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Brasil: el problema de los homicidios policiales ilegítimos. AMN:INT

Brasil: Veinte años de impunidad fomentan el repunte de los homicidios policiales en Río de Janeiro

Vera Lucia Flores Leite, madre de Cristiane Souza Leite, Marilene Lima de Souza, madre de Rosana Souza Santos, Ana Maria de Silva and Tereza de Souza.

Veinticinco años después de la muerte de una de las defensoras de los derechos humanos más valientes del país, Brasil debe llevar ante la justicia a quienes la mataron por ser una medida decisiva para revertir el aumento de los homicidios policiales.

El 15 de enero de 1993, Edméia da Silva Euzébio, de 47 años, que había librado una lucha feroz por la justicia en nombre de su hijo desaparecido, fue asesinada en un aparcamiento en Río de Janeiro. Doce años después, siete personas sobre las que existen sospechas razonables de responsabilidad penal en el asesinato –seis de ellas agentes de la policía militar– no han sido procesadas aún.

El caso de Edméia es emblemático del fracaso del Estado a la hora de investigar debidamente todos los homicidios cometidos presuntamente por la policía. Amnistía Internacional dijo que llevar a los sospechosos ante la justicia sería una demostración esencial de la determinación del Estado de poner fin a los homicidios policiales ilegítimos, que han aumentado considerablemente en Río de Janeiro en los últimos años.

Es inaceptable que, 25 años después, el homicidio de Edméia siga impune. Mientras tanto, en los dos decenios y medio transcurridos, las personas sobre las que existen sospechas razonables de responsabilidad penal en el asesinato han estado caminando libremente por la calle, e incluso han ascendido profesionalmente, en algunos casos a los rangos superiores de la policía militar”, ha explicado Jurema Werneck, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Brasil

“La impunidad que rodea los casos de homicidio policial fomenta la espiral de violencia en Río de Janeiro. Transmite el mensaje de que las autoridades toleran la conducta ilegal de la policía. Los agentes de policía implicados en ejecuciones extrajudiciales las comenten convencidos de que nunca tendrán que rendir cuentas. Como consecuencia del fracaso del Estado a la hora de garantizar justicia, el número de homicidios cometidos por la policía en Río de Janeiro sigue siendo sumamente alto y va en aumento”, ha añadido Jurema Werneck.

Tras el descenso que experimentó entre 2008 y 2013, el número de personas muertas a manos de la policía en el estado de Río de Janeiro casi se ha duplicado en los tres últimos años, según datos del Instituto de Seguridad Pública. En 2014, la policía mató a 580 personas. En 2017 hubo 1.048 homicidios policiales hasta noviembre. En los últimos 10 años (2008-2017), el número total de homicidios policiales ascendió a más de 7.500.

“El agente de policía no aprieta el gatillo solo. Hay una cadena de mando tras él, y está también el sistema de justicia penal, que, cuando menos, no cumple con su deber de investigar y enjuiciar los homicidios ilegítimos cometidos por la policía. El Estado y el sistema de justicia penal, en particular la Fiscalía, deben ejercer su mandato e implementar medidas urgentes y definitivas para poner fin a los homicidios policiales y garantizar justicia y reparación a las víctimas”, ha señalado Jurema Werneck.

El hijo de Edméia, Luiz Henrique, tenía 16 años cuando, junto con otras 10 personas, fue sometido a desaparición forzada el 26 de julio de 1990. El caso se conoció como la “masacre de Acari” (“Chacina de Acari”,) porque la mayoría de las víctimas vivían en esta favela de la ciudad de Río de Janeiro. El grupo de amigos, en su mayoría adolescentes, habían estado alojados en una casa de la ciudad vecina de Magé antes de que un grupo de hombres que se identificaron como agentes de policía los llevaran a un lugar desconocido. Tras la desaparición, sus familias comenzaron su lucha por la verdad y la justicia, y formaron el grupo de las “Madres de Acari”.

Edméia era una de las miembros más comprometidas y activas, dedicada sin temor a descubrir lo que les había ocurrido a su hijo y sus amigos. La mataron en el aparcamiento de la estación de metro de Praça Onze, a su regreso de visitar a una persona recluida en la prisión de Hélio Gomes, en el barrio de Estácio de Río de Janeiro. Las investigaciones oficiales indican que la mataron porque había obtenido nuevos datos que llevarían a localizar a los jóvenes desaparecidos.

Los procedimientos relacionados con el asesinato de Edméia se vienen arrastrando en el sistema de justicia penal desde 1998, sin que se hayan dado respuestas concluyentes. Los cargos contra sus presuntos asesinos –entre ellos un alto mando de la Policía Militar y un ex congresista del estado de Río de Janeiro– no se formularon hasta 2011. A finales de 2014, un juez falló durante una fase de la causa previa al juicio, que los siete hombres acusados del asesinato debían ser juzgados ante un jurado por homicidio doloso. Los acusados recurrieron contra la decisión del juez, pero todavía no se ha decidido si se admite el recurso. Veinticinco años después de la muerte de Edméia, nadie ha sido llevado a juicio.

En 1994, Amnistía Internacional denunción que los servicios de inteligencia de la Policía Militar habían identificado a policías civiles y militares sospechosos de haber cometido la “masacre de Acari”. La investigación reveló que los policías habían estado implicados en actividades de extorsión a algunas de las victimas, cuyos restos jamás se han encontrado.

En un libro titulado “Madres de Acari, una historia de lucha contra la impunidad” se establece que los responsables de las desapariciones estaban vinculados a un escuadrón de la muerte conocido como “Caballos Corredores” (“Cavalos Corredores”), conexión que fue corroborada por testimonios reunidos por Amnistía Internacional en aquel momento. Amnistía Internacional también ha sabido que las autoridades podrían haber ocultado investigaciones durante su torpe búsqueda de los cuerpos en posibles vertederos. En 2010 se cerró el caso de la “masacre de Acari” sin que se hubieran presentado cargos.

Informes de Amnistía Internacional sobre homicidios cometidos por la policía en Río de Janeiro:

Brasil: Río de Janeiro 2003:  Candelária y Vigário Geral diez años después. 27 de agosto de 2003, Índice: AMR 19/015/2003, http://bit.ly/2AUpepR

Brasil: “Entran disparando”: La actuación policial en las comunidades socialmente excluidas. 2 de diciembre de 2005, Índice: AMR 19/025/2005, http://bit.ly/2FrUSyx

Brazil: “We have come to take your souls”: the caveirão and policing in Rio de Janeiro. 13 de marzo de 2006, Índice: AMR 19/007/2006, http://bit.ly/2FuWjfL

Brasil: “Mataste a mi hijo”: Homicidios cometidos por la policía militar en la ciudad de Río de Janeiro bit.ly/20cgT9G. 3 de agosto de 2015, Índice: AMR 19/2068/2015, bit.ly/20cgT9G

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Posible complicidad de la Shell en delitos cometidos en Nigeria. AMN.INT.

Nigeria/Reino Unido/Países Bajos: Debe investigarse a Shell por complicidad en asesinatos, violaciones y torturas

Una niña busca comida entre los escombros después ser desalojada de su hogar en Otodo-Gbame en marzo de 2017 © Justice & Empowerment Initiatives
  • Un enorme archivo de documentos internos y otras pruebas apuntan a la complicidad de Shell en la comisión de delitos horribles por parte de las fuerzas armadas nigerianas en los años noventa.
  • Amnistía Internacional pide una investigación penal en su nuevo informe.

Amnistía Internacional pide a Nigeria, Reino Unido y Países Bajos que investiguen al gigante petrolero angloholandés Shell por su papel en una serie de delitos horribles cometidos por las fuerzas armadas nigerianas en la región productora de petróleo de Ogoniland en los años noventa.

La organización ha hecho público un análisis revelador de miles de páginas de documentos internos de la empresa y declaraciones de testigos, así como del archivo propio de Amnistía Internacional correspondiente a ese período.

La campaña de las fuerzas armadas nigerianas para silenciar las protestas del pueblo ogoni contra la contaminación causada por Shell incluyó violaciones de derechos humanos graves y generalizadas, que en muchos casos constituyeron también delitos según la legislación nacional.

Las pruebas que hemos analizado muestran que Shell alentó reiteradamente a las fuerzas armadas nigerianas para que hicieran frente a las protestas de la comunidad, aun sabiendo los horrores en los que tal actuación derivaría: homicidios ilegítimos, violaciones, torturas e incendios de pueblos”, señaló Audrey Gaughran, directora de Asuntos Globales de Amnistía Internacional.

“En medio de esa represión brutal, Shell hasta brindó a las fuerzas armadas apoyo material, incluido transporte, y por lo menos una vez pagó a un gobernador militar, conocido por haber perpetrado violaciones de derechos humanos. Es indignante que nunca haya tenido que responder por eso.

Es indiscutible que Shell tuvo un papel clave en los acontecimientos devastadores que se registraron en Ogoniland en los años noventa, y creemos que ahora estaría justificada una investigación penal. Reunir este enorme archivo de pruebas fue el primer paso para llevar a Shell ante la justicia. Ahora prepararemos una denuncia penal para interponerla ante las autoridades pertinentes, de cara a solicitar un enjuiciamiento.”

La campaña del gobierno de Nigeria contra el pueblo ogoni culminó con la ejecución, hace 22 años, de nueve hombres ogonis, entre ellos Ken Saro-Wiwa, el escritor y activista que había liderado las protestas. Las ejecuciones se produjeron tras un juicio claramente injusto y causaron indignación en todo el mundo. En junio de 2017, las viudas de cuatro de esos hombres presentaron un auto judicial contra Shell en Países Bajos, acusando a la compañía de ser cómplice de sus muertes.

Se pueden exigir a una persona o empresa responsabilidades penales por un delito si lo ha alentado, posibilitado, agravado o facilitado, aunque no haya participado directamente en el mismo. Por ejemplo, saber que determinada conducta empresarial puede contribuir a un delito o tener un vínculo cercano con quienes perpetran ese delito podría derivar en una responsabilidad penal. El nuevo informe de Amnistía Internacional A Criminal Enterprise? argumenta que Shell estuvo involucrada de esa forma en los delitos cometidos en Ogoniland.

En los años noventa, Shell era la empresa individual más importante de Nigeria. Durante la crisis en torno al pueblo ogoni, Shell y el gobierno nigeriano actuaron como socios empresariales y mantuvieron reuniones periódicas para hablar sobre la protección de sus intereses.

Hay notas internas y actas de reuniones que muestran que Shell trató de obtener apoyo militar de altos funcionarios del gobierno, incluso después de que las fuerzas de seguridad hubieran matado en masa a participantes en las protestas. También muestran que, en varias ocasiones, Shell brindó asistencia logística o financiera a personal de las fuerzas armadas y de la policía a sabiendas de que esas personas habían estado involucradas en ataques asesinos contra habitantes del lugar indefensos.

Shell siempre ha negado haber estado involucrada en las violaciones de derechos humanos, pero nunca se han investigado las acusaciones contra la empresa.

Lo que Shell sabía

Las protestas en Ogoniland las lideraba el Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP), en respuesta a años de derrames de petróleo por parte de Shell que habían devastado el medio ambiente. En enero de 1993, el MOSOP declaró que las operaciones de Shell en la zona ya no eran bienvenidas, y eso obligó a la compañía a abandonar la región temporalmente, alegando razones de seguridad.

Hay documentos internos que muestran que, cuando Shell trató de minimizar públicamente los daños ambientales que había causado, altos representantes de la empresa sabían que las quejas del MOSOP tenían fundamentos legítimos y a esos ejecutivos les preocupaba el mal estado de los oleoductos.

El 29 de octubre de 1990, Shell solicitó la “protección de seguridad” de una unidad policial paramilitar de élite, denominada Policía Móvil, para sus instalaciones del pueblo de Umuechem, donde se estaban registrando protestas pacíficas. Durante los dos días siguientes, la Policía Móvil atacó el pueblo con armas de fuego y granadas, provocando la muerte de al menos 80 personas, además de incendiar 595 casas. Muchos de los cadáveres se arrojaron a un río cercano.

Se considera que, en ese momento, si no antes, los ejecutivos de Shell debieron entender los riesgos derivados de pedir una intervención de las fuerzas de seguridad. Y aun así, hay pruebas claras de que Shell siguió actuando de la misma forma.

Por ejemplo, en 1993, poco después de haberse retirado de Ogoniland, Shell pidió reiteradas veces al gobierno nigeriano que movilizara al ejército en esa región para proteger un nuevo oleoducto que estaban construyendo contratistas de la empresa. Eso llevó a que 11 personas fueran alcanzadas por disparos el 30 de abril en un pueblo llamado Biara y a que un hombre muriera del mismo modo en el pueblo de Nonwa el 4 de mayo.

Menos de una semana después del tiroteo en Nonwa, varios ejecutivos de Shell mantuvieron una serie de reuniones con altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas de seguridad.

Las actas de esas reuniones muestran que, en lugar de plantear su preocupación por los disparos efectuados contra personas desarmadas que protestaban, Shell solicitó activamente al gobierno y a las fuerzas de seguridad que le permitieran seguir activa en Ogoniland, y ofreció a cambio apoyo “logístico”.

Apoyo financiero

Shell también ofreció apoyo financiero. Un documento interno de la empresa revela que, el 3 de marzo de 1994, esta hizo un pago de más de 900 millones de dólares estadounidenses a la ISTF, una unidad especial creada para “restablecer el orden” en Ogoniland. Eso sucedió solo diez días después de que el comandante de esa unidad ordenara disparar contra personas desarmadas que se manifestaban ante la sede regional de Shell en Port Harcourt. En el documento se afirma que ese pago fue una “muestra de gratitud y un elemento para motivar una disposición favorable y constante en relación con [Shell] en tareas futuras”.

“En varias ocasiones, la ayuda que Shell había pedido al gobierno para abordar lo que la empresa denominaba la ‘cuestión ogoni’ produjo una nueva ola de violaciones brutales de los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en Ogoniland. Es difícil no ver vínculos causales o suponer que Shell no era consciente entonces de cómo se interpretaban sus peticiones”, afirmó Audrey Gaughran.

“A veces Shell cumplió una función más directa en el derramamiento de sangre; por ejemplo, al trasladar a personal de las fuerzas armadas para que dispersara protestas, incluso cuando las consecuencias de hacerlo eran evidentes. Eso equivale claramente a posibilitar o facilitar los delitos horribles que se cometieron después.”

Señalar pueblos por su nombre

El 13 de diciembre de 1993, poco después de que un golpe de Estado llevara al poder al general Sani Abacha, Shell escribió al nuevo administrador militar del estado de Rivers, señalando comunidades específicas en las que habían tenido lugar protestas en su contra y solicitando asistencia.

Un mes después, en enero de 1994, el gobierno ordenó la creación de la ISTF. Más tarde ese mismo año, la violencia contra los ogonis alcanzó su espeluznante punto máximo, cuando la ISTF llevó a cabo incursiones en pueblos ogonis en las que mató, violó, torturó y detuvo a muchas personas.

Según un informe de Amnistía Internacional publicado el 24 de junio de 1994, alrededor de 30 pueblos fueron atacados y “más de 50 personas de la etnia ogoni fueron ejecutadas extrajudicialmente”. El comandante de la ISTF alardeó de esas operaciones en televisión, y se informó ampliamente sobre ellas. En julio de ese año, el embajador holandés comunicó a Shell que el ejército había matado aproximadamente a 800 ogonis.

Ken Saro-Wiwa en el punto de mira

Los documentos internos de Shell muestran que el entonces presidente de la empresa en Nigeria, Brian Anderson, mantuvo al menos tres reuniones con el general Sani Abacha entre 1994 y 1995, en el período más crítico de la crisis en torno al pueblo ogoni. El 30 de abril de 1994, Anderson planteó “el problema de los ogonis y Ken Saro-Wiwa” al describir las consecuencias económicas de la oposición del MOSOP.

Saro-Wiwa ya estaba en el punto de mira del gobierno y, al mencionar su nombre en esa reunión, Anderson alentó de una manera temeraria medidas contra el activista, y reportó que había abandonado el encuentro con la sensación de que Abacha iba a “intervenir con las fuerzas armadas o con la policía”.

En efecto, al cabo de un mes, Saro-Wiwa y otros líderes del MOSOP eran detenidos, sometidos a acusaciones infundadas de haber participado en el asesinato de cuatro líderes tradicionales muy conocidos, e incomunicados en su reclusión. Durante la misma sufrieron torturas y malos tratos y, posteriormente, fueron declarados culpables en un juicio que fue una farsa y ejecutados en noviembre de 1995.

Los documentos que ha analizado Amnistía Internacional muestran que Shell sabía que, muy probablemente, Saro-Wiwa iba a ser declarado culpable y ejecutado. Aun así, la empresa siguió debatiendo con el gobierno las formas de hacer frente al “problema ogoni”. Es difícil ver cómo Shell puede no haber alentado, e incluso respaldado, las acciones del gobierno contra Saro-Wiwa y otras personas.

Amnistía Internacional pide que se abran investigaciones en las tres jurisdicciones pertinentes: Nigeria, donde se cometieron los delitos, así como Reino Unido y Países Bajos, donde tiene su sede Shell.

“En sus últimas palabras al tribunal que lo declaró culpable, Ken Saro-Wiwa advirtió que Shell también tendría que comparecer algún día ante la justicia. Estamos decididos a lograr que eso suceda”, señaló Audrey Gaughran.

“Debe hacerse justicia, por Ken Saro-Wiwa y por los miles de personas más cuyas vidas arruinó la destrucción de Ogoniland por parte de Shell.”

Amnistía Internacional pide que se abran investigaciones en las tres jurisdicciones pertinentes: Nigeria, donde se cometieron los delitos, así como Reino Unido y Países Bajos, donde tiene su sede Shell.

Información complementaria

Varios documentos internos de la compañía, entre ellos cartas, comunicaciones enviadas por fax y mensajes de correo electrónico intercambiados por distintas oficinas de Shell, muestran que la responsabilidad de las acciones de la empresa durante la crisis en torno al pueblo ogoni no le corresponde únicamente al personal de Shell en Nigeria. En todo momento, los directores de Shell en La Haya y Londres eran plenamente conscientes de lo que estaba sucediendo en Nigeria.

Hay una nota que hace referencia a la aprobación por parte de los directores de una estrategia detallada que ideó Shell Nigeria en diciembre de 1994, sobre cómo debía responder la empresa a las críticas que recibía tras las protestas ogonis. En marzo de 1995, varios ejecutivos de Shell en Londres mantuvieron una reunión con representantes de las fuerzas armadas nigerianas en la capital británica, en la cual acordaron reunirse “cada cierto tiempo” para intercambiar información.

Amnistía Internacional escribió a Royal Dutch Shell y a Shell Nigeria para solicitar información al respecto. Shell Nigeria respondió:

“Las acusaciones citadas en su carta contra [Royal Dutch Shell] y [Shell Nigeria] son falsas y carecen de fundamento. [Shell Nigeria] no se confabuló con las autoridades militares para reprimir los disturbios en la comunidad y en modo alguno fomentó o propugnó ningún acto de violencia en Nigeria. De hecho, la compañía cree que el diálogo es la mejor forma de resolver las disputas. Siempre hemos negado categóricamente esas acusaciones.”


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Mexico: ley sobre desapariciones forzadas

Se promulga la Ley contra desapariciones forzadas en México

El representante en México del Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jan Jarab, durante una visita en septiembre de 2016 a Ayotzinapa, donde se reunió con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Foto: ONU-DH México

17 de noviembre, 2017 — El presidente de los Estados Unidos Mexicanos Antonio Peña Nieto promulgó el jueves la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en México.

“La ley reconoce uno de los principales desafíos del Estado, aspira a romper los patrones existentes de impunidad y revictimización”, declaró Jan Jarab, el Representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en un discurso en la residencia presidencial de Los Pinos.

Jarab hizo mención especial a las familias de desaparecidos y resaltó que “Son las autoridades, tanto las federales como las de las entidades federativas, las responsables de convertir la ley en un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad.”

La Ley prevé hasta 90 años de prisión para quen prive de la libertad a otra persona con el apoyo de un servidor público.

La penas serán especialmente fuertes cuando la persona desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud que sea consecuencia del delito, así como cuando la víctima sea menor de edad, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor.

El castigo legal también será más grave cuando la persona haya sido desaparecida por su labor como periodista o por la defensa de derechos humanos.

La Oficina del Alto Comisionado resaltó la importancia de contar con los recursos necesarios para la garantizar la aplicación efectiva de la ley.


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Colombia: aumenta el número de asesinatos a l.íderes indígenas y afrocolombianos

Aumenta el número de asesinatos a líderes indígenas y afrocolombianos en zonas afectadas por el conflicto

Las comunidades rurales e indígenas son las más afectadas por la violencia en Colombia. Foto: Charlotte Kesl/Banco Mundial

17 de noviembre, 2017 — La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), expresó preocupación ante el aumento en los asesinatos y las amenazas contra defensores de los derechos humanos y líderes comunitarios en la región de la costa del Pacífico de Colombia. En la mayoría de los casos, las víctimas son de comunidades indígenas y afrocolombianas.

Al menos 78 líderes comunitarios han sido asesinados en lo que lleva del año y muchos más amenazados según la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Siete de ellos desde el 17 de octubre, en una serie que comenzó con la muerte de Jose Jair Cortés, líder de la comunidad afrocolombiana de Alto Mira y Frontera en la ciudad de Tumaco.

“Algunas de las personas que han sufrido estos ataques estaban bajo medidas de protección de las autoridades. De lo que se trata es de hacer que estas medidas funcionen en la práctica y que haya una presencia más importante del Estado”, aseguró William Spindler, portavoz de ACNUR.

Cortés era líder de un consejo comunitario en una zona afectada por el desplazamiento masivo y el confinamiento a causa de la violencia de grupos armados.

“Muchas veces que las comunidades no pueden salir y cultivar sus productos, o ir al mercado o ir a pescar, u otras actividades para asegurar su subsistencia, entonces son situaciones muy difíciles en las que el Estado tiene que tomar las medidas necesarias para garantizar los derechos de estas personas”, asegura Spindler.

La implementación del Acuerdo de Paz de Colombia con las FARC, que se anunció hace un año, ha representado muchos desafíos para las comunidades afectadas por la presencia de grupos armados y actividades ilícitas como el tráfico de drogas y la minería ilegal.

El vacío de poder dejado por la desmovilización de las FARC ha convertido muchas áreas en territorios disputados entre grupos criminales nuevos y existentes. Las demoras y los problemas relacionados con la aplicación local de los principales objetivos del Acuerdo de Paz, como la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos o el desarrollo local, han aumentado la incertidumbre en un entorno en el que la presencia del Estado sigue siendo débil.

Alrededor de 1.500 personas han sido desplazadas en 2017 y muchas más han estado viviendo confinadas en la zona del Pacífico colombiano. Entre el 7 y el 12 de noviembre, más de 46 familias fueron desplazadas por la fuerza de los municipios de Barbacoas y Tumaco (departamento de Nariño). Los líderes de estas áreas creen que la cantidad real de víctimas podría ser mucho mayor porque la gente tiene miedo de denunciar los abusos, reveló ACNUR.


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Nigeria: secuestrado un sacerdote italiano del Camino Neocatecumenal.

Secuestran en Nigeria a un sacerdote italiano. El Papa reza por él

Es don Maurizio Pallù, de 63 años, de la diócesis de Roma, en misión desde hace 3 años y que pertenece al Camino Neocatecumenal

Maurizio Pallù

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Pubblicato il 14/10/2017
Ultima modifica il 14/10/2017 alle ore 16:26
DOMENICO AGASSO JR.
CIUDAD DEL VATICANO

Un sacerdote italiano de la diócesis de Roma fue secuestrado en Nigeria. Don Maurizio Pallù, en misión desde hace tres años, se estaba dirigiendo antier a Benin City, en el sur del país, con otras cuatro personas: los cinco fueron detenidos por hombres armados que, después de haberles robado sus pertenencias, se llevaron al cura. Está trabajando sobre el caso la unidad de crisis del Ministerio del Exterior italiano, mientras la Procuraduría de Roma ha abierto una investigación, coordinado por el Publico Ministerio Sergio Colaiocco, por el delito de secuestro para fines terroristas.

 

Don Pallù, de 63 años, es un «presbítero itinerante» que pertenece al movimiento eclesiástico del Camino Neocatecumenal.

 

Oriundo de Florencia, licenciado en Historia, fue misionero laico durante varios años en diferentes países. En 1988 entró al seminario Redeptoris Mater de Roma. Ha sido capellán en dos parroquias de la capital italiana; después se trasladó a Holanda, a la diócesis de Haarlem, y luego a África, específicamente a Abuya.

 

En Nigeria está activo el grupo terrorista Bolo Haram, pero en la Iglesia local se cree que don Pallù es víctima de una banda de delincuentes comunes que pretenderían un rescate en dinero. La hipótesis sería que no se relaciona su caso con el fundamentalismo, y es confirmada en cierta medida por los frecuentes secuestros que se han dado en los últimos meses.

 

El vicario del Papa para Roma, el arzobispo Angelo De Donatis, está «en aprehensión» por don Pallù, y «espera poder abrazarlo nuevamente dentro de poco», según indicó el Vicariato. Greg Burke, director de la Sala de prensa de la Santa Sede, informó por su parte, en Twitter, que Francisco «ha sido informado y está rezando por él».

 

También se ha expresado al respecto el arzobispo de Abuya, capital del país, el cardenal nigeriano Johan Olorunfemi Onaiyekan: «Por ahora no tenemos buenas noticias, pero confiamos y seguimos teniendo esperanza en que dentro de poco don Maurizio sea liberado. Las fuerzas del orden están haciendo de todo para localizarlo. Dentro de poco los secuestradores deberían liberarlo, porque no es fácil llevar al bosque a un italiano sin ser vistos. También nosotros hemos movilizado y empleado todas las fuerzas de las que disponemos. Debemos seguir rezando para que sea liberado, tarde o temprano», dijo en una entrevista con el telediario del canal italiano Tv2000. Y añadió Onaiyekan: «He hablado con el arzobispo de don Maurizio porque está aquí conmigo junto con los demás obispos de Nigeria para celebrar la fiesta del año mariano que concluye hoy. También el Arzobispo está esperando buenas noticias. Con don Maurizio no había monjas, sino solamente otros pasajeros».


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Mexico: ONU aplaude nueva ley sobre desapariciones forzadas

México: Oficina Alto Comisionado DDHH aplaude aprobación de Ley general sobre desaparición de personas

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) participa en un acto para exigir a la Cámara de Diputados que apruebe la ley general sobre desaparición de personas. Foto: ONU DH México

13 de octubre, 2017 — La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudió la aprobación este jueves en el Congreso de la Ley general sobre desaparición de personas.

El representante del Alto Comisionado en México, Jan Jarab, destacó que la disposición contiene adelantos esenciales que servirán para restablecer los estándares internacionales y diversas recomendaciones de organizaciones internacionales de derechos humanos.

“Esta Ley penaliza la desaparición forzada y la desaparición por particulares; establece reglas para el combate a la impunidad, y crea el Sistema Nacional de Búsqueda, que aún con las limitaciones, resaltadas anteriormente, en un apartado crucial, contará con una institucionalidad especializada y diversas herramientas de operación”, indicó Jarab.

La Oficina del Alto Comisionado resaltó la importancia de contar con los recursos necesarios para la garantizar la aplicación efectiva de la ley e instó a la Presidencia de la República a promulgarla a la mayor brevedad posible para que entre en vigencia.


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Honduras: miles de familias desplazadas

Miles de desplazados en Honduras están siendo despojados de sus casas y tierras por un vacío legal

Vista de Tegucigalpa, la capital hondureña. En algunos vecindarios la violencia de pandillas está forzando a las familias a huir de sus hogares. Foto: ACNUR/Tito Herrera

29 de septiembre, 2017 — Miles de personas desplazadas por la violencia de pandillas en Honduras fueron despojadas de sus tierras y hogares debido a vacíos en la legislación de propiedad existente en ese país, asegura un nuevo informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Al menos 174.000 personas fueron desplazadas internamente entre 2004 y 2014 en 20 municipios urbanos de Honduras. Unas 7.000 aseguraron que el despojo y la ocupación de sus tierras y propiedades era la principal razón para huir.

“Considerando que el censo fue hecho solo en 20 municipalidades, nosotros pensamos que el número de desplazados internos por violencia y por despojo de tierra es mucho más alto”, declaró Francesca Fontanini, portavoz de ACNUR en las Américas.

Según el informe de la agencia, en contextos urbanos las pandillas destruyen y ocupan a la fuerza los hogares de miles de personas, y en el campo, donde se establecen las rutas de drogas, muchas familias han reportado presión para vender sus tierras a precios más bajos que los del mercado o han sido forzados a abandonar sus propiedades.

A falta de un registro organizado y legítimo de propiedades en el país, las familias a menudo tienen que luchar ante las autoridades para demostrar que son los dueños de sus propias casas o tierras.

Asimismo, las comunidades indígenas y afro-hondureñas reportaron al ACNUR haber sido sometidos a amenazas físicas al reclamar sus derechos colectivos y territoriales ante megaproyectos industriales, de infraestructura o turísticos.

“Es muy importante crear, primero, un sistema de registro de todas las tierras y casas abandonadas, de esta manera cuando alguien necesite protección se pueden tomar todas las medidas legales para garantizar sus derechos y para poner en práctica mecanismos para la restitución de la tierra”, agregó Fontanini.

El informe del ACNUR pide al gobierno hondureño fortalecer y defender los derechos humanos y territoriales de las personas desplazadas por la violencia y las comunidades indígenas y afro.

“La agencia de la ONU para los Refugiados sigue proporcionando un apoyo técnico al gobierno de Honduras en el diseño de la implementación de una respuesta en esta temática. Ya hemos empezado un proyecto piloto para identificar las casas y tierras abandonadas en un área de alto riesgo”, declaró la portavoz.

El ACNUR desplegó también un grupo de trabajo sobre la tierra y la vivienda con la participación de las comunidades afectadas y entidades gubernamentales clave.