Loiola XXI

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Myanmar: graves responsabilidades del ejército en la situación de las minorías étnicas.

Por Matthew Wells (@mattfwells), asesor general de Amnistía Internacional sobre respuesta a las crisis,

El soldado dirigió la navaja hacia la nariz de Dau*, amenazándolo con cortársela si no contestaba “correctamente” a sus preguntas. Se las llevaban formulando todo el día: que si luchaba para un grupo armado, que si llevaba comida a los combatientes, que dónde estaban los combatientes…

Un desfile de soldados del ejército de Myanmar había competido en violencia para obligarlo a responder. Los menos creativos lo habían pisoteado con sus botas, y le habían propinado puñetazos y golpes con los rifles. Otro le quemó la cara y el cuello con un mechero, y un tercero se abalanzó sobre él en repetidas ocasiones con una navaja, haciendo amago de ir a clavársela una y otra vez.

Lo que más miedo le dio fue cuando lo metieron en un saco, que cerraron con cremallera. “Era muy difícil respirar”, rememora semanas más tarde. “A duras penas conseguía hacerlo”.

Tanto Dau como otra persona que había sobrevivido también a la tortura nos contaron que habían sido detenidos junto con otras seis personas —entre ellas, dos mujeres— la mañana del 2 de julio de 2017, después de que más de 100 soldados de dos batallones de infantería del ejército irrumpieran en su pueblo, situado en el término municipal de Mantong (estado de Shan del Norte). La noche anterior, el ejército había caído en una emboscada que le había tendido, en las proximidades del lugar, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA), uno de los diversos grupos armados étnicos que luchan contra el ejército de Myanmar en una región cercana a la frontera china.


Paisaje del término municipal de Kutkai, con una pequeña población al fondo (estado de Shan del Norte, Myanmar), 28 de julio de 2017. © Minzayar Oo-Panos/Amnesty International

Un conflicto que empeora

Tras las históricas elecciones generales de noviembre de 2015, la veterana activista por la democracia Aung San Suu Kyi se convirtió, de facto, en la presidenta del gobierno de Myanmar, compuesto casi exclusivamente por civiles, tras decenios de gobierno militar. La nueva líder dio máxima prioridad al proceso de paz y a la reconciliación nacional, lo que hizo concebir la esperanza de que los intermitentes combates que venían librándose desde hacía décadas en las tierras fronterizas del país llegaran a su fin, al igual que la arraigada discriminación que sufrían las minorías étnicas.

Sin embargo, la promesa de una nueva etapa en la historia de Myanmar no se ha hecho realidad, ya que el ejército sigue aferrado a sus brutales tácticas de siempre, y quienes ejercen el liderazgo civil no parecen reaccionar con la firmeza necesaria. De hecho, a lo largo del último año, el conflicto y los abusos se han intensificado.

Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, ha advertido de que, en el estado de Rajine, las fuerzas de seguridad están involucradas en posibles crímenes de lesa humanidad perpetrados contra la minoría rohingya.

Asimismo, el ejército viene cometiendo reiteradamente abusos similares en el norte de Myanmar, aunque éstos captan mucho menos la atención internacional. Un informe de Amnistía Internacional publicado en junio documentaba crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos contra la población civil de los estados de Kachin y de Shan del Norte, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, bombardeos indiscriminados, trabajos forzados y restricciones de acceso a la ayuda humanitaria.

A finales de julio, personal humanitario que trabaja en el estado de Shan del Norte, y que ha preferido permanecer en el anonimato, nos aseguró que la situación había empeorado a lo largo de las últimas semanas, y que, en su implacable lucha contra el TNLA, el ejército atacaba con frecuencia a la población civil.

Un castigo colectivo

En cada golpe, Dau repetía a los soldados que era agricultor, que cultivaba arroz y hojas de té y que la noche anterior, cuando estaba cortando madera, oyó una refriega y se escondió hasta que acabó. Pero los soldados no lo creían, o tal vez, les daba igual.

Dau y las demás personas detenidas y torturadas ese día, de la mañana a la noche, pertenecen a las minorías étnicas kachin y ta’ang. La población civil kachin y ta’ang afirma que el ejército de Myanmar la trata con desconfianza incluso cuando cesan los combates, pues asume que apoya a los grupos armados étnicos de la zona. Cuando ocurre algo parecido a la emboscada del 6 de julio contra el ejército, los soldados lanzan a menudo ataques en represalia contra la población civil de las aldeas próximas, en lo que constituyen crueles castigos colectivos.

Dos semanas antes, el 23 de junio, el ejército luchó contra el TNLA en las cercanías de la población ta’ang de Man Lan, situada también en el estado de Shan del Norte. A la mañana siguiente, decenas de soldados bajaron hasta el pueblo. Inicialmente, detuvieron a un reducido número de personas, pero luego obligaron a todos a entrar en un monasterio, donde las tuvieron recluidas durante cuatro días y tres noches.

Daw Aye Hman, de 66 años, se encontraba con su esposo y su hijo en su domicilio, cuando los soldados los detuvieron y los obligaron a ir al monasterio. “Nos apuntaron con pistolas mientras gritaban”, recuerda. “Nos insultaron. Pasamos mucho miedo”.

Según los testigos con los que hablamos y los defensores y defensoras locales de derechos humanos que han investigado los hechos, los soldados se llevaron y torturaron a varias personas, entre ellas familiares de presuntos combatientes del TNLA. Asimismo, tomaron fotografías de todos los hombres, y los interrogaron.

El hijo de Daw Aye Hman, de nombre Kyaw Aung y 38 años, fue uno de ellos. Nacido con una discapacidad del desarrollo que afectaba también a su movimiento, vivía aún con sus progenitores, a los que ayudaba en la granja.

No sabía responder bien a una pregunta”, explica Daw Aye Hman. “Nos preguntaron si alguno éramos soldados [del TNLA], y mi hijo no supo qué responder. Además, le vieron la cicatriz de la cara, de cuando se cayó. [Por la cicatriz] Y sospecharon que era soldado”.

Varios soldados del ejército de Myanmar lo golpearon una y otra vez en la cabeza, a puñetazos y con trozos de madera. Testigos presenciales afirman que los soldados le pegaron dentro del monasterio, y que luego lo sacaron fuera. Más tarde, su cadáver fue hallado abandonado entre Man Lan y un pueblo cercano.

Mi hijo ya no estará en el pueblo”, dice Daw Aye Hman, que se encuentra aún desplazada, meses después de lo ocurrido. “No quiero volver”.


Mujer kachin preparando el desayuno para su familia, mientras sus hijos juegan en la cocina común para personas internamente desplazadas de una iglesia de la Convención Bautista Kachin (KBC) en Kutkai, estado de Shan del Norte (Myanmar), 30 de julio de 2017. © Minzayar Oo-Panos/Amnesty International

El ejército mantiene un control férreo

Mientras Myanmar normaliza sus relaciones con la comunidad internacional, el ejército no parece abandonar las tácticas de mano dura que han contribuido a convertir al país en un Estado paria durante decenios. En muy contados casos se castigan incluso los crímenes de guerra, ya que el ejército sigue controlando sus propios procesos judiciales.

De las más de 100 víctimas de violaciones de derechos humanos entrevistadas por Amnistía Internacional en el norte de Myanmar a lo largo de los últimos cinco meses, ninguna ha denunciado. La mayoría se reía sólo de pensarlo. Decían que, probablemente, los matarían o encarcelarían antes de abrir una investigación creíble sobre la presunta responsabilidad de un soldado o de un mando militar. La experiencia del pasado avala esa opinión.

Muchas personas de minorías étnicas del norte de Myanmar creían que las elecciones de 2015 supondrían un cambio en esta arraigada situación. Ahora, afirman que el gobierno de Aung San Suu Kyi es cómplice, ya que no ha tomado medidas contra las violaciones del ejército contra la población civil, y ni siquiera las ha denunciado. De hecho, el gobierno ha apoyado al ejército a la hora de obstaculizar el acceso de ayuda humanitaria a las zonas afectadas por el conflicto.

Además, ha comunicado que no va a permitir la entrada de una misión de la ONU, encargada de investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas en el país. Así, al impedir un examen independiente de las acciones del ejército, el gobierno de Aung San Suu Kyi refuerza aún más la cultura de impunidad del primero.

La última vez que hablamos con Dau, a finales de julio, nos aseguró que algunos de los soldados que lo habían torturado seguían en el pueblo. No tiene más remedio que verlos con frecuencia, cuando se dirige a la granja.

“No queremos tener miedo”,
 afirma Dau. “Necesitamos que el ejército de Myanmar viva en paz con las comunidades étnicas. No quiero que nos vuelvan a torturar”.

*Dau es un nombre ficticio. Hemos cambiado su nombre, y ocultado el nombre de su localidad, para protegerlo de represalias.

NOTA: Este artículo se publicó originalmente en The Diplomat.

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Chad: un gobierno cada vez más represivo.

Chad: Aumenta el uso de leyes represivas en medio de una brutal represión de activistas de derechos humanos

  • En dos años se ha negado a 65 asociaciones autorización para llevar a cabo protestas pacíficas
  • Sólo en 2016 ha habido 13 decretos ministeriales prohibiendo protestas
  • Más de 10 páginas web críticas bloqueadas

Defensores y defensoras de los derechos humanos, movimientos ciudadanos, sindicalistas y periodistas críticos con el gobierno corren cada vez más peligro ante el uso creciente por parte del gobierno de leyes represivas y de los servicios de inteligencia para amordazar a sus críticos y obstaculizar su trabajo, revela Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.

El informe, titulado Entre la represión y la recesión. El creciente coste de ser disidente en Chad, documenta cómo en los últimos años las autoridades han respondido al creciente descontento de la opinión pública restringiendo aún más los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

“En vez de reconocer la importante —y totalmente legítima— labor de los activistas que se enfrentan valientemente a las injusticias y emprenden acciones pacíficas para mejorar la situación de los derechos humanos, las autoridades de Chad han reaccionado de forma especialmente enérgica promulgando leyes y normas que eliminan el derecho a protestar, colocan a los activistas bajo vigilancia y los ponen en el punto de mira de acosos, amenazas y agresiones físicas”, ha dicho Alioune Tine, director de Amnistía Internacional para África Occidental y Central.

“Las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia supervisan una brutal campaña de represión que ha hecho que en los últimos dos años sea cada vez más peligroso criticar al gobierno, y amenazan ahora con hacer retroceder al país a oscuros tiempos de represión”.

Desde comienzos de 2016, en concreto antes de las elecciones presidenciales de abril, las autoridades han intensificado sus esfuerzos para reprimir los derechos humanos.  Se han prohibido sistemáticamente las manifestaciones pacíficas.

Sólo en 2016, Amnistía Internacional documentó al menos 13 decretos ministeriales de prohibición de protestas pacíficas. Más de 65 asociaciones han dicho a Amnistía Internacional que no les concedieron permiso para organizar una protesta entre 2014 y 2016.

El ministro chadiano de Seguridad Pública e Inmigración ha declarado “ilegales” movimientos y plataformas sociales no registrados, justificando con ello la detención de dirigentes de la sociedad civil tales como Nadjo Kaina y Bertrand Solloh, de Iyina.

El siniestro papel de los agentes de la ANS
El servicio nacional de seguridad (ANS), que a menudo ha vulnerado las leyes del país, ocupa un lugar central en esta represión. Con la ampliación de su mandato en enero de este año, sus agentes pueden tener en el punto de mira y arrestar a defensores y defensoras de los derechos humanos alegando motivos de seguridad nacional.

La ANS ya venía realizando detenciones ilegales de personas a las que recluía en centros de detención no oficiales sin permitirles acceder a familiares ni abogados.

“Este siniestro papel pone de relieve el poder ilimitado de la ANS para reprimir a los defensores y defensoras de los derechos humanos, al que debe ponerse coto. Para reducir la posibilidad de que se cometan graves violaciones de los derechos humanos y la impunidad, las autoridades deben garantizar que en la ANS hay una cadena de rendición de cuentas clara y que la agencia está sometida a supervisión judicial”, ha dicho Alioune Tine.

Vigilancia y amenazas telefónicas

Los defensores de los derechos humanos han dicho a Amnistía Internacional que también son sometidos a vigilancia y a llamadas telefónicas anónimas amenazadoras. De los 45 activistas entrevistados por Amnistía Internacional, sólo dos afirmaron no haber recibido nunca llamadas de este tipo.

Un abogado de derechos humanos contaba: “Recibía llamadas anónimas por la mañana temprano, unas cinco o seis, y también por la noche. Cuando descolgaba no decían nada o amenazaban diciendo: ‘Como hables, verás’.”

Las autoridades no han negado que hayan utilizado la vigilancia. Como dijo el ministro de Seguridad a Amnistía Internacional en una reunión: “Pueden oír lo que dices y espiarte, en eso consiste el trabajo de los servicios de seguridad”.

En 2016, antes de las elecciones, el gobierno prohibió plataformas de redes sociales tales como WhatsApp y Facebook, y mantuvo la prohibición casi todo el año. Al menos 10 páginas web críticas continuaron bloqueadas en el país hasta marzo de 2017.

El activista de Internet Tadjadine Mahamat Babouri (Mahadine) lleva detenido desde el 30 de septiembre de 2016 tras publicar varios vídeos en Facebook en los que criticaba la gestión gubernamental de los fondos públicos. Acusado de socavar el orden constitucional, amenazar la integridad territorial y colaborar con un movimiento de insurrección, se encuentra en espera de juicio y, si es declarado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua.

Los periodistas también están pagando un alto precio por el mero ejercicio de su profesión. Sylver Beindé Bassandé, periodista y director de la cadena de radio comunitaria Al Nada FM en Moundou, también fue condenado a dos años de cárcel y pago de 180 dólares estadounidenses el 20 de junio de 2017 por complicidad en desacato al tribunal y menoscabo de la autoridad judicial.

“Chad se encuentra en una encrucijada: Las autoridades deben elegir entre continuar reprimiendo la oposición política y silenciando las críticas o cumplir las promesas que hizo el presidente Idriss Déby al subir al poder”, ha dicho Alioune Tine.

“Les pedimos que modifiquen las restrictivas leyes que regulan las reuniones públicas, las asociaciones y el derecho a la huelga, reformen la ANS y pongan de inmediato en libertad incondicional a todos los presos y presas de conciencia.”


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Venezuela: la posición de la Iglesia

Venezuela, ¿y ahora?

El camino estrecho de la negociación y el trágico del enfrentamiento, en el análisis de Rafael Luciani, estudioso venezolano del pensamiento del Papa Francisco

Marcha armada contra la sociedad

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Pubblicato il 09/08/2017
Ultima modifica il 09/08/2017 alle ore 09:54
ALVER METALLI

Redoblan los tambores de guerra de un madurismo acorralado por el aislamiento internacional y latinoamericano después del autogolpe de la Constituyente, con la cual el heredero de Chávez se dispone a eliminar los últimos restos de la división de poderes. Rafael Luciani los escucha desde su oficina en la Universidad Andrés Bello de Caracas e intenta interpretarlos con una frialdad poco común en estos tiempos y en este lugar del mundo. El pasado mes de febrero Luciani promovió un importante congreso en el prestigioso Boston College de Massachusetts sobre los desarrollos de la teología en lengua española “en tiempos del Papa Francisco”. El profesor Luciani identifica dos posturas de izquierda sobre el caso venezolano que le parecen representativas de otras tantas alternativas contrapuestas. «Para entender esto nos podemos referir a dos posturas de la izquierda sobre el caso venezolano. La que representa el ideólogo cubano Borón, quien sostiene que el conflicto venezolano tiene su origen en la agresión imperialista de Estados Unidos y “si una fuerza social declara una guerra contra el gobierno se requiere de éste una respuesta militar”. Otra postura es la que representa el sociólogo venezolano Edgardo Lander, quien reconoce que hay un cierre de vías institucionales para resolver el conflicto porque el gobierno desconoce a la Asamblea Nacional, no ha permitido el mandato constitucional de cambiar los rectores del Consejo Nacional Electoral, ha cancelado el referéndum revocatorio y pospuso todas las elecciones. Para Lander, “estamos muy lejos de algo que pueda llamarse práctica democrática. Se utilizan todos los instrumentos del poder en función de preservarse en el poder”. Esta es la posición de la Fiscal Luisa Ortega Díaz y de una buena parte del chavismo no castrista que se opone a Maduro y que debe ser integrado necesariamente en cualquier proceso de transición». Pero la magistrada acaba de ser destituida de sus funciones y el chavismo dialogante ha sido amenazado de traición a la patria.

 

Rafael Luciani no se hace ilusiones sobre la posibilidad de que el Vaticano regrese a Venezuela para promover una salida no cruenta, aunque considera que la Santa Sede sigue siendo una de las pocas instancias internacionales que todavía “pueden contribuir a mover a la comunidad internacional para que presione al chavismo ideológico castrista a realizar algún tipo de negociación”. El pensamiento se dirige al Papa, cuya posición, para Luciani, siempre “ha sido coherente y ha actuado en comunión con las instancias eclesiásticas venezolanas”. Recuerda la posición más reciente del 4 de agosto, cuando el Papa envió un comunicado a través de la Secretaría de Estado diciendo que la Santa Sede esperaba que todos los actores políticos, y en particular el gobierno, se comprometieran a «asegurar el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución; se eviten o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva Constituyente que, más que favorecer la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento». Luciani subraya que las condiciones a las que se refiere la declaración pontificia son las mismas que el Vaticano había exigido en diciembre: «elecciones, restitución de la Asamblea, apertura del canal humanitario y liberación de los presos políticos». Está convencido de que solo el chavismo menos ideológico y ajeno a Cuba, representado por la fiscal Luisa Ortega Díaz y el ex ministro Miguel Rodríguez Torres, pudiera estar abierto a un diálogo sincero para restablecer la Constitución de 1999, que es defendida también por la oposición a Maduro”.

 

Le preguntamos si todavía hay alguien con la fuerza suficiente para detener una escalation hacia el puro y simple aniquilamiento de la oposición.

 

“La oposición no tiene armas ni ejércitos ni fuerzas paramilitares – responde. La salida a esta crisis ya comienza a verse por la vía de la implosión social y política, pero esto sólo llevará a una continua rebelión popular que profundice la anarquía. Por ello, el camino menos traumático es el de un acuerdo para la transición que incorpore a las fuerzas del chavismo político no castrista, a los militares —garantes de la Constitución de 1999—, y a la oposición democrática. Cualquier otra vía no sólo no será viable sino que correrá con el riesgo de generar más violencia y anarquía, y en pocos años tendremos al chavismo radical de nuevo en el poder”.

 

¿Entonces no hay una salida electoral?

 

La elección de los nuevos constituyentistas se realizó por la vía sectorial y comunal, y no por medio del sufragio universal directo y secreto. Se siguió el modelo electoral cubano que no admite disidencia y en el que los representantes de los sectores del país están agrupados en organizaciones gubernamentales y son miembros del partido único. No existe el pueblo sin el filtro político del partido único. Este es el modelo que Maduro usó para la Asamblea Nacional Constituyente, pues como decíamos anteriormente, al no contar con el carisma de caudillo ni con el dinero del petróleo, sólo le queda el sostén militar y el fraude electoral. Esta segunda vía, junto con el fraude electoral, es la que usó para la elección sectorial de los constituyentistas. De hecho, la empresa Smartmatic, proveedora de la tecnología que se usa en el Consejo Electoral Nacional, confirmó al día siguiente de las elecciones que hubo manipulación de la data por parte del ente. Este hecho no sólo pone en cuestionamiento la actual elección, sino todo el sistema electoral venezolano desde que Chávez comenzó a implementar el sistema automatizado de votación. A esto debemos agregar que la mayoría de los partidos opositores se encuentran actualmente “ilegalizados” por decisión del Tribunal Supremo de Justicia y los líderes principales de la oposición se encuentran inhabilitados, detenidos o exiliados. Para ser honestos, haría falta una reforma integral del sistema electoral venezolano si queremos elecciones libres y transparentes. Al menos comenzar por el nombramiento de rectores que sean independientes y que permitan los procesos de auditoría correspondientes. El problema es que estamos en medio de un gran dilema. Si la oposición inscribe a sus candidatos para una elección, entonces, con toda seguridad la Constituyente suspenderá esa elección, porque Maduro tiene un rechazo de más del 80% del país. Pero si la oposición decide no participar, entonces tolerará las elecciones con la seguridad de que sus candidatos ganarán al no tener oposición alguna.

 

¿Se puede hablar de diferentes posturas dentro de la Iglesia venezolana sobre la manera de afrontar la dictadura madurista?

 

La posición de todas las instancias que hacen vida en la Iglesia venezolana están en plena sintonía entre sí. No hay fisuras. El 31 de marzo pasado, día en que se realizó el autogolpe del gobierno, la Conferencia Episcopal Venezolana denunció que para el gobierno «todo gira en torno a lo político entendido como conquista del poder, olvidando las necesidades reales de la gente» e instó a que «no se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados». Más aún. La Conferencia Episcopal llegó a plantear si no «es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas». A esto se le sumó la voz de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Venezuela, el 4 de abril, reconociendo «la falta de autonomía entre los cinco poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano», y subrayó «la indolencia del gobierno nacional ante la situación crítica que vive nuestro pueblo, demostrando una vez más que solo le interesa la lucha por mantenerse en el poder» en un contexto de «inminente dictadura». Tres días más tarde, el 7 de abril, la Compañía de Jesús en Venezuela, a través de la revista SIC del Centro Gumilla, que representa a la teología de la liberación en Venezuela, hizo pública su posición oficial: «nos enfrentamos a una dictadura como ciudadanos y como cristianos», dictadura que se consuma con «las decisiones asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha 28 y 29 de marzo que suponen un claro golpe de Estado». Hoy en día, luego del fraude electoral que llevó a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente el pasado 4 de agosto, el jesuita José Virtuoso, Rector de la Universidad Católica, se refirió a esta Asamblea fraudulenta como la “constitucionalización de una dictadura militar socialista”. El rector habló de “transformación de la Constitución para consolidar un régimen autoritario, muy centralizado en la figura del Presidente, con poderes omnímodos sobre el Estado y desde el Estado a la sociedad”. Como ha dicho el teólogo de la liberación Pedro Trigo SJ, hemos vivido, de Chávez a Maduro, el paso del totalitarismo a la dictadura. En conclusión, la posición de la Iglesia, tanto local como universal ha sido en realidad sumamente coherente.


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Los católicos filipinos y el presidente justiciero.

Duterte y el Dios-Justiciero

¿Cómo conciliar la vasta aceptación del “presidente-sheriff” con la conciencia profundamente católica del pueblo filipino? Las raíces se encuentran en la concepción de un Dios que extirpa el mal, en lugar de redimir a los malvados
REUTERS

El presidente Duterte

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Pubblicato il 05/08/2017
PAOLO AFFATATO
MANILA

Ni siquiera el jaque de Marawi, en donde un manojo de yihadistas ocuparon una capital provincial y que todavía resiste a 7 mil soldados del ejército filipino, pudo afectar la fuerte aceptación que goza: después de su primer año en la presidencia, Rodrigo Duterte sigue firmemente a la cabeza de Filipinas y sus ciudadanos siguen tributándole un aprecio que, según los observadores internacionales, es, en cierta manera, inesperado. Es más, su fama de “justiciero” y la figura del líder “de una sola pieza” lo convierten, para la opinión pública, en el hombre preciso para contrarrestar la amenaza terrorista y en el “comandante en jefe” capaz de derrotar a los yihadistas y garantizar la seguridad. Paradójicamente, el ataque en Marawi, a pesar de haber hecho evidentes enormes fallas en la inteligencia filipina, podría llegar a reforzar su posición.

 

No es casual que lo llamen “el Justiciero”. En su larga experiencia política como alcalde de la ciudad de Davao, Rodrigo Duterte, elegido presidente de Filipinas a finales de mayo de 2016, había demostrado ampliamente que era un líder que ejerce el poder con una actitud represiva y punitiva. Esta fama, que lo favoreció en la aplastante victoria en las elecciones nacionales, quedó completamente confirmada. Duterte inauguró una estación política marcada, como prioridad, por la “lucha sin cuartel” contra las drogas y la criminalidad.

 

El presidente dio a las fuerzas de policía la tarea de “eliminar el cáncer de la sociedad”. Pero la operación en contra de los traficantes, vendedores y tóxicodependientes se transformó en una “masacre de estado”: a un año de que comenzara la campaña, las incursiones que ha hecho la policía para encontrar a los vendedores de droga ha provocado 4000 víctimas, pero también muchas otras han sido asesinadas por “escuadrones de vigilantes”, bandas paramilitares que matan en absoluta impunidad e ilegalidad, pero que actúan bajo la cobertura de las fuerzas del orden o, según algunas ong, contratadas por los militares. Una masiva campaña en contra de las ejecuciones extrajudiciales ha nacido en la sociedad civil filipina y también los obispos han condenado, en varias ocasiones, los métodos ligitimados por el presidente, que van en contra del estado de derecho y en contra de los más básicos derechos de los ciudadanos.

 

A pesar del cinismo justificado, como un nuevo Machiavelli, con la exigencia de mantener “orden y seguridad” (tanto que algunos evocan la dictadura de los tiempos de Ferdinando Marcos), el consenso con el que cuenta Rodrigo Duterre sigue sin sufrir mella en una sociedad compuesta por 90% de ciudadanos que se profesan orgullosamente católicos. La popularidad del presidente ha llegado a tocar el 85% y normalmente es apreciado por el 75% de la población, que comparte abiertamente sus políticas como, por ejemplo, confirman los sondeos sobre la opinión en relación con la ley marcial impuesta en Mindanao. Hay que recordar que Duterte no solo gusta a las masas, gracias a sus acentos populistas, sino que también cuenta con el apoyo de personas de alto rango, de cultura y formación liberal.

 

Por lo tanto, muchos se siguen interrogando sobre las razones profundas de este apoyo incondicional, que parece ir más allá de las circunstancias políticas para tocar cuestiones profundamente éticas y morales, que involucran a la conciencia individual y la capacidad de reconocer el bien y el mal. Las razones para tratar de explicar el amor de los filipinos por Duterte implican, claro, la esfera social (la pobreza y el desempleo), la psicología (fascinación por el “hombre fuerte”), la historia (el “homo novus” ajeno a los tradicionales clanes familiares) y la política (la lucha contra la corrupción y la criminalidad). Pero también hay un factor que hasta ahora no ha sido considerado: el factor teológico-espiritual.

 

Es fácil encontrar en los mercados de Manila cómics de las aventuras de “The Punisher, Frank Castle”, despiadado justiciero que elimina a los criminales de las calles sin problemas. En la mente del pueblo filipino parece suceder lo mismo. Los filipinos sostienen firmemente a Duterte, justamente porque “hace su trabajo”, aunque muchos mueran asesinados extrajudicialmente. Los fieles católicos que van cotidianamente a la misa matutina de las 6 de la mañana en la Iglesia de Baclarán, en Manila, lo dicen con candidez: “¿Los vendedores de droga muertos? Se lo merecen. Los ciudadanos honestos no tienen nada que temer. La justicia de Dios les ha dado lo que se merecían”. Pero, ¿cómo es posible conciliar esta posición (y apoyar los métodos del “justiciero”) con la conciencia profundamente católica de los filipinos? Y sobre todo después de las posturas expresadas y de los numerosos llamados de altos representantes de la Iglesia.

 

Hay una vía para explorar esta aparente paradoja. Y es la idea de Dios que tienen los católicos filipinos. “Demasiado a menudo, los filipinos conciben a Dios como a un violento erogador de castigos”, explicó a Vatican Insider el fraile franciscano Baltazar Obico, Superior en el Santuario-parroquia de San Antonio, en el barrio Makati, corazón de Manila. «Dios es un redentor, no un justiciero. Los filipinos deberían cambiar su idea de Dios, que, en su misericordia, quiere siempre la salvación del hombre. Dice el Libro de Ezequiel que Dios no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir para redimir a la humanidad».

 

Seguro de su larga experiencia pastoral, Obico continúa: “Duterte se presenta como un líder eficaz, que alcanza sus objetivos, después de años de gobierno poco eficientes y corruptos. En segundo lugar, responde a la necesidad de protección y de seguridad difundida en la sociedad. Pero, en el fondo, es apreciado por un motivo de carácter exquisitamente espiritual: muchos católicos lo apoyan porque encarna, incluso inconscientemente, su idea de Dios: alguien que los libera «hic et nunc» del mal y de los malvados, en lugar de salvar a los pecadores. Esta visión muestra una falta de fe en el Dios revelado por el Evangelio, que ama y no condena, y que, con su gracia, tiene el poder de cambiar el corazón del hombre».

 

Y es justamente esta manera (errónea) de concebir la omnipotencia de Dios lo que permite conciliar pacíficamente, en lo profundo de la conciencia individual, la propia fe cristiana y el apoyo consciente al “presidente sheriff” que, sin demasiados ni inútiles escrúpulos, limpia la nación de criminales, vendedores de droga y terroristas. Esta visión del “Dios-justiciero” provoca que en las católicas Filipinas pueda reinar sin problemas un “Presidente-justiciero”.


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Venezuela: la asamblea constituyente según HRW

Por qué nos oponemos a la Asamblea Constituyente de Maduro

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Eritrea: hambre y dictadura.

Eritrea; el hambre de un pueblo

Dramática situación en el país africano rehén de un régimen desde 1993. Las Hijas de Santa Ana, que piden una cercanía concreta, traen a este lugar el Evangelio y la esperanza

Eritrea; el hambre de un pueblo

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Pubblicato il 17/07/2017
Ultima modifica il 17/07/2017 alle ore 15:43
LUCIANO ZANARDINI
ASMARA

La Unesco acaba de declarar Asmara, capital de Eritrea, Patrimonio de la Humanidad. Pero tal vez los eritreos necesitarían muy otras atenciones por parte de la comunidad internacional. Basta ver los números de las personas (alrededor del 20% de quienes llegan a Italia) que huyen para comprender que la situación del país del Cuerno de África ha empeorado desde hace tiempo. Normalmente muchos en Europa se preocupan más por el problema de las gestión de los desembarcos en lugar de pensar en qué sucede al otro lado del Mediterráneo y, específicamente, afrontar la situación de una nación en la que el miedo está a la orden del día. La democracia fue suspendida por un gobierno autoritario que tiene a su disposición campos de trabajo forzado para los que tienen la “mala idea” de criticar al poder político en funciones (desde 1993 comanda en el país el dictador Isaías Aferwerki) y que impone un servicio militar obligatorio potencialmente ilimitado tanto para hombres como mujeres de 17 años.

 

Las sanciones económicas impuestas por la ONU en 2009 (la acusación fue que daban armas al terrorismo islámico en Somalia) tuvieron como resultado principal el aumento de la pobreza de una comunidad ya de rodillas. El hambre y la carestía están al orden del día en un país bañado por el Mar Rojo. La Iglesia también aquí, a pesar de todo, lleva el Evangelio a los hombres en un territorio principalmente musulmán. En particular las Hijas de Santa Ana trabajan aquí desde hace 125 años; su carisma las lleva a comprometerse a ser «ministras de la misericordia del Padre». Su espiritualidad se puede resumir en tres palabras: fe, esperanza y caridad.

 

La Congregación fue fundada en 1886 por Rosa Gattorno (1831-1900), beatificada por Juan Pablo II en 2000. «El secreto de su camino de santidad, del dinamismo de su caridad y de la fuerza de ánimo con la que supo afrontar con fe robusta todos los obstáculos –dijo el Papa en la homilía– consistía en la constante unión con Dios y en el abandono confiado a Él, en la atención y docilidad a los impulsos del Espíritu, en la íntima y amorosa participación en la pasión de Cristo, en la incesante súplica para la conversión de los pecadores. Puro y simple instrumento en las manos del Artífice soberano, llevó a cabo el anhelo inculcado a sus hijas: vivir por Dios, morir por Él, gastar la vida por amor».

 

Su mensaje se difundió inmediatamente en Bolivia, Chile, Perú, Eritrea, Francis y España. Este Instituto envía a Italia y al mundo poco menos de 1400 religiosas, y 175 de ellas están en Eritrea, en donde los campos para que intervengan son múltiples: están activas en la asistencia sanitaria con cinco consultorios y un hospital; impulsan el desarrollo de las mujeres con 14 centros de trabajo; se ocupan del ámbito educativo con 26 escuelas maternas, seis primarias y tres secundarias; siguen tres casas para huérfanos y se ocupan de la pastoral con 22 centros.

 

En particular, durante estos últimos años han tratado de mejorar la alimentación para los más pequeños. La deforestación y las pocas lluvias han afectado mucho la agricultura local, única forma de sustento para las familias. El desierto sigue creciendo. Solo se cultivan cereales, no hay legumbres, verdura ni fruta. Las religiosas, gracias a la asociación italiana “Cuore Amico”, pusieron en marcha un proyecto. Se necesita verdaderamente poco para dar un kilo de lentejas, un litro de aceite de oliva y leche. Las monjas Hijas de Santa Ana, que por razones de seguridad prefieren no hablar, necesitan que no las abandonen; los eritreos, que han vivido en primera persona el colonialismo, las guerras fratricidas con la vecina Etiopía y ahora la dictadura militar, necesitan democracia y, sobre todo, poder soñar el propio futuro.


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