«Frente a la inmensidad y omnipresencia de los actuales sistemas económico-financieros, nos podemos sentir tentados a resignarnos al cinismo y a pensar que, con nuestras pobres fuerzas, no podemos hacer mucho. En realidad, cada uno de nosotros puede hacer mucho, especialmente si no se queda solo». Es la conclusión del documento “Oeconomicae et pecuniariae quaestiones”, aprobado por el Papa Francisco y redactado por la Congregación para la Doctrina de la Fe y por el Dicasterio para el Servicio al Desarrollo Humano Integral, que propone «consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero». El texto identifica riesgos, injusticias e inmoralidades en el actual sistema. Pero sugiere también soluciones: pide mayores reglas para que todos tengan garantías, propone un impuesto mundial sobre las transacciones “offshore” (que podría resolver el problema del hambre en el mundo) e invita a llevar a cabo cambios estructurales para resolver el problema de la deuda pública de muchos países.
La primera parte del documento se ocupa de los fundamentos éticos. El orden ético, «arraigado en la sabiduría de Dios Creador», es «el fundamento indispensable para edificar una comunidad digna de los hombres, regulada por leyes inspiradas en la justicia real». Reconociendo que «el bienestar económico global», sin duda, «ha aumentado en la segunda mitad del siglo XX», se constata que «al mismo tiempo han aumentado las desigualdades entre los distintos países y dentro de ellos. El número de personas que viven en pobreza extrema sigue siendo enorme».
«La reciente crisis financiera –se lee en el texto– era una oportunidad para desarrollar una nueva economía más atenta a los principios éticos y a la nueva regulación de la actividad financiera»; sin embargo, a pesar de algunos esfuerzos positivos, «no ha habido ninguna reacción que haya llevado a repensar los criterios obsoletos que continúan gobernando el mundo. Por el contrario, a veces parece volver a estar en auge un egoísmo miope y limitado a corto plazo». Por ello se necesita «una ética amiga de la persona», una visión del ser humano «entendido como sujeto constitutivamente incorporado en una trama de relaciones»: el progreso no puede ser medido «solo con parámetros de cantidad y eficacia en la obtención de beneficios, sino que tiene que ser evaluado también en base a la calidad de vida que produce». El bienestar no puede ser valorado solamente según el PIB, por lo que se requieren otros parámetros, como «la seguridad, la salud, el crecimiento del “capital humano”, la calidad de la vida social y del trabajo».
El documento indica que la libertad «de la que gozan, hoy en día, los agentes económicos, entendida en modo absoluto y separado de su intrínseca referencia a la verdad y al bien, tiende a generar centros de supremacía y a inclinarse hacia formas de oligarquía, que en última instancia perjudican la eficiencia misma del sistema económico». La política parece impotente ante las grandes redes económico-financieras supranacionales: «Esto hace hoy más que nunca urgente una alianza renovada entre los agentes económicos y políticos».
No es posible hacer finta de no ver que los mercados no son capaces de regularse por sí mismos: «de hecho, estos no son capaces de generar los fundamentos que les permitan funcionar regularmente (cohesión social, honestidad, confianza, seguridad, leyes…), ni de corregir los efectos externos negativos (“diseconomy”) para la sociedad humana (desigualdades, asimetrías, degradación ambiental, inseguridad social, fraude…)»
Y no son suficientes las «buenas y correctas intenciones» de los agentes: no es posible «ignorar que en la actualidad la industria financiera, debido a su omnipresencia y a su inevitable capacidad de condicionar y, en cierto sentido, de dominar la economía real, es un lugar donde los egoísmos y los abusos tienen un potencial sin igual para causar daño a la comunidad». Hay muchos casos de «inmoralidad próxima», que generan «abusos y fraudes, especialmente en perjuicio de la contraparte en desventaja». Por ejemplo, «comercializar algunos productos financieros, en sí mismos lícitos, en situación de asimetría, aprovechando las lagunas informativas o la debilidad contractual de una de las partes», como a menudo sucede cuando el cliente suscribe productos financieros sin estar al corriente de sus riesgos reales.
También la “financialización” del mundo de la empresa, «en sí mismo un hecho positivo», «implica hoy el riesgo de provocar una mala financiación de la economía, haciendo que la riqueza virtual, concentrándose principalmente en transacciones marcadas por un mero intento especulativo», que atraen «excesivas cantidades de capitales, sustrayéndolas al mismo tiempo a los circuitos virtuosos de la economía real». El rendimiento del capital «asecha de cerca y amenaza con suplantar la renta del trabajo, confinado a menudo al margen de los principales intereses del sistema económico».
El documento recuerda «la función social insustituible del crédito» y deplora la aplicación de tasas de interés «excesivamente altas» que contaminan el sistema económico y representan, en los hechos, prácticas de usura. En cambio, son positivas y deben ser favorecidas «realidades como el crédito cooperativo, el microcrédito, así como el crédito público al servicio de las familias, las empresas, las comunidades locales y el crédito para la ayuda a los países en desarrollo». Por el contrario, es inaceptable lucrar a expensas de los demás o perturbando el bienestar colectivo, como desgraciadamente sucede «cuando unos pocos –por ejemplo, importantes fondos de inversión– intentan obtener beneficios, mediante una especulación encaminada a provocar disminuciones artificiales de los precios de los títulos de la deuda pública, sin preocuparse de afectar negativamente o agravar la situación económica de países enteros». En relación con las enormes deudas públicas que han acumulado diferentes naciones, se afirma que «los Estados están llamados a revertir la situación con una adecuada gestión del sistema público, mediante sabias reformas estructurales».
Por ello, hay que apostar por la «salud del sistema económico internacional», evitando las contaminaciones de «instrumentos económico-financieros poco confiables». Es necesario «introducir una certificación de las autoridades públicas para todos los productos que provienen de la innovación financiera», y es urgente «una coordinación supranacional entre las diferentes arquitecturas de los sistemas financieros locales». La salud del sistema depende de su “biodiversidad”, que garantiza «a los mercados la presencia de una pluralidad de sujetos e instrumentos sanos, con riqueza y diversidad de caracteres».
Es más que nunca necesaria una reglamentación debido a la dimensión «supranacional del sistema económico» que permite «burlar fácilmente las reglas establecidas por los distintos países». Por ello, el documento espera que haya y se mantenga «una coordinación estable, clara y eficaz entre las diversas autoridades nacionales de regulación de los mercados», y recuerda que en donde «se ha practicado una desregulación masiva» se han verificado «burbujas especulativas», «repentinos colapsos ruinosos» y crisis sistémicas.
Para evitar estas crisis, sugiere la Santa Sede, habría que «establecer, para los intermediarios bancarios de crédito, una clara definición y la separación de la gestión de cartera de créditos comerciales y aquel destinado a la inversión o a la negociación de cartera propia». Cada inversor debería saber por anticipado si «si los propios capitales son usados con fines especulativos o no».
El documento indica que son moralmente criticables «los excesivos movimientos del portafolio de títulos, con el propósito principal de incrementar los ingresos generados por las comisiones del intermediario», sobre todo cuando se piensa en las ganancias y no en las exigencias del cliente. Por ello es necesario invertir esta tendencia y, en este sentido, sería más que pertinente instituir «Comités éticos, que funcionasen junto a los Consejos de Administración». El documento alude a ejemplos negativos, como los «títulos de crédito de alto riesgo», que enriquecen a los intermediarios pero crean «fácilmente insolvencia», generando (como en el caso de la titulación de hipotecas “subprime”) «intoxicación en amplios sectores y dificultades potencialmente sistémicas». Es urgente, pues, «una regulación y evaluación pública “super partes” del comportamiento de las agencias de rating del crédito».
El documento también se refiere a los “credit default swap” (CDS), que al transferir el riesgo de crédito apuestan por el fracaso de las empresas, que han favorecido el «crecimiento de una finanza de riesgo y de apuestas sobre la quiebra de terceros», provocando «grandes daños a países enteros y a millones de familias» con acciones «sumamente inmorales»., lo que resulta inaceptable desde el punto de visto ético.
Se subraya también la importancia de que los bancos cuenten con «órganos internos que garanticen el adecuado control de conformidad (“compliance”)» y con normas que declaren «ilegítimos, con la consiguiente responsabilidad patrimonial de todos los sujetos imputables, aquellos actos cuyo propósito sea principalmente la elusión de la normativa vigente». Entre otros, se cita como ejemplo negativo «la concesión de préstamos por parte de un intermediario bancario, subordinada a la simultánea subscripción de otros productos financieros quizás no favorables al cliente». Una referencia a la historia reciente, tristemente conocida, de varios institutos bancarios que han dejado en la calle a muchos pequeños ahorradores.
Además, el documento invita a no ignorar los sistemas bancarios colaterales (“Shadow banking system”), que «han determinado de hecho una pérdida de control sobre el sistema por parte de diversas autoridades de vigilancia nacionales». Es importante el pasaje del documento dedicado a los grandes sujetos del comercio mundial «que reducen drásticamente su carga fiscal transfiriendo los ingresos de un lugar a otro, dependiendo de lo que les convenga, transfiriendo los beneficios a los paraísos fiscales y los costos a los países con altos impuestos». Estas actividades han restado recursos fundamentales a al economía real y han generado sistemas económicos basados en la desigualdad.
No es posible ignorar que esas sedes “offshore”, en varias ocasiones, se han convertido en lugares «de lavado de dinero “sucio”, es decir, fruto de ganancias ilícitas (robo, fraude, corrupción, asociación criminal, mafia, botín de guerra…)». De cualquier manera, «precisamente la elusión fiscal de los principales actores que se mueven en los mercados, especialmente los grandes intermediarios financieros, lo que representa una abominable sustracción de recursos a la economía real y un daño para toda la sociedad civil».
La propuesta concreta que plantea el documento es la siguiente: «se ha calculado que bastaría un impuesto mínimo sobre las transacciones offshore para resolver gran parte del problema del hambre en el mundo: ¿por qué no hacerlo con valentía?». El sistema “offshore”, «en los países con economías menos desarrolladas», «ha empeorado la deuda pública», frente a las riquezas acumuladas en los paraísos fiscales por sujetos privados que «tienden a buscar la socialización de las pérdidas, frecuentemente, con la connivencia de los políticos».
Para concluir, el documento juzga positivamente todo lo que se mueve “desde abajo”, como las redes de consumidores o la posibilidad de «votar con la cartera», y orientándose para elegir «bienes de consumo detrás de los cuales hay un proceso éticamente digno». Se trata, pues, de «votar diariamente en el mercado a favor de lo que ayuda al verdadero bienestar de todos nosotros y rechazar lo que lo perjudica». Y lo mismo vale para el ahorro, que debería dirigirse hacia las «empresas que operan con criterios claros, inspirados en una ética respetuosa del hombre entero y de todos los hombres y en un horizonte de responsabilidad social».
No hay que resignarse a la “omnipresencia” del actual sistema económico-financiero, porque «cada uno de nosotros puede hacer mucho, especialmente si no se queda solo […] Hoy más que nunca, todos estamos llamados a vigilar como centinelas de la vida buena y a hacernos intérpretes de un nuevo protagonismo social». Con esta exigencia de establecer nuevas reglas para tutelar principalmente a los más débiles, para llevar a cabo reformas estructurales y dar valor a las experiencias positivas existentes, el documento, que provocará discusiones entre los fanáticos de la “des-regularización” y de los mercados que se “auto-gobiernan”, forma parte de un proceso nuevo, para llevar a cabo “desde abajo” un eco-sistema económico-financiero en el cual el impacto social y el bien común no sean solamente palabras vacías o elementos publicitarios. Hace pocos días se anunció el nacimiento de la Fundación “Quadragesimo anno”, durante un congreso en la Universidad Lateranense: pretende crear un sistema de certificación para inversiones y para empresas según los criterios de la Doctrina Social de la Iglesia.
Loiola XXI 