Nicaragua no es como Venezuela o Bolivia. Tiene dos guerras civiles en su pasado reciente y –Dios no lo quiera– una que se acerca. La “crisis más grave de la historia de Nicaragua”, como la califica uno de sus más ilustres hijos, el escritor Sergio Ramírez, en su momento compañero de equipo del presidente Daniel Ortega, da nuevos pasos hacia trágicos escenarios.
Rafael Solís Cerda no es un nombre cualquiera. Hasta el martes 8 de enero era un alto magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y una personalidad importante en el organigrama sandinista, además de una figura histórica de primer plano del movimiento en su época insurreccional. Su historia política estaba en el interior del sandinismo y de la cuadragésima lealtad a su líder, Daniel Ortega. Hasta hace pocos días, cuando todo esto Rafael Solís Cerca se lo ha echado a la espalda, presentado la dimisión irrevocable con una carta que tuvo un gran impacto en Nicaragua, al menos en los pocos medios de comunicación que aún no han sido suprimidos o controlados por el gobierno de Ortega y de su activa consorte, la primera dama y vicepresidente, Rosario Murillo. Paradoja de las paradojas, el alto magistrado Solís ha sido uno de los artífices de las reformas constitucionales que han permitido a Ortega perpetuarse en el poder más allá de los límites de la constitución.
En la carta con la que ha renegado del sandinismo en versión ortegana, Rafael Solís Cerca ha dicho tres cosas que no le serán perdonadas, precisamente porque vienen del interior del sistema de gobierno que él mismo ha contribuido a construir. Por primera vez, un ex dirigente sandinista de máximo nivel se ha referido a una guerra civil en el país centroamericano como una posibilidad “más cercana que nunca”. “Yo no deseo una guerra civil para Nicaragua” ha escrito dirigiéndose a sus compañeros de un tiempo, “pero me queda claro que ustedes van por ese camino y ante un Ejército que por alguna razón no ha desarmado a los grupos armados, también es lógico esperar que los grupos de oposición van a buscar como armarse y el país va a retroceder cuarenta años, y volver, si es que no estamos ya, a esos ciclos de violencia tan característicos a lo largo de nuestra historia”.
La segunda cosa imperdonable escrita por Solís, que además fue testigo de la boda de Ortega y Murillo, es haber abiertamente equiparado Ortega a Somoza. “Yo viví esto hace tantos años en que luché contra una Dictadura y jamás creí que se iba a volver a repetir la historia, por culpa de quienes también lucharon en esa Dictadura”, ha escrito en su carta de dimisión. “Pero ahora estoy clarísimo que la solución y no deseo participar por conciencia y por principios al lado de un gobierno que ya no tiene ni la razón, ni el derecho y ni el respaldo mayoritario del pueblo y que se apoya únicamente en el uso de la fuerza para mantenerse en el poder”. La tercera afirmación de Solís, también imperdonable, es que con Ortega al mando, el diálogo nacional que se intento después del levantamiento de finales de abril está muerto y enterrado: “No veo sinceramente la más mínima posibilidad que ahora en el 2019 se retome un verdadero y nuevo diálogo nacional que logre la paz, la justicia y la reconciliación en nuestro país”.
Pero la Iglesia de Nicaragua, a diferencia del alto magistrado que ha ruidosamente tomado distancia del gobierno al que ha servido durante mucho tiempo, ve en sus palabras no un de profundis definitivo sino una oportunidad para que el gobierno sandinista acepte retomar con seriedad aquel diálogo suspendido desde julio después de pocas sesiones. Lo ha repetido el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, en primera línea desde el momento en el que la crisis se ha agudizada, comentando las palabras del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. “Las cosas que ha revelado en la carta de dimisión son otra ocasión propicia que tiene el Gobierno actual para rectificar, para abrir y buscar caminos de diálogo”. A su juicio, tanto Ortegacomo Rosario Murillo tienen una nueva oportunidad para “presentarse con una nueva voluntad política”, para encontrar “a través del diálogo una solución pacífica en este conflicto que sigue sangrando a Nicaragua”. El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes ha confirmado la disposición de la Iglesia de Nicaragua a continuar como mediadora y testigo del diálogo nacional en el caso de que sea convocada: “Estamos disponibles a estar si existe voluntad verdadera (…) como sucede cuando una familia tiene conflictos; nosotros no nos entrometemos pero cuando somos llamados ofrecemos nuestro servicio”.
La Iglesia no se cansa de proponer el diálogo ante el rechazo del gobierno de considerarlo como un camino transitable para la solución de la grave crisis que vive Nicaragua y que por primera vez deja entrever la posibilidad de una guerra civil. Lo ha hecho el Papa en diversas ocasiones, antes y después de las festividades natalicias. Lo ha repetido su representante en Nicaragua, Stanislaw Waldemar Sommertag, que en un mensaje al pueblo con ocasión del nuevo año ha invocado el diálogo como el único camino para salir de la crisis. “Dicen que el diálogo es un arte, pero lo primero de todo es una verdadera necesidad humana, necesidad en la vida de cada uno de nosotros sin el cual vivir es imposible”, se lee en el texto del nuncio apostólico recogido por Vatican News.
Mientras tanto la represalia de Ortega ha llegado a las universidades de Nicaragua, el epicentro de la erupción volcánica de abril, el punto clave de aquella protesta líquida que parecía haber puesto contra las cuerdas a un gobierno que deja quemar decenas de miles de hectáreas de selva virgen, recorta las pensiones a los ancianos y los pega cuando protestan, derriba barricadas y dispara a manifestantes, estudiantes universitarios en su mayoría. El tratamiento más dura fue reservado para la Universidad Jesuita de Managua gobernada por los Jesuitas. La asignación anual a la universidad, establecida con una disposición constitucional, se reducirá sustancialmente en un 26,7 por ciento en comparación con 2018. Una deducción sustancial que pagarán los 2.500 estudiantes con becas y seiscientos graduados de bajos ingresos que han solicitado ayudas económicas para continuar con las investigaciones. “Es claramente una represalia por la posición que ha tenido la UCA desde abril, y en particular su rector, el jesuita José Alberto Idiáquez, por apoyar a la rebelión cívica y a los estudiantes que salieron a las calles”, explica un profesor de la Universidad. Mantener el anonimato es obligatorio en tiempos en los que por una opinión se puede acabar en la cárcel.
Vida difícil también para los medios de comunicación. A penas le quedan dos meses de vida a La Prensa, el histórico periódico fundado por Pedro Joaquín Chamorro, cuya muerte a manos de la guardia nacional de Somoza hizo detonar la insurrección sandinista en el lejano 1979. Misma suerte para El Nuevo Diario, un periódico que nació de las cenizas del diario sandinista Barricada que después pasó a posiciones críticas respecto al gobierno de Ortega. Papel y tinta están parados desde hace meses en los en los depósitos aduaneros de Managua, y sabemos que sin ellos, un periódico no llega a las manos de los lectores. Para prolongar su vida con las existencias disponibles, La Prensa ha decidido pasar de las 16 páginas tradicionales a 14 y reducir el color en el 30 por ciento de ellas.
Los obstáculos a la importación de materias primas se añaden al hostigamiento hacia los periodistas, a los ataques informáticos a las plataformas digitales de los medios independientes, a la suspensión o el bloqueo de las frecuencias de radio y televisión nacionales.
No hace falta levantar la vista. El logotipo de 100% Noticias cae en cascada en la fachada del edificio que alberga la redacción y pica en la cabeza de quienes cruzan la entrada del canal de televisión más combativo de Nicaragua. La señal fue apagada hace un par de semanas, el local fue registrado por la policía nacional, el director arrestado acusado de “conspiración” y “terrorismo” después de que la misma suerte hubiera sufrido a un par de sus periodistas. Todos están en peligro de ser encarcelados por haber dado voz de alguna manera a la protesta primero, a la represión después, y a los diversos intentos de diálogo nacional que se estrellaron contra la intransigencia del Presidente Ortega y su mujer Murillo. Con una circunstancia agravante, que Miguel Mora, el director de 100% Noticias, antes de los fatídicos días del levantamiento no era un adversario del régimen. “Lo consideraban uno de ellos a pesar de su falta de ‘disciplina’”, escribe el columnista y guionista Guillemo Cortés Domínguez que lo conoce bien, “porque también informó de hechos que, desde el punto de vista de Rosario Murillo, solo los medios ‘contaminados’ lo hacían”. El espacio 100% Noticias del Sandinismo llega con la revuelta de abril, el asalto a un equipo del canal y el robo de una valiosa tele-cámara.
“En diciembre, el gobierno intervino contra nueve organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la más prestigiosa, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Las privó del estatus legal necesario para operar, congeló sus cuentas bancarias, tomó los asientos y todos sus bienes. Ese mismo día también atacaron los medios escritos, televisivos y digitales de Carlos Fernando Chamorro: Confidencial, Esta Semana, Esta Noche y Niú. Hoy –comenta la fuente– hay dos conocidos periodistas en prisión y unos cincuenta periodistas en el exilio”.
Daños en la residencia de Roberto Marrero, jefe de gabinete del líder opositor Juan Guaido, luego de haber sido detenido por agentes de inteligencia venezolanos 
Loiola XXI 