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El Vaticano aplicó la pena de muerte. Nota histórica.

PENA DE MUERTE. EL VATICANO DECLARA QUE “SIEMPRE ES INADMISIBLE”. Fue abolida hace tan solo 17 años. El Estado Pontificio ajustició más de 500 personas en 74 años. “Mastro Titta”, el verdugo del Papa

Fue abolida en 2001

Fue abolida en 2001

Para comprender en profundidad el alcance histórico, radical y profundo del cambio que ha sufrido la doctrina de la Iglesia Católica en materia de pena de muerte, cambio que se hizo público sorpresivamente el miércoles, con la firma del Pontífice, y fue solemnemente sancionado en la nueva redacción del artículo 2267 del Catecismo de la Iglesia, es necesario recordar que esta pena era legal en el Vaticano hasta 17 años atrás, aunque no se aplicaba. «No basta, por tanto – explicó Francisco en octubre del año pasado en ocasión del XXV aniversario de la Promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica – con encontrar un lenguaje nuevo para proclamar la fe de siempre; es necesario y urgente que, ante los nuevos retos y perspectivas que se abren para la humanidad, la Iglesia pueda expresar esas novedades del Evangelio de Cristo que se encuentran contenidas en la Palabra de Dios pero aún no han visto la luz. Este es el tesoro de las «cosas nuevas y antiguas» del que hablaba Jesús cuando invitaba a sus discípulos a que enseñaran lo nuevo que él había instaurado sin descuidar lo antiguo». Más adelante, el Papa quiso subrayar que «sólo una mirada superficial puede ver el «depósito de la fe» como algo estático. La Palabra de Dios no puede ser conservada con naftalina, como si se tratara de una manta vieja que hay que proteger de la polilla. ¡No! La Palabra de Dios es una realidad dinámica, siempre viva, que progresa y crece porque tiende hacia un cumplimiento que los hombres no pueden detener».  Por eso «no se puede conservar la doctrina sin hacerla progresar, ni se la puede atar a una lectura rígida e inmutable sin humillar la acción del Espíritu Santo». «Dios, que muchas veces y en diversos modos habló en otros tiempos a los padres» (Hb 1,1), «habla sin intermisión con la Esposa de su amado Hijo» (Dei Verbum, 8). Estamos llamados a hacer nuestra esta «voz», mediante una actitud de «escucha religiosa» (ibíd., 1), para que nuestra vida eclesial progrese con el mismo entusiasmo de los comienzos, hacia esos horizontes nuevos a los que el Señor nos quiere llevar».

En su importante alocución el Papa había citado primero la célebre frase de san Juan XXIII quien, en el discurso de apertura del Concilio Vaticano II el 11 de octubre de 1962, había dicho: «ante todo es necesario que la Iglesia no se aparte del sacro patrimonio de la verdad, recibido de los padres; pero, al mismo tiempo, debe mirar a lo presente, a las nuevas condiciones y formas de vida introducidas en el mundo actual, que han abierto nuevos caminos para el apostolado católico». «Deber nuestro – continúa el pontífice bergamasco – no es sólo estudiar ese precioso tesoro, como si únicamente nos preocupara su antigüedad, sino dedicarnos también, con diligencia y sin temor, a la labor que exige nuestro tiempo, prosiguiendo el camino que desde hace veinte siglos recorre la Iglesia». Por último Francisco ha querido ser aún más preciso, recordando «la feliz formulación» de san Vicente de Lerins: «Annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate», vale decir que el dogma de la religión cristiana también «progresa, consolidándose a través de las edades, desarrollándose con el correr de los años, profundizándose con el paso del tiempo». Esta ley del progreso, dijo Francisco, «pertenece a la peculiar condición de la verdad revelada en cuanto que es transmitida por la Iglesia, y no comporta de manera alguna un cambio de doctrina».

La pena de muerte en la Ciudad del Vaticano estuvo vigente desde 1929 hasta 1969 para los casos de intento de homicidio del Papa. Fue formalmente derogada en la Ley fundamental recién en febrero de 2001, por iniciativa del Papa Juan Pablo II. Es indudable que con respecto a la condena a muerte en nombre de Dios, la Iglesia Católica, en particular el Estado Pontificio, ha tenido una tradición acorde, considerando que, entre ahorcamientos y decapitaciones, entre 1796 y 1870 el Estado del Papa alcanzó el récord de 527 ejecuciones, con un absoluto primado de Mastro Titta, “el verdugo de Roma” (1).

Comenzó con la decapitación y descuartizamiento de Nicola Gentilucci, del pueblo de Foligno, y terminó con la decapitación de Agatino Bellomo, condenado por homicidio y guillotinado en Palestrina el 9 de julio de 1870, dos meses antes de que Roma fuera conquistada por las tropas de  los Saboya. Cuando se firmaron los Pactos Lateranenses y se constituyó la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede volvió a tener un territorio propio y esto la obligó a introducir normas propias del poder temporal. El Código Penal del Reino de Italia, que reintrodujo la pena de muerte en 1926, extendió la pena capital en su propio territorio para el delito de intento de homicidio del Papa, equiparándolo al intento de homicidio del rey: «Considerando la persona del Sumo Pontífice como sagrada e inviolable, Italia declara que cualquier intento contra Su persona o cualquier incitación a cometer semejante intento será castigado con las mismas penas que todos los atentados e intentos de cometerlos en contra de la persona del Rey. Toda ofensa o insulto público cometido dentro del territorio italiano en contra de la persona del Sumo Pontífice, sea a través de discursos, actos o escritos, será castigado de la misma manera que las ofensas o insultos realizados en contra de la persona del Rey» (Tratado de Letrán).

La Ley fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, que fue promulgada en 1929 por el Papa Pio XI después que se firmó el Tratado de Letrán y concordaba fundamentalmente con el Código Penal del Reino de Italia, estableció también la pena de muerte en el ordenamiento de la Ciudad del Vaticano, específicamente en el caso de intento de homicidio del Santo Padre. Mientras el estatuto estuvo en vigencia no hubo ningún intento de asesinar al Papa. El Papa Pablo VI derogó el estatuto referido a la pena de muerte, aboliéndola para cualquier delito, y anunció la modificación en agosto de 1969. Sin embargo el cambio tomó estado público recién en enero de 1971, cuando algunos periodistas acusaron a Pablo VI de hipocresía con motivo de sus críticas a las ejecuciones capitales en España y la Unión Soviética.

La pena de muerte fue definitivamente excluida de la Ley Fundamental con un motu proprio del 12 de febrero de 2001, por decisión de Juan Pablo II.

***

(1Giovanni Battista Bugatti, llamado Mastro Titta (Senigallia, 6 de marzo de 1779 – Roma, 18 de junio de 1869), conocido también en romanesco como “er boja de Roma”, fue un famoso verdugo de los Estados Pontificios. Su carrera como encargado de la ejecución de las condenas a muerte duró 68 años, comenzó a los 17 años de edad, el 22 de marzo de 1796, y terminó en 1864, habiendo cumplido 514 ejecuciones (en su propio diario, Bugatti anotó 516 nombres, pero se deben restar dos condenados, uno porque fue fusilado y el otro porque fue ahorcado y descuartizado por su ayudante) lo que significa un promedio de 7 condenas por año. Desempeñó también su oficio durante la dominación francesa, en la que llevó a cabo 55 ejecuciones. Bugatti anotó en su diario una lista exacta de las ejecuciones que realizó hasta el 17 de agosto de 1864, cuando fue reemplazado por Vincenzo Balducci y el Papa le concedió una jubilación mensual de 30 escudos. Mastro Titta desempeñó su oficio en todo el territorio pontificio.

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El Papa Bergoglio y un argentino condenado en USA a la pena capital.

Pena de muerte: Un condenado argentino que inspiró al Papa

Se llama Víctor Hugo Saldaño y lleva más de 20 años en el corredor de la muerte. Al recibir a su madre en el Vaticano, en junio de 2016, el Papa le anticipó que cambiaría el Catecismo para declarar inadmisible la pena capital
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Pubblicato il 06/08/2018
Ultima modifica il 06/08/2018 alle ore 15:22
ANDRÉS BELTRAMO ÁLVAREZ
CIUDAD DEL VATICANO

 

Para la Iglesia, la pena de muerte es “inadmisible” en todos los casos. Lo acaba de definir el Papa de manera oficial. Un cambio histórico en las enseñanzas católicas, que Francisco meditó por largo tiempo. Al menos dos años, tal vez más. Como atestigua un episodio sugestivo. En junio de 2016, el pontífice recibió en audiencia a Lidia Guerrero, la madre de un argentino que lleva más de 20 años en el corredor de la muerte. En esa ocasión no sólo la abrazó y la confortó, también le anticipó que modificaría el Catecismo.

 

“La Iglesia católica lucha contra la pena de muerte, este es un caso reconocido por el mismo Estados Unidos en cuanto a las injusticias cometidas, también le sirve a la Iglesia para confirmar cómo se aplica la pena de muerte, que es muy lamentable”, aseguró la señora, familiar de Víctor Hugo Saldaño, enjuiciado en 1996 en dudosas condiciones y que es recordado, desde entonces, como el único argentino condenado a muerte en los Estados Unidos.

 

Ella habló durante una conferencia de prensa, luego de reunirse con Jorge Mario Bergoglio en el Palacio Apostólico del Vaticano. Era un caluroso sábado romano, 11 de junio de 2016. Entre las varias cosas que ambos se dijeron, el líder católico le anticipó que quitaría la aprobación de la Iglesia a la pena capital. Casi una promesa, que concretó el pasado 2 de agosto ordenando una nueva redacción del número 2267 del Catecismo.

 

La modificación es sustancial. Antes, ese apartado indicaba, a la letra: “La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas”. Aunque, a renglón seguido, el mismo número limitaba mucho la aplicación de esta sentencia considerando implícitamente que la misma no era respetuosa de la dignidad de la persona.

 

Ahora, además de constatar el avance en la comprensión de los derechos humanos y la eficacia del Estado para encerrar a los delincuentes, el nuevo número precisa: “La Iglesia enseña, a la luz del evangelio, que ‘la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona’, y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo”. Una modificación histórica, relacionada -aunque sea en una mínima parte- con el caso Saldaño.

 

Aquel de junio de 2016 no fue el primer encuentro entre el Papa y la madre de Víctor. Lidia Guerrero ya lo había saludado el 5 de febrero de 2014, durante una audiencia pública de los miércoles en la Plaza de San Pedro. En esa ocasión el pontífice exclamó: “¡Si habré rezado por ese cordobecito!”.

 

Nacido en la provincia argentina de Córdoba, el 22 de octubre de 1972, Víctor Saldaño constituye un caso emblemático. Arrestado en el estado de Texas en 1996 por su participación en un crimen, fue condenado seis meses después. Desde entonces se encuentra en el corredor de la muerte. Pero en el año 2000 la Suprema Corte de los Estados Unidos anuló la sentencia tras considerar que estaba viciada por discriminación racial. Día tras día espera una ejecución que no llega.

 

El fallo obligó a reponer el primer juicio y este se realizó en 2004, con una nueva sentencia a muerte. “Estamos seguros que en el segundo proceso se juzgó a un loco”, advirtió Juan Carlos Vega, representante legal de la madre junto a Juan Pablo Cafiero, ex embajador argentino en el Vaticano.

 

El abogado se refirió así al impacto mental de tantos años pasados en el corredor de la muerte. Si bien las autoridades judiciales estadounidenses no han permitido realizarle una pericia psiquiátrica a Saldaño, existe el antecedente de un delincuente inglés que establece –sin lugar a dudas- que cuatro años en el aislamiento de la pena capital “quiebran el aparato psicológico”. Saldaño lleva cinco veces más de ese tiempo.

 

Desde 1998 el caso es analizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con una denuncia contra los Estados Unidos. Los abogados buscan resultados pronto. Esperan lograr que su asistido sea trasladado a un centro psiquiátrico, que es “el único lugar donde podría estar”. Pero una y otra vez parecen chocar contra un muro de goma, en un estado (Texas) con un largo historial de ejecuciones.

 

Lidia Guerrero salió animada de aquel encuentro con Francisco de 2016. “Doy gracias al Papa que me otorgó esta audiencia y me brindó su colaboración. Lo que esté a su alcance lo va a hacer porque conocemos su trayectoria y su compromiso con todas las personas que sufren. Me voy muy contenta porque no fue tan protocolar como hubiese sido con otros papas. Es una persona muy humilde, muy sencilla y dulce”, contó.

 

La madre entregó además una carta a Francisco, en la cual sostuvo que miles de personas en igual situación que Víctor esperan ser tratados humanamente, ser recuperados de un momento de oscuridad, y ganar su alma para la vida.

En la misiva incluyó su clamor de madre: “Su Santidad, Víctor se ha arrepentido, pidió el perdón e implora misericordia. Su estado mental es débil y su insuficiencia intelectual es evidente. Lo que Dios le deje de vida tendría que ser en beneficio de su recuperación. Humildemente Santo Padre, mi hijo ha pagado por lo que hizo y por lo que no hizo. Ruego a Dios que su voz llegue a crear conciencia a favor de la vida de Víctor y que las autoridades iluminadas por la serenidad de espíritu y la razón humana garanticen dignamente la vida de mi hijo”.

 


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La pena de muerte en el catecismo católico de ahora en adelante

pena muerte capital papa francisco nuevo párrafo catecismoLa camilla para la inyección letal de la pena capital  (Copyright © Ken Piorkowski 2012)

El Papa Francisco cambia el párrafo del catecismo sobre la pena de muerte

“La pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”, afirma el nuevo texto sobre la pena de muerte del Catecismo de la Iglesia Católica

Ciudad del Vaticano

El Papa Francisco ha aprobado con un Rescrito la nueva redacción del artículo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte. Así lo informa el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Luis F. Ladaria.

El nuevo texto del artículo sobre la pena de muerte es el siguiente:

“Durante mucho tiempo el recurso a la pena de muerte por parte de la autoridad legítima, después de un debido proceso, fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común.

Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces, que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que, al mismo tiempo, no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente.

Por tanto la Iglesia enseña, a la luz del Evangelio, que «la pena de muerte es inadmisible, porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona», y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo”.

La citación se refiere al discurso del Papa Francisco a los participantes en el encuentro promovido por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, el 11 de octubre 2017, mientras la aprobación tuvo lugar en el curso de la audiencia al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Luis F. Ladaria, el 11 de mayo pasado, y la firma fechada 1° de agosto 2018, Memoria de San Alfonso María de Ligorio.

El texto anterior

El Catecismo de la Iglesia Católica promulgado en 1992 había sido ya corregido en el párrafo sobre la pena de muerte después de las afirmaciones de Juan Pablo II en la Encíclica Evangelium vitae en el 1995. El texto enmendado decía:

“La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas. Pero si los medios incruentos bastan para proteger y defender del agresor la seguridad de las personas, la autoridad se limitará a esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana.

Hoy, en efecto, como consecuencia de las posibilidades que tiene el Estado para reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensivo a aquél que lo ha cometido sin quitarle definitivamente la posibilidad de redimirse, los casos en los que sea absolutamente necesario suprimir al reo «suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se dan algunos”

La carta del card. Ladaria a los obispos

El Rescripto del Pontífice es acompañado por una carta del cardenal Ladaria a los obispos de todo el mundo en la que el Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe explica que “la nueva redacción del n. 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica, “expresa un auténtico desarrollo de la doctrina que no está en contradicción con las enseñanzas anteriores del Magisterio. De hecho, estos pueden ser explicados a la luz de la responsabilidad primaria de la autoridad pública de tutelar el bien común, en un contexto social en el cual las sanciones penales se entendían de manera diferente y acontecían en un ambiente en el cual era más difícil garantizar que el criminal no pudiera reiterar su crimen”.

Escuche y descargue el servicio

 

 

02 agosto 2018, 12:01


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Irak; ejecución masiva. Ahorcadas 38 personas.

Irak: Ahorcadas 38 personas en atroz ejecución masiva

Ante la noticia de que al menos 38 personas han sido ejecutadas hoy en Irak por cargos de “terrorismo”, Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio, ha declarado:

Al llevar a cabo una ejecución masiva más, la segunda en tres meses, las autoridades iraquíes han dado muestra una vez más de flagrante desprecio por la vida y la dignidad humana.

“Tras la declaración de victoria sobre el grupo armado autodenominado Estado Islámico que hizo el primer ministro Haider al Abadi el 10 de diciembre, resulta desalentador ver empañadas las celebraciones de esta semana por una nueva ejecución masiva. Las víctimas del Estado Islámico merecen justicia, no ejecuciones masivas llevadas a cabo tras juicios celebrados a apresuradamente y llenos de irregularidades.

“Las personas que realizan ataques mortales contra la población civil deben comparecer ante la justicia, pero llevar a cabo ejecuciones no es la respuesta. No existen datos creíbles que indiquen que la pena de muerte disuada de cometer delitos en mayor medida que una condena a prisión.

“No debe utilizarse la pena de muerte en ninguna circunstancia, especialmente en Irak, donde el gobierno tiene un vergonzoso historial de ejecuciones tras juicios manifiestamente injustos y, en muchos casos, tras el uso de tortura para obtener una ‘confesión’”.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte es una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.


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Filipinas: no a la pena de muerte.

FILIPINAS – No a la pena de muerte: una petición al Senado

Manila – Hoy, 19 de mayo ha llegado a Manila la ‘Marcha por la Vida’, para decir ‘no’ a la pena de muerte. Se trata de una caravana de peregrinos que inicio el 6 de mayo desde Midanao , y ha pasado a lo largo de un camino que atraviesa todo el archipiélago. Entre los católicos, sacerdotes y religiosos, miembros de organizaciones de la sociedad civil, también estaba el padre Edwin Gariguez, secretario ejecutivo de la “Secretaría Nacional para la Acción Social”, un órgano de la Conferencia Episcopal de Filipinas, que ha elogiado oficialmente la iniciativa.
Los manifestantes presentarán una petición al Senado de Filipinas el 24 de mayo, instando a los senadores a rechazar la pena de muerte, una medida promovida por el presidente Rodrigo Duterte y aprobada hace dos meses en el Congreso, la primera rama del Parlamento. “La pena de muerte va a terminar castigando sólo a los pobres, que no pueden pagar abogados, y muchos inocentes” se afirma en el texto de la petición, enviado a la Agencia Fides. El texto señala que “la restauración de la pena capital es ilegal porque violaría los tratados internacionales, los cuales han sido firmados por el gobierno de Filipinas” La adopción de la pena capital, se afirma, también tendrá implicaciones económicas, ya que “la Unión Europea impondrá un impuesto sobre 6.000 productos importados de las Filipinas”, especialmente los productos agrícolas y pesqueros. “Oramos por nuestros senadores para que decidan sobre la base de la conciencia y la razón, rechazando la pena de muerte”, han afirmado los manifestantes que el 21 de mayo se unirán a miles de personas para una misa presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle de la Universidad de Santo Tomás de Manila.
“El uso de la pena de muerte debe ser excluido como un instrumento en la lucha contra la delincuencia, y debe ser sustituida por medidas alternativas”, ha dicho el cardenal, al comentar la iniciativa de la marcha. “Todos los delitos violan la vida, peor para castigarles no se puede recurrir a medidas que también violen la vida, como la pena de muerte”, ha afirmado el Cardenal Tagle. “Con la oración, el discernimiento y la acción, esperamos ser un pueblo que promueve una cultura de la vida” ha remarcado.


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La pena de muerte en Arkansas y en USA

Una jueza de Arkansas bloquea las ejecuciones restantes

AP

19 de abril de 2017

Una jueza del condado de Pulaski ha bloqueado el uso, por parte del estado de Arkansas, de sus fármacos restantes para la inyección letal en cinco ejecuciones previstas para este mes. La fiscalía planea apelar.

Arkansas había programado originalmente ocho ejecuciones en un plazo de 10 días, ya que, a final de mes, caducaban algunos de los fármacos empleados en la inyección letal. Tres de esas ejecuciones ya habían sido suspendidas hasta un plazo que va más allá de la fecha de caducidad de los fármacos. Dos estaban previstas para mañana. La sentencia se ha dictado justo después de que la Corte Suprema de Arkansas suspendiera la ejecución de Stacey Johnson para que pudieran realizarse análisis de ADN adicionales para su defensa.

“Aunque esta sentencia vuelve a traer un alivio temporal, Arkansas sigue sin mostrar aprecio alguno por los derechos humanos, ejecutando apresuradamente a sus presos”, ha manifestado James Clark, responsable de campañas de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Esta mortal oleada de ejecuciones es contraria a la tendencia estadounidense de apartarse de la pena de muerte. El plazo límite literal de la fecha de caducidad de un fármaco es terriblemente cruel, pero todas las ejecuciones previstas deben conmutarse de forma permanente. La pena de muerte no tiene cabida en un país que afirma valorar los derechos humanos.”

Un informe publicado este mismo mes por Amnistía Internacional mostró que, por primera vez desde 2006, y sólo por segunda vez desde 1991, Estados Unidos no se encuentra entre los cinco países que más ejecuciones llevan a cabo en el mundo. El número de ejecuciones (20) llevadas a cabo en 2016 fue el más bajo registrado en cualquier otro año desde 1991. El número de ejecuciones ha descendido cada año desde 2009, excepto en 2012, cuando la cifra no varió.


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La pena de muerte en 2016 en el mundo. Informe AMN.INT.

Pena de muerte: China, el mayor verdugo del mundo, debe reconocer el nivel “grotesco” del uso que hace de la pena capital

  • 1.032 ejecuciones en el mundo en 2016: 37% menos que en 2015 (1.634)
  • Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán forman con China el grupo de cinco países con más ejecuciones
  • Estados Unidos no figura entre los cinco primeros por primera vez desde 2006, con el número de ejecuciones más bajo desde 1991
  • La investigación sobre China desvirtúa las afirmaciones de apertura
  • La oleada de homicidios a manos del Estado en Vietnam, al descubierto

11 de abril de 2017

El horrendo uso de la pena de muerte que hace China sigue siendo uno de los terribles secretos del país, pues las autoridades siguen ejecutando a miles de personas cada año, afirma Amnistía Internacional en su examen global de la pena de muerte en 2016 que se publica hoy.

Una nueva investigación en profundidad de Amnistía Internacional, también publicada hoy, muestra que las autoridades chinas aplican un sistema complicado y opaco para ocultar la escandalosa magnitud de las ejecuciones en el país, pese a las reiteradas afirmaciones de que avanza hacia la transparencia judicial.

Sin tener en cuenta a China, Estados de todo el mundo ejecutaron a 1.032 personas en 2016. China ejecutó a más personas que todos los demás países del mundo en conjunto, mientras que Estados Unidos registró un mínimo histórico en su uso de la pena de muerte en 2016.

“China aspira a ser un líder en la escena mundial, pero en lo relativo a la pena de muerte ejerce de líder de la peor manera posible: ejecutando cada año a más personas que ningún otro país del mundo”, ha afirmado Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“El gobierno chino ha reconocido que va a la zaga en cuanto a apertura y transparencia judicial, pero persiste en ocultar activamente la verdadera magnitud de las ejecuciones. Es hora de que China levante el velo de este terrible secreto y deje por fin de esconder su sistema de pena de muerte.”

“Sólo unos pocos países continúan ejecutando en gran escala. La mayoría de los Estados no aprueban ya que el Estado arrebate vidas humanas. Con sólo cuatro países responsables del 87% del total de ejecuciones registradas, la pena de muerte también tiene los días contados.”

Las afirmaciones de transparencia de China son “engañosas”
La investigación de Amnistía Internacional saca a la luz que cientos de casos de pena de muerte documentados no constan en una base online de datos judiciales que inicialmente se promocionó como un “paso decisivo hacia la apertura” y que se proclama periódicamente como prueba de que el sistema judicial del país no tiene nada que ocultar.

La base de datos de China sólo recoge una mínima parte de los miles de condenas a muerte que Amnistía Internacional calcula que se dictan cada año en China, y refleja el hecho de que el gobierno chino sigue manteniendo un hermetismo casi total respecto al número de personas condenadas a muerte y ejecutadas en el país.

China clasifica como “secreto de Estado” la mayor parte de los datos relacionados con la pena de muerte, y de todos modos prácticamente cualquier información puede ser clasificada como secreto de Estado en virtud de las leyes excesivamente amplias sobre secretos de China.

Amnistía Internacional halló informaciones públicas sobre la ejecución de al menos 931 personas entre 2014 y 2016 (sólo una mínima parte del total de ejecuciones), pero sólo 85 de ellas constan en la base de datos del Estado.

La base de datos tampoco incluye a los nacionales extranjeros condenados a muerte por delitos relacionados con las drogas, pese a que los medios de comunicación informaron de al menos 11 ejecuciones de ellos. Tampoco figuran numerosos casos relacionados con “terrorismo” y con delitos relacionados con las drogas.

“El gobierno de China hace uso de revelaciones parciales y afirmaciones no verificables para reivindicar avances en la reducción del número de ejecuciones, pero al mismo tiempo mantiene un hermetismo casi absoluto. Esto es deliberadamente engañoso”, ha afirmado Salil Shetty.

“China es un caso absolutamente anómalo en la comunidad mundial en lo relativo a la pena de muerte, al margen de las normas jurídicas internacionales y contraviniendo las reiteradas peticiones de información de la ONU sobre el número de personas a las que ejecuta.”

En los últimos años, el riesgo de que se ejecute a personas por delitos que no cometieron ha causado una alarma creciente en la opinión pública china. En diciembre de 2016, el Tribunal Supremo Popular anuló la sentencia condenatoria errónea dictada en uno de los casos más destacados de error judicial y ejecución errónea, el de Nie Shubin, ejecutado en 1995, cuando tenía 20 años. En 2016, los tribunales chinos fallaron que cuatro personas que se enfrentaban a la pena capital eran inocentes y anuló sus condenas a muerte.

La escandalosa magnitud de las ejecuciones en Vietnam, al descubierto
En Malasia y Vietnam, nuevas revelaciones indican que la magnitud de las ejecuciones en estos países fue aun mayor de lo que se pensaba.Información de Vietnam, publicada en medios de comunicación vietnamitas por primera vez en febrero de 2017, indica que este país ha sido en secreto el tercero del mundo por el número de ejecuciones en los últimos tres años, al ejecutar a 429 personas entre el 6 de agosto de 2013 y el 30 de junio de 2016. Sólo China e Irán ejecutaron a un número mayor de personas en ese periodo. El informe del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam no incluye un desglose de las cifras para 2016.

“La magnitud de las ejecuciones en Vietnam en los últimos años es realmente escandalosa. Este mecanismo de ejecución en serie eclipsa por completo las recientes reformas relacionadas con la pena de muerte. Cabe preguntarse cuántas personas más han sido víctimas de la pena de muerte sin que el mundo lo sepa”, ha afirmado Salil Shetty.

Un hermetismo semejante reina en Malasia, donde la presión parlamentaria en 2016 permitió que saliera a la luz que más de 1.000 personas están en espera de ejecución, y que nueve personas fueron ejecutadas sólo en 2016, un número muy superior al que antes se pensaba.

Mientras tanto, la idea de que hay delitos que justifican la pena de muerte sigue arraigando en otros países de la región: Filipinas intenta reinstaurar la pena capital (abolida por última vez en 2006) y Maldivas amenaza con reanudar las ejecuciones después de más de 60 años.

Estados Unidos no figura entre los cinco primeros países por primera vez desde 2006
Por primera vez desde 2006, Estados Unidos no figura entre los cinco países con más ejecuciones del mundo.

El número de ejecuciones (20) en 2016 alcanzó el nivel mínimo registrado desde 1991, la mitad que en 1996 y casi cinco veces menos que en 1999. El número de ejecuciones ha descendido cada año desde 2009, excepto en 2012, cuando la cifra no varió.

El número de condenas a muerte (32) fue el más bajo desde 1973, un signo claro de que jueces, fiscales y jurados dan la espalda a la pena de muerte como medio de administrar justicia. Sin embargo, 2.832 personas continúan en espera de ejecución en Estados Unidos.

Aunque el debate está cambiando claramente, la reducción del número de ejecuciones se debió en parte a litigios relacionados con los protocolos relativos a la inyección letal y a las dificultades para obtener sustancias químicas en varios estados. Sin embargo, la posible resolución de algunas dificultades relacionadas con la inyección letal podría significar el inicio de un repunte del nivel de ejecuciones en 2017, comenzando con Arkansas este mes de abril.

En 2016 sólo se llevaron a cabo ejecuciones en cinco estados de Estados Unidos: Alabama (2), Florida (1), Georgia (9), Misuri (1) y Texas (7), siendo Texas y Georgia responsables del 80% de las ejecuciones del país en 2016. Mientras tanto, 12 estados que no han abolido todavía la pena de muerte —entre ellos Arkansas— no han llevado a cabo ninguna ejecución desde hace al menos 10 años.

“El uso de la pena de muerte en Estados Unidos se sitúa en su nivel más bajo desde los primeros años de la década de 1990. Pero tenemos que luchar para que siga siendo así. Las ejecuciones podrían regresar con más ímpetu en 2017. El alarmante número de ejecuciones programadas en Arkansas para un periodo de 10 días este mes de abril es un claro ejemplo de la celeridad con que puede cambiar el panorama”, ha afirmado Salil Shetty.

“La constante disminución del uso de la pena de muerte en Estados Unidos es un signo esperanzador para los activistas que llevan mucho tiempo haciendo campaña para acabar con la pena capital. Es evidente que el debate está cambiando. Los políticos deben evitar la inquietante retórica de “mano dura con la delincuencia” que contribuyó a marcar máximos en el número de ejecuciones en las décadas de 1980 y 1990. La pena de muerte no hará que nadie esté más seguro.

“Los cinco estados aislados que llevaron a cabo ejecuciones el año pasado viven de espaldas a su época. No sólo van en contra de la tendencia nacional, sino también de la regional. Desde hace ya ocho años, Estados Unidos tiene el vergonzoso honor de ser el único país de América que lleva cabo ejecuciones.”

Tendencias clave en 2016

  • El descenso en el número de ejecuciones está motivado en gran medida por las reducciones registradas en Irán (un 42% menos, de un mínimo de 977 a un mínimo de 567) y Pakistán (73% menos, de 326 a 87).
  • En el África subsahariana se registraron menos ejecuciones, pero el número de condenas a muerte se duplicó con creces, debido en gran medida a un fuerte incremento en Nigeria.
  • En Oriente Medio y el Norte de África, el número de ejecuciones disminuyó un 28%, pero Irán y Arabia Saudí continuaron en el grupo de países que llevaron a cabo más ejecuciones.
  • Dos países abolieron la pena de muerte para todos los delitos (Benín y Nauru); Guinea abolió la pena de muerte únicamente para delitos comunes.