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Turquía: los defensores de derechos humanos deben ser puestos en libertad. AMN,INT

Turquía: Un año después del encarcelamiento de Taner Kılıç, las peticiones de libertad se suceden en todo el mundo

© AI

“Pese a las cínicas medidas de represión del gobierno contra los derechos humanos, los y las activistas por la justicia y la libertad no van a ser silenciados”, ha declarado Amnistía Internacional en el primer aniversario de la detención de Taner Kılıç.

El presidente de honor de Amnistía Internacional Turquía fue detenido el 6 de junio de 2017 por el cargo infundado de pertenencia a una organización terrorista. Desde entonces, más de un millón de personas (133.000 en España) han alzado la voz y apoyado la campaña de Amnistía Internacional en favor de su libertad inmediata.

“Hoy lamentamos el año de la vida de Taner Kılıç que el gobierno de Turquía le ha arrebatado injustamente, pero es también el momento de redoblar nuestros esfuerzos para obtener su libertad y la de muchos otros activistas de la sociedad civil cuyo trabajo les ha costado la libertad”, dijo Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“Las autoridades turcas fomentan un clima de temor persiguiendo sin piedad a quienes se atreven a expresar lo que piensan. Pero hoy, los cientos de miles de seguidores de Taner en todo el mundo se unen en solidaridad para enviar un clamoroso mensaje al gobierno turco: no nos van a silenciar”.

Taner Kılıç ha sido acusado de “pertenencia a la Organización Terrorista Fethullah Gülen” basándose en la acusación falsa de que se había descargado ByLock, una aplicación de mensajería que, según las autoridades, usaban los seguidores de Fethullah Gülen. El gobierno considera a este grupo responsable del intento de golpe de Estado de julio de 2016.

Sin embargo, no se ha presentado ninguna prueba creíble que sostenga la afirmación de que Taner descargó ByLock. Al contrario, dos peritos expertos independientes determinaron que no había rastro de que ByLock hubiera estado instalada alguna vez en su teléfono.

Taner fue enviado a prisión el 9 de junio de 2017, tres días después de ser detenido, y se ha convertido desde entonces en un símbolo de los numerosos defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas que han sido sometidos a las medidas represivas contra los derechos humanos desatadas en Turquía desde el intento de golpe.

Un mes después, fueron detenidos otros diez defensores y defensoras de los derechos humanos, incluida İdil Eser, directora de Amnistía Internacional Turquía. Ocho de ellos estuvieron recluidos casi cuatro meses antes de salir en libertad bajo fianza en su primera vista judicial, en octubre de 2017.

Todos ellos están acusados de “pertenencia a una organización terrorista”, afirmación carente de base de la que la fiscalía no ha proporcionado ninguna prueba que resista un análisis riguroso.

En diciembre de 2017, las autoridades turcas reconocieron que se había acusado injustamente a miles de personas de haberse descargado ByLock y publicaron listas con los números de 11.480 usuarios y usuarias de teléfonos móviles, lo que desembocó en excarcelaciones masivas, no obstante lo cual Taner siguió en prisión.

La prueba de la inocencia de Taner es contundente. Su detención es una injusticia flagrante que pone de manifiesto las deficiencias del sistema de justicia de Turquía y la persecución a sangre fría por el gobierno de cualquier persona que se oponga a él”, concluyó Salil Shetty.

“Taner está encarcelado sólo por ser un apasionado defensor de los derechos humanos. Su próxima vista judicial se celebra este mes, y se le debe poner en libertad, exonerar de todos los cargos sin fundamento formulados contra él y permitir que reanude su crucial labor”.

Más de un millón de personas de 194 países y territorios han firmado llamamientos de Amnistía Internacional en los que se reclama la libertad de Taner Kılıç y de todos los demás defensores y defensoras de los derechos humanos encarcelados en Turquía sólo por su activismo pacífico.

La campaña por su libertad cuenta con el apoyo de gobiernos, artistas y celebridades como Ben Stiller, Sting, Zoë Kravitz, Zach Galifianakis y Ai Weiwei.

En abril de 2018, el informe de Amnistía Internacional titulado Weathering the storm:Defending human rights in Turkey’s climate of fearreveló lo escasas que son las áreas de la antaño dinámica sociedad civil independiente de Turquía que no se han visto afectadas por el actual estado de excepción.

La represión desatada en todo el país contra la sociedad civil ha desembocado en detenciones arbitrarias y destituciones en masa, el vaciado del sistema judicial y el silenciamiento de los defensores y defensoras de los derechos humanos mediante amenazas, acoso y encarcelamiento.

La próxima vista judicial de Taner está fijada para el 21 de junio. Si es declarado culpable de los cargos que se le imputan, podría ser condenado a hasta 15 años de prisión.

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Sudán; la condena a muerte a una adolescente violada

Sudán: La condena de muerte impuesta a una adolescente violada es una crueldad intolerable

La condena de muerte que un tribunal sudanés ha impuesto hoy una mujer de 19 años por matar en legítima defensa a su esposo y violador pone de manifiesto la falta de medidas de las autoridades para abordar el matrimonio precoz, el matrimonio forzado y la violación conyugal, ha manifestado Amnistía Internacional.

Noura Hussein Hamad, que se halla recluida en la prisión de mujeres de Omdurman desde mayo de 2017, ha recibido hoy la notificación de la condena de muerte que le ha sido impuesta por matar al hombre con quien su padre la obligó a casarse cuando tenía 16 años.

Siempre quiso ser maestra, pero acabó siendo obligada a casarse con un maltratador, que la trató con brutalidad y la violó. Ahora ha recibido otra bofetada: la condena de muerte, impuesta por un tribunal que se ha negado a reconocer la existencia de violación en el seno del matrimonio. Noura Hussein es una víctima, y su condena es un acto intolerable de crueldad”, ha señalado Seif Magango, director adjunto de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

“La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante, e imponérsela a una víctima de violación no hace más que poner de manifiesto la incapacidad de las autoridades para reconocer la violencia que esta mujer soportó. Las autoridades sudanesas deben anular esta condena absolutamente injusta y garantizar que Noura Hussein es sometida a un nuevo juicio, en el que se tengan en cuenta sus circunstancias atenuantes.”

Noura Hussein se casó contra su voluntad con Abdulrahman Mohamed Hammad a los 16 años. La primera parte de la ceremonia de boda incluyó la firma de un contrato matrimonial entre su padre y Abdulrahman. La segunda parte se celebró en abril de 2017, cuando, nada más terminar la educación secundaria, la obligaron a mudarse a la casa de su esposo. Como se negó a consumar el matrimonio, Abdulrahman pidió a dos de sus hermanos y a un primo que le ayudaran a violarla. La legislación sudanesa permite el matrimonio si se tienen más de 10 años de edad.

El 2 de mayo de 2017, los tres hombres tumbaron a Noura Hussein y la mantuvieron sujeta mientras Abdulrahman la violaba. A la mañana siguiente, intentó violarla otra vez, pero ella huyó a cocina, donde agarró un cuchillo. Se produjo entonces un forcejeo, en el que Abdulrahman sufrió heridas mortales de cuchillo.

Noura huyó a casa de su familia, pero su padre la entregó a la policía, y se abrió una causa contra ella. En el informe de un examen médico practicado tras la pelea con Abdulrahman se indicó que ella había sufrió heridas, incluidos un mordisco y arañazos.

En el juicio, celebrado en julio de 2017, el juez aplicó una ley desfasada, que no reconocía la violación conyugal. Tras presentarse cargos contra ella con arreglo a la Ley Penal, de 1991, el 29 de abril de 2018 el Tribunal Penal Central de Omdurman declaró a Noura Hussein culpable de homicidio intencional.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. A día de hoy, 106 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos y más de dos tercios de los países del mundo son abolicionistas en la ley o la práctica.


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Libia: problemas de la justicia

Los libios merecen justicia

ONU/Eskinder Debebe
Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Internacional de Justicia, informa al Consejo de Seguridad sobre la situación en Libia.

9 Mayo 2018

Según la fiscal de la Corte Penal Internacional, a pesar de que existe una orden de arresto, un sospechoso de cometer crímenes contra la humanidad continúa libre y puede que haya cometido más delitos.

La orden para arrestar a Mahmoud Mustafa Busayf Al-Werfalli fue emitida por la Corte a finales de agosto. El sospechoso, comandante del Ejército Nacional Libio, fue acusado de asesinar a 33 de sus compañeros durante el conflicto que ha desestabilizado el país desde la caída de Muammar Gaddafi en 2011.

“Desde que se emitió la orden, he llamado de manera reiterada a las autoridades libias a cumplir con sus obligaciones para arrestar y entregar a Al-Werfalli a la Corte”, señaló la fiscal este miércoles ante el Consejo de Seguridad.

“No se puede refugiar ni amparar a los sospechosos acusados por la Corte de cometer crímenes bajo el Estatuto de Roma. Deben ser detenidos y aparecer ante la justicia de la Corte para que se pueda establecer su culpabilidad o inocencia”, indicó la fiscal del tribunal, Fatou Bensouda.

Al sospechoso, se le acusa de haber cometido u ordenado las ejecuciones que están grabadas y han sido compartidas en las redes sociales.

Los ciudadanos libios se merecen respuestas. Las víctimas de crímenes atroces merecen que se haga justicia y ver que se logra de verdad.

En enero, aparecieron nuevas fotografías y vídeos en la red que mostraban a Al-Werfalli asesinando brutalmente a diez personas, que tenían los ojos tapados y las manos atadas, en una mezquita de Bengasi.

“Los ciudadanos libios se merecen respuestas. Las víctimas de crímenes atroces merecen que se haga justicia y ver que se logra de verdad”, expresó la fiscal, reiterando su llamado a los Estados y las autoridades libias para aplicar las decisiones de la Corte.

Bensouda también informó al Consejo de que las órdenes de detención del hijo del exdictador, Saif Al-Islam Gaddafi, y el antiguo director de la Agencia de Seguridad Interna de Libia, Al-Tuhamy Mohamed Khaled, continúan pendientes.

“Sin arresto, tanto la causa de la justicia penal internacional como la razón de ser de la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad se verán perjudicadas”, indicó.

Los derechos humanos, en una situación alarmante

Durante su intervención, la fiscal explicó en mayor profundidad al Consejo que la volátil situación de seguridad del país se está viendo exacerbada por el conflicto entre las milicias en las distintas partes de Libia.

Además, se continúa reportando un elevado número de ejecuciones extrajudiciales, víctimas civiles y detenciones arbitrarias de individuos que, con frecuencia, sufren serias violaciones de derechos humanos, indicó la representante.

Al mismo tiempo, se ha documentado que muchos migrantes continúan en centros de detención, ya sean de las autoridades nacionales o de las milicias. Muchos de ellos están siendo asesinados y sufren abusos durante la detención o cuando se trasladan de una institución a otra.


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Vaticano: proceso contra exdirigentes del banco IOR

Edificio del Tribunal del Vaticano.Edificio del Tribunal del Vaticano. 

Proceso IOR: primera audiencia para Caloia y Liuzzo

Casi cuatro horas para la primera audiencia enteramente dedicada a las cuestiones prejudiciales. Casi sesenta los testigos requeridos por el momento

Ciudad del Vaticano

Se abrió esta mañana a las 9.10 en el Tribunal vaticano el proceso penal por peculado y auto reciclaje a cargo del ex-presidente del Instituto para las Obras de Religión, el prof. Angelo Caloia, de 79 años, y del abogado Gabriele Liuzzo, ausente en aula y declarado contumaz.

Substraídos 57 millones de eur

Los dos imputados, según la parta acusatoria, se habrían apropiado de casi 57 millones de euro en el ámbito de las disposiciones inmobiliarias iniciadas por el Instituto entre el 2001 y el 2008. La audiencia de hoy duró poco menos de cuatro horas y ha sido dedicada a las cuestiones de carácter prejudicial.

Ior y Sgir

No obstante las excepciones presentadas por la defensa de los imputados, ha sido confirmada la fundamentación de la constitución en calidad de parte civil del Ior y de la sociedad inmobiliaria Sgir, participada al 100 % del Instituto vaticano.

Hasta el 18 de mayo para presentar la síntesis

El tribunal ha actualizado la audiencia en fecha a destinarse y ha fijado el término del 18 de mayo para depositar “el resumen de los detalles, todas las instancias indagatorias de todas las partes procesuales”.

En la Cámara de Consejo serán nombrados también los peritos, establecido el termino para la traducción en lengua italiana de algunos documentos, en lengua inglesa. El Tribunal ha enviado también a una revisión del número de los numerosos testigos requeridos por las partes, entre los cuales figuran diversos purpurados.


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Grecia: voluntarios en salvamento amenazados con graves penas.

Grecia: Debe retirarse la acusación de tráfico de personas contra voluntarios españoles que realizaban tareas de salvamento

  • Tres bomberos voluntarios que realizaban tareas de salvamento de personas refugiadas en Lesbos podrían ser condenados a hasta 10 años de cárcel
  • Contamos con portavoces disponibles en el juicio

Cuando se inicia el juicio de los tres bomberos españoles acusados de tráfico de personas mientras realizaban tareas de búsqueda y salvamento en 2016, María Serrano, directora de campañas sobre Migración en Amnistía Internacional, ha declarado:

“Estos tres bomberos estaban en Lesbos utilizando sus conocimientos profesionales para salvar de morir ahogados a niños, niñas, mujeres y hombres. No han hecho nada malo, ni han cometido ningún delito. Deben retirarse los cargos contra ellos.

“El despropósito de llevar a estos valientes voluntarios ante un tribunal por una absurda acusación de tráfico de personas es una burla a la justicia que pone de manifiesto la confusión moral de quienes intentan criminalizar actos de solidaridad e intimidar a los defensores y defensoras de los derechos humanos.

“Los esfuerzos de las ONG para salvar vidas en el mar deberían ser elogiados, defendidos y celebrados.”

Información complementaria

Manuel Blanco, Julio Latorre y José Enrique Rodríguez, voluntarios de la ONG Proem-AID, fueron detenidos en enero de 2016 cuando intentaban localizar una embarcación en peligro, y posteriormente quedaron en libertad bajo fianza. Están acusados de intento de “tráfico ilegal de personas”. Si son declarados culpables, la condena podría ser de hasta 10 años de cárcel.

Proem-AID comenzó a trabajar en Lesbos en diciembre de 2015 y desde entonces ha salvado cientos de vidas. La ONG ha seguido con su labor en Lesbos a pesar de esta absurda acusación, apoyando a las autoridades griegas y proporcionando servicios de emergencia profesionales, incluida la ayuda durante el fuerte seísmo que sacudió la isla en 2017.

Está previsto que se dicte sentencia en su causa entre el 7 y el 9 de mayo.

Otras dos personas, Mohammed Abbassi y Salam Aldeen, de la ONG Team Humanity, se enfrentan también a acusaciones similares y serán juzgadas junto con los bomberos.


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Argentina: ONU denuncia graves deficiencias en el sistema penal

Argentina viola la Convención contra la Tortura en las prisiones

ONU/CINU Buenos Aires
Nils Melzer, relator especial para la tortura

23 Abril 2018

Tras visitar el país, un relator de la ONU asegura que existe una masificación en las cárceles, donde muchos reclusos están encerrados en celdas de un metro cuadrado, infestadas de ratas y cucarachas y en las que no hay colchones para dormir. Por todo ello, el experto insta a las autoridades argentinas a mejorar las condiciones de vida de los presos.

El relator especial de la ONU sobre la Tortura señala en una declaración que Argentina “ha recorrido un largo camino en el abordaje de su pasado” y destaca que “desde el juicio a las Juntas en 1985, hasta los veredictos en la causa de “los vuelos de la muerte” el año pasado, la sociedad argentina ha ganado muchas batallas contra la impunidad, y con coraje ha defendido la democracia, la rendición de cuentas y la dignidad humana.

No obstante, Nils Melzer asegura que aún queda mucho por hacer a fin de evitar la impunidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura, con el fin de asegurar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.

Más allá del pasado

“Sin embargo, a la sombra de estos logros ejemplares, sobreviven algunos remanentes estructurales, culturales e institucionales del pasado, que aún se encuentran enquistados en los sistemas penitenciarios y de seguridad del país”, expresa Melzer.

El relator señala que a lo largo y ancho del país parece haber un endurecimiento de la política penal, en respuesta a las inquietudes populares en relación con el delito violento y la seguridad pública, lo que produce un incremento en los niveles de reclusión y un deterioro dramático de las condiciones de detención.

“Aun cuando aprecio genuinamente el sistema sofisticado de salvaguardas y mecanismos existentes para prevenir la tortura, asegurar condiciones adecuadas de detención y la dedicación personal de innumerables funcionarios/as en todos los niveles, la realidad es que dichas salvaguardas no han sido suficientemente traducidas en resultados prácticos”, añade el relator.

Sobrepoblación de los centros penitenciarios

Las cárceles y comisarías de Argentina se encuentran crónicamente sobrepobladas, y las condiciones en varios lugares de detención son claramente incompatibles con la dignidad humana.

“Aunque existen diferencias importantes entre las diversas instituciones, me sorprende realmente que, en algunos lugares, las personas privadas de libertad se encuentran encerradas en celdas infestadas con ratas y cucarachas. Una gran cantidad de reclusos disponen solamente de un metro cuadrado de espacio, algunos durmiendo sin colchones, en cemento o camas metálicas, otros no cuentan con acceso a luz artificial, con instalaciones eléctricas y sanitarias rotas, sin acceso a los baños durante la noche, y en casos extremos, sin acceso a la luz del sol durante períodos de hasta seis meses”, observa el experto.

Además, en varios lugares, las personas detenidas se ven privadas de nutrición, higiene y salud adecuada o reportan haber estado expuestas a violencia o corrupción por parte de otros reclusos y agentes penitenciarios.

Adolescentes y enfermos

El relator también expresó su preocupación ante el hecho de que adolescentes privados de libertad residen en condiciones de seguridad excesivamente duras. Por otro lado, algunos pacientes psiquiátricos están institucionalizados en condiciones completamente inaceptables.

“Mi opinión ponderada es que al permitir que esta situación surja, continúe y se exacerbe, a pesar de los reiterados pedidos por parte de la sociedad civil y los mecanismos internacionales, la Argentina ha pasado a ser responsable de una generalizada y persistente violación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”

Melzer sostiene que “no existe justificación alguna, sea económica, política, legal o de otra índole, para exponer a seres humanos a condiciones tan intolerables”.

El experto señala que también ha recibido numerosas denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, y sobre acoso, corrupción y violencia policial arbitraria durante las requisas, los desalojos y los arrestos.

“Algunas víctimas alegaron haber recibido tiros, cachetazos, patadas, amenazas con armas de fuego y haber sido sofocadas con bolsas plásticas”, afirma.

“Estos abusos parecen estar dirigidos principalmente a los sectores marginados de la sociedad como, por ejemplo, los habitantes de los barrios más carenciados, migrantes afrodescendientes, pueblos indígenas y minorías sexuales, entre otros”, agrega.

Violencia sin investigar

Esta violencia institucional no parece ser efectivamente investigada en la práctica, de acuerdo con el relator que insta urgentemente a las autoridades argentinas, en todos sus niveles y poderes, a comprometer los recursos necesarios para mejorar las condiciones de detención en el país.

Medidas urgentes

El relator insta a las autoridades del país a tomar una serie de medidas urgentes:

A los jueces:

  • Evitar todo ingreso innecesario de internos en el sistema de detención existente
  • Facilitar su liberación o la aplicación de medidas alternativas para cualquier recluso cuya detención no sea imprescindible.

Al parlamento:

  •  Brindar los fundamentos legales para permitir el alivio de la presión que se ejerce sobre el sistema de detención.

Al Ejecutivo:

  • Prevenir y sancionar todo acto de corrupción, extorsión o maltrato por parte de los agentes penitenciarios o las fuerzas de seguridad.

“En las últimas tres décadas, se ha comprobado en repetidas ocasiones que la sociedad argentina ha sido capaz de expresarse contra la violencia, la tortura y el abuso. Hoy insto al pueblo argentino a honrar esa promesa en nombre de la humanidad”.

En marzo de 2019, el relator especial presentará ante el Consejo de Derechos Humanos, un informe sobre el país con sus observaciones y recomendaciones.


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Pakistán: la joven Asia Bibi en espera de una sentencia justa

Asia Bibi: “Recen y ayunen conmigo el 27 de abril”

El llamado de la mujer cristiana condenada a muerte por blasfemia en Paquistán, mientras se abre una esperanza para la solución judicial del caso
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Pubblicato il 24/04/2018
PAOLO AFFATATO
ROMA

«Hermanos y hermanas, recen por mí y ayunen conmigo». Es el fuerte llamado que Asia Bibi lanzó hoy desde la cárcel femenina de Multan, con el que invitó a los cristianos y a los hombres de buena voluntad de todo el mundo a vivir con ella el próximo viernes 27 de abril una especial jornada de oración y ayuno para pedirle a Dios libertad y paz.

 

La mujer cristiana condenada a muerte por presunta blasfemia se encuentra en la cárcel desde 2009 y acaba de recibir una visita de sus familiares: el marido, Ashiq, y sus hijas Eisan y Esha, acompañados por el tutor de la familia Joseph Nadeem, responsable de la Renaissance Education Foundation de Lahore, que se ocupa de ella. Asia se demostró conmovida cuando supo del reciente anuncio del presidente de la Suprema Corte de Paquistán. Hace algunos días Saqib Nisar declaró que se ocupará personalmente del caso y establecerá dentro de poco la fecha para la audiencia ante el máximo órgano judicial del país.

 

Joseph Nadeem dijo a Vatican Insider: «Hemos encontrado a Asia en buena salud. Estaba muy contenta de ver a su familia. Cuando le hablamos sobre la audiencia, estaba electrizada, llena de esperanza, y reaccionó con gran fe, alabando a Dios. Es verdaderamente un ejemplo y un símbolo para todos nosotros. Después quiso invitar personalmente a todos los que se interesan por su destino y que le están cerca, en todo el planeta, a vivir juntos, en comunión espiritual, una jornada de ayuno y de oración por su libertad. Asia lo hará el próximo viernes 27 de abril. Creemos mucho en las armas del ayuno y de la oración, por ello nos uniremos a ella, y estoy seguro de que muchos también lo harán».

 

También Ashiq, el esposo de Asia, espera que «el 27 de abril en todo el mundo muchas personas recen y ayunen para pedirle a Dios que ilumine la mente del juez que examinará el caso de Asia Bibi». «Asia merece nuestro amor y nuestro apoyo. Contamos con el apoyo de muchas comunidades de bautizados, en una oración verdaderamente universal», añadió Nadeem.

 

Para Asia se ha vuelto a encender la esperanza y se percibe claramente en la comunidad cristiana de Paquistán. El Consejo de los obispos del país, órgano que reúne a más de 40 pastores de diferentes denominaciones cristianas, como pentecostales, evangélicos, adventistas, metodistas y de otras confesiones, colaborando estrechamente con la Conferencia Episcopal católica, expresó su aprecio por la decisión del presidente de la Suprema Corte e indicó que «hay muchos otros casos de personas inocentes que están en la cárcel desde hace mucho tiempo y que esperan justicia».

 

Lo que se pide por Asia y las demás víctimas inocentes de la ley “negra”, todavía utilizada impropiamente, a menudo para golpear a adversarios en controversias privadas, es auténtica justicia. Asia Bibi, de hecho, es víctima de una maquinación urdida contra ella por algunas mujeres musulmanas y un imán local, misma que los jueces deberían descubrir, reconocer con objetividad y sacar a la luz. Salvándola a ella y condenando a los falsos acusadores.

 

Pero en Paquistán la situación es tremendamente complicada debido a las presiones de grupos extremistas islamistas que piden expresamente la pena máxima para Asia. Y someten a una enorme presión al sistema judicial, puesto que homicidios extrajudiciales han cobrado las vidas incluso de magistrados musulmanes que valientemente se han expuesto, juzgando con neutralidad y absolviendo a los cristianos falsamente acusados de blasfemia.

 

En particular, la provincia de Punjab es la zona en la que ha existido una incidencia extraordinaria de casos de blasfemia en el país durante las últimas tres décadas, como explica el Centro por la justicia social, ong dirigida en Paquistán por el católico Peter Jacob. El centro recuerda el asesinato del juez Arif Iqbal Bhatti, culpable, según los radicales, de haber absuelto a cristianos considerados blasfemos.

 

El abuso de la ley de la blasfemia sigue siendo un cáncer en la sociedad: «cientos de personas han sido torturadas, encarceladas, desahuciadas. Propiedades por el valor de miles de millones de rupias han sido destrozadas impunemente por multitudes de radicales, pero las pérdidas económicas son solamente la pinta del iceberg con respecto a las consecuencias sociales, políticas y culturales», explicó.

 

Según estudios recientes de Amnistía Internacional, de la Comisión internacional de juristas y de la Comisión para los derechos humanos en Paquistán, «la ley de la blasfemia es utilizada ampliamente para perpetrar crímenes de odio con base en la religión, para llevar a cabo venganzas personales y perpetrar injusticias económicas». Frente a esta situación alarmante, «los miembros de la sociedad civil no se han rendido, a pesar de las dificultades. Abogados y juristas combaten desde hace años en un ambiente social hostil. Urge que los líderes y las instituciones públicas tengan la valentía y la sabiduría para escuchar el grito de inocentes, como Asia Bibi».