(Nueva York, NY) – La Organización de los Estados Americanos debería exigirle al Presidente Nicolás Maduro que revoque un decreto de emergencia que limita la posibilidad de la Asamblea Nacional —actualmente con mayoría opositora— y de las organizaciones no gubernamentales venezolanas de cuestionar los abusos de poder cometidos por el gobierno, manifestó hoy Human Rights Watch.

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, gesticula mientras habla en una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores en Caracas el 17 de mayo de 2016. © 2016 Reuters

El Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, gesticula mientras habla en una conferencia de prensa en el Palacio de Miraflores en Caracas el 17 de mayo de 2016. © 2016 Reuters

Al declarar un “estado de excepción” el 13 de mayo de 2016, el Presidente Maduro se ha arrogado la facultad de restringir derechos garantizados en la Constitución venezolana. El decreto de emergencia, que tiene una vigencia de 60 días, además le permite al presidente impedir que la Asamblea Nacional utilice sus poderes constitucionales para sancionar a funcionarios públicos, y autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores a suspender el financiamiento internacional que reciben organizaciones no gubernamentales.

“Hasta hace poco, el gobierno de Maduro ha podido encarcelar a opositores y cercenar los derechos de ciudadanos de a pie sin temor a ningún tipo de reacciones de los otros poderes”, observó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. “Pero ahora que la oposición controla la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente se atribuyó a sí mismo la facultad de despojar a este órgano de su potestad de sancionar a funcionarios gubernamentales”.

El decreto de emergencia del Presidente Maduro vulnera las obligaciones jurídicas internacionales que surgen de la Carta Democrática Interamericana, que obliga al país a promover y defender la democracia representativa, la cual incluye como uno de sus componentes esenciales a la separación de poderes.

A la luz del pobre desempeño del gobierno de Maduro, hay razones de sobra para temer que éste responda a una creciente crisis económica y política empleando prácticas represivas, incluyendo detenciones arbitrarias, censura y violencia.

Daniel Wilkinson

Director gerente de la división de las Américas

La Constitución venezolana le otorga a la Asamblea Nacional una “función de control” sobre el poder ejecutivo, que incluye la facultad de interpelar a funcionarios públicos ante comisiones legislativas para ser cuestionados sobre políticas y prácticas del gobierno, así como la posibilidad de remover al vicepresidente y a ministros a través de un “voto de censura”. El decreto de emergencia del 13 de mayo autoriza al presidente a “decidir la suspensión temporal” de sanciones políticas de este tipo si considera que podrían “vulnerar la seguridad de la nación” u “obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el pueblo venezolano”.

El decreto de emergencia también ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores que suspenda todos los convenios que prevean financiamiento extranjero para personas u organizaciones, cuando “se presuma” su “utilización con fines políticos o de desestabilización de la República”. En un país donde las autoridades han acusado sistemáticamente a defensores de derechos humanos de desestabilizar la democracia venezolana, este decreto podría en la práctica obligar a importantes organizaciones no gubernamentales del país, que dependen del financiamiento exterior para trabajar de manera independiente, a cerrar sus puertas o a reducir drásticamente su trabajo.

Ante la generalizada autocensura en los medios de comunicación venezolanos, que es la consecuencia de años de políticas y prácticas oficiales que socavaron gravemente la libertad de expresión, una de las pocas voces que todavía cuestiona abiertamente las políticas del gobierno sobre derechos humanos es la de las organizaciones no gubernamentales venezolanas, apuntó Human Rights Watch.

En la práctica, el “estado de excepción” declarado por el Presidente Maduro podría otorgarle al gobierno mayor discrecionalidad para limitar aún más derechos humanos que ya están siendo continuamente vulnerados en Venezuela, incluidos los derechos a la libertad de asociación y expresión. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estipula que los gobiernos podrán “derogar” o suspender temporalmente algunas de sus obligaciones de derechos humanos declarando el estado de emergencia, pero sólo ante situaciones excepcionales que “pongan en peligro la vida de la nación”. Incluso en esos casos, los gobiernos solo pueden derogar sus obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos “en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación.”

El decreto de emergencia del Presidente Maduro no cumple con estos requisitos, sostuvo Human Rights Watch. Por el contrario, pareciera ser una medida con motivaciones políticas contra opositores del gobierno y las organizaciones independientes. Las propias palabras del presidente abonan esa conclusión. El 17 de mayo, Maduro declaró: “La Asamblea Nacional de Venezuela perdió vigencia política. Es cuestión de tiempo para que desaparezca”. El presidente anticipó que los legisladores opositores rechazarían el decreto, y sugirió que lo harían con la intención de montar “un escenario de violencia para justificar una intervención extranjera de carácter militar”.

La Constitución venezolana exige la aprobación por parte de la Asamblea Nacional de los decretos que declaren el estado de excepción. La Asamblea rechazó el nuevo decreto de emergencia el 17 de mayo. No obstante, el Tribunal Supremo dispuso en febrero que el rechazo por la Asamblea Nacional de decretos que declaren el estado de excepción no “afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos”.

A partir del copamiento político del Tribunal Supremo por el gobierno en 2004, el poder judicial ha dejado de funcionar como un poder independiente de gobierno, y ha validado sistemáticamente el desprecio manifiesto de las autoridades por los derechos fundamentales. La Asamblea Nacional, que durante gran parte de la última década estuvo bajo control oficialista, promulgó reiteradamente “leyes habilitantes” que dieron al Presidente amplias facultades para legislar. La Asamblea Nacional también volvió a copar al Tribunal Supremo con magistrados afines al gobierno más recientemente, en diciembre de 2015, para garantizar la continuidad de un tribunal adepto. Desde que la oposición ganó las elecciones legislativas del 6 de diciembre, el Tribunal Supremo ha dictado una serie de pronunciamientos que socavan seriamente la facultad de la Asamblea Nacional de legislar.

El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha señalado que está evaluando la posibilidad de invocar la Carta Democrática Interamericana para analizar las amenazas al orden democrático en Venezuela. La Carta habilita a la OEA a actuar sin el consentimiento del gobierno implicado para abordar una “alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la independencia judicial y la separación de poderes son componentes esenciales del orden democrático que la OEA debe proteger conforme a la Carta. Y las interpretaciones autorizadas de la Carta ofrecidas por el Comité Jurídico Interamericano y la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la OEA dejan en claro que situaciones como las actuales en Venezuela —donde el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno— justifican una respuesta activa por parte de la OEA, con o sin el consentimiento del gobierno venezolano.

Venezuela está atravesando una crisis económica, enfrentando una severa escasez de medicamentos y bienes básicos, y en las últimas semanas algunos líderes opositores han instado a que se celebre un referéndum revocatorio para decidir sobre la posible destitución del Presidente Maduro.

El Presidente Maduro sostiene que las medidas de emergencia son en respuesta a un complot extranjero para desestabilizar su gobierno. A través del decreto del 13 de mayo, se concedió a sí mismo la capacidad de “dictar medidas y ejecutar planes de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras”, así como “otras medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime convenientes”.

En el pasado, el gobierno de Maduro ha respondido a supuestos planes de “desestabilización” encarcelando a opositores y críticos. Miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas han cometido abusos graves, incluidas torturas, contra personas que se manifestaron contra el gobierno en 2014, y desde julio de 2015 participan en operativos en todo el país que estuvieron marcados por numerosos señalamientos de abusos contra miembros de comunidades populares y de inmigrantes.

“A la luz del pobre desempeño del gobierno de Maduro, hay razones de sobra para temer que éste responda a una creciente crisis económica y política empleando prácticas represivas, incluyendo detenciones arbitrarias, censura y violencia”, dijo Wilkinson. “La OEA debe actuar ahora, antes de que la situación empeore”.