Loiola XXI

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ONU: investigación sobre los delitos del ISIS en Iraq.

Consejo de Seguridad aprueba investigación de presuntos crímenes de guerra de ISIS en Iraq

El Consejo de Seguridad durante la reunión en la que se aprobó la investigación en Iraq. Foto: ONU/Kim Haughton

21 de septiembre, 2017 — El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó este jueves la creación de un equipo de investigación para apoyar a Iraq en sus esfuerzos para exigir cuentas al grupo terrorista ISIS, mediante la recopilación de pruebas de actos que puedan constituir crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio en el país.

Según la resolución redactada por Reino Unido y adoptada unánimemente, el equipo estará encabezado por un Asesor Especial nombrado por el Secretario General e incluirá a expertos nacionales e internacionales que trabajarán en pie de igualdad con un mandato inicial de dos años.

El Consejo subrayó que este equipo funcionará con pleno respeto por la soberanía de Iraq y su jurisdicción sobre los delitos cometidos en su territorio. Además, las evidencias de delitos serán recopiladas para utilización en procedimientos penales imparciales e independientes en tribunales nacionales competentes.

Como complemento de la financiación de la ONU, el Consejo solicitó al Secretario General que establezca un fondo para recibir contribuciones voluntarias para llevar a efecto esta resolución.

Cualquier otro Estado miembro puede pedirle al equipo que recopile evidencias de actos cometidos por el ISIS en su territorio, pero sólo con la aprobación del Consejo de Seguridad.

En junio del año pasado, expertos de la ONU denunciaron que ISIS estaba cometiendo genocidio en Siria e Iraq para destruir comunidades de minorías religiosas

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Sudán: el Dr.. Mudawi liberado tras ocho meses de encarcelamiento injusto.

Sudán: El doctor Mudawi, en libertad tras ocho meses de encarcelamiento injusto

30 de agosto de 2017

Ante la noticia de que el defensor de los derechos humanos doctor Mudawi Ibrahim Adam ha sido puesto en libertad y de que se han retirado todos los cargos contra él, Sarah Jackson, directora adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos, ha declarado:

“Es un alivio enorme que se haya cerrado este terrible capítulo. El doctor Mudawi, preso de conciencia, se ha reunido con su familia y es, una vez más, un hombre libre.

“Los ocho meses de prisión del doctor Mudawi representan un grave error de la justicia, y su excarcelación debe servir como primer paso para poner fin a la criminalización del trabajo por los derechos humanos en Sudán. El despiadado ataque de las autoridades contra cualquier tipo de crítica pone en peligro a cualquier persona que se atreva a denunciar, y debe cesar.”

Mudawi quedó en libertad, junto con otros cinco defensores de los derechos humanos, a última hora del 29 de agosto. Estaba enjuiciado por seis cargos falsos, que incluían los de “socavar el sistema constitucional” y “entablar una guerra contra el Estado”, que conllevan la pena de muerte o cadena perpetua. Se han retirado todos los cargos en su contra.


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Uzbekistán: liberado tras 11 años de encarcelamiento injusto.

Liberado Erkin Musaev tras 11 años de encarcelamiento injusto

22 de agosto de 2017

El ex alto cargo del gobierno de Uzbekistán y trabajador de la ONU Erkin Musaev, que fue torturado y después injustamente encarcelado por las autoridades, ha escrito una carta de agradecimiento a Amnistía Internacional tras haber quedado en libertad hace tan sólo una semana.

Musaev fue condenado a 20 años de cárcel en 2007 tras una serie de de juicios manifiestamente injustos, acusado de espiar para un Estado miembro de la OTAN sin especificar y de utilizar indebidamente fondos de la ONU. Su declaración de culpabilidad se basó en una confesión que se vio obligado a firmar después de que su familia fuera amenazada por agentes del servicio de seguridad.

Con indignación ante la injusticia de su reclusión sin haber sido juzgado con las debidas garantías, miles de simpatizantes de Amnistía Internacional actuaron en favor de Erkin Musaev y pidieron su excarcelación en el marco de la campaña Escribe por los Derechos 2014.

Ahora que ya está libre, Erkin ha transmitido personalmente su agradecimiento en una carta dirigida a los y las activistas de Amnistía Internacional que alzaron la voz en su favor:

“Quiero expresar mi enorme agradecimiento a todos los y las activistas de Amnistía Internacional, y a todas las personas que nos han apoyado, a mí y a mi familia, en un momento difícil. Mi liberación es realmente una gran victoria, y su contribución ha tenido un valor incalculable.

“Quisiera señalar que la dirección de la colonia penitenciaria cambió su actitud hacia mí tras las cartas de apoyo de los activistas. El personal de la colonia empezó a tratarme con más cautela, y me trasladaron a un trabajo más fácil.

Mi padre dijo que la actitud de la comunidad internacional hacia mi caso también cambió tras la campaña de Amnistía Internacional. De nuevo, les estoy muy agradecido a ustedes y a todos los activistas de su organización. 

Quiero añadir que estamos sólo al principio de la victoria, ya que [esta campaña] ha infundido esperanza y ánimo de lucha a otras personas condenadas de manera infame y a sus familias. Mucha gente de la zona [colonia penal] también presenció nuestra lucha, y ustedes dieron esperanza a sus almas. No se trata de una victoria sólo mía, sino también de todas las personas que han sido condenadas de manera infame.

Muchas gracias por todo lo que hicieron por mí”.


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El Tribunal europeo de derechos humanos del Consejo de Europa. Qué es. Informe

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una ‘joya’ para las libertades fundamentales

Por Manu Mediavilla (@manumediavilla), colaborador de Amnistía Internacional, 10 de agosto de 2017

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, es una jurisdicción internacional que aplica el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, más conocido como Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

Este tratado, abierto exclusivamente a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa (47 en la actualidad), fue aprobado en 1950 y entró en vigor en 1953. El CEDH incluye una amplia lista de derechos y garantías que los Estados Parte se han comprometido a respetar, y es aplicable en el ámbito nacional al haber sido incorporado a la legislación de esos países.

El Consejo de Europa, el CEDH y el TEDH son independientes de la Unión Europea. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no debe confundirse con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que aborda cuestiones de derecho comunitario y tiene su sede en Luxemburgo, ni con la Corte o Tribunal Internacional de Justicia, órgano judicial de Naciones Unidas con sede en La Haya.

Para Amnistía Internacional, el TEDH es “uno de los mecanismos de protección de los derechos humanos más desarrollado del mundo”, no solo como “último recurso para muchos ciudadanos europeos que buscan justicia”, sino como “fundamento” para defender esos derechos “más allá de los 800 millones de personas que viven en la región del Consejo de Europa”.


El TEDH condenó a España, en abril de 2014, por no garantizar el derecho de los solicitantes de asilo a recurrir su expulsión. © Santi Palacios

El TEDH lo integran tantos jueces como países del Consejo de Europa han ratificado el Convenio: ahora 47. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa los elige de entre una terna propuesta por cada país miembro, aunque no representan a ese Estado y actúan en el Tribunal a título individual y con plena independencia. Su mandato, no renovable, es de nueve años.

Presentación de una demanda

Solamente pueden presentar una demanda ante el TEDH las personas físicas o jurídicas que se consideren víctimas directas de alguna violación de los derechos y garantías previstos por el Convenio o los Protocolos que lo desarrollan. No se pueden, en cambio, plantear quejas ‘generales’ sobre una ley o un acto considerado injusto, ni tampoco en nombre de otras personas, salvo en condición de su representante oficial. No es imprescindible ser nacional de un país miembro del Consejo de Europa, pero sí que la infracción denunciada haya sido cometida por un Estado Parte.

La demanda puede ser individual (de una persona, grupo de personas u organización no gubernamental contra un Estado Parte) o interestatal (de un país del Consejo de Europa contra otro).

Para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos es imprescindible haber agotado todas las vías de recurso ante los tribunales nacionales. La demanda debe presentarse en un plazo de seis meses desde la última decisión judicial interna, y tiene que ir dirigida contra uno o más Estados que hayan ratificado el Convenio, pero no contra un país tercero o contra particulares o entidades privadas.

El Tribunal no puede decidir de oficio. Tampoco es una instancia de apelación respecto a los tribunales nacionales, ya que no juzga nuevamente los asuntos ni es competente para anular, modificar o revisar sus sentencias.

El formulario de demanda y los documentos que la sustentan deben remitirse por correo postal –su envío por fax no interrumpirá el plazo de seis meses, y acudir en persona a Estrasburgo tampoco hará que el caso se trate con más rapidez–, sea en francés o inglés, lenguas oficiales del Tribunal, o en otra lengua oficial de los países que hayan ratificado el Convenio. La Secretaría que apoya jurídica y administrativamente al TEDH puede solicitar documentos e información complementaria.

El procedimiento es escrito, y las vistas son excepcionales. Cuando las hay, se celebran en el Palacio de los Derechos Humanos en Estrasburgo y suelen ser públicas. Periodistas y público pueden acceder con una acreditación de prensa o un documento de identidad, y se retransmiten por la ‘web’ del Tribunal el mismo día a partir de las 14:30 horas.

El examen de la denuncia es gratuito, y en la primera fase ni siquiera hace falta representación letrada, que solo será necesaria si la demanda es admitida (apenas el 3% lo son) y notificada al Gobierno. En tal caso se puede solicitar asistencia jurídica gratuita.

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. © Adrian Grycuk via Wikimedia Commons

El procedimiento comienza con el examen de admisibilidad. Si el TEDH no admite la demanda, la decisión es firme. Si la admite, el Tribunal mediará para que las partes alcancen un acuerdo amistoso, que suele saldarse con una indemnización. El Tribunal examinará el pacto y, salvo que estime que el respeto de los derechos humanos exige continuar con la denuncia, la archivará. Cuando no hay acuerdo amistoso, el TEDH procede al examen “de fondo” de la demanda, que en algún caso –sobre todo cuando peligra la integridad física del demandante– pueden ser considerada urgente, tratada con prioridad o incluso requerir medidas provisionales.

Formación y funciones de un tribunal

El Tribunal puede adoptar cuatro formaciones distintas. Un juez único se pronuncia sobre denuncias claramente inadmisibles. Un Comité de tres jueces puede decidir por unanimidad sobre la admisibilidad y el fondo de un asunto sobre el que existe jurisprudencia consolidada del TEDH. Cuando no se da esta condición, el caso corresponde a una Sala de siete jueces, que se pronuncia por mayoría. Excepcionalmente se puede convocar a la Gran Sala de 17 jueces para que decida cuando una Sala se inhibe a su favor o cuando se acepta una solicitud –las partes tienen tres meses para presentarla– de reenvío del asunto.

Un juez puede abstenerse de pronunciarse, y debe hacerlo si ha conocido del asunto antes del procedimiento. Cuando se aparta del caso, ese juez es reemplazado por otro o, si se trata del juez nacional, por un juez ad hoc. Este es nombrado por el Gobierno demandado para tratar asuntos en los que el juez nacional no puede hacerlo por incapacidad, inhibición o dispensa.

Las decisiones son tomadas por un juez único, un Comité o una Sala, y versan sobre la admisibilidad de la demanda, no sobre el fondo. Las Salas sí pueden examinar a la vez ambas cuestiones, por lo que también dictan sentencias.

Las sentencias son de cumplimiento obligatorio para el Estado condenado, y no pueden ser recurridas, aunque las partes pueden solicitar su reenvío a la Gran Sala, cuyas decisiones son definitivas. En caso de condena, el Tribunal puede exigir una “satisfacción equitativa” o compensación económica por daños y perjuicios, así como el reembolso al demandante de los gastos realizados para hacer valer sus derechos.

La ejecución de la sentencia corresponde al Comité de Ministros del Consejo de Europa, que establece con el país condenado el modo de cumplirla y de prevenir nuevas vulneraciones del Convenio, incluso mediante reformas legislativas.

En los últimos años, el Tribunal ha desarrollado un nuevo procedimiento para resolver las numerosas demandas sobre problemas similares. Primero examina una o varias denuncias como ‘caso piloto’, cuya sentencia va acompañada de una invitación al Estado condenado para que adapte su legislación al Convenio. Entonces aborda el resto de demandas del mismo tipo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos señaló la necesidad de que un régimen jurídico o normativo proporcione un procedimiento accesible y eficaz para el acceso de las mujeres a un aborto legal en Irlanda cuando su vida corra peligro a causa del embarazo. © Wlliam Murphy

Fechas clave y estadísticas

  • El Consejo de Europa, creado el 5 de mayo de 1949, adopta el 4 de noviembre de 1950 el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que entra en vigor el 3 de septiembre de 1953. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se reúne por primera vez el 23-28 de febrero de 1959 y dicta su primera sentencia el 14 de noviembre de 1960.
  • El 1 de noviembre de 1998 entra en vigor el Protocolo nº 11 que crea “el nuevo Tribunal” con carácter permanente, y el 1 de junio de 2010 lo hace el Protocolo nº 14, que trata de garantizar su eficacia a largo plazo.
  • El TEDH recibe cada año más de 50.000 demandas, un éxito basado en la repercusión de sus sentencias y el creciente conocimiento ciudadano de su trabajo. Desde su creación en 1959, el Tribunal ha examinado más de 712.600 demandas y dictado 19.565 sentencias, que han tenido como principales destinatarios a Turquía (16,70%), Italia (12,01%) y Rusia (9,95%). El 84% de los dictámenes ha constatado alguna violación de la Convención por el Estado demandado.
  • El 40,32% de esas violaciones se refieren al artículo 6 que garantiza el derecho a un juicio justo, sobre todo por falta de equidad del procedimiento (17,35%) y excesiva duración (21,34%). La segunda violación más frecuente (12,86%) está relacionada con el derecho a la libertad y seguridad recogidas en el artículo 5. Además, en el 15,29% de casos se han constatado graves violaciones del artículo 3 que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes (10,71%) y del artículo 2 que protege el derecho a la vida (4,58%).
  • El último balance anual de 2016 confirma el predominio de esos tres apartados, aunque casi iguala sus porcentajes: 22,96% de violaciones del artículo 6, 20,39% del artículo 5 y 19,82% del artículo 3.
  • España ha recibido 11.000 denuncias desde 1959, el 98% no admitidas. De las 151 sentencias que le afectan, 98 constataron alguna violación del Convenio y 46 fueron exculpatorias; hubo 3 acuerdos amistosos y 4 sentencias de otro tipo.


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Cómo actuar con Venezuela, según experto ONU

Sancionar a Venezuela no debe ser la respuesta a la crisis en ese país, advierte experto de la ONU

Idriss Jazairy, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y sanciones internacionales. Foto: ONU/Eskinder Debebe

11 de agosto, 2017 — Sancionar a Venezuela no debe ser la respuesta de la comunidad internacional a la creciente crisis en ese país, aseguró el experto de la ONU en derechos humanos, Idriss Jazairy.

El relator especial sobre el impacto negativo de las sanciones en el disfrute de los derechos humanos aseguró en un comunicado que estas medidas unilaterales empeorarían la ya crítica situación de la población venezolana, que sufre de inflación galopante y falta de acceso a medicina y alimentos.

El experto destacó que atentar contra la economía del país sólo implicará la violación de los derechos de los ciudadanos.

“Las sanciones son perjudiciales para cualquier Estado y pueden tener un impacto particularmente devastador en los ciudadanos de los países en desarrollo”, aseguró Jazairy.

El relator llamó a los Estados a emprender un diálogo constructivo con el gobierno de Venezuela para encontrar soluciones a los desafíos que enfrenta el país.

Las palabras de Jazairy hacen eco a la posición de Secretario General de la ONU, quien declaró esta semana estar convencido que la crisis venezolana no puede ser resuelta mediante la imposición de medidas unilaterales sino que requiere una solución política.

“Insto a todos los países a que eviten aplicar sanciones a menos que sean aprobadas por el Consejo de Seguridad, como lo exige la Carta de las Naciones Unidas”, concluyó el relator.


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Irán: ejecutado un joven que fue detenido a los 15 años.

Irán: Vergonzosa ejecución de un hombre detenido a los 15 años

10 de agosto de 2017

Tras la ejecución, llevada a cabo hoy, de Alireza Tajiki, joven iraní detenido, declarado culpable y condenado a muerte cuando era un niño, Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“Al seguir adelante con esta ejecución en contra de sus obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional, y pese a la enorme oposición pública e internacional, las autoridades iraníes han demostrado cruelmente su total desprecio por los derechos de la infancia. Este vergonzoso acto marca un punto de inflexión crítico para Irán, y pone de manifiesto la falsedad de las afirmaciones de las autoridades cuando aseguran contar con un auténtico sistema de justicia de menores”.

“Alireza Tajiki es la cuarta persona ejecutada en Irán este año que era menor de edad en el momento de la detención. Su ejecución, llevada a cabo pese a sus denuncias de que lo habían torturado para obligarlo a ‘confesar’, consolida un espantoso patrón con el que Irán ha enviado reiteradamente al patíbulo, a menudo tras juicios flagrantemente injustos, a personas que fueron detenidas cuando eran niñas.”

“Esta ejecución constituye una violación flagrante de las obligaciones contraídas por Irán en virtud de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que ratificó hace dos decenios. Al ejecutar a Alireza Tajiki, las autoridades iraníes han demostrado su atroz disposición a continuar con esta abominable práctica, y han demostrado que ni siquiera tienen intención de aplicar tibias reformas para salvar la vida de las personas que fueron condenadas cuando eran niñas.

Información complementaria

Alireza Tajiki tenía 21 años en el momento de su ejecución.
 Había sido detenido en mayo de 2012, cuando tenía 15 años, y había sido condenado a muerte casi un año después, en abril de 2013. Un tribunal de lo penal de la provincia de Fars, en el sur de Irán, lo había declarado culpable de asesinato y de lavat-e be-onf (relaciones sexuales forzadas entre hombres).

El juicio fue flagrantemente injusto y se basó principalmente en “confesiones” que, según Alireza Tajiki, le fueron extraídas mediante tortura, con prácticas tales como brutales palizas, azotes y suspensión por los brazos y los pies.

En 2013, las autoridades iraníes introdujeron reformas fragmentarias para evitar las críticas a su terrible historial de ejecuciones de personas que eran menores en el momento del delito, pero pese a ello han seguido imponiendo la pena capital a decenas de jóvenes por delitos cometidos cuando tenían menos de 18 años, lo cual incumple sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Estas reformas incluían modificaciones del Código Penal Islámico de Irán de 2013 que otorgan a los jueces poderes discrecionales para sustituir la pena de muerte por un castigo alternativo si determinan que la persona no había alcanzado la “madurez mental” en el momento del delito.

Irán es uno de los pocos Estados que todavía ejecutan a personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Hasta agosto de 2017, Amnistía Internacional había identificado al menos a 89 personas condenadas a muerte que eran menores de 18 años cuando se cometió el delito.


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Egipto: ejecuciones extrajudiciales.

Un maestro de escuela, entre las últimas víctimas de la aterradora oleada de ejecuciones extrajudiciales en Egipto

8 de agosto de 2017

La información recabada por Amnistía Internacional apunta a que las fuerzas de seguridad egipcias sometieron a desaparición forzada y ejecutaron extrajudicialmente a un maestro de escuela que estaba en paradero desconocido tras su detención el 9 de abril; es la última manifestación del escalofriante patrón de homicidios ilegítimos observado en el país.

Según pruebas documentales y el relato de testigos presenciales, colegas y familiares, Mohamed Abdelsatar fue detenido por las fuerzas de seguridad en la escuela en la que trabajaba, en la gobernación de Behira. Esta información contradice una declaración emitida por el Ministerio del Interior de Egipto el 6 de mayo, en la que se aseguraba que Abdelsatar había resultado muerto en un cruce de disparos con las fuerzas de seguridad.

“La desaparición y muerte bajo custodia de Mohamed Abdelsatar es la última de una cadena de terribles ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo en Egipto. Estos homicidios ilegítimos se celebran habitualmente como la satisfactoria ‘eliminación de terroristas’ por la policía, que actúa sabiendo que no debe temer que se investiguen sus crímenes”, ha afirmado Najia Bounaim, directora de Campañas de Amnistía Internacional para el Norte de África.

“Las autoridades egipcias deben llevar a cabo sin demora una investigación exhaustiva e imparcial sobre la desaparición y muerte de Abdelsatar. Deben llevar ante la justicia a los responsables e indicar que retiran el consentimiento que han dado a las fuerzas de seguridad para cometer crímenes atroces sin miedo a ser castigadas.”

Amnistía Internacional entrevistó a dos familiares y tres compañeros de trabajo de Abdelsatar y examinó una decena de documentos, entre ellos las cartas remitidas por su centro de trabajo, el registro de asistencia escolar y las denuncias por arresto y desaparición presentadas por sus familiares. Según indica la información reunida, fue detenido el 9 de abril en la escuela Abdel Samie Saloma afiliada a Al Azhar antes de ser sometido a desaparición forzada y ejecutado.

El hermano de Abdelsatar, Ahmed, dijo que la última vez que la familia lo había visto fue cuando se iba a trabajar la mañana de su desaparición. Acudieron varias veces a la comisaría de policía y la fiscalía locales, pero no volvieron a tener noticias de él hasta que el Ministerio del Interior anunció su muerte.

Aunque la policía había detenido a Abdelsatar en su lugar de trabajo, el Ministerio del Interior aseguraba en su declaración que había resultado muerto junto a otra víctima, Abdallah Ragab, en un cruce de disparos con la policía en Tanta, gobernación de Gharbia, después de oponer resistencia a su detención.

Asimismo, constaba en la declaración que ambos hombres pertenecían a los grupos armados Hasm y Liwaa al Thawra y que se los buscaba por ayudar a “grupos terroristas”. Amnistía Internacional no conoce ninguna prueba facilitada por el Ministerio del Interior que sustente estas acusaciones.

Las autoridades egipcias vienen haciendo anuncios como éste desde 2015, pero siempre sin revelar las circunstancias de estas operaciones ni las circunstancias precisas de las muertes.

Un colega de Abdelsatar que había presenciado su detención contó a Amnistía Internacional que había visto que un automóvil de color rojo se detenía frente a las puertas de la escuela a las 10.30 de la mañana del 9 de abril, y a varios individuos vestidos de civil en su interior. Afirmó que un hombre que iba vestido de traje entró en el edificio escolar y ordenó a Abdelsatar que subiera al coche. Los agentes de la Agencia de Seguridad Nacional normalmente van vestidos de civil y usan vehículos civiles en sus operaciones.

Otro colega de Abdelsatar, que no había visto su detención pero sí estaba en la escuela en ese momento, afirmó que varios estudiantes y trabajadores del centro le habían dicho que también habían presenciado la detención alrededor de las 10.30 de la mañana.

Por otra parte, Amnistía Internacional examinó varios documentos, entre ellos una serie de cartas enviadas por el director de la escuela a la comisaría de policía de Abu Elmatamer y a la oficina local de Al Azhar, en las que confirmaba su detención en la escuela ese día y solicitaba más información.

En las copias del registro de asistencia escolar que vio Amnistía Internacional, donde el personal registraba las entradas y salidas, constaba la entrada de Abdelsatar a la escuela ese día, pero no la salida. Y el comentario “detenido en la escuela en horario laboral” aparecía junto a su nombre.

La organización examinó asimismo el cuaderno de notas del profesorado de Abdelsatar, actualizado a diario y también confirmaba que el último día que estuvo presente en la escuela fue el 9 de abril.

Ahmed Abdelsatar contó a Amnistía Internacional que, cuando le entregaron el cadáver de su hermano en el depósito el 8 de mayo, vio que presentaba grandes rasguños en la mano derecha y dos heridas de bala en la espalda.

“Abdelsatar estuvo al menos 27 días bajo custodia policial mientras su familia lo buscaba sin descanso, para encontrarse finalmente con que su cadáver estaba en el depósito con múltiples heridas de bala”, ha dicho Najia Bounaim.

“Estos crímenes abominables son una prueba inequívoca de que, en la actualidad, los servicios de seguridad egipcios tienen libertad absoluta para cometer abusos impunemente. Las autoridades deben poner fin de inmediato al reciente aumento de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales.”

Amnistía Internacional examinó asimismo las denuncias presentadas por la familia ante la fiscalía el 9 de abril, y ante la oficina de Al Azhar en Behira y la fiscalía local el 24 de abril. Ahmed Abdelsatar afirmó que la fiscalía lo había convocado para interrogarlo el 11 de abril pero que no había vuelto ha saber nada más de la investigación.

Amnistía Internacional ha documentado varios casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad en 2017. En relación con el más reciente, la organización solicitó una investigación sobre cuatro hombres a los que mataron los días 20 y 23 de junio y que, según sus familias, fueron sometidos a desaparición forzada y tortura durante un periodo de hasta cuatro semanas. En otro caso documentado en abril de 2017, un video filtrado que fue examinado por Amnistía Internacional mostraba a miembros del ejército en Sinaí del Norte ejecutando extrajudicialmente a siete hombres desarmados, entre ellos un joven de 17 años. El 13 de enero, en Sinaí, la policía ejecutó extrajudicialmente a seis hombres que llevaban hasta tres meses recluidos en régimen de incomunicación