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El encuentro de S.Juan Pablo II con Pinochet. Qué sucedió?

Un Papa vuelve a la Moneda después del “balconazo” de Pinochet

Durante la visita de Juan Pablo II, hace 31 años, el dictador chileno con una estrategia consiguió fotografiarse en el balcón al lado del Pontífice que no quería

Juan Pablo II y el dictador Augusto Pinochet en la conocida y polémica foto conocida como el “balconazo”

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Pubblicato il 15/01/2018
ANDREA TORNIELLI
ENVIADO A SANTIAGO DE CHILE

La mañana del martes 16 de enero, dentro de pocas horas, el Papa Francisco cruzará las puertas del Palacio presidencial de la Moneda de Santiago de Chile. Lugar de la muerte del presidente Salvador Allende, convertido después en residencia del dictador Augusto Pinochet. Será la primera vez que un Papa entra en ese edificio tras el famoso y discutido episodio del “balconazo” de hace 31 años, cuando con una estrategia Pinochet consiguió – fuera del protocolo y del programa acordado – asomarse al balcón junto a Juan Pablo II.

 

Desde su llegada al aeropuerto de Santiago, el 1 de abril de 1987, en presencia del dictador, el Papa Wojtyla habló de la “inalienable dignidad del ser humano”. Y pocas horas después, a los pies de un gran monumento mariano, dijo que bendecía especialmente a las “poblaciones marginadas” y a “aquellos que han sufrido las consecuencias de la violencia”. La diplomacia vaticana había acordado tres encuentros con Pinochet, que temía la visita del Pontífice polaco por las posibles reacciones populares contra la dictadura: la bienvenida en el aeropuerto, el encuentro oficial en la Moneda, el saludo a su salida del país. Pinochet, que habría querido estar mucho más presente al lado del Papa acompañándolo a todos los eventos presentes en la agenda, intentó impedir –en vano– que éste encontrara a los exponentes políticos de la oposición y estudió el modo de obtener una extraordinaria “photo opportunity”.

 

El organizador de los viajes papales era en esa época el jesuita padre Roberto Tucci, que después fue cardenal. La visita de cortesía al jefe del Estado chileno estaba prevista a las 9 de la mañana del 2 de abril y el protocolo preveía una breve reunión privada, seguida por un saludo a los familiares del dictador. El régimen había secretamente ideado un guión diferente. Antes del amanecer, cerca de 7.000 simpatizantes de Pinochet fueron llevados a la plaza ante el Palacio de la Moneda, y comenzaron a gritar que querían ver al Papa. El programa, que debía durar menos de media hora, se alargó de tal modo que las voces crecieron al grito de: “¡Juan Pablo II te quiere todo el mundo!”. Al final del encuentro con Pinochet, hicieron salir al Papa Wojtyla por una puerta diferente respecto a la que había sido acordada con los organizadores vaticanos de tal modo que se encontró ante una espesa cortina negra. El dictador se giró al Papa diciéndole: “Santidad, fuera la gente quiere saludarle y verle. Esperan su bendición”.

 

En aquel preciso instante los agregados militares hicieron correr la cortina y abrieron la ventana del balcón central del palacio presidencial, que se asomaba sobre la plaza en fiesta. Juan Pablo se quedó mudó al sentirse traicionado pero obviamente se asomó a saludar a la gente que lo aclamaba. El evento es conocido como el “balconazo”. En el momento de los saludos Wojtyla heló con la mirada al dictador contando enfurecido a sus colaboradores lo que había pasado.

 

“Pinochet le hizo asomarse con él al balcón del palacio presidencial contra su voluntad –ha contado el padre Tucci -. Nos tomo el pelo a todos. Los colaboradores fuimos acomodados en un pequeño salón en espera de la reunión privada. Según los acuerdos – que había cerrado bajo una precisa disposición del Papa – Juan Pablo II y el presidente no se habrían asomado a saludar a la multitud. Wojtyla era muy crítico con el dictador chileno y no quería aparecer a su lado. Yo controlaba siempre la única puerta que unía el pequeño salón donde estábamos los colaboradores, con la habitación donde estaban el Papa y Pinochet. Pero con un movimiento estudiado le hicieron salir por otra puerta. Pasaron por delante de una gran cortina oscura cerrada –nos contó luego el Papa enfadado – y Pinochet hizo que Juan Pablo II se parara allí, como si tuviera que enseñarle algo. La cortina se abrió de golpe y el Pontífice se encontró ante el balcón abierto sobre una plaza llena de gente. No pudo retirarse pero recuerdo que cuando se despidió de Pinochet lo heló con la mirada”.

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Turquía: sigue la persecución contra los periodistas.

TURQUÍA | Cerca de 70 periodistas juzgados esta semana

07.12.2017 16:46

 

En un nuevo récord para la persecución de la prensa en Turquía, un total de 68 periodistas comparecen en los tribunales en cuatro juicios diferentes durante la semana del 4 al 11 de diciembre. La tercera parte de estos periodistas ya están encarcelados.

 

Reporteros Sin Fronteras (RSF) condena las infundadas acusaciones de terrorismo por las que están siendo procesados los 68 periodistas ​​y reitera su llamamiento por su inmediata liberación. Todos están acusados ​​de apoyar o pertenecer a una organización terrorista, y sobre la mayoría de ellos también recae el cargo de “tratar de derrocar al gobierno y el orden constitucional”.

 

De los encausados, 44 ya han pasado alrededor de 18 meses en prisión provisional. El representante de RSF en Turquía, Erol Önderoğlu, asiste a todas las audiencias, que se están celebrando en Estambul y los alrededores.

 

“Con los mismos cargos extremadamente graves, el mismo abuso de la detención provisional y el mismo desprecio por el derecho a un juicio justo, estos cuatro juicios ilustran la escalada de la criminalización del periodismo en Turquía”, denuncia Johann Bihr, director de de la oficina para Europa Oriental y Asia Central de Reporteros Sin Fronteras.

 

“El sistema judicial ahora solo sirve de barniz para disfrazar la eliminación deliberada de toda disidencia. Reiteramos nuestro llamamiento a las autoridades para que liberen a los periodistas encarcelados de inmediato y abandonen estos juicios políticos”.

 

El maratón judicial de una semana de duración comenzó el 4 de diciembre con la reanudación del juicio a 29 periodistas acusados ​​de actuar como el “ala mediática” del Movimiento Gülen, al que el gobierno acusa de estar tras el intento de golpe de Estado de julio de 2016.

 

Dos de estos periodistas, Murat Aksoy y Atilla Taş, quedaron en libertad en la audiencia anterior, pero 20 de ellos, incluidos Abdullah KılıçHabip Güler Yakup Çetin, siguen presos y la sesión del 4 de diciembre terminó con la decisión de retenerlos hasta la siguiente, prevista para el 6 de febrero. Se enfrentan a una posible sentencia de entre diez años de prisión y cadena perpetua sin libertad condicional.

 

El 6 de diciembre se reanudó el juicio contra seis periodistas en relación con las revelaciones sobre el yerno del presidente Erdoğan y ministro de Energía, Berat Albayrak. Dos de los encausados, el periodista de investigación Tunca Öğreten Mahir Kanaat, del diario de izquierda BirGün, fueron finalmente puestos en libertad bajo control judicial después de casi un año de detención provisional.

 

Ninguno de los seis está ahora en la cárcel, pero aún se enfrentan una posible pena de 15 años de prisión por la acusación de cooperar con un grupo de hackers y divulgar secretos de Estado para ayudar a varias organizaciones terroristas “creando una percepción negativa de las autoridades”. La próxima audiencia se ha programado para el 3 de abril.

 

El 8 de diciembre se reanuda el juicio de 30 ex periodistas y empleados del diario Zaman; 21 siguen en detención provisional, entre ellos Şahin AlpayAhmet Turan Alkan y Ali Bulaç. El caso contra ellos se basa principalmente en el mero hecho de que trabajaban para Zaman, que se consideraba comprensivo con el Movimiento Gülen y fue disuelto por decreto en julio de 2016. Cada uno de ellos afronta la posibilidad de tres cadenas perpetuas.

 

Los célebres periodistas Ahmet AltanMehmet Altan y Nazlı Ilıcak, cuyo juicio por cargos similares se reanudará el 11 de diciembre, están en detención provisional. Se alega que su crítica al gobierno “preparó el camino” para el intento de golpe. Sobre Ahmet Altan pesa además la acusación de apoyar la intentona por medio de “mensajes subliminales”.

 

Los cuatro abogados que defienden a los hermanos Altan fueron expulsados de la sala del tribunal durante la última sesión. El fiscal debe presentar su resumen en la audiencia del 11 de diciembre.

 

La ya preocupante situación de los medios en Turquía se ha vuelto crítica bajo el estado de emergencia proclamado después del intento de golpe de julio de 2016. Se cerraron alrededor de 150 medios de comunicación, se están celebrando juicios en masa y el país ahora tiene el récord mundial de la cantidad de periodistas encarcelados. Turquía ocupa el puesto 155, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2017 de Reporteros Sin Fronteras. Más sobre el país, en el Informe Anual de la organización.

Leer más: http://www.rsf-es.org/news/turquia-cerca-de-70-periodistas-juzgados-esta-semana/


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Argentina: elogios de la ONU por las sentencias contra culpables de la dictadura.

ONU encomia veredicto por crímenes de lesa humanidad durante dictadura argentina

El relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, aplaudió el veredicto. Foto: Jean-Marc Ferré

05 de diciembre, 2017 — Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos acogió con beneplácito la condenade 48 personas acusadas de cometer torturas, asesinatos y desapariciones forzadas, durante la última dictadura militar en Argentina.

Un tribunal federal de Buenos Aires determinó el pasado miércoles que los acusados cometieron crímenes de lesa humanidad contra casi 800 personas en la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El juicio es “un paso fundamental hacia la realización del derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que tienen todas las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, así como sus familiares”, destacaron los expertos.

29 de los imputados fueron condenados a cadena perpetua y el resto recibieron penas de entre 8 y 25 años de prisión, con la excepción de 6 absueltos.


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Argentina: ESMA y los vuelos de la muerte. Sentencia histórica.

Argentina: ESMA y “vuelos de la muerte”

Manifestación de las Madres de la Plaza de Mayo, el pasado 29 de noviembre, mientras se celebraba el juicio por las violaciones de derechos humanos cometidas por la ESMA.

Histórica sentencia es un enorme paso por la memoria, la verdad y la justicia

La justicia argentina dio ayer un gran paso en materia de derechos humanos tras condenar a 29 represores a prisión perpetua por cometer delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención ESMA durante la última dictadura y por arrojar vivos al mar a los prisioneros en los vuelos de la muerte, así lo indicó hoy Amnistía Internacional.

El juicio, que demandó cinco años, involucró a 789 víctimas y resultó en la condena a 29 civiles y militares a prisión perpetua. En el proceso judicial se juzgó a militares, a los pilotos de los conocidos “vuelos de la muerte”, y a civiles involucrados en secuestros, torturas y apropiación de niños durante el régimen militar (1976-1983).

Entre los condenados a prisión perpetua se encuentran Alfredo Astiz y Jorge “el Tigre” Acosta, dos de los marinos más conocidos entre los que actuaron en la ex ESMA. Otros condenados a prisión perpetua fueron Randolfo Agusti Scacchi, ex jefe naval; Mario Daniel Arrú, ex piloto de la Prefectura encargado de realizar los “vuelos de la muerte” y Juan Antonio Azic, sentenciado por la apropiación, en su entonces, de la actual diputada Victoria Donda.

“El día de ayer será recordado como una jornada clave para la historia de los derechos humanos. Esta sentencia es un hito y un modelo de lucha y restitución de derechos en el largo camino por la justicia”. También es el resultado de una lucha colectiva de diferentes actores, tanto de la sociedad civil como de la justicia que trabajaron incansablemente durante años”, señaló Mariela Belski, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.


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Cuba: límites a la libertad de expresión. Denuncia de Amn. Int.

Cuba: las personas presuntamente críticas con el gobierno enfrentan una vida de desempleo

LatinContent/Getty Images/Jan Sochor

Los cubanos y cubanas comunes de quienes se considera que critican, aunque sea sutilmente, la vida en el país se enfrentan a un futuro de acoso en el empleo, o de desempleo, ya que las autoridades utilizan su control sobre el mercado laboral como herramienta adicional de represión. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

Es una prisión mental explora la manera en que décadas de uso arbitrario de las leyes penales y otras prácticas ilegales —incluidos los despidos discriminatorios e indebidos del empleo estatal y el acoso adicional en el sector emergente del empleo por cuenta propia— se traduce en un sistema en el que incluso las personas que en Cuba no son políticamente activas tienen que evitar criticar al gobierno si quieren conservar su empleo.

Muchas personas en Cuba se sienten asfixiadas por unos mecanismos de control estatal sobre su vida cotidiana. Parte de ese control es: si quieres mantener un empleo, tienes que estar de acuerdo con todo lo que diga el gobierno”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Ahora que Raúl Castro se dispone a abandonar su cargo en febrero de 2018, Cuba tiene la oportunidad de iniciar un diálogo significativo sobre derechos humanos. Es imperativo que el país empiece a hacer los cambios necesarios para que la libertad de expresión se convierta en una realidad para la población.”

El gobierno cubano es el principal empleador del país: aproximadamente el 70% de los empleos disponibles están en el sector público. El gobierno también controla el sector privado, pequeño y emergente pero sumamente regulado.

Cuba sigue siendo el único país de las Américas donde a Amnistía Internacional no se le permite hacer una visita oficial
. El equipo de investigación de la organización habló con más de 60 personas migrantes cubanas en diversas ciudades de México para documentar sus testimonios sobre la vida cotidiana en un país en el que la libertad de expresión se ha restringido históricamente.

La mayoría de las personas entrevistadas no habían criticado nunca abiertamente el sistema político o económico cubano, y no estaban implicadas en ninguna forma de activismo o de oposición política. Sin embargo, aproximadamente la mitad afirmaron haber sido detenidas y encarceladas al menos en una ocasión, en su mayoría acusadas de delitos contrarios al derecho internacional.

Por ejemplo, una mujer, ex empleada de un comercio, contó a Amnistía Internacional que en 2011 había pasado ocho meses en prisión por “adquirir ilegalmente carne de res”, antes de que un juez la absolviera tras concluir que no había pruebas suficientes para detenerla.

El Código Penal de Cuba también establece una serie de sanciones basadas en la proclividad de una persona a cometer un delito, y en la probabilidad percibida de posibles acciones futuras que podrían ser consideradas “antisociales”. Además, castiga a quienes tengan relación con personas a las que las autoridades consideren “potencialmente peligrosas para la sociedad” o con aquellas que constituyan una amenaza para “el orden social, económico y político del Estado socialista”.

En Cuba todo es ilegal”, dijo un ex agente de la seguridad del Estado cuyo trabajo consistía en infiltrarse en lugares de trabajo para denunciar a trabajadores y trabajadoras en el país.

Las personas que desaprueban, incluso de forma delicada, las políticas del gobierno cubano son despedidas arbitrariamente de su empleo o acosadas por el Estado hasta que sienten que no tienen más opción que dimitir o abandonar el país. Una vez que te despiden de un empleo estatal por expresar una opinión crítica, resulta casi imposible encontrar otro empleo en el sector público.

La mayoría de las personas que hablaron con Amnistía Internacional dijeron que, cuando se ponían en contacto con posibles nuevos empleadores estatales, después de haber sido despedidas de un empleo anterior, eran rechazadas; simplemente les decían: “no eres confiable”. La frase, utilizada explícitamente para referirse a una persona que no es confiable políticamente en lo relativo a la ideología del Estado, era con frecuencia la única explicación que los posibles empleadores daban a la persona en cuestión para no darle el empleo.

Jorge Luis, campeón deportivo, contó que, después de decir durante una entrevista en la televisión estatal que el gobierno cubano no financia el deporte, empezó a verse excluido progresivamente de su deporte y fue despedido de su empleo estatal. Sencillamente le dijeron que ya no reunía los requisitos necesarios para el trabajo.

Según contó, le dieron 20 días para encontrar otro empleo, o de lo contrario la policía dijo que lo acusarían de “peligrosidad” por no trabajar. Le resultó imposible encontrar otro empleo, ya que, en todos los lugares a los que acudía, los empleadores le decían que era un “contrarrevolucionario”. Incapaz de mantener a su familia, decidió abandonar Cuba.

Quienes son expulsados de su empleo a causa de sus opiniones no tienen una instancia a la que acudir para recurrir su despido. La mayoría dijeron que el único sindicato oficial de Cuba no los representaba, y que no tenían la opción de unirse a un sindicato independiente. Ninguna de las personas entrevistadas había recurrido su despido mediante los tribunales, pues consideraban que éstos estaban bajo el control total del gobierno.

“¿Para qué vas a contratar un abogado si el abogado es del mismo gobierno?”, dijo un hombre de 31 años que había tratado de salir de Cuba seis veces por mar y que luego había visto negado su acceso al empleo y había sido acosado por la policía.

Pese a los cambios introducidos recientemente en las leyes sobre migración cubanas, tratar de salir del país por mar sigue considerándose delito. Quienes tratan de abandonar el país son calificados de “desertores”, “traidores” y “contrarrevolucionarios”, y son detenidos y excluidos del acceso al empleo estatal, igual que otras personas que ejercen pacíficamente su derecho a la libertad de expresión.

“El hecho de que las autoridades no hayan respetado los derechos humanos de la gente ha tenido un impacto que va mucho más allá de las personas que han sido blanco de acciones por su activismo, y se filtra en las experiencias y esperanzas cotidianas de personas de todos los sectores sociales.”

“Si las autoridades de Cuba quieren afirmar que tienen un compromiso real de cambiar, deben revisar todas las leyes penales que son contrarias a las normas internacionales y deben poner fin a los despidos discriminatorios e indebidos y al acoso contra trabajadores y trabajadoras como forma de silenciar incluso las críticas más sutiles. Hasta que no lo hagan, el país seguirá siendo una prisión mental”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas.


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Argentina: el Papa apoya a las madres de la plaza de mayo.

El gesto del Papa con las Madres de Plaza de Mayo

Justo cuando se celebra el día de las madres en Argentina, el Papa tuvo un detalle muy especial con una comitiva de apoyo a las Madres de Plaza de Mayo en la Plaza de San Pedro

El gesto del Papa con las Madres de Plaza de Mayo

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Pubblicato il 15/10/2017
Ultima modifica il 15/10/2017 alle ore 15:04
ANDRÉS BELTRAMO ÁLVAREZ
CIUDAD DEL VATICANO

“¡No pasarán!”. Los carteles apenas decían esas dos palabras. Letras blancas sobre fondo azul. Los sostenían mujeres de diversas edades, la mayoría italianas. Con pañuelos blancos sobre sus cabezas, ellas saludaron al Papa. Un gesto potente. Justo cuando se celebra el día de las madres en Argentina, Francisco quiso mostrar su cercanía con las Madres de Plaza de Mayo. Por eso autorizó que un grupo de apoyo a esa organización de lucha por los derechos humanos se ubicase en primera fila, durante la misa que celebró este domingo en la Plaza de San Pedro.

 

La comitiva estaba compuesta por unas 30 personas. Ellas obtuvieron permisos especiales de la Gendarmería Vaticana para moverse con libertad. Portaron los carteles durante casi toda la ceremonia de canonización de 35 nuevos santos: 30 mártires brasileños, tres pequeños indígenas mexicanos y dos sacerdotes, un español y un italiano. Al final, tras saludar a los cardenales y antes de realizar su giro en papamóvil entre la multitud, el pontífice se acercó y les dedicó un saludo especial.

 

 

“El Papa recordó que en la Argentina es el día de la madre y por eso quería que estuviésemos acá, porque no se puede entrar si él no quiere, para dar testimonio de la existencia de unas madres que continúan peleando, que continúan luchando por la democracia y la libertad de todos”, contó Rentado Di Nicola, del grupo de apoyo a las Madres de Plaza de Mayo en Italia, en declaraciones al Vatican Insider.

No dijo mucho más Jorge Mario Bergoglio. Pero el detalle tuvo un valor simbólico indudable. “A veces no es necesario que el Papa hable, el hecho que nosotros estemos acá, en primera fila, junto a los diplomáticos, nosotros que somos simples ciudadanos pero conectados con la realidad argentina, con eso el Papa ya habló, no tiene necesidad de decir palabras”, agregó Di Nicola.

 

Tras el saludo, las madres extendieron un cartel más grande con la frase “¡No pasarán!”. Casi un pasacalle. Con él se colocaron, a un costado, en espera que el papamóvil regresase. Cuando Francisco pasó cerca de ellas las volvió a saludar.

 

El coordinador recordó que son 40 años de la lucha de esa agrupación que busca a los desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983). Una lucha por la democracia y la transparencia, por la posibilidad de que haya derechos humanos efectivos en Argentina. Precisó que, este mismo domingo en la localidad argentina de Tigre, ellas darán algunos pañuelos a “sacerdotes comprometidos con la actividad del pueblo”.

 

“No pasará la destrucción de la democracia, no pasará la destrucción de las madres, no pasará la destrucción de los archivos de las madres, no pasará la destrucción de la verdad, porque cuando se ataca a las madres no se las ataca sólo a ellas, se ataca la identidad, la cultura, la dignidad de un pueblo. Ninguno puede decir que no hubo 30 mil desaparecidos, sólo hubo 15 mil, es una vergüenza que alguien diga eso”, precisó.

 

Y apuntó: “Tampoco se puede decir que un 20 por ciento Santiago se fue a Chile y 20 por ciento está muerto. Son declaraciones que nos hieren el corazón y la gente no quiere absolutamente regresar a los años 70”.

 

Más adelante, Renato Di Nicola sostuvo que para ellos lo importante es que las Madres de Plaza de Mayo puedan tener su actividad política “sin ser hostigadas todos los días” y puedan libremente continuar, cada jueves, marchando para pedir por la aparición de sus hijos y de todos los desaparecidos, “los viejos y los nuevos”.

Aseguró que “cientos de cosas” manifiestan la hostilidad contra las madres en Argentina, entre ellas “intentos por encarcelarlas”, “actos administrativos contra ellas” y “jueces vinculados con la vieja dictadura que continúan determinando situaciones”.

 

 

“Nosotros decimos que las madres son un antídoto a la violencia y la dictadura, que se pueden ejercer no sólo con las acciones sino también con las amenazas. La amenaza a veces es más peligrosa que la violencia física, esto el pueblo argentino no se lo merece. En ningún caso. No se trata de este o el otro gobernante, no se puede ir para atrás en la lucha que se dio por la democracia. Por eso decimos: ¡Ni un paso atrás! ¡No pasarán!”, estableció.


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Myanmar: graves responsabilidades del ejército en la situación de las minorías étnicas.

Por Matthew Wells (@mattfwells), asesor general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis,

El soldado dirigió la navaja hacia la nariz de Dau*, amenazándolo con cortársela si no contestaba “correctamente” a sus preguntas. Se las llevaban formulando todo el día: que si luchaba para un grupo armado, que si llevaba comida a los combatientes, que dónde estaban los combatientes…

Un desfile de soldados del ejército de Myanmar había competido en violencia para obligarlo a responder. Los menos creativos lo habían pisoteado con sus botas, y le habían propinado puñetazos y golpes con los rifles. Otro le quemó la cara y el cuello con un mechero, y un tercero se abalanzó sobre él en repetidas ocasiones con una navaja, haciendo amago de ir a clavársela una y otra vez.

Lo que más miedo le dio fue cuando lo metieron en un saco, que cerraron con cremallera. “Era muy difícil respirar”, rememora semanas más tarde. “A duras penas conseguía hacerlo”.

Tanto Dau como otra persona que había sobrevivido también a la tortura nos contaron que habían sido detenidos junto con otras seis personas —entre ellas, dos mujeres— la mañana del 2 de julio de 2017, después de que más de 100 soldados de dos batallones de infantería del ejército irrumpieran en su pueblo, situado en el término municipal de Mantong (estado de Shan del Norte). La noche anterior, el ejército había caído en una emboscada que le había tendido, en las proximidades del lugar, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA), uno de los diversos grupos armados étnicos que luchan contra el ejército de Myanmar en una región cercana a la frontera china.


Paisaje del término municipal de Kutkai, con una pequeña población al fondo (estado de Shan del Norte, Myanmar), 28 de julio de 2017. © Minzayar Oo-Panos/Amnesty International

Un conflicto que empeora

Tras las históricas elecciones generales de noviembre de 2015, la veterana activista por la democracia Aung San Suu Kyi se convirtió, de facto, en la presidenta del gobierno de Myanmar, compuesto casi exclusivamente por civiles, tras decenios de gobierno militar. La nueva líder dio máxima prioridad al proceso de paz y a la reconciliación nacional, lo que hizo concebir la esperanza de que los intermitentes combates que venían librándose desde hacía décadas en las tierras fronterizas del país llegaran a su fin, al igual que la arraigada discriminación que sufrían las minorías étnicas.

Sin embargo, la promesa de una nueva etapa en la historia de Myanmar no se ha hecho realidad, ya que el ejército sigue aferrado a sus brutales tácticas de siempre, y quienes ejercen el liderazgo civil no parecen reaccionar con la firmeza necesaria. De hecho, a lo largo del último año, el conflicto y los abusos se han intensificado.

Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, ha advertido de que, en el estado de Rajine, las fuerzas de seguridad están involucradas en posibles crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la minoría rohingya.

Asimismo, el ejército viene cometiendo reiteradamente abusos similares en el norte de Myanmar, aunque éstos captan mucho menos la atención internacional. Un informe de Amnistía Internacional publicado en junio documentaba crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos contra la población civil de los estados de Kachin y de Shan del Norte, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, bombardeos indiscriminados, trabajos forzados y restricciones de acceso a la ayuda humanitaria.

A finales de julio, personal humanitario que trabaja en el estado de Shan del Norte, y que ha preferido permanecer en el anonimato, nos aseguró que la situación había empeorado a lo largo de las últimas semanas, y que, en su implacable lucha contra el TNLA, el ejército atacaba con frecuencia a la población civil.

Un castigo colectivo

En cada golpe, Dau repetía a los soldados que era agricultor, que cultivaba arroz y hojas de té y que la noche anterior, cuando estaba cortando madera, oyó una refriega y se escondió hasta que acabó. Pero los soldados no lo creían, o tal vez, les daba igual.

Dau y las demás personas detenidas y torturadas ese día, de la mañana a la noche, pertenecen a las minorías étnicas kachin y ta’ang. La población civil kachin y ta’ang afirma que el ejército de Myanmar la trata con desconfianza incluso cuando cesan los combates, pues asume que apoya a los grupos armados étnicos de la zona. Cuando ocurre algo parecido a la emboscada del 6 de julio contra el ejército, los soldados lanzan a menudo ataques en represalia contra la población civil de las aldeas próximas, en lo que constituyen crueles castigos colectivos.

Dos semanas antes, el 23 de junio, el ejército luchó contra el TNLA en las cercanías de la población ta’ang de Man Lan, situada también en el estado de Shan del Norte. A la mañana siguiente, decenas de soldados bajaron hasta el pueblo. Inicialmente, detuvieron a un reducido número de personas, pero luego obligaron a todos a entrar en un monasterio, donde las tuvieron recluidas durante cuatro días y tres noches.

Daw Aye Hman, de 66 años, se encontraba con su esposo y su hijo en su domicilio, cuando los soldados los detuvieron y los obligaron a ir al monasterio. “Nos apuntaron con pistolas mientras gritaban”, recuerda. “Nos insultaron. Pasamos mucho miedo”.

Según los testigos con los que hablamos y los defensores y defensoras locales de derechos humanos que han investigado los hechos, los soldados se llevaron y torturaron a varias personas, entre ellas familiares de presuntos combatientes del TNLA. Asimismo, tomaron fotografías de todos los hombres, y los interrogaron.

El hijo de Daw Aye Hman, de nombre Kyaw Aung y 38 años, fue uno de ellos. Nacido con una discapacidad del desarrollo que afectaba también a su movimiento, vivía aún con sus progenitores, a los que ayudaba en la granja.

No sabía responder bien a una pregunta”, explica Daw Aye Hman. “Nos preguntaron si alguno éramos soldados [del TNLA], y mi hijo no supo qué responder. Además, le vieron la cicatriz de la cara, de cuando se cayó. [Por la cicatriz] Y sospecharon que era soldado”.

Varios soldados del ejército de Myanmar lo golpearon una y otra vez en la cabeza, a puñetazos y con trozos de madera. Testigos presenciales afirman que los soldados le pegaron dentro del monasterio, y que luego lo sacaron fuera. Más tarde, su cadáver fue hallado abandonado entre Man Lan y un pueblo cercano.

Mi hijo ya no estará en el pueblo”, dice Daw Aye Hman, que se encuentra aún desplazada, meses después de lo ocurrido. “No quiero volver”.


Mujer kachin preparando el desayuno para su familia, mientras sus hijos juegan en la cocina común para personas internamente desplazadas de una iglesia de la Convención Bautista Kachin (KBC) en Kutkai, estado de Shan del Norte (Myanmar), 30 de julio de 2017. © Minzayar Oo-Panos/Amnesty International

El ejército mantiene un control férreo

Mientras Myanmar normaliza sus relaciones con la comunidad internacional, el ejército no parece abandonar las tácticas de mano dura que han contribuido a convertir al país en un Estado paria durante decenios. En muy contados casos se castigan incluso los crímenes de guerra, ya que el ejército sigue controlando sus propios procesos judiciales.

De las más de 100 víctimas de violaciones de derechos humanos entrevistadas por Amnistía Internacional en el norte de Myanmar a lo largo de los últimos cinco meses, ninguna ha denunciado. La mayoría se reía sólo de pensarlo. Decían que, probablemente, los matarían o encarcelarían antes de abrir una investigación creíble sobre la presunta responsabilidad de un soldado o de un mando militar. La experiencia del pasado avala esa opinión.

Muchas personas de minorías étnicas del norte de Myanmar creían que las elecciones de 2015 supondrían un cambio en esta arraigada situación. Ahora, afirman que el gobierno de Aung San Suu Kyi es cómplice, ya que no ha tomado medidas contra las violaciones del ejército contra la población civil, y ni siquiera las ha denunciado. De hecho, el gobierno ha apoyado al ejército a la hora de obstaculizar el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas por el conflicto.

Además, ha comunicado que no va a permitir la entrada de una misión de la ONU, encargada de investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas en el país. Así, al impedir un examen independiente de las acciones del ejército, el gobierno de Aung San Suu Kyi refuerza aún más la cultura de impunidad del primero.

La última vez que hablamos con Dau, a finales de julio, nos aseguró que algunos de los soldados que lo habían torturado seguían en el pueblo. No tiene más remedio que verlos con frecuencia, cuando se dirige a la granja.

“No queremos tener miedo”,
 afirma Dau. “Necesitamos que el ejército de Myanmar viva en paz con las comunidades étnicas. No quiero que nos vuelvan a torturar”.

*Dau es un nombre ficticio. Hemos cambiado su nombre, y ocultado el nombre de su localidad, para protegerlo de represalias.

NOTA: Este artículo se publicó originalmente en The Diplomat.