(New York) – Las Naciones Unidas y sus Estados miembros deberían tomar más medidas para investigar y procesar a las fuerzas de paz que cometen actos de explotación y abuso sexual, así como para apoyar a las víctimas, aseguró hoy Human Rights Watch. En suinforme anual sobre medidas especiales para la protección contra la explotación y el abuso sexual, publicado el 4 de marzo de 2016, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, prometió reformas para mejorar la rendición de cuentas por abusos cometidos por las tropas de paz y para la protección de los supervivientes. Las medidas que anunció incluyen procedimientos de investigación de antecedentes de los nuevos empleados de la ONU más estrictos e investigaciones más rápidas.

Por primera vez, el Secretario General publicó formalmente información sobre las nacionalidades de los cascos azules que presuntamente explotaron o abusaron sexualmente de mujeres y niñas mientras trabajaban para el Organismo mundial. Previamente, la relación de la ONU con los países cuyas tropas de paz eran acusadas de abusos había sido siempre privada. Este informe se realizó después de que una investigación independiente se centrara en el abuso por parte de soldados de la ONU en la República Centroafricana y recomendara mejoras al sistema de respuesta de Naciones Unidas a las denuncias de abuso por parte de su personal.

Women walk by a United Nations peacekeeping armored vehicle guarding the outer perimeter of a school used as an electoral center at the end of the presidential and legislative elections, in the mostly muslim PK5 neighborhood of Bangui.

Las mujeres caminan cerca de un vehículo blindado de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas empleado en la vigilancia de una escuela utilizada como un centro electoral durante la recta final de las elecciones presidenciales y legislativas, en el barrio mayoritariamente musulmán PK5 de Bangui, República Centroafricana, el 14 de febrero de 2016.

“La reputación de la ONU para proteger a la población civil está en juego”, señaló Sarah Taylor, defensora de los derechos de la mujer de Human Rights Watch. “El informe del Secretario General pone en evidencia los abusos de los soldados, pero los países que contribuyen tropas de paz deberán cumplir con el enjuiciamiento de estos delitos”.

El informe se refiere a las denuncias de abuso dentro del sistema de la ONU bajo investigación en 2015, incluso en sus misiones políticas y de paz. Su publicación se produce después de un año de numerosas alegacionesde abuso y explotación sexual por parte de las fuerzas de paz de la ONU. En enero de 2016, Human Rights Watch documentó ocho casos de explotación y abuso sexual cometidos por soldados de la ONU en la República Centroafricana, incluyendo violación y violación en grupo. La ausencia de una respuesta coordinada por parte de la ONU se tradujo en un grave incumplimiento de las normas internacionales para entrevistar y proteger a las víctimas y remitirlas a los servicios necesarios, observó Human Rights Watch.

Los casos de explotación y abuso por parte de tropas de paz y personal de la ONU se han reportado desde los años 90, implicando a las misiones de paz en Bosnia y Herzegovina, Camboya, la República Democrática del Congo, Timor Oriental, Haití, Liberia, Sierra Leona y Sudán del Sur, entre otras. Las tropas de Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Uganda, Burundi, la República del Congo y la República Democrática del Congo se destacan entre las involucradas en los abusos, aunque algunos de esos casos concernían a las fuerzas de mantenimiento de la paz dirigidas por la Unión Africana.

La ONU se ha comprometido previamente a imponer una política de “cero tolerancia” a los abusos cometidos por cascos azules, incluso a través de sus contratos con países que contribuyen tropas y compromisos para llevar a cabo investigaciones preliminares de esos crímenes. Sin embargo, estos esfuerzos se vieron obstaculizados por una ausencia de información sobre las denuncias y los sospechosos, y una falta de transparencia sobre las investigaciones y los procesos judiciales, que normalmente se llevan a cabo en el país que ha aportado contingentes. En muchos casos, también hubo barreras políticas porque la ONU depende de las tropas de estos mismos gobiernos para dotar de soldados a sus misiones en todo el mundo.

“El patrón de los abusos de las fuerzas de paz ha continuado en gran parte porque el sistema de mantenimiento de la paz de la ONU depende de las mismas tropas que cometen dichos abusos”, aseguró Taylor. “Pero jugar juegos políticos cuando la seguridad de civiles está en riesgo es una bofetada en la cara para las víctimas y no debería tolerarse”.

Garantizar la seguridad y los servicios para los supervivientes de los abusos debería estar en el centro de la respuesta de la ONU y los gobiernos a los abusos cometidos por los soldados y demás personal de la ONU, recomendó Human Rights Watch. Un informe de 2015 de laOficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS, por sus siglas en inglés), el organismo de control interno de la ONU, dijo en sus evaluaciones sobre la respuesta de la ONU a los casos de explotación y abuso sexual que “muy pocas víctimas han sido asistidas debido a la falta de financiación específica y la lentitud del proceso de enjuiciamiento”. Human Rights Watch observó una reacción similar en la República Centroafricana, donde las limitaciones de personal y recursos, la escasez de servicios médicos y la ausencia de una respuesta clara y coordinada por parte de las distintas agencias de la ONU se tradujeron en retrasos en las denuncias y en la atención a las víctimas.

En el último año, la ONU ha tomado algunas medidas para mejorar su respuesta a las denuncias de explotación y abuso sexual en sus misiones de mantenimiento de la paz. Entre ellas, se destaca el compromiso por una mayor transparencia sobre las acusaciones y los sospechosos, así como el establecimiento de un panel de alto nivel de la ONU para los abusos de las fuerzas de paz. El nombramiento en febrero de 2016 de Jane Holl Lute como coordinadora especial para mejorar la respuesta a los delitos de abuso tiene el objetivo de lograr una mayor visibilidad y rendición de cuentas a un nivel superior en la ONU. En el nuevo informe, el Secretario General promete garantizar la rendición de cuentas de los líderes de las tropas, incluso retirando a comandantes y soldados mandándolos a casa y suspendiendo el pago a personas y Estados miembros si las acusaciones son corroboradas.

“La ONU necesita mostrar su liderazgo para acabar con la explotación y el abuso sexual en todo su sistema, desde su sede en Nueva York hasta sus misiones en áreas de conflicto”, afirmó Taylor. “Los gobiernos deberían dejar de hablar de boquilla sobre este tema y emprender acciones precisas como mejorar la preparación de sus tropas y castigar a los responsables de los abusos”.

Human Rights Watch urge a la ONU a:

  • Dar prioridad a la seguridad y el bienestar de los supervivientes en su respuesta a los casos de explotación y abuso sexual, incluso mediante la promoción de mejores prácticas como mantener la confidencialidad, minimizar la repetición del trauma con múltiples entrevistas y garantizar un rápido acceso al cuidado médico y psicosocial.
  • Cumplir con sus compromisos previos, como monitorear con regularidad el estado de las investigaciones y los procesos judiciales de los países que contribuyen contingentes, fijar un plazo de seis meses para que los países concluyan sus investigaciones y proporcionar regularmente información al público sobre los países de origen de los sospechosos y el estado de las investigaciones. Los informes de país de la ONU deberían incluir actualizaciones sobre las investigaciones de abusos por las tropas de paz y deberían ir más allá de las denuncias de abuso sexual para abarcar todas las violaciones graves de derechos humanos, incluyendo los homicidios ilegítimos y las desapariciones forzadas.
  • Establecer una posición de alto nivel en todas las misiones de la ONU para garantizar las mejores prácticas en las investigaciones y la protección de las víctimas, incluyendo la coordinación de investigaciones de la ONU y la provisión de atención médica y psicosocial para los supervivientes.
  • Asegurar que los cascos azules sean capacitados de una manera que se adapte a la política de “cero tolerancia” de la ONU frente a la explotación y el abuso sexual, incluyendo la clara comunicación sobre las consecuencias para el personal que viole esta política.
  • Garantizar la pronta repatriación de las unidades responsables de graves delitos después de que se haya llevado una investigación pertinente. Exigir de manera pública y regular la rendición de cuentas para estos delitos hasta que los culpables sean llevados a la justicia.
  • Dejar claro a los países que aportan soldados que su capacidad para garantizar la rendición de cuentas por delitos cometidos por sus tropas será un criterio esencial a la hora de decidir si aceptar sus contingentes en las misiones de paz de la ONU.