Loiola XXI

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Abusos de menores en el pasado en USA. Datos. Incertidumbre. Complejidad

La Iglesia estadounidense afronta miles de nuevas denuncias por abusos sexuales

No a los abusos

No a los abusos

Un cambio de la legislación en 15 estados permitiría a miles de víctimas poder denunciar los abusos sufridos durante décadas.

La amenaza de bancarrota vuelve a afectar a las diócesis de Nueva York, Nueva Jersey o California

Más de cinco mil casos. Un cambio en la legislación de 15 estados norteamericanos podría permitir a miles de víctimas de abusos sexuales ocurridos hace décadas denunciar a la Iglesia católica. Se trataría de la demanda más grande de su historia, con compensaciones que podrían superar los 4.000 millones de dólares, especialmente en Nueva York, California y Nueva Jersey.

Una investigación de Associated Press apuntó a que varias diócesis están considerando la posibilidad de declararse en bancarrota, pagar compensaciones a las víctimas e incluso vender valiosas propiedades para mantenerse a flote.

“Esto es como empezar de nuevo para mí”, dijo Nancy Holling-Lonnecker, de 71 años, de San Diego, quien planea aprovechar el período de tres años aprobado en California para presentar demandas. En su caso, fue violada numerosas veces por un cura en el confesionario, cuando tenía 7 años. Era la década de los 50.

“Los supervivientes que están dando la cara mantuvieron en secreto esta experiencia horrible todas sus vidas”, expresó. “Se guardaron estas emociones todos estos años porque no tenían dónde exponerlas”.

AP se entrevistó con más de una docena de abogados y agrupaciones que estudian los abusos de los clérigos, que anticipan al menos 5.000 denuncias tan solo en Nueva York, California y Nueva Jersey, con compensaciones que podrían superar los 4.000 millones.

“El público está más molesto que nunca con los abusos sexuales de los curas y su encubrimiento, y eso se verá reflejado en los veredictos”, afirmó Mitchell Garabedian, abogado de Boston que lleva adelante varias demandas contra la iglesia.

New York Archbishop Cardinal Timothy Dolan

New York Archbishop Cardinal Timothy Dolan

Abierta la ventana para denunciar

Desde que cambió la ley, más de 400 demandas fueron presentadas en un solo día en el estado de Nueva York. Ahora, ya hay más de mil demandas. Esta semana entra en vigor un período de dos años para presentar acusaciones en Nueva Jersey, y a partir de enero los californianos podrán hacer lo propio durante tres años. En el caso de California, la compensación se triplicará si se demuestra que la iglesia encubrió los abusos. Arizona, Montana y Vermont también abrieron períodos para que las víctimas pudieran animarse a denunciar.

Un abogado especialista en abusos del clero, Michael Pfau, de Seattle, afirmó que ya tiene 800 clientes en Nueva York, Nueva Jersey y California. Su colega Garabedian, de Boston, dice que espera presentar 225 demandas en Nueva York y otras 200 al menos en media docena de estados. Otro veterano de estas lides, James Marsh, afirma que ya tiene más de 200 clientes solo Nueva York .

Líderes eclesiásticos que por años trataron de impedir que las legislaturas estatales anulasen la prescripción de estos delitos dicen que este frenesí de demandas es precisamente lo que temían. Algunos se quejan de que será muy difícil rechazar denuncias de abusos ocurridos hace tanto tiempo, cuyos testigos se han desperdigado y cuyos perpetradores probablemente ya murieron.

Cada vez más estados de USA se suman a las ivestigaciones de abusos en la Iglesia

Cada vez más estados de USA se suman a las ivestigaciones de abusos en la Iglesia

“Los muertos no pueden defenderse”

“Los muertos no pueden defenderse”, dijo Mark Chopko, exconsejero de la Conferencia Nacional de Obispos Católicos.

¿Qué hará la Iglesia? Su respuesta, según afirma Ap, vendrá en forma de compensaciones y bancarrotas.

Así, en 2016, el arzobispo de Nueva York Timothy Dolan creó un primer fondo, diciendo que ayudarían a compensar a las víctimas sin causar estragos en la Iglesia. Desde entonces se han pagado más de 67 millones de dólares a 338 víctimas, un promedio de 200.000 a cada una.

La idea prendió en otros estados. Las cinco diócesis de Nueva Jersey y tres de Colorado crearon un fondo y lo mismo hicieron siete diócesis de Pensilvania y seis de California, incluida la arquidiócesis de Los Ángeles, que es la más grande de Estados Unidos.

Instituciones en bancarrota

Más drástica y cada vez más frecuente es la opción de la bancarrota. Menos de un mes después de que entrase en vigor la ventana de un año para radicar demandas de abusos ocurridos hace tiempo, la diócesis de Rochester se declaró en bancarrota. Fue la diócesis u orden religiosa número 20 que lo hizo en Estados Unidos.

Cuando una diócesis se declara en bancarrota, las demandas de los supervivientes quedan en suspenso y los pagos son congelados, a la espera de que un juez federal decida cuánto debe cobrar cada uno. Generalmente las víctimas reciben menos de lo que hubieran recibido de salir airosas en un juicio.

La bancarrota puede, además, generar en los sobrevivientes la sensación de que no se hizo justicia porque la iglesia no se ve obligada de dar explicaciones y entregar documentos, tal vez implicando a la jerarquía católica que encubrió los abusos


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No existe una orden de captura internacional contra Mons. Zanchetta residente en el Vaticano.

Zanchetta, il giudice argentino: “Non esiste un mandato di cattura internazionale”

Una risoluzione di oggi del magistrato spiega che solo qualora il vescovo non si presentasse entro il 28 novembre si potrebbe dare corso alla richiesta di arresto

Monsignor Zanchetta

CITTÀ DEL VATICANO. È solo se non si presenterà entro il 28 novembre che i giudici argentini potranno procedere a dare corso alla richiesta della procuratrice penale di Salta di un arresto internazionale per monsignor Gustavo Zanchetta.

Una risoluzione diffusa in giornata – pubblicata dal sito Il Sismografo -, firmata dal giudice argentino Maria Laura Toledo Zamora, presidente della Sala II del Tribunale di giudizio di Orán, che segue la vicenda del presule, chiarisce i contorni della vicenda che da ieri rimbalza su tutti i media. E cioè il mandato di cattura internazionale emesso dal pubblico ministero della procura di Salta, Maria Soledad Filtrin Cuezzo, nei confronti dell’ex vescovo della diocesi di Orán, assessore dell’Apsa, accusato di «abusi sessuali continuati e aggravati» su due seminaristi.

Nel documento si sottolinea che fino a giovedì 28 novembre non è possibile valutare il mandato di cattura internazionale firmata dal pm e che solo qualora Zanchetta effettivamente non si presentasse all’appello che potrebbe scattare l’arresto.

Il dettaglio è importante e va a corroborare le dichiarazioni del rappresentante del prelato, il docente spagnolo di Diritto canonico, Javier Belda Iniesta, che tramite un comunicato di ieri chiariva il fatto che si fosse in presenza di una semplice «richiesta» della pm e non di un ordine di cattura. Il portavoce contestava anche l’affermazione secondo cui il vescovo, domiciliato in Vaticano, si sarebbe reso «irreperibile» non rispondendo a telefonate ed email inviategli per la notifica degli atti processuali. Zanchetta, sottolineava Belda Iniesta, ha sempre collaborato «attivamente» con la giustizia ed è «il primo interessato a chiarire tutta la verità» per «poter ripulire il suo buon nome e la sua fama».

Quindi, stando alle parole del portavoce, non c’è motivo di pensare che il presule la prossima settimana non si presenti all’appello. Allo stato attuale risultano anche prive di fondamento le notizie – riportate da alcune testate, in particolare quelle argentine che da dicembre seguono il caso con grande trasporto – che il vescovo sia in fuga. C’è chi lo dava in viaggio in Bolivia, chi nascosto in Argentina, ma anche chi è pronto ad affermare di averlo visto in giro nella Città del Vaticano.

In effetti non si conosce l’attuale luogo di residenza del vescovo. Dall’Apsa, il Dicastero che amministra i beni immobiliari della Santa Sede dove Zanchetta è stato nominato nel dicembre 2017 nell’inedito ruolo di assessore, si limitano a rispondere che il prelato «non lavora più qui» e che «è stato sospeso già da un anno». Ovvero dal 4 gennaio scorso quando era stata avviata una indagine preliminare a seguito delle denunce di alcuni sacerdoti su abusi sessuali e malversazioni finanziarie, al termine della quale il Papa aveva fatto aprire a suo carico un processo canonico presso la Congregazione per la Dottrina della Fede.

Nessuna dichiarazione è giunta da parte del Vaticano. In queste ore è in corso la visita di Papa Francesco – il 32esimo viaggio del suo pontificato – in Giappone, dopo la tappa in Thailandia.

Per ora rimane questa risoluzione del magistrato che dovrà giudicare monsignor Zanchetta insieme ad altri due cosiddetti «vocales», Raúl Fernando López y Héctor Fabián Fayos.


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Un monseñor argentino con residencia y empleo en Vaticano acusado de abuso de menores.

Abusi sui seminaristi: l’Argentina chiede il mandato di cattura per monsignor Zanchetta

Il vescovo si trova in Vaticano, richiamato nel 2017 da papa Francesco

BUENOS AIRES. Dopo essersi reso irreperibile, visto che per giorni sembra non abbia risposto ad una serie di mail e telefonate, la Magistratura di Salta, in Argentina, ha spiccato un mandato di cattura internazionale nei confronti di monsignor Gustavo Zanchetta, l’ex vescovo  della diocesi di Orán nominato assessore dell’Apsa.

Domiciliato in Vaticano, sul presule 54enne pende la doppia accusa di frode allo Stato e abuso sessuale semplice e continuato ai danni di due seminaristi mentre era ordinario diocesano. E proprio il fatto che i reati sarebbero stati commessi da un ministro di culto costituisce un’aggravante.

La pm María Soledad Filtrín ha deciso di emettere il mandato nei confronti di Zanchetta dopo che lo stesso non ha risposto alle ripetute richieste di procedere alla notifica degli atti processuali e dopo la sua decisione di costituire il suo domicilio nello Stato del Vaticano. A giugno, però, quando a due settimane esatte dalla formalizzazione in tribunale delle accuse di molestie era stato autorizzato a lasciare l’Argentina e rientrare a Roma, il vescovo aveva fornito tramite i suoi legali numeri di contatto e indirizzi e-mail alle autorità argentine in modo da poter essere aggiornato sullo stato del suo caso.

Un caso sicuramente tra i più intricati all’interno delle mura leonine. Monsignor Zanchetta era già stato protagonista di una strana vicenda di dimissioni da Orán, piccola diocesi al nord dell’Argentina caratterizzata da povertà e traffici di droga, dove Papa Francesco lo aveva posto il 23 luglio 2013 con una delle sue prime nomine episcopali. Nell’agosto 2017 il vescovo, allora 53enne (età ben lontana dai 75 anni richiesti per la pensione) aveva rinunciato alla guida della diocesi «a causa di motivi di salute» incurabili in quei luoghi. La sua improvvisa partenza, senza aver salutato né sacerdoti né fedeli, aveva dato adito a mille polemiche e speculazioni sul fatto che a motivo delle dimissioni vi fossero una «cattiva gestione finanziaria», una «crisi depressiva» o addirittura «pressioni» da parte dei narcotrafficanti.

LEGGI ANCHE – Argentina, sotto processo il vescovo Zanchetta per “abusi sessuali aggravati”

Per lungo tempo Zanchetta è rimasto desaparecido per poi riapparire qualche mese dopo ad un evento pubblico in Spagna, dove il Papa – come egli stesso ha rivelato nell’intervista a Televisa – lo aveva inviato per sottoporsi ad un test psichiatrico. Infine era giunto a Roma nominato “assessore” all’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (Apsa).

Da questo incarico istituito “ad hoc” nel Dicastero che si occupa delle proprietà della Santa Sede, ricevuto «in considerazione della sua capacità gestionale amministrativa», Zanchetta era stato sospeso dopo l’avvio delle indagini preliminari, nel gennaio scorso, per abusi sessuali. Un’accusa, questa, mai emersa nell’anno precedente – ancor meno durante il suo ministero o al momento della nomina in Curia – mossa a dicembre 2018 da alcuni sacerdoti e seminaristi che recriminavano al vescovo anche una cattiva gestione economica e di potere nel seminario da lui stesso creato dopo la nomina episcopale.

Diversi media argentini, in testa El Tribuno, riportavano in particolare la notizia che tre seminaristi avevano accusato il prelato davanti al nunzio a Buenos Aires, il congolese Kalenga Badikebele, di violenze sessuali in una casa della diocesi, mentre altri dieci sacerdoti parlavano di abusi di potere e mala gestione finanziaria all’interno del seminario di Orán. A conferma della cattiva condotta di Zanchetta erano state fatte circolare alcune foto compromettenti che un funzionario della diocesi avrebbe ritrovato per caso sullo smartphone del vescovo mentre scaricava materiale con il sistema Cloud. Zanchetta si è sempre dichiarato innocente e si è difeso affermando di essere stato hackerato.

Sulla base di queste accuse e di alcune testimonianze raccolte dal vescovo di Orán inviate alla Congregazione per i Vescovi, riguardanti soprattutto un presunto comportamento dispotico nei confronti del clero, Papa Francesco aveva deciso di avviare a maggio un processo nella Congregazione per la Dottrina della Fede di cui si attende la conclusione. «Lo lascio nelle loro mani. Di fatto, come vescovo, devo giudicarlo io, ma in questo caso ho detto no. Facciano un processo, emettano una sentenza e io la promulgo», spiegava Bergoglio nel colloquio con Valentina Alazraki.

L’8 giugno 2019, il prelato argentino è finito poi sotto processo nel suo Paese con l’accusa formale di «abusi sessuali continui aggravati» a danno di due seminaristi. Il giudice gli aveva ritirato il passaporto e tutti i documenti che avrebbero potuto aiutarlo ad uscire dal Paese e gli erano stati imposti obblighi di reperibilità e domicilio nonché disponibilità per essere sottoposto a perizia psichiatrica.

Quattordici giorni dopo, su richiesta degli avvocati difensori, il giudice di Garanzia Claudio Alejandro Parisi aveva autorizzato Zanchetta a lasciare l’Argentina e rientrare a Roma, in Vaticano, per motivi «di natura occupazionale», ovvero questioni di lavoro seppur egli fosse sospeso dall’incarico all’Apsa. Il provvedimento aveva scatenato dure proteste da parte del pubblico ministero incaricato del caso e anche della magistrata Filtrìn Cuezzo. La stessa che ora deciso di chiedere l’arresto.

La richiesta – che include anche un rapporto psichiatrico sul vescovo – è avvenuta a pochi giorni da una operazione di perquisizione presso la sede della diocesi di Oran, durante la quale sono stati confiscati documenti e computer contenenti dati contabili dal 2013 al 2017. Zanchetta, come detto. viene accusato anche di cattiva gestione dei fondi della diocesi, comprese le donazioni provenienti dai fedeli e i contributi statali, tra i quali 90mila dollari destinati alla costruzione di un seminario e alla riparazione di una casa parrocchiale.

Con queste accuse, sottolineano i media argentini, il presule rischia una pena massima di dieci anni di carcere, che, in caso di condanna, è probabile che sia ridotta in assenza di precedenti penali.


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Medidas contra un jesuita por abuso de menores.

La Compañía de Jesús recibe la resolución de un proceso
canónico abierto por un caso de abusos en Barcelona
El Superior Provincial de la Compañía de Jesús en España, P. Antonio
España S.J., ha dado a conocer hoy la resolución del proceso canónico y las
medidas que se imponen al P. Pere Sala S.J., de 95 años, a indicación de la
Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede. El proceso contra este
sacerdote se inició a comienzos de este año a raíz de las denuncias recibidas por
abusos sexuales cometidos a principios de la década de los 80, cuando ejercía como
profesor en el colegio San Ignacio de Sarrià, en Barcelona.
Siguiendo las indicaciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el
Superior General de la Compañía de Jesús, el P. Arturo Sosa S.J., impone al P. Pere
Sala un precepto penal con una serie de prohibiciones.
Se prohíbe al sacerdote celebrar públicamente los sacramentos, realizar
actividades apostólicas y pastorales de carácter público, mantener trato con menores,
conceder cualquier entrevista a medios de comunicación y tener perfiles en redes
sociales, ponerse en contacto con las víctimas y ausentarse de la comunidad en la que
reside sin permiso expreso del superior. En caso de incumplimiento podría ser castigado
con otras penas hasta la dimisión del estado clerical y de la Compañía de Jesús.
La ejecución de las medidas del precepto penal comenzará a partir del próximo
día 7 de octubre de 2019 y serán revisadas cada tres años. Deberá, además, hacer llegar
a las víctimas una petición escrita de perdón.
La resolución final y las medidas se comunicaron el viernes pasado al P. Pere
Sala y hoy mismo a las víctimas que presentaron la denuncia.
A principios de este año, como consecuencia de la investigación iniciada por
parte de la red de colegios de la Compañía de Jesús en Cataluña –Jesuïtes Educació- en
relación a abusos cometidos en el pasado, dos exalumnos del colegio Sant Ignasi de
Sarrià se pusieron en contacto para denunciar que habían sido víctimas de abusos por
parte de este sacerdote. Recibidas las denuncias, y ante la gravedad de los hechos, se
abrió un proceso canónico para investigar el caso y, a partir de ese momento, se
impusieron al jesuita medidas cautelares como su reclusión en una comunidad,
prohibición de contacto con menores y de realizar actividad pastoral y sacramental. A lo
largo del proceso no se ha recibido ninguna otra denuncia contra este sacerdote. El
informe de la investigación se envió a la Curia General de la Compañía de Jesús en
Roma el pasado 24 de abril.
Conforme al Derecho de la Iglesia, el procedimiento canónico se abrió por
decisión del Superior Provincial de España de la Compañía de Jesús. Consta de en una
fase de investigación y recogida de testimonios que concluye con un informe que se
envía a la Curia General de la Compañía de Jesús. Ésta, a su vez, la traslada a la
Congregación para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, por tratarse de un caso de
abusos cometidos por un sacerdote. Este organismo es el que determina el curso
procesal o las medidas que deben tomarse y las comunica a la Compañía de Jesús para
Nota de prensa
fecha de emisión: 7/10/2019
que proceda a su cumplimiento. En el Derecho canónico, los delitos de abusos a
menores cometidos por clérigos prescriben a los 20 años desde que la víctima alcanza la
mayoría de edad (18 años), pero la Congregación para la Doctrina de la Fe, en atención
a la gravedad de los abusos, puede decidir, en cada caso, levantar la prescripción, como
ha sucedido en este caso.
En relación con este caso, el pasado 16 de septiembre la Compañía de Jesús tuvo
conocimiento a través de la prensa de que las dos víctimas denunciantes habían decidido
presentar una querella por delito de omisión del deber de perseguir delitos. La
Compañía respeta el deseo de las víctimas de ejercer sus derechos y, fiel a su modo de
proceder, colaborará en todo lo que sea requerido por las autoridades judiciales.
Ante todo esto, queremos manifestar, una vez más, nuestro apoyo a todas las
víctimas de abusos y nuestra voluntad de escucharlas y acompañarlas. Lamentamos
profundamente el sufrimiento que algunos compañeros han infligido a personas a las
que debían cuidar y proteger.
Reiteramos nuestra voluntad de clarificar el pasado y los posibles casos de
abusos cometidos en nuestros centros, facilitando los mecanismos que sean necesarios
para ello, como los espacios de escucha y encuentro con las víctimas y todas aquellas
personas que quieran compartir con nosotros su testimonio. En este sentido, el proceso
de investigación abierto en diciembre de 2018 en el marco de Jesuïtes Educació, se
mantiene abierto, y cualquier persona que desee contactar con nosotros puede hacerlo a
través del correo electrónico escoltar@fje.edu. A lo largo de estos meses se han creado
también comisiones de escucha en diversos centros y ciudades de la Provincia de
España de la Compañía de Jesús, que se irán ampliando progresivamente.
Además, conscientes de la necesidad de dotarnos de recursos y estructuras
adecuados, la Provincia de España de la Compañía de Jesús ha creado la figura de
responsable de Entorno Seguro -que ocupa una profesional de la psicología, especialista
en casos de violencia y abusos-así como un Consejo de Entorno Seguro, formado en su
mayoría por personas externas a la Compañía de Jesús y que ayudará a seguir y
garantizar el rigor en el seguimiento de los casos.
Queremos recordar también que seguimos trabajando con determinación y
compromiso para hacer de nuestros centros un entorno seguro, con programas de
formación y protocolos de actuación dirigidos a toda la comunidad educativa.
Concretamente, en los centros de Jesuïtes Educació se están llevando a cabo programas
de formación y prevención en colaboración con la Fundación Vicki Bernadet, para
familias, alumnos/as y educadores/as, y que permiten prevenir, detectar y gestionar
casos de abusos o conductas impropias.


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Acusación a un exmonseñor de S. Pedro del Vaticanzo por abuso menores antes del 2012

St. Peter’s Basilica. iStock photo

Pope Francis has removed the statute of limitations to enable the prosecutor of the Vatican City State to ask its tribunal to send the Rev. Gabriele Martinelli, an Italian priest, for civil trial. He is accused of the sexual abuse of altar boys who served the papal Masses in St. Peter’s Basilica and who lived in a Vatican pre-seminary in the years before 2012. The prosecutors have also sent the Rev. Enrico Radice, the rector of the seminary during the years the alleged abuse took place, for trial on charges of abetment.

The Vatican broke the news in a press statement sent to the international media on Tuesday evening, Sept. 17. The Vatican said its investigation began in November 2017 after news of the alleged assaults “was divulged by press outlets.”

It went on to state that “the facts go back to the years in which the law in force at the time prevented the [judicial] process in the absence of a charge brought by the offended person that had to be presented within one year of the contested facts.” It said that “the sending for trial was made possible by virtue of a special provision of the Holy Father on July 29 last, that removed the cause of not-proceeding.” The pope’s decision to remove the statute of limitations prevailing in 2012 was essential to allowing the prosecution to proceed.

Italian television first broke the news, which was then carried by other media, including Il Fatto Quotidiano, which spoke to some of the victims. These media outlets allege that the priest, now 26 years old, abused altar boys in a pre-seminary within the Vatican.

The Rome daily, Il Messagero, said the alleged abuse, which took place around 2012 and in previous years, also involved the abuse of authority because though at the time a seminarian himself, Father Marinelli was acting in a role as a superior.

The Rome daily, Il Messagero, said the alleged abuse, which took place around 2012 and in previous years, also involved the abuse of authority because though at the time a seminarian himself, Father Marinelli was acting in a role as a superior. It said Father Martinelli was ordained a priest for the Diocese of Como on June 10, 2017.

It also reported that the Italian state prosecutor had opened an investigation into the case, according to the Lateran Treaty between the state and the Vatican. It quoted Cardinal Angelo Comastri, the archpriest of St. Peter’s, who had originally denied that there were such abuses. Vatican investigators have concluded otherwise. The accusations against Father Martinelli first surfaced in anonymous letters to the Vatican.

An Italian journalist, Gian Luigi Nuzzi, also broke the news in 2017 in his book Peccato Originale, citing the testimony of a young Polish man and former altar boy in that junior seminary. Father Martinelli, who was ordained that year, was never suspended from ministry, according to Italian media.

[Explore America’s in-depth coverage of sexual abuse in the Catholic Church.]


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Mons. McCarrick rompe el silencio y se defiende a si mismo.

McCarrick rompe il silenzio: “Non sono così cattivo come mi dipingono”

La scrittrice statunitense Ruth Graham ha incontrato l’ex cardinale di Washington, spretato dal Papa per abusi, nel convento in Victoria dove risiede. Nega le molestie in confessionale: «Sono stato sacerdote per 60 anni, e non avrei mai fatto niente del genere». Sull’ex nunzio Viganò: «Parla come un rappresentante dell’estrema destra, non è un bugiardo ma non dice tutta la verità»

CITTÀ DEL VATICANO. «Non sono così cattivo come mi dipingono». E l’ex nunzio Viganò è «un rappresentante dell’estrema destra» che non è certo un «bugiardo» ma non dice tutta la verità. Alla fine ha rotto il silenzio Thedore McCarrick, l’ex cardinale arcivescovo di Washington spretato da Papa Francesco, che già gli aveva revocato la porpora, per una cattiva condotta sessuale a danno di giovani e minori.

Recluso da settembre nelle quattro mura del convento di St. Fidelis Friary a Victoria, in Kansas, conosciuta anche come la «Cattedrale della Pianura», meta di circa 16mila turisti all’anno, l’89enne McCarrick partecipa alla vita quotidiana del convento: pasti, messe, preghiere serali e confessione settimanale, lunghe soste in cappella o in biblioteca. Conduce insomma la vita di un monaco questo ex porporato, grande viaggiatore, in passato considerato tra i prelati più influenti di tutto il nord America, che godeva di simpatie tanto nella Casa Bianca quanto nelle alte sfere della Curia romana sotto gli ultimi tre pontificati.

In quello che per lui è stato l’annus horribilis, il 2018, con le accuse pubbliche di abusi su minori e giovani seminaristi, che hanno portato prima la sospensione da ogni ruolo pubblico, poi alla revoca della porpora conferitagli da Giovanni Paolo II e infine, nel febbraio 2019, alla dimissione dallo stato clericale senza possibilità di ricorso, Theodore McCarrick non aveva mai proferito parola. Mai una replica, una intervista, una lettera di scuse o in difesa di se stesso. Solo il silenzio in questo edificio distante mille miglia dai luoghi in cui sarebbero avvenuti i suoi crimini.

Lo scorso 14 agosto ha deciso invece di parlare – seppur per pochi istanti – con la nota scrittrice cristiana statunitense, collaboratrice della rivista online “Slate”, Ruth Graham, che lo ha incontrato nel convento di San Fedele. Lì la donna ha trascorso qualche giorno dialogando anche con altri soggetti come i cittadini del posto e i frati che vivono nel complesso, tra cui il parroco della basilica e l’ex provinciale dei cappuccini. L’articolo è stato pubblicato il 3 settembre e ha presto ottenuto ampia eco nei media statunitensi dove la vicenda McCarrick è tutt’altro che conclusa.La giornalista riporta della atmosfera pesante intorno alla presenza dell’allora pastore di Washington nel Victoria: «Una piccola città di devoti credenti che ospita un simbolo internazionale di mostruosità istituzionale e individuale», scrive. «Molti dei suoi abitanti, a quanto pare, non ne sono contenti». I cappuccini, ai quali è affidata la gestione della basilica, l’hanno invece accolto prendendola come una missione: da seguaci di san Francesco, noto per abbracciare anche i lebbrosi o i reietti, la loro priorità è «aiutare le persone a modificare la loro vita, a cambiare vita, a pentirsi. I cristiani, anche quando è difficile, sono chiamati a mostrare misericordia», spiega l’ex provinciale padre Christopher Popravak. Inoltre, per McCarrick «è diventato impossibile trasferirsi perché nessuno lo vorrà».

Troppo grande lo scandalo intorno all’ex arcivescovo che resterà quindi a San Fedele, dove ha come condizione quella di non lasciare il convento nemmeno per entrare nell’adiacente basilica. Eppure lui stesso, parlando rapidamente della sua vicenda con la Graham prima di un pranzo, sembra quasi dichiararsi innocente. «Non sono così cattivo come mi dipingono. Non credo di aver fatto le cose di cui mi hanno accusato», afferma.

In particolare McCarrick commenta le accuse di James Grein, un uomo della Virginia che sostiene di essere stato molestato in confessionale dall’ex cardinale. In agosto Grein ha fatto causa all’arcidiocesi di New York sulla base di una nuova legge che estende i termini temporali in base ai quali i minori vittime di molestie sessuali possono ricorrere alla magistratura. «La storia della confessione, è una cosa orribile. Sono stato sacerdote per 60 anni, e non avrei mai fatto niente del genere… Era orribile, prendere il Santo Sacramento e farne una cosa peccaminosa», dice McCarrick.

E sottolinea anche che tutti quei seminaristi che raccontano di essere stati abusati nei weekend nella famigerata casa al mare in New Jersey in realtà «sono stati incoraggiati» a sviluppare queste storie e condirle di dettagli. Incoraggiati da chi? Dai «nemici», risponde McCarrick senza identificare meglio i soggetti, che hanno avviato una vera e propria «campagna» contro di lui. «Erano molti a trovarsi in quella situazione e non hanno mai avuto problemi di questo tipo», afferma.

Durante questa sorta di intervista l’ex cardinale fa cenno infine alle dichiarazioni dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò, nunzio apostolico emerito negli Stati Uniti, contenuti nel suo memoriale diffuso la scorsa estate. Nel documento il prelato affermava che la cattiva condotta sessuale dell’allora cardinale della capitale federale Usa era nota da tempo tra le mura vaticane e che fossero presenti interi dossier a riguardo, tanto da obbligare Benedetto XVI a imporgli delle sanzioni. McCarrick liquida le dichiarazioni di Viganò in poche parole: Viganò «parlava come rappresentante dell’estrema destra», dice, «non voglio dire che è un bugiardo, ma credo che alcuni vescovi abbiano detto che non stesse dicendo la verità».


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Australia: el Tribunal Supremo rechaza la apelación del Card. Pell

cardinale Pell GeorgeCardenal Pell George 

El Tribunal australiano rechaza la apelación del Cardenal Pell

La Corte Suprema de Victoria, en Australia, ha confirmado la condena emitida en febrero en el juicio en primera instancia por abusos sexuales contra menores. Los abogados del Purpurado disponen de 28 días para presentar la última apelación posible. La Oficina de Prensa del Vaticano señala, en un comunicado, que la Santa Sede confirma su cercanía a las víctimas de abusos sexuales y su compromiso de perseguir a los miembros del clero que son responsables de ello.

Poco después de las 9.30 a.m. en Melbourne, a la 1.30 a.m. de Italia, de este miércoles 21 de agosto, se anunció la decisión de los jueces después de la audiencia de apelación celebrada a principios de junio. La decisión llega después de que un primer juicio por “delitos históricos” de abuso sexual finalizara sin veredicto, lo que dio lugar a un nuevo juicio en el que el jurado aprobó por unanimidad un veredicto de culpabilidad. En cambio un segundo cargo fue rechazado por el tribunal por falta de pruebas admisibles.

El comunicado de la Oficina de Prensa de la Santa Sede

Reafirmando su respeto por las autoridades judiciales australianas, como se declaró el 26 de febrero con ocasión de la sentencia en primera instancia, la Santa Sede – informa el Director de la Oficina de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni – toma nota de la decisión de rechazar la apelación del Cardenal George Pell. A la espera de conocer la evolución del proceso judicial, recuerda que el Cardenal siempre ha confirmado su inocencia. Y que tiene derecho a apelar ante el Tribunal Supremo. En esta ocasión, junto con la Iglesia de Australia, la Santa Sede confirma su cercanía a las víctimas de abusos sexuales y su compromiso, a través de las autoridades eclesiásticas competentes, de perseguir a los miembros del clero responsables de los mismos.

Los hechos durante el juicio

Pell había sido nombrado Obispo auxiliar en la Arquidiócesis de Melbourne en 1987, convirtiéndose en Arzobispo Metropolitano de la ciudad en 1996. En abril de 2013, el Papa Francisco lo había nombrado miembro del Consejo de Cardenales y, en febrero de 2014, Prefecto de la recién creada Secretaría para la Economía.

A finales de junio de 2017, después de dos años de investigaciones en Australia, había sido acusado formalmente de varios cargos por “crímenes históricos de violencia sexual” en dos casos separados.

En una declaración hecha entonces, el Cardenal Pell se había declarado “inocente de estas acusaciones”, calificándolas de “falsas” y añadiendo que “la idea de abusos sexuales es aberrante para mí”. Y había anunciado que regresaría a Australia para “limpiar su nombre”. El mismo día, la Santa Sede había emitido una declaración mediante la que anunciaba que el Papa Francisco había concedido al Purpurado un período de permiso para permitirle “defenderse” en Australia.

Según otra declaración emitida el 26 de febrero de 2019 por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Papa Francisco ha confirmado las medidas cautelares ya adoptadas contra el Cardenal Pell por el Ordinario local a su regreso a Australia, que le prohíben “el ejercicio público de su ministerio” y “el contacto de cualquier manera y en cualquier forma con menores de edad”.

Las pruebas en su contra

El 1° de mayo de 2018, el Cardenal Pell presentó una solicitud de “no culpabilidad” ante la Corte de Magistrados de Melbourne, que le ordenó comparecer para el juicio. Los cargos dieron lugar a dos procedimientos llamados “Juicio de la catedral” y “Juicio de los nadadores”. En el primer caso, el Cardenal Pell fue acusado de actos obscenos y de agresión sexual contra dos chicos del coro en la sacristía de la catedral de Melbourne después de la Misa del mediodía, a finales de 1996 y de nuevo a principios de 1997. En el segundo caso, los cargos fueron de agresión sexual a dos chicos que lo habían acusado de haberlos palpado mientras estaban en la piscina a finales de los setenta.

Las deliberaciones del jurado sobre el “Juicio de la catedral”, que comenzó en agosto de 2018, no tuvieron éxito porque los jurados no lograron llegar a un veredicto unánime o mayoritario. Un nuevo juicio comenzó en noviembre con un nuevo jurado que en diciembre llegó a la conclusión de que, sobre la base de las pruebas presentadas en el tribunal, Pell es culpable.

Debido a una “Suppression order” (una orden que, según la ley australiana, impide a los medios de comunicación divulgar los hechos de un juicio en curso) para proteger el derecho del Purpurado en un juicio ecuánime en relación con el “Juicio de los nadadores” que aún no se había celebrado, el veredicto de condena sólo se anunció el 26 de febrero de 2019. Al mismo tiempo, se hizo de dominio público que el segundo juicio, previsto para abril, no se celebraría por falta de pruebas admisibles.

Los hechos después del juicio

En un Briefing del 12 de diciembre de 2018, el entonces Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke, explicó que a finales de octubre el Papa Francisco había despedido al Cardenal Pell del Consejo de Cardenales debido a su “avanzada edad”.

Posteriormente, a finales de febrero, el Director “ad interim” de la Oficina de Prensa, Alessandro Gisotti, confirmó que el mandato de cinco años del Cardenal Pell como Prefecto de la Secretaría para la Economía, comenzado en febrero de 2014, había concluido y que, por tanto, su servicio en el Vaticano había terminado.

La audiencia para establecer la sentencia se celebró el 13 de marzo de 2019. Pell fue condenado a seis años de prisión, de los cuales debe cumplir al menos tres años y ocho meses. Inmediatamente después de la condena, el Purpurado apeló. Luego lo llevaron a la cárcel, donde comenzó a cumplir su condena. La audiencia de apelación se celebró los días 5 y 6 de junio.

El miércoles, el mundo sabrá si la Corte Suprema de Victoria confirmará o revocará el veredicto. El resultado es incierto. Dependiendo de los argumentos de la defensa y de la acusación que tengan en cuenta los jueces, existen tres posibilidades diferentes. La Corte puede anular completamente el veredicto del jurado, porque no está respaldado por las pruebas presentadas; puede declarar el juicio nulo y ordenar uno nuevo; o puede confirmar el veredicto del jurado. En cualquier caso, la decisión podría no ser la última, ya que tanto Pell como la fiscalía pueden apelar ante la Alta Corte australiana.