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Arabia Saudí y la represión contra toda oposición

ISRAA O CÓMO ARABIA SAUDÍ PIDE LA MUERTE PARA QUIEN PROTESTA

Acto contra la pena de muerte

Mujer activista en riesgo de ser condenada a muerte por participar en protestas pacíficas en Arabia Saudí.

Israa lleva tres años encerrada desde su participación en manifestaciones contra la marginalización política y económica de su región en Arabia Saudí. Se encuentra recluida tan solo por el ejercicio de la libertad de expresión, reunión y asociación.

Ahora se enfrenta junto a otras cuatro personas a la pena de muerte. El fiscal de Arabia Saudí pide su ejecución por participar en protestas, mostrarlas en redes sociales, recibir formación en Irán sobre organización de manifestaciones y dar apoyo moral a quienes sufrieron la represión.

Israa al-Ghomgham y los otros cuatro activistas deben quedar en libertad de forma inmediata. Y el uso de la pena de muerte tiene que terminar ya.

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Nicaragua: represión del gobierno contra los medios de comunicación social.

Periodista local usa su celular en la conferencia de prensa con miembros del Parlamento Europeo en ManaguaPeriodista local usa su celular en la conferencia de prensa con miembros del Parlamento Europeo en Managua 

Periodista pide desde prisión orar por Nicaragua

Este lunes, la periodista costarricense-nicaragüense Lucía Pineda Ubau, acusada de promover el terrorismo en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega, pidió desde la prisión a los nicaragüenses seguir orando, según un mensaje divulgado por un eurodiputado

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

Una delegación del Parlamento Europeo (PE) evaluó la situación política y social de Nicaragua del miércoles 23 al sábado 26, y visitaron, entre otros, El Chipote, una prisión que en los últimos años ha sido señalada por organismos humanitarios de ser centro de torturas, y la cárcel de mujeres La Esperanza.

Pineda Ubau, jefa de prensa del canal de televisión 100 % Noticias, recibió la visita de un grupo de eurodiputados en la cárcel El Chipote, en Managua, el viernes pasado, y les agradeció esta visita que a su juicio, “viene de la mano de Dios”. Pineda Ubau y el periodista Miguel Mora, dueño y director del canal 100 % Noticias, están detenidos desde el 21 de diciembre tras el allanamiento de esa televisión. Ambos hacen frente a cargos por “fomentar e incitar al odio y la violencia” y “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”, según la acusación del Ministerio Público. El estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirar el canal de su menú, lo que efectivamente ya ocurrió.

El eurodiputado José Inácio Faria, quien difundió el vídeo, señaló en un tuit que “libertad de prensa, no es delincuencia”, y que en el caso de “la valiente periodista” Pineda Ubau su “único delito es defender la prensa libre, denunciar represión y atentados a derechos humanos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió recientemente sobre la “intensificación de la cuarta etapa de represión estatal” en Nicaragua contra periodistas y medios independientes. Las tres etapas previas consistieron en agresiones a las protestas callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas con saldos mortales. El Gobierno dio por concluida la misión de ese organismo en Nicaragua a mediados de diciembre.

Liberan a director de radioemisora crítica del Gobierno de Nicaragua

Mientras tanto, el veterano periodista Leo Cárcamo, director de la radioemisora Radio Darío, crítica del Gobierno de Nicaragua, fue liberado este martes por la Policía Nacional luego de varias horas detenido.  Su liberación la divulgó el dueño del mismo medio, Aníbal Toruño, quien dijo que el periodista, quien no estaba en condiciones de hablar, salió “impactado” por la experiencia vivida en la delegación policial de la ciudad de León, al noroeste de Nicaragua. Cárcamo, un sexagenario, padece de una “diabetes agresiva”, y era mantenido en cuidados especiales desde que estalló la crisis, afirmó Toruño.

La captura de Cárcamo es la más reciente denuncia de agresión contra la Radio Darío, ubicada en la ciudad de León, en el noroeste de Nicaragua, en el marco de la crisis, ya que hace seis días el personal avisó de un boicot y el robo de equipos. En diciembre pasado la Radio Darío fue sacada del aire por la Policía Nacional, acción que obligó a sus trabajadores a esconderse en casas de refugio. Antes del boicot y del cierre policial, la radioemisora había sido incendiada, supuestamente por simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en agosto pasado.

Periodistas exiliados denuncian amenazas contra sus familiares en Nicaragua

Periodistas nicaragüenses que se encuentran en el exilio en Costa Rica denunciaron este jueves que sus familiares están siendo amenazados en Nicaragua. Los periodistas, que trabajan en la plataforma digital “Nicaragua Investiga”, aseguraron que desconocidos explotaron una bomba molotov cerca de la vivienda del suegro de Jennifer Ortíz, directora de ese medio. La comunicadora explicó que la bomba fue lanzada anoche y dañó la parte trasera de un vehículo que se encontraba estacionado.

Los desconocidos dejaron además un mensaje dirigido al suegro de Ortíz con la leyenda: “tu hijo y tu nuera están seguros, pero tu no. PLOMO”.  Ortíz observó que “plomo” es una frase que utilizan simpatizantes del Gobierno que preside Daniel Ortega en contra de sus adversarios. Hasta ahora la Policía de Nicaragua no se ha referido a esta denuncia.

Asimismo, la periodista afirmó que en las últimas dos semanas sus familiares en Nicaragua han sufrido una “jornada intensa de intimidación”, que incluye acoso, presencia de “paramilitares” en las afueras de sus casas, entre otros. “Nicaragua Investiga está incomodando mucho a los agentes del Gobierno, a sus simpatizantes, aquellos que son fanáticos, que tratan de combatir, no con ideas, sino con actos terroristas”, anotó. El equipo de Nicaragua Investiga responsabilizó al Gobierno de Ortega si algo llega a pasar con sus familiares.

El equipo está integrado, además de Ortíz, por los periodistas Leticia Gaitán, Gerald Chávez, Yelsin Espinoza y Héctor Rosales, quienes trabajan en distintos canales de televisión en Nicaragua, antes de marcharse al exilio en Costa Rica, por motivos de seguridad.

Datos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro indican que entre abril y diciembre pasados se registraron al menos 712 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, amenazas y asesinatos, entre otras transgresiones.  Al menos 57 periodistas nicaragüenses han salido al exilio desde abril pasado, en su mayoría por razones de seguridad, según el recién fundado movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.

Televisora denuncia “asedio” de la Policía Nacional

Una represión que no termina: Periodistas del Canal 12 de televisión de Nicaragua denunciaron la semana pasada el “asedio” de la Policía Nacional. Al menos 30 agentes especiales de la Policía se instalaron en las afueras del canal, de perfil independiente, desde tempranas horas de la mañana, denunció el periodista Wilmer Benavides. Los policías preguntaron los datos y registraron a cada trabajador o visitante del canal, además de interrogarlos sobre si portan armas, según la denuncia. El equipo periodístico de Canal 12 responsabilizó a la Policía nicaragüense por “cualquier cosa” que les ocurra.

El “asedio” se da un día después de que el periodista Carlos Fernando Chamorro, productor de los programas de debate que se transmiten en la televisora, denunció que el director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo, había dado la orden por la vía verbal a los propietarios del Canal 12, de no transmitir sus producciones. Aunque el Gobierno negó la prohibición, la transmisión del programa Esta Noche fue interrumpida el miércoles 23 de enero, sin que se conozcan las razones.

La Iglesia de Centroamérica ora por la paz en Nicaragua

El sábado pasado, en medio de la celebración de la JMJ, el Secretariado Episcopal de América Central (Sedac) dijo estar “sumamente preocupado” por la crisis de Nicaragua y ora para que se supere mediante el diálogo sincero y la buena voluntad, lo dijo el arzobispo de San Salvador y presidente del Sedac, Mons. José Luis Escobar.

“Queremos el bien de todos, una guerra, un baño de sangre, una revolución no ayuda a nadie”, afirmó el prelado tras recordar que su país sufrió una cruenta guerra interna de 12 años, entre 1980 y 1992, que dejó miles muertos y desaparecidos.

“Esta es mi proposición, es fraterna, con la mejor intención, con los mejores sentimientos para todos, no solo para la Iglesia, que estamos totalmente solidarios y compenetrados con la Conferencia Episcopal de Nicaragua, ellos son parte del Sedac”, afirmó el presidente del SEDAC.


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Nicaragua: la dimisión de un alto magistrado y las preocupantes perspectivas actuales.

La pesadilla de una guerra civil en Nicaragua

El peor escenario ya no es sólo una remota posibilidad y está acercándose, en palabras de altos exponentes sandinistas. Por esto la Iglesia (y el Papa) no se cansan de proponer el diálogo

Nicaragua corre el riesgo de hundirse en una guerra civil

Pubblicato il 16/01/2019
Ultima modifica il 16/01/2019 alle ore 20:58
ALVER METALLI
BUENOS AIRES

Nicaragua no es como Venezuela o Bolivia. Tiene dos guerras civiles en su pasado reciente y –Dios no lo quiera– una que se acerca. La “crisis más grave de la historia de Nicaragua”, como la califica uno de sus más ilustres hijos, el escritor Sergio Ramírez, en su momento compañero de equipo del presidente Daniel Ortega, da nuevos pasos hacia trágicos escenarios.

Rafael Solís Cerda no es un nombre cualquiera. Hasta el martes 8 de enero era un alto magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y una personalidad importante en el organigrama sandinista, además de una figura histórica de primer plano del movimiento en su época insurreccional. Su historia política estaba en el interior del sandinismo y de la cuadragésima lealtad a su líder, Daniel Ortega. Hasta hace pocos días, cuando todo esto Rafael Solís Cerca se lo ha echado a la espalda, presentado la dimisión irrevocable con una carta que tuvo un gran impacto en Nicaragua, al menos en los pocos medios de comunicación que aún no han sido suprimidos o controlados por el gobierno de Ortega y de su activa consorte, la primera dama y vicepresidente, Rosario Murillo. Paradoja de las paradojas, el alto magistrado Solís ha sido uno de los artífices de las reformas constitucionales que han permitido a Ortega perpetuarse en el poder más allá de los límites de la constitución.

En la carta con la que ha renegado del sandinismo en versión ortegana, Rafael Solís Cerca ha dicho tres cosas que no le serán perdonadas, precisamente porque vienen del interior del sistema de gobierno que él mismo ha contribuido a construir. Por primera vez, un ex dirigente sandinista de máximo nivel se ha referido a una guerra civil en el país centroamericano como una posibilidad “más cercana que nunca”. “Yo no deseo una guerra civil para Nicaragua” ha escrito dirigiéndose a sus compañeros de un tiempo, “pero me queda claro que ustedes van por ese camino y ante un Ejército que por alguna razón no ha desarmado a los grupos armados, también es lógico esperar que los grupos de oposición van a buscar como armarse y el país va a retroceder cuarenta años, y volver, si es que no estamos ya, a esos ciclos de violencia tan característicos a lo largo de nuestra historia”.

La segunda cosa imperdonable escrita por Solís, que además fue testigo de la boda de Ortega y Murillo, es haber abiertamente equiparado Ortega a Somoza. “Yo viví esto hace tantos años en que luché contra una Dictadura y jamás creí que se iba a volver a repetir la historia, por culpa de quienes también lucharon en esa Dictadura”, ha escrito en su carta de dimisión. “Pero ahora estoy clarísimo que la solución y no deseo participar por conciencia y por principios al lado de un gobierno que ya no tiene ni la razón, ni el derecho y ni el respaldo mayoritario del pueblo y que se apoya únicamente en el uso de la fuerza para mantenerse en el poder”. La tercera afirmación de Solís, también imperdonable, es que con Ortega al mando, el diálogo nacional que se intento después del levantamiento de finales de abril está muerto y enterrado: “No veo sinceramente la más mínima posibilidad que ahora en el 2019 se retome un verdadero y nuevo diálogo nacional que logre la paz, la justicia y la reconciliación en nuestro país”.

Pero la Iglesia de Nicaragua, a diferencia del alto magistrado que ha ruidosamente tomado distancia del gobierno al que ha servido durante mucho tiempo, ve en sus palabras no un de profundis definitivo sino una oportunidad para que el gobierno sandinista acepte retomar con seriedad aquel diálogo suspendido desde julio después de pocas sesiones. Lo ha repetido el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, en primera línea desde el momento en el que la crisis se ha agudizada, comentando las palabras del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. “Las cosas que ha revelado en la carta de dimisión son otra ocasión propicia que tiene el Gobierno actual para rectificar, para abrir y buscar caminos de diálogo”. A su juicio, tanto Ortegacomo Rosario Murillo tienen una nueva oportunidad para “presentarse con una nueva voluntad política”, para encontrar “a través del diálogo una solución pacífica en este conflicto que sigue sangrando a Nicaragua”. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes ha confirmado la disposición de la Iglesia de Nicaragua a continuar como mediadora y testigo del diálogo nacional en el caso de que sea convocada: “Estamos disponibles a estar si existe voluntad verdadera (…) como sucede cuando una familia tiene conflictos; nosotros no nos entrometemos pero cuando somos llamados ofrecemos nuestro servicio”.

La Iglesia no se cansa de proponer el diálogo ante el rechazo del gobierno de considerarlo como un camino transitable para la solución de la grave crisis que vive Nicaragua y que por primera vez deja entrever la posibilidad de una guerra civil. Lo ha hecho el Papa en diversas ocasiones, antes y después de las festividades natalicias. Lo ha repetido su representante en Nicaragua, Stanislaw Waldemar Sommertag, que en un mensaje al pueblo con ocasión del nuevo año ha invocado el diálogo como el único camino para salir de la crisis. “Dicen que el diálogo es un arte, pero lo primero de todo es una verdadera necesidad humana, necesidad en la vida de cada uno de nosotros sin el cual vivir es imposible”, se lee en el texto del nuncio apostólico recogido por Vatican News.

Mientras tanto la represalia de Ortega ha llegado a las universidades de Nicaragua, el epicentro de la erupción volcánica de abril, el punto clave de aquella protesta líquida que parecía haber puesto contra las cuerdas a un gobierno que deja quemar decenas de miles de hectáreas de selva virgen, recorta las pensiones a los ancianos y los pega cuando protestan, derriba barricadas y dispara a manifestantes, estudiantes universitarios en su mayoría. El tratamiento más dura fue reservado para la Universidad Jesuita de Managua gobernada por los Jesuitas. La asignación anual a la universidad, establecida con una disposición constitucional, se reducirá sustancialmente en un 26,7 por ciento en comparación con 2018. Una deducción sustancial que pagarán los 2.500 estudiantes con becas y seiscientos graduados de bajos ingresos que han solicitado ayudas económicas para continuar con las investigaciones. “Es claramente una represalia por la posición que ha tenido la UCA desde abril, y en particular su rector, el jesuita José Alberto Idiáquez, por apoyar a la rebelión cívica y a los estudiantes que salieron a las calles”, explica un profesor de la Universidad. Mantener el anonimato es obligatorio en tiempos en los que por una opinión se puede acabar en la cárcel.

Vida difícil también para los medios de comunicación. A penas le quedan dos meses de vida a La Prensa, el histórico periódico fundado por Pedro Joaquín Chamorro, cuya muerte a manos de la guardia nacional de Somoza hizo detonar la insurrección sandinista en el lejano 1979. Misma suerte para El Nuevo Diario, un periódico que nació de las cenizas del diario sandinista Barricada que después pasó a posiciones críticas respecto al gobierno de Ortega. Papel y tinta están parados desde hace meses en los en los depósitos aduaneros de Managua, y sabemos que sin ellos, un periódico no llega a las manos de los lectores. Para prolongar su vida con las existencias disponibles, La Prensa ha decidido pasar de las 16 páginas tradicionales a 14 y reducir el color en el 30 por ciento de ellas.

Los obstáculos a la importación de materias primas se añaden al hostigamiento hacia los periodistas, a los ataques informáticos a las plataformas digitales de los medios independientes, a la suspensión o el bloqueo de las frecuencias de radio y televisión nacionales.

No hace falta levantar la vista. El logotipo de 100% Noticias cae en cascada en la fachada del edificio que alberga la redacción y pica en la cabeza de quienes cruzan la entrada del canal de televisión más combativo de Nicaragua. La señal fue apagada hace un par de semanas, el local fue registrado por la policía nacional, el director arrestado acusado de “conspiración” y “terrorismo” después de que la misma suerte hubiera sufrido a un par de sus periodistas. Todos están en peligro de ser encarcelados por haber dado voz de alguna manera a la protesta primero, a la represión después, y a los diversos intentos de diálogo nacional que se estrellaron contra la intransigencia del Presidente Ortega y su mujer Murillo. Con una circunstancia agravante, que Miguel Mora, el director de 100% Noticias, antes de los fatídicos días del levantamiento no era un adversario del régimen. “Lo consideraban uno de ellos a pesar de su falta de ‘disciplina’”, escribe el columnista y guionista Guillemo Cortés Domínguez que lo conoce bien, “porque también informó de hechos que, desde el punto de vista de Rosario Murillo, solo los medios ‘contaminados’ lo hacían”. El espacio 100% Noticias del Sandinismo llega con la revuelta de abril, el asalto a un equipo del canal y el robo de una valiosa tele-cámara.

“En diciembre, el gobierno intervino contra nueve organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la más prestigiosa, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Las privó del estatus legal necesario para operar, congeló sus cuentas bancarias, tomó los asientos y todos sus bienes. Ese mismo día también atacaron los medios escritos, televisivos y digitales de Carlos Fernando Chamorro: Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y Niú. Hoy –comenta la fuente– hay dos conocidos periodistas en prisión y unos cincuenta periodistas en el exilio”.


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Venezuela: la toma de posesión de Maduro para un nuevo mandato como presidente

Venezuela, el 2019 del “inmaduro” Maduro más aislado que nunca

El presidente venezolano ha iniciado el nuevo mandato entre fuertes rupturas internas e internacionales. También la Iglesia reclama un cambio urgente, negociado y pacífico

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro

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Pubblicato il 11/01/2019
Ultima modifica il 11/01/2019 alle ore 18:19
ALVER METALLI
CARACAS

El actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asumido el nuevo mandato presidencial que lo mantendrá en el poder hasta el 2025, al menos en teoría. Lo ha hecho el día después de la declaración de 13 países latinoamericanos que no reconocerán su gobierno, con la única excepción del México de Manuel López Obrador, que no ha firmado la declaración de repulsa de sus homólogos, no en señal de apoyo al gobernante venezolano sino como obsequio a una neutralidad que no es propensa a una ruptura de las relaciones diplomáticas.

El segundo sexenio de Maduro inicia con el mayor aislamiento jamás registrado por su gobierno y precisamente por parte de esa América Latina continental –Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Colombia y Ecuador– a la cual Venezuela ha intentado integrarse con el cambio de ruta de Chávez en la colocación geopolítica internacional del país, tradicionalmente dirigida a los países del Caribe.

El mismo día en que Maduro juraba su cargo ante el Tribunal Supremo de Justicia y no ante el Parlamento, como marca la Constitución, todos los obispos de Venezuela se reunieron en una Asamblea plenaria, la número 111 desde que fuera convocada por primera vez en el lejano 1974. Que las dos ceremonias, la laica y la eclesiástica, estuvieran estrechamente relacionadas no había duda. Y así fue.

Ya el día anterior a la sesión eclesial, en una nota publicada en el sitio de la Conferencia episcopal, los obispos recordaron la visita ad limina realizada al Vaticano en el mes de septiembre de 2018 y el encuentro colegial con el Papa. De aquel momento citaban significativamente las palabras de reconocimiento pronunciadas por Francisco sobre el carácter popular de su representación: “Se que estáis cerca de vuestro pueblo y os pido que no os canséis nunca de esa cercanía. Gracias por la resistencia”.

El inicio “formal”, por decirlo de alguna manera, de la resistencia de la Iglesia venezolana al régimen comienza en octubre de 2007, con Hugo Chávez como presidente, cuando el episcopado calificó por primera vez como “moralmente inaceptable” –prestar atención a la expresión, que vuelve a repetirse ahora exactamente igual– la propuesta de reforma constitucional del gobierno bolivariano que configuraba un “estado socialista”. Diez años después, en enero de 2017, los mismos obispos reunidos en asamblea identificaron “la causa fundamental” de la crisis en la que había precipitado el país “en la voluntad del gobierno de imponer el sistema totalitario llamado socialismo del siglo XXI”. Un modelo socialista que el 5 de mayo del mismo año apostrofaron como “militarista, policial, violento y represor”.

Más cerca aún, a inicios de 2018, los obispos condenaron la suspensión del referéndum que debía revocar (o no) el mandato de Maduro y la simultanea creación de una Asamblea nacional constituyente definida como “una usurpación del pueblo en su poder original”, por tanto “inconstitucional e ilegítimo en su origen y en su desarrollo”. Respecto a las elecciones de mayo que fueron ganadas por Maduro, denunciaron “la ilegitimidad, la improvisación y los graves vicios de forma”, viendo en la “alta tensión” registrada “un mensaje silencioso” de rechazo del sistema vigente.

El mes de julio del mismo año, los obispos escribieron que el país estaba viviendo “un régimen de hecho, sin respeto de las garantías previstas por la Constitución y de los más altos principios de la dignidad del pueblo”. Y llegamos a los días actuales.

En la asamblea episcopal que se cerró prácticamente a la vez que se produjo la asunción de Maduro, el presidente José Luis Azuaje Ayala, arzobispo de Maracaibo, trazó un balance dramático de 2018 con una inflación que galopa sin frenos, salarios pulverizados, servicios públicos que funcionan mal, muertes violentas que aumentaron a niveles récord y el 80% de los productos básicos que escasean o han desaparecido del mercado. La producción del petróleo cayó a los niveles más bajos de los últimos años y tres millones de venezolanos se han visto obligados a emigrar para mendigar un futuro fuera de su país de origen.

Sobre la cuestión de la legitimidad o ilegitimidad del nuevo sexenio de Maduro, las palabras del presidente de los obispos han distinguido con precisión entre la legitimidad constitucional –“sobre la cual, la historia cuando llegue el momento dará su veredicto”– y la “ilegitimidad moral” como a partir de ahora podrá ser definido el nuevo periodo. La amplia y detallada introducción del trabajo del presidente fue debatida y dio lugar a una exhortación final a la gente, que resume la opinión de la Iglesia de Venezuela. En un punto del texto se vuelve a hablar de “dignidad humana violada”, de “bien común desatendido”, de “verdad manipulada”, de “ilegitimidad en origen” del gobierno de Maduro por el hecho de que la convocatoria electoral del 20 de mayo sobre la que se funda el mandato fue ilegítima, “así como la misma Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el poder ejecutivo”.

El documento final de los obispos de Venezuela cita inesperadamente el pasaje de una homilía de 1979 de monseñor Romero, proclamado Santo por el Papa Francisco el 18 de octubre de 2018, donde el obispo mártir explica el origen del conflicto en la ilegitimidad de un sistema político: “Si hay un conflicto entre el gobierno y la Iglesia, no es porque la Iglesia es un adversario, sino porque el conflicto está ya establecido entre el gobierno y el pueblo, y la Iglesia defiende el pueblo”.

La toma de posesión de Maduro y el summit concomitante de los obispos venezolanos han estado acompañadas por una declaración de 20 ex presidentes que han criticado al Papa y su actitud

persistente a favor del diálogo. El texto de los ex presidentes incitó a los comentaristas a marcar la distancia entre los obispos venezolanos y Francisco, este último, en su opinión, demasiado benevolente y propenso a la negociación mientras que los primeros renuncian a recurrir a la negociación como solución a un conflicto. Es un comentario apresurado que no tiene en cuenta el texto final del trabajo de la Conferencia Episcopal Venezolana, que aún no se ha completado.

En la exhortación final de poco más de dos páginas dividida en nueve puntos, los obispos de Venezuela citan tres veces al actual Papa y todas ellas para contradecir las oposiciones a sus puntos de vista. “Como dijo el Papa Francisco, es necesario buscar juntos caminos de ‘concordia’ y entendimiento, de unión del pueblo venezolano, de respuestas a los múltiples problemas y de defensa de los derechos humanos que nos permitirán superar la crisis y servir a los más pobres”. Para terminar con un agradecimiento explícito por la “constante cercanía y preocupación” del Papa hacia Venezuela y una cita extraída del Mensaje del 7 de enero al cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede: “Deseo para la querida Venezuela que se encuentren formas institucionales y pacíficas para resolver la crisis política, social y económica, formas que ayuden especialmente a los afectados por las tensiones de estos años y ofrezcan al pueblo venezolano un horizonte de esperanza y paz”.

Palabras que hacen pensar más en una diferenciación de papeles entre el Papa y los obispos de Venezuela, declinada en diferentes momentos en los veinte años de Chávez-Maduro, que en una distancia de puntos de vista. Mientras tanto, se acerca otra cita en la que hablaremos sobre Venezuela, el encuentro con el Papa en Panamá en la reunión ya programada con los obispos de América Central el jueves 24 de enero.


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Venezuela. Fuerte denuncia del episcopado contra la reelección de Maduro como Presidente

Cardenal Baltazar Porras, Mons. Raúl Biord y Mons. Freddy Jesús Fuenmayor SuárezCardenal Baltazar Porras, Mons. Raúl Biord y Mons. Freddy Jesús Fuenmayor Suárez 

Obispos Venezuela: nuevo período presidencial ilegítimo en origen

Así lo afirmaron- en sustancia – los Obispos Venezolanos, en el día anterior a la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial, al reiterar que “la convocatoria del 20 de mayo (para elegir el Presidente de la República) fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el poder ejecutivo”

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano

Es “moralmente inaceptable” prolongar el fracaso e ineficiencia del poder de las últimas décadas: ha sido contundente el rechazo de los obispos a la pretensión de iniciar un nuevo período presidencial este 10 de enero por parte de Maduro, debido al vicio en su origen, a saber, el de la convocatoria ilegítima del pasado 20 de mayo, que “abre una puerta al desconocimiento del Gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho”.

La exhortación del Episcopado Venezolano ha sido leída en el curso de la 111ª Asamblea Ordinaria, este miércoles 9 de enero a tres voces por el Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo de Mérida y Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, Mons. Raúl Biord Arzobispo de la Guaira y  2º Vicepresidente de la Cev y Mons. Freddy Jesús Fuenmayor Suárez, Obispo de Los Teques.

Los prelados recordaron el pedido hace tres años (el 1-12-2016) del Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin, relativo a la restitución a la Asamblea Nacional del rol previsto en la Constitución del País. “El voto de confianza que el pueblo venezolano le ha conferido debe ser retribuido con el cumplimiento de los deberes de los diputados, diseñando y redactando las leyes que necesita el país para el restablecimiento de la democracia y la vuelta a la decencia y honestidad en la administración de los fondos públicos”, expresaron.

Interpelan las palabras del Papa

Recordando las palabras del Papa Francisco en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1º de enero, cuando se refirió a la función y responsabilidad política como “desafío permanente para todos los que reciben el mandato de servir a su país, de proteger a cuantos viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo”, manifestaron que el pedido del Papa “nos interpela”, y subrayaron la necesidad de buscar juntos – como también dijo el Santo Padre el lunes en el discurso a los Embajadores- caminos de “concordia” y entendimiento, de unión del pueblo venezolano, de respuestas a los múltiples problemas y de defensa de los derechos humanos que nos permitan superar la crisis y atender a los más pobres.

En el inicio de la exhortación, el episcopado afirmó recibir el 2019 “con la confianza puesta en Dios, como una buena oportunidad para el cambio que el país pide a gritos: la recuperación del Estado de Derecho según la Constitución y la reconstrucción de la sociedad venezolana, en dignidad, libertad y justicia para todos”.

“Moralmente inaceptable” querer mantener a toda costa el poder

Con clamor, se refirieron a la dramática y grave situación que vive el pueblo venezolano a causa del deterioro del respeto a sus derechos y de su calidad de vida, “sumido en una creciente pobreza y sin tener a quien acudir”: “Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas: ¡es moralmente inaceptable! Dios no quiere que por el sometimiento a injusticias sufra el pueblo. Urge, por tanto, asumir el clamor popular de un cambio, de una concertación para una transición esperada y buscada por la inmensa mayoría”, dijeron.

Pretensión de iniciar nuevo período presidencial ilegítima en su origen

Asimismo reiteraron que “la convocatoria del 20 de mayo (para elegir el Presidente de la República) fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el poder ejecutivo”: “Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo” (No temas, yo estoy contigo, n. 6). Por tanto, la pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen, y abre una puerta al desconocimiento del Gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho”, afirmaron.

Asamblea Nacional electa único órgano público legítimo

Los obispos reconocieron que en medio de esta crisis “política, social y económica”, “la Asamblea Nacional, electa con el voto libre y democrático de los venezolanos”, es actualmente “el único órgano del poder público con legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias”.

Necesaria la articulación de todos los sectores sociales

Es necesaria la articulación de todos los sectores sociales, afirmaron los prelados, tras referirse al rol de la ciudadanía como actores de primer orden en el país: “no podemos ser simples espectadores”, subrayaron, recordando al pueblo que “la defensa de la libertad ha costado mucha sangre y muchos sufrimientos, para ver de lejos lo que la mayoría rechaza: políticas de hambre, persecución política, represión militar y policial, presos políticos, torturas, corrupción, ineficiencia e ineficacia en la gestión pública”. “Como ciudadanos y como instituciones – añadieron – nos toca asumir las responsabilidades que nos competen para mejorar la actual situación y recuperar el país con sus valores y potencialidades. 

El compromiso de la Iglesia venezolana

Son tres las direcciones en las que el Episcopado Venezolano señala su compromiso como Iglesia: en primer lugar en las diócesis y en las parroquias “para seguir ayudando a la supervivencia, tanto de los más débiles y desprotegidos dentro del país como a los que han emigrado buscando trabajo y mejores condiciones de vida, así como refugio y asilo”. En segundo lugar se comprometen a seguir trabajando “en la defensa y promoción de los derechos humanos, en particular de los que carecen de todo, de los amenazados de muerte, de los perseguidos y privados de libertad”. Y en tercer lugar, se proponen “seguir desarrollando programas de formación y organización que permitan la recuperación de la institucionalidad democrática y la reconstrucción del país de una forma pacífica”. Todo esto enmarcado en el proceso de evangelización que promueve los valores de verdad, autenticidad, justicia, solidaridad, paz, reconciliación y fraternidad.

Gratitud al Papa, a las Iglesias y Gobiernos de diversos países

En la conclusión de la exhortación, el episcopado agradeció al Romano Pontífice por “su constante cercanía y preocupación por nuestra patria”. A las Iglesias y Gobiernos de diversos países por “su solidaridad y su atención a los compatriotas que, producto de la crisis, han tenido que dejar el país en búsqueda de mejores condiciones de vida”, y a los sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos, así como a las muchas iniciativas que en este campo se están llevando adelante desde Cáritas a nivel nacional, diocesano y parroquial, desde la comisión de Justicia y Paz y las vicarías de Derechos Humanos, de otras organizaciones y asociaciones manifestaron su aprecio, invitando, por último a “articular iniciativas y proyectos en favor del pueblo a los hermanos de otras iglesias y de otras religiones, a las instituciones públicas y privadas, a los empresarios, profesionales, trabajadores y obreros, para trabajar por la paz y por un mejor país”.


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Represión en Nicaragua. Seria amonestación de la ONU al gobierno

El gobierno de Nicaragua debe cesar el acoso contra la sociedad civil y los medios de comunicación

ONU/Manuel Elias
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

16 Diciembre 2018

Desde abril pasado, los medios de comunicación de Nicaragua han sufrido ataques y el hostigamiento se ha agudizado en las últimas semanas. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos instó al gobierno a detener inmediatamente ese acoso.

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos urgió al gobierno de Nicaragua a cesar de inmediato las intimidaciones y el acoso contra entidades de la sociedad civil y medios de comunicación.

En un comunicado emitido este sábado, Michelle Bachelet conminó a dejar de perseguir a “defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación críticos con el gobierno”.

“Asimismo, insto a las autoridades a que respeten y garanticen los derechos humanos y las libertades fundamentales de los nicaragüenses”, enfatizó.

Insto a las autoridades a que respeten y garanticen los derechos humanos de los nicaragüenses

Desde abril de este año, en el país centroamericano se han registrado actos de represión que se han intensificado en las últimas semanas con el hostigamiento a periodistas y allanamientos a medios de comunicación, además de que se canceló la persona jurídica de nueve ONG.

Bachelet expresó su disposición a seguir negociando con las autoridades con el propósito de encontrar una vía para que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pueda volver a tener una presencia estable en el país y así asistir al gobierno en su obligación de respetar y defender las garantías fundamentales de la ciudadanía.


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Rusia: medidas represivas contra la libertad de información

Rusia: Nuevas multas asfixiantes contra activistas, ONG y medios de comunicación independientes

The New Times site page © AI

La avalancha de multas injustas, abusivas y asfixiantes impuestas a medios de comunicación rusos independientes, ONG y personas defensoras de los derechos humanos representa un nuevo asalto contra las libertades fundamentales en Rusia; así lo ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

“Una vez más, las autoridades rusas actúan selectivamente contra personas y organizaciones independientes; esta vez, su arma son las multas asfixiantes. Valiéndose de un sinfín de leyes draconianas, las autoridades están imponiendo multas abusivas sin parar en lo que parece un ataque coordinado para acabar de golpe con todas las organizaciones críticas”, ha afirmado Natalia Zviagina, directora de la Oficina de Amnistía Internacional en Rusia.

La víctima más reciente de estos ataques selectivos es la revista The New Times, uno de los medios de comunicación críticos de mayor difusión en Rusia. El 26 de octubre, la publicación fue condenada al pago de una multa de 22.250.000 rublos (348.000 dólares estadounidenses), que se impone a “directores, editores y organismos de radiodifusión por no facilitar la información requerida sobre los fondos recibidos”. Se trata de la mayor multa impuesta hasta ahora a un medio de comunicación en Rusia.

En 2017, tras perder a sus anunciantes por causa de su reputación de desleal al régimen, la revista se vio obligada a suspender su edición en papel. Ahora, ante esta nueva multa tan elevada, The New Times se encuentra al borde de la quiebra.

También el 26 de octubre, la Fundación Andrey Rylkov, destacado grupo ruso que aboga por la reforma de las políticas en materia de drogas, fue condenada a pagar una multa de 800.000 rublos (12.500 dólares estadounidenses) por distribuir “propaganda de sustancias estupefacientes”. El artículo en cuestión apareció en un boletín que publica la Fundación sobre el acceso a los servicios de salud para las personas que consumen drogas.

“La misma arma económica que las autoridades usan contra sus detractores en los medios de comunicación se está utilizando simultáneamente contra quienes expresan opiniones discrepantes sobre una diversidad de asuntos políticos”, ha dicho Natalia Zviagina.

Sólo unos días antes, Transparencia Internacional Rusia fue condenada a pagar una multa inusualmente elevada, de 1.000.000 rublos (15.600 dólares estadounidenses), tras perder una causa por difamación presentada por un estrecho colaborador de Vladimir Putin.

Al mismo tiempo, los tribunales rusos apenas han protegido a defensores y defensoras de los derechos humanos de los ataques a su reputación por parte de los medios de comunicación de gran difusión controlados por el Estado.

 

Este mismo mes, Sergei Zykov —defensor de los derechos humanos de Ekaterimburgo, en los Urales— y Aleksandr Kunilovsky —activista de la oposición de Tyumen, en el norte de Siberia— fueron condenados a pagar multas de 300.000 rublos (4.700 dólares) y 290.000 rublos (4.500 dólares), respectivamente, por infringir la normativa rusa que regula las reuniones públicas, indebidamente restrictiva.

“Pedimos a las autoridades rusas que paren de inmediato este asalto implacable contra las organizaciones de la sociedad civil , y que dejen de utilizar una legislación represiva para imponer penas abusivas”, ha manifestado Natalia Zviagina.

Información complementaria

The New Times, la Fundación Andrey Rylkov y Transparencia Internacional Rusia vienen soportando una presión creciente por parte de las autoridades rusas, principalmente debido al hecho de que las tres organizaciones reciben fondos extranjeros.

El artículo 13.15.1 del Código de Faltas Administrativas aplicado para sancionar a The New Times se aprobó en 2015 como parte de una campaña contra los medios de comunicación independientes, que se han visto obligados a depender de la financiación extranjera ante la falta de fondos nacionales accesibles.

La Fundación Andrey Rylkov fue clasificada como “agente extranjero” por el Ministerio de Justicia en 2016. Desde entonces ha sufrido una drástica reducción presupuestaria debido a la imposibilidad de generar fondos suficientes de fuentes nacionales.