La mujer había salido de su hogar a las 3 de la mañana para llegar temprano a un mercado de Caracas donde se venderían pañales a precio subsidiado. Había hecho seis horas de cola con su bebé de apenas cuatro meses—ya que es necesario presentarse con un bebé o una partida de nacimiento para poder comprar los pañales—cuando miembros de la Guardia Nacional comenzaron a arrojar gases lacrimógenos hacia la fila. La mujer nos contó que no sabía qué estaba sucediendo, pero se alejó corriendo del lugar para proteger a su hijo.

Cola para comprar pañales, pasta dental y margarina en un mercado en La Urbina, Caracas, 1 de junio de 2016. © 2016 Human Rights Watch

Cola para comprar pañales, pasta dental y margarina en un mercado en La Urbina, Caracas, 1 de junio de 2016. © 2016 Human Rights Watch

Regresó una vez que se había disipado el gas lacrimógeno, pero ya era demasiado tarde. No pudo ingresar a tiempo al mercado para comprar los dos paquetes de pañales que se le permitía comprar a cada persona. Le fue imposible contener el llanto cuando nos dijo que solamente le quedaban dos pañales, y que no podía comprarlos en el mercado negro, donde cuestan 300 veces más. Le dijo a nuestros investigadores que debía hacer colas para comprar cada cosa que necesita, y que no conseguía alimentos suficientes para alimentar a su familia. “Si desayunas, no almuerzas, y si almuerzas, no cenas”, explicó.

Nuestros investigadores han realizado frecuentes viajes a Venezuela en los últimos meses, y han advertido que la situación allí sigue empeorando. La economía ha colapsado. Hay largas filas fuera de los mercados que venden productos subsidiados. La mayoría de los medicamentos considerados “esenciales” por la Organización Mundial de la Salud no se encuentran en muchos hospitales y farmacias. En nuestras visitas a hospitales, los médicos indicaron que faltaban medicamentos e insumos médicos básicos y que pedían a familiares de los pacientes que salieran a buscarlos. Pero a menudo estas personas regresan con las manos vacías. Los pacientes con diversas enfermedades tienen dificultades para obtener tratamiento médico. Fuera de la capital —sobre todo entre los sectores con menos recursos que no pueden solventar el costo de productos en el mercado negro— la situación es incluso peor.

El gobierno del Presidente Nicolás Maduro se ha negado a reconocer que existe una crisis de salud y alimentos en Venezuela. En vez de asumir su responsabilidad e intentar buscar soluciones, acusa a la “derecha” política de haber librado una “guerra económica” para debilitar al gobierno. Las autoridades venezolanas también están impidiendo que ingrese al país un volumen significativo de ayuda humanitaria, que podría contribuir a mitigar la crisis.

Para silenciar a los críticos, el gobierno ha llevado a cabo detenciones masivas y otras acciones represivas. Desde 2014, hemos documentado la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad a las manifestaciones, que ha incluido golpizas y detenciones de manifestantes pacíficos e incluso transeúntes, y la tortura de personas detenidas. El Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental que brinda asistencia legal a detenidos, ha contabilizado más de 90 personas a las cuales considera presos políticos.

Cuando nuestros investigadores visitaron Venezuela en junio, documentaron la detención, desde mayo, de a lo menos 21 personas acusadas de planificar, instigar o participar en acciones violentas contra el gobierno. En algunos casos, las “pruebas” consistían simplemente en la posesión de materiales de contenido político, como panfletos en los cuales se pedía la liberación de presos políticos. Todas estas personas, salvo dos, han sido acusadas penalmente. En varios casos, aunque los fiscales no presentaron evidencias creíbles que vincularan a los acusados con delitos concretos, fueron imputados igualmente por la justicia.

La mayoría de los detenidos afirmaron haber sufrido abusos mientras permanecieron bajo custodia de las autoridades. Varios declararon ante la justicia haber sido sometidos a vejaciones que podrían constituir tortura, incluidas violentas golpizas, descargas eléctricas y amenazas de violación sexual u homicidio.

En un viaje anterior, comprobamos que redadas policiales y militares llevadas a cabo en el último año en comunidades populares y de inmigrantes han dado origen a señalamientos de abusos generalizados, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones masivas arbitrarias, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.

La oposición política venezolana consiguió una victoria aplastante en las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia, que carece de independencia y abiertamente responde al poder ejecutivo, ha declarado la inconstitucionalidad de casi todas las leyes aprobadas este año por la Asamblea Nacional.

La oposición impulsa ahora un referéndum revocatorio sobre la presidencia de Maduro. Pero la autoridad electoral venezolana, integrada mayormente por funcionarios oficialistas, ha postergado reiteradamente el referéndum. Al respecto, la legislación estipula que si el referéndum se celebra este año y Maduro pierde, deberá convocarse a nuevas elecciones. En cambio, si la votación ocurre después del 10 de enero, ya habrá transcurrido una parte suficiente del mandato presidencial de Maduro y su vicepresidente asumiría funciones hasta las próximas elecciones regulares en 2019. Esto genera un incentivo para que el gobierno demore la votación.

En la visita que realizamos en junio, constatamos que el gobierno había despedido a decenas de empleados del servicio de administración aduanera y tributaria, aparentemente en represalia por haber firmado la petición del referéndum revocatorio. Todas estas personas habían estado en el cargo durante más de una década, y ninguna de ellas había tenido problemas por su desempeño laboral. A su vez, otros organismos gubernamentaleshabrían despedido a cientos de empleados más.

Diversos líderes regionales han instado a que gobierno y oposición inicien un diálogo. Pero deberían tener presente que sus pedidos serán en vano mientras el gobierno siga convirtiendo a opositores en blanco de represión y abusos. Los gobiernos de la región deberían exigir que Maduro ponga fin a la detención de opositores y a los abusos contra detenidos, y disponga la liberación de todos los venezolanos arrestados por motivos políticos. Esto incluye a dirigentes opositores como Leopoldo López, encarcelado desde febrero de 2014, y también a otros disidentes menos conocidos. Se debería ejercer presión sobre el gobierno de Maduro para que permita que el proceso revocatorio avance sin interferencias y adopte medidas concretas para abordar la crisis humanitaria.

El gobierno de Maduro actúa como si pudiera reprimir y cometer abusos libremente, con tan solo expresar falsas promesas de diálogo a gobernantes extranjeros. Sin presión internacional, esta situación no cambiará.