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España: suspensión de un acto sobre el derecho a decidir en Madrid. Denuncia de AMN.INT

 

La suspensión del acto por el derecho a decidir en Madrid constituye una restricción desproporcionada de la libertad de expresión

Amnistía Internacional expresa su preocupación ante la decisión del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Madrid de suspender un acto convocado por la plataforma ‘Madrileñ@s por el derecho a decidir’ para el próximo 17 de septiembre en el centro cultural Matadero de Madrid.

Amnistía Internacional considera que esta suspensión constituye una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de expresión recogido en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por España.

De acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, al tratarse de un acto íntimamente ligado al derecho de libertad de expresión, que constituye uno de los cimientos de una sociedad democrática y que resulta de vital importancia para el pleno disfrute de otros derechos humanos, toda restricción que se desee imponer sobre su ejercicio sólo puede ser admisible si se dan tres condiciones de forma simultánea:

  • Debe estar expresamente fijada por ley (que a su vez debe estar formulada con suficiente precisión para que una persona pueda regular su conducta en consecuencia).
  • Debe poder demostrarse que es necesaria y proporcionada para proteger intereses públicos especificados, o los derechos o la reputación de otras personas.
  • Debe asegurarse que dicha medida es necesaria para la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

En opinión de Amnistía Internacional, la suspensión decretada por el juez Yusty Bastarreche no ha tomado en consideración si concurrían o no los requisitos establecidos por la normativa internacional para poder imponer restricciones al derecho a la libertad de expresión, y no ha aplicado el test de proporcionalidad exigido por el artículo 21 del PIDCP.

Según reiterada jurisprudencia, todo límite al ejercicio de un derecho fundamental debe ser necesario y proporcional, y las autoridades tienen la obligación de demostrar que la medida impuesta es la menos restrictiva y es compatible con los principios democráticos, y de asegurarse que una restricción más leve no es suficiente, garantizando en todo caso que no se pone en peligro el derecho en sí.

El derecho a la libertad de expresión es aplicable a toda clase de información e ideas de toda índole, comprendiendo diferentes formas de expresión y medios para su difusión.

Información de contexto

De acuerdo con la solicitud presentada por la Asociación la Comuna al Ayuntamiento de Madrid, el acto público se convocaba bajo el título ‘En Madrid por el derecho a decidir’ y habría consistido “en la intervención de varias personas, lectura de algún poema, proyección de algún vídeo y posible interpretación de alguna canción”.

La decisión tomada por el Ayuntamiento de Madrid de autorizar la celebración del acto en un espacio de su  titularidad (la Nave Terneras, del antiguo Matadero de Legazpi), fue objeto de recurso contencioso administrativo por el grupo municipal popular, que solicitó la adopción de una medida cautelarísima de suspensión de dicho acto.

La resolución adoptada por el juez acordando suspender el acto se basaba en que se trataría de un acto de apoyo a una consulta convocada por la Ley del Referéndum catalana, que ya había sido suspendida por el Tribunal Constitucional y que atentaría contra la propia Constitución española. Por tanto, a criterio del juez, dicho evento, en tanto constituiría un acto de apoyo a un referéndum ilegal, no puede estar amparado por la actuación del Ayuntamiento de Madrid, ni utilizar locales del que éste es titular.

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Los católicos filipinos y el presidente justiciero.

Duterte y el Dios-Justiciero

¿Cómo conciliar la vasta aceptación del “presidente-sheriff” con la conciencia profundamente católica del pueblo filipino? Las raíces se encuentran en la concepción de un Dios que extirpa el mal, en lugar de redimir a los malvados
REUTERS

El presidente Duterte

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Pubblicato il 05/08/2017
PAOLO AFFATATO
MANILA

Ni siquiera el jaque de Marawi, en donde un manojo de yihadistas ocuparon una capital provincial y que todavía resiste a 7 mil soldados del ejército filipino, pudo afectar la fuerte aceptación que goza: después de su primer año en la presidencia, Rodrigo Duterte sigue firmemente a la cabeza de Filipinas y sus ciudadanos siguen tributándole un aprecio que, según los observadores internacionales, es, en cierta manera, inesperado. Es más, su fama de “justiciero” y la figura del líder “de una sola pieza” lo convierten, para la opinión pública, en el hombre preciso para contrarrestar la amenaza terrorista y en el “comandante en jefe” capaz de derrotar a los yihadistas y garantizar la seguridad. Paradójicamente, el ataque en Marawi, a pesar de haber hecho evidentes enormes fallas en la inteligencia filipina, podría llegar a reforzar su posición.

 

No es casual que lo llamen “el Justiciero”. En su larga experiencia política como alcalde de la ciudad de Davao, Rodrigo Duterte, elegido presidente de Filipinas a finales de mayo de 2016, había demostrado ampliamente que era un líder que ejerce el poder con una actitud represiva y punitiva. Esta fama, que lo favoreció en la aplastante victoria en las elecciones nacionales, quedó completamente confirmada. Duterte inauguró una estación política marcada, como prioridad, por la “lucha sin cuartel” contra las drogas y la criminalidad.

 

El presidente dio a las fuerzas de policía la tarea de “eliminar el cáncer de la sociedad”. Pero la operación en contra de los traficantes, vendedores y tóxicodependientes se transformó en una “masacre de estado”: a un año de que comenzara la campaña, las incursiones que ha hecho la policía para encontrar a los vendedores de droga ha provocado 4000 víctimas, pero también muchas otras han sido asesinadas por “escuadrones de vigilantes”, bandas paramilitares que matan en absoluta impunidad e ilegalidad, pero que actúan bajo la cobertura de las fuerzas del orden o, según algunas ong, contratadas por los militares. Una masiva campaña en contra de las ejecuciones extrajudiciales ha nacido en la sociedad civil filipina y también los obispos han condenado, en varias ocasiones, los métodos ligitimados por el presidente, que van en contra del estado de derecho y en contra de los más básicos derechos de los ciudadanos.

 

A pesar del cinismo justificado, como un nuevo Machiavelli, con la exigencia de mantener “orden y seguridad” (tanto que algunos evocan la dictadura de los tiempos de Ferdinando Marcos), el consenso con el que cuenta Rodrigo Duterre sigue sin sufrir mella en una sociedad compuesta por 90% de ciudadanos que se profesan orgullosamente católicos. La popularidad del presidente ha llegado a tocar el 85% y normalmente es apreciado por el 75% de la población, que comparte abiertamente sus políticas como, por ejemplo, confirman los sondeos sobre la opinión en relación con la ley marcial impuesta en Mindanao. Hay que recordar que Duterte no solo gusta a las masas, gracias a sus acentos populistas, sino que también cuenta con el apoyo de personas de alto rango, de cultura y formación liberal.

 

Por lo tanto, muchos se siguen interrogando sobre las razones profundas de este apoyo incondicional, que parece ir más allá de las circunstancias políticas para tocar cuestiones profundamente éticas y morales, que involucran a la conciencia individual y la capacidad de reconocer el bien y el mal. Las razones para tratar de explicar el amor de los filipinos por Duterte implican, claro, la esfera social (la pobreza y el desempleo), la psicología (fascinación por el “hombre fuerte”), la historia (el “homo novus” ajeno a los tradicionales clanes familiares) y la política (la lucha contra la corrupción y la criminalidad). Pero también hay un factor que hasta ahora no ha sido considerado: el factor teológico-espiritual.

 

Es fácil encontrar en los mercados de Manila cómics de las aventuras de “The Punisher, Frank Castle”, despiadado justiciero que elimina a los criminales de las calles sin problemas. En la mente del pueblo filipino parece suceder lo mismo. Los filipinos sostienen firmemente a Duterte, justamente porque “hace su trabajo”, aunque muchos mueran asesinados extrajudicialmente. Los fieles católicos que van cotidianamente a la misa matutina de las 6 de la mañana en la Iglesia de Baclarán, en Manila, lo dicen con candidez: “¿Los vendedores de droga muertos? Se lo merecen. Los ciudadanos honestos no tienen nada que temer. La justicia de Dios les ha dado lo que se merecían”. Pero, ¿cómo es posible conciliar esta posición (y apoyar los métodos del “justiciero”) con la conciencia profundamente católica de los filipinos? Y sobre todo después de las posturas expresadas y de los numerosos llamados de altos representantes de la Iglesia.

 

Hay una vía para explorar esta aparente paradoja. Y es la idea de Dios que tienen los católicos filipinos. “Demasiado a menudo, los filipinos conciben a Dios como a un violento erogador de castigos”, explicó a Vatican Insider el fraile franciscano Baltazar Obico, Superior en el Santuario-parroquia de San Antonio, en el barrio Makati, corazón de Manila. «Dios es un redentor, no un justiciero. Los filipinos deberían cambiar su idea de Dios, que, en su misericordia, quiere siempre la salvación del hombre. Dice el Libro de Ezequiel que Dios no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y que viva. Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir para redimir a la humanidad».

 

Seguro de su larga experiencia pastoral, Obico continúa: “Duterte se presenta como un líder eficaz, que alcanza sus objetivos, después de años de gobierno poco eficientes y corruptos. En segundo lugar, responde a la necesidad de protección y de seguridad difundida en la sociedad. Pero, en el fondo, es apreciado por un motivo de carácter exquisitamente espiritual: muchos católicos lo apoyan porque encarna, incluso inconscientemente, su idea de Dios: alguien que los libera «hic et nunc» del mal y de los malvados, en lugar de salvar a los pecadores. Esta visión muestra una falta de fe en el Dios revelado por el Evangelio, que ama y no condena, y que, con su gracia, tiene el poder de cambiar el corazón del hombre».

 

Y es justamente esta manera (errónea) de concebir la omnipotencia de Dios lo que permite conciliar pacíficamente, en lo profundo de la conciencia individual, la propia fe cristiana y el apoyo consciente al “presidente sheriff” que, sin demasiados ni inútiles escrúpulos, limpia la nación de criminales, vendedores de droga y terroristas. Esta visión del “Dios-justiciero” provoca que en las católicas Filipinas pueda reinar sin problemas un “Presidente-justiciero”.


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Congo: para cuándo las elecciones presidenciales?

CONGO RD – Se acentúan la presión interna e internacional para celebrar elecciones dentro de un año

Kinshasa – Se están acentuando las presiones nacionales e internacionales sobre el presidente Joseph Kabila para que ceda el poder y convoque las elecciones presidenciales a finales del 2017.
El movimiento Lucha , movimiento juvenil con sede en Goma, en el este de la República Democrática del Congo, ha lanzado un llamamiento a manifestarse pacíficamente en todo el país el 31 de julio para pedir que se realice lo antes posible un calendario electoral y para recordar que “el pueblo congoleño no concederá ni un día más a Kabila ni a su régimen después del 31 de diciembre de 2017”. El segundo y último mandato de Kabila caducó el 20 de diciembre de 2016 pero fue prolongado gracias al Acuerdo de San Silvestre mediado por los obispos católicos. Los acuerdos estipulan que Kabila permanezca en el poder el tiempo suficiente para formar un gobierno de unidad nacional que se encargue de organizar las elecciones dentro del año 2017.Elecciones que aún no tienen fecha, mientras que el gobierno formado en mayo y presidido por Bruno Tshibala no representa todo el espectro político congoleño porque excluye a Le Rassemblement, una parte importante de la oposición de Kabila.
El proyecto de Lucha se suma al programa de protesta lanzada por Le Rassemblement mientras que el 26 de julio, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad una declaración con la que invita a las partes congoleñas a aplicar el Acuerdo de San Silvertre “en buena fe y en su totalidad, con el fin de organizar en diciembre de 2017 elecciones creíbles e inclusivas, que lleven a una transferencia pacífica de los poderes”.Los obispos católicos, que se retiraron de la mediación, expresan cada vez más su decepción con los políticos, que en su parecer “multiplicar las iniciativas para vaciar el acuerdo de su contenido, hipotecando así la celebración de elecciones libres, democráticas y pacíficas” . “Hemos cometido un error del año pasado. Pensamos que podríamos lograr las elecciones a través de la negociación, y así evitar una posible matanza. Sin embargo, fuimos traicionados por los gobernantes. Sin revuelta popular no habrá ningún cambio en este país, por desgracia”, ha afirmado a la revista belga en lengua flamenca MMO, don Donatien Nshole, Secretario General de la Conferencia Episcopal congoleña .


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Consecuencias de la ley mordaza en España. Comentario

La mordaza expansiva

Por Manu Mediavilla (@ManuMediavilla), colaborador de Amnistía Internacional, 30 de junio de 2017

Dos años después –los cumple el sábado–, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC) ha conseguido ‘amordazar’ a más gente de la que ha multado. Que ha sido mucha (285.819 sanciones en 18 meses, cuya cuantía total supera los 131 millones de euros), y que en muchos casos (34.000 en 2016) ha ‘castigado’ conductas amparadas por los derechos de reunión, expresión e información.

Las imprecisiones legales y la discrecionalidad policial –incluidas identificaciones masivas de manifestantes– han creado un ambiente de temor que ha conducido a la autocensura informativa y a la desmovilización ciudadana, lo que justifica el apelativo de ‘Ley Mordaza‘ con el que la conocen activistas, organizaciones sociales y periodísticas.

Así lo recoge Amnistía Internacional en su informe: “España: los activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira. Análisis sobre la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana”. Un texto que confirma las preocupaciones expresadas por la propia organización de derechos humanos, e incluso por expertos de las Naciones Unidas, cuando el Partido Popular hizo valer su mayoría absoluta para aprobar en solitario la norma en 2015.


Los manifestantes muestran una tarjeta de identificación y flores a la policía durante una manifestación frente al Congreso de los Diputados en Madrid. © AP Photo/Andres Kudacki

Desmovilización social

Los testimonios recogidos por Amnistía confirman ese escenario de ‘mordaza expansiva’ derivado de la LOSC. Como apunta Sara López, que presta asesoría jurídica en Legal Sol, “las identificaciones masivas llevadas a cabo por la policía durante las manifestaciones o concentraciones, aunque luego no acaben en multas, consiguen que la gente normal y corriente se desmovilice ante el miedo de poder ser multada”.

La primera consecuencia de la ley, según coinciden varias personas consultadas por Amnistía Internacional, ha sido un efecto desmovilizador, que se refleja en el descenso del número de manifestaciones (37.861 en 2014, 28.890 en 2016). Además, muchos activistas y colectivos sociales se sienten “vigilados”, cuando no indefensos ante la discrecionalidad de los agentes policiales en la aplicación de la norma.

Celia y otros integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia no pudieron protestar en un mitin electoral de Rajoy: aun sin portar signos externos. La policía les cortó el paso diciendo que “sabían que íbamos a liarla”, y a continuación identificó, retuvo y “confiscó todo” al grupo, que tuvo que recoger sus cosas al final del acto o incluso días después en dependencias policiales.

La discrecionalidad policial se dibuja en las 12.000 sanciones (artículo 36.6, multas de 601 a 30.000 euros) por “desobediencia o resistencia a la autoridad”, por “negativa a identificarse” o por hacerlo con “datos falsos o inexactos”; muchas veces en manifestaciones o protestas sin incidentes violentos o ejerciendo las libertades de expresión e información. Y otro tanto sucede con las 19.500 multas por “faltas de respeto o consideración” a agentes policiales, a quienes corresponde interpretar este concepto tan impreciso. Las “faltas de respeto” ya estaban en el Código Penal, pero la reforma de 2015 las ha llevado al ámbito administrativo, lo que aleja la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, y aumenta la potestad sancionadora del poder ejecutivo.

Una mujer con una máscara se para frente a los agentes de policía durante una protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana en Barcelona. © Foto AP/Emilio Morenatti

Censura camuflada y autocensura

En el ámbito periodístico, la ley está abocando a la “censura camuflada”, como subraya Yolanda Quintana,secretaria general y coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), porque “lo que está calando es que no se puede grabar a la policía”, cuando “en realidad no es así” y la ley solo prohíbe “difundir las imágenes cuando se dan unas circunstancias concretas”. La amplia discrecionalidad policial otorgada por la LOSC y el consiguiente temor a una sanción –sobre todo para freelances, informadores y comunicadores sin un medio detrás– conduce también a la autocensura. Y todo ello pone en serio riesgo el derecho a la información de la ciudadanía.
Más allá del número de sanciones por el uso de imágenes de agentes (12 en seis meses de 2015 y 32 en todo 2016), la práctica cotidiana del periodismo libre en materia de seguridad ciudadana se ha convertido en una carrera de obstáculos.

Amnistía Internacional recoge casos como el de Asier López, multado inicialmente –la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa acabó retirando la sanción por “defectos formales”– por publicar dos fotos de una “detención anunciada” en el “momento en el que se trasladaba a la detenida desde su casa hasta el coche policial”, una imagen “que aparece en los medios de comunicación diariamente”. O como el de Mercé Alcocer,de Catalunya Radio, multada porque “la policía me acusó de saltarme el cordón policial, una línea imaginaria” y sin tener en cuenta que “en cuanto el policía me dio el alto, me giré y paré”. Aunque recurrió la sanción, la administración denegó la práctica de pruebas solicitadas, como el visionado de las cámaras de seguridad, que corroborarían su versión.

O como el reciente de la periodista Cristina Fallarás, sancionada bajo acusaciones, que ella desmiente, de desobedecer a agentes policiales y negarse a identificarse. Fue durante una concentración en mayo –era una de las personas convocantes– ante la Embajada de México para protestar por los asesinatos de periodistas en ese país, cuando un agente le exigió que subiera a la acera pese a que “la propia policía había cortado el tráfico para facilitar la concentración y no circulaba ningún coche por allí”. La denuncia dice que invadió la calzada “animando a otros a cortar la calle”, un relato que la periodista niega tajantemente.


Un policía se comunica con un manifestante durante una protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana en Madrid, España. © AP Photo / Andres Kudacki

Procedimiento sin garantías

Al final, según coinciden los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, muchas personas optan por pagar la multa “aunque sea una sanción por el legítimo ejercicio de los derechos humanos”. Una mala noticia para estos, que tiene mucho que ver con la dificultad intrínseca del procedimiento administrativo sancionador, que no goza de garantías suficientes y que podría llevar, como advirtió un activista de la PAH en Málaga, a un abuso de poder del Estado.

Entre los déficits apuntados, Amnistía Internacional cita la “presunción de veracidad” del agente policial en estos procedimientos, que hacen pensar incluso a muchos abogados que las posibilidades de éxito son mínimas cuando “no hay testigos”. También son problemas importantes los costes añadidos de la asistencia jurídica de letrado y procurador en el caso de recurrir la multa ante los tribunales, así como el pago de tasas judiciales. Además, no habría ya opción a la rebaja de la sanción por abonarla durante el período voluntario, lo que, en ese contexto de incertidumbre y costes adicionales, favorece el ‘pago resignado’ de la multa.

Amnistía echa también en falta mecanismos independientes de investigación y rendición de cuentas para controlar la actividad policial. El Ministerio del Interior aceptó reunirse con la organización para tratar la cuestión, y aseguró que los hay y que la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad se encarga de atender las denuncias y quejas ciudadanas en ese ámbito. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que este órgano carece de las funciones y competencias adecuadas para un mecanismo independiente de supervisión de la actividad policial. Depende directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad, carece de iniciativa propia –solo puede emprender investigaciones por orden expresa del titular de la misma–, no rinde cuentas públicamente de su actuación, y el objeto de sus posibles investigaciones es prevenir que se repita lo ocurrido, más que sancionar la conducta indebida o proporcionar restitución a la víctima; tampoco tiene competencia para examinar la actuación de las policías locales o autonómicas.


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Hungría: medidas contra las ONG

Hungría: Ley sobre ONG, un ataque despiadado y calculado contra la sociedad civil

Activistas de AI Hungría protestan contra la aprobación de esta ley. © Szabolcs Csaszar

14 de junio de 2017

La aprobación de una ley que estigmatiza a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben financiación desde el extranjero es la medida más reciente de una escalada de represión de las voces críticas y pondrá en peligro la labor fundamental de los grupos de la sociedad civil, ha declarado Amnistía Internacional.

La Ley de la transparencia de las organizaciones financiadas desde el extranjero obligará a las ONG que reciban más de 24.000 euros de financiación directa o indirecta desde el extranjero a inscribirse de nuevo como “organización cívica financiada desde el extranjero” y a poner esta etiqueta peyorativa en todas sus publicaciones.

“Los peregrinos intentos de justificar la ley como algo necesario para proteger la seguridad nacional no pueden ocultar su verdadero propósito: estigmatizar, desacreditar e intimidar a las ONG críticas y dificultar su vital labor”, ha afirmado John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional.

Este reciente ataque a la sociedad civil está encaminado a silenciar las voces críticas y tiene inquietantes semejanzas con la draconiana ley de ‘agentes extranjeros’ rusa; es un día negro para Hungría.”

Las autoridades han intentado justificar la ley presentándola como una iniciativa para luchar contra el blanqueo de dinero y el terrorismo internacional. En realidad, el impacto de la ley está dirigido a ONG que llevan a cabo funciones como promover el Estado de derecho, proteger los derechos de las personas refugiadas y migrantes y de otros grupos marginados, y prestar servicios sociales y jurídicos que el Estado ofrece de forma insuficiente.

La ley introducirá nuevos requisitos selectivos de “transparencia” para la financiación de las ONG y les impondrá innecesariamente más cargas administrativas. Estas organizaciones ya tienen que informar públicamente de los fondos extranjeros que reciben todos los años, y las autoridades pueden someterlas a una auditoría en cualquier momento. Una ley general sobre ONG adoptada en 2011 contiene abundantes requisitos, como la presentación de informes detallados sobre la financiación para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones.

La ley sería probablemente discriminatoria según el derecho de la UE y contraria al derecho de asociación, que incluye el derecho a buscar, recibir y usar fondos de fuentes extranjeras e internacionales. Según la ley, las organizaciones que incumplan estas nuevas normas recibirán advertencias, multas y, en última instancia, la suspensión de su derecho a desarrollar actividades en Hungría.

Al obligar a las ONG —incluida la sección húngara de Amnistía Internacional— a ponerse la etiqueta de “organizaciones cívicas que reciben financiación extranjera”, el gobierno húngaro busca desacreditar su labor y volver a la población contra ellas. La argumentación que justifica el proyecto da a entender que las ONG financiadas desde el extranjero podrían servir a “intereses extranjeros” y que su financiación puede contribuir a “poner en peligro la soberanía y la seguridad de Hungría”.

“El primer ministro Orbán no sólo parece sordo ante el clamor de la oposición, tanto dentro como fuera del país, sino regodearse en ella”, ha declarado John Dalhuisen.

“Este ataque despiadado y calculado contra los derechos a la libertad de expresión y de asociación es un grave error de cálculo y contrario a las obligaciones de Hungría en materia de derechos humanos. Debe impugnarse a todos los niveles: desde las organizaciones de base de Hungría hasta la Unión Europea en Bruselas.”

Información complementaria

Las propuestas recuerdan la “ley de agentes extranjeros” de Rusia, como consecuencia de la cual se ha visto empañada la reputación de centenares de organizaciones creíbles, se ha intimidado a su personal y se ha paralizado su labor con requisitos administrativos. Desde que la ley rusa entró en vigor en 2012, la financiación extranjera entraña en la práctica riesgos jurídicos y para la reputación demasiado grandes para las ONG y desde su adopción han cerrado casi 30 organizaciones.

La ley fue aprobada por 130 votos a favor, 44 en contra y 24 abstenciones.


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Hong Kong: detenidos activistas prodemocracia

Hong Kong: Nueve personas detenidas en la campaña contra los activistas en favor de la democracia

27 de abril de 2017

La detención de nueve activistas de Hong Kong en favor de la democracia es la última señal de que las autoridades están dispuestas a castigar a las voces que disienten sobre el futuro estatuto político de la ciudad. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

El jueves por la mañana, la policía detuvo a estas nueve personas, involucradas en el movimiento de Hong Kong en favor de la democracia. Al parecer, estas personas se enfrentan a cargos de alteración del orden público y de reunión ilegal por su participación en una protesta básicamente pacífica celebrada el pasado noviembre contra una resolución del gobierno central sobre la Ley Fundamental de Hong Kong.

“El uso reiterado de cargos imprecisos contra figuras destacadas del movimiento de Hong Kong en favor de la democracia huele a una campaña de represalia orquestada por las autoridades para castigar a quienes propugnan la democracia en Hong Kong”, ha manifestado Mabel Au, directora de Amnistía Internacional Hong Kong.

“El gobierno de Hong Kong debería estar protegiendo la libertad de expresión y de reunión pacífica pero, en lugar de eso, parece dispuesto a intimidar a quienes plantan cara a las autoridades. Las detenciones y los procesamientos dirigidos a poner fin a la participación en protestas pacíficas deben cesar.”

Las personas detenidas el jueves son: Avery Ng Man-yuen, Dickson Chau Ka-faat, Chan Man-wai, Sammy Ip, Lo Tak-cheong Cheng Pui-lun, Derek Lam Shun-hin, Ivan Lam Long-yin y Chow Shu-wing.

Sus detenciones se produjeron un día después de que dos ex legisladores en favor de la independencia, que habían sido destituidos de sus cargos, fueran también detenidos por la mañana y acusados de “reunión ilegal” por intentar entrar por la fuerza en una reunión de la cámara legislativa de Hong Kong el pasado noviembre.


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Crueles sentencias condenatorias a manifestantes pro democracia en Hong Kong

Crueles sentencias condenatorias a quienes apoyaron las manifestaciones pro democracia de Hong Kong

Su Changlan. Copy: privado

31 de marzo de 2017

El ataque implacable de las autoridades chinas al activismo por los derechos humanos continúa, como demuestran las dos ultimas sentencias condenatorias dictadas contra personas que apoyaron las manifestaciones en favor de la democracia celebradas en Hong Kong en 2014. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional, a la vez que ha pedido que estas dos personas sean puestas en libertad de inmediato y sin condiciones.

Un tribunal de la ciudad de Foshan, en el sur de China, condenó el viernes a la activista de los derechos de las mujeres Su Changlan a tres años de prisión por “incitar a la subversión del poder del Estado”. Condenó igualmente al también activista Chen Qitang a cuatro años y medio de prisión por el mismo cargo. Ambos están detenidos desde octubre de 2014, tras haber expresado su apoyo a las manifestaciones de Hong Kong en favor de las democracia, y se tendrá en cuenta este tiempo a efectos del cumplimiento de sus condenas.

“Es totalmente cruel que las autoridades chinas condenen a Su Changlan y Chen Qitang a continuar en prisión siquiera un día más”, ha señalado Patrick Poon, investigador de Amnistía Internacional sobre China.

“Las autoridades los han atormentado ya, a ellos y a sus familias, durante los dos años y medio que llevan recluidos injusta e ilegalmente. Es inadmisible que hayan sido declarados culpables simplemente por la expresión pacífica de sus opiniones.”

El acta de acusación deja claro que Su Changlan ha sido procesada por sus críticas online al Partido Comunista y al gobierno, que publicó en redes sociales y sitios web extranjeros y a través de Skype y Gmail.

Las acciones contra estos dos activistas forman parte de una campaña que se emprendió entre septiembre y noviembre de 2014 en todo el territorio continental de China y que se saldó con la detención de al menos un centenar de personas por expresar su apoyo al Movimiento de los Paraguas en favor de la democracia en Hong Kong. Otras cuatro personas detenidas también entonces –Wang Mo, Xie Wenfei, Zhang Shengyu y Sun Feng– han sido ya declaradas culpables de “incitar a las subversión del poder del Estado” y condenadas a entre cuatro y cinco años de prisión cada una.

Condiciones “terribles”
Su Changlan has dicho que está recluida en condiciones “terribles”. El Centro de Detención del distrito de Nanhai, en el sur de China, fue recluida junto con entre 50 y 70 internas más en una celda de 80 metros cuadrados, donde tenían un hueco de poco más de 50 centímetros de ancho para dormir, mucho menos de lo aceptable según las normas internacionales.

La detención prolongada e innecesaria de la ex maestra de primaria en tan espantosas condiciones ha afectado a su salud, y según su abogado se le niega la debida atención médica. Las autoridades también han impedido que la visiten sus familiares.