Loiola XXI

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USA: el racismo y la iglesia católica.

Catholic bishops take on racism in society and the church

This article appears in the USCCB Fall 2017 feature series. View the full series.

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Bishop George Murry of Youngstown, Ohio, chair of the U.S. bishops’ Ad Hoc Committee Against Racism, listens Nov. 13 during the fall general assembly of the U.S. Conference of Catholic Bishops in Baltimore. (CNS/Bob Roller)

BALTIMORE — The head of the U.S. Catholic bishops’ anti-racism task force told his colleagues that racism “lives in a particular and pernicious way” in the United States.

“Christ wishes to break down the walls created by the evils of racism,” Bishop George Murry of Youngstown told the bishops on Monday (Nov. 13) as they gathered in Baltimore for their annual November meeting.

“Racism still exists and has found a troubling resurgence in recent years,” he said, noting the “white supremacists and neo-Nazis [who] marched with hate-inspired messages in Charlottesville, Virginia,” in August.

“The hatred that is often in hiding for some was on full display,” said Murry, who is African-American.

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Murry is chair of the U.S. Bishops Ad Hoc Committee Against Racism, which was established after Charlottesville by Cardinal Daniel DiNardo, archbishop of Galveston-Houston and president of the U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB).

Without naming names, Murry acknowledged that “some leaders and institutions within the Church have, at times, been part of the problem or failed to live up to our teaching in resisting racism.”

“But the Church as an institution and Catholics in all walks of life have also dedicated themselves, arm-in-arm with many others, to rooting out racism throughout the years,” he said.

He recalled the 1979 pastoral letter, “Brothers and Sisters to Us,” where the U.S. Bishops wrote: “Racism is a sin: a sin that divides the human family, blots out the image of God among specific members of that family, and violates the fundamental human dignity of those called to be children of the same Father.”

Since its creation in August, the Ad Hoc Committee has worked with the USCCB staff to produce resources to assist in preaching and teaching against racism, some of which is available on the USCCB website.

The committee is also planning a national ecumenical and interfaith convening to take place in 2018, reported Murry. “This event is meant to begin a series of listening sessions and dialogues about racism within and outside of the Church, including its roots and impacts — spiritual and civil, individual and structural.”

Murry also reported meeting with members of Congress and their staffs to “learn about the work that is already being done, as we consider ideas about how best to go forward.”

[Jesuit Fr. Thomas Reese is a columnist for Religion News Service and author of Inside the Vatican: The Politics and Organization of the Catholic Church.]

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Los Rohingya y el régimen de Myanmar. Dura condena de Amn. Int.

Myanmar: La población rohingya, atrapada en un régimen deshumanizador de apartheid

Personas refugiada rohingyas esperan durante horas en una línea de distribución en el Thaing Kali Refugee Camp, Bangladesh. Copy: AI
  • La población rohingya sufre segregación y abusos en una “prisión al aire libre”.
  • Una investigación de dos años revela las causas fundamentales de la actual crisis en el estado de Rajine.
  • El sistema de discriminación constituye el crimen de lesa humanidad de apartheid.
  • Amnistía Internacional hace campaña para que esta situación cambie.

El pueblo rohingya de Myanmar está atrapado en un cruel sistema de discriminación institucionalizada y patrocinada por el Estado que constituye apartheid, declaró hoy Amnistía Internacional con motivo de la publicación de un importante nuevo análisis de las causas fundamentales de la crisis actual del estado de Rajine.

El informe, titulado Caged without a roof, contextualiza la reciente oleada de violencia en Myanmar, en la que las fuerzas de seguridad mataron a personas rohingyas, incendiaron pueblos enteros reduciéndolos a ceniza y forzaron a huir a Bangladesh a más de 600.000 personas.

Esta investigación de dos años revela que las autoridades limitan rigurosamente casi todos los aspectos de la vida de las personas rohingyas en el estado de Rajine confinándolas a una existencia similar a la que se vive en un gueto, en la que tienen dificultades para acceder a la atención médica y la educación y, en algunas zonas, incluso para salir de su pueblo. La situación actual cumple todos los requisitos de la definición legal del crimen de lesa humanidad de apartheid.

“Las autoridades de Myanmar mantienen a las mujeres, hombres y niños y niñas rohingyas segregados e intimidados en un sistema deshumanizador de apartheid. Se violan sus derechos a diario y la represión se ha intensificado aún más en los últimos años”, afirmó Anna Neistat, directora general de Investigación de Amnistía Internacional.

“Este sistema parece concebido para hacer que la vida de las personas rohingyas sea lo más desesperada y humillante posible. La brutal campaña de limpieza étnica de las fuerzas de seguridad de los últimos tres meses no es más que otra manifestación extrema de esta actitud atroz.

“Aunque puede que estas violaciones de derechos no sean tan visibles como las que han ocupado los titulares en los últimos meses, son igual de terribles. Hay que abordar las causas fundamentales de la crisis actual para acabar con el ciclo de abusos y permitir que las personas refugiadas rohingyas vuelvan a una situación en la que se respeten sus derechos y su dignidad”.

Amnistía Internacional hace campaña para que esta situación cambie, recogiendo firmas a través de su centro de activismo on line.

El estado de Rajine: una prisión al aire libre

Aunque la población rohingya lleva decenios sufriendo en Myanmar una discriminación sistemática patrocinada por el gobierno, la investigación de Amnistía Internacional revela que esta represión se intensificó enormemente a partir de 2012, cuando se extendió en el estado la violencia entre las comunidades budista y musulmana.

La comunidad rohingya del estado de Rajine está básicamente aislada del mundo exterior y sometida a severas restricciones a su libertad de circulación que la confinan en sus pueblos y municipios. Estas restricciones se imponen a través de una intrincada red de leyes nacionales, “órdenes locales” y políticas que implementan las autoridades del estado exhibiendo un comportamiento abiertamente racista.

Una norma en vigor en todo el estado de Rajine establece claramente que las “personas extranjeras” y las “razas bengalíes [término peyorativo para los rohingyas]” necesitan permisos especiales para viajar entre municipios. En el norte del estado de Rajine, donde vivía la mayoría de la población rohingya hasta el reciente éxodo, incluso los desplazamientos entre pueblos están severamente restringidos por un sistema de permisos. En los últimos cinco años, se imponen cruel y continuamente toques de queda arbitrarios en las zonas predominantemente rohingyas.

En el centro del estado de Rajine, la población rohingya está rigurosamente encerrada en sus pueblos y en campos para personas desplazadas. En algunas zonas no se la permite usar las carreteras y sólo puede desplazarse  por vías fluviales y únicamente a otros pueblos musulmanes.

Para las personas rohingyas que logran un permiso para viajar en el norte del estado de Rajine, los frecuentes controles, atendidos en su mayoría por la Policía de Fronteras, son un peligro constante donde es habitual que sufran acoso, agresiones físicas y detención, y se las obligue a pagar sobornos.

Un hombre rohingya contó los abusos que presenció cuando la policía detuvo el autobús en el que viajaba: “Había cuatro policías en total, dos de ellos pegaban con un bastón a la gente en la espalda, los hombros y los muslos. Otro abofeteó a la señora cuatro o cinco veces. […] Después de eso se los llevaron a la comisaría de policía”.

Mientras investigaban para el informe, el equipo de Amnistía Internacional vio en un control a un policía de fronteras dando puntapiés a un rohingya y documentó al menos un caso de ejecución extrajudicial en el que agentes de la Policía de Fronteras mataron a tiros a un joven de 23 años que viajaba durante el toque de queda.

Durante la oleada de violencia de 2012, decenas de miles de personas rohingyas fueron expulsadas de las zonas urbanas del estado de Rajine, especialmente de Sittwe, la capital del estado, donde quedan en la actualidad alrededor de 4.000 que viven en una zona similar a un gueto, cerrada con barreras de alambre de espinos y controles policiales. Si tratan de salir, corren el riesgo de ser detenidas o de sufrir violencia a manos de la comunidad circundante.

Una vida al límite de la supervivencia

Las restricciones a la circulación están teniendo un impacto demoledor en la vida cotidiana de cientos de miles de personas rohingyas a las que se ha empujado al límite de la supervivencia.

Mientras que la calidad de los hospitales y clínicas del estado de Rajine es en general precaria para todas las comunidades, el acceso de la población rohingya a la atención médica se encuentra con graves obstáculos, a menudo mortales.

La población rohingya tiene prohibido el acceso al hospital de Sittwe, el centro médico de mayor calidad del estado de Rajine, salvo para casos de extrema gravedad. Incluso entonces necesitan un permiso de las autoridades del estado de Rajine y viajar escoltados por la policía. En el norte del estado de Rajine, muchas personas no tienen más opción que ir a Bangladesh para acceder a la atención médica que necesitan, pero este viaje es muchas veces prohibitivo para todas las familias salvo para las más acomodadas.

Un hombre de unos 50 años contó: “Quería ir al hospital de Sittwe para recibir tratamiento médico, pero está prohibido, el personal del hospital me dijo que no podía ir allí por mi propia seguridad y que tenía que ir a Bangladesh a recibir tratamiento. Eso es muy caro. Mi hermano tiene muchos arrozales y bueyes, y tuvo que vender algunos para pagar mi viaje. Tuve suerte… la mayoría de la gente no puede pagárselo y terminan muriéndose”.

Fuera del estado de Rajine, la población rohingya sólo tiene acceso a algunos centros médicos, donde ha de estar en “salas para musulmanes” custodiadas por la policía. Un trabajador de ayuda humanitaria comparó una de estas salas con un “hospital penitenciario”.

Varias personas rohingyas contaron que habían tenido que pagar sobornos al personal del hospital y a los policías para llamar a sus familiares o comprar comida del exterior. Otras evitaban totalmente los hospitales por miedo a sufrir abusos a manos del personal médico y de enfermería o porque pensaban que no las atenderían.

“Negar a la población rohingya el acceso a la atención médica es aberrante; hablamos con mujeres que dijeron que preferían dar a luz en casa, en condiciones insalubres, que correr el riesgo de sufrir abusos y extorsión en los hospitales”, dijo Anna Neistat.

Desde 2012, las autoridades de Myanmar han endurecido las restricciones impuestas al acceso a la educación de la población rohingya. En grandes partes del estado de Rajine, los niños y niñas rohingyas ya no pueden asistir a las escuelas estatales antes mixtas, al mismo tiempo que el personal docente del gobierno suele negarse a viajar a las zonas musulmanas.

Con la educación superior en gran medida fuera del alcance de los rohingyas, muchas personas con las que habló Amnistía Internacional expresaron su desánimo y

Las restricciones más rigurosas a los viajes también han afectado a las posibilidades de gran parte de la población rohingya de ganarse la vida o llevar suficiente comida a casa. Quienes venden productos no pueden acceder a las rutas comerciales y a los mercados, y a menudo se impide a los agricultores que trabajen en sus campos. La malnutrición y la pobreza se han convertido en norma entre la población rohingya en las zonas afectadas, situación que las autoridades han agravado al limitar severamente el acceso de la ayuda humanitaria.

“Es muy difícil en este momento porque no tenemos bastante para comer. Estaríamos mejor en la cárcel o en prisión porque al menos entonces tendríamos comida periódicamente. De todos modos es como si viviéramos en prisión”, dijo un rohingya de 25 años.

La prohibición de reuniones de más de cuatro personas, que se aplica específicamente en las zonas de mayoría musulmana, también supone que la población rohingya —en su inmensa mayoría musulmana— no puede practicar de hecho su religión en grupo. Las autoridades de Myanmar también han cerrado mezquitas, dejando que se deterioren los lugares de culto musulmanes.

Negación de la ciudadanía

La discriminación contra la población rohingya se basa en que ésta carece de derechos legales en Myanmar y se articula alrededor de una serie de leyes y prácticas discriminatorias —especialmente la Ley de Nacionalidad de 1982— que niegan de hecho la nacionalidad a la población rohingya debido a su etnia.

La investigación de Amnistía Internacional revela también que las autoridades de Myanmar han lanzado una campaña deliberada para despojar a la población rohingya incluso de las limitadas formas de identificación con las que cuentan. Desde 2016, el gobierno dificulta enormemente que las personas rohingyas inscriban a los recién nacidos en las “listas de hogares” que a menudo son la única prueba que tienen las familias rohingyas de que residen en Myanmar. Mientras tanto, en el norte del estado de Rajine, quienes no están en su domicilio durante las “comprobaciones de población” anuales corren el riesgo de ser borrados totalmente de los registros oficiales.

Una consecuencia de esta campaña es que es casi imposible que las personas rohingyas que han huido del país regresen a su casa, lo que es especialmente preocupante dado que las operaciones militares de 2016 y 2017 han empujado a casi 700.000 personas a huir a Bangladesh, donde viven en campos para personas refugiadas en condiciones desesperadas.

“Hay que devolver urgentemente los derechos y la condición jurídica de las personas rohingyas, y reformar cuanto antes las discriminatorias leyes de nacionalidad, tanto para quienes permanecen en el país como para las que desean regresar. No se puede pedir a los hombres y mujeres rohingyas que han huido de la persecución en Myanmar que vuelvan a un sistema de apartheid”, dijo Anna Neistat.

Desmantelar el sistema de apartheid

Tras un exhaustivo análisis jurídico de este amplio conjunto de pruebas, Amnistía Internacional concluye que el trato que dispensan las autoridades de Myanmar a la población rohingya constituye apartheid, definido como crimen de lesa humanidad en la Convención contra el Apartheid y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Myanmar tiene la obligación legal de desmantelar el sistema de apartheid en el estado de Rajine y debe garantizar asimismo la rendición de cuentas de los responsables de cometer actos que constituyen crímenes de lesa humanidad.

“El estado de Rajine es la escena de un crimen. Y ya lo era mucho antes de la cruel campaña de violencia militar de los últimos tres meses. Este aberrante sistema de discriminación y segregación impregna todos los aspectos de la vida de la población rohingya y salvo que se tomen medidas inmediatas para desmantelarlo, seguirá vigente mucho tiempo después de que termine la campaña militar”, declaró Anna Neistat.

“Las autoridades no pueden alegar argumentos huecos sobre la necesidad de ‘seguridad’ o de combatir el ‘terrorismo’ para imponer más restricciones a la población rohingya. La represión es ilegítima y totalmente desproporcionada. Los crímenes de lesa humanidad no pueden justificarse nunca, ni como ‘medidas de seguridad’ ni por ningún otro motivo”.

“La comunidad internacional debe despertar de esta pesadilla diurna y afrontar la realidad de lo que lleva ocurriendo desde hace años en el estado de Rajine. Aunque una parte importante de la solución es el desarrollo, éste no se puede llevar a cabo de un modo que afiance aún más la discriminación. La comunidad internacional, y en especial los donantes, deben garantizar que su intervención no los convierte en cómplices de estas violaciones de derechos”.

Información complementaria: ¿Qué es el apartheid?

En virtud de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, el apartheid es un crimen de lesa humanidad que abarca diversos actos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominio sistemáticos de un grupo racial sobre otro grupo o grupos raciales con la intención de mantener dicho régimen.

Los actos concretos cometidos en este contexto y tipificados como apartheid van desde actos abiertamente violentos, como el asesinato, la violación y la tortura, a medidas legislativas, administrativas y de otra índole calculadas para impedir que un grupo o grupos raciales participen en la vida política, social, económica y cultural del país y negarles los derechos humanos y libertades fundamentales. Un ejemplo claro de esta combinación de actos normativos y actos violentos por parte de las autoridades del estado de Rajine son las restricciones extremas a la libertad de circulación de la población rohingya, que constituyen el crimen de “privación grave de la libertad física”, definido en el Estatuto de Roma.


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USA: algunos síntomas de racismo en la Iglesia católica: artículo de Thomas Reese, jesuita

Catholic bishops take on racism in society and the church

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Bishop George Murry of Youngstown, Ohio, chair of the U.S. bishops’ Ad Hoc Committee Against Racism, listens Nov. 13 during the fall general assembly of the U.S. Conference of Catholic Bishops in Baltimore. (CNS/Bob Roller)

BALTIMORE — The head of the U.S. Catholic bishops’ anti-racism task force told his colleagues that racism “lives in a particular and pernicious way” in the United States.

“Christ wishes to break down the walls created by the evils of racism,” Bishop George Murry of Youngstown told the bishops on Monday (Nov. 13) as they gathered in Baltimore for their annual November meeting.

“Racism still exists and has found a troubling resurgence in recent years,” he said, noting the “white supremacists and neo-Nazis [who] marched with hate-inspired messages in Charlottesville, Virginia,” in August.

“The hatred that is often in hiding for some was on full display,” said Murry, who is African-American.

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Murry is chair of the U.S. Bishops Ad Hoc Committee Against Racism, which was established after Charlottesville by Cardinal Daniel DiNardo, archbishop of Galveston-Houston and president of the U.S. Conference of Catholic Bishops (USCCB).

Without naming names, Murry acknowledged that “some leaders and institutions within the Church have, at times, been part of the problem or failed to live up to our teaching in resisting racism.”

“But the Church as an institution and Catholics in all walks of life have also dedicated themselves, arm-in-arm with many others, to rooting out racism throughout the years,” he said.

He recalled the 1979 pastoral letter, “Brothers and Sisters to Us,” where the U.S. Bishops wrote: “Racism is a sin: a sin that divides the human family, blots out the image of God among specific members of that family, and violates the fundamental human dignity of those called to be children of the same Father.”

Since its creation in August, the Ad Hoc Committee has worked with the USCCB staff to produce resources to assist in preaching and teaching against racism, some of which is available on the USCCB website.

The committee is also planning a national ecumenical and interfaith convening to take place in 2018, reported Murry. “This event is meant to begin a series of listening sessions and dialogues about racism within and outside of the Church, including its roots and impacts — spiritual and civil, individual and structural.”

Murry also reported meeting with members of Congress and their staffs to “learn about the work that is already being done, as we consider ideas about how best to go forward.”


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Colombia: el Papa en Cartagena.

El Papa bendice la primera piedra de las casas para los sin techo y encuentra a la comunidad afroamericana de San Pedro Claver

2017-09-10 Radio Vaticana

 

Este 10 de septiembre, durante su última jornada en Colombia, el  Papa Francisco se despidió muy temprano de la Nunciatura Apostólica de Bogotá para dirigirse a Cartagena, la cuarta ciudad de su recorrido en tierra colombiana. El avión que llevaba al Pontífice recorrió 653 km para aterrizar, en el aeropuerto internacional Rafael Núñez de Cartagena, una hora y media después. Allí, el Pontífice fue recibido por el Arzobispo de la ciudad, Mons. Jorge Enrique Jiménez Carbajal, el gobernador, el alcalde y algunas Autoridades Militares.

Antes de subir al automóvil que lo llevó hacia la Plaza de San Francisco, el Santo Padre se detuvo en el hangar donde unos 300 jóvenes representaron una coreografía inspirada a los temas de la dignidad de la persona y del valor de la radicalización de la cultura local.

Llegado a la plaza San Francisco de Asís, que forma parte del complejo del Convento del mismo nombre construido en 1560, el Obispo de Roma bendijo la primera piedra de las casas para los sin techo y de la obra “Talitha Qum”, la Red Internacional de la Vida Consagrada contra la trata de personas.

Después de visitar una casa de la Obra, la etapa sucesiva en el recorrido del Papa será la visita a la Casa Santuario de San Pedro Claver, cuya memoria litúrgica se celebró ayer, 9 de septiembre. La Iglesia y el monasterio dedicados al Santo jesuita,  apóstol entre los negros deportados, pertenece a la Compañía de Jesús. La Iglesia, además de su relevancia histórica y religiosa, es considerada una de las joyas arquitectónicas más representativas de la ciudad colonial.

Allí, ante la Iglesia donde el Santo “defensor de los esclavos afroamericanos” transcurrió sus últimos años de vida y que hoy es meta de peregrinaciones, el Papa Francisco rezará el Ángelus a la Madre de Dios y se detendrá en oración ante las reliquias del “santo esclavo de los negros”, acompañado por el calor y el afecto de unas 300 personas pertenecientes a la comunidad afroamericana, asistida por los padres jesuitas.

(MCM– RV)


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Líder ONU critica a Trump por sus declaraciones sobre racismo y libertad de prensa.

Zeid advierte que las declaraciones del presidente de EE.UU pueden tener repercusiones peligrosas

Zeid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Foto: ONU/Jean-Marc Ferré

30 de agosto, 2017 — El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calificó como abominable la manifestación de supremacistas blancos y neonazis en Charlottesville, en Estados Unidos, y aseguró que el presidente de ese país no lo condenó como merecía.

Durante una conferencia de prensa este miércoles en Ginebra, Zeid Ra’ad Al Hussein destacó un informe de su Oficina que reporta un fuerte aumento de los ataques antisemitas en Estados Unidos y señaló que los comentarios de Donald Trump referentes a las mujeres, los mexicanos, los musulmanes y las personas transgénero tienen repercusiones peligrosas.

“El presidente se enorgullece de ser vanguardista y romper con los tabús y sus partidarios lo ven como tal, pero eso tiene consecuencias ya que de alguna manera exhorta a quienes piensan de manera similar a que agudicen sus ataques contra las comunidades diferentes a ellos”, aseguró Zeid.

El jefe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU también advirtió que la demonización de los medios de comunicación de Trump está teniendo repercusiones a nivel mundial.

Zeid mencionó el ataque a un periodista que cubría las protestas de Charlottesville y agregó que las declaraciones del presidente estadounidense son citadas como ejemplo en Camboya, donde se están revocando las licencias de varios medios y programas de radio.

El Alto Comisionado recordó que la libertad de prensa es una parte vital de la Constitución de Estados Unidos y afirmó estar sorprendido de que en vez de estar defendiendo este derecho, los medios estén bajo ataque del propio presidente del país.


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Arzobispo de Los Angeles: contra toda forma de racismo.

Arzobispo de Los Ángeles: “No hay lugar en la Iglesia para racismo y nacionalismo”

Monseñor Gómez, comentando los hechos de Charlottesville, exhorta a los católicos a ser «instrumento de unidad» y a no caer en ideologías «que niegan la igualdad y la dignidad humana»
AP

Manifestación contra el racismo en Estados Unidos

Pubblicato il 23/08/2017
Ultima modifica il 23/08/2017 alle ore 12:17
REDACCIÓN
ROMA

«En nuestro país estamos viendo un nuevo tipo de racismo y nacionalismo. Es un racismo y un nacionalismo que se origina en el temor». Es la preocupación del arzobispo de Los Ángeles, monseñor José Gómez, quien durante la homilía del domingo 20 de agosto en dos parroquias diferentes comentó los hechos de Charlottesville (en Virginia), en donde grupos de nacionalistas blancos se manifestaron el pasado 11 de agosto para «defender la raza blanca de la negra». Después de la manifestación estallaron violentos enfrentamientos.

 

Según el religioso, «hay temor por lo que está sucediendo en nuestra sociedad.

Hay temor por lo que está sucediendo en nuestra economía. En muchas diferentes áreas, nuestro país ha llegado a ser un país indignado, amargado, dividido». Por ello exhortó a los católicos a trabajar y comprometerse para superar estas nuevas formas de «racismo y toda ideología que niegue la igualdad y la dignidad de la persona humana». Los católicos, añadió, están llamados a ser «un verdadero signo e instrumento de sanación y de unidad».

 

«No hay lugar en la Iglesia (y no hay un lugar en la sociedad estadounidense) para el racismo; no hay lugar para la discriminación a las personas por motivo del color de su piel o de su nacionalidad», dijo monseñor Gómez. «El Evangelio –recordó– nos enseña, y los santos también nos lo muestran, que, más allá del color de nuestra piel o de los países de donde provenimos, todos somos hermanos y hermanas. Todos somos hijos de un solo Padre. Y todos tenemos a la Madre de Dios como nuestra madre».

 

El pastor de Los Ángeles intervino también sobre el debate nacional para reformar las leyes migratorias en el país, que, subrayó, estuvo caracterizado por «el racismo». «¡Esto es algo completamente equivocado y tiene que desaparecer por completo! Nuestra tarea –sentenció– es reunir a la gente, construir puentes, abrir puertas y forjar amistades. ¿No es acaso eso lo que vemos que Jesús hace en el Evangelio?». El arzobispo concluyó pidiendo oraciones por la nación y por toda la Iglesia estadounidense.

 


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ONU pide rechazo categórico de todas las formas de racismo.

Comité de la ONU critica la falla de Estados Unidos “al más alto nivel político” para rechazar el racismo

ONU insta a poner fin a la discriminación racial. Foto: Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

23 de agosto, 2017 — El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial conminó hoy al gobierno de Estados Unidos, al igual que a los políticos de más alto nivel, a condenar y rechazar el discurso del odio y los crímenes racistas ocurridos recientemente en la localidad de Charlottesville, que dejaron a una persona muerta.

El Comité actuó bajo su procedimiento de alerta temprana y acción urgente que se encarga de vigilar la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial.

Los integrantes del grupo expresaron “alarma” por las manifestaciones de grupos racistas donde se corean consignas xenófobas, se elogia a los neonazis y al Ku Klux Klan, se promueve la supremacía blanca y se insta a la discriminación racial y el odio.

La presidenta del Comité, Anastasia Crickley, subrayó su rechazo a esas acciones.
“Si no condenamos estos actos, al nivel más alto posible, existe la posibilidad de que otras personas se piensen son apropiados y que, aunque no se apruebe su comportamiento, por lo menos no será rechazado”, indicó.

Los expertos en derechos humanos pidieron la apertura de una investigación penal al individuo que arrolló con un coche a Heather Heyer, fallecida durante los eventos sucedidos el pasado 12 de agosto en Charlottesville, en el estado de Virginia.

Además, pidieron a las autoridades estadounidenses que se comprometan a tomar medidas específicas que aborden las causas profundas del aumento de las movilizaciones racistas.