Loiola XXI

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ONU: la Corte Int. de Justicia. Nombramiento.

La ONU elige al último juez de la Corte Internacional de Justicia

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21 de noviembre, 2017 — La Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas reeligieron unánimemente este lunes a Dalveer Bhandari, de la India, para el último puesto de juez disponible en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La decisión se tomó tras el anuncio por parte del candidato de Gran Bretaña, Christopher Greenwood, de retirar su candidatura.

Con este voto se completó el ciclo de elección de jueces ante la Corte Internacional de Justicia, que empezó el 9 de noviembre con la reelección del actual presidente de la CIJ Ronny Abraham (Francia), el vicepresidente Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia), y Antonio Augusto Cancado Trindade (Brasil). El Representante Permanente del Líbano, Nawaf Salam, fue elegido como juez por primera vez.

El principal órgano judicial de la ONU cuenta con 15 jueces, que son elegidos con mayoría absoluta en el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. Cada tres años se eligen a cinco jueces, cuyo mandato es de 9 años. No existe límites para su relección.

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La encíclica Populorum Progressio hace 50 años. Palabras del Papa Francisco.

El mensaje de Pablo VI resuena urgente en nuestros días, dijo Francisco

Jueves 9 Nov 2017 | 11:44 am

Ciudad del Vaticano (AICA): A cincuenta años de la promulgación de la encíclica Populorum Progressio, el papa Francisco señaló que ese llamamiento del papa Pablo VI “resuena urgente también en nuestros días mientras la pobreza se extiende y la paz se olvida diariamente en muchas partes del mundo”.

El papa Francisco recibió en la mañana de este jueves 9 de noviembre, a los participantes en el congreso “Pablo VI, el papa de la modernidad: justicia entre los pueblos y amor a Italia”, celebrado ayer y promovido y organizado por la basílica de San Pablo Extramuros, la cátedra de Derecho eclesiástico de la Universidad de Roma y en colaboración con la abadía de los benedictinos

El pontífice saludó a las autoridades religiosas y civiles presentes y a todos los participantes, especialmente a los muchos estudiantes que participaron del Congreso, y les expresó su gratitud a los organizadores de la iniciativa.

“Han pasado cincuenta años desde la promulgación de la encíclica Populorum Progressio, que quiso ser un “solemne llamamiento para una acción concreta en favor del desarrollo integral del hombre y del desarrollo solidario de la humanidad”, comenzó diciendo el Santo Padre y destacó: “Ese llamamiento resuena urgente también en nuestros días mientras la pobreza se extiende y la paz se olvida diariamente en muchas partes del mundo”.

El pontífice expresó que para construir la paz “es necesario eliminar las causas de la discordia, principalmente las injusticias; la paz entre los hombres, de hecho, es obra de la justicia”, explicó.

De ahí que Francisco destacó que la reflexión del congreso, centrada en “la justicia entre los pueblos”, es particularmente actual. “Está inspirado en ese “Evangelio en marcha” que pide que la caridad, la fe y la esperanza cristianas salgan al encuentro del hombre por los caminos actuales”.

El Papa también se refirió al segundo tema del congreso: Amor a Italia.

“Amor e Italia son dos palabras felizmente unidas, tanto por el afecto discreto y atento que Pablo VI demostró siempre al país amado, y porque el alma más genuina del pueblo italiano atestigua que la solidaridad y la proximidad son los cimientos irrenunciables de la comunidad humana”, dijo el Papa.

Asimismo agregó: “Sostienen, efectivamente, ese humanismo auténtico, que es siempre moderno y que no debemos cansarnos de reelaborar y promover en todas las épocas, so pena del detrimento de nuestra propia dignidad”.

Por último Francisco concluyó expresando sus mejores deseos “para el buen desarrollo del congreso que honrará al beato Pablo VI, espero que suscite sobre todo gérmenes de bien renovados y fecundos e imparto de corazón la bendición apostólica”.+


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AMN:INT exige al Estado Español mayor investigación sobre las víctimas del franquismo y la guerra civil.

España: ¿Será el Parlamento capaz de cumplir con sus obligaciones con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo?

Jaime Romera con una foto de su tío Arsenio Martínez García, fusilado y desaparecido el 14 de agosto de 1936. ©Stéphane Grueso
  • Amnistía Internacional publica 10 recomendaciones al Parlamento para comenzar a hacer realidad una cuenta pendiente.
  • La organización lanza la campaña #EstaNavidadToca para pedir al Estado medidas que permitan la investigación y garanticen el reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

España no sólo olvida, sino que con el tiempo incrementa los obstáculos para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación en relación con los crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado. La falta de investigación judicial, la ausencia de datos oficiales o la inexistencia de disculpas oficiales que trasciendan un mero  reconocimiento genérico de lo que pasó, son algunos de los obstáculos que impiden que el estado pueda dar garantías de no repetición de estos crímenes.

 

“Las políticas de amnistía y olvido de crímenes tan graves como la tortura o la desaparición forzada no son el camino para evitar que se cometan nuevas violaciones de derechos humanos, sino la vía más rápida para que estos se repitan”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional presenta al Parlamento 10 medidas (ver anexo: 10 recomendaciones al Parlamento) con las que se puede avanzar de forma efectiva en el reconocimiento del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Algunas de estas medidas serían la aplicación de las recomendaciones de organismos internacionales en relación con la Ley de Amnistía o con la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional; la promoción de una Comisión de la Verdad con el mandato de investigar los abusos graves cometidos en esa época; la adopción de un instrumento integral de coordinación y canalización de búsqueda de niñas y niños “robados”; el impulso de medidas que contemplen la formulación de disculpas públicas que trasciendan un mero reconocimiento genérico y que precisen la naturaleza de los actos criminales, sus circunstancias y la realidad concreta de los daños infligidos. En este sentido, sugiere establecer un Día Institucional en recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

La verdad silenciada

Ni las víctimas, ni sus familias han encontrado recursos ni facilidades para conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado. Amnistía Internacional recuerda que el derecho a la verdad supone que, con independencia de las acciones judiciales, las víctimas podrán conocer las circunstancias en que se produjeron los hechos y cuál fue el destino final de las personas desaparecidas y fallecidas.

“Por parte del Estado, se consolida un silencio prolongado en el que no hay datos oficiales sobre el número de víctimas, existen grandes dificultades y restricciones en cuanto al acceso a documentos, especialmente los relacionados con fondos militares, policiales o de la iglesia”, relató Beltrán.

En lo que concierne a la localización e identificación de personas víctimas de desaparación forzada, no existe una base de datos central sobre el número de desapariciones, ni coordinación de las actividades de exhumación e identificación. Tampoco se ha actualizado el mapa de fosas realizado por el Ministerio de Justicia en el año 2011.

“España privatiza las exhumaciones, al delegar en familiares y asociaciones la obligación estatal de localizar e identificar a las víctimas de desaparición forzada que, como dice Naciones Unidas, crea un efecto perverso que obliga a los familiares a escoger entre su derecho a enterrar a sus seres queridos y la posibilidad de poder un día establecer una verdad “oficial” sobre las circunstancias de su muerte. Ademas, desde 2013, el Gobierno no destina ninguna partida prespuestaria a este fin, por lo que la otorgación de subvenciones para exhumaciones e identificaciones de los restos dependen exclusivamente del buen hacer de algunas comunidades autónomas o Diputaciones Provinciales”, destacó Beltrán.

“La privatización de las exhumaciones contribuye a la indiferencia de las instituciones del Estado, incluyendo las autoridades judiciales, que no se personan cuando se descubre una fosa con lo que tampoco se registran oficialmente las exhumaciones”.

También las investigaciones por casos de niños y niñas robados han encontrado numerosas dificultades en España, tal y como ha señalado el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. Amnistía Internacional ha constatado cómo estas víctimas encuentran especiales dificultades a la hora de acceder a documentación esencial para el esclarecimiento de los hechos, que se demora en ocasiones por periodos de varios años, y que en muchos casos obtienen sólo después de haber encontrado, gracias a sus propias pesquisas, a sus familiares, que son quienes solicitan formalmente esta información (por lo general, relativa a la madre biológica).

Reparación efectiva
Para Amnistía Internacional, la reparación debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Sin embargo, las compensaciones económicas ofrecidas hasta ahora por el Estado español se han otorgado de forma parcial y sin conexión con la condición de víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Asimismo, las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo no fueron incluidas en el Estatuto de la Víctima, lo que para Amnistía Internacional supone una oportunidad perdida de cara a afrontar los desafíos que el Estado español tiene con respecto a estas víctimas.

Para Amnistía Internacional, por otra parte, no es aceptable que el Estado español haya impuesto recorridos procesales infructuosos a quienes se han dirigido a la administración de justicia para reclamar la revisión o nulidad de procesos manifiestamente injustos que concluyeron con sentencias de muerte.

Amnistía Internacional reconoce algunos avances a nivel autonómico en relación con las víctimas, pero lamenta que las medidas no formen parte de una política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que puedan aplicarse en todo el país.

Campaña #EstaNavidadToca
Amnistía Internacional presenta hoy la campaña #EstaNavidadToca con un emotivo anuncio navideño que resultará muy familiar para recordar al Estado español que la justicia y el reconocimiento de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo no pueden ser una cuestión de suerte. A través de la voz de cuatro testimonios, la campaña pide firmas en www.estanavidadtoca.orgpara exigir que se den pasos para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas de estos crímenes. A lo largo del último año, Amnistía Internacional ya ha recogido más de 218.000 firmas con esta petición.


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USA: AMN.INT. En favor de un mexicano condenado a muerte.

Expertos de la ONU piden a EEUU que paralice la ejecución de un preso mexicano

06 de noviembre, 2017 — Dos expertos* en derechos humanos de la ONU han pedido al gobierno de EEUU que detenga la ejecución de un ciudadano mexicano.

Rubén Cárdenas Ramírez, de 47 años, fue condenado a pena de muerte en 1998 por el asesinato de su prima de 15 años, ocurrido un año antes.

Su ejecución está prevista para el 8 de noviembre a las 6 de la tarde, hora del centro de Estados Unidos.

Los expertos de la ONU tienen dudas de que recibiera un juicio justo y dicen que si la ejecución sigue adelante “el gobierno de Estados Unidos habrá aplicado la pena de muerte sin haber cumplido con los estándares de derechos humanos”.

“Sería equivalente a una privación arbitraria de la vida”, aseguran en un comunicado.

Por ello, piden que la sentencia se anule y que Cárdenas tenga un nuevo juicio que cumpla con los estándares internacionales de debido proceso y juicio justo.

Cárdenas no tuvo acceso a un abogado durante 11 días tras ser detenido. Algunas de las declaraciones que hizo durante ese tiempo fueron usadas por los fiscales durante el juicio. Como ciudadano mexicano, Rubén Cárdenas tenía derecho a ponerse en contacto con el consulado de México para recibir asistencia “sin retraso alguno” después de su detención (artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares). Sin embargo, no le informaron de este derecho. Lo interrogaron y finalmente confesó, sin asistencia consular y sin un abogado que lo asesorara.

En 2004, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) resolvió que Estados Unidos violó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares en el caso de Rubén Cárdenas y pidió al gobierno que reconsiderara el caso y la condena. La Comisión Interamericana de Derechos humanos también ha pedido un nuevo juicio.

*Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y Elina Steinerte , vicepresidenta del grupo de trabajo sobre detención arbitraria.

* Los relatores especiales y expertos independientes forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, es el nombre general de los mecanismos de investigación y monitoreo del Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual. Más información en:http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx


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Tailandia. Retirados los cargos contra la presidenta de AMN.INT

Tailandia: Retirados los cargos de difamación contra la presidenta de Amnistía Internacional

Cross-Cultural Foundation

En respuesta a la noticia de que la Fiscalía Provincial de Pattani cerrará oficialmente la causa por difamación penal contra la presidenta de Amnistía Internacional Tailandia, Pornpen Khongkachonkiet, y otros dos activistas de derechos humanos, Somchai Homla-or y Anchana Heemmina, James Gomez, director de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y Oceanía, ha manifestado:

Aunque resulta alentador que se hayan retirado finalmente los cargos contra tres valientes defensores de los derechos humanos, el hecho es que nunca debieron ser acusados, para empezar. Pornpen Khongkachonkiet, Somchai Homla-or y Anchana Heemmina no hicieron nada más que defender pacíficamente los derechos de otras personas, y resulta indignante pensar que podrían haberse enfrentado a penas de prisión simplemente por sacar a la luz las torturas cometidas por el ejército.”

“Tailandia tiene que tomarse en serio su responsabilidad de crear un entorno en el que los defensores y defensoras de los derechos humanos puedan llevar a cabo su trabajo sin temor a represalias. Deben retirarse todos los cargos contra las personas que están encarceladas o que se enfrentan a procedimientos penales simplemente por ejercer sus derechos humanos de forma pacífica.”

El gobierno tailandés debe asimismo despenalizar de inmediato la difamación, ya que las leyes sobre este delito se utilizan a menudo para procesar a quienes denuncian tortura y otras violaciones de derechos humanos. Incluso aunque un caso no llegue a juicio, la presentación de denuncias penales y cargos es una poderosa forma de acoso que tiene un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión.”

Información complementaria

En febrero de 2016, la Cross-Cultural Foundation y el Grupo Duay Jai (Apoyo Cálido) publicaron un informe conjunto que documentaba 54 casos de tortura y otros malos tratos a manos de la Real Policía Tailandesa y del Real Ejército Tailandés en las provincias del sur de Tailandia.

El 17 de mayo de 2016, el Mando de Operaciones de Seguridad Interna de la Región 4, responsable de las operaciones de seguridad de la zona, presentó cargos de difamación criminal y delitos informáticos contra los tres defensores de los derechos humanos, que editaron el informe. En marzo de 2017, tras una fuerte campaña por parte de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, las autoridades militares anunciaron que retirarían los cargos. Sin embargo, en aquellos momentos sólo retiraron los cargos de difamación penal.

En los últimos años, las autoridades de Tailandia han acosado a numerosos activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y otros miembros de la sociedad civil tailandesa como parte de una campaña de represión sistemática contra quienes critican al gobierno.


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El proceso de Estanbul y el presidente de Amnistía int.

El presidente de Amnistía Internacional Turquía continuará en prisión

Tras la decisión de un tribunal de Esmirna de no poner en libertad al defensor de los derechos humanos Taner Kılıç, Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, ha manifestado:

“En las últimas 24 horas, hemos visto las dos caras del voluble sistema de justicia de Turquía. Mientras con una mano concede la libertad, con la otra, frente a unos cargos igual de infundados, la arrebata.”

“La liberación anoche de los 10 de Estambul devolvió una cierta fe en el sistema de justicia turco. Hoy, esa fe se ha desvanecido.”

 

“Las autoridades turcas han presupuesto pública y repetidamente la culpabilidad de Taner Kılıç, basándose en insinuaciones y en denuncias no fundamentadas.”“Seguiremos incansables nuestra campaña para que se libere a nuestro presidente y se retiren los cargos contra todos los defensores y defensoras de los derechos humanos en Turquía.”

Información complementaria 

El juez aceptó la solicitud de la fiscalía de unir el caso de Taner con el caso contra los 10 defensores y defensoras de los derechos humanos detenidos en un taller a las afueras de Estambul basándose en el tenue motivo de que Taner Kılıç estaba al tanto de los preparativos de esa reunión y estaba en contacto con la directora de Amnistía Internacional Turquía, İdil Eser, sobre la asistencia de ésta a dicha reunión.

Taner Kılıç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, está acusado de “pertenencia a la Organización Terrorista Fethullah Gülen”Este cargo se basa en la alegación de que descargó y utilizó la aplicación de mensajería ByLock, que se dice que ha sido utilizada por el movimiento Gülen para comunicarse. Sin embargo, dos análisis periciales independientes del teléfono de Taner encargados por Amnistía Internacional concluyeron que no hay rastro de que ByLock haya estado instalado en el teléfono.

 


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Turquía: protesta de AMN.INT. por procesamiento de activistas de derechos humanos.

Los ojos del mundo sobre Turquía cuando comienza “juicio espectáculo” de activistas de derechos humanos

  • En evidencia lo absurdo de los cargos de terrorismo contra los 11 de Estambul
  • Análisis pericial revela que el presidente de Amnistía no descargó Bylock

Los absurdos cargos de terrorismo formulados contra 11 defensores y defensoras de los derechos humanos, entre quienes figuran la directora y el presidente de Amnistía Internacional Turquía, son del todo insostenibles, ha manifestado Amnistía Internacional al inicio de los procedimientos judiciales contra ellos en Estambul y Esmirna.

Los cargos contra ellos –que comportan penas de hasta 15 años de prisión y figuran en dos actas de acusación formal que se verán en dos juicios distintos– son completamente infundados.

Desde el momento de sus detenciones, es evidente que estos procesamientos se han decretado por motivos políticos, con objeto de silenciar las voces críticas dentro de Turquía”, ha señalado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.

“Sin ninguna base ni fundamento, las autoridades turcas han tratado en vano de encontrar argumentos jurídicos contra İdil, Taner y los otros nueve activistas de los derechos humanos. Más de tres meses ha estado el fiscal intentándolo sin llegar a nada. El juez no debería tardar más de media hora en desestimar la causa abierta contra ellos.”

Diez de los activistas, entre ellos İdil Eser, directora de Amnistía Internacional Turquía, fueron detenidos el 5 de julio, mientras que a Taner Kılıç, presidente de Amnistía Internacional Turquía, lo había detenido un mes antes. Están acusados de “pertenencia a una organización terrorista”.

Entre los cargos contra los 11 activistas figura la disparatada acusación de que determinadas actividades totalmente normales de protección de los derechos humanos constituyen ayuda a organizaciones terroristas. Entre ellas se cuentan pedir que se detenga la venta gas lacrimógeno, presentar una solicitud de subvención o hacer campaña por la liberación de profesores en huelga de hambre. Según el acta de acusación formal, İdil Eser tiene vínculos con tres organizaciones terroristas no relacionadas y opuestas, y algunas de las acusaciones contra ella se refieren a dos documentos de Amnistía Internacional que se publicaron antes incluso de que ingresara en la organización.

Como era de esperar, el fiscal no presenta nada con que demostrar su alegación de que el taller de Büyükada, donde se practicaron las detenciones, era una “reunión secreta para organizar un levantamiento como el de Gezi” o de que alguna de las personas acusadas estuviera haciendo algo ilícito. Amnistía Internacional ha realizado un detallado análisis del acta de acusación formal y examinado cada una de las acusaciones formuladas contra las 11 personas acusadas.

Además de en la vista contra las 11 que se inicia en Estambul hoy, Taner Kılıç comparecerá también en otra mañana en Esmirna por un cargo separado de “pertenencia a la Organización Terrorista Fethullah Gülen”.

Este cargo está basado en la acusación de que descargó y utilizó la aplicación de mensajería ByLock, empleada, se afirma, por el movimiento Gülen para comunicarse. Sin embargo, dos análisis periciales independientes del teléfono de Taner encargados por Amnistía Internacional han determinado que no hay rastro alguno de que Bylock haya estado instalado alguna vez en el aparato.

Los juicios se celebran en medio de una creciente presión internacional sobre Turquía para que deje en libertad a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Se han celebrado manifestaciones en todo el mundo con ocasión de los 100 días de encarcelamiento de los 10 de Estambul y del cumpleaños de İdil Eser, y, esta semana, el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland; el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, y el presidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Pier Antonio Panzeri, han pedido su liberación.

Se suman a una larga lista de gobiernos, instituciones y figuras políticas que han instado a que sean puestos en libertad y entre quienes figuran la Comisión Europea, el Departamento de Estado de Estados Unidos, funcionarios de la ONU, y Angela Merkel y el gobierno alemán, así como los gobiernos de Austria, España, Irlanda y Bélgica.

“Estos dos juicios serán una prueba de fuego para el sistema de justicia turco y demostrarán si defender los derechos humanos se han convertido en delito en Turquía”, ha añadido John Dalhuisen.

“Si un relato de ficción distópica elaborado mediante acusaciones absurdas e infundadas puede subvertir la justicia, será un sombrío día para el sistema de justicia de Turquía y un augurio nefasto para el futuro de los derechos humanos en el país. Con los ojos del mundo puestos en estos tribunales de Estambul y Esmirna, ha llegado el momento de dejar en libertad sin condiciones a nuestros compañeros y compañeras, algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo.”