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Nicaragua: represión del gobierno contra los medios de comunicación social.

Periodista local usa su celular en la conferencia de prensa con miembros del Parlamento Europeo en ManaguaPeriodista local usa su celular en la conferencia de prensa con miembros del Parlamento Europeo en Managua 

Periodista pide desde prisión orar por Nicaragua

Este lunes, la periodista costarricense-nicaragüense Lucía Pineda Ubau, acusada de promover el terrorismo en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega, pidió desde la prisión a los nicaragüenses seguir orando, según un mensaje divulgado por un eurodiputado

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

Una delegación del Parlamento Europeo (PE) evaluó la situación política y social de Nicaragua del miércoles 23 al sábado 26, y visitaron, entre otros, El Chipote, una prisión que en los últimos años ha sido señalada por organismos humanitarios de ser centro de torturas, y la cárcel de mujeres La Esperanza.

Pineda Ubau, jefa de prensa del canal de televisión 100 % Noticias, recibió la visita de un grupo de eurodiputados en la cárcel El Chipote, en Managua, el viernes pasado, y les agradeció esta visita que a su juicio, “viene de la mano de Dios”. Pineda Ubau y el periodista Miguel Mora, dueño y director del canal 100 % Noticias, están detenidos desde el 21 de diciembre tras el allanamiento de esa televisión. Ambos hacen frente a cargos por “fomentar e incitar al odio y la violencia” y “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”, según la acusación del Ministerio Público. El estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirar el canal de su menú, lo que efectivamente ya ocurrió.

El eurodiputado José Inácio Faria, quien difundió el vídeo, señaló en un tuit que “libertad de prensa, no es delincuencia”, y que en el caso de “la valiente periodista” Pineda Ubau su “único delito es defender la prensa libre, denunciar represión y atentados a derechos humanos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió recientemente sobre la “intensificación de la cuarta etapa de represión estatal” en Nicaragua contra periodistas y medios independientes. Las tres etapas previas consistieron en agresiones a las protestas callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas con saldos mortales. El Gobierno dio por concluida la misión de ese organismo en Nicaragua a mediados de diciembre.

Liberan a director de radioemisora crítica del Gobierno de Nicaragua

Mientras tanto, el veterano periodista Leo Cárcamo, director de la radioemisora Radio Darío, crítica del Gobierno de Nicaragua, fue liberado este martes por la Policía Nacional luego de varias horas detenido.  Su liberación la divulgó el dueño del mismo medio, Aníbal Toruño, quien dijo que el periodista, quien no estaba en condiciones de hablar, salió “impactado” por la experiencia vivida en la delegación policial de la ciudad de León, al noroeste de Nicaragua. Cárcamo, un sexagenario, padece de una “diabetes agresiva”, y era mantenido en cuidados especiales desde que estalló la crisis, afirmó Toruño.

La captura de Cárcamo es la más reciente denuncia de agresión contra la Radio Darío, ubicada en la ciudad de León, en el noroeste de Nicaragua, en el marco de la crisis, ya que hace seis días el personal avisó de un boicot y el robo de equipos. En diciembre pasado la Radio Darío fue sacada del aire por la Policía Nacional, acción que obligó a sus trabajadores a esconderse en casas de refugio. Antes del boicot y del cierre policial, la radioemisora había sido incendiada, supuestamente por simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en agosto pasado.

Periodistas exiliados denuncian amenazas contra sus familiares en Nicaragua

Periodistas nicaragüenses que se encuentran en el exilio en Costa Rica denunciaron este jueves que sus familiares están siendo amenazados en Nicaragua. Los periodistas, que trabajan en la plataforma digital “Nicaragua Investiga”, aseguraron que desconocidos explotaron una bomba molotov cerca de la vivienda del suegro de Jennifer Ortíz, directora de ese medio. La comunicadora explicó que la bomba fue lanzada anoche y dañó la parte trasera de un vehículo que se encontraba estacionado.

Los desconocidos dejaron además un mensaje dirigido al suegro de Ortíz con la leyenda: “tu hijo y tu nuera están seguros, pero tu no. PLOMO”.  Ortíz observó que “plomo” es una frase que utilizan simpatizantes del Gobierno que preside Daniel Ortega en contra de sus adversarios. Hasta ahora la Policía de Nicaragua no se ha referido a esta denuncia.

Asimismo, la periodista afirmó que en las últimas dos semanas sus familiares en Nicaragua han sufrido una “jornada intensa de intimidación”, que incluye acoso, presencia de “paramilitares” en las afueras de sus casas, entre otros. “Nicaragua Investiga está incomodando mucho a los agentes del Gobierno, a sus simpatizantes, aquellos que son fanáticos, que tratan de combatir, no con ideas, sino con actos terroristas”, anotó. El equipo de Nicaragua Investiga responsabilizó al Gobierno de Ortega si algo llega a pasar con sus familiares.

El equipo está integrado, además de Ortíz, por los periodistas Leticia Gaitán, Gerald Chávez, Yelsin Espinoza y Héctor Rosales, quienes trabajan en distintos canales de televisión en Nicaragua, antes de marcharse al exilio en Costa Rica, por motivos de seguridad.

Datos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro indican que entre abril y diciembre pasados se registraron al menos 712 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, amenazas y asesinatos, entre otras transgresiones.  Al menos 57 periodistas nicaragüenses han salido al exilio desde abril pasado, en su mayoría por razones de seguridad, según el recién fundado movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.

Televisora denuncia “asedio” de la Policía Nacional

Una represión que no termina: Periodistas del Canal 12 de televisión de Nicaragua denunciaron la semana pasada el “asedio” de la Policía Nacional. Al menos 30 agentes especiales de la Policía se instalaron en las afueras del canal, de perfil independiente, desde tempranas horas de la mañana, denunció el periodista Wilmer Benavides. Los policías preguntaron los datos y registraron a cada trabajador o visitante del canal, además de interrogarlos sobre si portan armas, según la denuncia. El equipo periodístico de Canal 12 responsabilizó a la Policía nicaragüense por “cualquier cosa” que les ocurra.

El “asedio” se da un día después de que el periodista Carlos Fernando Chamorro, productor de los programas de debate que se transmiten en la televisora, denunció que el director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo, había dado la orden por la vía verbal a los propietarios del Canal 12, de no transmitir sus producciones. Aunque el Gobierno negó la prohibición, la transmisión del programa Esta Noche fue interrumpida el miércoles 23 de enero, sin que se conozcan las razones.

La Iglesia de Centroamérica ora por la paz en Nicaragua

El sábado pasado, en medio de la celebración de la JMJ, el Secretariado Episcopal de América Central (Sedac) dijo estar “sumamente preocupado” por la crisis de Nicaragua y ora para que se supere mediante el diálogo sincero y la buena voluntad, lo dijo el arzobispo de San Salvador y presidente del Sedac, Mons. José Luis Escobar.

“Queremos el bien de todos, una guerra, un baño de sangre, una revolución no ayuda a nadie”, afirmó el prelado tras recordar que su país sufrió una cruenta guerra interna de 12 años, entre 1980 y 1992, que dejó miles muertos y desaparecidos.

“Esta es mi proposición, es fraterna, con la mejor intención, con los mejores sentimientos para todos, no solo para la Iglesia, que estamos totalmente solidarios y compenetrados con la Conferencia Episcopal de Nicaragua, ellos son parte del Sedac”, afirmó el presidente del SEDAC.

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Necesidad de una renovada confianza en las instituciones democráticas. ONU

Guterres: La marca global más vendida hoy en día es el miedo

Manuel Elias
Rueda de prensa del Secretario General, António Guterres, (a la derecha) con su portavoz, Stéphane Dujarric.

18 Enero 2019

El titular de la ONU señala que la economía y la tecnología han provocado que muchas personas se queden sin esperanza, dejándoles a merced del miedo, los nacionalismos y el populismo. La mejor vacuna contra ese miedo es que los Gobiernos respondan a esos temores y ansiedades y que lo hagan mediante la cooperación y el multilateralismo.

El Secretario General de las Naciones Unidas denunció este viernes durante un encuentro con la prensa que el aumento de las desigualdades entre países ha provocado que “personas, sectores y regiones” hayan quedado rezagados, en un contexto de prosperidad generalizada, añadiendo a su aflicción “una sensación de injusticia”.

“Cuando la gente ve una economía mundial que está fuera de lugar, cuando siente que no tiene ninguna oportunidad, ninguna esperanza, y ningún líder o institución sintoniza con sus problemas, les guiará la inestabilidad y la desconfianza”, dijo.

Estos recelos, a su vez, generan un enorme déficit de confianza en los gobiernos, las instituciones políticas y en las organizaciones internacionales, destacó António Guterres.

“En esos momentos, las explicaciones pueden sonar como excusas, y las personas pueden convertirse en objetivos fáciles para los nacionalistas, los populistas y todos aquellos que se benefician del miedo.  La marca más vendida hoy en día a nivel mundial es el miedo.  Obtiene audiencia.  Gana votos.  Genera clics”.

En este volátil escenario, el mayor desafío al que se enfrentan tanto gobiernos como instituciones es demostrarle a la gente que son importantes para su proyecto y activar soluciones que den “respuestas a sus temores y ansiedades”.

Respuesta al discurso del odio y la xenofobia

Estas soluciones en clave de las Naciones Unidas pasan por tres ámbitos: una globalización justa, articulada a través de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible; demostrar el valor añadido de la ONU; y movilizar a todos los sectores sociales “en la batalla por los valores (…) y, en particular, abordar el aumento de la incitación al odio, la xenofobia y la intolerancia”.

Con relación a este último apartado informó haber encargado a su asesor especial para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, la formación de un equipo para definir una estrategia, dar respuesta al problema y presentar un plan de acción global con carácter de urgencia.

“En todos estos ámbitos, el mensaje es claro: las palabras no son suficientes.  Debemos ser eficientes tanto en la reivindicación de nuestros valores universales como en el estudio de los orígenes del miedo, la desconfianza, la ansiedad y la ira”, remarcó.

 Situación en Venezuela

Interrogado sobre si apoyaría una nueva ronda de conversaciones lideradas por la ONU en Venezuela, Guterres abogó por encontrar una solución política incluyente basada en el diálogo: “sé que no es fácil, pero es mi profunda convicción”.

Con relación a si le preocupa la estabilidad en América Latina ante la reacción de algunos gobiernos de la región de no reconocer la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro indicó: “las Naciones Unidas no hacen un reconocimiento de los gobiernos, pero respeta el derecho soberano de los Estados de reconocer o no a los gobiernos de otros Estados. Las Naciones Unidas no tienen en este momento ninguna iniciativa específica en la región, aunque ofrecemos nuestros buenos oficios” si se solicitan, destacó.

Atentado en Bogotá

Guterres condenó de manera categórica el ataque terrorista a la Academia de Policía General Santander en Bogotá perpetrado este jueves. El Secretario General reveló que había mantenido una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Iván Duque, donde éste le manifestó tener “pruebas claras” de que el asalto fue obra del Ejército de Liberación Nacional, lo cual calificó de “inaceptable” y, a continuación, expresó su solidaridad con el pueblo de Colombia.

Derecho a la reunión familiar en la frontera con EE. UU.

Sobre el caso de los niños separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos, calificó de “principio fundamental” la reunificación familiar en todas las situaciones de refugiados.

Recordó la participación de la ONU en las situaciones de crisis del Triángulo Norte de América Central y remarcó tanto el trabajo de UNICEF como el de ACNUR a ambos lados de la frontera.

Dificultades presupuestarias

En relación con las estrecheces financieras de la Organización, distinguió entre las dificultades del prepuesto general y el de las operaciones de paz.

Sobre el primero destacó que todos los países han decidido pagar las cuotas que les corresponde y que están definidas por una escala acordada en la Asamblea General. El único problema destacable es con los pagos atrasados.

Sin embargo, destacó que, en las cuentas relacionadas con las operaciones de las fuerzas de paz, Estado Unidos decidió pagar un monto alrededor de un 3% inferior al que le correspondería según su escala.

“El problema es que no puedo resolver este problema satisfactoriamente reduciendo el gasto un 3%. Si lo hiciera los costos serían obviamente menores, pero, de acuerdo a las normas, todos los Estados miembros que contribuyeron al presupuesto tienen el derecho a recibir una parte de esos ahorros. Lo que significa que nos encontramos en una situación en la que no podemos gastar el dinero que no hemos recibido y, si no lo gastamos, tenemos que devolverlo a otros países, lo que se convierte en una situación insostenible”, razonó.

Guterres cuantificó el desfase financiero en unos 600 millones de dólares y destacó tener la situación controlada hasta el momento pero que, de no encontrarse una solución, prevé una situación muy difícil para el año que viene.

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Venezuela. Fuerte denuncia del episcopado contra la reelección de Maduro como Presidente

Cardenal Baltazar Porras, Mons. Raúl Biord y Mons. Freddy Jesús Fuenmayor SuárezCardenal Baltazar Porras, Mons. Raúl Biord y Mons. Freddy Jesús Fuenmayor Suárez 

Obispos Venezuela: nuevo período presidencial ilegítimo en origen

Así lo afirmaron- en sustancia – los Obispos Venezolanos, en el día anterior a la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial, al reiterar que “la convocatoria del 20 de mayo (para elegir el Presidente de la República) fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el poder ejecutivo”

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano

Es “moralmente inaceptable” prolongar el fracaso e ineficiencia del poder de las últimas décadas: ha sido contundente el rechazo de los obispos a la pretensión de iniciar un nuevo período presidencial este 10 de enero por parte de Maduro, debido al vicio en su origen, a saber, el de la convocatoria ilegítima del pasado 20 de mayo, que “abre una puerta al desconocimiento del Gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho”.

La exhortación del Episcopado Venezolano ha sido leída en el curso de la 111ª Asamblea Ordinaria, este miércoles 9 de enero a tres voces por el Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo de Mérida y Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, Mons. Raúl Biord Arzobispo de la Guaira y  2º Vicepresidente de la Cev y Mons. Freddy Jesús Fuenmayor Suárez, Obispo de Los Teques.

Los prelados recordaron el pedido hace tres años (el 1-12-2016) del Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin, relativo a la restitución a la Asamblea Nacional del rol previsto en la Constitución del País. “El voto de confianza que el pueblo venezolano le ha conferido debe ser retribuido con el cumplimiento de los deberes de los diputados, diseñando y redactando las leyes que necesita el país para el restablecimiento de la democracia y la vuelta a la decencia y honestidad en la administración de los fondos públicos”, expresaron.

Interpelan las palabras del Papa

Recordando las palabras del Papa Francisco en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1º de enero, cuando se refirió a la función y responsabilidad política como “desafío permanente para todos los que reciben el mandato de servir a su país, de proteger a cuantos viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo”, manifestaron que el pedido del Papa “nos interpela”, y subrayaron la necesidad de buscar juntos – como también dijo el Santo Padre el lunes en el discurso a los Embajadores- caminos de “concordia” y entendimiento, de unión del pueblo venezolano, de respuestas a los múltiples problemas y de defensa de los derechos humanos que nos permitan superar la crisis y atender a los más pobres.

En el inicio de la exhortación, el episcopado afirmó recibir el 2019 “con la confianza puesta en Dios, como una buena oportunidad para el cambio que el país pide a gritos: la recuperación del Estado de Derecho según la Constitución y la reconstrucción de la sociedad venezolana, en dignidad, libertad y justicia para todos”.

“Moralmente inaceptable” querer mantener a toda costa el poder

Con clamor, se refirieron a la dramática y grave situación que vive el pueblo venezolano a causa del deterioro del respeto a sus derechos y de su calidad de vida, “sumido en una creciente pobreza y sin tener a quien acudir”: “Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas: ¡es moralmente inaceptable! Dios no quiere que por el sometimiento a injusticias sufra el pueblo. Urge, por tanto, asumir el clamor popular de un cambio, de una concertación para una transición esperada y buscada por la inmensa mayoría”, dijeron.

Pretensión de iniciar nuevo período presidencial ilegítima en su origen

Asimismo reiteraron que “la convocatoria del 20 de mayo (para elegir el Presidente de la República) fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el poder ejecutivo”: “Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo” (No temas, yo estoy contigo, n. 6). Por tanto, la pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen, y abre una puerta al desconocimiento del Gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho”, afirmaron.

Asamblea Nacional electa único órgano público legítimo

Los obispos reconocieron que en medio de esta crisis “política, social y económica”, “la Asamblea Nacional, electa con el voto libre y democrático de los venezolanos”, es actualmente “el único órgano del poder público con legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias”.

Necesaria la articulación de todos los sectores sociales

Es necesaria la articulación de todos los sectores sociales, afirmaron los prelados, tras referirse al rol de la ciudadanía como actores de primer orden en el país: “no podemos ser simples espectadores”, subrayaron, recordando al pueblo que “la defensa de la libertad ha costado mucha sangre y muchos sufrimientos, para ver de lejos lo que la mayoría rechaza: políticas de hambre, persecución política, represión militar y policial, presos políticos, torturas, corrupción, ineficiencia e ineficacia en la gestión pública”. “Como ciudadanos y como instituciones – añadieron – nos toca asumir las responsabilidades que nos competen para mejorar la actual situación y recuperar el país con sus valores y potencialidades. 

El compromiso de la Iglesia venezolana

Son tres las direcciones en las que el Episcopado Venezolano señala su compromiso como Iglesia: en primer lugar en las diócesis y en las parroquias “para seguir ayudando a la supervivencia, tanto de los más débiles y desprotegidos dentro del país como a los que han emigrado buscando trabajo y mejores condiciones de vida, así como refugio y asilo”. En segundo lugar se comprometen a seguir trabajando “en la defensa y promoción de los derechos humanos, en particular de los que carecen de todo, de los amenazados de muerte, de los perseguidos y privados de libertad”. Y en tercer lugar, se proponen “seguir desarrollando programas de formación y organización que permitan la recuperación de la institucionalidad democrática y la reconstrucción del país de una forma pacífica”. Todo esto enmarcado en el proceso de evangelización que promueve los valores de verdad, autenticidad, justicia, solidaridad, paz, reconciliación y fraternidad.

Gratitud al Papa, a las Iglesias y Gobiernos de diversos países

En la conclusión de la exhortación, el episcopado agradeció al Romano Pontífice por “su constante cercanía y preocupación por nuestra patria”. A las Iglesias y Gobiernos de diversos países por “su solidaridad y su atención a los compatriotas que, producto de la crisis, han tenido que dejar el país en búsqueda de mejores condiciones de vida”, y a los sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos, así como a las muchas iniciativas que en este campo se están llevando adelante desde Cáritas a nivel nacional, diocesano y parroquial, desde la comisión de Justicia y Paz y las vicarías de Derechos Humanos, de otras organizaciones y asociaciones manifestaron su aprecio, invitando, por último a “articular iniciativas y proyectos en favor del pueblo a los hermanos de otras iglesias y de otras religiones, a las instituciones públicas y privadas, a los empresarios, profesionales, trabajadores y obreros, para trabajar por la paz y por un mejor país”.


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Afganistan: elecciones. Intervención de la ONU

Afganistán: La ONU pide a las autoridades garantizar que los ciudadanos puedan votar

UNAMA/Zachary Golestani
Mujeres se disponen a votar en Afganistán.

20 Octubre 2018

Las elecciones parlamentarias en Afganistán tuvieron lugar este sábado en medio de amenazas, brotes de violencia y fallas técnicas, por lo que la Misión de Asistencia de la ONU en el país (UNAMA) llamó a las autoridades electorales a permitir que todos los ciudadanos aptos tengan las condiciones razonables para emitir su voto.

Durante la jornada se registraron varias explosiones cercanas a las casillas de votación en todo el país, así como en Kabul, la capital, causando la muerte de varias personas y dejando decenas de heridos.

Esta violencia, sumada a una serie de problemas técnicos, provocó retrasos que obligaron a miles de electores a esperar horas para poder votar. Las demoras dieron a pie a que algunos puestos electorales extendieran sus horas de apertura o anunciaran que estarán abiertos el domingo.

La UNAMA felicitó a los ciudadanos que salieron a expresar su voluntad en las urnas desafiando las amenazas de violencia y recordó que estos son los primeros comicios organizados en su totalidad por el Gobierno afgano desde 2001. Se trata de “un importante hito en la transición de Afganistán”, apuntó.

La Misión también instó a las autoridades del país a mostrar su compromiso con el proceso electoral y a proteger su integridad, sobre todo en lo que se refiere al conteo de votos y el anuncio de los resultados.

Asimismo, tomó nota de las medidas contra el fraude que se implementaron, que incluyen la presencia de unos 400.000 observadores y representantes de los candidatos, así como monitores de los partidos políticos, para asegurar la transparencia de los comicios.

En este sentido, exhortó a los afganos que sean testigos de algún fraude a reportarlo con las autoridades pertinentes y a éstas las conminó a investigar a fondo las denuncias y a enjuiciar a los responsables.


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La información en Venezuela. HRW

Sin acceso a información en Venezuela

El gobierno niega la crisis y mantiene desinformados a los venezolanos

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En peligro algunos valores fundamentales de Europa en Polonia y Hungría. Seria advertencia de HRW

Defender valores en Bruselas

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Colombia: lo que queda por hacer en el proceso de paz.

El nuevo Gobierno de Colombia debe consolidar la paz

Jennifer Moreno/Misión de Verificación de la ONU
Mesa de Reincorporacion miembros de las FARC en Antioquia en Vidrí, Colombia.

26 Julio 2018

Una serie de desafíos amenazan la implementación del Acuerdo de Paz, y el Gobierno del presidente electo Iván Duque, que comienza el próximo 7 de agosto, debe trabajar para remediar las divisiones existentes entre los colombianos, así como abordar la incertidumbre entre los excombatientes y las comunidades rurales y ofrecerles seguridad y protección.

La violencia en las zonas de conflicto, en particular contra dirigentes sociales y defensores de los derechos humanos, la proliferación de grupos ilegales y el crecimiento de la economía de la coca, junto con la frustración y el temor que sienten los excombatientes y las comunidades rurales que consideran que han sido obviados por el proceso de paz, no dejan lugar a dudas de la magnitud de los problemas que aguardan al nuevo Gobierno, dice un nuevo informe del Secretario General de la ONU.

En medio de la incertidumbre sobre cuestiones como las garantías jurídicas, políticas y de seguridad para quienes dejaron las armas, “la tarea que es necesario acometer ahora es la de consolidar la paz”, asegura António Guterres en su reporte trimestral al Consejo de Seguridad, que presentó este jueves su representante, Jean Arnault.

El informe coincide con la culminación de una etapa del proceso de paz de Colombia y el comienzo de otra, con la inauguración del nuevo Congreso la semana pasada y la toma de posesión del nuevo presidente Iván Duque el próximo 7 de agosto.

Duque declaró en su discurso de aceptación que su intención era unir al país y “pasar la página de la polarización”. En cuanto al proceso de paz, reafirmó las declaraciones hechas durante la campaña en el sentido de que su Gobierno no impugnaría el Acuerdo de Paz en su conjunto, pero que sí haría “correcciones” mediante un acuerdo nacional.

“El carácter de esas modificaciones es objeto de un intenso debate, en particular en lo concerniente a la justicia transicional”, resalta el informe.

Al respecto, el Secretario General aplaudió la intención del presidente electo de trabajar para remediar las divisiones existentes entre los colombianos y reiteró el firme compromiso de la ONU de continuar acompañando a Colombia en la consolidación de los avances en materia de paz y en el logro de la reconciliación después de tantos años de conflicto.

Según Arnault, la vicepresidencia actual y la Misión de Verificación de la ONU han desarrollado un buen método de  trabajo. “Estamos listos para adoptar el mismo enfoque colaborativo con la administración entrante del presidente electo Ivan Duque”, dijo ante el Consejo.

Asesinatos a líderes comunitarios

Guterres asegura que al igual que la mayoría de los colombianos, le preocupan profundamente los asesinatos de líderes comunitarios y defensores de los derechos humanos, un problema que repuntó notablemente en los días posteriores a las elecciones presidenciales.

En una declaración reciente, el Fiscal General señaló que el aumento de los homicidios no afectaba solo a los líderes, sino también a los miembros de las comunidades, ya que la violencia había aumentado de manera generalizada en muchas zonas rurales.

“No cabe duda de que esta tendencia sigue estando relacionada con los agentes que tratan de controlar las comunidades, las tierras y los recursos, en particular en las zonas que estuvieron bajo la influencia de las FARC-EP”, se lee en el informe.

En algunas regiones, como el departamento de Nariño y el Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, esta situación ha dado lugar a un grado de violencia que no se veía desde el fin del conflicto.

El aumento del número de muertes confirma la urgencia que reviste hacer frente a la dinámica de violencia que sigue afectando principalmente a las zonas rurales.

El Secretario General resaltó la indignación y repudio de la sociedad colombiana contra esta ola de asesinatos y destacó la importancia del “pacto de rechazo a la violencia contra líderes sociales y defensores”, suscrito por el presidente Juan Manuel Santos, el presidente electo Iván Duque, las instituciones estatales más importantes y los partidos políticos.

“Es la primera vez que la violencia contra los líderes sociales se recibe con un sentimiento de indignación tan fuerte, expresado en las calles de Colombia y en las ciudades en el extranjero, en los pasillos de las instituciones nacionales y en todo el espectro político. En el contexto polarizado de una campaña electoral prolongada, en una sociedad a veces indiferente a los desarrollos en las zonas de conflicto, este consenso nacional contra los ataques a los líderes sociales es significativo”, declaró Jean Arnault ante el Consejo de Seguridad.

En el informe, Guterres asegura que el aumento del número de muertes confirma la urgencia que reviste hacer frente a la dinámica de violencia que sigue afectando principalmente a las zonas rurales. “El nuevo Gobierno tendrá que dar prioridad a esta cuestión en su agenda, y el sistema judicial tendrá que redoblar sus esfuerzos para que los autores materiales rindan cuentas”, expresa.

Además, aunque hay algunos avances en las medidas previstas en el Acuerdo de Paz para encarar la violencia en las zonas de conflicto, tales como el Programa integral de seguridad y protección, estas medidas se encuentran en distintas etapas de implementación y deben fortalecerse.

“Está claro que aún no han generado los efectos deseados y, en cierta medida, el problema incluso se ha agravado. El llamamiento urgente del presidente Santos a suscribir un pacto nacional contra la violencia recibió un apoyo generalizado, lo que da idea de la magnitud del problema”, asegura el informe.

La reincorporación de los excombatientes

Jean Arnault, celebró que el partido político de las FARC haya llegado al nuevo Congreso, uno de los más diversos, plurales y representativos de la historia legislativa del país.

“Si bien la participación de los representantes de las FARC en el Congreso es un paso importante, la reintegración en la vida civil de los ex miembros de las FARC-EP es un asunto pendiente”, dijo.

El reporte del Secretario General recalca que hasta ahora la implementación de la paz “ha estado marcada por niveles de incertidumbre que han generado recelos profundos y comprensibles entre los miembros de las FARC que se están reintegrando a la sociedad”, .

La duda continúa rodeando las garantías legales, políticas y de seguridad de aquellos que depusieron sus armas y Guterres espera que las instituciones hagan valer dichas garantías y proporcionen oportunidades económicas.

El titular de la ONU reitera la importancia de acelerar el progreso en la implementación de proyectos productivos de generación de ingresos para los excombatientes. Hasta la fecha los proyectos promovidos por el Consejo Nacional de Reincorporación han sido en su gran mayoría autofinanciados por los excombatientes, y aunque se esperaba tener uno por cada Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, hasta ahora solo se han aprobado ocho con la asistencia técnica del Programa de la ONU para el Desarrollo y el Gobierno ha desembolsado dinero para tres.

El objetivo de brindar oportunidades que generen ingresos para 14.000 excombatientes de las FARC “está lejos de alcanzarse”, resalta el informe.

“Completar el trabajo iniciado por el Gobierno actual sin duda requerirá dedicación y recursos. Pero cumplir con las garantías dadas a aquellos que han dejado sus armas y se someten ahora a la difícil transición a la vida civil es esencial para Colombia, y también para que Colombia sea una fuente de motivación para las partes en conflictos en otras partes del mundo”, declaró el representante especial de Guterres.

No se trata solo de consolidar el proceso de paz con la FARC, sino también de generar credibilidad a efectos de posibles negociaciones futuras con otros agentes armados.

El informe recalca además que las nuevas autoridades del país tienen la responsabilidad crítica de devolver la confianza en el futuro a los guerrilleros, los jefes de nivel medio y los altos mandos de la antigua guerrilla.

“No se trata solo de consolidar el proceso de paz con la FARC, sino también de generar credibilidad a efectos de posibles negociaciones futuras con otros agentes armados. En un sentido más general, se trata de la esencia misma del principio de la solución negociada de los conflictos armados, que las Naciones Unidas apoyan firmemente”, dice Guterres.

Comienza la Juridiscción Especial para la Paz

El representante del Secretario General dijo que el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz debia reconocerse a pesar de que las largas demoras en su establecimiento y la adopción de su marco normativo crearon en la opinión pública una “persistente sensación de que la verdad y la justicia estaban eclipsadas por el proceso político“.

Arnault aseguró que las primeras audiencias celebradas por la Jurisdicción los días 10 y 13 de julio en las que participaron un ex general del ejército y el ex Comando General de las FARC-EP fueron “extremadamente importantes para comenzar a disipar la percepción de impunidad“.

“La búsqueda de rendición de cuentas a través de la Jurisdicción y la Comisión de la Verdad continuará siendo crítica para la legitimidad del proceso de paz”, dijo.

Misión de la ONU en Colombia.
El Secretario General comparte con excombatientes de las FARC en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Buenavista, Mesetas, Meta, Colombia.

Hay voluntad del Gobierno y los excombatientes

El Secretario General agradeció una vez más el liderazgo del presidente Juan Manuel Santos y los dirigentes de las FARC, asegurando que, en medio de los desafíos inherentes a la aplicación del Acuerdo de Paz, cada una de las partes ha sabido reconocer los méritos de la otra.

“El presidente Santos ha destacado que las FARC cumplieron su compromiso fundamental de dejar las armas y apostar por la política pacífica, y los dirigentes de las FARC siguen reconociendo que el presidente Santos enfrentó la enorme tarea de aplicar un acuerdo sumamente ambicioso con una voluntad política incuestionable”, declara en el informe.

Guterres destaca que en las zonas rurales los excombatientes, campesinos, soldados, agentes de policía, empresarios, dirigentes religiosos y víctimas, entre otros, están dejando de lado los enfrentamientos del pasado y propiciando las bases de un consenso nacional más amplio y los cimientos de la reconciliación en el país, e invitó a las autoridades, las instituciones, las fuerzas políticas y la sociedad civil a que se mantengan firmes en ese propósito.

“Haciendo eco al informe del Secretario General, hago un llamado al diálogo y la cooperación entre las nuevas autoridades locales del gobierno nacional, las organizaciones sociales y la sociedad civil en los territorios. Creemos que ese diálogo y esa cooperación son un requisito previo para el éxito”, concluyó su representante Jean Arnault, durante la presentación del informe ante el Consejo.

Cuidar la paz significacumplir lo pactado en el acuerdo, en el entendido que la palabra comprometida no es la de un Gobierno, sino la de un Estado en su conjunto.

El vicepresidente de Colombia Oscar Naranjo, también se hizo presente durante la reunión del Consejo de Seguridad, por última vez representando al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, cuyo mandato culmina el 7 de agosto. Naranjo aseguró que era sumamente importante “cuidar la paz”.

“Cuidar la paz significa cumplir lo pactado en el acuerdo, en el entendido que la palabra comprometida no es la de un Gobierno, sino la de un Estado en su conjunto y al mismo tiempo la sociedad en general”.

El vicepresidente añadió que cuidar la paz también significa que la reincorporación de los excombatientes de las FARC surja en garantías y derechos de seguridad y que es necesario seguir avanzando y escalando el aprendizaje para llegar a los territorios con “el rostro de un Estado que protege a las comunidades”.

“Cuidar y proteger la paz debe significar que las lecciones que arroja este proceso colombiano de la búsqueda de un fin del conflicto, sean un ejemplo para otras naciones, para que se superen las violencias y los desencuentros.”

Naranjo agradeció al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional por su apoyo incondicional al proceso de paz impulsado por el mandato de Juan Manuel Santos.