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Cómo se presenta la conferencia de todos los presidentes de las conferencias episcopales.

Papa Francisco en audiencia con el Cardenal Cupich.Papa Francisco en audiencia con el Cardenal Cupich.  (Vatican Media)

Card. Cupich: “la reunión de obispos en febrero cambiará el proceder en la Iglesia”

El objetivo que tiene la asamblea convocada por el Papa Francisco con todos los representantes de las conferencias episcopales del mundo será evaluar las nuevas políticas de transparencia y responsabilidad con las cuales la Iglesia hará frente a los problemas de los abusos.

José Villanueva – Ciudad del Vaticano

Falta dos meses para la reunión convocada por el Papa Francisco de todos los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo en la Ciudad del Vaticano, para discutir el tema de los abusos ocasionado por ciertos miembros del clero.

El Arzobispo Metropolitano de Chicago, Cardenal Blase Joseph Cupich, miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, brinda una entrevista al medio estadounidense Crux Now, donde señala que la próxima cumbre contra los abusos en la Iglesia, traerá un cambio profundo en las formas en cómo se procederá en adelante ante estos temas que desde hace muchos años afectan al clero eclesiástico.

“El Papa Francisco está buscando la plena participación de la Iglesia mundial para garantizar la protección de los niños de todo el mundo contra el abuso sexual clerical”: fueron las palabras del Arzobispo de Chicago, en referencia a la protección de los menores en la Iglesia.

Participantes en la cumbre contra los abusos

Aparte de la presencia de todos los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo, estarán presentes los jefes de las Iglesias católicas orientales y los superiores de algunos Dicasterios del Estado de la Ciudad del Vaticano; como la Secretaría de Estado, la Doctrina de la Fe, la de Iglesias orientales, la Congregación para los Obispos, Clero, Vida consagrada, Evangelización de Pueblos, y la de Laicos-Vida familiar; así como representantes de religiosos y religiosas de todo el mundo.

 

Además del Cardenal Cupich, estarán presente los otros miembros del Comité Organizador: el Cardenal Oswaldo Gracias, Arzobispo de Bombay, India; Mons. Charles Scicluna, Arzobispo de Malta y Secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe; el jesuita Hans Zollner, Presidente del Centro para la Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana y miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, nombrado referente del propio Comité.

Otro dato novedoso será la participación de dos laicas en los trabajos preparatorios de esta reunión, como la Dra. Gabriella Gambino, Subsecretaria de la Sección de Vida y la Dra. Linda Ghisoni, subsecretaria de la Sección de Fieles laicos, el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida; la Comisión Pontificia para la Protección de Menores y algunas víctimas de abusos por parte del clero.

La prioridad de la Iglesia es proteger a los niños

En ese sentido, el Arzobispo Cupich, confirma la preocupación e interés que el Obispo de Roma, tiene por esta reunión es garantizar la protección de los niños y el acompañamiento de quienes han sido víctimas de abusos, lo que para la Iglesia y todo el pueblo de Dios son una prioridad fundamental.
“Al convocar una reunión global, se trata de resolver un problema global y fortalecer nuestro compromiso compartido como iglesia, para establecer la capacidad de respuesta, la responsabilidad y la transparencia. Especialmente para con los obispos, donde se pueda encontrar una búsqueda de comprensión global de los fallos pasados y soluciones globales que miren hacia el futuro”.

Cambio en el proceder de la Iglesia

Por último, el cardenal Cupich, entiende la incertidumbre que pueda existir en varios católicos del mundo, quienes están a la espera de resultados concretos de esta reunión, pero subraya que, para abordar completamente el problema del abuso sexual, es importante que todos los pastores de la Iglesia tengan el objetivo de llegar a una transformación profunda.

 

“El Papa Francisco pide un cambio de cultura, es decir, una reforma de nuestro enfoque del ministerio, porque además de ser un delito, el abuso sexual de menores por parte de los clérigos se refiere a la corrupción de nuestro ministerio, por lo que esta reunión debe entenderse como parte de un compromiso con Reforma a largo plazo, porque solo una reunión no resolverá todos los problemas”, finaliza.

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Chile: problemas en la iglesia en torno al encubrimiento de abusos contra menores

V

Abusos en Chile: la acción de la justicia que incomoda al Vaticano

Allanamientos e imputaciones a varios obispos por supuestos encubrimientos de abusos contra menores preocupan en la Santa Sede. Las razones de la renuncia del cardenal Francisco Javier Errázuriz al C-9, el consejo de cardenales que asesora al Papa Francisco

Abusos en Chile: la acción de la justicia que incomoda al Vaticano

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Pubblicato il 22/11/2018
Ultima modifica il 22/11/2018 alle ore 12:08
ANDRÉS BELTRAMO ÁLVAREZ
CIUDAD DEL VATICANO

Francisco Javier Errázuriz será citado a declarar como imputado por la justicia chilena. Ocurrirá en breve. El cardenal es acusado de encubrimiento de abusos sexuales contra menores. Arzobispo emérito de Santiago, por años el hombre fuerte de la Iglesia en su país, hoy afronta su peor momento. Su añeja relación de cercanía con Francisco está completamente rota. Por eso acaba de viajar a Roma para confirmar su renuncia al C-9, el consejo de cardenales asesores del pontífice. Pero en el Vaticano otra cosa incomoda: La “espectacularización” de la fiscalía chilena a la investigación de los abusos. La excesiva exposición mediática de los allanamientos a diversas diócesis del país. Como si la justicia buscase recuperar credibilidad a costa de una historia trágica.

 

Errázuriz se apresuró a certificar su salida del C-9 antes de su citación judicial y la formalidad de su imputación. Así, ya nadie podría decir que el Papa aceptaba su renuncia por “presiones judiciales”. Aunque, a decir verdad, desde hace semanas Francisco había decidido dar por terminada la participación del purpurado chileno en ese organismo. Pero la determinación no se haría efectiva, al menos, hasta el próximo mes de diciembre cuando está prevista una nueva sesión de trabajo del consejo.

 

Como explicó el mismo arzobispo emérito el 14 de noviembre a la radio chilena Cooperativa, en estas semanas se cumplieron los cinco años que duraba el primer nombramiento de los miembros del C-9. Por eso, agregó, “fui a Roma a despedirme del Papa y a agradecerle el fecundo trabajo que nos confió para reformar la Curia Romana”. Como era previsible, él buscó por todos los medios desconectar su renuncia de la crisis por los abusos y presentarla como una salida natural, pero la realidad manifiesta otra cosa.

 

Pero, en el contexto de la crisis chilena, la suerte del cardenal Errázuriz no es lo que más preocupa en el Vaticano. En la Secretaría de Estado y en el entorno del Papa incomodan especialmente los allanamientos que, en los últimos meses, las autoridades judiciales han conducido sobre sedes de diversas diócesis del país.

 

Esta preocupación quedó de manifiesto el 13 de octubre pasado, cuando el presidente Sebastián Piñera llegó al Vaticano en visita oficial. El tema salió a relucir en la audiencia privada con Francisco y en la posterior reunión, también a puertas cerradas, con el secretario de Estado, Pietro Parolin.

 

En ambas conversaciones, el mandatario dejó en claro que, por la división de poderes, él no puede intervenir en la acción del Ministerio Público. Además, hizo hincapié (varias veces) en la necesidad imperiosa que la Iglesia católica recupere el prestigio de antaño. Incluso mantuvo sus puntos de vista, de forma reiterativa, durante una comida que el presidente ofreció a Parolin y una delegación vaticana, ese mismo sábado en el Círculo del Ajedrez de Roma.

 

El otro elemento que ha causado perplejidad y molestia en la Curia Romana, está relacionado con el excesivo protagonismo que ha asumido en la investigación por abusos el Fiscal Nacional chileno, Jorge Abbott. Sus insistentes apariciones en la prensa nacional, en alguna de las cuales ha acusado abiertamente a la Iglesia de no tener voluntad de cooperación, en Roma son consideradas innecesarias y exageradas.

 

Por lo pronto, aún está pendiente una respuesta del Vaticano a la solicitud formal de colaboración judicial requerida avanzada por la fiscalía chilena. Aproximadamente unos dos meses atrás fue entregada en la Santa Sede una carta rogatoria, documento transmitido (como indica el protocolo internacional) por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

 

Ese texto pidió oficialmente información específica en poder de la Curia sobre varios de abuso, además de solicitar una copia del llamado “Informe Scicluna”, el expediente redactado por el arzobispo de Malta tras su viaje a Chile en febrero pasado y durante el cual levantó testimonios de unas 50 personas.

 

Al mismo tiempo, la rogatoria propuso también la creación de algún tipo de instancia de cooperación judicial estable o la firma de un memorándum de cooperación penal, como suele ocurrir en estos casos. Por ahora, la primera respuesta vaticana ha sido protocolar y en espíritu e colaboración, pero aún no se ha avanzado a la entrega de información puntual y nadie sabe si esto ocurrirá alguna vez. Las rogatorias están basadas en el principio de cooperación y buena voluntad, pero los Estados no están obligados a responder si no consideran procedente la solicitud.

 

Mientras tanto, diariamente siguen saliendo a la luz noticias sobre diligencias judiciales en torno a la causa de abusos en Chile. Una herida perennemente sangrante. En medio de estas discusiones mediáticas, los obispos tuvieron su asamblea plenaria 117 (del 12 al 16 de noviembre) durante la cual Santiago Silva Retamales, ordinario militar y presidente de ese organismo, fue ratificado en el puesto luego de presentar su renuncia voluntaria. No hubo una votación formal sobre el particular, pero si una manifestación general sobre el deseo de su continuidad, aunque él se encuentra entre los clérigos imputados por supuesto encubrimiento.

 

En esa reunión, los obispos también estudiaron el boceto de un acuerdo de colaboración mutua con la Fiscalía Nacional para la investigación de los delitos de abusos contra menores cometidos en el seno de las instituciones de la Iglesia católica. Según anticiparon fuentes oficiales, el documento se debería firmar en las próximas semanas”.

 

Según datos difundidos por la prensa en Chile que citan fuentes de la Fiscalía, hasta el momento existen 139 investigaciones en curso contra 190 miembros de la Iglesia en Chile, delitos que habrían afectado a 245 víctimas, de las cuales 102 resultarían menores de edad al momento de los hechos.


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Discrepancia entre obispos USA y Vaticano

Bishops continue to define response to sex abuse despite Vatican call for delay

Members of the U.S. Conference of Catholic Bishops gather for the USCCB’s annual fall meeting on Nov. 12, 2018, in Baltimore. (AP Photo/Patrick Semansky)

BALTIMORE (RNS) — As the U.S. bishops’ meeting in Baltimore ends today (Nov. 15), the most newsworthy happening is still Monday’s last-minute instruction from the Vatican to delay any vote on new procedures to sanction or otherwise deal with bishops who had either abused children or failed to remove abusive priests from ministry.

The instruction, in the form of a letter from the Congregation of Bishops in Rome, threw the gathering in Baltimore into chaos on its opening day.

The president of the U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB), Cardinal Daniel DiNardo of Galveston-Houston, openly expressed his disappointment with the Vatican’s intervention. He and other bishops felt their house was burning down, and the Vatican was asking them to delay turning on the fire hoses.

Other bishops were secretly relieved. Some questioned the proposals for how to deal with abuse, which had been put together quickly in response to the Pennsylvania grand jury report and the scandal over ex-Cardinal Theodore McCarrick. Those who wanted the reforms to pass feared they would fail to get the necessary two-thirds vote for passage. Now both groups could buy time while blaming the Vatican for their inaction.

From any vantage, the Vatican intervention was extremely disappointing. It contradicts everything Francis has said about empowering bishops’ conferences and decentralizing decision-making in the church. It was also a public-relations disaster for the pope, who is already losing the confidence of Catholics on the abuse issue, according to a September poll from the Pew Research Center: Only 31 percent of Catholics thought the pope was doing a good or excellent job handling the sex abuse scandal, down from 55 percent three years ago.

Though DiNardo didn’t release the Vatican’s letter, he and others explained that the Vatican worried that any procedures American bishops agreed on could pre-empt discussions at a meeting of the world’s top bishops called by the pope for February. If the American procedures for dealing with bad bishops became a de facto template for the rest of the world, the congregation also sees the proposed actions as an infringement on its authority, arguing the conference has no authority over bishops.

The day was saved by Cardinal Blase Cupich, the archbishop of  Chicago, who suggested that the bishops continue discussing the proposals and treat them as recommendations that DiNardo, as USCCB president, could take to the February meeting.

There were three interrelated proposals on the agenda.

The first was a document titled “Standards of Episcopal Conduct,” which each bishop would be asked to sign. Since the conference has no canonical authority over bishops, each bishop would have to voluntarily commit himself to following the standards. This voluntary system was an attempt to deal with Vatican objections that only the pope can investigate and judge a bishop.

The seven-page document also states that the 2002 “Charter for the Protection of Children and Young People” applies to bishops as well as priests and deacons. It also deals with sexual harassment and sexual misconduct with an adult by a bishop. It reiterates the bishops’ commitment to the charter, including reporting abusive priests to police and removing them from ministry. It also commits the bishops to help in enforcing these norms on one another and to making sure that candidates for the episcopacy are truly suitable.

The second proposal called for a third-party reporting mechanism that would field accusations against bishops for failing to observe the above. Many organizations have such reporting mechanisms for dealing with misconduct by management. A third-party vendor would establish an “ethics hotline” for complaints.

These complaints would be referred to a special commission recommended in a third proposal. The commission of six laity and three clergy would review and investigate alleged violations of the Standards of Episcopal Conduct. The results would be sent to the nuncio, who represents the pope in the United States, since only the pope has the authority to punish bishops.

Some bishops also questioned the need for a special commission, saying it would be better to have the metropolitan archbishop handle investigations of bishops in his province using his archdiocesan review board. If the archbishop were accused, he would be investigated by the most senior bishop in the province. This, of course, has the same credibility problem as cops investigating cops.

Since the standards cite the 2002 charter, they could not be enforced retroactively. Thus, the review process could investigate only failure to protect children after 2002.

The McCarrick question was behind another document that described what to do about bishops who left their office due to sexual abuse, sexual misconduct or failure to protect children. It pointed out that a diocesan bishop could restrict the ministry of any retired bishop in his diocese.

It also suggested that the USCCB president could disinvite them from conference meetings. Robert Finn of Kansas City, James Timlin of Scranton and Cardinal Roger Mahony of Los Angeles, all of whom were condemned for their bad handling of abuse, were at this November meeting. Some bishops consider their presence an embarrassment.

DiNardo appointed an ad hoc task force of past presidents of the USCCB to finalize these proposals, including fleshing out two different options — one with a special commission and another using the metropolitans as the one to deal with accusations against a bishop. He also asked them to study national guidelines for the publication of names of clerics facing substantiated claims of abuse.

The calls for increased diligence raised questions for the bishops about the standard for putting a priest’s name on a public list of offenders. Bishops fear publicizing unsubstantiated allegations but also fear accusations of cover-up. Some bishops have left it to their diocesan review boards to determine whose names are made public.

There was also discussion about what terms like “credible” and “substantiated” allegations mean. Bishop Shawn McKnight of Jefferson City said he defined “credible” as “more likely than not.” He also established another category, “judged unfit for ministry by the bishop.”

It was difficult to judge the sense of the assembly since no votes were taken on the proposals. There was general agreement that their credibility was at stake.

DiNardo and others reported that their people were especially upset by the McCarrick scandal. Bishop Liam Cary of Baker was applauded when he called on the conference to censure McCarrick, but no one made the motion.

Many bishops called for a full report on how McCarrick could be promoted in the church despite his sexual harassment of seminarians. The bishops considered a resolution encouraging the Holy See to release all the documentation regarding the allegations against McCarrick, but it failed by a vote of 83 to 137 after it was pointed out that the Holy See had already promised a report.

In any case, the Vatican and the dioceses where he served need to come clean.

On the other hand, some bishops, like Thomas Olmsted of Phoenix, continued to spout nonsense in blaming the abuse crisis on dissident theologians who objected to the church’s ban on artificial contraception. Archbishop Salvatore Cordileone of San Francisco called for a study of the relationship between homosexuality and sexual abuse.

Bishops were the problem, not theologians and gays!

The delay puts more pressure on the February meeting in Rome called by the pope to deal with clerical abuse. Great hopes, perhaps unrealistic hopes, are now being placed on this meeting of episcopal conference presidents. Granted that the U.S. bishops are way ahead of most bishops of the world in dealing with abuse, this meeting may be another disappointment. Four days will not be enough time to deal with this crisis on a worldwide basis.

The slowness of the hierarchy in dealing with sexual abuse and episcopal accountability is discouraging. Hopefully, the time will be used to continue to study the issues and develop better policies and procedures. Meanwhile, the bishops and the Vatican need to recognize that the house is burning, and people are heading for the exit.


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USA: aplazamiento de nuevas normas de los obispos sobre abusos a menores-

La Santa Sede y la Iglesia estadounidense; sinodalidad y tradición

Un análisis sobre la petición de postergar una votación y las reacciones de los que olvidan la tradición
AFP

La asamblea del episcopado estadounidense en Baltimore

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Pubblicato il 17/11/2018
ANDREA TORNIELLI
CIUDAD DEL VATICANO

 

Que la Iglesia viva tiempos difíciles y que los tiempos para la Iglesia estadounidense sean particularmente duros son cosas evidentes para todos. Lo demuestran también la enésima señal que llega de Estados Unidos y las reacciones a la decisión vaticana de pedir que se postergara la votación sobre las nuevas medidas para combatir los abusos sexuales que estaban por ser promulgadas por la Conferencia Episcopal del país.

 

Dos de los tres textos preparados por el comité ejecutivo del episcopado estadounidense provocaron algunas perplejidades en la Santa Sede. Los documentos fueron enviados a Roma en vísperas de la asamblea general de los obispos, que comenzó en Baltimore el lunes 12 de noviembre. Fue como si se tratara simplemente de una comunicación formal. En pocos horas, los que analizaron los textos en el Vaticano identificaron dos tipos de problemas: la falta de conformidad con lo que establece el Código de Derecho canónico una cierta generalización sobre algunos delos estándares establecidos para juzgar la responzabilización (accountability) personal de los obispos a la hora de ocuparse de casos de abusos. Con esta generalización, en algunos casos, habría sido difícil que algunos obispos se mantuvieran dentro de los estándares o incluso que fueran conscientes de haberlos violado.

 

Además, la votación del episcopado estadounidense de estas nuevas líneas guía se habría llevado a cabo cuando faltan poco más de dos meses para la cumbre a la que convocó el Papa Francisco sobre los abusos, en la que participarán todos los presidentes de las Conferencias Episcopales del planeta. El cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación para los Obispos, por indicación del Papa, escribió una carta al presidente de los obispos estadounidenses, el cardenal Daniel DiNardo, en la que pidió que se postergara la votación de las líneas guía (no la discusión). DiNardo, el lunes 12 de noviembre comunicó la decisión durante la asamblea general, manifestando toda su desilusión: se refirió a la «insistencia» de la Santa Sede, descargando toda responsabilidad sobre el Vaticano, como si señalar a los obispos las incongruencias de las normas (que estaban por ser sometidas a votación) con respecto al Código de Derecho Canónico fuera una injerencia indebida.

 

En tiempos “normales”, un episodio de este tipo habría provocado reacciones bastante diferentes. La presidencia del episcopado y el comité que redactó las normas que hay que corregir habrían suscrito la preocupación de la Santa Sede y habrían invitado a los obispos a discutir más al respecto antes de someter todo a una elección. O habrían declarado que había peticiones por parte del Vaticano y que la presidencia las suscribía. Tan es así que nadie en Roma pidió que los obispos dejaran de discutir sobre estos textos (por lo que parecen, por lo menos, ingenuas las declaraciones entusiastas de quienes afirman que los obispos estadounidenses se mantuvieron firmes y siguieron discutiendo los documentos).

 

Es curioso que la galaxia político-mediática anti-papal (esa que convirtió al ex nuncio Carlo Maria Viganò en una especie de estandarte, normalmente tan atenta a la más mínima coma de la tradición y de la doctrina) haya denunciado, con tal de atacar a Francisco, un escándalo, fingiendo no darse cuenta de que la objeción de las autoridades vaticanas tenía que ver con las directrices del Derecho canónico y del Código promulgado por san Juan Pablo II.

 

Sorprende también que los que han instrumentalizado la decisión vaticana de postergar la elección (no la discusión) con el objetivo de denigrar al Papa en nombre de la colegialidad no respetada son algunos de los que en estos años siempre han considerado como un obstáculo cualquier alusión a la colegialidad misma, considerándola no un aspecto constitutivo de la vida de la Iglesia desde sus orígenes, sino un peligro insidioso para la integridad del primado Petrino. En realidad, la acusación de la galaxia político-mediática anti-papal y sus seguidores clericales, se puede invertir sin grandes esfuerzos: precisamente para respetar la colegialidad, la Santa Sede pidió que se postergara la votación, en vista del encuentro de febrero de 2019 en el que participarán todos los presidentes de los episcopados del mundo para discutir sobre el argumento.

 

Reconocer los errores cometidos en el caso chileno, el encuentro de febrero del año que viene en el Vaticano y el nombramiento del arzobispo maltés Charles Scicluna como secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe demuestran que el Papa en persona y la Santa Sede pretenden proseguir en la lucha contra el fenómeno de los abusos sexuales, en la prevención de los mismos abusos, en una mejor formación de los seminaristas, en la escucha y el acompañamiento de las víctimas, en el cambio de la vieja pero desgraciadamente todavía arraigada mentalidad que tiende a encubrir con tal de no provocar escándalo. Todo esto acompañado por la conciencia de que no son solo las normas o las leyes, o los estándares éticos, los que serán capaces de extirpar el mal y el pecado. Por la conciencia de que la salvación nunca podrá llegar ni ser garantizada por códigos de comportamiento.

 

La Iglesia no es capaz de auto-redimirse gracias a reglas cada vez más precisas y detalladas. No puede correr el riesgo de ser comparada con una “corporación”, perdiendo la propia naturaleza. Por este motivo, la oración y la penitencia, la conversión, la renovación espiritual y la gracia sacramental no son simples “accesorios” o respuestas inadecuadas al sórdido fenómeno de los abusos. Para quienes tienen el don de la fe representan, por el contrario, la única “medicina” verdaderamente eficaz.


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Chile: conclusiones de la asamblea general de obispos

Mons. Fernando Ramos, Secretario General de la Conferencia Episcopal de ChileMons. Fernando Ramos, Secretario General de la Conferencia Episcopal de Chile  (ANSA)

Obispos de Chile: Con Cristo en el centro, continuar el proceso ya iniciado

Declaración conclusiva de los Obispos chilenos, al término de la 117ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile, reunidos del 12 al 16 de noviembre y dada a conocer la tarde de este viernes 16 de noviembre en Lo Cañas.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano

La Conferencia Episcopal de Chile (CECh) dio a conocer la tarde este viernes, 16 de noviembre, la Declaración conclusiva de su 117ª Asamblea Plenaria. Fue Mons. Fernando Ramos, Secretario General de la Conferencia Episcopal de Chile, quien leyó el texto conclusivo de la Asamblea, realiza entre los días 12 y 16 de noviembre. El documento explica que durante el encuentro los Pastores han dialogado “sobre el camino vivido en la Iglesia desde su Asamblea Extraordinaria del mes de agosto, y especialmente, sobre las consecuencias de la crisis provocada por los graves delitos de abuso sexual contra menores de edad y adultos vulnerables cometidos por personas consagradas”.

Colaboración mutua con las autoridades civiles

Con la ayuda de los miembros del Consejo Nacional de Prevención de Abusos, la Asamblea estudió los avances y el seguimiento de las resoluciones adoptadas en el mes de agosto pasado. Los Obispos estudiaron, en particular, el proyecto de acuerdo de colaboración mutua entre la Fiscalía Nacional y las entidades de la Iglesia, para la investigación de delitos de abusos a menores cometidos por clérigos. “El tema ha sido dialogado ampliamente con las autoridades de la Fiscalía y sus representantes – se lee en la declaración – en las próximas semanas, esperamos formalizar este acuerdo, mediante la firma del respectivo documento y su posterior aplicación”.

Los Obispos también iniciaron el estudio de los elementos esenciales de los estándares de conducta que son necesarios en todos los agentes pastorales que sirven en la Iglesia, en particular de los Obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, de manera que durante el año próximo se pueda contar con ese instrumento de trabajo pastoral.

Hacia una Iglesia sinodal, profética y esperanzadora

La Asamblea Plenaria, con la colaboración de los organismos del Episcopado chileno y luego de un tiempo de escucha de varios meses, aprobó un “itinerario en el proceso de discernimiento para avanzar en el camino de llegar a ser una Iglesia cada día más sinodal, profética y esperanzadora que busca continuar poniendo en el centro a Jesucristo”. Dicho itinerario, que comprende una amplia participación laical, tendrá como hito la III Asamblea Eclesial Nacional, en mayo de 2020, que “sentará las bases de nuevas orientaciones pastorales para la Iglesia en Chile”.

Los jóvenes, un lugar esencial en el servicio de la Iglesia

Asimismo, los Prelados chilenos recordando la reciente conclusión del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes y el discernimiento vocacional y la publicación del documento final, recuerdan que esto los pone a ellos “en un lugar esencial de nuestro servicio eclesial, abriéndonos a un diálogo pastoral de escucha y acogida de sus visiones y aportes y de su capacidad de comprender las nuevas dimensiones que el mundo actual nos presenta como desafío de la evangelización”.

Aceptamos y acogemos las justas críticas

En la Declaración de los Obispos y administradores apostólicos también se expresa la voluntad de comprender la indignación y el pesar causados por los delitos cometidos por algunos clérigos y religiosos contra menores de edad y adultos vulnerables. “Reconocemos que una parte de la misión profética de todo bautizado – escriben los Pastores – es expresarse con libertad ante estas contradicciones y exigir más a quienes somos sus pastores y por ello aceptamos y acogemos las justas críticas, que nos ayudan a mejorar nuestro servicio pastoral”. Creemos necesario, agregan los Obispos,  volver a reiterar que nunca hay justificación alguna para el crimen que constituye el abuso sexual a niños, niñas, adolescentes y adultos vulnerables. “Durante los últimos meses – afirman los Prelados – hemos intentado seriamente escuchar, acoger y descubrir los caminos para acompañar a las víctimas que han querido reunirse con nosotros. Han sido momentos de encuentro con el rostro sufriente de Cristo y de gran aprendizaje”.

Frente a la situación nacional

Finalmente, los Obispos chilenos concluyen su Declaración volviendo sus miradas a la realidad du su país. “Hoy nos toca mirar la realidad de nuestro país que enfrentamos con la humildad de Cristo servidor, el buen samaritano, que lava los pies a sus amigos”. Desde su vocación de servicio a toda la sociedad, los Obispos observan con preocupación algunos “signos alarmantes que nos interpelan acerca de la calidad de nuestras relaciones en la sociedad que estamos construyendo. En algunas ocasiones, las tensiones sociales desencadenan hechos de violencia que afectan a la dignidad e integridad de personas concretas”. Entre algunos de estos signos alarmantes, los Obispos chilenos señalan: la violencia que estalla a veces en La Araucanía, provocando dolor y sufrimiento en muchas personas; la violencia que vemos en algunos establecimientos educacionales; y la situación de los hermanos migrantes.

Escucha a Mons. Fernando Ramos de Chile

17 noviembre 2018, 11:44


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EE UU Normas del episcopado sobre abusos de menores

Las razones del retraso de la votación sobre las normas anti-abusos en Estados Unidos

El texto llegó al Vaticano demasiado tarde para ser estudiado y discutido, hay problemas de acuerdo con las normas canónicos, algunos de los “estándares” podrían resultar genéricos
REUTERS

El presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, el cardenal Daniel DiNardo

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Pubblicato il 13/11/2018
Ultima modifica il 13/11/2018 alle ore 19:04
ANDREA TORNIELLI
CIUDAD DEL VATICANO

 

El retraso, debido a una petición de la Santa Sede, para la votación sobre los documentos que contienen nuevas medidas anti-abusos de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos provocó en un primer momento la previsible reacción de presentar al Papa Francisco como insensible frente a la gravedad de la situación en Estados Unidos y el Vaticano, como un elemento que frena la firme voluntad de los pastores estadounidenses para combatir de la mejor manera el escandaloso fenómeno.

 

Por petición de la Santa Sede, anunció el cardenal Daniel DiNardo, presidente de la Conferencia Episcopal del país, «nosotros no votaremos los dos documentos sobre los estándares de responsabilidad para los obispos y la comisión especial encargada de recibir las denuncias contra los obispos». DiNardo se dijo desilusionado por la decisión, anunciada el lunes 12 de noviembre, misma de la que se enteró solamente un día antes.

 

La decisión vaticana fue comunicada a la cúpula de la Conferencia Episcopal con una carta que el cardenal Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación para los Obispos, envió el domingo pasado al cardenal DiNardo mediante el nuncio apostólico Christoph Pierre.

 

Por lo que Vatican Insider, los documentos enviados a Roma por la cúpula del episcopado estadounidense son tres. Y habrían llegado hace solamente algunos días. La falta de un tiempo adecuado para estudiarlo y discutirlo, además de algunas perplejidades sobre dos de los tres textos fueron el origen de la petición vaticana.

 

«Es equivocado pensar que la Santa Sede no comparta el objetivo de los obispos estadounidenses, el de contar con instrumentos eficaces para combatir el fenómeno de los abusos contra menores y establecer puntos firmes en relación con la responsabilidad de los mismos obispos —explicó una fuente vaticana involucrada en el caso. El motivo de la petición de retrasar el voto no debe ser considerado como un freno, sino como la invitación para evaluar mejor los textos propuestos, incluso en vista del encuentro de febrero entre todos los presidentes de las Conferencias Episcopales del mundo con el Papa dedicado a la lucha contra los abusos. Hay que alcanzar el objetivo final en el mejor de los modos».

 

En cuanto a los estándares de comportamiento y acciones que se piden a los obispos, que superan tanto los códigos civiles como el código canónico, se ha planteado una objeción sobre la generalidad de algunos pasajes: podría suceder, pues, que un obispo no se dé cuenta si está violando o no estos objetivos de comportamiento, que podrían en un futuro llevarlo ante la comisión nacional que debe juzgar sus acciones.

 

Otro problema se relaciona con algunas incoherencias en el contenido del documento sobre la comisión nacional sobre la responsabilidad de los obispos y el Código de Derecho canónico. En el borrador presentado al Vaticano, la comisión fue presentada como una institución sin ánimo de lucro, sin figuras jurídica o canónica, pero capaz de juzgar a los mismos obispos.

 

Es decir, las normas vigentes pueden ser afinadas aún más, pero los textos preparados por el comité ejecutivo de la Conferencia Episcopal estadounidense deben de mejorar, teniendo en cuenta el Derecho Canónico y la misma realidad de la Iglesia. Es comprensible la reacción desilusionada y enfadada de DiNardo, pero no hay que excluir que alguno de los obispos llamados a la votación reciban esta decisión como una oportunidad positiva para un mayor tiempo de reflexión y estudio, a pesar de la presión de la opinión pública.

 

No hay que olvidarse algunos pasos cruciales del discurso pronunciado por el nuncio apostólico Pierre durante la sesión inaugural del encuentro de los obispos de Estados Unidos. El representante del Papa citó al escritor francés Georges Bernanos: «quien pretende reformar la Iglesia con los mismos medios usados para reformar las sociedades temporales no solo fracasará, sino se pondrá infaliblemente fuera de la Iglesia. No se reforma a la Iglesia sino sufriendo por ella, no se reforma a la Iglesia visible sino sufriendo por la Iglesia invisible. No se reforman los vicios de la Iglesia sino prodigando el ejemplo de sus virtudes más heroicas»

 

El nuncio subrayó que no hay que renunciar a la responsabilidad de reformarse en primer lugar a sí mismos. No se puede, insistió, «transferir el depósito de la confianza a otras instituciones. Volver a ganar la confianza no es suficiente. Cuando se trata de la responsabilidad que tenemos para con los niños y adultos vulnerables, debemos demostrar que podemos resolver los problemas, el vez de delegarlos a otros».

 

Algo que no excluye la aportación de todos los fieles, de los laicos, de los religiosos, que «nos ayudan a sacar adelante la misión». Pero sin faltar a la responsabilidad específica de los pastores. Palabras que indican una vía de reforma vinculada con la fe, con el redescubrimiento de lo que es esencial, sin dejar todo en manos de las “best practices”, pensando que nuevas normas y códigos de comportamiento cada vez más severos (promulgados bajo presión mediática) sean capaces, por sí solos, de extirpar crímenes, pecados y encubrimientos.


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Chile: asamblea plenaria del episcopado.hasta el 16 noviembre

Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Chilena del 12 al 16 de noviembre.Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Chilena del 12 al 16 de noviembre. 

Asamblea Plenaria Chile: compromisos ante abusos y políticas de prevención

Los obispos de Chile ya están en Asamblea Plenaria hasta el próximo 16 de noviembre para tratar los compromisos que se deben asumir ante los casos de abuso cometidos por clérigos y la implementación de políticas de prevención.

Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

El escabroso tema de “los casos de abuso cometidos por clérigos” encabeza la lista de las cuestiones que se analizarán en la 117ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Chile, que está teniendo lugar en el Centro Salesiano de Espiritualidad de la comuna chilena La Florida dando inicio hoy y que se desarrollará hasta el próximo 16 de noviembre.

Ante abusos: compromiso y prevención

Cinco días en los que los obispos chilenos examinarán concretamente el seguimiento de las decisiones y compromisos que adoptaron en la anterior Asamblea Plenaria Extraordinaria y que se refieren, por una parte, a los pasos que está realizando la Iglesia para asumir los graves casos de abuso cometidos por clérigos, y por otra, para asegurar la ejecución de las políticas de prevención adoptadas en el año 2015. En este sentido, los obispos y administradores apostólicos conocerán los avances en las tareas especialmente encomendadas al Consejo Nacional de Prevención de Abusos y a otros organismos del Episcopado, y establecerán criterios con respecto a algunos de los temas que se están trabajando.

Poner en marcha las propuestas extraídas del Sínodo de los Obispos

Aunque también habrá espacio para otros temas que también preocupan a los obispos de Chile, como lo es el itinerario del caminar pastoral de la Iglesia, así como los desafíos particulares para la evangelización de los jóvenes, apoyándose para ello en las propuestas de renovación extraídas del recién concluido Sínodo de los Obispos que tuvo lugar en el Vaticano del pasado 3 al 28 de octubre.