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Argentina: ONU denuncia graves deficiencias en el sistema penal

Argentina viola la Convención contra la Tortura en las prisiones

ONU/CINU Buenos Aires
Nils Melzer, relator especial para la tortura

23 Abril 2018

Tras visitar el país, un relator de la ONU asegura que existe una masificación en las cárceles, donde muchos reclusos están encerrados en celdas de un metro cuadrado, infestadas de ratas y cucarachas y en las que no hay colchones para dormir. Por todo ello, el experto insta a las autoridades argentinas a mejorar las condiciones de vida de los presos.

El relator especial de la ONU sobre la Tortura señala en una declaración que Argentina “ha recorrido un largo camino en el abordaje de su pasado” y destaca que “desde el juicio a las Juntas en 1985, hasta los veredictos en la causa de “los vuelos de la muerte” el año pasado, la sociedad argentina ha ganado muchas batallas contra la impunidad, y con coraje ha defendido la democracia, la rendición de cuentas y la dignidad humana.

No obstante, Nils Melzer asegura que aún queda mucho por hacer a fin de evitar la impunidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura, con el fin de asegurar verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias.

Más allá del pasado

“Sin embargo, a la sombra de estos logros ejemplares, sobreviven algunos remanentes estructurales, culturales e institucionales del pasado, que aún se encuentran enquistados en los sistemas penitenciarios y de seguridad del país”, expresa Melzer.

El relator señala que a lo largo y ancho del país parece haber un endurecimiento de la política penal, en respuesta a las inquietudes populares en relación con el delito violento y la seguridad pública, lo que produce un incremento en los niveles de reclusión y un deterioro dramático de las condiciones de detención.

“Aun cuando aprecio genuinamente el sistema sofisticado de salvaguardas y mecanismos existentes para prevenir la tortura, asegurar condiciones adecuadas de detención y la dedicación personal de innumerables funcionarios/as en todos los niveles, la realidad es que dichas salvaguardas no han sido suficientemente traducidas en resultados prácticos”, añade el relator.

Sobrepoblación de los centros penitenciarios

Las cárceles y comisarías de Argentina se encuentran crónicamente sobrepobladas, y las condiciones en varios lugares de detención son claramente incompatibles con la dignidad humana.

“Aunque existen diferencias importantes entre las diversas instituciones, me sorprende realmente que, en algunos lugares, las personas privadas de libertad se encuentran encerradas en celdas infestadas con ratas y cucarachas. Una gran cantidad de reclusos disponen solamente de un metro cuadrado de espacio, algunos durmiendo sin colchones, en cemento o camas metálicas, otros no cuentan con acceso a luz artificial, con instalaciones eléctricas y sanitarias rotas, sin acceso a los baños durante la noche, y en casos extremos, sin acceso a la luz del sol durante períodos de hasta seis meses”, observa el experto.

Además, en varios lugares, las personas detenidas se ven privadas de nutrición, higiene y salud adecuada o reportan haber estado expuestas a violencia o corrupción por parte de otros reclusos y agentes penitenciarios.

Adolescentes y enfermos

El relator también expresó su preocupación ante el hecho de que adolescentes privados de libertad residen en condiciones de seguridad excesivamente duras. Por otro lado, algunos pacientes psiquiátricos están institucionalizados en condiciones completamente inaceptables.

“Mi opinión ponderada es que al permitir que esta situación surja, continúe y se exacerbe, a pesar de los reiterados pedidos por parte de la sociedad civil y los mecanismos internacionales, la Argentina ha pasado a ser responsable de una generalizada y persistente violación de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.”

Melzer sostiene que “no existe justificación alguna, sea económica, política, legal o de otra índole, para exponer a seres humanos a condiciones tan intolerables”.

El experto señala que también ha recibido numerosas denuncias sobre el uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones, y sobre acoso, corrupción y violencia policial arbitraria durante las requisas, los desalojos y los arrestos.

“Algunas víctimas alegaron haber recibido tiros, cachetazos, patadas, amenazas con armas de fuego y haber sido sofocadas con bolsas plásticas”, afirma.

“Estos abusos parecen estar dirigidos principalmente a los sectores marginados de la sociedad como, por ejemplo, los habitantes de los barrios más carenciados, migrantes afrodescendientes, pueblos indígenas y minorías sexuales, entre otros”, agrega.

Violencia sin investigar

Esta violencia institucional no parece ser efectivamente investigada en la práctica, de acuerdo con el relator que insta urgentemente a las autoridades argentinas, en todos sus niveles y poderes, a comprometer los recursos necesarios para mejorar las condiciones de detención en el país.

Medidas urgentes

El relator insta a las autoridades del país a tomar una serie de medidas urgentes:

A los jueces:

  • Evitar todo ingreso innecesario de internos en el sistema de detención existente
  • Facilitar su liberación o la aplicación de medidas alternativas para cualquier recluso cuya detención no sea imprescindible.

Al parlamento:

  •  Brindar los fundamentos legales para permitir el alivio de la presión que se ejerce sobre el sistema de detención.

Al Ejecutivo:

  • Prevenir y sancionar todo acto de corrupción, extorsión o maltrato por parte de los agentes penitenciarios o las fuerzas de seguridad.

“En las últimas tres décadas, se ha comprobado en repetidas ocasiones que la sociedad argentina ha sido capaz de expresarse contra la violencia, la tortura y el abuso. Hoy insto al pueblo argentino a honrar esa promesa en nombre de la humanidad”.

En marzo de 2019, el relator especial presentará ante el Consejo de Derechos Humanos, un informe sobre el país con sus observaciones y recomendaciones.

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Pakistán: la joven Asia Bibi en espera de una sentencia justa

Asia Bibi: “Recen y ayunen conmigo el 27 de abril”

El llamado de la mujer cristiana condenada a muerte por blasfemia en Paquistán, mientras se abre una esperanza para la solución judicial del caso
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Pubblicato il 24/04/2018
PAOLO AFFATATO
ROMA

«Hermanos y hermanas, recen por mí y ayunen conmigo». Es el fuerte llamado que Asia Bibi lanzó hoy desde la cárcel femenina de Multan, con el que invitó a los cristianos y a los hombres de buena voluntad de todo el mundo a vivir con ella el próximo viernes 27 de abril una especial jornada de oración y ayuno para pedirle a Dios libertad y paz.

 

La mujer cristiana condenada a muerte por presunta blasfemia se encuentra en la cárcel desde 2009 y acaba de recibir una visita de sus familiares: el marido, Ashiq, y sus hijas Eisan y Esha, acompañados por el tutor de la familia Joseph Nadeem, responsable de la Renaissance Education Foundation de Lahore, que se ocupa de ella. Asia se demostró conmovida cuando supo del reciente anuncio del presidente de la Suprema Corte de Paquistán. Hace algunos días Saqib Nisar declaró que se ocupará personalmente del caso y establecerá dentro de poco la fecha para la audiencia ante el máximo órgano judicial del país.

 

Joseph Nadeem dijo a Vatican Insider: «Hemos encontrado a Asia en buena salud. Estaba muy contenta de ver a su familia. Cuando le hablamos sobre la audiencia, estaba electrizada, llena de esperanza, y reaccionó con gran fe, alabando a Dios. Es verdaderamente un ejemplo y un símbolo para todos nosotros. Después quiso invitar personalmente a todos los que se interesan por su destino y que le están cerca, en todo el planeta, a vivir juntos, en comunión espiritual, una jornada de ayuno y de oración por su libertad. Asia lo hará el próximo viernes 27 de abril. Creemos mucho en las armas del ayuno y de la oración, por ello nos uniremos a ella, y estoy seguro de que muchos también lo harán».

 

También Ashiq, el esposo de Asia, espera que «el 27 de abril en todo el mundo muchas personas recen y ayunen para pedirle a Dios que ilumine la mente del juez que examinará el caso de Asia Bibi». «Asia merece nuestro amor y nuestro apoyo. Contamos con el apoyo de muchas comunidades de bautizados, en una oración verdaderamente universal», añadió Nadeem.

 

Para Asia se ha vuelto a encender la esperanza y se percibe claramente en la comunidad cristiana de Paquistán. El Consejo de los obispos del país, órgano que reúne a más de 40 pastores de diferentes denominaciones cristianas, como pentecostales, evangélicos, adventistas, metodistas y de otras confesiones, colaborando estrechamente con la Conferencia Episcopal católica, expresó su aprecio por la decisión del presidente de la Suprema Corte e indicó que «hay muchos otros casos de personas inocentes que están en la cárcel desde hace mucho tiempo y que esperan justicia».

 

Lo que se pide por Asia y las demás víctimas inocentes de la ley “negra”, todavía utilizada impropiamente, a menudo para golpear a adversarios en controversias privadas, es auténtica justicia. Asia Bibi, de hecho, es víctima de una maquinación urdida contra ella por algunas mujeres musulmanas y un imán local, misma que los jueces deberían descubrir, reconocer con objetividad y sacar a la luz. Salvándola a ella y condenando a los falsos acusadores.

 

Pero en Paquistán la situación es tremendamente complicada debido a las presiones de grupos extremistas islamistas que piden expresamente la pena máxima para Asia. Y someten a una enorme presión al sistema judicial, puesto que homicidios extrajudiciales han cobrado las vidas incluso de magistrados musulmanes que valientemente se han expuesto, juzgando con neutralidad y absolviendo a los cristianos falsamente acusados de blasfemia.

 

En particular, la provincia de Punjab es la zona en la que ha existido una incidencia extraordinaria de casos de blasfemia en el país durante las últimas tres décadas, como explica el Centro por la justicia social, ong dirigida en Paquistán por el católico Peter Jacob. El centro recuerda el asesinato del juez Arif Iqbal Bhatti, culpable, según los radicales, de haber absuelto a cristianos considerados blasfemos.

 

El abuso de la ley de la blasfemia sigue siendo un cáncer en la sociedad: «cientos de personas han sido torturadas, encarceladas, desahuciadas. Propiedades por el valor de miles de millones de rupias han sido destrozadas impunemente por multitudes de radicales, pero las pérdidas económicas son solamente la pinta del iceberg con respecto a las consecuencias sociales, políticas y culturales», explicó.

 

Según estudios recientes de Amnistía Internacional, de la Comisión internacional de juristas y de la Comisión para los derechos humanos en Paquistán, «la ley de la blasfemia es utilizada ampliamente para perpetrar crímenes de odio con base en la religión, para llevar a cabo venganzas personales y perpetrar injusticias económicas». Frente a esta situación alarmante, «los miembros de la sociedad civil no se han rendido, a pesar de las dificultades. Abogados y juristas combaten desde hace años en un ambiente social hostil. Urge que los líderes y las instituciones públicas tengan la valentía y la sabiduría para escuchar el grito de inocentes, como Asia Bibi».


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Juicio Alsasua (Navarra): dictamen de Amn. Int.

 Juicio Alsasua: “Los cargos de terrorismo deben ser retirados”

Amnistía Internacional acudirá como observadora al juicio que comienza este lunes en la Audiencia Nacional

Madrid.- Este lunes comienza en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Alsasua, en el que los incidentes que tuvieron lugar en octubre de 2016, que provocaron lesiones a dos Guardias Civiles y sus parejas, han conllevado el procesamiento de ocho personas, acusadas de delitos de amenazas y lesiones terroristas por los que se les pide, en la mayoría de los casos, una pena de privación de libertad de 50 años. Amnistía Internacional, que asistirá como observadora a las diferentes sesiones del juicio, que durará hasta el próximo 27 de abril, asegura que los cargos de “terrorismo” deberían ser retirados y pide que dicha investigación se desarrolle en el marco de un procedimiento penal ordinario.

“Este caso es un ejemplo de cómo España está aplicando una legislación que ha ampliado de forma desproporcionada los tipos de terrorismo, alejándose de los requisitos de claridad y precisión exigidos por el Derecho penal y por diversos relatores de Naciones Unidas”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

“Por supuesto que las agresiones denunciadas son graves y que los guardias civiles y sus parejas tienen derecho a una investigación judicial. Pero nos preocupa que la definición ambigua e imprecisa que contiene el Código Penal sobre terrorismo,especialmente tras la reforma realizada en 2015,  pueda emplearse para calificar y castigar comportamientos que no tienen una naturaleza terrorista” asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional y una de las personas de la delegación asistente al juicio. “Consideramos que la investigación debería haberse llevado a cabo en el marco de un procedimiento penal ordinario, y que no se debería haber aplicado la legislación antiterrorista al presente caso”, añade.

Debido a la calificación de estos hechos como delitos de terrorismo, algunas de las acusaciones formuladas por la Fiscalía podrían conllevar penas de prisión de más de 50 años, con 25 de cumplimiento efectivo. Una de las personas procesadas está acusada de un único delito de amenazas terroristas, basado únicamente en frases proferidas como “esto es lo que vais a tener cada vez que bajéis”, por el que la Fiscalía ha solicitado una pena de 12 años y seis meses de prisión.

El juicio tiene lugar cuando se cumple un año y medio desde que ocurrieron los hechos. Tres de los acusados llevan en prisión preventiva desde noviembre de 2016. “La detención a la espera de juicio debe ser una medida excepcional, únicamente permitida para prevenir el riesgo de huida de la justicia o cuando las personas acusadas entrañen peligro para otras o para la acción de la justicia”, recuerda Esteban Beltrán.

Garantías de juicio justo
Amnistía Internacional manifiesta además su preocupación ante el hecho de que, dentro de las garantías para un juicio justo, las autoridades judiciales hayan rechazado, sin haber motivado de manera suficiente su decisión, importantes pruebas y testigos presentados por las defensas. “Durante este juicio estaremos vigilantes, para que se cumpla con lo que señala el derecho internacional, es decir, que todas las partes que comparecen tengan acceso a los mismos medios y a plena igualdad de condiciones”, señala Virginia Álvarez, quien añade que en este caso “tenemos preocupaciones de que pudiera no haberse cumplido con ese principio”.

Por otra parte, en el marco del seguimiento dado a este caso, Amnistía Internacional ha estado en contacto con varias de las partes implicadas en el proceso, tanto con algunas de las personas acusadas de terrorismo, sus defensas y familias, como con una de las víctimas de las agresiones, y con el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE). En este sentido, según los testimonios recabados por la organización, mientras que algunas de las personas agredidas habrían recibido apoyo y asistencia, una de ellas, la única residente en Alsasua, alega no haber recibido apenas apoyo institucional y haber sido objeto de insultos y daños de distinta índole. Es función de las autoridades garantizar atención y acceso a servicios de apoyo a las personas que puedan haber sufrido un daño como resultado de un delito violento.

Las reformas del Código Penal: pasos hacia atrás
Amnistía Internacional reconoce que aunque los Estados tienen la obligación de proteger a todas las personas bajo su jurisdicción de hechos de violencia, incluyendo los ataques terroristas, las medidas antiterroristas que se tomen deben cumplir los estándares internacionales de derechos humanos. No es la primera vez que AI advierte a las autoridades en España de que la definición demasiado amplia y vaga de los delitos relacionados con el terrorismo, podía tener como consecuencia la criminalización de conductas que no parecen tener naturaleza terrorista.

La organización, en sus comentarios a las sucesivas reformas del Código Penal, que han ido ampliando y solapando tipos penales de gravedad dispar sin conseguir mayor claridad o sistematización, ha alertado sobre el hecho de que las autoridades españolas siguen vulnerando sus obligaciones internacionales con los derechos humanos en relación a las medidas adoptadas en la lucha antiterrorista. La última reforma, aprobada el mes de julio de 2015, amplió de manera desproporcionada los tipos de terrorismo con el riesgo de castigar comportamientos que no tienen naturaleza terrorista. Por ejemplo, el artículo 573 del Código Penal incluye un catálogo de delitos de gravedad dispar que se consideran terrorismo si persiguen finalidades como “alterar gravemente la paz pública” o “desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones”. Amnistía Internacional considera que estas disposiciones son vagas e imprecisas y no permiten configurar delitos reconocibles.


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Turquía: el presidente honorario de AMN.INT. lleva 300 días en prisión.

Turquía: Actos en todo el mundo para recordar los 300 días entre rejas de Taner Kiliç

Recogida de firmas en http://www.actuaconamnistia.org para pedir su liberación

En vísperas del día internacional de acción que se celebrará hoy para recordar sus 300 días entre rejas, el presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía encarcelado, Taner Kılıç, ha manifestado su más sincero agradecimiento a quienes han mostrado su solidaridad con él.En una carta enviada desde la prisión de Şakran, en Esmirna, donde permanece recluido desde el 9 de junio en espera del resultado de su juicio, Taner Kılıç ha escrito:

“Las fotografías tomadas en acciones organizadas bajo un sol abrasador, lluvia o hielo me han levantado el ánimo y me han recordado la importancia de la solidaridad internacional en la lucha por los derechos humanos”.

En la carta, publicada hoy para coincidir con las acciones de calle organizadas por activistas en más de 40 países para pedir su liberación, Taner Kılıç añade:

“En la cárcel es fácil sentir que serás olvidado, incluso por tus seres más cercanos y queridos. Pero en mi caso, en lugar de ser olvidado, mi situación se ha dado a conocer tanto en Turquía como fuera de mi país […] Quisiera dar las gracias a todas las personas que me han mostrado su solidaridad: simpatizantes y voluntarios en todo el mundo. Están siempre en mi mente y en mis oraciones”.

Entre las acciones programadas en todo el mundo para hoy se encuentran una acción de calle de guerra de grafitis en Bélgica, vigilias a la luz de las velas en Chile, la suelta de 300 globos en Suiza, y una acción de calle fotográfica en Malí.

“Trescientos días después de ser encarcelado por cargos falsos, personas de todo el mundo se están uniendo para pedir el fin de este error judicial y la liberación inmediata de Taner Kılıç”, ha manifestado Gauri van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa.

“La fiscalía no ha presentado ninguna prueba que fundamente los absurdos cargos contra Taner. Por increíble que parezca, Taner es sólo uno de los muchos que se encuentran en una situación similar, y es un poderoso símbolo del desmantelamiento deliberado de la sociedad civil durante la represión.”

Información complementaria:

Taner, que se convirtió en presidente honorario de Amnistía Internacional Turquía el mes pasado, cuando venció su periodo en el cargo, ha sido acusado de “pertenencia a una organización terrorista”. La principal acusación contra él es que se descargó ByLock, la aplicación de mensajería que, según el Estado, utilizaba el movimiento Gülen, al que las autoridades turcas culpan del intento de golpe de Estado de 2016.

Después de 300 días, la fiscalía no ha presentado pruebas fidedignas que fundamenten esta acusación. De hecho, en cuatro informes periciales independientes se ha determinado que no hay rastro de que ByLock haya estado instalada alguna vez en su teléfono.

La próxima vista de Taner está fijada para el 21 de junio. Si es declarado culpable de los cargos que se le imputan, podría ser condenado a hasta 15 años de prisión.

Amnistía Internacional recoge firmas en su centro on line de activismo para pedir su liberación inmediata e incondicional. En España, de momento, se han recogido más de 125.000 firm


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Egipto: campaña de AMN:INT. por la liberación de un periodista

EGIPTO: #FREESHAWKAN

El fotoperiodista Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan.
El fotoperiodista Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan. © KHALED DESOUKI/AFP/Getty Images

Mahmoud Abou Zeid, conocido como Shawkan, reportero gráfico egipcio de 29 años, permanece encarcelado desde agosto de 2013. Su delito: tomar fotografías de la violenta dispersión de la sentada de Rabaa al Adaweya.

Actualización  (13 de marzo):

El 3 de marzo, el fiscal de la causa sobre el desalojo de la plaza Rabaa pidió la condena a muerte de Mahmoud Abu Zeid, conocido también como “Shawkan”, y de las otras 738 personas acusadas.

La próxima audiencia judicial tendrá lugar el 17 de marzo en un tribunal penal de El Cairo.

Mahmoud Abu Zeid ha negado todos los cargos, pero el fiscal ¡ha pedido su condena a muerte! ¡FIRMA Y COMPÁRTELO URGENTEMENTE!

Tras el derrocamiento de Mohamed Morsi, Shawkan comenzó a tomar fotografías de una gran acampada organizada por los partidarios del ex presidente en la plaza de Rabaa al Adawiya de Ciudad Nasr, en El Cairo, donde fue detenido junto con otras muchas personas.

Shawkan fue golpeado por agentes de policía y soldados durante su primer día de detención y en su trasladado a la prisión de Abu Zaabal: “Tenía mucho miedo, creí que iba a morir. A cada hora, venían y seguían golpeándome con todo tipo de objetos. Posiblemente fueron los peores días de mi vida. Me duele incluso recordarlos.”

En la cárcel su salud se ha deteriorado mucho como consecuencia de la hepatitis C. A pesar de ello le niegan acceso a medicación. Su familia ha apelado al menos 17 veces al fiscal para que lo deje en libertad por razones médicas, en vano.

La detención de Shawkan, que se prolonga ya más de cinco años, es ilegal según la legislación egipcia. Shawkan lleva recluido mucho más tiempo del que estipula el artículo 143 del Código de Procedimiento Penal de Egipto, que fija en dos años el periodo máximo de detención de las personas recluidas por cargos castigados con la cadena perpetua o la muerte. De conformidad con ese artículo, la detención de Shawkan es ilegal y supone otro duro golpe para los derechos humanos en Egipto.

El tribunal ha pospuesto más de 50 veces las audiencias judiciales de Shawkan, fundamentalmente como consecuencia de la cantidad de personas que hay en la causa. Los juicios colectivos de esta índole no son compatibles con el derecho a un juicio justo. Las autoridades egipcias han negado repetidamente a la representación letrada de Shawkan el acceso a documentos clave relacionados con la causa.

Amnistía Internacional hace campaña por la liberación inmediata e incondicional de Shawkan, ya que es un preso de conciencia detenido exclusivamente por su trabajo de periodista.


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El presidente de Filipinas y el Tribunal Penal Internacional.

Filipinas: La retirada del Tribunal Penal Internacional, una mala decisión

En respuesta al compromiso formulado por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, respecto a retirar a su país del Tribunal Penal Internacional (TPI), James Gomez, director regional de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y Oceanía, ha manifestado:

Se trata de una decisión desacertada y sumamente lamentable del presidente Duterte, y la señal más reciente de que en Filipinas hay individuos poderosos que tienen más interés en encubrir su propia responsabilidad potencial en homicidios que en garantizar la justicia para las numerosas víctimas de la brutal ‘guerra contra las drogas’ emprendida en el país”.

“Por suerte para esas víctimas, la retirada anunciada por Duterte llega demasiado tarde para detener el examen preliminar que está llevando a cabo el TPI y las obligaciones contraídas por Filipinas con la Corte.”

“Duterte no puede detener la responsabilidad internacional de Filipinas borrando simplemente su firma del Estatuto de Roma.”

“Si Filipinas creía de verdad que el TPI no tenía jurisdicción sobre los delitos cometidos en el país, debería haber hecho frente a esa cuestión por la vía adecuada: es decir, en el propio TPI. En lugar de eso, ha optado por la cobarde vía de intentar eludir la justicia.”


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Etiopia: satisfacción de AMN.INT. por la liberación de un periodista etíope-

¡Liberado Eskinder Nega, periodista etíope por el que hicimos campaña!

Por Amnistía Internacional

¡Estamos de celebración! El periodista Eskinder Nega ha sido liberadocomo parte de un indulto presidencial.

Eskinder fue nombrado preso de conciencia por Amnistía Internacional y hemos trabajado por su liberación desde que fue acusado falsamente de terrorismo en 2011 y condenado a 18 años de prisión. La acusación se basó en sus artículos escritos y en los discursos en los que criticó al gobierno y promovió la libertad de expresión.

En mayo de 2013, Eskinder escribió desde la prisión: “Viviré para ver la luz al final del túnel. No sé si la espera será larga. ¡Pase lo que pase, seguiré en la brecha!”. Ya no tiene que esperar más. ¡Eskinder es libre!

 

Al hilo del indulto, el gobierno etíope debe dar muestras de buena fe y poner en libertad a los cientos de presos y presas de conciencia que aún permanecen entre rejas simplemente por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

Asimismo, las autoridades deben tomar medidas para reformar el sistema judicial que ha permitido que florezcan las detenciones arbitrarias y la tortura de disidentes. Un buen punto de partida sería revisar la amplia ley antiterrorista que se ha utilizado para privar cruel e injustamente de su libertad a un gran número de disidentes.