El barco de rescate  “Open Arms” de la ONG española Proactiva Open Arms en misión en noviembre de 2017. © 2017 Pau Coll

(Milan) – Italia ha incautado un barco que estaba destinado al rescate de inmigrantes y ha amenazado con presentar cargos penales contra dos miembros de la tripulación y el coordinador de la organización después de que se negaran a entregar a los inmigrantes a las autoridades libias, ante sus temores de que fueran maltratados, dijo hoy Human Rights Watch.El 18 de marzo de 2018, un fiscal italiano en Catania, Sicilia, inmovilizó el barco “Open Arms” de la ONG española Proactiva Open Arms y está considerando presentar cargos de asociación delictiva por posible promoción de la migración ilegal después de que Proactiva se negara a trasladar a las personas rescatadas en aguas internacionales a una embarcación de patrulla libia. Todas las personas interceptadas por las fuerzas libias o entregadas a ellas son llevadas a Libia y confinadas en centros de detención.

“Proactiva actuó para salvar las vidas de los inmigrantes y evitó que sufrieran abusos en detención indefinida”, dijo Judith Sunderland, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch. “Es perverso que se intente retratar como un acto criminal la negativa (de la ONG) a entregar a estas víctimas a los guardacostas libios sabiendo que podrían sufrir posibles torturas y violaciones en centros de detención de Libia”.

Las leyes internacionales sobre derechos humanos y refugiados prohíben devolver a cualquier persona a un lugar donde corra un riesgo real de tortura o malos tratos: el principio de no devolución. Ayudar a las autoridades libias a capturar a inmigrantes en alta mar, cuando se sabe que los devolverá a un trato cruel, inhumano o degradante en detención arbitraria, expone a Italia y otros países de la Unión Europea (UE) implicados a los cargos de ayudar e instigar en graves violaciones de los derechos humanos durante la detención, señaló Human Rights Watch.

La estrategia de Italia para reducir la llegada de embarcaciones está en consonancia con el enfoque de la UE con respecto a la cooperación con Libia en materia migratoria. La UE está apoyando la capacitación y asistencia técnica a los guardacostas libios nominalmente bajo las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Acuerdo Nacional respaldado por la UE con sede en Trípoli, y quiere expandir esos esfuerzos. A pesar de la insistencia de la UE, la Organización Marítima Internacional aún no ha reconocido una zona libia de búsqueda y rescate, y Libia sigue careciendo de un centro de coordinación de rescate marítimo plenamente operativo.

Italia ha entregado cuatro embarcaciones de patrulla a los guardacostas libios. Las autoridades libias incluyeron el patrullero 648, que estuvo involucrado en este incidente y en una intervención letal en noviembre de 2017 que se cobró la vida de al menos 50 personas, según la organización no gubernamental alemana Sea-Watch.

Partiendo de un detallado informe del incidente proporcionado por Proactiva, el buque Open Arms respondió el 15 de marzo a un bote de goma abarrotado en aguas internacionales, a 73 millas náuticas de la costa libia. El Centro de Coordinación de Rescate Marítimo Italiano (IMRCC, por sus siglas en inglés) informó a Open Arms, después de que éste alcanzara la balsa de goma, de que las fuerzas libias estaban al mando de la operación, pero le dijo a la tripulación de Open Arms que utilizaran su juicio. Para la seguridad de los inmigrantes a bordo del bote de goma, Proactiva decidió proporcionarles a todos chalecos salvavidas y transferir a todas las mujeres y niños a los botes inflables de casco rígido de Proactiva; y se quedó cerca.

La embarcación de patrulla libia 648 llegó a la escena aproximadamente 30 minutos después. Anabel Montes, la coordinadora de búsqueda y rescate a bordo del Open Arms, dijo a Human Rights Watch que los oficiales de la guardia costera amenazaron por megáfono y radio, en inglés, con matar a la tripulación del barco Proactiva que albergaba a las mujeres y los niños si no los entregaban. Once hombres saltaron del bote de goma al agua y también fueron llevados a bordo por los barcos de Proactiva. En un momento dado, uno de los barcos de Proactiva quedó aprisionado entre la lancha patrullera libia y su bote de goma, y un agente libio desarmado se subió a bordo para convencer a la gente de que se trasladara a la embarcación patrulla. Sin embargo, ante la negativa de todos a cooperar, desistió.

Después de un enfrentamiento de tres horas, el equipo de Proactiva pudo transferir con seguridad a todas las mujeres, niños y hombres al buque Open Arms y continuar hacia el norte. Durante más de 24 horas, la tripulación no supo con seguridad dónde podrían desembarcar las personas rescatadas. El centro de coordinación de rescate marítimo italiano les dijo que Italia no había coordinado el rescate y que, por lo tanto, no era responsable.

El centro nacional de coordinación en Madrid, España, el país de la bandera del barco, les dijo que no podía ayudar porque Proactiva había realizado un rescate en la “zona de búsqueda y rescate de Libia”. Malta acordó evacuar a un bebé y a su madre por razones médicas. El gobierno español intercedió en nombre de Proactiva, e Italia finalmente autorizó el desembarco en Pozzallo, Sicilia, la mañana del 17 de marzo.

La amenaza de cargos penales contra Proactiva es la última de una serie de medidas para desacreditar a los grupos de rescate no gubernamentales, dijo Human Rights Watch. Grupos antiinmigrantes y algunos medios llevaron a cabo una campaña concertada de desprestigio en 2017. Carmelo Zuccaro, el fiscal siciliano que abrió la investigación contra Proactiva, fue noticia el año pasado con amplias acusaciones de complicidad entre grupos de rescate y redes de contrabando, aunque Zuccaro después reconoció en una investigación parlamentaria que no tenía pruebas de ninguna infracción.

Otro fiscal siciliano incautó en agosto el Iuventus, un barco operado por el grupo alemán Jugend Rettet, y todavía está llevando a cabo una investigación sobre la presunta facilitación de la migración irregular. El gobierno italiano impuso un código de conducta en julio a los grupos de rescate que tiene el doble propósito de implicar que necesitan ser administrados y restringir su capacidad para operar de manera efectiva.

“Es escandaloso que Europa haya llegado al punto de criminalizar el rescate en el mar”, aseguró Sunderland. “Los europeos deberían apoyar, no difamar, a las personas que salvan vidas en el Mediterráneo, y recordar que las políticas de la UE e Italia están apuntalando un ciclo de detención y violencia en Libia, mientras que grupos como Proactiva están salvando vidas”.