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Fuerte amonestación de la ONU a Nicaragua por las víctimas en las protestas populares

Nicaragua debe investigar las muertes ocurridas durante las protestas

ONU/Daniel Johnson
Liz Throssell, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

24 Abril 2018

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos considera que algunas de las muertes pueden equivaler a “asesinatos”. Por su parte, el Secretario General de la ONU ha solicitado a las autoridades nicaragüenses que garanticen los derechos de reunión y libertad de expresión.

La portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos afirmó que este departamento ha recibido denuncias de que por lo menos 25 personas fueron asesinadas durante las protestas contra la reforma de la seguridad social promovida por el presidente, Daniel Ortega, que comenzaron el pasado viernes.

“En particular, nos preocupa que algunas de esas muertes puedan equivaler a asesinatos. Pedimos a las autoridades nicaragüenses que lleven a cabo una investigación rápida, exhaustiva, independiente y transparente de las muertes”, indicó Liz Throssell.

En especial, solicitó la inspección de las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía u otros cuerpos de seguridad y que se depuren responsabilidades.

Igualmente, pidió que se investiguen los actos de violencia, como los saqueos, producidos desde el inicio de las protestas el pasado viernes.

El Secretario General pide actuar con moderación

Por su parte, António Guterres se mostró preocupado por los acontecimientos, instó a todas las partes a actuar con moderación y pidió al Gobierno de Nicaragua que garantice la protección de los derechos humanos, especialmente los de reunión pacífica y libertad de expresión.

En un comunicado, el titular de las Naciones Unidas aseguró respaldar el diálogo como la única herramienta para tratar los retos a los que se enfrenta el país.

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Chile: primer discurso del Papa en su visita al País.

El Papa: “Dolor y vergüenza por el daño irreparable de los abusos”

Francisco en su primer discurso en Chile pide perdón por la violencia cometida por los sacerdotes: “Apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, empeñarnos para que no se vuelva a repetir”. E invita a las autoridades políticas a escuchar a los pobres y a los pueblos indígenas cuyos derechos deben recibir atención”
REUTERS

El Papa Francisco en el palacio presidencial de la Moneda

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Pubblicato il 16/01/2018
Ultima modifica il 16/01/2018 alle ore 13:14
ANDREA TORNIELLI
ENVIADO A SANTIAGO DE CHILE

En el país de la América Latina católica donde la Iglesia ha perdido mucha credibilidad y que está atravesado por las protestas, Francisco decide comenzar pidiendo perdón. Frente al escándalo provocado por el caso del padre Fernando Karadima, carismático e influyente sacerdote reconocido culpable por la Santa Sede de haber abuso de menores en 2011, y de otros casos ocurridos en Chile, el Papa Bergoglio afirma sentir “dolor y vergüenza” por “el daño irreparable” que los abusos han provocado “en los niños”. Desde el año 2000 hasta hoy en el país, según los datos difundidos por BishopAccountability.org alrededor de 89 sacerdotes católicos han sido acusados de abusos a menores.

 

La fuerte solicitud de perdón por parte del Pontífice, además de reconocer la responsabilidad por la incapacidad de la Iglesia de tutelar a los más pequeños, es un modo de buscar calmar el clima en vista de la visita, dado que el padre Karadima ha sido el formador de muchos sacerdotes y algunos de éstos, cercanos a él, se han convertido en obispos en el país: el caso más polémico es el de Juan Barros, nombrado por Francisco obispo de Osorno después de haber sido militar. Desde hace años algunos grupos de feligreses le reprochan su cercanía a Karadima.

 

Frente al palacio presidencial de la Moneda, ideado por el arquitecto italiano Gioacchino Toesca, un edificio que toma su nombre porque durante la época colonial albergaba la casa de moneda, Bergoglio ha sido recibido por la presidenta saliente de Chile, Michelle Bachelet Jeria, hija de un general de la aviación encarcelado y asesinado tras el golpe de Pinochet el 11 de septiembre de 1973. El Papa ha atravesado los dos grandes patios internos donde le esperaban las autoridades, el cuerpo diplomático y los representantes del mundo civil y de la cultura.

 

En su discurso de bienvenida Bachelet, visiblemente emocionada, ha dicho: “Santidad, le recibimos con afecto y esperanza. Sus palabras fomentan la solidaridad y la esperanza, y nos ayudan a combatir la ignorancia y el egoísmo. Estamos orgullosos de tenerle con nosotros”. La presidenta ha recordado la visita hace 30 años de Juan Pablo II, en la que el papa polaco “conoció un país herido al que le faltaba la libertad. Es bonito poder decir que el Chile de ahora es otro, diferentes caminos nos han llevado a encontrar este desarrollo, a hacer fuerte la democracia, mirando a los ciudadanos como personas y no como consumidores, como usted nos ha enseñado. En estos 30 años hemos pasado del dolor a la esperanza, del miedo a la confianza”.

 

Bachelet ha nombrado los desafíos de hoy en Chile: tutelar a las familias, crear puestos de trabajo y respetar el medio ambiente a la luz de Laudato sì. “Sabemos que tenemos una deuda hacia la sociedad y que debemos unirnos para derrotar las desigualdades. Necesitamos también cerrar nuestra deuda con el pueblo Mapuche –ha añadido–, nos avergonzamos de la vulnerabilidad que sufre nuestra infancia, también con ellos tenemos una deuda”. “No podemos olvidar que fue la mediación de un papa la que evitó la guerra y no olvidamos a los miembros de la Iglesia católica que han dado su vida por aquellos que eran perseguidos en el país”.

 

Tomando la palabra, Francisco ha recordado que Chile “se ha distinguido en las últimas décadas por el desarrollo de una democracia que le ha permitido un notable progreso”. Ha observado que las recientes elecciones políticas, las cuales han llevado a la designación del nuevo presidente, Sebastián Piñera Echenique, han sido “una manifestación de solidez y madurez cívica” que es aún más significativa dado que precisamente este año se celebran 200 años de la declaración de independencia. El Papa recuerda, aludiendo a la dictadura sin nombrarla, que “el pueblo chileno ha debido afrontar distintos periodos turbulentos consiguiendo sin embargo –no sin dolor– superarlos”. Francisco ha recordado después que la paz y los derechos no están nunca por descontados y que “cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de las generaciones pasadas y llevarlas a metas más altas aún. El bien –ha explicado– como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez; han de ser conquistados cada día”.

 

Bergoglio ha invitado a no olvidar que en Chile, a pesar de sus conquistas económicas y sociales, “muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos”. Esto es por tanto lo que tenemos que hacer: “seguir trabajando para que la democracia y el sueño de sus mayores, más allá de sus aspectos formales, sea de verdad lugar de encuentro para todos. Que sea un lugar en el que todos, sin excepción, se sientan convocados a construir casa, familia y nación.

 

Un Chile “generoso y acogedor”, con el pueblo y las autoridades políticas capaces “de escuchar”. “Tal capacidad de escucha –ha continuado– adquiere gran valor en esta nación donde su pluralidad étnica, cultural e histórica exige ser custodiada de todo intento de parcialización o supremacía y que pone en juego la capacidad que tengamos para deponer dogmatismos exclusivistas en una sana apertura al bien común”. Es indispensable escuchar, “escuchar a los parados, que no pueden sustentar el presente y menos el futuro de sus familias”. Escuchar “a los pueblos originarios, frecuentemente olvidados y cuyos derechos necesitan ser atendidos y su cultura cuidada, para que no se pierda parte de la identidad y riqueza de esta nación”. Es necesario “escuchar a los jóvenes, en su afán de tener más oportunidades, especialmente en el plano educativo y, así, sentirse protagonistas del Chile que sueñan, protegiéndolos activamente del flagelo de la droga que les cobra lo mejor de sus vidas”.

 

Francisco ha pedido también “escuchar a los niños que se asoman al mundo con sus ojos llenos de asombro e inocencia y esperan de nosotros respuestas reales para un futuro de dignidad. Y aquí –ha dicho pronunciando bien cada palabra con el rostro serio– no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir”.

 

Finalmente, Bergoglio ha invitado a prestar “una preferencial atención a nuestra casa común”, fomentando “una cultura que sepa cuidar la tierra” sin conformarse con “ofrecer respuestas puntuales a los graves problemas ecológicos y ambientales que se presentan”; pero también se requiere la audacia de ofrecer “una mirada distinta, un pensamiento, una política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático”.

 

Tras el encuentro, Francisco se ha reunido de forma privada con la presidenta Bachelet en el Salón Azul de la Moneda.


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Cataluña: nota de Amn. Int.

Mantener en prisión provisional a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, un paso en la dirección equivocada

Amnistía Internacional muestra su preocupación por la decisión tomada hoy por la justicia española de mantener en prisión provisional a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes respectivamente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, acusados de un delito de sedición, en aplicación del artículo 544 del Código Penal, en relación con las protestas que organizaron los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona. Ambos ingresaron en prisión el pasado 16 de octubre.

El 18 de octubre Amnistía Internacional manifestó que la presentación de cargos contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por un delito grave como es la sedición y su prisión provisional constituían restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Por ello, pidió a las autoridades que retirara estos cargos y que pusiera fin de inmediato a su prisión provisional, algo que la organización reitera hoy.

Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional ha declarado hoy: “Reconocemos que el Estado puede imponer restricciones al ejercicio de la libertad de expresión, pero siempre de forma proporcionada y utilizando el instrumento menos intrusivo. En este caso, aplicar la prisión provisional sigue siendo desproporcionado, con lo que la decisión tomada hoy es un paso en la dirección equivocada”. Este requisito de proporcionalidad implica que las sanciones penales, en particular las que dan lugar a privación de libertad, constituirán a menudo una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión.

Amnistía Internacional también sigue mantienendo su preocupación por los cargos de sedición por los que se acusa a Sánchez y Cuixart, ya que se trata de un delito definido de una manera muy general que abarca una amplia variedad de actos, y que además puede comportar penas de hasta 10 años de cárcel.

La organización sigue de cerca este procedimiento judicial para comprobar que cumple con todas las garantías.


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La libertad de prensa y el conflicto de Cataluña. Nota de PSF

INFORME RSF #RespectPressCAT | 01/12 | Reporteros Sin Fronteras pide respeto al libre ejercicio del periodismo en Cataluña

28.09.2017 10:00

Periodistas locales y corresponsales extranjeros denuncian campañas de ciberacoso en redes sociales y presiones propagandísticas de la Generalitat

La organización insta a que no se utilicen procedimientos judiciales para amedrentar a medios de comunicación catalanes

 

El acoso y los linchamientos contra periodistas en las redes sociales no son exclusivos de ninguna ideología. En todos los países de nuestro entorno, incluida España, Reporteros Sin Fronteras recibe quejas por insultos, amedrentamientos y amenazas en Internet contra profesionales de los medios de comunicación. El “ciberacoso” es un fenómeno lamentablemente habitual, que afecta a todas las tendencias políticas. Sin embargo, la creciente escalada de tensión entre las fuerzas independentistas en el poder en la Generalitat y el Gobierno central de Madrid, a cuenta del referéndum unilateral del 1 de octubre, parece haber tensado la cuerda hasta extremos indeseables para el libre ejercicio del periodismo en Cataluña.

 

Ante denuncias de varios periodistas, catalanes, españoles y extranjeros sobre linchamientos en las redes sociales aparentemente instigados y/o secundados en entornos de poder en Cataluña, así como sobre presiones reiteradas por parte de determinados responsables de Comunicación del Gobierno autónomo catalán, Reporteros Sin Fronteras recabó la opinión de los denunciantes, así como de otros profesionales de los medios no alineados con el independentismo. Las quejas relativas a “ciberacoso” y “presiones del poder” fueron secundadas de forma casi unánime, con testimonios y pruebas. Fruto de esos testimonios, se elaboró, a lo largo del pasado verano, el presente informe. Sin embargo, los acontecimientos que han tenido lugar en Cataluña durante la segunda quincena de septiembre, no podían ser pasados por alto en este documento, listo para ser difundido antes de que acontecieran. Reporteros Sin Fronteras condena con rotundidad, la utilización de procedimientos judiciales con fines intimidatorios contra medios catalanes de línea independentista, como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe la celebración del referéndum y la difusión de publicidad sobre el mismo.

 

“El clima para el libre ejercicio del periodismo se ha visto tremendamente viciado por la extrema polarización que viven la política y la sociedad catalanas. Las ansias del Gobierno de la región por imponer su relato a la prensa local, española e internacional han traspasado líneas rojas y las maniobras intimidatorias del Gobierno central español no ayudan. Ambas partes deberían entender que el mejor síntoma de la democracia que dicen defender es una prensa libre, con periodistas pendientes de la información y no del ‘qué dirán’ o de autocensurarse”, afirma Pauline Adès-Mevel, responsable del Área de UE y Balcanes de RSF.

Leer más: http://www.rsf-es.org/news/informe-rsf-respectpresscat-01-12-reporteros-sin-fronteras-pide-respeto-al-libre-ejercicio-del-periodismo-en-cataluna/


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España: suspensión de un acto sobre el derecho a decidir en Madrid. Denuncia de AMN.INT

 

La suspensión del acto por el derecho a decidir en Madrid constituye una restricción desproporcionada de la libertad de expresión

Amnistía Internacional expresa su preocupación ante la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Madrid de suspender un acto convocado por la plataforma ‘Madrileñ@s por el derecho a decidir’ para el próximo 17 de septiembre en el centro cultural Matadero de Madrid.

Amnistía Internacional considera que esta suspensión constituye una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de expresión recogido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por España.

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, al tratarse de un acto íntimamente ligado al derecho de libertad de expresión, que constituye uno de los cimientos de una sociedad democrática y que resulta de vital importancia para el pleno disfrute de otros derechos humanos, toda restricción que se desee imponer sobre su ejercicio sólo puede ser admisible si se dan tres condiciones de forma simultánea:

  • Debe estar expresamente fijada por ley (que a su vez debe estar formulada con suficiente precisión para que una persona pueda regular su conducta en consecuencia).
  • Debe poder demostrarse que es necesaria y proporcionada para proteger intereses públicos especificados, o los derechos o la reputación de otras personas.
  • Debe asegurarse que dicha medida es necesaria para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

En opinión de Amnistía Internacional, la suspensión decretada por el juez Yusty Bastarreche no ha tomado en consideración si concurrían o no los requisitos establecidos por la normativa internacional para poder imponer restricciones al derecho a la libertad de expresión, y no ha aplicado el test de proporcionalidad exigido por el artículo 21 del PIDCP.

Según reiterada jurisprudencia, todo límite al ejercicio de un derecho fundamental debe ser necesario y proporcional, y las autoridades tienen la obligación de demostrar que la medida impuesta es la menos restrictiva y es compatible con los principios democráticos, y de asegurarse que una restricción más leve no es suficiente, garantizando en todo caso que no se pone en peligro el derecho en sí.

El derecho a la libertad de expresión es aplicable a toda clase de información e ideas de toda índole, comprendiendo diferentes formas de expresión y medios para su difusión.

Información de contexto

De acuerdo con la solicitud presentada por la Asociación la Comuna al Ayuntamiento de Madrid, el acto público se convocaba bajo el título ‘En Madrid por el derecho a decidir’ y habría consistido “en la intervención de varias personas, lectura de algún poema, proyección de algún vídeo y posible interpretación de alguna canción”.

La decisión tomada por el Ayuntamiento de Madrid de autorizar la celebración del acto en un espacio de su  titularidad (la Nave Terneras, del antiguo Matadero de Legazpi), fue objeto de recurso contencioso administrativo por el grupo municipal popular, que solicitó la adopción de una medida cautelarísima de suspensión de dicho acto.

La resolución adoptada por el juez acordando suspender el acto se basaba en que se trataría de un acto de apoyo a una consulta convocada por la Ley del Referéndum catalana, que ya había sido suspendida por el Tribunal Constitucional y que atentaría contra la propia Constitución española. Por tanto, a criterio del juez, dicho evento, en tanto constituiría un acto de apoyo a un referéndum ilegal, no puede estar amparado por la actuación del Ayuntamiento de Madrid, ni utilizar locales del que éste es titular.


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Los católicos filipinos y el presidente justiciero.

Duterte y el Dios-Justiciero

¿Cómo conciliar la vasta aceptación del “presidente-sheriff” con la conciencia profundamente católica del pueblo filipino? Las raíces se encuentran en la concepción de un Dios que extirpa el mal, en lugar de redimir a los malvados
REUTERS

El presidente Duterte

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Pubblicato il 05/08/2017
PAOLO AFFATATO
MANILA

Ni siquiera el jaque de Marawi, en donde un manojo de yihadistas ocuparon una capital provincial y que todavía resiste a 7 mil soldados del ejército filipino, pudo afectar la fuerte aceptación que goza: después de su primer año en la presidencia, Rodrigo Duterte sigue firmemente a la cabeza de Filipinas y sus ciudadanos siguen tributándole un aprecio que, según los observadores internacionales, es, en cierta manera, inesperado. Es más, su fama de “justiciero” y la figura del líder “de una sola pieza” lo convierten, para la opinión pública, en el hombre preciso para contrarrestar la amenaza terrorista y en el “comandante en jefe” capaz de derrotar a los yihadistas y garantizar la seguridad. Paradójicamente, el ataque en Marawi, a pesar de haber hecho evidentes enormes fallas en la inteligencia filipina, podría llegar a reforzar su posición.

 

No es casual que lo llamen “el Justiciero”. En su larga experiencia política como alcalde de la ciudad de Davao, Rodrigo Duterte, elegido presidente de Filipinas a finales de mayo de 2016, había demostrado ampliamente que era un líder que ejerce el poder con una actitud represiva y punitiva. Esta fama, que lo favoreció en la aplastante victoria en las elecciones nacionales, quedó completamente confirmada. Duterte inauguró una estación política marcada, como prioridad, por la “lucha sin cuartel” contra las drogas y la criminalidad.

 

El presidente dio a las fuerzas de policía la tarea de “eliminar el cáncer de la sociedad”. Pero la operación en contra de los traficantes, vendedores y tóxicodependientes se transformó en una “masacre de estado”: a un año de que comenzara la campaña, las incursiones que ha hecho la policía para encontrar a los vendedores de droga ha provocado 4000 víctimas, pero también muchas otras han sido asesinadas por “escuadrones de vigilantes”, bandas paramilitares que matan en absoluta impunidad e ilegalidad, pero que actúan bajo la cobertura de las fuerzas del orden o, según algunas ong, contratadas por los militares. Una masiva campaña en contra de las ejecuciones extrajudiciales ha nacido en la sociedad civil filipina y también los obispos han condenado, en varias ocasiones, los métodos ligitimados por el presidente, que van en contra del estado de derecho y en contra de los más básicos derechos de los ciudadanos.

 

A pesar del cinismo justificado, como un nuevo Machiavelli, con la exigencia de mantener “orden y seguridad” (tanto que algunos evocan la dictadura de los tiempos de Ferdinando Marcos), el consenso con el que cuenta Rodrigo Duterre sigue sin sufrir mella en una sociedad compuesta por 90% de ciudadanos que se profesan orgullosamente católicos. La popularidad del presidente ha llegado a tocar el 85% y normalmente es apreciado por el 75% de la población, que comparte abiertamente sus políticas como, por ejemplo, confirman los sondeos sobre la opinión en relación con la ley marcial impuesta en Mindanao. Hay que recordar que Duterte no solo gusta a las masas, gracias a sus acentos populistas, sino que también cuenta con el apoyo de personas de alto rango, de cultura y formación liberal.

 

Por lo tanto, muchos se siguen interrogando sobre las razones profundas de este apoyo incondicional, que parece ir más allá de las circunstancias políticas para tocar cuestiones profundamente éticas y morales, que involucran a la conciencia individual y la capacidad de reconocer el bien y el mal. Las razones para tratar de explicar el amor de los filipinos por Duterte implican, claro, la esfera social (la pobreza y el desempleo), la psicología (fascinación por el “hombre fuerte”), la historia (el “homo novus” ajeno a los tradicionales clanes familiares) y la política (la lucha contra la corrupción y la criminalidad). Pero también hay un factor que hasta ahora no ha sido considerado: el factor teológico-espiritual.

 

Es fácil encontrar en los mercados de Manila cómics de las aventuras de “The Punisher, Frank Castle”, despiadado justiciero que elimina a los criminales de las calles sin problemas. En la mente del pueblo filipino parece suceder lo mismo. Los filipinos sostienen firmemente a Duterte, justamente porque “hace su trabajo”, aunque muchos mueran asesinados extrajudicialmente. Los fieles católicos que van cotidianamente a la misa matutina de las 6 de la mañana en la Iglesia de Baclarán, en Manila, lo dicen con candidez: “¿Los vendedores de droga muertos? Se lo merecen. Los ciudadanos honestos no tienen nada que temer. La justicia de Dios les ha dado lo que se merecían”. Pero, ¿cómo es posible conciliar esta posición (y apoyar los métodos del “justiciero”) con la conciencia profundamente católica de los filipinos? Y sobre todo después de las posturas expresadas y de los numerosos llamados de altos representantes de la Iglesia.

 

Hay una vía para explorar esta aparente paradoja. Y es la idea de Dios que tienen los católicos filipinos. “Demasiado a menudo, los filipinos conciben a Dios como a un violento erogador de castigos”, explicó a Vatican Insider el fraile franciscano Baltazar Obico, Superior en el Santuario-parroquia de San Antonio, en el barrio Makati, corazón de Manila. «Dios es un redentor, no un justiciero. Los filipinos deberían cambiar su idea de Dios, que, en su misericordia, quiere siempre la salvación del hombre. Dice el Libro de Ezequiel que Dios no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir para redimir a la humanidad».

 

Seguro de su larga experiencia pastoral, Obico continúa: “Duterte se presenta como un líder eficaz, que alcanza sus objetivos, después de años de gobierno poco eficientes y corruptos. En segundo lugar, responde a la necesidad de protección y de seguridad difundida en la sociedad. Pero, en el fondo, es apreciado por un motivo de carácter exquisitamente espiritual: muchos católicos lo apoyan porque encarna, incluso inconscientemente, su idea de Dios: alguien que los libera «hic et nunc» del mal y de los malvados, en lugar de salvar a los pecadores. Esta visión muestra una falta de fe en el Dios revelado por el Evangelio, que ama y no condena, y que, con su gracia, tiene el poder de cambiar el corazón del hombre».

 

Y es justamente esta manera (errónea) de concebir la omnipotencia de Dios lo que permite conciliar pacíficamente, en lo profundo de la conciencia individual, la propia fe cristiana y el apoyo consciente al “presidente sheriff” que, sin demasiados ni inútiles escrúpulos, limpia la nación de criminales, vendedores de droga y terroristas. Esta visión del “Dios-justiciero” provoca que en las católicas Filipinas pueda reinar sin problemas un “Presidente-justiciero”.


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Congo: para cuándo las elecciones presidenciales?

CONGO RD – Se acentúan la presión interna e internacional para celebrar elecciones dentro de un año

Kinshasa – Se están acentuando las presiones nacionales e internacionales sobre el presidente Joseph Kabila para que ceda el poder y convoque las elecciones presidenciales a finales del 2017.
El movimiento Lucha , movimiento juvenil con sede en Goma, en el este de la República Democrática del Congo, ha lanzado un llamamiento a manifestarse pacíficamente en todo el país el 31 de julio para pedir que se realice lo antes posible un calendario electoral y para recordar que “el pueblo congoleño no concederá ni un día más a Kabila ni a su régimen después del 31 de diciembre de 2017”. El segundo y último mandato de Kabila caducó el 20 de diciembre de 2016 pero fue prolongado gracias al Acuerdo de San Silvestre mediado por los obispos católicos. Los acuerdos estipulan que Kabila permanezca en el poder el tiempo suficiente para formar un gobierno de unidad nacional que se encargue de organizar las elecciones dentro del año 2017.Elecciones que aún no tienen fecha, mientras que el gobierno formado en mayo y presidido por Bruno Tshibala no representa todo el espectro político congoleño porque excluye a Le Rassemblement, una parte importante de la oposición de Kabila.
El proyecto de Lucha se suma al programa de protesta lanzada por Le Rassemblement mientras que el 26 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una declaración con la que invita a las partes congoleñas a aplicar el Acuerdo de San Silvertre “en buena fe y en su totalidad, con el fin de organizar en diciembre de 2017 elecciones creíbles e inclusivas, que lleven a una transferencia pacífica de los poderes”.Los obispos católicos, que se retiraron de la mediación, expresan cada vez más su decepción con los políticos, que en su parecer “multiplicar las iniciativas para vaciar el acuerdo de su contenido, hipotecando así la celebración de elecciones libres, democráticas y pacíficas” . “Hemos cometido un error del año pasado. Pensamos que podríamos lograr las elecciones a través de la negociación, y así evitar una posible matanza. Sin embargo, fuimos traicionados por los gobernantes. Sin revuelta popular no habrá ningún cambio en este país, por desgracia”, ha afirmado a la revista belga en lengua flamenca MMO, don Donatien Nshole, Secretario General de la Conferencia Episcopal congoleña .