Iglesia copta, sobrevive en las comunidades cristianas del Alto Egipto y del Cuerno de África, Eritrea y Etiopía como un legado de costumbres tribales anteriores al comienzo de la predicación apostólica.


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Chechenia: persecución homofóbica.

Activistas de todo el mundo exigen protección para los gais en Chechenia

Activistas de Amnistía Internacional y de la FELGTB frente a la embajada de la Federación Rusa en Madrid. ©Francisco Ruano

2 de junio de 2017

Amnistía Internacional ha reunido más de 662.000 firmas en todo el mundo que reclaman que se acabe con la terrible persecución de hombres considerados gais en la república rusa de Chechenia.

El 1 de abril, el diario ruso independiente Novaya Gazeta publicó que más de un centenar de hombres considerados gais habían sido secuestrados en los últimos días como parte de una campaña coordinada. En estas informaciones se denunciaba que las autoridades chechenas están deteniendo, torturando e incluso matando a hombres gais en el marco de una campaña destinada a purgar a personas por su orientación sexual.

Algunas de estas informaciones han sido contrastadas por Amnistía Internacional. La organización ha hablado con testigos que contaron cómo se humilla públicamente a hombres sospechosos de ser gais cuando las autoridades van a por ellos: se los llevan a rastras delante de sus familias y colegas, lo que los pone en peligro de sufrir represalias, aún en el caso de que finalmente salgan en libertad.

Los ex detenidos siguen estando fácilmente al alcance de las autoridades chechenas y existe un gran riesgo de que se cometan homicidios en nombre del “honor” por sus propias familias.

“Las autoridades chechenas dicen que los gais no existen. Pero lo cierto es que los gais chechenos, están sufriendo una persecución impulsada desde las autoridades y no tienen esperanza de obtener protección o justicia en su región o país de origen”, afirmó John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

 

“Esta semana, se van a unir personas de todo el mundo en un acto de desafío para mostrar a los gais de Chechenia que los reconocemos y que exigimos su protección”, señaló Dalhuisen. “El tiempo pasa para los hombres gais de Chechenia, que viven a la sombra de esta aterradora purga. Instamos a la comunidad internacional a que abra sus puertas a todas las personas que huyen de la persecución homofóbica en Chechenia”.

Los periodistas del Novaya Gazeta, así como otros periodistas que les han brindado su apoyo, han sido amenazados por varios dirigentes políticos y religiosos chechenos. En el pasado, este tipo de amenazas y llamamientos públicos a tomar represalias terminaron con ataques contra las personas afectadas e incluso con su muerte.

En España se recogen cerca de 23.000 firmas

Como parte de un Día Mundial de Acción el 2 de junio, los y las activistas de Amnistía Internacional entregaron peticiones o realizaron actos simbólicos en las embajadas rusas de todo el mundo.

En España se ha hecho en la Embajada Rusa una entrega de cerca de 23.000 firmas junto con la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). A lo largo de los próximos días se realizarán acciones de calle en diferentes ciudades del mundo para protestar por la campaña coordinada de secuestros, torturas y muerte de las autoridades chechenas.

También se ha mantenido una reunión con representantes de la Embajada de la Federación rusa, en la ambas organizaciones valoran positivamente que se haya abierto un examen preliminar de las denuncias, aunque han remarcado la necesidad de que de ésta se convierta en una investigación plena que lleve a los presuntos responsables ante la justicia. Asimismo las organizaciones han pedido a las autoridades rusas que garanticen la seguridad de estas personas. Los representantes de la embajada han compartido que no son admisibles ciertas declaraciones discriminatorias por parte de autoridades, ni las amenazas a periodistas. Las recomendaciones de las dos organizaciones y las firmas entregadas serán trasladadas a Moscú a las autoridades pertinentes.

Se han recogido miles de firmas en países tan lejanos como Taiwán y Brasil. Además de las entregas de peticiones, se han organizado acciones de calle y protestas frente a la embajada rusa en países como Bélgica, Canadá, Finlandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Ucrania.

Las autoridades rusas han abierto una investigación preliminar sobre los informes de persecución y homicidios de hombres gais en Chechenia, y de las amenazas a periodistas. Amnistía Internacional les pide que realicen una investigación penal completa, que lleven a los responsables ante la jusiticia y que tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que puedan estar en peligro en Chechenia.

Activistas de todo el mundo exigen protección para los gais en Chechenia

Activistas de Amnistía Internacional y de la FELGTB frente a la embajada de la Federación Rusa en Madrid. ©Francisco Ruano

2 de junio de 2017

Amnistía Internacional ha reunido más de 662.000 firmas en todo el mundo que reclaman que se acabe con la terrible persecución de hombres considerados gais en la república rusa de Chechenia.

El 1 de abril, el diario ruso independiente Novaya Gazeta publicó que más de un centenar de hombres considerados gais habían sido secuestrados en los últimos días como parte de una campaña coordinada. En estas informaciones se denunciaba que las autoridades chechenas están deteniendo, torturando e incluso matando a hombres gais en el marco de una campaña destinada a purgar a personas por su orientación sexual.

Algunas de estas informaciones han sido contrastadas por Amnistía Internacional. La organización ha hablado con testigos que contaron cómo se humilla públicamente a hombres sospechosos de ser gais cuando las autoridades van a por ellos: se los llevan a rastras delante de sus familias y colegas, lo que los pone en peligro de sufrir represalias, aún en el caso de que finalmente salgan en libertad.

Los ex detenidos siguen estando fácilmente al alcance de las autoridades chechenas y existe un gran riesgo de que se cometan homicidios en nombre del “honor” por sus propias familias.

“Las autoridades chechenas dicen que los gais no existen. Pero lo cierto es que los gais chechenos, están sufriendo una persecución impulsada desde las autoridades y no tienen esperanza de obtener protección o justicia en su región o país de origen”, afirmó John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

 

“Esta semana, se van a unir personas de todo el mundo en un acto de desafío para mostrar a los gais de Chechenia que los reconocemos y que exigimos su protección”, señaló Dalhuisen. “El tiempo pasa para los hombres gais de Chechenia, que viven a la sombra de esta aterradora purga. Instamos a la comunidad internacional a que abra sus puertas a todas las personas que huyen de la persecución homofóbica en Chechenia”.

Los periodistas del Novaya Gazeta, así como otros periodistas que les han brindado su apoyo, han sido amenazados por varios dirigentes políticos y religiosos chechenos. En el pasado, este tipo de amenazas y llamamientos públicos a tomar represalias terminaron con ataques contra las personas afectadas e incluso con su muerte.

En España se recogen cerca de 23.000 firmas

Como parte de un Día Mundial de Acción el 2 de junio, los y las activistas de Amnistía Internacional entregaron peticiones o realizaron actos simbólicos en las embajadas rusas de todo el mundo.

En España se ha hecho en la Embajada Rusa una entrega de cerca de 23.000 firmas junto con la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). A lo largo de los próximos días se realizarán acciones de calle en diferentes ciudades del mundo para protestar por la campaña coordinada de secuestros, torturas y muerte de las autoridades chechenas.

También se ha mantenido una reunión con representantes de la Embajada de la Federación rusa, en la ambas organizaciones valoran positivamente que se haya abierto un examen preliminar de las denuncias, aunque han remarcado la necesidad de que de ésta se convierta en una investigación plena que lleve a los presuntos responsables ante la justicia. Asimismo las organizaciones han pedido a las autoridades rusas que garanticen la seguridad de estas personas. Los representantes de la embajada han compartido que no son admisibles ciertas declaraciones discriminatorias por parte de autoridades, ni las amenazas a periodistas. Las recomendaciones de las dos organizaciones y las firmas entregadas serán trasladadas a Moscú a las autoridades pertinentes.

Se han recogido miles de firmas en países tan lejanos como Taiwán y Brasil. Además de las entregas de peticiones, se han organizado acciones de calle y protestas frente a la embajada rusa en países como Bélgica, Canadá, Finlandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Ucrania.

Las autoridades rusas han abierto una investigación preliminar sobre los informes de persecución y homicidios de hombres gais en Chechenia, y de las amenazas a periodistas. Amnistía Internacional les pide que realicen una investigación penal completa, que lleven a los responsables ante la jusiticia y que tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que puedan estar en peligro en Chechenia.


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Sudán del sur: conflicto armado y violencia sexual.

Los responsables de la violencia sexual en Sudán del Sur deben ser procesados, dice representante especial

Zainab Hawa Bangura, representante especial de la ONU para la violencia sexual en los conflictos armados. Foto: UNMISS

08 de agosto, 2016 — Los responsables de violencia sexual en el actual conflicto en Sudán del Sur deben rendir cuentas, enfatizó hoy la representante especial de la ONU sobre la violencia sexual en los conflictos.

Zainab Bangura señaló que hará todo lo posible para garantizar que se haga justicia a las víctimas de esos atropellos.

Según datos oficiales, al menos 217 casos de ese tipo de violencia se registraron en la capital, Juba, tras el reciente brote de violencia en esa ciudad a principios de julio.

Por su parte, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, expresó su indignación por los informes de que continuaron esos ataques durante el pasado fin de semana, y que habrían sido perpetrados por hombres armados en uniforme.

En entrevista con radio Miraya, de la Misión ONU en ese país, Bangura expresó decepción por la falta de acción en esa arena, teniendo en cuenta las numerosas reuniones que mantuvo tanto con el presidente, Salva Kiir, como con el vicepresidente y líder de la oposición, Riek Machar.

“Estoy molesta y considero que el gobierno debe tomar todas las medidas posibles para ponerle fin a esto, porque si no puede proteger a sus civiles lo obvio es que nosotros actuemos para asegurar una presencia estándar de fuerzas del mantenimiento de la paz en Sudán del Sur”, dijo la alta funcionaria.

Finalmente la representante especial señaló que Naciones Unidas está haciendo todo lo necesario para proveer asistencia a las víctimas.

Bangura abogó por el fin de la impunidad por crímenes de esta naturaleza y llamó a las partes a dar una solución política al conflicto.