Loiola XXI

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Nicaragua: liberación de presos políticos.

Gobierno de Nicaragua libera periodistas, campesinos y estudiantes opositores

El Gobierno de Nicaragua liberó a grupo de presos políticos bajo la Ley de Amnistía, aprobada el pasado sábado por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional (Parlamento), entre ellos a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda y al líder estudiantil Edwin Carcache

 


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Arabia: inadmisible la pena de muerte a un joven detenido cuando tenía 13 años.

Arabia Saudí: Las autoridades no deben utilizar la pena de muerte contra un manifestante detenido a los 13 años

Arabia Saudí no debe utilizar la pena capital como castigo para un joven a quien detuvieron a los 13 años por participar en unas protestas contra el gobierno, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

La organización ha confirmado que la fiscalía saudí pidió la pena de muerte en para Murtaja Qureiris en agosto de 2018 por una serie de delitos, algunos de los cuales datan de cuando el joven sólo tenía 10 años. La CNN reveló esta semana que el joven puede ser condenado a muerte, y publicó unas imágenes de vídeo en las que aparecía montado en bicicleta en unas protestas en la Provincia Oriental de Arabia Saudí cuando era un niño en 2011.

“No cabe duda de que las autoridades saudíes están dispuestas a hacer cualquier cosa para reprimir la disidencia de su ciudadanía, incluso recurrir a la pena de muerte en el caso de hombres que no eran más que niños cuando los detuvieron”, ha declarado Lynn Maalouf, investigadora de Amnistía Internacional para Oriente Medio.

“Es terrible que Murtaja Qureiris se enfrente a ser ejecutado por delitos tales como participar en protestas cuando sólo tenía 10 años.”

El derecho internacional prohíbe estrictamente el uso de la pena de muerte en el caso de delitos cometidos por personas menores de 18 años.

En la Provincia Oriental de Arabia Saudí, cuya población es principalmente de minoría chií, tras los levantamientos árabes de 2011 ha habido oleadas de protestas que las autoridades han reprimido durante años, entre otras formas mediante procesamientos.

Murtaja Qureiris, que ahora tiene 18 años, fue arrestado en septiembre de 2014 y estuvo detenido en Dar al-Mulahaza, un centro de detención de menores de la ciudad de Dammam. El joven, que permaneció aislado durante un mes, fue sometido a palizas e intimidación en su interrogatorio. Sus interrogadores le prometieron que lo dejarían en libertad si se confesaba autor de los cargos contra él. En mayo de 2017 lo trasladaron a la cárcel de Al-Mabaheth, un centro penitenciario de adultos de Dammam, aunque sólo tenía 16 años. Durante su detención se le negó el acceso a asistencia letrada hasta después de su primera sesión judicial, celebrada en agosto de 2018 en el Tribunal Penal Especializado, un tribunal antiterrorista creado en 2008 que cada vez se utiliza más para casos relacionados con manifestantes y activistas de derechos humanos.

Se le acusa de participar en protestas antigubernamentales, asistir al funeral de su hermano Ali Qureiris, que murió en una manifestación en 2011, unirse a una “organización terrorista”, arrojar cócteles molotov contra una comisaría y disparar a las fuerzas de seguridad. Actualmente está aguardando la siguiente sesión de su juicio.

“Las autoridades de Arabia Saudí tienen un escalofriante historial de uso de la pena de muerte como arma para aplastar la disidencia política y castigar a personas de la perseguida minoría chií del país —incluso menores de edad— que protestan contra el gobierno”, ha dicho Lynn Maalouf.

En abril, Amnistía Internacional confirmó la ejecución de Abdulkareem al-Hawaj, otro joven chií detenido a los 16 años y declarado culpable de delitos relacionados con su participación en protestas contra el gobierno. Abdulkareem fue uno de los 37 hombres a los que se aplicó la pena de muerte en un mismo día de terrible frenesí ejecutor.

Ali Ali al-Nimr, Abdullah al-Zaher y Dawood al-Marhoon, que fueron detenidos por separado en 2012, cuando tenían 17, 16 y 17 años, respectivamente, por participar en protestas contra el gobierno, han agotado todos los recursos de que disponían y corren el riesgo de ser ejecutados en cualquier momento.

“En vez de aumentar el uso de la pena de muerte para silenciar las voces críticas, las autoridades de Arabia Saudí deben revocar de inmediato las condenas a muerte dictadas contra Ali al-Nimr, Abdullah al-Zaher y Dawood al-Marhoon y salvar las vidas de estos jóvenes. La comunidad internacional también tiene un papel fundamental, pues debe tomar postura públicamente respecto a estos casos y exigir que las autoridades saudíes pongan fin de una vez por todas al uso de la pena de muerte”, ha afirmado Lynn Maalouf.

Arabia Saudí tiene un terrible historial de uso de la pena de muerte, incluso contra menores, tras juicios sumamente injustos que se basan en confesiones extraídas mediante tortura. El uso de la pena de muerte es terrible en todas las circunstancias, pero aún más cuando sigue a un juicio injusto. Amnistía Internacional se opone al uso de la pena de muerte en todas las circunstancias sin excepción.

Información complementaria

Desde 2014, más de 100 personas de nacionalidad saudí ha sido juzgadas ante el Tribunal Penal Especializado por cargos vagos y muy variados que tienen que ver con su oposición al gobierno, incluida la crítica pacífica de las autoridades.

Según ha documentado Amnistía Internacional, los juicios de varios activistas chiíes en este tribunal han sido sumamente injustos, y los acusados han sido declarados culpables, y en muchos casos condenados a muerte, por cargos vagos que criminalizan el ejercicio de una oposición pacífica, y basándose en “confesiones” extraídas mediante tortura u otros medios coercitivos.


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China: Hong Kong protesta contra Pekin.

Protesta multitudinaria en Hong KongProtesta multitudinaria en Hong Kong  (ANSA)

Hong Kong: protesta contra la reforma de la extradición

Según la oposición, la reforma preparada por el gobierno corre el riesgo de poner a los políticos buscados en manos de la policía de Pekín.

Ciudad del Vaticano

Cientos de miles de ciudadanos de Hong Kong -más de un millón, según los organizadores- se han puesto en marcha para decir no a la nueva ley sobre la extradición de personas buscadas a China. Protestan contra la reforma del gobierno que permite entregar a los fugitivos a las autoridades de Macao, Taiwán y China. Según las autoridades de Hong Kong, la medida ha tomado su punto de partida del caso de un hombre que huyó tras asesinar a su novia durante unas vacaciones en Taiwán. No existe un tratado de extradición con Taipei y la policía de Hong Kong, aunque ha identificado al sospechoso, no puede entregarlo a sus colegas taiwaneses. Según la oposición, la reforma preparada por el gobierno corre el riesgo de poner a los políticos buscados en manos de la policía de Pekín.

La ex colonia británica fue restituida a la madre patria china en 1997, con la garantía de la semi-autonomía hasta 2047 y con diversas libertades políticas reconocidas, entre las cuales un sistema jurídico separado del de Pekín. El temor de la oposición es que la ley permita a China obtener la entrega de los opositores de Hong Kong o de ciudadanos de la República Popular China que se hayan refugiado en la  ex colonia británica después de haber expresado simplemente sus opiniones contra el gobierno de Pekín. También han expresado su preocupación las empresas internacionales y los grupos industriales y financieros que operan a nivel local, porque en tiempos de “guerra” comercial entre China y los Estados Unidos, los directivos y banqueros podrían encontrarse como piezas en disputas judiciales.

La ley de extradición cuenta con el apoyo de Carrie Lam, directora ejecutiva de Hong Kong (gobernadora). Sus posiciones han tenido el efecto de restaurar el impulso al frente de la oposición democrática que se había dispersado después del llamado Movimiento de los Paraguas de 2014. Desde abril, la movilización se ha reanudado: dio una primera señal de fuerza el 4 de junio con un gran encuentro de 180.000 personas en el Parque Victoria para conmemorar a los jóvenes que murieron en 1989 en la Plaza de Tiananmen. Y ayer se llevó a cabo el desfile más imponente en la historia de Hong Kong. Una marcha que duró horas, llegada hasta el edificio del gobierno y extremadamente tranquila hasta el final, cuando se produjeron enfrentamientos con el ejército y -según la oposición- varias detenciones.


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Irán: pena inadmisible a una experta en derechos humanos.

NASRIN SOTOUDEH: 38 AÑOS DE CÁRCEL Y 148 LATIGAZOS PARA DESTACADA ABOGADA IRANÍ

Nasrin Sotoudeh ha sido condenada por defender los derechos de las mujeres en Irán

Luchar pacíficamente por los derechos humanos. Eso es lo que ha hecho Nasrin toda su vida. Como abogada defendía a las mujeres que se negaban a acatar las degradantes leyes sobre el uso del velo o hijab.

En Irán, a las mujeres y a las niñas no se les permite salir de sus hogares a menos que se cubran el cabello con un pañuelo y los brazos y las piernas con ropa suelta. Nasrin quería cambiar esto y fue detenida por ello.
Las autoridades iraníes interpretan que eso atenta contra la seguridad nacional o es un insulto al “Líder Supremo”.

Y le han impuesto la pena más cruel. La de Nasrin es la sentencia más dura que se recuerde en muchos años contra un defensor o defensora de los derechos humanos .

No podemos permitir que esta gran mujer reciba un solo latigazo ni pase un día más en prisión.

Exige al Líder Supremo de Irán la liberación inmediata e incondicional de Nasrin Sotoudeh y que la sentencia sea anulada ya.

¡Firma!


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Irán: brutal condena a abogado de derechos humanos.

Irán: Condena de 30 años de prisión y 111 latigazos a abogado de derechos humanos

© Particular

En respuesta a la noticia de que el abogado iraní de derechos humanos Amirsalar Davoudi ha sido condenado a 30 años de prisión y a recibir 111 latigazos por su trabajo en favor de los derechos humanos, en especial por denunciar violaciones de derechos humanos a través de un canal de la aplicación de mensajería móvil Telegram y por conceder entrevistas a los medios de comunicación, el director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, Philip Luther, ha manifestado:

“Esta condena terriblemente severa es una injusticia indignante. A Amirsalar Davoudi se lo está castigando de manera flagrante por su trabajo de defensa de los derechos humanos”.

“Crear un canal en Telegram para denunciar violaciones de derechos humanos no es delito. Las autoridades iraníes deben dejarlo en libertad de inmediato y sin condiciones”.

“Amirsalar Davoudi es la víctima más reciente de una feroz campaña de represión a la que las autoridades iraníes han venido sometiendo a los abogados y abogadas de derechos humanos durante los últimos dos años y en el marco de la cual los tribunales iraníes les han impuesto condenas cada vez más severas para impedirles realizar su trabajo”.

“Con esta condena, las autoridades iraníes han demostrado que, en la práctica, a los abogados y abogadas de derechos humanos se les está tratando actualmente en Irán como a enemigos del Estado y que las autoridades harán lo que sea para negar a las personas detenidas el acceso a la justicia.”

De acuerdo con las normas de Irán sobre ejecución de condenas, Amirsalar Davoudi tendrá que cumplir 15 años de pena.

La noticia sobre este caso se publica tras haber sido condenada la destacada abogada y defensora de los derechos de las mujeres Nasrin Sotoudeh a 38 años y 6 meses de prisión y a recibir 148 latigazos, lo que ha provocado la indignación internacional. De acuerdo con las normas de Irán sobre ejecución de condenas, el tiempo real de condena que tendrá que cumplir son 17 años.

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional, incluidos los Estados de la UE, que mantenga un diálogo constante con Irán para pedir a las autoridades que pongan fin de inmediato a su campaña contra los abogados y abogadas de derechos humanos.

Información complementaria

Amirsalar Davoudi fue detenido el 20 de noviembre de 2018 y se halla recluido en la prisión de Evin de Teherán con acceso sumamente limitado a su familia y su abogado.

El 1 de junio de 2019, su esposa, Tannaz Kolahchian, anunció en Twitter que la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán lo había declarado culpable de múltiples cargos y condenado a 30 años de prisión y a recibir 111 latigazos. La pena de flagelación contraviene la prohibición de la tortura y otros malos tratos establecida en el derecho internacional.

Entre los cargos de los que Amirsalar Davoudi ha sido declarado culpable figuran: “insultar a funcionarios”, “insultar al Tribunal Supremo” y “difundir propaganda contra el sistema”. De acuerdo con el artículo 134 del Código Penal, que estipula que, cuando una persona sea declarada culpable de tres o más cargos, cumplirá soló la condena más larga, impuesta por el cargo más grave, el tiempo real de condena que deberá cumplir son 15 años. El cargo por el que se le ha impuesto la condena más larga es “formar un grupo con el fin de perturbar la seguridad nacional”, que guarda relación con su canal de Telegram.

Amirsalar Davoudi es un abogado muy conocido por representar a activistas de los derechos humanos y a otras personas detenidas por sus actividades sociales y políticas.

En los últimos años, los tribunales iraníes vienen imponiendo condenas cada vez más severas a los abogados y abogadas de derechos humanos. El también abogado Mohammad Najafi fue condenado a un total de 17 años de prisión y 74 latigazos en tres causas distintas. Desde enero de 2018 se ha detenido o procesado también a otros abogados y abogadas, entre ellos Arash Keykhosravi, Ghassem Sholeh-Sa’di, Farokh Forouzan, Mostafa Daneshjoo, Mostafa Tork Hamadani, Payam Derafshan y Zeynab Taheri.


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La situación de Julian Assange refugiado en la embajada de Ecuador en Londres.

Experto de la ONU pide no expulsar a Julian Assange de la embajada de a Ecuador en Londres

5 Abril 2019

El periodista australiano, fundador del portal Wikileaks, lleva desde 2012 refugiado en la legación diplomática ecuatoriana en Reino Unido por temor a ser extraditado a Suecia o Estados Unidos. El relator sobre la tortura teme que expulsarlo supondría exponerlo a un riesgo real de violaciones graves de sus derechos.

El relator especial* de la ONU sobre la tortura, Nils Melzer, ha pedido al Gobierno de Ecuador que no expulse a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, de su embajada en Londres ni suspenda su asilo político.

“Si Assange es expulsado de la Embajada de Ecuador, es probable que sea arrestado por las autoridades británicas y extraditado a los Estados Unidos“, dijo el experto de la ONU. “Tal respuesta podría exponerlo a un riesgo real de violaciones graves de sus derechos humanos, incluida su libertad de expresión, su derecho a un juicio justo y la prohibición de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”.

El relator está preparando una solicitud formal a los Gobiernos de Ecuador y el Reino Unido para visitar a Assange y reunirse con las autoridades de ambos Estados y poder evaluar la situación.

WikiLeaks tuiteó desde su cuenta de Twitter “Alerta: una fuente de alto nivel dentro del Estado ecuatoriano le dijo a @WikiLeaks que Julian Assange será expulsado en “horas o días” usando el escándalo de #INapapers como un pretexto, y que ya tiene un acuerdo con el Reino Unido para su arresto”.

Julian Assange reside en la embajada ecuatoriana en Londres desde 2012 cuando se le concedió el asilo como parte de una oferta para evitar la extradición a Suecia, donde enfrentaba denuncias de agresión sexual. Suecia cerró esa causa por la imposibilidad de llevarlo a juicio, pero Assange también teme ser extraditado a Estados Unidos por publicar miles de documentos militares clasificados y de telegramas diplomáticos.

La cancillería ecuatoriana ha asegurado que no responderá “ni a hipótesis ni a conjeturas que no cuentan con un respaldo documental”. Según informaciones de prensa, este martes, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, dijo a medios locales que Assange ha violado repetidamente el protocolo en la embajada. “Varias veces, el Sr. Assange ha violado el acuerdo que alcanzamos con él y sus abogados”, aseguró, pero añadió que cualquier acuerdo para que abandone la embajada tiene como requisito “que no corra peligro su vida”.

El Secretario de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha dicho que “Assange puede abandonar la embajada cuando quiera” y esperan “que la situación se resuelva lo antes posible”

“La extradición sin garantías viola el derecho internacional”

El relator de la ONU ha pedido al Gobierno de Reino Unido que, si Assange quedara bajo su jurisdicción, no lo expulse, devuelva o extradite a Estados Unidos o cualquier otra jurisdicción, hasta que se determine su derecho de asilo “en un procedimiento transparente e imparcial que otorga todo el proceso debido y garantías de juicio justo, incluido el derecho de apelación”.

El experto asegura que ha recibido información de que está “en riesgo de vulnerabilidad extrema” y su salud, en grave deterioro. Las autoridades ecuatorianas, dice, deben continuar brindándole, en la medida de lo posible, “condiciones de vida y el acceso a atención médica adecuados”.

“La extradición sin garantías de debido proceso, incluida una evaluación individual del riesgo y medidas de protección adecuadas, viola el derecho internacional”, dice Melzer, “en particular si el Estado de destino aplica la pena de muerte y no ha revelado los cargos penales contra la persona interesada”. En tales casos, explica, el principio legal internacional de “no devolución” (non refoulement) es absoluto, “independientemente de las consideraciones de seguridad nacional, conveniencia política o cualquier otra consideración similar”.

Caso INA Papers

En otro comunicado, el relator especial* sobre el derecho a la privacidad, Joe Cannataci, dijo que planea reunirse con Assange el 25 de abril después de haber recibido garantías del Gobierno de Ecuador de que facilitará su visita a la embajada en Londres.

Cannataci dice que la reunión ayudará a determinar “si ‘a primera vista’ existe un caso de violación de privacidad que justifique una investigación. El relator ha pedido más información al Gobierno de Ecuador tras la queja del presidente Lenin Moreno de que se ha violado su privacidad por la publicación de datos personales obtenidos de forma ilegal en una web relacionada con el escándalo conocido como “INA Papers”, en relación con la adquisición de bienes con varias empresas ‘offshore’.


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Mexico: son 40.000 los desaparecidos. Firma de un importante acuerdo con la ONU para mejorar la justicia.

Caso Ayotzinapa: La ONU y el Gobierno de México firman acuerdo para alcanzar la verdad y la justicia

CINU México/Antonio Nieto
Familiares de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa.

8 Abril 2019

Michelle Bachelet asegura que el acuerdo es una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial en México que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones de sus derechos humanos. Según cifras oficiales, más de 40.000 personas siguen desaparecidas en el país norteamericano.

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Gobierno de México han firmado un Acuerdo para la asesoría y asistencia técnica a la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa. La Oficina cooperará con el Estado mexicano para que las exigencias de las víctimas y sus familias se traduzcan en acciones concretas.

El acuerdo fue firmado durante la visita que Michelle Bachelet lleva a cabo en México desde el pasado día 5.

El objetivo del acuerdo será alcanzar la verdad y la justicia sobre la desaparición forzada de los 43  estudiantes de la escuela normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y de otros crímenes perpetrados en  la noche del 26 al 27 septiembre 2014 en Iguala, dijo Bachelet, en el discurso que pronunció al firmarse el acuerdo.

La Oficina cooperará con el Estado mexicano para que las exigencias de las víctimas y sus familias se traduzcan en acciones concretas de búsqueda, verdad y justicia.

“Llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa es una obligación del Estado mexicano”, destacó Bachelet.

Pero también supone una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial en México, donde según datos oficiales, hay más de 40.000 de desaparecidos.

Lee la noticia completa preparada por nuestros compañeros del Centro de Información de México.