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Migrantes de Marruecos y sus posibilidades actuales.

Migración a EspañaMigración a España  (ANSA)

Es un derecho de los migrantes encontrar un mejor futuro

Recientemente creó estupor la noticia en donde se dijo que más de 600 inmigrantes entraron en Ceuta, España, tras saltar la valla, dejando a 22 guardias heridos, varios de ellos por cal viva

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

Actualmente miles de inmigrantes están siendo trasladados desde y hasta la frontera de Marruecos con Mauritania. Es la consecuencia más inmediata tras el acuerdo entre España y Alemania. Se rebaja así la presión migratoria en el Estrecho y también en Ceuta y Melilla.

Hemos entrevistado a Mons. Santiago Agrelo Martínez, obispo de Tanger, quien en primer lugar expresó su incredulidad al respecto.  Además,  nos explica entre otras cosas, la situación actual de los migrantes que cruzan la frontera de Marruecos con Mauritania.

Mons. Santiago Agrelo Martínez, obispo de Tanger

 

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Miles de emigrantes venezolanos a Ecuador

ACNUR aplaude decisión de Ecuador en favor de los migrantes venezolanos

ACNUR/Reynesson Damasceno
Personal de ACNUR verifica y asiste a los refugiados, solicitantes de asilo y personas de interés provenientes de Venezuela en el refugio Rondón I recientemente inaugurado en Boa Vista, Roraima, en el norte de Brasil.

10 Agosto 2018

Más de 4.000 venezolanos entran cada día al país, que ha declarado el estado de emergencia para afrontar la crisis. Se trata de uno de los mayores desplazamientos masivos de población de la historia de América latina.

Ante la masiva afluencia de refugiados venezolanos que llega a Ecuador, la Agencia de la ONU para los Refugiados(ACNUR) mostró este viernes su apoyo a la reciente decisión del gobierno ecuatoriano de declarar el estado de emergencia para atender la migración venezolana en las provincias de Carchi, en la frontera con Colombia, en Pichincha y El Oro, limítrofe con Perú.

La decisión servirá para incrementar los recursos disponibles para ayudar a esas personas. Gracias a la medida, por ejemplo, las autoridades migratorias ecuatorianas ampliaron su capacidad para registrar a los más de 5000 venezolanos que entran al país diariamente.

La Agencia indicó que el éxodo de venezolanos es uno de los mayores desplazamientos masivos de población de la historia de América latina.

ACNUR estima que, desde inicios del 2018, alrededor de 547.000 venezolanos entraron en Ecuador a través de la frontera con Colombia. Ese número se ha incrementado a unos 30.000 durante la primera semana de agosto.

El portavoz de la Agencia, William Spindler, detalló las dificultades que sufren esas personas durante el viaje.

“Muchos de los venezolanos viajan a pie en condiciones precarias en una odisea que puede durar días e incluso semanas. Muchos se quedan sin recursos para continuar su viaje y, sumidos en la indigencia, se ven obligados a vivir en condiciones precarias en parques públicos recurriendo a la mendicidad y a otros sistemas de supervivencia para hacer frente a sus necesidades cotidianas”, dijo.

Un 20% de las personas que llegan a Ecuador necesitan medidas específicas de protección. Entre ellos se encuentran las mujeres y niños en situación de riesgo, las familias monoparentales o las personas con discapacidades que precisan cuidados urgentes.

Asimismo, las mujeres y niñas representan a un 40% del total de llegados y se enfrentan a graves riesgos de violencia sexual.

En relación con su estancia en Ecuador, solamente un 20% tienen intención de quedarse en el país. Su destino final es Perú o Chile.

ACNUR ha reforzado su presencia en los principales cruces fronterizos del norte del país y tiene previsto hacerlo en el sur; presta asistencia técnica al Gobierno para determinar la condición de refugiado, el registro u otros mecanismos de protección y trabaja para identificar a los venezolanos vulnerables a fin de que reciban protección y asistencia.


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Qué hace la UE ante el creciente número de migrantes muertos en el Mediterráneo central?

Unión Europea: Aumentan las muertes en el Mediterráneo central ante la mirada indiferente de Europa

El número de personas ahogadas en el Mediterráneo central o trasladadas a míseros centros de detención en Libia ha aumentado como consecuencia de las políticas europeas encaminadas al cierre de la ruta del Mediterráneo central; así lo afirma Amnistía Internacional en un documento nuevo que ha publicado hoy.

En Between the devil and the deep blue sea. Europe fails refugees and migrants in the Central Mediterranean, Amnistía Internacional revela los efectos demoledores de unas políticas que han causado más de 721 muertes en el mar sólo en junio y julio de 2018. Pone de relieve las nuevas políticas italianas que han dejado a gente abandonada en el mar durante días, y analiza cómo varios países de la Unión Europea (UE) están conspirando para contener a las personas refugiadas y migrantes en Libia, donde están expuestas a sufrir tortura y abusos.

“El número de muertes en el mar ha crecido, aunque el dato sea insignificante respecto al número de personas que han intentado cruzar el Mediterráneo en meses recientes. La responsabilidad de este aumento en el número de muertos recae directamente en unos gobiernos europeos más preocupados por mantener a la gente fuera de su territorio que en salvar vidas”, ha dicho Matteo de Bellis, investigador de Amnistía Internacional sobre asilo y migración.

 “Las políticas europeas han capacitado a la guardia costera libia para interceptar a personas en el mar, han restado prioridad a los rescates y han obstaculizado el trabajo vital de las ONG de salvamento. El reciente aumento del número de muertes en el mar no es sólo una tragedia; es una vergüenza”, ha dicho Matteo de Bellis.Al aumento de los ahogamientos se suma un brusco incremento del número de personas recluidas arbitrariamente en centros de detención abarrotados de Libia.

El número de personas detenidas se ha multiplicado más del doble en los últimos meses, pasando de unas 4.400 en marzo a más de 10.000 a finales de julio, entre las que había alrededor de 2.000 mujeres y menores de edad. Prácticamente todas fueron conducidas a los centros tras su interceptación en el mar y traslado a Libia por la guardia costera de este país, equipada, entrenada y apoyada por gobiernos europeos.

“Gobiernos europeos actúan en colusión con las autoridades libias para contener a refugiados y migrantes en Libia, a pesar de los terribles abusos que pueden sufrir a manos de la guardia costera libia y en los centros de detención de ese país. Los planes para extender esta política de externalización a toda la región son profundamente preocupantes”, ha dicho Matteo de Bellis.

El año pasado, los gobiernos de Europa no lograron ponerse de acuerdo para introducir unas reformas fundamentales en el sistema de Dublín que habrían ayudado a evitar disputas sobre el desembarco en Europa de las personas rescatadas en el mar.

La reacción de Italia fue empezar a denegar la entrada en sus puertos de los barcos que transportaban a personas rescatadas. Esta nueva política se aplica específicamente a barcos de ONG, buques comerciales e incluso barcos de armadas extranjeras.

Debido a retrasos innecesarios en los desembarcos, personas que necesitaban asistencia urgente —heridos, embarazadas, sobrevivientes de tortura, personas traumatizadas por naufragios y menores no acompañados— fueron obligadas a permanecer varios días en el mar.

“Con su cruel decisión de negar a refugiados y migrantes el desembarco en sus puertos, Italia está utilizando vidas humanas como bazas de negociación. Se ha dejado abandonadas en el mar a personas desesperadas, sin comida, agua ni abrigo suficientes, mientras que Italia trata de incrementar la presión política en favor del reparto de la responsabilidad con otros Estados europeos”, ha afirmado Matteo de Bellis.

“Por si fuera poco, las autoridades italianas y maltesas han difamado, intimidado y criminalizado a las heroicas ONG que intentan salvar vidas en el mar, les han denegado el permiso de atraque e incluso han confiscado sus barcos.”

“Italia y los Estados e instituciones de Europa deben actuar con urgencia para dar prioridad al salvamento marítimo, y garantizar que las personas rescatadas son desembarcadas sin demora en países donde no estén expuestas a sufrir graves abusos y puedan solicitar asilo.”

En el documento se describen también casos recientes en los que se han denunciado quebrantamientos del derecho internacional, entre ellos un caso registrado entre los días 16 y 17 de julio, cuando la ONG Proactiva encontró a una mujer aún con vida y dos cadáveres en los restos de un barco hundido tras la intervención de la guardia costera libia, y el reenvío forzado de 101 personas a Libia por el buque mercante italiano Asso Ventotto el 30 de julio.

“Estos casos tan graves deben ser investigados debidamente y sin demora; ponen de relieve las mortíferas consecuencias de las políticas de Europa”, ha afirmado Matteo de Bellis.

“Los gobiernos de Europa deben salir del círculo vicioso de cierre y externalización que han creado, y en su lugar invertir en políticas que pongan orden en el sistema ofreciendo oportunidades seguras para viajar a Europa a las personas refugiadas y migrantes.”


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Emigración de miles de venezolanos al Brasil

La ONU celebra reapertura de la frontera norte de Brasil a los venezolanos

ACNUR/Reynesson Damasceno
Personal de ACNUR verifica y asiste a los refugiados, solicitantes de asilo y personas de interés provenientes de Venezuela en el refugio Rondón I recientemente inaugurado en Boa Vista, Roraima, en el norte de Brasil.

7 Agosto 2018

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) vio con buenos ojos la reapertura de la frontera brasileña en Roraima, por la que miles de migrantes venezolanos cruzan diariamente para escapar a la crisis que azota al país sudamericano.

Azuzado por la migración masiva de venezolanos internándose a su territorio, el estado brasilero de Roraima cerró brevemente su frontera norte para impedir el paso de más migrantes venezolanos hasta que aquellos que ya se encontraban dentro fueran trasladados a otros lugares del país. Sin embargo, horas más tarde un magistrado del Tribunal Supremo brasileño revocó el fallo y reabrió la frontera.

Unos 117,000 venezolanos han pedido asilo este año, una cantidad mayor que en todo 2017, informó el martes ACNUR.

“ACNUR celebra la decisión de anoche del tribunal supremo brasileño de anular una decisión de un juez federal en el estado fronterizo de Roraima para suspender la admisión de venezolanos al país y cerrar la frontera”, dijo el vocero de la agencia, William Spindler.

Más venezolanos

En Ginebra, Spindler agregó que cientos de venezolanos cruzan al norte del estado brasileño de Roraima, cerca de la ciudad de Pacaraima, todos los días en busca de seguridad.

Más de 200 venezolanos no pudieron finalizar su registro de inmigración durante el breve cierre de la frontera el lunes, pero no fueron deportados y no se produjeron retrocesos, según la agencia de la ONU.

Actualmente, Brasil alberga a más de 32,700 solicitantes de asilo venezolanos; otros 25,000 tienen permitido legalmente quedarse en el país, ya que tienen permiso de trabajo o residencia.

“El número total de solicitantes de asilo venezolanos este año – esto es solicitudes de asilo en todas partes – es de 117,000 … y esta cifra supera la cantidad total de peticiones realizadas el año pasado”, dijo Spindler.

Esta situación se produce en medio de informes de escasez generalizada de alimentos y medicinas, inflación en aumento, disturbios políticos y violencia en Venezuela.

Tensiones en la frontera

Al señalar las “tensiones” en la frontera entre los residentes de Roraima y los recién llegados, el vocero del ACNUR dijo que la agencia continuaría apoyando los esfuerzos para satisfacer las necesidades de los que llegan a Brasil.

Hasta ahora, las autoridades han dado tradicionalmente la bienvenida a todas las personas que necesitan protección y les han proporcionado acceso a los derechos y servicios básicos, dijo Spindler, agregando que el movimiento entre las fronteras en América Latina a menudo es muy fluido.

“Hubo algunas tensiones entre la población local y los venezolanos”, recalcó. “Entendemos que ha habido una gran afluencia en Roraima y es por eso por lo que estamos ayudando a las autoridades a hacer frente a la situación”.

Hasta la fecha, el ACNUR ha ayudado a más de 800 venezolanos a trasladarse a otras áreas en Brasil para aliviar la tensión en Roraima, que ha visto la mayor afluencia de personas que buscan refugio.

Indígenas vapuleados

La agencia de la ONU dice que la mayoría de los que abandonan Venezuela por Brasil y su vecino Colombia necesitan asistencia urgente con documentación, vivienda, alimentos y atención de la salud que busca proporcionar trabajando con las autoridades y las organizaciones asociadas.

Entre quienes han recibido ayuda de ACNUR hay un número creciente de indígenas que se ven vulnerables debido a la escasez de alimentos.

Entre ellos se encuentra la familia del líder comunitario de Warao, Eligio Tejerina, de 33 años, cuyo hijo menor murió luego de enfermar de neumonía.

“Como no tenían medicina, no pudo recibir el tratamiento adecuado”, dijo Tejerina, de 33 años.

Sus cinco hijos sobrevivientes ya estaban debilitados y angustiados por el hambre. Como ya no podían encontrar comida en el mercado local, su única opción era irse, explicó.

“Decidimos venir a Brasil porque nuestros hijos estaban hambrientos”, dijo. “Solían llorar de hambre. Tenían solo una comida al día, por la noche. Solo una pequeña porción “.


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Falsedades y prejuicios contra los inmigrantes.

 

Mentiras y medias verdades sobre las personas migrantes

Por Manu Mediavilla (@ManuMediavilla), colaborador de Amnistía Internacional

La retahíla xenófoba –plagada de mentiras y medias verdades– contra las personas inmigrantes es larga, abrumadora, agotadora: “Hay demasiados inmigrantes, nos quitan el trabajo, acaparan las ayudas sociales, las subvenciones, las urgencias, bajan el nivel educativo, aumentan la violencia machista, prefieren vivir en guetos, se casan con españoles/as solo para obtener los papeles, sus comercios no pagan impuestos ni respetan los horarios…”.

A pesar de la mayoritaria comprensión ciudadana hacia la inmigración (solo el 7,7% se oponía en 2013 a que las personas inmigrantes en situación regular tuvieran los mismos derechos que la población nativa), y, aunque en España no han tenido un reflejo electoral ultraderechista como en varios países europeos, sí han saltado las primeras chispas en las redes sociales y en la calle, incluso con graves episodios de insultos, acoso y agresiones.

En el ámbito migratorio –la intolerancia agresiva también alcanza a otros colectivos discriminados, como las mujeres, el colectivo LGTBI o la comunidad gitana–, el discurso racista de la ultraderecha xenófoba está encontrando una firme respuesta informativa y concienciadora desde ámbitos académicos y no gubernamentales.

Frente a esas mentiras y medias verdades, hay iniciativas que ofrecen datos contrastados y argumentos de tolerancia para una sociedad respetuosa de los derechos humanos. Iniciativas, por ejemplo, como Stop Rumores de la Federación Andalucía Acoge, el Observatorio Proxi que impulsan el Institut de Drets Humans de Catalunya y United Explanations, el Anuario de la Inmigración que edita el CIDOB barcelonés o los informes sociológicos de la Fundación FOESSA que impulsa Cáritas Española.


Jimmy (izquierda) sostiene a su hija Daniela junto a su hermano (derecha), mientras esperan la orden judicial y a la policía que les va a desalojar, 11 de abril de 2014. © AP/Andres Kudacki

Para empezar, no, no hay demasiados inmigrantes. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) cifran la población extranjera en 4.464.997, un 9,59% del total, casi tres puntos menos que en 2011. De cada diez, seis han llegado desde países no comunitarios (5,75% del total) y cuatro proceden de otros países de la Unión Europea. En términos absolutos, España oscila entre el cuarto y quinto país de la UE con más inmigrantes, pero en términos relativos se queda en el octavo o noveno puesto.

Sin embargo, el porcentaje de inmigrantes percibido por la población nativa ronda el 21,5%, probablemente como resultado de una doble ‘visibilidad’ de la población extranjera: en los transportes públicos y espacios gratuitos de ocio –relacionada con su menor capacidad adquisitiva–, y en las secciones de sucesos de los medios de comunicación, fruto de una información demasiadas veces desenfocada: solo el 1% llega a España en patera.

Los medios juegan un papel clave en la percepción social de la inmigración, y los sondeos –casi la mitad de personas encuestadas cree que transmiten una imagen negativa– sugieren que hay bastante margen de mejora en el tratamiento informativo. Máxime cuando, según el Barómetro de diciembre del CIS, la inmigración no es una de las principales preocupaciones de la población española: apenas el 3,2% lo incluye entre las tres primeras, casi a años luz del paro (66,8%) o la corrupción (31,7%). Y sobre todo porque esta ‘percepción comprensiva’ deja ver algunas rendijas: el 46,9% piensa que la sociedad española es poco o nada tolerante.

Las personas inmigrantes no quitan el trabajo a las españolas

No, las personas inmigrantes no quitan el trabajo a las españolas. Y aún menos tras la crisis, que hizo caer 20 puntos su tasa de empleo entre 2007 y 2012, más del doble que la de la población nacional.

Su tasa de actividad es ahora del 72,5%, y su tasa de paro (llegó al 39% en 2013) ronda el 23%. Por si fuera poco, la paralela caída de salarios, y su reflejo de pobreza, también les ha golpeado más, con el consecuente aumento de la desigualdad. Su situación se ha complicado por la falta de redes familiares, menor protección social y dificultades para renovar su documentación, hasta el punto de forzar a casi un millón a abandonar el país durante la crisis. Solo en la primera mitad de 2016 se marcharon 220.000.

Y mucha gente ha olvidado que la llegada de inmigrantes fue clave para el espectacular crecimiento económico de los años de ‘vacas gordas’ (entre 2001 y 2006 aportaron el 30% del PIB), sobre todo en sectores como el turismo y la construcción. De hecho, las personas extranjeras que están cobrando el paro (11% del total, 6,4% si se considera solo la inmigración no comunitaria) no reciben ningún ‘regalo’: simplemente tienen derecho a la prestación que generaron con sus cotizaciones cuando trabajaban.

La realidad es que la inmigración ha asumido muchos empleos poco ‘atractivos’ para la población española. Y en ese contexto, las mujeres inmigrantes han ejercido un papel decisivo como cuidadoras de niños y niñas, mayores y personas dependientes, que ha permitido la incorporación laboral de muchas españolas. Se estima que hasta un 80% de las cuidadoras ‘internas’ son extranjeras, y que la mayoría son explotadas en la economía sumergida, sin cotizar, con largas jornadas y salarios muy bajos, sin días libres ni vacaciones pagadas.

Las personas inmigrantes no acaparan las ayudas sociales

No, las personas inmigrantes no acaparan las ayudas sociales. El acceso a los servicios sociales es un derecho reconocido en todos los ámbitos administrativos –autonómico, estatal y europeo– y se rige por un mismo criterio: la situación socioeconómica personal o familiar, no la nacionalidad española.

En cambio, pese a su elevada tasa de pobreza, el uso por personas extranjeras del Sistema Integrado de Usuarios de Servicios Sociales no pasa del 12,5%. Al ser una población mayoritariamente joven, apenas representan el 1% de las personas beneficiarias de pensiones en España, y más de la mitad proceden de la Unión Europea.

Las personas inmigrantes no saturan la Sanidad

Manifestación contra las medidas de austeridad impuestas por el gobierno y las reformas laborales en el sector público de la salud en Madrid, agosto de 2013. © AP/Andres Kudacki

No, las personas inmigrantes no saturan la Sanidad ni abusan de la atención primaria y las urgencias. La mitad de la población española lo cree (45% sobre las personas extranjeras en general y 55% sobre las de países ricos), pero los datos no avalan ese tópico. Numerosos estudios, incluidas las Encuestas Nacionales de Salud, confirman que la población nativa tiene más problemas crónicos –lógico dada su mayor edad media– y, precisamente por ello, acude más a las consultas médicas de primaria y especializada. La experiencia migratoria hace que la población llegada de otros países, sobre todo de fuera de la UE, sea habitualmente joven y con buena salud para poder afrontar los retos laborales y de integración.

En cuanto al mayor uso de las urgencias hospitalarias por inmigrantes, es solo una verdad a medias. Por una parte, muchas veces es un último recurso obligado por el Real Decreto 16/2012 –considerado contrario a las normas internacionales por ONG y organismos de derechos humanos–, que aprobó una auténtica ‘exclusión sanitaria’ de personas en situación irregular al retirar más de 800.000 tarjetas sanitarias. Por otro lado, el coste de las urgencias utilizadas por personas inmigrantes es inferior al de las nativas. En total, la población extranjera supone el 6,5% del gasto sanitario, tres puntos menos que su porcentaje poblacional.

Además de tener reconocido el derecho universal a la sanidad, las personas inmigrantes contribuyen a su financiación, que en España proviene de impuestos como el IRPF, el IVA u otros especiales. De hecho, incluso las personas en situación irregular la están financiando cuando pagan por productos o servicios.

Las personas inmigrantes no bajan el nivel educativo

Desfile de Año Nuevo Chino en Madrid. ©GTRESONLINE

No, las personas inmigrantes no bajan el nivel educativo. El 36% de la población creía en una encuesta del CIS de 2014 que “la calidad de la educación empeora en los colegios donde hay muchos hijos de inmigrantes”. Es otra verdad a medias. El informe PISA que mide el rendimiento académico dio en 2015 al alumnado inmigrante 26 puntos menos que al nativo, pero aclaró que el resultado estaba más relacionado con su situación socioeconómica que con su origen.

De hecho, numerosos estudios coinciden en que el fracaso escolar afecta igualmente al alumnado inmigrante y al nativo, y que el factor clave para ambos es el nivel socioeconómico y educativo familiar, que puede traducirse en carencias de ordenador, libros o un lugar de estudio en casa. Además, también pueden influir negativamente otras desventajas de origen, como la incorporación a mitad de curso o el desconocimiento del idioma.

Desde el ámbito docente, el 72,2% del profesorado cree que el alumnado inmigrante se ha adaptado bien o muy bien al sistema educativo español. La población escolar llegada de otros países solo representa el 9% del total, su distribución por procedencia refleja cierto equilibrio geográfico (30% de África, 29% de la UE y 26% de América) y el 81% se concentra en la enseñanza pública (ronda el 13% en la concertada y el 5% en la privada). Especialistas en educación consideran que su aportación favorece la diversidad en los centros, la adaptación de métodos pedagógicos y el refuerzo de capacidades.

Las personas inmigrantes no hacen aumentar la violencia machista

No, las personas inmigrantes no hacen aumentar la violencia machista. Esta lacra social no ha sido ‘importada’ por la gente llegada de sociedades más tradicionales y con menor desarrollo legislativo para combatirla. La desigualdad entre hombres y mujeres afecta a todas las sociedades, grupos, edades y contextos, y la violencia machista está ligada a relaciones de poder asimétricas que se traducen en subordinación y vulnerabilidad de las mujeres al margen de su situación económica o desarrollo del país; muchas inmigrantes sufren una doble discriminación como mujeres e inmigrantes.

LAS MAYORES TASAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO SE REGISTRAN EN LOS PAÍSES NÓRDICOS.

El problema tiene carácter mundial, y la Europa desarrollada no es una excepción. De hecho, las mayores tasas de violencia de género se registran en los países nórdicos, a pesar de que invierten más en educación igualitaria. Así lo reveló en 2014 una macroencuesta de la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, que al preguntar a las encuestadas si habían sufrido violencia física y/o sexual alguna vez desde los 15 años, situó en cabeza a Dinamarca (52%), Finlandia (47%), Suecia (46%), Holanda (45%), Francia y Reino Unido (44%), muy por encima de España (22%). Además de confirmar la gravedad de la violencia machista, tan altos porcentajes tienen que ver con las condiciones sociales, políticas y culturales que permiten a las víctimas de esos países identificar la agresión y denunciarla con más seguridad.

En España, algunos datos sugieren una sobrerrepresentación del colectivo inmigrante en la violencia machista (el 25-30% de las víctimas son mujeres extranjeras, y un tercio de condenados son hombres extranjeros), pero sería un error interpretarlos en clave de nacionalidad y cultura tradicional. Primero, porque en ambos casos hay un significativo número de víctimas y agresores de la UE. Y sobre todo porque el factor clave es el contexto social de soledad, desarraigo y situaciones límite que hace más vulnerables a las inmigrantes y que dificulta su acceso a los mecanismos de protección, incluso tras haber presentado denuncia. En 2014, por ejemplo, las extranjeras asesinadas habían presentado más del doble de denuncias que las españolas.

Las personas inmigrantes no prefieren vivir en guetos ni en pisos patera

No, las personas inmigrantes no prefieren vivir en guetos ni en pisos patera. Estos existen –incluso se llegan a alquilar terrazas como último recurso para no dormir en la calle–, pero no son su alternativa habitacional generalizada. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 70,3% de los pisos con ocho o más residentes corresponden a personas nativas, el 21,7% a población mixta y el 8% a población extranjera. Aunque el alquiler sigue siendo mayoritario entre la inmigración, la cuarta parte hizo suya la costumbre nacional de tener vivienda propia. Un salto cualitativo que se vio cortado por la crisis.

Las personas inmigrantes no se casan con españoles/as solo para obtener los papeles

No, las personas inmigrantes no se casan o pactan parejas de hecho con españoles/as solo para obtener los papeles, poder solicitar la nacionalidad, el permiso de residencia o arraigo social –la ruptura de matrimonios mixtos es muy inferior a la de parejas españolas–.


El sastre senegalés Youssou Seck, de 33 años, trabaja en su taller de sastrería en el barrio de Lavapiés en la Comunidad de Madrid. © AP/Francisco Seco

Las personas inmigrantes no evaden impuestos ni sus comercios incumplen horarios

Y no, sus comercios tampoco evaden impuestos ni incumplen los horarios, un doble tópico que suele referirse al empresariado chino pero que no es real: no hay exenciones ni moratorias de impuestos –lo que hay es un convenio firmado por 70 países, incluidas España y China, para evitar la doble imposición fiscal–, y sus horarios de apertura se ajustan a las normativas autonómicas, que son muy flexibles en diversos sectores y ciudades turísticas. De hecho, su espíritu comercial está permitiendo mantener negocios que carecían de relevo generacional y se veían abocados al cierre.

Frente a tantos tópicos falsos que pueden ser desmentidos con datos contrastados, solo cabe un discurso de tolerancia e integración que resumía bien la Fundación Foessa en un reciente informe: “Los inmigrantes que han resistido los golpes de esta gran recesión (…) ya no son recién llegados, ni el paisaje humano les resulta extraño; son personas que, aunque no han nacido aquí, han vivido aquí los buenos y los malos tiempos, y finalmente han elegido este lugar para construir su futuro“.


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Colombia: reconocimiento temporal de derechos a inmigrantes venezolanos

La ONU celebra que Colombia regularice a casi 450.000 venezolanos

PMA/Carlos Diago
Venezolanos cruzando a Colombia.

2 Agosto 2018

El Decreto Número 1288 permite el denominado Permiso Especial de Permanencia durante dos años para los migrantes, lo que constituye un paso fundamental para garantizar los derechos básicos de la población venezolana que ha llegado al país. Con este documento, los venezolanos tendrán acceso a los servicios nacionales básicos de educación y salud, así como el derecho a trabajar.

El sistema de la ONU en Colombia felicitó al Gobierno por la promulgación del Decreto que regulariza la situación de 442.462 venezolanos en el país.

El Permiso Especial de Permanencia permite la residencia durante dos años de los ciudadanos del país vecino que fueron registrados durante el ejercicio del Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos realizado durante abril y junio pasado.

Con este documento, los venezolanos tendrán acceso a los servicios nacionales básicos de educación y salud, así como el derecho a trabajar.

De acuerdo con cifras del Registro, menos de la mitad de los niños registrados en edad escolar se encuentran estudiando y solo un 1,1% de los registrados están afiliados al sistema de salud por lo que la medida “constituye un paso fundamental para garantizar los derechos básicos de la población venezolana que ha llegado al país y combatir la explotación”, asegura ONU Colombia en un comunicado difundido este jueves.

Según datos recientes del Gobierno colombiano, en la nación se encuentran más de 870.000 venezolanos, muchos en situación de vulnerabilidad y con necesidades urgentes.

El sistema de Naciones Unidas, bajo el liderazgo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), aseguró que seguirá trabajando con las autoridades y sus socios para ampliar la asistencia humanitaria, técnica y financiera que responda a las necesidades de los migrantes, así como las de los colombianos que regresaron del país vecino y sus comunidades de acogida.

“Se continuarán priorizando acciones en materia de protección, alojamiento, salud, educación, alimentación, acceso a la información e integración local”, se lee en la declaración.

La ONU reiteró su compromiso de apoyar al Estado y a la sociedad civil colombianas para afrontar los retos humanitarios existentes y desarrollar políticas de integración para que la población proveniente de Venezuela “pueda disfrutar de sus derechos en condiciones dignas”.

El decreto 1288, que se implementará de inmediato, regula la convalidación de los estudios, tanto básicos como superiores, de los venezolanos, quienes podrán realizar este trámite de manera gratuita.

La medida resalta la importancia del cuidado de las madres embarazadas que tendrán acceso al sistema de salud y también facilitará el retorno de los ciudadanos colombianos que vivían en Venezuela.

Los beneficiarios del permiso, explicó públicamente el presidente Juan Manuel Santos que firmó la declaración este jueves,podrán afiliarse al sistema de seguridad social e incorporarse al mercado laboral bajo la política de “trabajo decente”.


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Falsas acusaciones contra obra jesuita en Roraima (Brasil)

BRASIL VENEZUELA WARAOBRASIL VENEZUELA WARAO  (ANSA)

Brasil: Falsas acusaciones contra Servicio jesuita dedicado a los refugiados

La Diócesis de Roraima, Brasil, y la red eclesial panamazónica, REPAM, han emitido un comunicado para aclarar y repudiar las amenazas, difamaciones e insinuaciones hechas contra parroquias, pastores movimientos y servicios, así como contra agentes pastorales y colaboradores que acogen defienden y promueven los derechos de los migrantes en el Estado de Roraima

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

En el texto, firmado por el presidente del Repam, Cardenal Claudio Hummes, y el obispo de Roraima, Mons. Mário Antônio da Silva, se explica que desde que inició el actual flujo migratorio, en el 2015, la diócesis ha estado trabajando arduamente para aliviar el sufrimiento de tantas personas que llegan a Brasil, a través de la región de Roraima, pasando por Pacaraima, frontera y puerta de entrada de los migrantes.

En el conjunto de pastorales y centros especializados, se cuenta también con el servicio Jesuita dedicado a los refugiados y Migrantes, SJMR, que ofrece acogida, ayuda humanitaria, orientación jurídica, documentación y asesoría para la inserción social, actividades que son públicas.

Difamaciones y amenazas

Hace algunos días, se lee en el texto, ha sido divulgado en las redes sociales, de forma manipulada y descontextualizada, un vídeo en donde un colaborador de estos servicios informa, objetivamente y con criterio, a un grupo de familias migrantes venezolanas sobre el proceso legal existente en Brasil, para que se realice una situación de desalojo. Estas familias viven en forma pacífica en un local desocupado y habían recibido información de que debían desalojarlo.

En Brasil, esta acción estatal está regulada por una serie de procesos formales para salvaguardar los derechos fundamentales de esas personas, especialmente en situaciones de vulnerabilidad social. Y era esto lo que el colaborador estaba explicando a las familias.

Esta situación ocurrió hace más de un mes, se lee en el comunicado, cuando personas con mala fe divulgaron ese video en las redes sociales, manipulándolo y descontextualizando su contenido e incentivando el odio y la xenofobia. Como resultado, agentes de pastoral y colaboradores ya han recibido amenazas, a través de las redes sociales, y en las cercanías de sus lugares de trabajo y residencia.

Repudio y apoyo a los jesuitas

La diócesis de Roraima y la Red Eclesial Panamazónica repudian  vehementemente, esta manipulación y cualquier incitación a la violencia y la intolerancia y hacen un llamado a toda la sociedad roraimense, formada por migrantes de distintos lugares, mosaico de culturas y trayectorias diversas, a afirmar que “somos una sociedad acogedora, solidaria y abierta. Hacemos una petición especial para un uso responsable y maduro de las redes sociales, de modo que sean un vehículo de unión y solidaridad y que no sirvan para apoyar posiciones y discursos xenófobos y violentos”.

“Como Iglesia de Roraima -se lee por último- reafirmamos nuestro compromiso en la defensa de la vida, de la dignidad y del respeto de las diferencias. En las palabras del Papa Francisco: “el inmigrante no es un peligro, es él que está en peligro”. Con la certeza y la esperanza de una sociedad justa, acogedora y solidaria en el nombre del Evangelio”.

Intereses privados contra la solidaridad

El servicio jesuita dedicado a los Migrantes y Refugiados junto a otros organismos que asisten a los migrantes en la zona, han emitido a su vez un comunicado en el que tras repudiar esas difamaciones y amenazas contra colaboradores del SJMR, explican el objetivo principal de su actividad, sobre todo en esa zona, desde el año pasado, para ayudar a los migrantes venezolanos que están llegando a esta región.

En el texto, afirman que las personas que han hecho estas amenazas tienen intereses privados sobre porciones de tierras, que en este momento sirven de morada a una parte de la población migrante. Repudian esta manipulación del video subido en las redes sociales, y señalan que las entidades responsables de la reintegración de los migrantes responden a una decisión de juez de derecho. Cualquier otra forma de intervención frente a estas poblaciones es un crimen, una violación a los principios fundamentales del Estado democrático de Derecho.

Tras demostrar su apoyo a la labor que realizan los jesuitas, afirman su solidaridad a las poblaciones de migrantes venezolanos residentes en Boa Vista en este momento. En su comunicado, también apoyan  a todos los servicios y entidades que realizan esta labor de reintegrar los migrantes a la sociedad brasileña. Esperan que toda amenaza recibida sea debidamente investigada y se aplique la ley.