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Violencia en Irán. Preocupación en la ONU.

Bachelet alarmada por la violación de los derechos humanos durante las protestas en Irán

Unspalsh/Mohamad Babayan
Un hombre mira a las estrellas en Deyr Gachin Caravansary, una zona de Irán alejada de las ciudades donde se llevan a cabo las protestas cuya violenta represión preocupa a la ONU.

6 Diciembre 2019

Las manifestaciones que se han registrado recientemente en Irán habrían dejado más de 200 muertos y unos 7000 detenidos, según las informaciones recibidas por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, quien pidió a las autoridades del país que investiguen todas las denuncias de violaciones de las garantías fundamentales.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó este viernes que durante los cinco días de protestas ocurridas recientemente en Irán habrían muerto al menos 208 muertos, entre ellos 13 mujeres y 12 niños, además de que 7000 personas fueron detenidas, de acuerdo con los reportes recibidos por su Oficina.

Las fuentes gubernamentales indican que entre 120.000 y 200.000 manifestantes acudieron a las movilizaciones masivas iniciadas el 15 de noviembre pasado.

En un comunicado, Michelle Bachelet expresó alarma por la falta de transparencia sobre las víctimas y la suerte de los detenidos, así como por las denuncias de que los arrestos continúan en todo el país.

“La Alta Comisionada está extremadamente preocupada por las condiciones en que están detenidos, por el trato físico, por las violaciones al derecho al debido proceso y la posibilidad de que a un número importante de ellos se les imputen delitos que conlleven la pena de muerte”, dijo Rupert Colville, portavoz de Bachelet, en una conferencia de prensa en Ginebra.

Colville también señaló que la Oficina ha recibido informaciones que no ha podido verificar que apuntan a más del doble de muertos en las manifestaciones.

Bachelet afirmó que, dada la magnitud de las denuncias de víctimas “es esencial que las autoridades actúen con mucha mayor transparencia”.

“Deben iniciar con celeridad investigaciones independientes e imparciales de todas las violaciones perpetradas, entre ellas el asesinato de los manifestantes y las presuntas muertes y malos tratos de quienes se encuentran en custodia. Los responsables deben ser procesados. Parece haber violaciones múltiples de la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, de la que Irán es parte y está obligado a cumplir”, puntualizó.

Uso excesivo de la fuerza

Las fuerzas de seguridad iraníes respondieron con cañones de agua, gas lacrimógeno, macanas y, en algunos casos, con municiones reales a los manifestantes, que estaban desarmados y no suponían ninguna amenaza inminente. De acuerdo con las informaciones, los integrantes de la milicia Basij y de la Guardia Revolucionaria Islámica participaron en los disparos a quienes protestaban.

Bachelet explicó que algunos videos, cuya autenticidad se ha verificado, muestran violencia grave contra los manifestantes y que se observa a miembros de las fuerzas de seguridad disparando desde el techo de un edificio del departamento de Justicia de una ciudad, así como desde helicópteros en otra.

“También hemos recibido videos en los que se observa a las fuerzas de seguridad disparando a los manifestantes por detrás, mientras éstos tratan de huir, y a otros se les tira directamente a la cara y órganos vitales, es decir, se les dispara a matar”, precisó.

Agregó que esto constituye una violación flagrante de las normas internacionales del uso de la fuerza, además de que contraviene los derechos humanos.

La Alta Comisionada se refirió como uno de los peores incidentes al sucedido el 18 de noviembre, cuando las fuerzas de seguridad habrían utilizado ametralladoras en la plaza Jarahi, de Mahshahr, matando al menos a 23 personas.

Tratos crueles e intimidación

Con respecto a los detenidos, entre los malos tratos reportados se cuentan las confesiones forzadas, la falta de acceso a un abogado, el hacinamiento en los centros de detención -muchos de ellos improvisados en barracas, estadios o escuelas-, la comisión de lesiones y la negación de servicios médicos.

Bachelet manifestó, asimismo, preocupación por la intimidación a los periodistas que intentan informar de la situación tanto dentro como fuera del país. Detalló, por ejemplo, que los familiares de los corresponsales en el extranjero habrían sido citados y amenazados por funcionarios de inteligencia.

“El panorama en Irán es muy preocupante. Urjo a las autoridades a liberar inmediatamente a todos los manifestantes detenidos arbitrariamente y a garantizar el debido proceso a durante las etapas de indagación. Y si hubiera más protestas, urjo al Gobierno a respetar el derecho de los iraníes a ejercer su libertad de expresión y asamblea pacífica. También insto a investigar las violaciones cometidas y a restringir el uso de la fuerza como lo marcan los estándares internacionales”, concluyó la Alta Comisionada.

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El Secretario General se pronunció sobre la ola de movilizaciones que recorre los distintos continentes, urgiendo a los Gobiernos a respetar los derechos de los manifestantes a expresarse pacíficamente. “No puede haber excusas para la violencia”, dijo. Asimismo, llamó a los líderes a escuchar los problemas de la gente y a abordar la creciente desigualdad que motiva muchas de las protestas.

Artículo 20: libertad de reunión y asociación

(De la serie 30 artículos sobre los 30 artículos)

Desde las ocupaciones estudiantiles de las universidades de París en 1968 hasta la primavera árabe de 2011, las manifestaciones masivas han sido la forma en que las personas han exigido un cambio social. El artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, junto con el artículo 19 sobre la libertad de expresión, garantizan en conjunto el derecho a reunirse de manera pública o privada para expresar, promover, perseguir y defender intereses comunes.


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Irán: brutal condena a abogado de derechos humanos.

Irán: Condena de 30 años de prisión y 111 latigazos a abogado de derechos humanos

© Particular

En respuesta a la noticia de que el abogado iraní de derechos humanos Amirsalar Davoudi ha sido condenado a 30 años de prisión y a recibir 111 latigazos por su trabajo en favor de los derechos humanos, en especial por denunciar violaciones de derechos humanos a través de un canal de la aplicación de mensajería móvil Telegram y por conceder entrevistas a los medios de comunicación, el director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África, Philip Luther, ha manifestado:

“Esta condena terriblemente severa es una injusticia indignante. A Amirsalar Davoudi se lo está castigando de manera flagrante por su trabajo de defensa de los derechos humanos”.

“Crear un canal en Telegram para denunciar violaciones de derechos humanos no es delito. Las autoridades iraníes deben dejarlo en libertad de inmediato y sin condiciones”.

“Amirsalar Davoudi es la víctima más reciente de una feroz campaña de represión a la que las autoridades iraníes han venido sometiendo a los abogados y abogadas de derechos humanos durante los últimos dos años y en el marco de la cual los tribunales iraníes les han impuesto condenas cada vez más severas para impedirles realizar su trabajo”.

“Con esta condena, las autoridades iraníes han demostrado que, en la práctica, a los abogados y abogadas de derechos humanos se les está tratando actualmente en Irán como a enemigos del Estado y que las autoridades harán lo que sea para negar a las personas detenidas el acceso a la justicia.”

De acuerdo con las normas de Irán sobre ejecución de condenas, Amirsalar Davoudi tendrá que cumplir 15 años de pena.

La noticia sobre este caso se publica tras haber sido condenada la destacada abogada y defensora de los derechos de las mujeres Nasrin Sotoudeh a 38 años y 6 meses de prisión y a recibir 148 latigazos, lo que ha provocado la indignación internacional. De acuerdo con las normas de Irán sobre ejecución de condenas, el tiempo real de condena que tendrá que cumplir son 17 años.

Amnistía Internacional pide a la comunidad internacional, incluidos los Estados de la UE, que mantenga un diálogo constante con Irán para pedir a las autoridades que pongan fin de inmediato a su campaña contra los abogados y abogadas de derechos humanos.

Información complementaria

Amirsalar Davoudi fue detenido el 20 de noviembre de 2018 y se halla recluido en la prisión de Evin de Teherán con acceso sumamente limitado a su familia y su abogado.

El 1 de junio de 2019, su esposa, Tannaz Kolahchian, anunció en Twitter que la Sección 15 del Tribunal Revolucionario de Teherán lo había declarado culpable de múltiples cargos y condenado a 30 años de prisión y a recibir 111 latigazos. La pena de flagelación contraviene la prohibición de la tortura y otros malos tratos establecida en el derecho internacional.

Entre los cargos de los que Amirsalar Davoudi ha sido declarado culpable figuran: “insultar a funcionarios”, “insultar al Tribunal Supremo” y “difundir propaganda contra el sistema”. De acuerdo con el artículo 134 del Código Penal, que estipula que, cuando una persona sea declarada culpable de tres o más cargos, cumplirá soló la condena más larga, impuesta por el cargo más grave, el tiempo real de condena que deberá cumplir son 15 años. El cargo por el que se le ha impuesto la condena más larga es “formar un grupo con el fin de perturbar la seguridad nacional”, que guarda relación con su canal de Telegram.

Amirsalar Davoudi es un abogado muy conocido por representar a activistas de los derechos humanos y a otras personas detenidas por sus actividades sociales y políticas.

En los últimos años, los tribunales iraníes vienen imponiendo condenas cada vez más severas a los abogados y abogadas de derechos humanos. El también abogado Mohammad Najafi fue condenado a un total de 17 años de prisión y 74 latigazos en tres causas distintas. Desde enero de 2018 se ha detenido o procesado también a otros abogados y abogadas, entre ellos Arash Keykhosravi, Ghassem Sholeh-Sa’di, Farokh Forouzan, Mostafa Daneshjoo, Mostafa Tork Hamadani, Payam Derafshan y Zeynab Taheri.


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Graves inundaciones en Irán con numerosas víctimas. El pésame del Papa

Irán Papa Francisco telegrama inundacionesLa inundación en Irán 

Pésame del Papa por las víctimas de las inundaciones en Irán

Telegrama de condolencia del Papa por las víctimas de las inundaciones que han afectado en estos días a diversas regiones de Irán, firmado por el cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin

El Papa Francisco ha enviado un telegrama de pésame por la pérdida de vidas humanas causadas por las inundaciones que han afectado a varias regiones de Irán. En la misiva, firmada por el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolin, el Pontífice “encomienda las almas de los difuntos al amor del Misericordioso e invoca bendiciones divinas de consuelo y fortaleza sobre los que sufren. Orando por el personal de emergencia y todos los esfuerzos para proporcionar ayuda, confía al pueblo de Irán a la providencia del Todopoderoso”.

Prevista más lluvia

Los muertos provocados por las inundaciones son por lo menos 19. El país permanece en alerta meteorológico y las autoridades invitan a los ciudadanos a no ponerse en viaje en estos días de vacaciones por el nuevo año persa, comenzado con el equinoccio de primavera del 21 de marzo. El número mayor de víctimas se registra en Shiraz, capital de la provincia meridional de Fars. En las próximas horas, están previstas nuevas lluvias torrenciales, especialmente en el norte y el este del país, y la alarma por posibles nuevas inundaciones fue lanzada en la mayor parte de las provincias, incluida la capital Teherán.


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Irán: condena inadmisible para una defensora de derechos humanos.

38 AÑOS DE CÁRCEL Y 148 LATIGAZOS PARA DESTACADA ABOGADA IRANÍ

Retrato de Nasrin Sotoudeh © Arash Ashourinia

Nasrin Sotoudeh ha sido condenada por defender los derechos de las mujeres en Irán

Luchar pacíficamente por los derechos humanos. Eso es lo que ha hecho Nasrin toda su vida. Como abogada defendía a las mujeres que se negaban a acatar las degradantes leyes sobre el uso del velo o hijab.

En Irán, a las mujeres y a las niñas no se les permite salir de sus hogares a menos que se cubran el cabello con un pañuelo y los brazos y las piernas con ropa suelta. Nasrin quería cambiar esto y fue detenida por ello.
Las autoridades iraníes interpretan que eso atenta contra la seguridad nacional o es un insulto al “Líder Supremo”.

Y le han impuesto la pena más cruel. La de Nasrin es la sentencia más dura que se recuerde en muchos años contra un defensor o defensora de los derechos humanos .

No podemos permitir que esta gran mujer reciba un solo latigazo ni pase un día más en prisión.

Exige al Líder Supremo de Irán la liberación inmediata e incondicional de Nasrin Sotoudeh y que la sentencia sea anulada ya.

¡Firma!


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Irán oculta la suerte de miles de disidentes políticos.

Irán comete crímenes de lesa humanidad al ocultar la suerte de miles de disidentes políticos asesinados

Presos víctimas de las matanzas en Irán en 1988 © Particular
  • Miles de personas víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en prisión en 1988
  • Campaña aún vigente para negar, distorsionar la verdad y cometer abusos contra las familias de las víctimas
  • La ONU debe establecer una investigación independiente sobre crímenes de lesa humanidad
  • Revelados nombres de destacadas figuras acusadas de participar en las masacres penitenciarias de 1988

“Al ocultar la suerte y el paradero de miles de disidentes políticos que fueron víctimas de desaparición forzada y ejecutados en secreto en prisión hace 30 años, las autoridades iraníes continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad”, dice Amnistía Internacional en un abrumador informe hecho público hoy.

El informe, Blood-soaked secrets: Why Iran’s 1988 prison massacres are ongoing crimes against humanity, pide a la ONU que emprenda una investigación independiente sobre las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales masivas que siguen impunes desde hace tres décadas.

“Estos secretos ensangrentados del pasado de Irán continúan atormentando al país en la actualidad. Este informe desenreda la tela de araña de desmentidos y distorsiones que las autoridades iraníes llevan 30 años perpetuando, tanto en el país como en el ámbito internacional, para ocultar la verdad de que sometieron a desaparición forzada y mataron sistemáticamente a miles de disidentes políticos en unas semanas, entre finales de julio y principios de septiembre de 1988”, dijo Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

“El hecho de que hasta la fecha las autoridades iraníes se niegan a reconocer los homicidios masivos; a decir a las familias cuándo, cómo y por qué fueron asesinados sus seres queridos; y a identificar y devolver sus cuerpos significa que las desapariciones forzadas continúan. Esto inflige un sufrimiento atroz a las familias de las víctimas. Hasta que las autoridades iraníes no reconozcan y revelen públicamente la suerte y el paradero de las víctimas, estos crímenes de lesa humanidad continúan perpetrándose”.

Durante 30 años, se ha negado a las familias de las víctimas el derecho a enterrar a sus seres queridos y llorar su pérdida.Quienes se atreven a buscar la verdad y justicia se enfrentan a un acoso despiadado, intimidación, detenciones y reclusión arbitrarias, así como a torturas y otros malos tratos. La profanación y destrucción de emplazamientos de fosas comunes ha causado más sufrimiento.

Mientras tanto, las personas responsables de estos crímenes de lesa humanidad eluden la justicia y, en algunos casos, han ocupado y siguen ocupando puestos de poder en Irán. Más recientemente, tras la aparición de más datos de lo ocurrido, los homicidios masivos han sido celebrados en el país y quienes intervinieron en ellos, saludados como héroes.

“En lugar de continuar con sus crueles ataques contra las familias, las autoridades iraníes deberían garantizar el derecho de éstas a la verdad, la justicia y una reparación, lo que incluye devolver los cuerpos de las víctimas e identificar los restos permitiendo exhumaciones profesionales de fosas comunes y análisis de ADN”, prosiguió Philip Luther.

Para este informe, Amnistía Internacional recogió testimonios de más de 100 familiares y supervivientes de todo el país y analizó cientos de documentos de los archivos históricos de la propia organización, informes, memorias y otros materiales escritos de supervivientes y grupos iraníes de derechos humanos, así como declaraciones de la ONU y de las autoridades iraníes. También cotejó listas que contenían los nombres de miles de víctimas y examinó certificados de defunción, muchos de los cuales eran engañosos, al no dar ninguna explicación o citar “causas naturales” como causa de la muerte. La investigación de la organización revela el terrible alcance nacional y la espantosa extensión geográfica de los homicidios masivos, e identificó al menos 32 ciudades de Irán donde se cometieron estas atrocidades.

Las matanzas penitenciarias de 1988

El informe expone que, a finales de julio de 1988, las autoridades ordenaron el cierre de prisiones de todo el país y suspendieron las visitas familiares sin dar ninguna explicación. En las siguientes semanas, al menos 5.000 disidentes políticos de ambos sexos fueron víctimas de ejecución extrajudicial en un esfuerzo coordinado para eliminar a la oposición política. Esto se hizo siguiendo al menos una fetua secreta dictada por el entonces  líder supremo de Irán, Ruhollah Jomeini, tras una incursión armada en Irán de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán (PMOI), grupo de oposición prohibido con base en Irak.

En todo Irán, agruparon a presos y presas, les vendaron los ojos y los llevaron ante comités de los que formaban parte autoridades judiciales, de la fiscalía, de los servicios de inteligencia y penitenciarias. Estas “comisiones de la muerte” no tenían ningún parecido a un tribunal y sus actuaciones fueron sumarias y arbitrarias en extremo. No hubo en ningún momento posibilidad de recurrir.

Preguntaron a reclusos y reclusas si estaban dispuestos a retractarse de sus opiniones políticas, a denunciar públicamente a sus grupos políticos y a declarar su lealtad a la República Islámica. A algunos les hicieron preguntas crueles, como si estaban dispuestos a caminar por un campo de minas para ayudar al ejército o a participar en pelotones de fusilamiento.

Nunca se les dijo que sus respuestas podían condenarlos a muerte. Algunos pensaron que estaban declarando ante un comité de indultos. Muchos no supieron que iban a ser ejecutados hasta minutos antes de que los alinearan ante un pelotón de fusilamiento o de que les pusieran la soga al cuello.

La mayoría de las víctimas cumplía penas de prisión impuestas años antes. Algunas llevaban años recluidas sin juicio, otras habían cumplido ya su condena aunque aún no habían sido puestas en libertad. En su mayor parte estaban en prisión por sus opiniones políticas y actividades pacíficas, como repartir folletos y asistir a manifestaciones.

La mayoría de las víctimas estaba afiliada a la PMOI, pero también fueron ejecutados cientos de presos y presas pertenecientes a organizaciones políticas de izquierdas y a grupos de oposición kurdos.

Figuras clave implicadas en los homicidios

Muchas de las autoridades que participaron en las “comisiones de la muerte” en 1988 han ocupado, y en algunos casos siguen ocupando actualmente, cargos de poder en Irán. En concreto, el informe reúne datos que muestran que participaron en las “comisiones de la muerte” las siguientes autoridades:

  • Alireza Avaei, el actual ministro de Justicia de Irán, era el fiscal general de Dezful, en la provincia de Juzestán, y fue encargado de participar en la “comisión de la muerte” de esa ciudad.
  • Hossein Ali Nayyeri, que actuó como juez de la sharia en la “comisión de la muerte” de Teherán, es actualmente presidente del Tribunal Disciplinario Supremo para los Jueces.
  • Ebrahim Raisi, fiscal adjunto de Teherán en 1988 y otro miembro de la “comisión de la muerte” de Teherán, se presentó a las elecciones presidenciales de 2017 y ha ocupado varios cargos importantes, el más reciente de los cuales fue el de fiscal general del país, hasta 2016.
  • Mostafa Pour Mohammadi, que fue ministro de Justicia entre 2013 y 2017, representó al Ministerio de Inteligencia en la “comisión de la muerte” de Teherán. En agosto de 2016 alardeó de su papel diciendo: “Estamos orgullosos de haber cumplido el mandamiento de Dios sobre la [PMOI]” y declaró abiertamente que no había “perdido el sueño en todos estos años” por los homicidios.
  • Mohammad Hossein Ahmadi, que participó en la “comisión de la muerte” de Juzestán, es actualmente miembro de la Asamblea de Expertos, órgano constitucional con facultades para nombrar o cesar al líder supremo de Irán.

En agosto de 2016, se filtró una grabación de sonido de una reunión de agosto de 1988 en la que se oye a algunas autoridades clave de la “comisión de la muerte” de Teherán hablando de su espeluznante trabajo. Ante la publicidad generada por esta revelación, los líderes iraníes han celebrado abiertamente los sucesos de 1988, glorificando la purga y afirmando que los responsables merecían recibir “medallas de honor”.

Estas declaraciones siguen a tres décadas de campaña de desinformación en la que las autoridades han restado importancia a la envergadura de los homicidios y demonizado a las víctimas diciendo que eran unos “pocos terroristas”.

“Es repugnante la grotesca distorsión de la verdad sobre estos crímenes horrendos, unida a la clara ausencia de arrepentimiento que muestran quienes tienen las manos manchadas de sangre. Todas las personas implicadas en la comisión y el ocultamiento de estos crímenes deben comparecer ante la justicia en juicios justos que excluyan la pena de muerte”, dijo Philip Luther.

Necesidad de medidas internacionales

La ONU y la comunidad internacional han fallado estrepitosamente a las familias y a las personas supervivientes. La ausencia de condena de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en aquel momento y el hecho de que la Asamblea General de la ONU no remitiera la situación al Consejo de Seguridad animó a las autoridades iraníes a seguir negando la verdad e infligiendo tortura y otros malos tratos a las familias.

“La deplorable inacción de la ONU y de la comunidad internacional a la hora de perseguir la verdad y la justicia por las atrocidades cometidas por las autoridades iraníes ha tenido consecuencias catastróficas no sólo para las personas supervivientes y las familias de las víctimas, sino también para el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos en el país. No se puede permitir que las autoridades de Irán sigan escudándose frente a la rendición de cuentas por sus crímenes de lesa humanidad”, concluyó Philip Luther.

“Dado que no hay perspectivas de que se haga justicia a las víctimas dentro de Irán, es aún más crucial que la ONU establezca un mecanismo internacional independiente, imparcial y efectivo para contribuir a que los responsables de estos crímenes odiosos respondan ante la justicia”.


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Irán: destrucción sistemática de fosas comunes

Irán: Nuevas pruebas de la profanación y destrucción deliberadas de múltiples emplazamientos de fosas comunes

  • Arrasar el terreno con excavadoras, construir carreteras, formar vertederos de basura o crear nuevas parcelas de sepultura son algunas de las tácticas utilizadas para poner en peligro y destruir fosas comunes.
  • La destrucción deliberada de pruebas forenses fundamentales por parte de las autoridades iraníes podría obstaculizar el ejercicio del derecho a obtener verdad, justicia y reparación.
  • Entre 4.000 y 5.000 personas, como mínimo, enterradas clandestinamente en fosas comunes tras la sangrienta masacre de 1988.

Nuevas pruebas —que incluyen análisis de fotos, vídeos e imágenes de satélite— demuestran que las autoridades iraníes están destruyendo deliberadamente los emplazamientos, presuntos o confirmados, de fosas comunes relacionadas con la masacre de 1988, cuando miles de presos que habían sido detenidos por motivos políticos sufrieron desaparición forzada y ejecución extrajudicial; así lo afirman Amnistía Internacional y Justicia para Irán en un informe que han publicado hoy.

Criminal cover-up: Iran destroying mass graves of victims of 1988 killings revela que, en los emplazamientos de estas fosas comunes, las autoridades iraníes están arrasando el terreno con excavadoras, construyendo edificios y carreteras, formando vertederos y creando nuevas parcelas de sepultura. Tales tácticas están destruyendo pruebas esenciales que podrían servir para establecer la verdad sobre la magnitud de los crímenes y para que las víctimas y sus familiares obtengan justicia y reparación. Estos lugares han estado permanente vigilados por cuerpos de seguridad, lo que parece indicar que en los procesos decisorios relacionados con su profanación y destrucción han participado organismos de seguridad e inteligencia así como judiciales.

Las atrocidades de la masacre cometida en Irán en 1988 son una herida que, 30 años después, aún sigue abierta. Con la destrucción de estas pruebas forenses vitales, las autoridades iraníes están reforzando a sabiendas un entorno de impunidad”, ha afirmado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.

“Estos lugares son escenas de crímenes y, como tales, deben ser protegidos hasta que se realicen investigaciones forenses adecuadas e independientes para identificar los restos mortales y las circunstancias de lo sucedido a las víctimas”, ha dicho Shadi Sadr, directora ejecutiva de Justicia para Irán.

En uno de los emplazamientos, en la ciudad de Tabriz, en el norte del país, las autoridades han vertido hormigón sobre más de la mitad de una superficie en la que se sospecha que hay una fosa común. Imágenes de satélite obtenidas por Amnistía Internacional y Justicia para Irán muestran cambios drásticos en la zona entre junio de 2016 y septiembre de 2017.

Otro alarmante ejemplo procede de la ciudad de Qorveh, en la provincia de Kurdistán, donde las autoridades, afirmando que los terrenos han sido destinados a fines “agrícolas”, han arrasado con excavadoras las lápidas y los letreros conmemorativos que habían colocado allí los desconsolados familiares en julio de 2016.

Durante casi tres décadas, las autoridades iraníes han persistido en ocultar la suerte y el paradero de las víctimas. Esta práctica constituye desaparición forzada, que es un crimen de derecho internacional.

Hoy sigue sin saberse el número exacto de presos que fueron ejecutados extrajudicialmente en 1988, aunque cálculos mínimos lo sitúan entre 4.000 y 5.000. Ninguna autoridad iraní ha sido investigada ni llevada ante la justicia, y algunos de los presuntos autores siguen ejerciendo un cargo político o con un puesto influyente dentro del poder judicial.

Se ha prohibido a los familiares celebrar reuniones conmemorativas y adornar las fosas comunes con flores y mensajes de recuerdo, que es una parte muy importante de las costumbres y los ritos de sepultura y duelo en Irán. Además, se han enfrentado al procesamiento y la cárcel por reclamar verdad y justicia.

“Han pasado 30 años desde que se cometió esta despiadada carnicería, y ya va siendo hora de que las autoridades pongan todo su empeño en revelar la verdad, y no en ocultarla. No se puede borrar sin más o tapar con hormigón el recuerdo de las personas asesinadas”, ha afirmado Philip Luther.

Estos crímenes atroces deben ser debidamente investigados, y todos los responsables de cometerlos, ordenarlos y ocultarlos deben comparecer ante la justicia en juicios con garantías y sin recurrir a la pena de muerte”, ha manifestado Lama Fakih.

Justicia para Irán calcula que puede haber más de 120 emplazamientos de restos mortales de víctimas de la masacre de 1988 repartidos por todo Irán.

En el informe se señalan siete emplazamientos de fosas comunes, presuntos o confirmados, que han sufrido destrozos entre 2003 y 2017: cementerio de Behesht Reza o y sus alrededores, en Mashhad, provincia de Jorasán Razaví; cementerio de Behesht Abad, en Ahvaz, provincia de Juzestán; cementerio de Vadieh Rahmat, en Tabriz, provincia de Azerbaiyán Oriental; cementerio de Golestan Javid, en Javarán; cementerio de Tazeh Abad, en Rasht, provincia de Gilan; cementerio bahaí de Qorveh, provincia de Kurdistán, y terrenos de la antigua sede del Tribunal Revolucionario en Sanandaj, provincia de Kurdistán.

Información complementaria

La masacre de 1988 comenzó poco después del fin de la guerra entre Irán e Irak y de una incursión armada fallida de la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, entonces con base en Irak, en julio de ese año. En todo el país se detuvo a personas por motivos políticos y se las recluyó en régimen de incomunicación. En agosto y septiembre empezaron a circular noticias entre los familiares de que los presos estaban siendo ejecutados en grupos y enterrados en fosas comunes sin señalizar. Los angustiados familiares buscaron señales de zanjas recién excavadas en los cementerios cercanos. Hasta hoy sigue sin conocerse la suerte y el paradero de la mayoría de las víctimas.

Desde finales de 1988, las autoridades han comunicado verbalmente a los familiares de las víctimas la muerte de sus seres queridos, pero sin añadir información alguna sobre las circunstancias de esas muertes y sin entregar los cadáveres ni revelar el lugar de su enterramiento en la mayoría de los casos.

Casi todas las víctimas de ejecución extrajudicial estaban cumpliendo largas penas de prisión, en muchos casos por su disidencia pacífica, que había consistido en actividades como distribuir periódicos y folletos, participar en manifestaciones pacíficas contra el gobierno y estar afiliadas, real o aparentemente, a diversos grupos políticos de oposición. Algunas habían sido liberadas años antes y nuevamente arrestadas en las semanas anteriores a las matanzas. Otras habían cumplido ya su condena pero continuaban en prisión por negarse a hacer declaraciones de “arrepentimiento”.


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Irán: cineasta condenado a graves penas.

CINEASTA IRANÍ CONDENADO A SEIS AÑOS DE PRISIÓN Y A 223 LATIGAZOS

Retrato de Keywan Karimi con una cámara fotográfica
Keywan Karimi © Particular

Seis años de prisión y 223 latigazos por “insultar a santidades islámicas” y mantener “relaciones ilícitas”. Es la condena dictada por un tribunal iraní contra el cineasta Keywan Karimi, reconocido a nivel internacional por su obra.

¿En qué se traducen los supuestos “delitos”?  El de “insultar a santidades islámicas” se debe a un videoclip musical que las autoridades encontraron en el disco duro de su ordenador. El cargo de “relaciones ilícitas sin llegar a adulterio” se presentó contra él por “dar la mano” a una mujer “que no tenía la cabeza y el cuello cubiertos” y “estar bajo techo” con ella.

El Código Penal Islámico de Irán, aprobado en mayo de 2013, tipifica como “delitos” actos imprecisos, como “difundir propaganda contra el sistema”, “provocar inquietud en la opinión pública”, “insultar a santidades islámicas” y “difamar a funcionarios del Estado”. Estos “delitos” tan mal definidos se utilizan a menudo para restringir el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión y van en contra de las obligaciones internacionales contraídas por Irán.

Tanto la detención de Karimi como su juicio estuvieron llenos de irregularidades y no cumplió las normas internacionales sobre juicios justos. El cineasta está a la espera del resultado de la vista de apelación que ha presentado. Si finalmente es encarcelado por cargos relacionados con sus actividades pacíficas, será considerado preso de conciencia.

Keywan Karimi ha dirigido 12 películas documentales y de ficción. Su documental La Frontera rota fue galardonado con el premio al mejor cortometraje documental en el Festival Internacional de Cine de Beirut de 2013. Otra película suya, La aventura de una pareja casada, se ha proyectado en los festivales de cine de Friburgo, San Sebastián y Zúrich.