Vídeo: una farsa el juicio por golpe de Estado en Guinea Ecuatorial

La condena en Guinea Ecuatorial de 112 acusados el 31 de mayo de 2019 fue un proceso judicial marcado por violaciones a las garantías del debido proceso, que incluyó la obtención de confesiones mediante tortura, representa una grave violación de las garantías de justicia, señaló hoy Human Rights Watch al divulgar un video sobre el juicio.

(Washington D.C.) – La condena en Guinea Ecuatorial de 112 acusados el 31 de mayo de 2019 fue un proceso judicial marcado por violaciones a las garantías del debido proceso, que incluyó la obtención de confesiones mediante tortura, representa una grave violación de las garantías de justicia, señaló hoy Human Rights Watch al divulgar un video sobre el juicio.

El Centro de Derechos Humanos de la American Bar Association, en el marco del Proyecto TrialWatch de Clooney Foundation for Justice, envió a cinco investigadores para observar el juicio. A partir de las notas de los estos investigadores, Juan Méndez, ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y miembro de la Junta Consultiva de TrialWatch, elaboró un informe preliminar de carácter público en el que se describe un extensísimo repertorio de abusos, como confesiones obtenidas mediante coerción y violaciones del debido proceso antes del juicio y durante este. El video incluye entrevistas con Méndez y con dos abogados que estuvieron presentes como observadores durante el juicio.

“Los abogados independientes que estuvieron en el juicio como observadores consideran que se trató de un tribunal absolutamente irregular”, expresó Sarah Saadoun, investigadora sobre Empresas y Derechos Humanos de Human Rights Watch. “El hecho de que las autoridades de Guinea Ecuatorial sientan que pueden llevarse a decenas de personas de las calles y condenarlas a décadas de cárcel sin otra prueba más que una confesión obtenida bajo tortura debería generar repudio y alerta”.

Acusados durante un juicio masivo en Bata, Guinea Ecuatorial.

 © 2019 Privada

Los acusados eran algunos de los 130 detenidos tras un intento de golpe de Estado contra el presidente Teodoro Obiang que tuvo lugar en diciembre de 2017. Un panel de ocho jueces los condenó tras un juicio que comenzó el 22 de marzo de 2019 en la Audiencia Provincial de Bata y dictó sentencias que van de 3 a 97 años, entre los acusados, 25 recibieron sentencias de más de 70 años. La fiscalía presentó pruebas ínfimas o nulas que fundamentaran la acusación contra la mayoría de los acusados y, en algunos casos, presentó confesiones que, según declararon los acusados en el tribunal, se obtuvieron mediante tortura. El tribunal, en el que dos jueces fueron designados a mitad del proceso por el presidente Obiang, impuso severas restricciones a la defensa, lo que incluyó prohibirles que presentaran pruebas sobre torturas o limitar el acceso de los abogados a los clientes.

El gobierno detuvo al menos a 30 hombres de Chad, Camerún y la República Centroafricana en diciembre de 2017, y alegó que se trataban de mercenarios que habían cruzado la frontera hacia Guinea Ecuatorial con municiones para perpetrar un golpe de Estado. El canal de televisión estatal informó que militares habían matado a una persona en enfrentamientos antes de la detención.

Luego de las primeras detenciones, el gobierno arrestó a también a decenas de otras personas que supuestamente habían participado en el intento de golpe de Estado, incluidos ciudadanos ecuatoguineanos. En el juicio hubo cerca de 130 acusados, incluidas 55 personas juzgadas in absentia; sin embargo, es difícil determinar la cantidad exacta de acusados y quiénes fueron juzgados finalmente, pues las listas oficiales no son congruentes. Según uno de los investigadores del juicio, muchos de los acusados sostienen que son familiares de aquellos que el gobierno sospecha que estaban involucrados y los abogados de la defensa alegan que sus clientes fueron atacados por razones políticas y que no tuvieron nada que ver con el intento de golpe.

Durante la detención, los acusados permanecieron incomunicados, sin acceso a abogados ni familiares. Indicaron estar detenidos en condiciones sórdidas y de hacinamiento. Muchos dijeron haber sufrido torturas hasta confesar hechos, como recibir golpizas y descargas eléctricas, ser atados y negación del acceso a baños y asistencia médica.

Un acusado, Desiderio Ondong Abeso, declaró que fue “torturado como en posición de un cocodrilo”, con los brazos atados por la espalda. Dos acusados murieron durante la detención. Un abogado que observó el juicio dijo a Human Rights Watch que las autoridades no han ofrecido una explicación por sus fallecimientos y sus abogados defensores sostienen que los decesos se debieron a las torturas infligidas.

Los jueces prohibieron que abogados defensores plantearan señalamientos de torturas ante el tribunal, indicaron los observadores del juicio, y les impusieron severas restricciones que no les permitieron defender a sus clientes Recién se les permitió reunirse con sus clientes 72 horas antes del juicio, y se les brindó acceso limitado a los expedientes judiciales.

Los fiscales habían imputado a todos los acusados delitos idénticos y presentaron nuevos cargos 11 días antes de que terminara el juicio. Los jueces solo permitieron que los abogados defensores hablaran unos pocos minutos durante el interrogatorio de los acusados y de manera muy limitada. Además, les prohibieron plantear objeciones o repreguntar a los testigos de la fiscalía.

Desde el inicio del juicio, se hizo evidente la injerencia política y militar. El 1 de abril, a dos semanas de iniciado el juicio, el presidente dictó un decreto ejecutivo por el que designó a dos nuevos jueces y dos nuevos fiscales, todos pertenecientes al fuero militar. Una semana después, los veedores detectaron a un funcionario militar entre el público que transmitía mensajes a los jueces y a la fiscalía.

“El gobierno tiene derecho a juzgar a los implicados en un intento de golpe de Estado, pero no tiene vía libre para torturar, avasallar los derechos de debido proceso o perseguir a la oposición política”, explicó Saadoun. “Los abusos que documentaron los observadores coinciden con un patrón de cercenamiento de derechos por los tribunales de Guinea Ecuatorial que amerita la atención de las Naciones Unidas y de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos”.