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El obispo de San Sebastián sobre los casos de pederastia en la diócesis.

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COMPARECENCIA DE NUESTRO OBISPO SOBRE EL CASO DE ABUSOS A MENORES

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Esta misma tarde el obispo de San Sebastián ha comparecido ante los medios para dar cuenta del estado y las últimas novedades del caso de abusos a menores relacionado con el sacerdote de la Diócesis de San Sebastián, Juan Cruz Mendizabal. Acontinuación, el texto que ha leído D José Ignacio y el Video de la Rueda de Prensa.

 

COMPARECENCIA DEL OBISPO DE SAN SEBASTIÁN 

(12.01.2017)

 

 

Como es público, antes de ayer dimos a conocer un comunicado dando noticia del proceso canónico realizado en este obispado de San Sebastián al presbítero D. Juan Kruz Mendizabal, en el que fue declarado culpable de abusos contra dos menores (en grado de tocamientos deshonestos), cometidos en año 2001 y en el año 2005.

 

En ese comunicado, se daba cuenta de cómo en marzo del año pasado recibimos la denuncia de los dos afectados, quienes manifestaron su decisión de recurrir a la justicia de la Iglesia, declinando nuestra invitación a que presentaran su denuncia en el ámbito civil. La petición de estas dos personas adultas, que actualmente superan los 30 años de edad, fue acogida, respetando su derecho a que el caso fuese llevado en la intimidad.

 

Completado el proceso canónico, en el que D. Juan Kruz Mendizabal se declaró culpable, fue removido de sus cargos, y recibió una sentencia de limitación en el ejercicio tutelado de su ministerio, con la obligación de seguir una terapia psicológica y espiritual.

 

En el transcurso de estas Navidades, las dos víctimas afectadas tomaron la decisión de denunciar ante la opinión pública lo acontecido, habida cuenta de que corrían rumores de la existencia de un tercer caso, que, a día de hoy, no ha podido ser confirmado. (Al respecto de este tercer hipotético caso no confirmado, quiero decir que este obispado ha realizado las gestiones oportunas para intentar verificarlo, sin poder conseguir el testimonio directo del supuesto afectado. En cualquier caso, estamos en contacto directo con la fiscalía, en cuyas manos ponemos los datos recabados en nuestras indagaciones).

 

En el momento en que las dos víctimas decidieron hacer público su caso, con el deseo de ayudar a que aflorasen otros posibles casos ocultos, nosotros hicimos público inmediatamente nuestro comunicado, dando cuenta del proceso canónico contra el sacerdote D. Juan Kruz Mendizabal.

 

Pues bien, los hechos se han precipitado, y esta misma mañana se ha presentado ante este obispo una nueva denuncia contra el mismo presbítero, D. Juan Kruz Mendizabal, por hechos similares acontecidos en el año 1994. El denunciante ha manifestado los hechos acontecidos entonces, refiriéndolos con una serie de detalles que les otorga un alto grado de verosimilitud.

 

El denunciante ha manifestado su deseo de presentar su caso, tanto en sede civil como en sede eclesial, por lo que me he puesto en contacto esta misma mañana con el Fiscal General, el Sr. Galparsoro, consensuando la forma de llevarlo a cabo.

 

Por nuestra parte, y sin prejuzgar por ello la presunción de inocencia con respecto a este nuevo caso que todavía no ha sido juzgado, he dictado un decreto con una serie de medidas preventivas, dada la verosimilitud del caso, disponiendo lo siguiente:

 

Prohibición del ejercicio público del ministerio sacerdotal al Rev. Mendizábal Irízar.

Obligación de residir en un monasterio, teniendo que solicitar permiso al obispo para salir de él.

Obligación de proseguir su acompañamiento espiritual y su terapia psicológica en curso.

Prohibición de todo contacto con menores si no es en presencia de otro adulto.

 

En este momento, ante todo y sobre todo, quisiera manifestar mi petición más vehemente de que afloren cualquier tipo de abusos sexuales cometidos contra menores en el seno de nuestra Iglesia (así como en otros ámbitos). Creo que lo acontecido es una gran oportunidad para ello, y quiero manifestar mi convencimiento de que tal paso sería grandemente beneficioso para todos: para las víctimas, porque les ayuda a sanar; para los agresores, porque desenmascara la mentira de su vida y les llama a la conversión; para la Iglesia, porque requiere de nosotros una profunda revisión; y para el conjunto de la sociedad, porque estamos antes un problema del que no está exento nadie. La verdad es buena para todos. No tenemos miedo alguno a que algunos sectores vayan a aprovechar esta ocasión para denigrar la labor de la Iglesia en su conjunto. Como dijo Jesús de Nazaret: “La verdad nos hará libres”. Insisto, es el momento de mostrar nuestro compromiso inequívoco con la inocencia de la infancia y de la adolescencia, nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias; además de una oportunidad magnífica para testimoniar el amor a la verdad. Nosotros no somos dueños de la Palabra de Dios, sino siervos de ella.

 

Ante los comentarios escuchados estos días, quiero aclarar dos extremos:

 

1.- La Iglesia tiene el derecho nativo y propio, llamado derecho canónico; y, por tanto, cuenta con los medios jurídicos necesarios, cumulativos a los del fuero penal-civil, para establecer penas que priven a los fieles de cualquier bien espiritual o temporal (can. 1312 §2 CIC), tratando responsablemente y con plena libertad aquellos delitos que lesionan la comunión eclesial. Esta capacidad está reconocida en los acuerdos Iglesia Estado, no solo en España sino en la práctica totalidad de las naciones democráticas.

 

2.-  Se da la circunstancia de que la legislación particular eclesial que trata los delitos contra menores, se encuentra entre las más severas en comparación con otras regulaciones penales, pues entre otros mecanismos, cuenta con largos plazos para la prescripción del delito y ésta pudiera incluso derogarse.

 

 

Hechas estas aclaraciones, termino subrayando que, en consonancia con la moral y la disciplina de la Iglesia, en nombre propio y del conjunto de los fieles de esta Comunidad diocesana, manifiesto mi más firme y enérgica condena de toda forma de abuso sexual de menores, mayormente si dicho abuso es cometido por un sacerdote. Pido perdón en nombre de la Iglesia a las víctimas y familiares, por el daño que han sufrido en nuestro seno. Lo acontecido es algo absolutamente contradictorio con el mandato evangélico, ya que la Iglesia está llamada a ser un espacio de libertad en el que, con absoluta seguridad, todos podemos desarrollar íntegramente nuestra vocación a la plenitud humana y espiritual. Por este motivo, en mi calidad de pastor de esta Iglesia particular, no cejaré en mi empeño por tratar con justicia y equidad todo caso de abusos contra menores. No vamos a cejar en nuestro empeño, hasta que este mal esté totalmente erradicado.

 

Quiero agradecer a la Santa Sede la ayuda que nos está prestando para gestionar el caso presente. Hemos conocido en nuestra propia experiencia, hasta qué punto las disposiciones del Papa a este respecto nos han ayudado a actuar con firmeza, al mismo tiempo que con proporción y gradualidad.

 

Permitidme que transmita una última palabra específica a todos los fieles de la Iglesia, aunque espero dirigirles una palabra de sentido y de esperanza en el contexto de la homilía del próximo domingo. Me conmueve veros rezando en estos días. No os quepa la menor duda de que vuestra oración será fecunda; y quiero que sepáis, que lo está siendo ya.

 


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Tolerancia cero para abusos sexuales de personal de paz ONU

Debaten en Asamblea General política de cero tolerancia ante actos de explotación sexual cometidos por personal de la ONU

Mogens Lykketoft (derecha), Presidente del 70 Período de Sesiones de la Asamblea General. Foto ONU/Evan Schneider.

07 de septiembre, 2016 — La explotación y los abusos sexuales perpetrados por personal de las misiones de paz de Naciones Unidas fueron abordados este miércoles en un debate formal celebrado por la Asamblea General.

El encuentro fue convocado por el presidente del órgano, Mogens Lykketoft, para asistir al sistema de Naciones Unidas y a los Estados miembros en la búsqueda colectiva de vías para mejorar la respuesta ante esas graves violaciones.

Durante el actual período de sesiones, la Asamblea General ya había realizado dos reuniones informativas en las que se evaluaron acusaciones de esos actos perpetrados por personal de paz.

“Esos actos son inaceptables en cualquier circunstancia y es de vital importancia que sus responsables rindan cuenta de manera rápida y apropiada y que las necesidades de las víctimas sean satisfechas y priorizadas”, dijo.

Lykketoft añadió que la rendición de cuenta de los responsables de esos actos será recibida calurosamente por el personal civil y militar de las Naciones Unidas desplegado alrededor del mundo que está profundamente comprometido con los principios del organismo mundial.

El presidente de la Asamblea General añadió que la reputación e integridad de esas personas es puesta injustamente en entredicho por los actos de unos pocos individuos.

Lykketoft subrayó que garantizar la cero tolerancia y cero impunidad ante esos actos es responsabilidad de la Secretaría de Naciones Unidas, de los países contribuyentes de tropas y de policías y de otros Estados miembros.

Durante la jornada, numerosos oradores respaldaron la política de cero tolerancia declarada por el Secretario General que busca la erradicación de esos casos y reconocieron los esfuerzos que se llevan a cabo para mejorar los mecanismos de prevención y la reducción de los tiempos de las investigaciones.

El Secretario General nombró recientemente a Jane Holl Lute como coordinadora especial para mejorar la respuesta de Naciones Unidas a la explotación y el abuso sexual.


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Chile: los salesianos piden perdon por abusos sexuales.

iglesia2Salesianos piden públicamente perdón por casos de abuso sexual

Martes 6 Sep 2016 | 08:41 am

Santiago de Chile (AICA):

Momentos de tensión y emotividad se produjeron durante la Misa de la Fidelidad, celebrada el día del nacimiento de San Juan Bosco, en el colegio El Patrocinio de San José, de la capital chilena. Fue el “gesto público de pedir perdón por el daño a los jóvenes por parte de algunos religiosos salesianos por los terribles y horrorosos casos de abuso sexual”. Este gesto fue realizado en otras obras salesianas de Chile, según informó la Agencia de Noticias Salesianas (ANS).

Reconociendo la gravedad y el escándalo de estos crímenes, la liturgia fue la ocasión para pedir perdón a las víctimas, a sus familias y a Dios, en nombre de la familia salesiana, en este Año de la Misericordia, y en respuesta al llamado del papa Francisco. Finalmente, los salesianos se comprometieron a seguir construyendo ambientes seguros para los niños y jóvenes, en una patria y en una Iglesia, más justa y más solidaria.

Uno de los principales signos lo realizó el padre inspector Alberto Lorenzelli SDB, orando de rodillas para pedir perdón delante de una cruz sostenida por algunos jóvenes ubicados frente al altar. Posteriormente, todos los salesianos consagrados acercándose al altar y de cara a los jóvenes y a la asamblea, invocaron juntos:

Dios Padre, Tú nos has llamado para ser signos y portadores de tu amor a los jóvenes…

Te pedimos humildemente perdón, por aquellos de los nuestros que han faltado en esta misión.

Manifestamos dolor y vergüenza por el daño causado a las víctimas y a sus familias, por lo que han vivido en silencio y por lo que han sufrido y sufren todavía hoy.

Conscientes de que esto no se debe volver a repetir; nos comprometemos a impulsar y a realizar las acciones que garanticen ambientes sanos y seguros en nuestras comunidades.

En la homilía, el padre inspector manifestó: “Es realmente motivo de dolor porque, como hijos de Don Bosco, no podemos dejar de experimentar profunda turbación y consternación, vergüenza y remordimiento, y en comunión con las víctimas, el espanto y el sentido de traición que ellos han experimentado con estos actos pecaminosos y criminales”.+


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Contra los abusos sexuales de las tropas de paz ONU

ONU: Es necesario acabar con los abusos sexuales cometidos por las tropas de paz

Nuevo informe revela ausencia de justicia y protección para las víctimas

(New York) – Las Naciones Unidas y sus Estados miembros deberían tomar más medidas para investigar y procesar a las fuerzas de paz que cometen actos de explotación y abuso sexual, así como para apoyar a las víctimas, aseguró hoy Human Rights Watch. En suinforme anual sobre medidas especiales para la protección contra la explotación y el abuso sexual, publicado el 4 de marzo de 2016, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, prometió reformas para mejorar la rendición de cuentas por abusos cometidos por las tropas de paz y para la protección de los supervivientes. Las medidas que anunció incluyen procedimientos de investigación de antecedentes de los nuevos empleados de la ONU más estrictos e investigaciones más rápidas.

Por primera vez, el Secretario General publicó formalmente información sobre las nacionalidades de los cascos azules que presuntamente explotaron o abusaron sexualmente de mujeres y niñas mientras trabajaban para el Organismo mundial. Previamente, la relación de la ONU con los países cuyas tropas de paz eran acusadas de abusos había sido siempre privada. Este informe se realizó después de que una investigación independiente se centrara en el abuso por parte de soldados de la ONU en la República Centroafricana y recomendara mejoras al sistema de respuesta de Naciones Unidas a las denuncias de abuso por parte de su personal.

Women walk by a United Nations peacekeeping armored vehicle guarding the outer perimeter of a school used as an electoral center at the end of the presidential and legislative elections, in the mostly muslim PK5 neighborhood of Bangui.

Las mujeres caminan cerca de un vehículo blindado de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas empleado en la vigilancia de una escuela utilizada como un centro electoral durante la recta final de las elecciones presidenciales y legislativas, en el barrio mayoritariamente musulmán PK5 de Bangui, República Centroafricana, el 14 de febrero de 2016.

“La reputación de la ONU para proteger a la población civil está en juego”, señaló Sarah Taylor, defensora de los derechos de la mujer de Human Rights Watch. “El informe del Secretario General pone en evidencia los abusos de los soldados, pero los países que contribuyen tropas de paz deberán cumplir con el enjuiciamiento de estos delitos”.

El informe se refiere a las denuncias de abuso dentro del sistema de la ONU bajo investigación en 2015, incluso en sus misiones políticas y de paz. Su publicación se produce después de un año de numerosas alegacionesde abuso y explotación sexual por parte de las fuerzas de paz de la ONU. En enero de 2016, Human Rights Watch documentó ocho casos de explotación y abuso sexual cometidos por soldados de la ONU en la República Centroafricana, incluyendo violación y violación en grupo. La ausencia de una respuesta coordinada por parte de la ONU se tradujo en un grave incumplimiento de las normas internacionales para entrevistar y proteger a las víctimas y remitirlas a los servicios necesarios, observó Human Rights Watch.

Los casos de explotación y abuso por parte de tropas de paz y personal de la ONU se han reportado desde los años 90, implicando a las misiones de paz en Bosnia y Herzegovina, Camboya, la República Democrática del Congo, Timor Oriental, Haití, Liberia, Sierra Leona y Sudán del Sur, entre otras. Las tropas de Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Uganda, Burundi, la República del Congo y la República Democrática del Congo se destacan entre las involucradas en los abusos, aunque algunos de esos casos concernían a las fuerzas de mantenimiento de la paz dirigidas por la Unión Africana.

La ONU se ha comprometido previamente a imponer una política de “cero tolerancia” a los abusos cometidos por cascos azules, incluso a través de sus contratos con países que contribuyen tropas y compromisos para llevar a cabo investigaciones preliminares de esos crímenes. Sin embargo, estos esfuerzos se vieron obstaculizados por una ausencia de información sobre las denuncias y los sospechosos, y una falta de transparencia sobre las investigaciones y los procesos judiciales, que normalmente se llevan a cabo en el país que ha aportado contingentes. En muchos casos, también hubo barreras políticas porque la ONU depende de las tropas de estos mismos gobiernos para dotar de soldados a sus misiones en todo el mundo.

“El patrón de los abusos de las fuerzas de paz ha continuado en gran parte porque el sistema de mantenimiento de la paz de la ONU depende de las mismas tropas que cometen dichos abusos”, aseguró Taylor. “Pero jugar juegos políticos cuando la seguridad de civiles está en riesgo es una bofetada en la cara para las víctimas y no debería tolerarse”.

Garantizar la seguridad y los servicios para los supervivientes de los abusos debería estar en el centro de la respuesta de la ONU y los gobiernos a los abusos cometidos por los soldados y demás personal de la ONU, recomendó Human Rights Watch. Un informe de 2015 de laOficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS, por sus siglas en inglés), el organismo de control interno de la ONU, dijo en sus evaluaciones sobre la respuesta de la ONU a los casos de explotación y abuso sexual que “muy pocas víctimas han sido asistidas debido a la falta de financiación específica y la lentitud del proceso de enjuiciamiento”. Human Rights Watch observó una reacción similar en la República Centroafricana, donde las limitaciones de personal y recursos, la escasez de servicios médicos y la ausencia de una respuesta clara y coordinada por parte de las distintas agencias de la ONU se tradujeron en retrasos en las denuncias y en la atención a las víctimas.

En el último año, la ONU ha tomado algunas medidas para mejorar su respuesta a las denuncias de explotación y abuso sexual en sus misiones de mantenimiento de la paz. Entre ellas, se destaca el compromiso por una mayor transparencia sobre las acusaciones y los sospechosos, así como el establecimiento de un panel de alto nivel de la ONU para los abusos de las fuerzas de paz. El nombramiento en febrero de 2016 de Jane Holl Lute como coordinadora especial para mejorar la respuesta a los delitos de abuso tiene el objetivo de lograr una mayor visibilidad y rendición de cuentas a un nivel superior en la ONU. En el nuevo informe, el Secretario General promete garantizar la rendición de cuentas de los líderes de las tropas, incluso retirando a comandantes y soldados mandándolos a casa y suspendiendo el pago a personas y Estados miembros si las acusaciones son corroboradas.

“La ONU necesita mostrar su liderazgo para acabar con la explotación y el abuso sexual en todo su sistema, desde su sede en Nueva York hasta sus misiones en áreas de conflicto”, afirmó Taylor. “Los gobiernos deberían dejar de hablar de boquilla sobre este tema y emprender acciones precisas como mejorar la preparación de sus tropas y castigar a los responsables de los abusos”.

Human Rights Watch urge a la ONU a:

  • Dar prioridad a la seguridad y el bienestar de los supervivientes en su respuesta a los casos de explotación y abuso sexual, incluso mediante la promoción de mejores prácticas como mantener la confidencialidad, minimizar la repetición del trauma con múltiples entrevistas y garantizar un rápido acceso al cuidado médico y psicosocial.
  • Cumplir con sus compromisos previos, como monitorear con regularidad el estado de las investigaciones y los procesos judiciales de los países que contribuyen contingentes, fijar un plazo de seis meses para que los países concluyan sus investigaciones y proporcionar regularmente información al público sobre los países de origen de los sospechosos y el estado de las investigaciones. Los informes de país de la ONU deberían incluir actualizaciones sobre las investigaciones de abusos por las tropas de paz y deberían ir más allá de las denuncias de abuso sexual para abarcar todas las violaciones graves de derechos humanos, incluyendo los homicidios ilegítimos y las desapariciones forzadas.
  • Establecer una posición de alto nivel en todas las misiones de la ONU para garantizar las mejores prácticas en las investigaciones y la protección de las víctimas, incluyendo la coordinación de investigaciones de la ONU y la provisión de atención médica y psicosocial para los supervivientes.
  • Asegurar que los cascos azules sean capacitados de una manera que se adapte a la política de “cero tolerancia” de la ONU frente a la explotación y el abuso sexual, incluyendo la clara comunicación sobre las consecuencias para el personal que viole esta política.
  • Garantizar la pronta repatriación de las unidades responsables de graves delitos después de que se haya llevado una investigación pertinente. Exigir de manera pública y regular la rendición de cuentas para estos delitos hasta que los culpables sean llevados a la justicia.
  • Dejar claro a los países que aportan soldados que su capacidad para garantizar la rendición de cuentas por delitos cometidos por sus tropas será un criterio esencial a la hora de decidir si aceptar sus contingentes en las misiones de paz de la ONU.


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HRW pide tolerancia cero para los abusos sexuales de los Cascos Azules ONU

ONU: Es necesario acabar con los abusos sexuales cometidos por las tropas de paz

Nuevo informe revela ausencia de justicia y protección para las víctimas

 (New York) – Las Naciones Unidas y sus Estados miembros deberían tomar más medidas para investigar y procesar a las fuerzas de paz que cometen actos de explotación y abuso sexual, así como para apoyar a las víctimas, aseguró hoy Human Rights Watch. En suinforme anual sobre medidas especiales para la protección contra la explotación y el abuso sexual, publicado el 4 de marzo de 2016, el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, prometió reformas para mejorar la rendición de cuentas por abusos cometidos por las tropas de paz y para la protección de los supervivientes. Las medidas que anunció incluyen procedimientos de investigación de antecedentes de los nuevos empleados de la ONU más estrictos e investigaciones más rápidas.

Por primera vez, el Secretario General publicó formalmente información sobre las nacionalidades de los cascos azules que presuntamente explotaron o abusaron sexualmente de mujeres y niñas mientras trabajaban para el Organismo mundial. Previamente, la relación de la ONU con los países cuyas tropas de paz eran acusadas de abusos había sido siempre privada. Este informe se realizó después de que una investigación independiente se centrara en el abuso por parte de soldados de la ONU en la República Centroafricana y recomendara mejoras al sistema de respuesta de Naciones Unidas a las denuncias de abuso por parte de su personal.

Women walk by a United Nations peacekeeping armored vehicle guarding the outer perimeter of a school used as an electoral center at the end of the presidential and legislative elections, in the mostly muslim PK5 neighborhood of Bangui.

Las mujeres caminan cerca de un vehículo blindado de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas empleado en la vigilancia de una escuela utilizada como un centro electoral durante la recta final de las elecciones presidenciales y legislativas, en el barrio mayoritariamente musulmán PK5 de Bangui, República Centroafricana, el 14 de febrero de 2016.

“La reputación de la ONU para proteger a la población civil está en juego”, señaló Sarah Taylor, defensora de los derechos de la mujer de Human Rights Watch. “El informe del Secretario General pone en evidencia los abusos de los soldados, pero los países que contribuyen tropas de paz deberán cumplir con el enjuiciamiento de estos delitos”.

El informe se refiere a las denuncias de abuso dentro del sistema de la ONU bajo investigación en 2015, incluso en sus misiones políticas y de paz. Su publicación se produce después de un año de numerosas alegacionesde abuso y explotación sexual por parte de las fuerzas de paz de la ONU. En enero de 2016, Human Rights Watch documentó ocho casos de explotación y abuso sexual cometidos por soldados de la ONU en la República Centroafricana, incluyendo violación y violación en grupo. La ausencia de una respuesta coordinada por parte de la ONU se tradujo en un grave incumplimiento de las normas internacionales para entrevistar y proteger a las víctimas y remitirlas a los servicios necesarios, observó Human Rights Watch.

Los casos de explotación y abuso por parte de tropas de paz y personal de la ONU se han reportado desde los años 90, implicando a las misiones de paz en Bosnia y Herzegovina, Camboya, la República Democrática del Congo, Timor Oriental, Haití, Liberia, Sierra Leona y Sudán del Sur, entre otras. Las tropas de Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Uganda, Burundi, la República del Congo y la República Democrática del Congo se destacan entre las involucradas en los abusos, aunque algunos de esos casos concernían a las fuerzas de mantenimiento de la paz dirigidas por la Unión Africana.

La ONU se ha comprometido previamente a imponer una política de “cero tolerancia” a los abusos cometidos por cascos azules, incluso a través de sus contratos con países que contribuyen tropas y compromisos para llevar a cabo investigaciones preliminares de esos crímenes. Sin embargo, estos esfuerzos se vieron obstaculizados por una ausencia de información sobre las denuncias y los sospechosos, y una falta de transparencia sobre las investigaciones y los procesos judiciales, que normalmente se llevan a cabo en el país que ha aportado contingentes. En muchos casos, también hubo barreras políticas porque la ONU depende de las tropas de estos mismos gobiernos para dotar de soldados a sus misiones en todo el mundo.

“El patrón de los abusos de las fuerzas de paz ha continuado en gran parte porque el sistema de mantenimiento de la paz de la ONU depende de las mismas tropas que cometen dichos abusos”, aseguró Taylor. “Pero jugar juegos políticos cuando la seguridad de civiles está en riesgo es una bofetada en la cara para las víctimas y no debería tolerarse”.

Garantizar la seguridad y los servicios para los supervivientes de los abusos debería estar en el centro de la respuesta de la ONU y los gobiernos a los abusos cometidos por los soldados y demás personal de la ONU, recomendó Human Rights Watch. Un informe de 2015 de laOficina de Servicios de Supervisión Interna (OIOS, por sus siglas en inglés), el organismo de control interno de la ONU, dijo en sus evaluaciones sobre la respuesta de la ONU a los casos de explotación y abuso sexual que “muy pocas víctimas han sido asistidas debido a la falta de financiación específica y la lentitud del proceso de enjuiciamiento”. Human Rights Watch observó una reacción similar en la República Centroafricana, donde las limitaciones de personal y recursos, la escasez de servicios médicos y la ausencia de una respuesta clara y coordinada por parte de las distintas agencias de la ONU se tradujeron en retrasos en las denuncias y en la atención a las víctimas.

En el último año, la ONU ha tomado algunas medidas para mejorar su respuesta a las denuncias de explotación y abuso sexual en sus misiones de mantenimiento de la paz. Entre ellas, se destaca el compromiso por una mayor transparencia sobre las acusaciones y los sospechosos, así como el establecimiento de un panel de alto nivel de la ONU para los abusos de las fuerzas de paz. El nombramiento en febrero de 2016 de Jane Holl Lute como coordinadora especial para mejorar la respuesta a los delitos de abuso tiene el objetivo de lograr una mayor visibilidad y rendición de cuentas a un nivel superior en la ONU. En el nuevo informe, el Secretario General promete garantizar la rendición de cuentas de los líderes de las tropas, incluso retirando a comandantes y soldados mandándolos a casa y suspendiendo el pago a personas y Estados miembros si las acusaciones son corroboradas.

“La ONU necesita mostrar su liderazgo para acabar con la explotación y el abuso sexual en todo su sistema, desde su sede en Nueva York hasta sus misiones en áreas de conflicto”, afirmó Taylor. “Los gobiernos deberían dejar de hablar de boquilla sobre este tema y emprender acciones precisas como mejorar la preparación de sus tropas y castigar a los responsables de los abusos”.

Human Rights Watch urge a la ONU a:

  • Dar prioridad a la seguridad y el bienestar de los supervivientes en su respuesta a los casos de explotación y abuso sexual, incluso mediante la promoción de mejores prácticas como mantener la confidencialidad, minimizar la repetición del trauma con múltiples entrevistas y garantizar un rápido acceso al cuidado médico y psicosocial.
  • Cumplir con sus compromisos previos, como monitorear con regularidad el estado de las investigaciones y los procesos judiciales de los países que contribuyen contingentes, fijar un plazo de seis meses para que los países concluyan sus investigaciones y proporcionar regularmente información al público sobre los países de origen de los sospechosos y el estado de las investigaciones. Los informes de país de la ONU deberían incluir actualizaciones sobre las investigaciones de abusos por las tropas de paz y deberían ir más allá de las denuncias de abuso sexual para abarcar todas las violaciones graves de derechos humanos, incluyendo los homicidios ilegítimos y las desapariciones forzadas.
  • Establecer una posición de alto nivel en todas las misiones de la ONU para garantizar las mejores prácticas en las investigaciones y la protección de las víctimas, incluyendo la coordinación de investigaciones de la ONU y la provisión de atención médica y psicosocial para los supervivientes.
  • Asegurar que los cascos azules sean capacitados de una manera que se adapte a la política de “cero tolerancia” de la ONU frente a la explotación y el abuso sexual, incluyendo la clara comunicación sobre las consecuencias para el personal que viole esta política.
  • Garantizar la pronta repatriación de las unidades responsables de graves delitos después de que se haya llevado una investigación pertinente. Exigir de manera pública y regular la rendición de cuentas para estos delitos hasta que los culpables sean llevados a la justicia.
  • Dejar claro a los países que aportan soldados que su capacidad para garantizar la rendición de cuentas por delitos cometidos por sus tropas será un criterio esencial a la hora de decidir si aceptar sus contingentes en las misiones de paz de la ONU.


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Los obispos de Cataluña condenan los casos de pederastia de un colegio.

Total condena de obispos catalanes ante caso de abusos en colegio marista de Barcelona

Por Blanca Ruiz

Imagen referencial / Foto: Flickr Lluis Vicens (CC-BY-NC-SA-2.0)

Imagen referencial / Foto: Flickr Lluis Vicens (CC-BY-NC-SA-2.0)

MADRID, 21 Feb. 16 / 03:20 pm (ACI).- Los obispos catalanes han expresado su “total condena a cualquier abuso, de cualquier tipo cometido contra un niño o un menor de edad”, luego de que se conociera el caso de un profesor en un colegio marista que admitió haber violentado a cuatro menores en el lapso de 20 años.

Joaquim Benitez, profesor de gimnasia en el colegio Maristas de Barcelona (España) admitió su falta. Cuando el colegio tuvo conocimiento de los hechos en el año 2011, lo expulsó.

El caso ha salido ahora la luz por el deficiente manejo de la situación por parte del centro educativo, que no indagó sobre el número y la gravedad de los abusos ni informó a las autoridades educativas al respecto.

“El Papa Francisco, igual que sus inmediatos predecesores, ha repetido varias veces esta condena y ha manifestado su proximidad a las víctimas. En comunión plena con él, nos comprometemos a luchar contra esta plaga que destruye tantas infancias”, precisan los prelados en un comunicado emitido desde la Conferencia Episcopal Tarraconense.

De esta manera destacan que ante los abusos a menores “las normas de la Iglesia son claras. Nos piden actuar con rapidez y decisión ante las denuncias, garantizar la transparencia y actuar con tolerancia cero”.

Además precisan que, siguiendo las indicaciones de la Santa Sede, “se debe apartar cautelarmente de sus funciones a las personas acusadas y ofrecer toda la colaboración a la acción de la justicia y a las autoridades civiles”.

Los Prelados aseguran que la Iglesia ofrece todo su apoyo, atención, escucha y acompañamiento a las víctimas de los abusos, incluso en el caso de delitos que puedan estar prescritos penalmente y destaca el trabajo de la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, un compromiso en la defensa y protección del menor que, según apuntan, “también es nuestro compromiso y el de toda la Iglesia presente en Cataluña”.

Los obispos afirman también que el caso del colegio marista no puede hacer que la institución que lo administra quede “cuestionadas por los casos que todos deploramos y condenamos”.

Asimismo afirman que  “la extensa red de instituciones educativas que la Iglesia pone al servicio de las familias del país, creemos que no puede ser sometida a una permanente sospecha”.


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Abuso de menores: sorpresa en El Salvador

SOBRE SANTOS Y PECADORES. Acusado de pedofilia el secretario de Romero y postulador de su causa de beatificación. El desconcierto de la Iglesia de El Salvador

Febrero de 2015. Jesús Delgado escucha al arzobispo Vincenzo Paglia durante una conferencia de prensa en el Vaticano

Febrero de 2015. Jesús Delgado escucha al arzobispo Vincenzo Paglia durante una conferencia de prensa en el Vaticano

La acusación es una de las más infamantes en el siglo XXI: pedofilia; el acusado es una persona de la que jamás se hubiera esperado algo así, alguien por encima de cualquier sospecha. Y no solo eso, es un respetado y muy conocido hombre de Iglesia, protagonista de una fase heroica de la vida de la Iglesia latinoamericana, nada menos que Jesús Delgado, el secretario del nuevo beato Romero, su principal biógrafo y gran promotor del proceso que en mayo condujo a los altares al obispo mártir. La Iglesia salvadoreña, en completo silencio, ha investigado una denuncia de abuso sexual en su contra y ha resuelto suspenderlo “de todas las funciones sacerdotales, pastorales y administrativas”. Un procedimiento rápido y terminante, casi una admisión de responsabilidades en nombre del acusado, que no por eso suena menos desconcertante. El miércoles 25 hizo el anuncio público un amigo de Jesús Delgado, el Canciller del arzobispado de San Salvador, Rafael Urrutia, en nombre del arzobispo Escobar Alas. Urrutia está a cargo de la segunda fase del proceso de Romero, la que debería proclamarlo santo. También ha instruido la causa de Rutilio Grande, que ya está muy avanzada, probablemente a un paso de los altares. Fue nombrado vicepostulador diocesano del proceso “por mandato fechado en Roma el 16 de junio del año en curso” y no hace mucho manifestó su convicción de que sería rápido y con resultados en tiempos relativamente breves. “Creo que la historia de Romero ha dejado una marca en Roma”, le dijo a Tierras de América poco después de su nombramiento. Y después de Rutilio, “todos los demás”, agregó, refiriéndose a “una sola causa para todos”, seminaristas, sacerdotes y catequistas asesinados antes y después de Romero, cerca de 500 personas sobre las que se estaban instruyendo causas individuales.

Volviendo a Secundino de Jesús Delgado Acevedo, tal es su nombre completo, y a lo que ha ocurrido en las 48 horas que siguieron al chocante anuncio. Hasta el miércoles, Delgado era vicario general de la arquidiócesis de San Salvador, y por lo tanto ocupaba el tercer cargo jerárquico después del arzobispo Escobar Alas y el obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez. Delgado estuvo en primera fila el 30 de octubre en Roma, cuando una delegación de obispos, religiosos y laicos salvadoreños viajó al Vaticano para agradecerle al Papa Francisco por la beatificación de Romero e implorar una pronta canonización, poniendo en manos de la Congregación para la causa de los santos todo el material sobre los posibles milagros del obispo mártir. Y en ese caso Delgado también era parte en la causa.

Por medio de Urrutia se supo que la denuncia contra Delgado fue presentada ante la “Secretaría para la inclusión social” de San Salvador, una estructura que tutela los derechos de los menores, y a partir de allí fue puesta en conocimiento de la Iglesia local antes de la visita de la delegación de salvadoreños a Roma. “En ese momento se inicia la investigación, si existe una denuncia bien fundada”, explicó el canciller. Es algo que requiere tiempo, por eso , “el arzobispado tomó la decisión de hacer el viaje a Roma y luego seguir con la investigación” al regreso. Tal decisión explicaría, para Urrutia, la presencia de Delgado en la comitiva, aunque pesaba sobre él una sospecha infamante. Vanda Pignato, directora de la Secretaría de Inclusión Social de San Salvador y esposa del ex presidente Mauricio Funes, en una declaración realizada en las últimas horas dio a entender cuál podía ser la posible evolución de lo que a todos los efectos es un caso con resonancia internacional. “Jamás vamos a dar el nombre de ella o el relato que nos contó, esto es confidencial. Porque hay otras víctimas seguramente y si los medios (de comunicación) quieren saber de la víctima …las otras víctimas van a tener miedo de presentar una denuncia”. No queda claro si la referencia a otras víctimas corresponde a Delgado o a la reticencia que generalmente sobreviene en una denunciante cuando corre el riesgo de que su nombre se haga público.

La pregunta clave la plantea hoy Carlos Colorado en el sitio SuperMartyrio que dirige. ¿Qué significa la historia de Delgado para la causa de canonización del beato Romero que todavía está en curso? ¿Qué repercusiones puede tener? Y, sobre todo, ¿se pueden plantear objeciones? De poco sirve, como muchos están haciendo, minimizar el rol de Delgado como colaborador de Romero e insinuar una especie de apropiación indebida de una función que en realidad no tenía, por lo menos en las proporciones que se le atribuyen. El mismo beato Romero se refiere en su diario al “padre Jesús Delgado que me acompaña como secretario” a la Conferencia episcopal de Puebla (26 de enero de 1979). Además es sabido que Romero lo propuso varias veces, inútilmente, como obispo, tratando de cambiar un equilibrio que no le era favorable dentro de la Conferencia Episcopal de El Salvador.

Pero hay dos cosas que no se deben perder de vista. La primera: la suspensión de Delgado “de todas las funciones sacerdotales, pastorales y administrativas” que se dispuso el miércoles, incluye también “su participación en la Comisión postuladora ante el Vaticano de las causas de monseñor Oscar Arnulfo Romero y del padre Rutilio Grande”. Por lo tanto, a partir de ese momento Delgado ya no tiene voz ni voto en el camino del beato Romero hacia los altares.

La segunda, y más decisiva. La mujer que lo acusa de violación hoy tiene 42 años. En la época del abuso tenía nueve. Haciendo algunas cuentas rápidas, se deduce que “el romance”, como acostumbran designar estas situaciones los involucrados, comenzó en 1982, dos años después del asesinato de monseñor Romero. Por lo tanto, su reputación está intacta, ninguna sombra de complicidad lo puede rozar. Pero aún así, es una de esas noticias que provocan un nudo en el estómago de los creyentes. Urrutia reveló que la denunciante no ha reclamado indemnización y ha pedido, como reparación, que Delgado deje el ministerio y le pida perdón. “Hemos hablado con él (Delgado) y ha decidido reunirse con la víctima para pedirle perdón”.

Para le lay salvadoreña, la responsabilidad penal de un abuso cometido hace 33 años (si es reconocido o comprobado), ya ha prescripto. Para la Iglesia no.