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Honduras: comunicado de los obispos sobre la situación actual del País.

Honduras: Los obispos exhortan al diálogo y a superar toda forma de violencia

Martes 5 Dic 2017 | 10:06 am

Tegucigalpa (Honduras) (AICA):

“No tenemos derecho a fracasar una vez más en la construcción del Estado de Honduras y de su democracia”, escriben los obispos de la Conferencia Episcopal de Honduras en el comunicado dirigido a la comunidad nacional en medio de la controversia y violencia suscitada por las reñidas elecciones presidenciales del pasado 26 de noviembre que desataron una ola de protestas violencias en todo el país y que hasta el momento han dejado unos siete muertos.

A causa de la situación de violencia fue decretado por diez días el estado de excepción, que prohíbe la libre circulación entre las seis de la tarde y las seis de la mañana en todo o parte del territorio nacional, con el intento de poner fin a las protestas violentas que se han multiplicado en el país.

El papa Francisco también expresó este domingo, durante la oración del ángelus, su esperanza de que Honduras “pueda superar la crisis de manera pacífica”.

El comunicado de los obispos hondureños lamenta la “hora difícil de la historia social y política de nuestro país”, y advirtió que “no tenemos derecho a fracasar una vez más en la construcción del Estado de Honduras y de su democracia”.

Los obispos demandaron a las autoridades “recuperar la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, en base a la legitimidad y transparencia de sus acciones en este proceso electoral, procediendo de forma inmediata a la investigación especial de actas que sean solicitadas por los Partidos Nacional y la Alianza contra la dictadura”.

Este escrutinio de actas, indicaron, debe contar con la vigilancia de los observadores de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Países Cooperantes, además de los candidatos que disputan la presidencia.

Los prelados exigieron además “mantener actitudes de respeto, convivencia y diálogo entre los miembros de la comunidad y superar toda forma de violencia”.

“Por eso pedimos a los dirigentes del Partido Nacional y la Alianza contra la Dictadura, que durante el tiempo que dure toda la verificación de los datos, con el escrutinio especial de actas, y posteriormente a la declaración del resultado, orienten a sus bases para que asuman una postura de respeto, de madurez ciudadana, de promoción de la paz y la convivencia pacífica”.

El comunicado episcopal alentó además a “renovar la esperanza de que esta crisis sea ocasión para que Honduras se afiance como Estado de Derecho, se fortalezca con la ley sus instituciones, avance en la lucha contra la impunidad, la corrupción y la pobreza”.

“Todos los sectores sociales, políticos, académicos y religiosos comprometámonos a impulsar un diálogo franco, eficaz y creativo a corto plazo, que permita alcanzar acuerdos mínimos de gobernabilidad y gobernanza, restauración de la paz y la convivencia ciudadana en nuestra Honduras”, exhortaron.

Al finalizar su mensaje, los Obispos de Honduras expresaron su pedido a Dios para que “dé sabiduría a nuestros dirigentes para gobernar, les dé justicia para actuar correctamente y practicar el bien, y a todos los ciudadanos nos conceda rectitud de corazón y auténtico amor a la patria”. +

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Zimbabue: papel de la iglesia católica.

Obispos se pronuncian ante crisis que llevó a la renuncia de Mugabe en Zimbabue

El ex presidente de Zimbabue, Robert Mugabe / Foto: Flickr Al Jazeera English (CC BY-SA 2.0)

El ex presidente de Zimbabue, Robert Mugabe / Foto: Flickr Al Jazeera English (CC BY-SA 2.0)

ROMA, 21 Nov. 17 / 05:01 pm (ACI).- Los Obispos de Zimbabue, en África, pidieron que se “mantengan los intereses de la nación como prioridad” ante la crisis política y la reciente renuncia del presidente Robert Mugabe, quien no ha dejado ningún sucesor al poder.

Mugabe, que tiene 93 años de edad, había gobernado el país durante 37 años y era el único líder de la nación desde su independencia de Reino Unido.

El ex mandatario desató polémica tras destituir, a inicios de noviembre, al vicepresidente Emmerson Mnangagwa para darle el puesto a su esposa. Esta decisión provocó que el 15 de noviembre los militares llevaran a cabo un golpe de estado y pusieran a Mugabe bajo arresto domiciliario.

Cuatro días después, el partido Unión Nacional Africana de Zimbabue – Frente Patriótico (ZANU-PF) destituyó a Mugabe como su líder y le pidieron que renunciara a la presidencia.

Mugabe presentó hoy 21 de noviembre su carta de renuncia y no ha propuesto ningún sucesor. Esta noticia ha sido acogida positivamente por los zimbabuenses, quienes han salido a festejar en las calles de varias ciudades del país.

En medio de las tensiones políticas, el 19 de noviembre los Obispos de Zimbabue difundieron un comunicado, pidiendo a “quienes son fundamentales en estos delicados procesos (particularmente las Fuerza de Defensa de Zimbabue y los líderes políticos) que mantengan los intereses de la nación como prioridad”.

Según recoge la agencia vaticana Fides, los obispos exhortaron a que los líderes del país “continúen trabajando incansablemente para que la crisis tenga un final pacífico y para volver rápidamente a la normalidad y al orden constitucional”.

“Además imploramos a todos los líderes de opinión, a todos los medios de comunicación y a toda la población a que se abstengan de conductas y declaraciones que aumenten la tensión, engendren odio o inflamen las emociones. No respaldamos el sensacionalismo, las noticias falsas y todas las formas de odio en los medios ya que estas ponen en grave peligro la tranquilidad del proceso en curso y la sostenibilidad de la paz”, expresaron.

Los prelados también pidieron “tener en cuenta el hecho de que, además de los que han tomado acción y están envueltos en este proceso delicado que está en curso, toda la población está preocupada por este proceso así como del futuro del país”.

Afirmaron que la estabilidad de la nación “solo se puede alcanzar a través de personas inclusivas y de procesos de participación en una vía democrática” y que “el país debe desarrollar una cultura de elecciones libres y justas, referéndums y consultas”.

Los Obispos de Zimbabue concluyeron su mensaje pidiendo oraciones por el futuro y exigiendo que los acusados de crímenes sean juzgados por los tribunales.


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La crisis de Zimbabue y os obispos

Obispos se pronuncian ante crisis que llevó a la renuncia de Mugabe en Zimbabue

El ex presidente de Zimbabue, Robert Mugabe / Foto: Flickr Al Jazeera English (CC BY-SA 2.0)

ROMA, 21 Nov. 17 / 05:01 pm (ACI).- Los Obispos de Zimbabue, en África, pidieron que se “mantengan los intereses de la nación como prioridad” ante la crisis política y la reciente renuncia del presidente Robert Mugabe, quien no ha dejado ningún sucesor al poder.

Mugabe, que tiene 93 años de edad, había gobernado el país durante 37 años y era el único líder de la nación desde su independencia de Reino Unido.

El ex mandatario desató polémica tras destituir, a inicios de noviembre, al vicepresidente Emmerson Mnangagwa para darle el puesto a su esposa. Esta decisión provocó que el 15 de noviembre los militares llevaran a cabo un golpe de estado y pusieran a Mugabe bajo arresto domiciliario.

Cuatro días después, el partido Unión Nacional Africana de Zimbabue – Frente Patriótico (ZANU-PF) destituyó a Mugabe como su líder y le pidieron que renunciara a la presidencia.

Mugabe presentó hoy 21 de noviembre su carta de renuncia y no ha propuesto ningún sucesor. Esta noticia ha sido acogida positivamente por los zimbabuenses, quienes han salido a festejar en las calles de varias ciudades del país.

En medio de las tensiones políticas, el 19 de noviembre los Obispos de Zimbabue difundieron un comunicado, pidiendo a “quienes son fundamentales en estos delicados procesos (particularmente las Fuerza de Defensa de Zimbabue y los líderes políticos) que mantengan los intereses de la nación como prioridad”.

Según recoge la agencia vaticana Fides, los obispos exhortaron a que los líderes del país “continúen trabajando incansablemente para que la crisis tenga un final pacífico y para volver rápidamente a la normalidad y al orden constitucional”.

“Además imploramos a todos los líderes de opinión, a todos los medios de comunicación y a toda la población a que se abstengan de conductas y declaraciones que aumenten la tensión, engendren odio o inflamen las emociones. No respaldamos el sensacionalismo, las noticias falsas y todas las formas de odio en los medios ya que estas ponen en grave peligro la tranquilidad del proceso en curso y la sostenibilidad de la paz”, expresaron.

Los prelados también pidieron “tener en cuenta el hecho de que, además de los que han tomado acción y están envueltos en este proceso delicado que está en curso, toda la población está preocupada por este proceso así como del futuro del país”.

Afirmaron que la estabilidad de la nación “solo se puede alcanzar a través de personas inclusivas y de procesos de participación en una vía democrática” y que “el país debe desarrollar una cultura de elecciones libres y justas, referéndums y consultas”.

Los Obispos de Zimbabue concluyeron su mensaje pidiendo oraciones por el futuro y exigiendo que los acusados de crímenes sean juzgados por los tribunales.


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Cataluña. Informe de Amnistía Internacional

España: Novedades producidas en Cataluña desde el 1 de octubre

17 de noviembre de 2017

El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía el 1 de octubre

El 1 de octubre, Amnistía Internacional observó que los agentes encargados de hacer cumplir la ley recurrieron a la fuerza excesiva contra votantes, personas que se manifestaban pacíficamente y quienes obstaculizaban una operación policial legítima ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña para impedir la celebración del referéndum sobre la independencia.

Amnistía Internacional también documentó casos en los que los agentes encargados de hacer cumplir la ley hicieron un uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, como el uso de pelotas de goma por agentes de la Policía Nacional en el cruce de la calle Sardenya con la calle Diputación, en Barcelona. Un hombre sufrió lesiones graves y perdió la visión del ojo derecho tras recibir el impacto de una pelota de goma disparada contra él. La organización ha documentado asimismo el uso de material antidisturbios y de fuerza excesiva contra personas que querían votar en el referéndum y que no representaban ninguna amenaza para los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Por ejemplo, un agente de la Policía Nacional golpeó a una mujer delante de la Escuela Mediterrània, en el distrito barcelonés de la Barceloneta, sin ninguna razón aparente, cuando la mujer esperaba pacíficamente para votar. Por otra parte, Amnistía Internacional ha documentado el uso inadecuado de sustancias químicas irritantes en la localidad de Aiguaviva, Girona. Un agente de la Guardia Civil usó un spray de mano directamente contra unas personas que se resistían de forma pasiva y pacífica a la operación policial destinada a decomisar las urnas electorales.

Amnistía Internacional ha pedido una investigación imparcial, exhaustiva, independiente y efectiva sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza. La organización tiene conocimiento de que los tribunales están investigando algunas de las denuncias y pide al gobierno español que colabore plenamente con las autoridades judiciales en el contexto de estas investigaciones. Si la investigación concluye que ha habido un uso excesivo de la fuerza, los responsables deben ser sometidos a los procedimientos penales o disciplinarios oportunos. El uso arbitrario o abusivo de la fuerza por parte de agentes encargados de hacer cumplir la ley debe tratarse como un delito. Debe respetarse el derecho de las víctimas, en concreto su derecho a obtener una reparación, que incluya la indemnización.

 

El procesamiento de Carles Puigdemont y de otros altos cargos catalanes

El 30 de octubre, el fiscal general del Estado español presentó una querella en la Audiencia Nacional contra el ex presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont i Casamajó y 13 ex consejeros del gobierno catalán, y otra en el Tribunal Supremo contra varios ex miembros de la Mesa del Parlamento catalán, incluida su presidenta, Carme Forcadell.  Según el fiscal general, todos ellos son responsables penales de rebelión, sedición y malversación. Las investigaciones judiciales sobre estas causas siguen abiertas; los cargos son provisionales y los tribunales no han determinado aún la calificación de los delitos.

El 2 de noviembre, la Audiencia Nacional ordenó la prisión provisional de ocho de los 13 ex consejeros. El 5 de noviembre, después de que una jueza de la Audiencia Nacional emitiera una orden europea de detención, Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros fueron detenidos en Bélgica. Ese mismo día, las autoridades belgas los pusieron en libertad con fianza. El 9 de noviembre, el Tribunal Supremo ordenó la libertad con fianza de los cinco miembros del Parlamento catalán.

El 7 de septiembre de 2017, el Tribunal Constitucional había resuelto que el referéndum sobre la independencia de Cataluña respecto de España, previsto para el 1 de octubre, era inconstitucional. El derecho internacional de los derechos humanos no proporciona ninguna base para impugnar la legitimidad o el razonamiento jurídico de la sentencia del Tribunal Constitucional.

De esta sentencia se deduce que los actos de los altos cargos catalanes que participaron en la organización del referéndum y en la posterior declaración de independencia el 27 de octubre fueron ultra vires y posiblemente constituyeron delito en virtud de la legislación española.  Los actos cometidos por los altos cargos catalanes en el ejercicio de sus funciones oficiales para celebrar un referéndum ilegal no estaban protegidos ni por el derecho a la libertad de expresión ni por ningún otro derecho humano establecido en el derecho internacional de los derechos humanos.

Amnistía Internacional no ha calificado a los altos cargos catalanes en prisión de presos o presas de conciencia, pues la organización utiliza tal expresión únicamente para las personas que no deberían ser castigadas en modo alguno pero están privadas de libertad sólo por el ejercicio de sus derechos humanos (o por ciertos elementos de su identidad) y, por tanto, no han hecho nada que pueda interpretarse legítimamente como delito.

Ante la inexistencia de una definición aceptada del término “preso/a político/a” en el derecho internacional y a la luz de los numerosos posibles significados que puede tener en su empleo cotidiano, Amnistía Internacional, por norma general, trata de evitar su uso. La organización utiliza ocasionalmente el término como término descriptivo abreviado en casos con un fuerte contexto político, pero prefiere evitarlo por el riesgo de que sea malinterpretado en el sentido de que implica un estatuto jurídico determinado. Más específicamente, Amnistía Internacional no emplea los términos “preso/a político/a” y “preso/a de conciencia” de forma indistinta y, en concreto, evita el uso del término “preso/a político/a” en situaciones en las que podría invitar erróneamente a inferir que la persona así calificada es un “preso/a de conciencia”.

Al mismo tiempo que Amnistía Internacional reconoce que los consejeros y parlamentarios catalanes podrían haber cometido un delito legítimamente enjuiciable, los tribunales deben garantizar que las facultades discrecionales de enjuiciamiento no se ejercen de forma arbitraria o injustificada. Si, en opinión de los tribunales, los cargos formulados por el fiscal general no reúnen los requisitos legales necesarios para que constituyan un delito específico, deberán ser rechazados o revisados.

En concreto, según el artículo 472 del Código Penal español, el delito de rebelión exige el uso de la violencia para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. En cuanto a que el gobierno catalán hizo un llamamiento a las personas a la movilización y a la oposición pacífica a varias operaciones policiales legítimas antes o durante el referéndum, de los datos de que dispone Amnistía Internacional no parece que se cumpla el requisito de la violencia para que exista el delito de rebelión.

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre la actual situación de prisión provisional de los ocho ex consejeros del gobierno catalán. La jueza de la Audiencia Nacional justificó la imposición de esta medida haciendo referencia a los requisitos previstos en la legislación española, a saber: la existencia de indicios de su participación en los delitos, el riesgo de fuga, el riesgo de reiteración delictiva y el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas.

Sin embargo, según el derecho y las normas internacionales, el uso de la prisión preventiva sólo se justifica cuando no existe una medida alternativa que garantice los intereses de la justicia. Por otra parte, la medida de prisión preventiva debe estar sometida a revisión judicial periódica.

Amnistía Internacional observará atentamente todas las actuaciones penales sobre este caso para evaluar si se respetan plenamente el derecho a un juicio con las debidas garantías y el derecho a la libertad.

 

El procesamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por sedición: una restricción desproporcionada de su derecho a la libertad de reunión pacífica

El 16 de octubre, una jueza de la Audiencia Nacional dictó auto de prisión provisional contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes, respectivamente, de las organizaciones independentistas catalanas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Ambos están acusados de sedición en relación con las protestas que organizaron en Barcelona el 20 y 21 de septiembre.

Como ciudadanos particulares y presidentes de sendas organizaciones de la sociedad civil, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez tenían derecho a expresar sus opiniones contrarias a la sentencia del Tribunal Constitucional del 7 de septiembre. También tenían derecho a organizar reuniones pacíficas de apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña.

Por los mensajes que publicaron en las redes sociales, así como por algunas de las declaraciones que hicieron durante los sucesos, parece que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart convocaron a la ciudadanía a concentrarse delante de unos edificios oficiales con el fin de impedir una operación policial legal ordenada por un juzgado de Barcelona que conllevaba el registro de varios edificios oficiales. Al parecer, no animaron a los manifestantes a utilizar la violencia y los actos esporádicos de violencia cometidos por manifestantes, como los daños causados a unos vehículos de la policía, no se les puede atribuir directa ni indirectamente en tanto que organizadores de las protestas.

Mientras que el hecho de convocar a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita podría, de demostrarse, ser castigado, la presentación de cargos contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por un delito grave como es la sedición, que podría conllevar una pena de 10 años de cárcel, y su prisión provisional constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.  Por esta razón Amnistía Internacional pide que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart sean puestos en libertad y que se retiren los cargos de sedición.

Ante la posible comisión de un delito de orden público, Amnistía Internacional no les ha identificado como presos de conciencia. La organización seguirá observando las actuaciones penales y estudiará las pruebas presentadas contra ellos.

 

La situación de Carles Puigdemont y de los ex consejeros del gobierno catalán que están actualmente en Bélgica

Carles Puigdemont y todos los demás altos cargos actualmente procesados tienen derecho a un juicio con las debidas garantías que cumpla las leyes y normas internacionales de derechos humanos. En este momento, Amnistía Internacional no ha identificado ningún motivo que haga pensar que, de ser extraditados a España, sean sometidos a un juicio que incumpla el derecho y las normas internacionales; no obstante, la organización continuará observando las actuaciones que se siguen contra ellos para identificar los motivos de preocupación que puedan surgir.


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Eritrea: un País aislado, en profunda crisis.

Eritrea: una “Corea del Norte africana”

«Eritrea es el País con menos libertad en el mundo». Y quien lo afirma no es un opositor del presidente Isayas Afeworki ni tampoco una declaración del odiado gobierno etíope, sino un documento oficial de las Naciones Unidas. El informe, fruto del trabajo de una Comisión de investigación sobre los derechos humanos que ha examinado los testimonios de 550 eritreos y ha visionado 160 escritos (pero a la que le han impedido entrar en el Estado), acusa al gobierno eritreo de «sistemáticas, difusas y graves violaciones de los derechos humanos», entre los cuales torturas, violencias sexuales, desapariciones y trabajos forzados. Eritrea es definida como una «Corea del Norte africana» en la cual no existen instituciones y procesos democráticos, la libertas de prensa es inexistente, el servicio militar es a tiempo indefinido y las relaciones con todas las naciones cercanas son pésimas.

En la raíz

¿Pero cómo se ha llegado a esto? La situación actual tiene sus orígenes en la historia del país. Eritrea, antigua colonia italiana, después del período del protectorado británico (1941-1952), en un primer momento se federo y luego se anexo a la vecina Etiopía (entonces gobernada por el negus Hailè Selassie). A partir de la década de 1960, los eritreos, cada vez menos contentos con el control etíope, lanzaron una guerra de independencia que duró treinta años. El espíritu nacional se forjó en esta lucha. Los esfuerzos de los milicianos en el campo se unieron con los de los eritreos en la diáspora que recaudaban fondos y trabajaban para encontrar apoyo internacional. Entre los diversos movimientos, en los años setenta emergió el Frente de Liberación del Pueblo de Eritrea (Eplf). Su líder, Isayas Afeworki, asumió una línea marxista, pero independiente del bloque soviético que, en esos años, apoyaba a Etiopía (en el ínterin el imperio negussita había caído y, en su lugar, nació una república popular). La guerra continuó hasta 1991, cuando Mengistu Hailè Mariam, el líder de Etiopía, renunció y huyó. El Fple aliado con una franja de la resistencia etíope, tomó el control del territorio, y en 1993, a través de un referéndum celebrado en el marco de la ONU, Eritrea se independizó.

«Cuando Eritrea se hizo independiente – recuerda un italiano que desde los años Sesenta apoyaba a los rebeldes eritreos – pensábamos que se transformaría en una nueva Sudáfrica y que Isayas Afeworki se convertiría en su Nelson Mandela. Nunca antes nos habíamos equivocado tanto». En los primeros años, Eritrea estaba llena de entusiasmo. Muchos ciudadanos de la diáspora regresaron al país para invertir en actividades y vivir en su patria. El Eplf, movimiento guerrillero, se transformó en Frente popular para la democracia y la justicia (Pfdj) y se institucionalizó. Se inició a hablar de democracia y de una nueva Constitución. De hecho en 1997 se redacto una nueva Carta constitucional pero nunca llego a entrar en vigor. Sobre todo porque en le país soplaban vientos de guerra. Etiopía y Eritrea, pacificadas después de la independencia de Asmara y la salida del poder en Addis Abeba de un gobierno con mayoría tigrina, volvieron a mirarse recíprocamente con recelos.

Nuevas tensiones

Las tensiones nacieron debido a la falta de un acuerdo comercial. Luego basto una disputa fronteriza para que se encendiera el conflicto. El enfrentamiento duró de 1998 a 2000. 150,000 soldados eritreos y etíopes perdieron la vida. La solución de la disputa fronteriza fue asignada a una comisión independiente de la ONU. La Eritrea-Ethiopia Boundary Commission finalizó su investigación en 2002, estableciendo que la ciudad en disputa, Badme pertenecía a Eritrea. Sin embargo, el gobierno etíope nunca retiró su ejército de la ciudad. Por lo que la tensión entre los dos países, continúo siendo muy alta en los años siguientes.

El difícil clima con Etiopía ha sido funcional en el poder de Isayas. El presidente, usando como escusa el aislamiento sufrido por parte de los poderes hostiles y la imposibilidad de introducir un sistema democrático, usó cada vez más los métodos de represión de quienes criticaban al régimen. En 2001, un grupo de 15 miembros del Pfdj le envió una carta pidiendo reformas democráticas, la aplicación de la Constitución y elecciones. La carta tuvo eco en los medios nacionales e internacionales. Isayas respondió con fuerza. Once de los 15 firmantes fueron arrestados, tres encontraron refugio en el extranjero y uno se retractó. De los once arrestados, no se ha vuelto a saber nada. A falta de una constitución, el sistema institucional se derrumbó. El poder judicial fue confiado a los jueces militares en su rama penal y a los tribunales comunitarios en su rama civil. Pero ambos permanecieron bajo el estricto control del gobierno. Los nuevos códigos penales y civiles no se aplicaron. El parlamento, monopolizado por el Pfdj, no funcionaba. Los medios, el pilar de cualquier democracia, fueron cerrados. A día de hoy no existen medios de comunicación privados en Eritrea, y los únicos existentes están bajo el control del partido político dominante. La represión es muy dura.

Los problemas para las comunidades religiosas

Las diferentes confesiones religiosas también sufren una creciente interferencia en sus actividades por parte de la autoridad política. Oficialmente, Eritrea es un estado secular en el que la práctica religiosa es un asunto que queda limitado a la conciencia individual. De hecho, desde la fundación, el Eplf y luego el Pfdj están dominados por líderes cristianos ortodoxos que siempre han tenido relaciones desagradables con la parte musulmana. Por ello, desde los primeros días después de la independencia, muchos musulmanes han sido arrestados acusados de ser yihadistas que ponen en peligro la seguridad del país. A lo largo de los años, muchos imanes y líderes de comunidades islámicas también han sido encarcelados, acusados de ser culpables de criticar al gobierno. El mismo destino afecta a los testigos de Jehová y a las comunidades pentecostales. En 2002, todas las confesiones religiosas fueron prohibidas a excepción del Islam sunita, la Iglesia católica, los ortodoxos y los luteranos. Pero incluso la Iglesia Ortodoxa ha sufrido fuertes presiones. En 2007, el Patriarca Abuna Antonios se ve obligado a dimitir y es puesto en arresto domiciliario por criticar al régimen.

Solo la Iglesia Católica logra mantener un rol de autonomía. En 2014, los cuatro obispos publicaron una Carta Pastoral en la que denunciaban el estado crítico de la sociedad, causa principal de la huida de los jóvenes del país. En el documento, los obispos enumeraban los graves problemas a los que se enfrentan los eritreos, principalmente la fragmentación de familias cuyos miembros están dispersos debido al largo servicio militar o porque están encarcelados. Como resultado, las personas mayores se ven abandonadas a sí mismas. «Todo esto crea un país desolado», denunciaba la carta pastoral.

Un país aislado

El servicio militar armado es el tributo que el país debe pagar a la agresiva política exterior del gobierno de Asmara. Desde el años Dos mil, todos los jóvenes de 17 años interrumpen sus estudios y deben enrolarse en el ejercito «por tiempo indefinido». En los centros de entrenamiento predomina la violencia de los oficiales. La mayoría de los jóvenes se ven obligados a trabajar en las fincas de los generales o en el mantenimiento de las instalaciones públicas. Ante esta situación, los chicos tratan de escapar. Muchos de ellos dependen de redes de traficantes en connivencia con oficiales corruptos (especialmente los generales). Las estadísticas de las organizaciones internacionales hablan de 2-3,000 chicos que salen de Eritrea cada mes. Quizás se trata de datos sobre estimados, pero es cierto que el flujo de chicos es continuo.

Eritrea es un país aislado. Desde 2006, los Estados Unidos han impuesto sanciones a Asmara por el apoyo que brinda a las milicias somalíes en Shabaab. Con Etiopía continúan las tensiones que, periódicamente, provocan enfrentamientos armados. La breve guerra con Djibouti en 2013 también ha creado tensión con este pequeño estado. Tensión que aún no se ha desvanecido. Para salir de este aislamiento, Eritrea ha adherido a la coalición saudita que lucha en Yemen contra los rebeldes Houti. Asmara concede sus puertos como base logística para los barcos de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos. En 2014, aceptó asistir a las reuniones de Karthoum en las que la Unión Europea hizo un llamamiento a los países del este de África para contener los flujos migratorios a cambio de ayuda financiera. Sin embargo, el país permanece cerrado a cualquier influencia externa. Tanto como para negar el acceso a la ayuda internacional ante la reciente sequía. ¿Cuál será su futuro? Difícil de decir. El riesgo es que el estado colapse, dejando para sus ciudadanos solo los escombros de un sueño.


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El conflicto de Ucrania. Balance y problemas para este invierno.

La escalada del conflicto en el este de Ucrania pone en riesgo los servicios básicos para millones de personas

Suministros básicos como el agua potable son escasos en el este de Ucrania. Foto: UNICEF/Aleksey Filippov

08 de noviembre, 2017 — Con la llegada del invierno, los cortes de agua y calefacción podrían tener repercusiones drásticas sobre la salud de más de un millón de ucranianos en la provincia de Donetsk.

En los últimos días, dos estaciones de tratamiento de agua potable fueron bombardeadas durante nuevos enfrentamientos cerca de la línea de contacto entre la zona independentista y el resto del país, informó este miércoles el coordinador humanitario en Ucrania, Neal Walker.

Además del riesgo de cortar el acceso al agua, se teme que una posible fuga de gas cloro de las estaciones afecte a la población vecina.

El conflicto en el Donbass, que ya está en su cuarto año, tiene graves repercusiones humanitarias en las poblaciones más vulnerables, en particular los niños y personas mayores. Las necesidades son más agudas en invierno, cuando las temperaturas pueden alcanzar los 20 grados Celsius bajo cero.

La Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) estima que cuatro millones de personas requieren ayuda humanitaria en la región. A la fecha del 17 de octubre, el llamamiento humanitario para 2017 solo está financiado por 26%.

Desde junio de 2014, el conflicto ha causado la muerte de 2.800 civiles y desplazado a más de 1,6 millones de personas, según cifras del gobierno.