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Ecuador: protestas y represión. Preocupación en la ONU.

Ecuador: Expertos de la ONU preocupados por la respuesta de las fuerzas de seguridad a las protestas

Noticias ONU/Antonio Lafuente
Una calle de Quito, la capital de Ecuador

23 Octubre 2019

Varios relatores en derechos humanos pidieron al Gobierno que se investiguen las muertes registradas durante las manifestaciones. También indicaron haber recibido haber denuncias de que durante las protestas se censuraron e interrumpieron los servicios de internet de redes sociales.

Un grupo de expertos* en derechos humanos de la ONU expresó este miércoles su inquietud en relación con la «violenta respuesta» de los integrantes de los cuerpos de seguridad ecuatorianos ante las recientes protestas contra las medidas de austeridad impulsadas por el Gobierno de la nación sudamericana.

Las protestas se produjeron tras la proclamación de un decreto que suprimía las subvenciones al combustible que provocaba el alza de precios de estos, y la posterior instauración del estado de excepción, causando 8 muertos, 1340 heridos y 1192 heridos, entre ellos menores de edad, mujeres embarazadas, personas de edad avanzada, personas con discapacidad y periodistas.

«Seguimos preocupados por el hecho de que la emergencia estatal se haya implementado en previsión de las protestas», destacaron los especialistas quienes pusieron en tela de juicio las razones del Gobierno de categorizar la situación como una «emergencia pública que, en palabras del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, `amenaza la vida de la nación’».

Además, consideraron que el alto número de lesionados podría representar un claro indicio de uso excesivo de la fuerza, violando los requisitos de necesidad y proporcionalidad, por lo que solicitaron al Gobierno la investigación de todas las muertes y el mencionado uso de fuerza durante las protestas y examinar si pueden ser consideradas «como privaciones arbitrarias de la vida».

Al mismo tiempo, señalaron haber recibido informaciones de que durante las protestas se censuró e interrumpió los servicios de internet de redes sociales.

«El acceso a los servicios de información y comunicación durante las protestas es crucial para el disfrute de varios derechos, en particular la libertad de expresión y la oportunidad de que los manifestantes hagan oír sus demandas y quejas», manifestaron.

La violencia nunca es la solución

Los expertos continuaron su razonamiento e indicaron «estar consternados» por la reacción que tuvieron las fuerzas de seguridad ya que «la violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas».

Igualmentese mostraron especialmente preocupados por la militarización de territorios indígenas «ya que esto podría violar el derecho a la autodeterminación y a su vez generar más violaciones de derechos humanos».

Los relatores celebraron, no obstante, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones indígenas y encomiaron la decisión gubernamental de planear una misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que analizará las denuncias de derechos humanos comprendidas entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre.

(*) El grupo de expertas y expertos lo componen: Michel Forst (Francia), relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos»; David Kaye (Estados Unidos), relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Clément Nyaletsossi Voule (Togo), relator especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Victoria Tauli-Corpuz (Filipinas), relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Agnes Callamard (Francia), relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrariasFionnuala Ní Aoláin (Irlanda), relatora especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo y José Antonio Guevara Bermúdez, presidente-relator, grupo de trabajo sobre la detención arbitraria.

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Ecuador. La ONU pide el derecho a manifestarse pacíficamente

La ONU pide garantizar el derecho a manifestarse pacíficamente en Ecuador

7 Octubre 2019

La Oficina para los Derechos Humanos recuerda que el uso de la fuerza en la represión de manifestaciones está reservado a casos excepcionales y que el Estado tiene la obligación de aislar a quienes actúan con violencia.

Tras las protestas iniciadas la semana pasada en Ecuador por el alza de los precios de los combustibles anunciada por el presidente Lenin Moreno, la Oficina para América del Sur de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos recordó a las autoridades que han de garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente “protegiendo los derechos a la libertad de expresión y opinión, a la reunión pacífica y a participar en los asuntos públicos”.

Ante los disturbios públicos provocados por la introducción de un nuevo paquete de medidas económicas que elimina los subsidios estatales al combustible, Moreno decretó el pasado jueves el estado de excepción por un plazo máximo de sesenta días en la nación sudamericana.

“Al resguardar el derecho a la manifestación pacífica, la policía tiene el deber de identificar las personas que actúan con violencia para aislarlas de los demás manifestantes. Los actos de violencia o delitos que cometan algunas personas no deben atribuirse a otras cuyo comportamiento es pacífico”, destaca un comunicado.

El uso de la fuerza es excepcional

La Oficina recordó que solamente debe aplicarse el uso de la fuerza “en casos excepcionales” y que se han de acatar los principios de “legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad”.

Además, indicó que cualquier modo de privación de libertad debe regirse por los principios establecidos en el derecho internacional.

Del mismo modo, la Oficina mostró su preocupación por los actos de violencia que las fuerzas de seguridad ecuatorianas habrían cometido contra los manifestantes, y también “rechaza enfáticamente” los sucesos violentos cometidos por terceras personas tales como “agresiones, destrucción de bienes públicos y privados, saqueos, bloqueos de la vía pública, entre otros”.

Finalmente alentó al desarrollo de medidas de confianza que contribuyan a originar “espacios de diálogo constructivo” preservando los derechos humanos de todas las personas.

Guterres respalda el mensaje de la Alta Comisionada

Posteriormente, el portavoz del Secretario General de las Naciones Unidas se sumó a la petición de la Alta Comisionada e indicó que las autoridades encargadas de mantener el orden público deben garantizar el derecho de todas las personas a manifestarse pacíficamente.

Durante su encuentro diario con los medios de comunicación, Stéphane Dujarric, destacó que “las personas deben poder expresar sus opiniones y reunirse pacíficamente. El uso de la fuerza debe ser proporcionado de conformidad con el derecho internacional”.

UNSR_VickyTauli

@UNSR_VickyTauli

Relatora Especial @UNSR_VickyTauli manifiesta preocupación por situación de pueblos indígenas en contexto de protestas en . Urge al Gobierno a evitar uso excesivo de la fuerza, respetar derechos humanos, y buscar solución al conflicto a través del diálogo intercultural

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Por su parte, la relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, manifestó su inquietud por la situación de los pueblos indígenas ecuatorianos dentro del marco de las protestas en el país sudamericano.

En un mensaje en la red social Twitter, Tauli-Corpuz urgió al Gobierno ecuatoriano a evitar el uso excesivo de la fuerza, respetar los derechos humanos y a buscar una vía negociada al conflicto mediante el diálogo intercultural

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Marruecos. Condena a una periodista (AMN.INT)

MARRUECOS: LIBERTAD PARA LA PERIODISTA HAJAR RAISSOUNI

El 31 de agosto la periodista Hajar Raissouni fue detenida con su novio a la salida de una clínica en Rabat. También fueron detenidos su médico y otras dos personas que trabajan en la clínica.

La periodista está acusada de haberse sometido a un aborto, el médico de practicar abortos , el personal de la clínica y el prometido de Hajar de haber participado en la intervención. En el informe médico no hay pruebas de que Hajar se sometiera a un aborto, según su abogado.

Hajar ha relatado que le interrogaron sobre sus artículos de carácter político y sobre su familia, vinculada a movimientos islámicos en Marruecos. ¿Acusarla de aborto en Marruecos, un país donde está penalizado en casi todas las circunstancias, es solo una excusa por sus artículos críticos con las autoridades? No sería descabellado. Nos tememos que su detención tenga una motivación política y esté relacionada con su trabajo como periodista.

Finalmente, recordamos: Según el derecho internacional, las mujeres tienen derecho a tomar sus propias decisiones en materia sexual y reproductiva. Tipificar como delito servicios de salud, incluido el aborto, que sólo necesitan las mujeres es discriminación de género.

Su juicio tuvo lugar el 30  de septiembre y fue condenada a un año de prisión.  Tu firma sigue siendo importante para hacer presión sobre su caso.


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Protesta popular en Sudán con muertos y heridos.

“existe una gran preocupación de un aumento continuo en el número de muertos no declarados”.“existe una gran preocupación de un aumento continuo en el número de muertos no declarados”.  (AFP or licensors)

Sudán: inicia desobediencia civil con un saldo de 160 muertos y 1500 heridos

Desde el 3 de junio las fuerzas de seguridad de Sudán llevan a cabo redada violenta contra cientos de manifestantes acampados frente a la sede del Ejército. El ejército ha prohibido a los médicos tratar a los heridos en ciertos hospitales. Las cifras de muertos siguen en aumento.

Mireia Bonilla – Ciudad del Vaticano

La situación se remonta al 19 de diciembre de 2018 en la ciudad de Atbara, donde comenzaron las revueltas inicialmente por razones económicas, como por ejemplo lo fue la subida del precio del pan que aumentó 3 veces. De inmediato se transformó por razones políticas y se extendió por todo el país. Desde el pasado 6 de abril muchos ciudadanos acampan frente a la sede del Ejército para que la Junta Militar entregue el poder a los civiles, después de que los propios militares, tras destituir el presidente Omar Al Bashir, formaran un Gobierno de transición con los jefes del ejército prometiendo involucrar al pueblo. “Se ha demostrado que estos militares no quieren dar poder al pueblo, y quieren continuar gobernándolos, especialmente el vicepresidente – jefe de un grupo de paramilitares llamado Aldam Alsaree – responsable junto con las Fuerzas de seguridad de las masacres perpetradas desde el 3 de junio y que han dejado más de 160 muertos, de las cuales 50 son mujeres y 30 niños” aseguran a través de un comunicado Amsi (Asociación de Médicos de Origen Extranjero en Italia) y Co-mai (Comunidad del Mundo Árabe en Italia).

 

Ambas asociaciones también señalan que “existe una gran preocupación de un aumento continuo en el número de muertos no declarados” pues las Fuerzas Armadas arrojaron a muchas personas al río Nilo con un peso atado al cuerpo, para evitar que flotaran sobre la superficie. Aunque las redadas también han dejado otras imágenes dramáticas como “dos mujeres quemadas dentro de su tienda de campaña en la ocupación frente a la sede del Ejército”. Y a todo esto se le suma – aseguran las asociaciones – “que el ejército prohíbe a los heridos ir al hospital y obliga a los médicos a no tratarlos en ciertos hospitales”.

Los últimos acontecimientos son que el pasado 9 de junio comenzó la desobediencia civil en las ciudades sudanesas con el cierre de tiendas y negocios prohibiendo a las personas ir a trabajar hasta la caída del poder, “pero el temor de los sudaneses es muy grande e inquietante”, informan fuentes médicas de las asociaciones, quienes explican además que la intención del Gobierno es “matar a personas en masa, especialmente en las mezquitas, mientras rezan”.


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Guterres (Premio Aquisgran) : el mundo necesita una Europa fuerte y unida.

Las Naciones Unidas necesitan una Europa fuerte y unida

UNFCCC/James Dowson
El Secretario General, António Guterres, recibe el Premio Carlomagno en la ciudad alemana de Aquisgrán

30 Mayo 2019

Para evitar una nueva Guerra Fría, hace falta que Europa sea un pilar fundamental de un orden multilateral, asegura el titular de la ONU, quien también considera que su modelo social es un ejemplo de cómo la economía puede servir para el bienestar general y la creación de una sociedad más igualitaria.

El Secretario General de las Naciones Unidas recibió este jueves en Alemania el Premio Carlomagno dedicado a las personalidades que trabajan en favor de la unión en Europa.

António Guterres ensalzó en la ciudad alemana de Aquisgrán la importancia de mantener una Europa compacta y hermanada, si se quiere impedir el advenimiento de enfrentamientos políticos pasados.

“Si quieren evitar una nueva Guerra Fría, si quieren evitar la confrontación de dos bloques, probablemente con una composición ligeramente diferente a la del pasado, si quieren construir un verdadero orden multilateral, necesitamos sin lugar a dudas una Europa unida y fuerte como pilar fundamental de un orden multilateral basado en el Estado de Derecho”.

El Secretario General de las Naciones Unidas indicó que de producirse un fracaso europeo conduciría “inevitablemente” a un fracaso del multilateralismo y a la caída de un mundo en el que prevalezca el Estado de Derecho.

Una situación que Guterres no cree que pueda darse en el viejo continente ya que Europa “es demasiado importante para fracasar”, su modelo social es un claro ejemplo de “que los resultados económicos deben servir al bienestar social general y a una sociedad más igualitaria”, y por el “enfoque universal” que representa su modelo de solidaridad.

«Los resultados económicos deben servir al bienestar social gneral y a una sociedad más igualitaria», António Guterres.

Falta de identificación

Sin embargo, el Secretario General de la ONU razonó que detecta que uno de los principales motivos de la debilidad del proyecto europeo se relaciona “con la falta de identificación de los pueblos de Europa” con este sistema.

Pese a ello, aseguró haber visto señales de cambio “muy alentadoras” en las recientes elecciones europeas, celebradas el 26 de mayo, y con el aumento del número de votantes.

“Este es el momento en el que tenemos que restablecer la confianza. Confianza entre las personas y la clase política. Confianza entre las personas y las instituciones. Confianza entre las personas y las organizaciones internacionales”.

Una confianza que se ha visto debilitada por la falta de comunicación entre la sociedad civil y las instituciones políticas, como nos recuerda el filósofo alemán Jürgen Habermas, al ser sustituida con demasiada frecuencia por un proceso de toma de decisiones basado en normas o en expertos.

Junto a ello, hay que añadir el aumento de las desigualdades “que traicionan uno de los valores fundacionales de la Unión Europea, especialmente el principio de solidaridad reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales”.

Abordar los desafíos globales a nivel europeo

Ante el resurgimiento del populismo y el auge de los nacionalismos a nivel global, incluso en Europa, señaló que el viejo continente no conservará su rico patrimonio si pierde el interés por lo que le aguarda.

“Y no hay otra alternativa que abordar los retos globales a escala europea. Ningún país puede hacerlo solo”, destacó.

Esos desafíos se enmarcan en la lucha contra el cambio climático, cuya senda debe liderar Europa “ya que no solo es la decisión correcta, sino también una decisión inteligente”; el impacto de las nuevas tecnologías en los ciudadanos; y en conservar la diversidad cultural que ha enriquecido su cultura”.

Con relación a este último tema, destacó que la asimilación de varias culturas y legados fue el punto de partida de la cultura europea. Por eso, considera necesario que Europa no caiga en la trampa de culpar a los inmigrantes de sus problemas ya que el viejo continente “no puede basarse en ’nosotros’ frente a ‘ellos’”.

“Considerar a los migrantes como chivos expiatorios y cerrar nuestras puertas a los solicitantes de asilo no protege, sino que avergüenza este patrimonio”.

Asimismo recordó que se olvida “con demasiada frecuencia” que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951se estableció inicialmente para proteger a millones de europeos desplazados durante el período de posguerra y que en la actualidad todas las sociedades tienden a un modelo multiétnico, multicultural y multirreligioso .

“Esto debe ser considerado como una riqueza, no como una amenaza. No demos nada por sentado. Para que las sociedades se vean enriquecidas por la diversidad, es necesario realizar fuertes inversiones políticas, económicas, sociales y culturales en su cohesión”, recalcó.


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Nicaragua: represión del gobierno contra los medios de comunicación social.

Periodista local usa su celular en la conferencia de prensa con miembros del Parlamento Europeo en ManaguaPeriodista local usa su celular en la conferencia de prensa con miembros del Parlamento Europeo en Managua 

Periodista pide desde prisión orar por Nicaragua

Este lunes, la periodista costarricense-nicaragüense Lucía Pineda Ubau, acusada de promover el terrorismo en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega, pidió desde la prisión a los nicaragüenses seguir orando, según un mensaje divulgado por un eurodiputado

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano

Una delegación del Parlamento Europeo (PE) evaluó la situación política y social de Nicaragua del miércoles 23 al sábado 26, y visitaron, entre otros, El Chipote, una prisión que en los últimos años ha sido señalada por organismos humanitarios de ser centro de torturas, y la cárcel de mujeres La Esperanza.

Pineda Ubau, jefa de prensa del canal de televisión 100 % Noticias, recibió la visita de un grupo de eurodiputados en la cárcel El Chipote, en Managua, el viernes pasado, y les agradeció esta visita que a su juicio, «viene de la mano de Dios». Pineda Ubau y el periodista Miguel Mora, dueño y director del canal 100 % Noticias, están detenidos desde el 21 de diciembre tras el allanamiento de esa televisión. Ambos hacen frente a cargos por «fomentar e incitar al odio y la violencia» y «provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas», según la acusación del Ministerio Público. El estatal Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), ente regulador del sector, ordenó a las operadoras de televisión por suscripción retirar el canal de su menú, lo que efectivamente ya ocurrió.

El eurodiputado José Inácio Faria, quien difundió el vídeo, señaló en un tuit que «libertad de prensa, no es delincuencia», y que en el caso de «la valiente periodista» Pineda Ubau su «único delito es defender la prensa libre, denunciar represión y atentados a derechos humanos».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió recientemente sobre la «intensificación de la cuarta etapa de represión estatal» en Nicaragua contra periodistas y medios independientes. Las tres etapas previas consistieron en agresiones a las protestas callejeras pacíficas, ataques armados contra ciudades que rechazan a Ortega y la criminalización de las protestas, según la CIDH, todas con saldos mortales. El Gobierno dio por concluida la misión de ese organismo en Nicaragua a mediados de diciembre.

Liberan a director de radioemisora crítica del Gobierno de Nicaragua

Mientras tanto, el veterano periodista Leo Cárcamo, director de la radioemisora Radio Darío, crítica del Gobierno de Nicaragua, fue liberado este martes por la Policía Nacional luego de varias horas detenido.  Su liberación la divulgó el dueño del mismo medio, Aníbal Toruño, quien dijo que el periodista, quien no estaba en condiciones de hablar, salió «impactado» por la experiencia vivida en la delegación policial de la ciudad de León, al noroeste de Nicaragua. Cárcamo, un sexagenario, padece de una «diabetes agresiva», y era mantenido en cuidados especiales desde que estalló la crisis, afirmó Toruño.

La captura de Cárcamo es la más reciente denuncia de agresión contra la Radio Darío, ubicada en la ciudad de León, en el noroeste de Nicaragua, en el marco de la crisis, ya que hace seis días el personal avisó de un boicot y el robo de equipos. En diciembre pasado la Radio Darío fue sacada del aire por la Policía Nacional, acción que obligó a sus trabajadores a esconderse en casas de refugio. Antes del boicot y del cierre policial, la radioemisora había sido incendiada, supuestamente por simpatizantes del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), en agosto pasado.

Periodistas exiliados denuncian amenazas contra sus familiares en Nicaragua

Periodistas nicaragüenses que se encuentran en el exilio en Costa Rica denunciaron este jueves que sus familiares están siendo amenazados en Nicaragua. Los periodistas, que trabajan en la plataforma digital “Nicaragua Investiga”, aseguraron que desconocidos explotaron una bomba molotov cerca de la vivienda del suegro de Jennifer Ortíz, directora de ese medio. La comunicadora explicó que la bomba fue lanzada anoche y dañó la parte trasera de un vehículo que se encontraba estacionado.

Los desconocidos dejaron además un mensaje dirigido al suegro de Ortíz con la leyenda: «tu hijo y tu nuera están seguros, pero tu no. PLOMO».  Ortíz observó que «plomo» es una frase que utilizan simpatizantes del Gobierno que preside Daniel Ortega en contra de sus adversarios. Hasta ahora la Policía de Nicaragua no se ha referido a esta denuncia.

Asimismo, la periodista afirmó que en las últimas dos semanas sus familiares en Nicaragua han sufrido una «jornada intensa de intimidación», que incluye acoso, presencia de «paramilitares» en las afueras de sus casas, entre otros. «Nicaragua Investiga está incomodando mucho a los agentes del Gobierno, a sus simpatizantes, aquellos que son fanáticos, que tratan de combatir, no con ideas, sino con actos terroristas», anotó. El equipo de Nicaragua Investiga responsabilizó al Gobierno de Ortega si algo llega a pasar con sus familiares.

El equipo está integrado, además de Ortíz, por los periodistas Leticia Gaitán, Gerald Chávez, Yelsin Espinoza y Héctor Rosales, quienes trabajan en distintos canales de televisión en Nicaragua, antes de marcharse al exilio en Costa Rica, por motivos de seguridad.

Datos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro indican que entre abril y diciembre pasados se registraron al menos 712 casos de violación a la libertad de prensa, incluyendo agresiones, censura, amenazas y asesinatos, entre otras transgresiones.  Al menos 57 periodistas nicaragüenses han salido al exilio desde abril pasado, en su mayoría por razones de seguridad, según el recién fundado movimiento Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua.

Televisora denuncia «asedio» de la Policía Nacional

Una represión que no termina: Periodistas del Canal 12 de televisión de Nicaragua denunciaron la semana pasada el «asedio» de la Policía Nacional. Al menos 30 agentes especiales de la Policía se instalaron en las afueras del canal, de perfil independiente, desde tempranas horas de la mañana, denunció el periodista Wilmer Benavides. Los policías preguntaron los datos y registraron a cada trabajador o visitante del canal, además de interrogarlos sobre si portan armas, según la denuncia. El equipo periodístico de Canal 12 responsabilizó a la Policía nicaragüense por «cualquier cosa» que les ocurra.

El «asedio» se da un día después de que el periodista Carlos Fernando Chamorro, productor de los programas de debate que se transmiten en la televisora, denunció que el director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), Orlando Castillo, había dado la orden por la vía verbal a los propietarios del Canal 12, de no transmitir sus producciones. Aunque el Gobierno negó la prohibición, la transmisión del programa Esta Noche fue interrumpida el miércoles 23 de enero, sin que se conozcan las razones.

La Iglesia de Centroamérica ora por la paz en Nicaragua

El sábado pasado, en medio de la celebración de la JMJ, el Secretariado Episcopal de América Central (Sedac) dijo estar «sumamente preocupado» por la crisis de Nicaragua y ora para que se supere mediante el diálogo sincero y la buena voluntad, lo dijo el arzobispo de San Salvador y presidente del Sedac, Mons. José Luis Escobar.

«Queremos el bien de todos, una guerra, un baño de sangre, una revolución no ayuda a nadie», afirmó el prelado tras recordar que su país sufrió una cruenta guerra interna de 12 años, entre 1980 y 1992, que dejó miles muertos y desaparecidos.

«Esta es mi proposición, es fraterna, con la mejor intención, con los mejores sentimientos para todos, no solo para la Iglesia, que estamos totalmente solidarios y compenetrados con la Conferencia Episcopal de Nicaragua, ellos son parte del Sedac», afirmó el presidente del SEDAC.


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Necesidad de una renovada confianza en las instituciones democráticas. ONU

Guterres: La marca global más vendida hoy en día es el miedo

Manuel Elias
Rueda de prensa del Secretario General, António Guterres, (a la derecha) con su portavoz, Stéphane Dujarric.

18 Enero 2019

El titular de la ONU señala que la economía y la tecnología han provocado que muchas personas se queden sin esperanza, dejándoles a merced del miedo, los nacionalismos y el populismo. La mejor vacuna contra ese miedo es que los Gobiernos respondan a esos temores y ansiedades y que lo hagan mediante la cooperación y el multilateralismo.

El Secretario General de las Naciones Unidas denunció este viernes durante un encuentro con la prensa que el aumento de las desigualdades entre países ha provocado que “personas, sectores y regiones” hayan quedado rezagados, en un contexto de prosperidad generalizada, añadiendo a su aflicción “una sensación de injusticia”.

“Cuando la gente ve una economía mundial que está fuera de lugar, cuando siente que no tiene ninguna oportunidad, ninguna esperanza, y ningún líder o institución sintoniza con sus problemas, les guiará la inestabilidad y la desconfianza”, dijo.

Estos recelos, a su vez, generan un enorme déficit de confianza en los gobiernos, las instituciones políticas y en las organizaciones internacionales, destacó António Guterres.

“En esos momentos, las explicaciones pueden sonar como excusas, y las personas pueden convertirse en objetivos fáciles para los nacionalistas, los populistas y todos aquellos que se benefician del miedo.  La marca más vendida hoy en día a nivel mundial es el miedo.  Obtiene audiencia.  Gana votos.  Genera clics”.

En este volátil escenario, el mayor desafío al que se enfrentan tanto gobiernos como instituciones es demostrarle a la gente que son importantes para su proyecto y activar soluciones que den “respuestas a sus temores y ansiedades”.

Respuesta al discurso del odio y la xenofobia

Estas soluciones en clave de las Naciones Unidas pasan por tres ámbitos: una globalización justa, articulada a través de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible; demostrar el valor añadido de la ONU; y movilizar a todos los sectores sociales “en la batalla por los valores (…) y, en particular, abordar el aumento de la incitación al odio, la xenofobia y la intolerancia”.

Con relación a este último apartado informó haber encargado a su asesor especial para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, la formación de un equipo para definir una estrategia, dar respuesta al problema y presentar un plan de acción global con carácter de urgencia.

“En todos estos ámbitos, el mensaje es claro: las palabras no son suficientes.  Debemos ser eficientes tanto en la reivindicación de nuestros valores universales como en el estudio de los orígenes del miedo, la desconfianza, la ansiedad y la ira”, remarcó.

 Situación en Venezuela

Interrogado sobre si apoyaría una nueva ronda de conversaciones lideradas por la ONU en Venezuela, Guterres abogó por encontrar una solución política incluyente basada en el diálogo: “sé que no es fácil, pero es mi profunda convicción”.

Con relación a si le preocupa la estabilidad en América Latina ante la reacción de algunos gobiernos de la región de no reconocer la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro indicó: “las Naciones Unidas no hacen un reconocimiento de los gobiernos, pero respeta el derecho soberano de los Estados de reconocer o no a los gobiernos de otros Estados. Las Naciones Unidas no tienen en este momento ninguna iniciativa específica en la región, aunque ofrecemos nuestros buenos oficios” si se solicitan, destacó.

Atentado en Bogotá

Guterres condenó de manera categórica el ataque terrorista a la Academia de Policía General Santander en Bogotá perpetrado este jueves. El Secretario General reveló que había mantenido una conversación telefónica con el presidente de Colombia, Iván Duque, donde éste le manifestó tener “pruebas claras” de que el asalto fue obra del Ejército de Liberación Nacional, lo cual calificó de “inaceptable” y, a continuación, expresó su solidaridad con el pueblo de Colombia.

Derecho a la reunión familiar en la frontera con EE. UU.

Sobre el caso de los niños separados de sus padres en la frontera entre México y Estados Unidos, calificó de “principio fundamental” la reunificación familiar en todas las situaciones de refugiados.

Recordó la participación de la ONU en las situaciones de crisis del Triángulo Norte de América Central y remarcó tanto el trabajo de UNICEF como el de ACNUR a ambos lados de la frontera.

Dificultades presupuestarias

En relación con las estrecheces financieras de la Organización, distinguió entre las dificultades del prepuesto general y el de las operaciones de paz.

Sobre el primero destacó que todos los países han decidido pagar las cuotas que les corresponde y que están definidas por una escala acordada en la Asamblea General. El único problema destacable es con los pagos atrasados.

Sin embargo, destacó que, en las cuentas relacionadas con las operaciones de las fuerzas de paz, Estado Unidos decidió pagar un monto alrededor de un 3% inferior al que le correspondería según su escala.

“El problema es que no puedo resolver este problema satisfactoriamente reduciendo el gasto un 3%. Si lo hiciera los costos serían obviamente menores, pero, de acuerdo a las normas, todos los Estados miembros que contribuyeron al presupuesto tienen el derecho a recibir una parte de esos ahorros. Lo que significa que nos encontramos en una situación en la que no podemos gastar el dinero que no hemos recibido y, si no lo gastamos, tenemos que devolverlo a otros países, lo que se convierte en una situación insostenible”, razonó.

Guterres cuantificó el desfase financiero en unos 600 millones de dólares y destacó tener la situación controlada hasta el momento pero que, de no encontrarse una solución, prevé una situación muy difícil para el año que viene.

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Venezuela. Fuerte denuncia del episcopado contra la reelección de Maduro como Presidente

Cardenal Baltazar Porras, Mons. Raúl Biord y Mons. Freddy Jesús Fuenmayor SuárezCardenal Baltazar Porras, Mons. Raúl Biord y Mons. Freddy Jesús Fuenmayor Suárez 

Obispos Venezuela: nuevo período presidencial ilegítimo en origen

Así lo afirmaron- en sustancia – los Obispos Venezolanos, en el día anterior a la juramentación de Nicolás Maduro para un segundo mandato presidencial, al reiterar que “la convocatoria del 20 de mayo (para elegir el Presidente de la República) fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el poder ejecutivo»

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano

Es “moralmente inaceptable” prolongar el fracaso e ineficiencia del poder de las últimas décadas: ha sido contundente el rechazo de los obispos a la pretensión de iniciar un nuevo período presidencial este 10 de enero por parte de Maduro, debido al vicio en su origen, a saber, el de la convocatoria ilegítima del pasado 20 de mayo, que “abre una puerta al desconocimiento del Gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho”.

La exhortación del Episcopado Venezolano ha sido leída en el curso de la 111ª Asamblea Ordinaria, este miércoles 9 de enero a tres voces por el Cardenal Baltazar Porras, Arzobispo de Mérida y Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, Mons. Raúl Biord Arzobispo de la Guaira y  2º Vicepresidente de la Cev y Mons. Freddy Jesús Fuenmayor Suárez, Obispo de Los Teques.

Los prelados recordaron el pedido hace tres años (el 1-12-2016) del Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin, relativo a la restitución a la Asamblea Nacional del rol previsto en la Constitución del País. “El voto de confianza que el pueblo venezolano le ha conferido debe ser retribuido con el cumplimiento de los deberes de los diputados, diseñando y redactando las leyes que necesita el país para el restablecimiento de la democracia y la vuelta a la decencia y honestidad en la administración de los fondos públicos”, expresaron.

Interpelan las palabras del Papa

Recordando las palabras del Papa Francisco en el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz del 1º de enero, cuando se refirió a la función y responsabilidad política como “desafío permanente para todos los que reciben el mandato de servir a su país, de proteger a cuantos viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones para un futuro digno y justo”, manifestaron que el pedido del Papa “nos interpela”, y subrayaron la necesidad de buscar juntos – como también dijo el Santo Padre el lunes en el discurso a los Embajadores- caminos de “concordia” y entendimiento, de unión del pueblo venezolano, de respuestas a los múltiples problemas y de defensa de los derechos humanos que nos permitan superar la crisis y atender a los más pobres.

En el inicio de la exhortación, el episcopado afirmó recibir el 2019 “con la confianza puesta en Dios, como una buena oportunidad para el cambio que el país pide a gritos: la recuperación del Estado de Derecho según la Constitución y la reconstrucción de la sociedad venezolana, en dignidad, libertad y justicia para todos”.

«Moralmente inaceptable» querer mantener a toda costa el poder

Con clamor, se refirieron a la dramática y grave situación que vive el pueblo venezolano a causa del deterioro del respeto a sus derechos y de su calidad de vida, “sumido en una creciente pobreza y sin tener a quien acudir”: “Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas: ¡es moralmente inaceptable! Dios no quiere que por el sometimiento a injusticias sufra el pueblo. Urge, por tanto, asumir el clamor popular de un cambio, de una concertación para una transición esperada y buscada por la inmensa mayoría”, dijeron.

Pretensión de iniciar nuevo período presidencial ilegítima en su origen

Asimismo reiteraron que “la convocatoria del 20 de mayo (para elegir el Presidente de la República) fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el poder ejecutivo”: “Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo” (No temas, yo estoy contigo, n. 6). Por tanto, la pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen, y abre una puerta al desconocimiento del Gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho”, afirmaron.

Asamblea Nacional electa único órgano público legítimo

Los obispos reconocieron que en medio de esta crisis “política, social y económica”, “la Asamblea Nacional, electa con el voto libre y democrático de los venezolanos”, es actualmente “el único órgano del poder público con legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias”.

Necesaria la articulación de todos los sectores sociales

Es necesaria la articulación de todos los sectores sociales, afirmaron los prelados, tras referirse al rol de la ciudadanía como actores de primer orden en el país: “no podemos ser simples espectadores”, subrayaron, recordando al pueblo que “la defensa de la libertad ha costado mucha sangre y muchos sufrimientos, para ver de lejos lo que la mayoría rechaza: políticas de hambre, persecución política, represión militar y policial, presos políticos, torturas, corrupción, ineficiencia e ineficacia en la gestión pública». «Como ciudadanos y como instituciones – añadieron – nos toca asumir las responsabilidades que nos competen para mejorar la actual situación y recuperar el país con sus valores y potencialidades. 

El compromiso de la Iglesia venezolana

Son tres las direcciones en las que el Episcopado Venezolano señala su compromiso como Iglesia: en primer lugar en las diócesis y en las parroquias “para seguir ayudando a la supervivencia, tanto de los más débiles y desprotegidos dentro del país como a los que han emigrado buscando trabajo y mejores condiciones de vida, así como refugio y asilo”. En segundo lugar se comprometen a seguir trabajando “en la defensa y promoción de los derechos humanos, en particular de los que carecen de todo, de los amenazados de muerte, de los perseguidos y privados de libertad”. Y en tercer lugar, se proponen “seguir desarrollando programas de formación y organización que permitan la recuperación de la institucionalidad democrática y la reconstrucción del país de una forma pacífica”. Todo esto enmarcado en el proceso de evangelización que promueve los valores de verdad, autenticidad, justicia, solidaridad, paz, reconciliación y fraternidad.

Gratitud al Papa, a las Iglesias y Gobiernos de diversos países

En la conclusión de la exhortación, el episcopado agradeció al Romano Pontífice por “su constante cercanía y preocupación por nuestra patria”. A las Iglesias y Gobiernos de diversos países por “su solidaridad y su atención a los compatriotas que, producto de la crisis, han tenido que dejar el país en búsqueda de mejores condiciones de vida”, y a los sacerdotes, diáconos, religiosas y laicos, así como a las muchas iniciativas que en este campo se están llevando adelante desde Cáritas a nivel nacional, diocesano y parroquial, desde la comisión de Justicia y Paz y las vicarías de Derechos Humanos, de otras organizaciones y asociaciones manifestaron su aprecio, invitando, por último a “articular iniciativas y proyectos en favor del pueblo a los hermanos de otras iglesias y de otras religiones, a las instituciones públicas y privadas, a los empresarios, profesionales, trabajadores y obreros, para trabajar por la paz y por un mejor país”.


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Afganistan: elecciones. Intervención de la ONU

Afganistán: La ONU pide a las autoridades garantizar que los ciudadanos puedan votar

UNAMA/Zachary Golestani
Mujeres se disponen a votar en Afganistán.

20 Octubre 2018

Las elecciones parlamentarias en Afganistán tuvieron lugar este sábado en medio de amenazas, brotes de violencia y fallas técnicas, por lo que la Misión de Asistencia de la ONU en el país (UNAMA) llamó a las autoridades electorales a permitir que todos los ciudadanos aptos tengan las condiciones razonables para emitir su voto.

Durante la jornada se registraron varias explosiones cercanas a las casillas de votación en todo el país, así como en Kabul, la capital, causando la muerte de varias personas y dejando decenas de heridos.

Esta violencia, sumada a una serie de problemas técnicos, provocó retrasos que obligaron a miles de electores a esperar horas para poder votar. Las demoras dieron a pie a que algunos puestos electorales extendieran sus horas de apertura o anunciaran que estarán abiertos el domingo.

La UNAMA felicitó a los ciudadanos que salieron a expresar su voluntad en las urnas desafiando las amenazas de violencia y recordó que estos son los primeros comicios organizados en su totalidad por el Gobierno afgano desde 2001. Se trata de “un importante hito en la transición de Afganistán”, apuntó.

La Misión también instó a las autoridades del país a mostrar su compromiso con el proceso electoral y a proteger su integridad, sobre todo en lo que se refiere al conteo de votos y el anuncio de los resultados.

Asimismo, tomó nota de las medidas contra el fraude que se implementaron, que incluyen la presencia de unos 400.000 observadores y representantes de los candidatos, así como monitores de los partidos políticos, para asegurar la transparencia de los comicios.

En este sentido, exhortó a los afganos que sean testigos de algún fraude a reportarlo con las autoridades pertinentes y a éstas las conminó a investigar a fondo las denuncias y a enjuiciar a los responsables.