Loiola XXI

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Venezuela: qué hacer ante la crisis.

Qué debe hacer la comunidad internacional sobre Venezuela

Manifestantes se enfrentan con las fuerzas de seguridad venezolanas durante la llamada "Madre de todas las marchas" contra el presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 19 de abril de 2017.

Manifestantes se enfrentan con las fuerzas de seguridad venezolanas durante la llamada “Madre de todas las marchas” contra el presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 19 de abril de 2017.

Decenas de miles de venezolanos que han llegado a un punto de inflexión ante la crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela, salieron masivamente a las calles en todo el país el miércoles pasado. Pedían que el gobierno permita el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela para asistir a la enorme cantidad de personas que intentan desesperadamente conseguir alimentos y medicamentos. Y exigían que el gobierno celebre elecciones, libere a los presos políticos y restablezca la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional.
La dura reacción del gobierno venezolano fue una réplica absolutamente irresponsable de su respuesta a protestas anteriores. La respuesta del gobierno a estas protestas es otra prueba más de la necesidad de que exista una firme presión internacional, especialmente de la región, que conduzca al restablecimiento de los derechos humanos y la democracia en Venezuela—y es, además, una demostración del costo potencial de no hacerlo.

Antes de la manifestación, el Presidente Nicolás Maduro—apoyándose en su slogan de “defender la paz”—acusó a la oposición de ir por “el camino de la violencia, de la conspiración, del golpismo [y] del intervencionismo”. También anunció que multiplicaría la cantidad de milicias partidarias del gobierno y les proporcionaría fusiles. Todo esto ocurrió en medio de una tensión explosiva, en un país donde las fuerzas de seguridad han reprimido brutalmente manifestaciones contra el gobierno, a veces en colaboración con grupos armados alineados con el oficialismo.

El gobierno organizó una contramarcha en el centro de Caracas, precisamente en el mismo lugar hacia donde se dirigían los manifestantes de la oposición.

Miembros de las fuerzas de seguridad emplearon fuerza y dispararon gases lacrimógenos contra quienes se manifestaban contra el gobierno. Las imágenes disponibles muestran escalofriantes similitudes con los enfrentamientos de comienzos de 2014, que condujeron a detenciones arbitrarias y abusos generalizados contra opositores que participaron en las manifestaciones y contra transeúntes.

Diversos periodistas que dieron cobertura informativa a las protestas afirmaron haber sido hostigados por miembros de las fuerzas de seguridad. El gobierno sacó del aire a dos canales de noticias por cable que informaban sobre las protestas. Más de 500 personas fueron detenidas en todo el país el 19 de abril, y la mayoría todavía no había sido liberada. En total, más de 1.000 personas fueron detenidas en protestas contra el gobierno durante este mes.

Tres personas fueron asesinadas el 19 de abril, y con ellas el número total de muertos durante las manifestaciones de este mes asciende a ocho. Carlos Moreno, un joven de 17 años que, según indicaron diversos medios, no estaba participando en las manifestaciones, murió tras recibir un disparo en la cabeza en Caracas. Civiles armados en el estado Táchira dispararon y mataron a la estudiante universitaria Paola Andreina Ramírez, de 23 años, en un ataque que fue registrado en video filmado por un transeúnte, y que luego fue subido a Twitter. Un francotirador en el estado de Miranda mató al sargento San Clemente Barrios Neomar de la Guardia Nacional. El Ministerio Público sostuvo que estaba investigando los asesinatos, y que había identificado al agresor de Ramírez.

Cuando terminaron las manifestaciones, Diosdado Cabello, un poderoso político chavista que en el pasado presidió la Asamblea Nacional, dijo en su programa de televisión semanal que “no quisiera estar en el pellejo de ninguno de estos delincuentes que andan llamando a desestabilizar [al país]”. También mostró un cuadernillo con el título “Manual del Combatiente Revolucionario” y fotografías de líderes de la oposición, donde se pueden ver sus rostros y sus domicilios, advirtiendo al público que sabían “dónde viven, dónde se mueven”. En un país donde la impunidad es la regla, y donde el gobierno se ha aprovechado reiteradamente de la falta de independencia judicial para procesar y encarcelar arbitrariamente a opositores políticos, estas amenazas implícitas deben ser tomadas muy en serio.

A pesar de las muertes y el clima de amenazas, numerosos venezolanos, aunque menos que el miércoles pasado, salieron el jueves nuevamente a las calles para exigir un cambio en su país. La respuesta fueron más gases lacrimógenos y detenciones, según grupos locales.

El jueves, al menos 12 personas murieron durante incidentes de saqueo en dos urbanizaciones humildes en Caracas. Once murieron por heridas causadas con armas de fuego o electrocutadas en El Valle, según el Ministerio Público. Después de que las fuerzas de seguridad y civiles armados llegaran a El Valle, se escucharon varios disparos y el Hospital Materno Infantil en el área debió ser evacuado luego de que entrara gas lacrimógeno al edificio, reportaron los residentes.

El sábado, muchos venezolanos organizaron una manifestación en honor a quienes perdieron la vida durante las protestas de abril.

Incluso antes de las manifestaciones más recientes, la mirada de la región ya estaba puesta en Venezuela. La Organización de los Estados Americanos (OEA) está actualmente debatiendo sobre el cumplimiento, por parte de Venezuela, de la Carta Democrática Interamericana. En las últimas semanas, el secretario general de la OEA y varios Estados Miembros clave han manifestado su profunda preocupación por la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela, en un contexto de gravísima escasez de alimentos y medicamentos básicos.

La comunidad internacional también ha criticado la continuidad de la detención arbitraria del líder opositor Leopoldo López, que fue condenado a casi 14 años de cárcel; la decisión del contralor general de inhabilitar a Henrique Capriles Radonski, otro líder de oposición, para postularse a cargos públicos por 15 años; y un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia que significó, en la práctica, el cierre la Asamblea Nacional. La presión internacional se mantuvo incluso después de que el tribunal revisara parcialmente esa sentencia, respondiendo a un pedido del presidente.

Aquellos dispuestos a criticar las acciones del gobierno venezolano deben llevar su desaprobación un paso más allá. Los líderes latinoamericanos deberían convocar inmediatamente a una reunión de cancilleres para tratar la crisis en Venezuela y presionar al gobierno de Maduro para que admita observadores independientes cuando organice las próximas elecciones en el país. Deben exigir que Maduro libere a los presos políticos, restablezca la independencia del poder judicial y los poderes de la Asamblea Nacional, y, sobre todo, permita que llegue ayuda humanitaria suficiente al país para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano.


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Amonestación de la ONU al gobierno y a la oposición de Venezuela.

Venezuela: ONU urge al gobierno y la oposición a un diálogo que reduzca la polarización

Venezolanos hacen cola para comprar comida en Cumaná. Foto: Meridith Kohut/IRIN

20 de abril, 2017 — La ONU urgió hoy al gobierno y a la oposición de Venezuela a esforzarse en reducir las tensiones imperantes y evitar más enfrentamientos.

El portavoz del Secretario General de Naciones Unidas expresó la preocupación del organismo mundial por los últimos acontecimientos en el país sudamericano.

“Llamamos al gobierno de Venezuela y a la oposición a comprometerse sinceramente con la reactivación de los esfuerzos por entablar un diálogo, sobre todo en cuanto a asuntos críticos que ya habían integrado a la agenda, como el equilibrio entre los distintos poderes del Estado, el calendario electoral, los derechos humanos, la verdad y la justicia y la situación socieconómica”, dijo Stephan Dujarric.

Asimismo, la ONU instó a todas las partes a tomar medidas concretas que beneficien al pueblo venezolano reduciendo la polarización y creando las condiciones necesarias para abordar los desafíos que afronta el país.

Las tensiones se exacerbaron ayer miércoles en Venezuela durante una serie de marchas de protesta convocadas por la oposición en varias ciudades del país. Las manifestaciones tuvieron un desenlace violento cuando se produjeron choques con las fuerzas de seguridad, dejando un saldo de tres personas muertas –dos civiles y un guardia nacional–, varios heridos y más de 500 detenidos.

Los simpatizantes del gobierno, por su parte, realizaron una marcha multitudinaria, también el miércoles, para defender al presidente del país, Nicolás Maduro.

En las últimas tres semanas se ha registrado una ola de movilizaciones tras una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia a finales de marzo que dejaba sin competencias al Parlamento y que fue rectificada días más tarde.

La oposición convocó a nuevas manifestaciones hoy en todo el país, el portavoz de la ONU señaló que el organismo mundial observa con detenimiento esos acontecimientos.


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Los jesuitas de Venezuela ante la situación actual en el País.

Venezuela_map                                                            COMUNICADO
El Rector de la Universidad Católica Andrés Bello en unión de su Canciller, Cardenal
Jorge Urosa Savino, Arzobispo de Caracas, y su Vicecanciller, P. Rafael Garrido,
Provincial de la Compañía de Jesús, se dirigen a la opinión pública para emitir el
siguiente comunicado.

La Universidad Católica, nacida del Corazón de la Iglesia,1no debe ni puede permanecer
callada frente a la violación de derechos humanos y la impunidad. Ante el rostro sufriente de Cristo, que veneramos en estos días de Semana Santa, escuchamos en nuestra conciencia, con la misma insistencia, la voz de Dios que reclama a Caín: “La sangre de tu hermano clama desde el suelo hasta mí” 2
De acuerdo con los señalamientos de la Fiscal General de la República y la comunidad
internacional, Venezuela sufre una grave ruptura del orden constitucional, que
lamentablemente no ha sido subsanada, lo cual agrava profundamente la convivencia
democrática y cuestiona la existencia de un “Estado Social de Derecho y de Justicia”.

El desconocimiento a la Asamblea Nacional y su bloqueo permanente es totalmente
inaceptable. Como lo expresó la Conferencia Episcopal Venezolana, “una nación sin
parlamento es como un cuerpo sin alma”. Desconocer la existencia del otro y sus derechos, es sencillamente destruir toda posibilidad de convivencia democrática y plural. 3
Frente a esta situación, la gente, y muy especialmente los jóvenes universitarios, han decidido protestar y reclamar sus derechos. Protestar no es un delito, es un derecho humano que debe ser respetado y garantizado por el Estado, como lo establece nuestra Constitución.

En concreto, los ciudadanos que han salido a protestar exigen:
 Reconocer plenamente a la Asamblea Nacional y restituir todas sus funciones.
 Convocar a elecciones regionales y municipales de acuerdo a lo previsto en la
Constitución Nacional, con garantías plenas.
 Levantar la inconstitucional inhabilitación política dictada contra el gobernador Henrique Capriles.
 Conceder libertad plena de los presos políticos.
 Que el Poder Ciudadano califique de falta grave las decisiones de la Sala Constitucional
que fueron denunciadas por la Fiscal General de la República como “ruptura del orden
constitucional”.
Ante estas demandas legítimas de nuestro pueblo, el gobierno ha desplegado una represión indiscriminada y sistemática contra la población civil haciendo uso irresponsable e ilegal de la fuerza. Son especialmente aberrantes los disparos de bombas lacrimógenas dentro de centros hospitalarios y de centros comerciales, el disparo de este tipo de bombas directo a las personas y el lanzamiento de estos artefactos desde helicópteros de los cuerpos de seguridad del Estado. Se ha registrado el uso de armas de fuego para reprimir a los manifestantes. Solo en Caracas se reportan más de 50 heridos, se han reportado 2 muertos en diferentes estados y el número de detenidos en el país asciende a 298 personas.

Todos los mecanismos de orden público deben ser compatibles con la protección y la
garantía de los derechos humanos. Nuestra Constitución establece en su artículo 68, que se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones
pacíficas. El Estado tiene un límite que no puede transgredir y son los derechos humanos. No se pueden sacrificar los derechos humanos con el pretexto de restaurar el orden público.

Exigimos al gobierno en nombre de Dios: que cese la represión y la criminalización de las manifestaciones pacíficas mediantes las cuales el pueblo expresa su descontento y demanda cambios. Que cesen las detenciones arbitrarias y se cumpla el debido proceso y las garantías judiciales a todas las personas privadas de libertad en el marco de las manifestaciones recientes. Que suspenda de inmediato y se investigue de manera independiente y exhaustiva el lanzamiento de gases tóxicos y disparos de perdigones y armas de fuego contra los manifestantes, locales comerciales, centros de salud y vehículos, dado que estos actos configuran graves infracciones del
derecho internacional y pueden constituir crímenes de lesa humanidad.

Al mismo tiempo pedimos a todas las personas que deseen ejercer su legítimo derecho a la manifestación, que lo hagan en el marco del respeto a las leyes y a los ciudadanos,
evitando todo tipo de violencia que tergiversa los más nobles propósitos.

Reconocernos todos como hermanos, hijos de esta tierra, y recuperar la convivencia democrática es nuestro gran reto. Rogamos a Jesucristo puesto en cruz que su grito de dolor conmueva nuestras entrañas ante la violencia generalizada que está golpeando a nuestra gente.
Que Jesucristo Nazareno nos bendiga en este día en el que todo el país y especialmente la
ciudad de Caracas agradecen su compañía misericordiosa.
Caracas, 12 de abril de 2017.
Francisco José Virtuoso, SJ
RECTOR
1 Encíclica Ex Cordie Ecclesiae, Juan Pablo II,
22/05/1984, No 1 2 Génesis 4, 9-10
3 Comunicado de la Presidencia de la Conferencia Episcopal de Venezuela Ante las Decisiones del Tribunal
supremo de Justicia de fecha 11 de abril del 2017


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Migración de venezolanos a Brasil. Informe HRW

Venezuela: La crisis humanitaria se extiende a Brasil

Se necesita con urgencia una respuesta regional

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Hamacas donde duermen miembros de la comunidad indígena venezolana Warao en un refugio en Boa Vista. Otros duermen en el suelo dentro del refugio. 11 de febrero de 2017.

Hamacas donde duermen miembros de la comunidad indígena venezolana Warao en un refugio en Boa Vista. Otros duermen en el suelo dentro del refugio. 11 de febrero de 2017.

(Washington, DC) – La crisis humanitaria en Venezuela está traspasando las fronteras del país, señaló hoy Human Rights Watch. Los gobiernos latinoamericanos deben ejercer una firme presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro para que adopte medidas que solucionen la grave escasez de medicamentos y alimentos en Venezuela, que está provocando que muchos venezolanos huyan del país.

Decenas de miles de venezolanos han escapado de una crisis humanitaria que su gobierno niega que exista, y a la cual no está dando una respuesta adecuada. Miles se han ido a Brasil, en muchos casos entrando a través de la frontera de Venezuela con el estado brasileño de Roraima. Algunos buscan ser acogidos allí como refugiados, otros intentan encontrar trabajo temporario y algunos viajan para obtener asistencia médica que necesitan con urgencia. La migración sin precedentes de venezolanos está poniendo al límite de su capacidad al sistema público de salud de Roraima, que ya estaba saturado, y está colapsando el sistema brasileño de procesamiento de solicitudes de asilo.

La crisis humanitaria en Venezuela está traspasando las fronteras del país.

“Brasil está intentando atender las necesidades urgentes de los venezolanos que son víctimas de una crisis humanitaria de la cual el gobierno de Maduro es el principal responsable”, destacó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Tarde o temprano, Brasil y otros gobiernos de la región tendrán que presionar al gobierno de Venezuela para que deje de negar la crisis y adopte medidas adecuadas para solucionarla”.

Según fuentes oficiales, más de 12.000 venezolanos han entrado y permanecido en Brasil desde 2014. El número de venezolanos que se trasladan a Brasil para vivir allí se ha quintuplicado desde 2014, llegando a 7.150 durante los primeros once meses de 2016. Muchos venezolanos viven en condiciones precarias en las calles y en un centro de acogida en Boa Vista, la capital de Roraima. Cada uno de los más de 60 venezolanos entrevistados por Human Rights Watch en febrero dijo que, a pesar de las duras condiciones en las cuales vivían, estaban mejor en Brasil que en Venezuela.

La demanda de atención médica por parte de venezolanos hace que sea cada vez más difícil para el sistema público de salud del estado atender las necesidades de todos sus pacientes, tanto brasileños como venezolanos.

El Hospital General de Roraima, que atiende al 80 por ciento de los adultos en el estado, brindó tratamiento a 1.815 venezolanos en 2016, una cifra que más que triplica la de 2015. En febrero de 2017, la directora del hospital dijo a Human Rights Watch que el establecimiento estaba atendiendo a un promedio de 300 pacientes venezolanos por mes. El número de mujeres venezolanas que solicitan atención en el hospital de maternidad de Roraima casi se duplicó en 2016, llegando a 807 pacientes. En el hospital en la localidad fronteriza de Pacaraima, aproximadamente el 80 por ciento de los pacientes son venezolanos y más de la mitad de las consultas para atención prenatal que tuvieron lugar entre enero y agosto de 2016 fueron de venezolanas.

Tarde o temprano, Brasil y otros gobiernos de la región tendrán que presionar al gobierno de Venezuela para que deje de negar la crisis y adopte medidas adecuadas para solucionarla.

José Miguel Vivanco

Director para las Américas

Incluso en hospitales donde los venezolanos representan a una pequeña proporción de la totalidad de los pacientes, varios médicos y enfermeras dijeron que el aumento del número de pacientes está agravando las dificultades que ya enfrentaba el sistema público de salud del estado a la hora de atender a todos los pacientes.
Diversos profesionales de la salud brasileños dijeron que, en general, los venezolanos llegan al hospital más grave que los pacientes de Brasil, por no haber recibido tratamiento adecuado en su propio país. Muchos son tratados por complicaciones de enfermedades como VIH/SIDA, neumonía, tuberculosis y malaria que no habían sido tratadas en Venezuela por la escasez de medicamentos. Los médicos dijeron que, por ello, es más frecuente que los pacientes venezolanos necesiten ser hospitalizados, en comparación con los pacientes locales. Distintos profesionales de salud dijeron que incluso antes de la llegada de pacientes venezolanos, la capacidad de los hospitales era insuficiente para responder a la demanda.
Uno de los ejemplos documentados por Human Rights Watch es el de Bárbara Rosales, de 21 años, quien en enero acudió al hospital en la ciudad venezolana de Santa Elena de Uairén con complicaciones en su embarazo de seis meses. El hospital no contaba con los medicamentos que necesitaba, y terminaron enviándola a Brasil en un automóvil, acompañada por un enfermero, pero sin medicamentos. En Brasil, Rosales fue internada inmediatamente. Su bebé nació cinco días después, pesando un kilo. Cuando Human Rights Watch visitó el hospital un mes después, su hija seguía en la unidad de cuidados intensivos.

Las autoridades de Roraima han proporcionado recursos adicionales a los hospitales del estado para que puedan hacer frente al aumento en la demanda de servicios. En diciembre, la gobernadora declaró un estado de emergencia de salud para obtener ayuda federal. Sin embargo, en febrero las autoridades del estado dijeron que no había llegado ninguna ayuda federal.

Otros venezolanos señalaron que se habían trasladado a Brasil porque no podían comprar en su país los medicamentos que necesitaban. Geraldine Dhil, de 32 años, contó que cruzó la frontera intentando encontrar un empleo que le permitiera comprar medicamentos en Brasil para tratar a su hija de 13 años, que tiene cáncer. Human Rights Watch la entrevistó mientras recorría a pie los 200 kilómetros que hay entre la frontera y Boa Vista, bajo un sol y una temperatura agobiantes.

Según información recabada durante los últimos cinco meses en Roraima por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Brasil, la inmigración desde Venezuela es mixta, es decir, algunas personas reúnen los requisitos para obtener protección internacional como refugiados, mientras que otras no. Exfuncionarios del organismo federal brasileño para los refugiados dijeron a Human Rights Watch que compartían esas conclusiones.

Casi la totalidad de los venezolanos entrevistados dijeron que se habían ido de Venezuela principalmente porque no podían comprar suficientes alimentos o medicamentos para sus familias, o debido a los altos índices de criminalidad. La mayoría había solicitado asilo. El gobierno brasileño informó que la cantidad de venezolanos que solicitan asilo aumentó drásticamente, de 54 en 2013 a 2.595 en los primeros 11 meses de 2016. Al 31 de diciembre, el Ministerio de Justicia solamente había resuelto 89 de los 4.670 casos de venezolanos que habían pedido asilo desde 2012, y había concedido asilo en 34 de esos casos. El gran volumen de solicitudes de venezolanos sin resolver está demorando el procesamiento de todas las solicitudes de asilo en Brasil.

En Roraima, más de 4.000 venezolanos han estado varados durante meses en una lista de espera para poder solicitar asilo. El derecho brasileño permite que las personas que han solicitado asilo permanezcan en Brasil, obtengan permisos de trabajo e inscriban a sus hijos en la escuela. Pero no resulta claro si las constancias que muestran una cita futura para pedir asilo —algunas de esas citas fijadas para el 2018— que ha estado entregando la Policía Federal son válidas para certificar que la persona tiene una autorización de permanencia temporal en Brasil. Incluso si los venezolanos no son deportados mientras esperan su cita, no tienen autorización legal para trabajar, y esto los expone a ser explotados laboralmente.

En 2016, las autoridades deportaron a 514 venezolanos de Roraima, mientras que apenas 20 fueron deportados en 2015. En diciembre de 2016, la Policía Federal intentó deportar a 450 miembros de la comunidad indígena venezolana Warao, pero la Defensoría Pública federal presentó un recurso de hábeas corpus ante un tribunal local alegando que se trataba de una medida arbitraria, y un juez frenó la deportación en el último momento.

En marzo, el Consejo Nacional de Migraciones de Brasil, que forma parte del Ministerio del Trabajo, aprobó una resolución para conceder a los venezolanos permisos de residencia por dos años. Si esta medida se implementa adecuadamente, podría disminuir la presión sobre el sobrecargado sistema de asilo brasileño.

Luego de que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, presentara un informe sobre derechos humanos y la crisis humanitaria en Venezuela en mayo de 2016, el Consejo Permanente de la OEA aceptó avanzar con una evaluación del cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana por parte de Venezuela, a pesar del argumento del gobierno venezolano de que esto violaba su soberanía. A mediados de marzo de 2017, Almagro reabrió el debate y señaló que Venezuela estaba incumpliendo las disposiciones de la carta.

El 28 de marzo, 20 estados miembros de la OEA votaron a favor de debatir la crisis de Venezuela en una sesión del Consejo Permanente, aun después de que el gobierno venezolano argumentara que esto implicaría una injerencia en sus asuntos internos. Durante el debate, algunos miembros de la OEA expresaron de forma contundente que la crisis de Venezuela está socavando los derechos humanos y la democracia. Varios gobiernos regionales emitieron mensajes igualmente enérgicos algunos días después, después de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano clausuró la Asamblea Nacional el 29 de marzo. Si bien el tribunal se retractó parcialmente tres días después, luego de que Maduro le pidiera que revisara el pronunciamiento, no ha revertido otras decisiones anteriores que ya han limitado gravemente los poderes de la Asamblea Nacional.

El 18 de abril de 2017, Human Rights Watch presentó a Almagro sus conclusiones sobre el impacto de la inmigración venezolana a Brasil.

“Que los gobiernos de América Latina coloquen la crisis en Venezuela como asunto prioritario de política exterior es indispensable para abordar un problema que ya está teniendo consecuencias fuera de sus fronteras”, dijo Vivanco.

A continuación encontrarán mayor información sobre nuestra investigación, testimonios de personas entrevistadas y medidas adoptadas por el gobierno brasileño para abordar el impacto de la inmigración venezolana.

Conclusiones de Human Rights Watch

En febrero, Human Rights Watch entrevistó a casi 100 personas en Roraima, incluidos ciudadanos venezolanos que habían llegado recientemente a Brasil, funcionarios brasileños, médicos, enfermeras, personal de los hospitales públicos, académicos y activistas. Los ciudadanos venezolanos habían llegado desde Caracas, la capital de Venezuela, y desde nueve estados —Aragua, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Mérida, Miranda, Monagas, Sucre y Zulia—, algunos de los cuales están a más de 1.000 kilómetros de la frontera. Human Rights Watch también consultó estadísticas sobre salud del gobierno del estado, información proporcionada por los dos principales hospitales de Boa Vista, y expedientes judiciales y resoluciones dictadas por autoridades brasileñas del estado de Roraima y federales.

La crisis humanitaria en Venezuela

Venezuela está atravesando una profunda crisis humanitaria, tal como han documentado Human Rights Watch y otras organizaciones. Debido a la gravísima escasez de medicamentos, insumos médicos básicos e incluso comida, muchos venezolanos no pueden alimentar a sus familias o recibir asistencia médica adecuada. Esto afecta sobre todo a las familias de ingresos bajos y medios que dependen de artículos sujetos a controles de precios fijados por el gobierno.

La respuesta del gobierno venezolano ha sido a todas luces insuficiente. Las autoridades han negado que exista una crisis y no han implementado políticas eficaces para mitigarla, ni tampoco han llevado a cabo acciones efectivas para obtener la asistencia humanitaria internacional que podría reforzar sustancialmente sus propias medidas limitadas contra la crisis. A fines de marzo, el Presidente Nicolás Maduro señaló en televisión que había solicitado ayuda a las Naciones Unidas para conseguir medicamentos, sin dar detalles adicionales, pero aún no ha reconocido la magnitud de la crisis. Mientras tanto, los derechos de los venezolanos a la salud y la alimentación están siendo gravemente vulnerados, sin perspectivas de que esto cambie.

Migración venezolana hacia Brasil

En una medida desesperada, los venezolanos están huyendo del país, y para las numerosas personas que no pueden pagar pasajes aéreos, su destino está cruzando la frontera, en el estado de Roraima, en el norte de Brasil.

Decenas de miles de personas han llegado a Brasil desde 2013. La mayoría han sido migrantes transitorios que, después de ganar algo de dinero, regresaron a su lugar de origen.

Sin embargo, más de 12.000 venezolanos se han quedado en Brasil desde 2014, según un informe oficial. El número de venezolanos que llega a Brasil y permanece en el país cada año se ha quintuplicado, de 1.341 en 2014 a 7.150 en los primeros once meses de 2016, de acuerdo con datos oficiales. La mayoría de los ingresos registrados fue por el cruce entre Santa Elena de Uairén, en Venezuela, y Pacaraima, en Brasil. Otros han atravesado la frontera sin informar a las autoridades brasileñas, según dijeron funcionarios de la Policía Federal de Brasil a Human Rights Watch. (Venezuela y Brasil cuentan con una frontera terrestre de 2.200 kilómetros de extensión).

Human Rights Watch entrevistó a 65 venezolanos que habían llegado recientemente a Roraima. Todos manifestaron haber huido de Venezuela porque no les alcanzaba el dinero para comprar suficientes alimentos para sus familias, no tenían acceso a servicios de salud adecuados o habían sido víctimas de delitos violentos (o temían serlo), o bien por una combinación de los motivos anteriores. Casi todos estaban enviando alimentos y dinero a sus familiares en Venezuela, principalmente a hijos o padres. Algunos afirmaban haber sido víctimas o testigos de persecución política en Venezuela, aunque ninguno manifestó que este haya sido el motivo principal por el cual se fueron.

Algunos inmigrantes venezolanos están empezando a dejar el estado de Roraima, muchos para dirigirse a la ciudad de Manaos, en el estado de Amazonas, que está al final de la única carretera pavimentada que conecta a Roraima con el resto de Brasil, según señalaron venezolanos y funcionarios brasileños entrevistados. Si bien no hay estadísticas oficiales, la prensa local sostiene que al menos 200 personas ya han llegado a Manaos.

Impacto en el sistema de atención de la salud de Roraima

El sistema de salud público de Roraima ha tenido dificultades durante años para atender las necesidades de la población local, según César Farias, secretario de salud del estado, y según profesionales de la salud entrevistados. Algunos pacientes eran ubicados en sillas reclinables en los pasillos de los centros de salud debido a la falta de camas, dijeron los profesionales de la salud.

Un análisis de datos oficiales y de entrevistas a informantes clave, incluyendo profesionales de la salud en los principales hospitales de Boa Vista y Pacaraima, indica que la llegada de venezolanos en 2016 —tanto de pacientes que ahora viven en Brasil como de visitantes temporales que procuran atención de salud— ha empeorado una situación que ya era difícil. Si bien anteriormente un acuerdo bilateral permitía que brasileños que vivían en Roraima a veces fueran atendidos en hospitales venezolanos, actualmente el movimiento de pacientes es casi totalmente desde Venezuela hacia Brasil.

Entre enero y principios de diciembre de 2016, más de 7.600 venezolanos fueron atendidos en el Hospital General de Roraima, el principal establecimiento de salud del estado, que atiende a más del 80 por ciento de la población adulta; en el hospital de maternidad Nossa Senhora de Nazareth, el único centro estatal dedicado a la atención de la salud materna; y en el hospital de Pacaraima, que atiende a la zona fronteriza.

En el hospital de Pacaraima, cerca del 80 por ciento de los pacientes son venezolanos, según indicó una jefa de enfermería. La mayor demanda de atención en Pacaraima —una ciudad fronteriza con alrededor de 12.000 habitantes— está expandiendo algunos de los aspectos de la crisis venezolana a Brasil. La enfermera indicó que hay grave escasez de algunos insumos médicos esenciales para brindar atención básica, como gasas, fluidos intravenosos y jeringas, y de medicamentos básicos como paracetamol infantil. Un decreto de emergencia dictado por el gobierno del estado indica que más de la mitad de las consultas de atención prenatal en Pacaraima entre enero y agosto de 2016 fueron de venezolanas.

En los dos principales establecimientos de atención de la salud en Boa Vista la gran mayoría de los pacientes siguen siendo brasileños. No obstante, algunos funcionarios públicos, doctores y enfermeras afirman que el drástico aumento en el número de pacientes venezolanos ha puesto a prueba como nunca la capacidad para tratar adecuadamente a los pacientes. Diversos profesionales de la salud señalaron que las complicaciones por falta de tratamiento adecuado en su lugar de origen hacen que los pacientes venezolanos a menudo requieran tratamientos médicos complejos o ser internados por largos períodos.

Esto agrava aún más la carga sobre un sistema que, al inicio de 2016, ya presentaba en todo el estado un déficit de 170 camas para atender a la población local, según el secretario de salud del estado y personal hospitalario. La directora del Hospital General de Roraima indicó que mientras que el 7 por ciento de los pacientes brasileños necesitan ser hospitalizados, en el caso de los venezolanos la proporción es de cerca del 20 por ciento.

Los médicos manifestaron que muchos venezolanos necesitaban tratamiento para trastornos de salud que no habían recibido tratamiento anterior, como el VIH o la tuberculosis. En casos de enfermedades agudas, como neumonía o malaria, muchos pacientes venezolanos acuden con urgencia a los hospitales brasileños debido a la falta de medicamentos en su país. Según estadísticas oficiales, en agosto de 2016 el 77 por ciento de los 2.517 pacientes con malaria en Roraima eran venezolanos.

En el Hospital General del Roraima, se trató a 1.815 venezolanos en 2016, mientras que en 2015 fueron 537. En febrero, varios profesionales de la salud que trabajaban en la sala de emergencia estimaron que al menos el 30 por ciento de los pacientes eran venezolanos. Tanto médicos como personal de enfermería dijeron que el incremento en el número de pacientes venezolanos era significativo y persistía durante 2017. Mensualmente el hospital atendía a un promedio de 300 pacientes venezolanos, según la directora.

La directora del Hospital General de Roraima dijo que el hospital sufrió falta de medicamentos e insumos debido a la llegada de pacientes venezolanos. Explicó que cada hospital pide medicamentos e insumos para tratar a los pacientes en función de la cantidad de tratamientos brindados durante el año anterior, y que el hospital no había previsto la afluencia de pacientes venezolanos en 2016. A causa de esto, en agosto el hospital ya había agotado los medicamentos e insumos para todo el año. La directora tuvo que solicitar insumos de emergencia para brindar atención médica adecuada el resto del año.

El número de mujeres venezolanas que acudió al hospital de maternidad aumentó de 368 en 2014 a 453 en 2015 y a 807 en 2016. Según datos del hospital, en 2016 más de 100 venezolanas se sometieron a cesáreas. Otras mujeres experimentaron complicaciones relacionadas con el embarazo, algunas de las cuales no habían sido resueltas adecuadamente por falta de atención prenatal, y con frecuencia debieron ser hospitalizadas, según la directora clínica del hospital.

Testimonios de venezolanos

En enero, María Coromoto Peñuela llevó a su hijo desde Santa Elena de Uairén, del lado venezolano de la frontera, donde vivía, hasta Boa Vista para una apendicectomía. La cirugía no podía realizarse en su país por la escasez de insumos médicos. Dos semanas después, un amigo de la familia llevó a Brasil a su esposo de 68 años, Olimpo Lozada Marcano, debido a complicaciones provocadas por un cálculo en la vesícula para el cual no podían brindarle tratamiento en Venezuela, según explicó. La directora del hospital dijo que si Lozada hubiera recibido tratamiento adecuado apenas mostró síntomas, no habría necesitado ser internado para una cirugía de emergencia.

Bárbara Rosales, de 21 años, acudió al hospital en la ciudad venezolana de Santa Elena de Uairén con complicaciones en su embarazo de seis meses, en enero de 2017. Un doctor le extendió una orden médica para ser atendida en Brasil, tras informarle de que el hospital no podía tratarla por falta de medicamentos y que no podría atender a su bebé si nacía prematuramente, según contó Rosales.

Como la ambulancia del hospital estaba averiada, el establecimiento gestionó que fuera llevada en automóvil hasta Boa Vista, aunque ella tuvo que pagar el combustible, y se le asignó un enfermero para que la acompañara. Rosales contó que se desmayó tres veces durante el trayecto y que el enfermero no tenía ningún medicamento para darle. Rosales fue internada inmediatamente después de llegar al hospital de maternidad. Cinco días más tarde nació su bebé, con un peso de un kilo. Cuando Human Rights Watch visitó el hospital un mes después, su hija evolucionaba bien pero seguía en terapia intensiva. Rosales dijo que regresaría a Santa Elena una vez que la bebé fuera dada de alta del hospital y recibiera las primeras vacunas, que no estaban disponibles en Venezuela.

Algunos venezolanos señalaron que se habían trasladado a Brasil porque no podían comprar en su país los medicamentos que necesitaban. Geraldine Dhil, de 32 años, contó que cruzó la frontera para buscar un empleo que le permitiera comprar medicamentos en Brasil para tratar a su hija de 13 años, que tiene cáncer. Human Rights Watch la entrevistó mientras recorría a pie los 200 kilómetros que hay entre la frontera y Boa Vista. En el camino, la temperatura era de 32 grados Celsius a las 10 de la mañana, y en esa zona del norte de Roraima prácticamente no hay sombra. Marlene Fuentemayor, de 37 años, contó a Human Rights Watch que se instaló en Boa Vista para poder alimentar a su familia y comprar medicamentos para su hijo de 12 años, diagnosticado con el síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista.

Otros manifestaron que habían llegado para comprar medicamentos y llevarlos de regreso a su país, debido a la escasez en Venezuela. Enriqueta Rivero, de 70 años, entrevistada en el puesto de control fronterizo de la Policía Federal de Brasil en Pacaraima, dijo que durante meses no había podido encontrar medicamentos para su hipertensión arterial y que sus nietos la estaban llevando a Boa Vista para conseguir los medicamentos que le había recetado el médico en su país.

El impacto en el sistema de refugiados de Brasil

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 define “refugiado” como toda persona que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera de su país de nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país”. La Declaración de Cartagena de 1984, que no tiene carácter vinculante, contiene una definición más amplia de refugiado, que incluye a personas que huyen de “la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público”. La legislación brasileña incorpora la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y también considera que una persona es refugiada si deja su país debido a “violaciones de derechos humanos graves y generalizadas”.

En marzo, el Ministerio de Justicia informó a Human Rights Watch que 34 venezolanos habían obtenido asilo en Brasil desde 2012, y que 29 de ellos lo habían hecho por persecución religiosa o por su pertenencia a un grupo social perseguido, tres por violaciones de derechos humanos graves y generalizadas y dos por persecución política. El ministerio indicó que entre 2012 y 2016 se rechazaron 55 pedidos de asilo presentados por ciudadanos venezolanos.

Si bien la mayoría de los venezolanos que llegan a Brasil afirman que abandonan Venezuela fundamentalmente por razones económicas (esto es, por la enorme dificultad que supone comprar alimentos y conseguir medicamentos para sus familias) y por temor a ser víctimas de delitos, miles han solicitado asilo.

Funcionarios del Ministerio Público federal y la Defensoría Pública federal señalaron a Human Rights Watch en febrero que solicitar asilo era prácticamente la única alternativa que tenían los venezolanos. La ley de inmigración de Brasil —aprobada durante la dictadura militar— ofrece muy pocas posibilidades de migración legal.

Para solicitar asilo, los venezolanos solo deben manifestar su intención de hacerlo ante un policía federal, y en esta primera etapa no se les exige presentar evidencias que corroboren sus solicitudes. La normativa brasileña dispone que, mientras se están procesando sus pedidos de asilo, no pueden ser deportados, tienen derecho a un permiso de trabajo y se les permite inscribir a los niños en la escuela.

CONARE, el organismo federal para los refugiados, toma la decisión final con respecto a la situación de los refugiados. Antes del aumento en la cantidad de solicitudes presentadas por venezolanos, el proceso solía demorar en promedio dos años, según Rosilene Duarte Santiago, directora regional de la Policía Federal en Roraima.

Hasta el 31 de diciembre, 4.670 venezolanos habían solicitado asilo en Brasil desde 2012, según el Ministerio de Justicia informó a Human Rights Watch. Otras fuentes oficiales indican que la cantidad de venezolanos que solicitaron asilo en Brasil aumentó de 54 en 2013, a 208 en 2014, 825 en 2015 y 2.595 entre enero y el 1 de diciembre de 2016. En Roraima, nueve ciudadanos venezolanos solicitaron asilo en 2014, 234 en 2015 y 2.230 en 2016. El aumento de la inmigración venezolana en Brasil coincide con el deterioro de la situación humanitaria en Venezuela.

Human Rights Watch solicitó al Ministerio de Justicia información actualizada sobre las solicitudes de asilo y las tasas de aprobación de estos pedidos. La respuesta del gobierno, emitida el 3 de marzo, no incluye información sobre el año 2017. No obstante, las autoridades locales confirmaron que el número de solicitudes presentadas en 2017 siguió siendo elevado, y la mayoría de los venezolanos que llegaron a Roraima y fueron entrevistados en febrero tenían previsto solicitar asilo o ya lo habían hecho.

La Policía Federal de Roraima no ha contado con personal suficiente para procesar el aumento en los pedidos de asilo desde inicios de 2016. Para abordar este problema, la Policía Federal de Roraima creó un sistema —que no está contemplado en ninguna ley— por el cual entrega comprobantes de citas para varios meses después, en las que los venezolanos presentarán sus solicitudes de asilo. En febrero, la Policía Federal recibía un promedio de 50 a 70 pedidos de asilo por día y entregaba alrededor de 200 comprobantes por día para que las personas presentaran sus solicitudes más adelante. En febrero, había 4.000 personas en lista de espera con esos comprobantes, según la directora regional de la Policía Federal en Boa Vista. Human Rights Watch tuvo acceso a varios comprobantes donde constaban las fechas de las citas, y entrevistó a decenas de venezolanos que estaban esperando para acudir a una cita que —según les habían informado— tendría lugar más adelante en 2017 o incluso en 2018.

La Policía Federal señaló que, mientras tanto, los venezolanos que contaran con el comprobante que indicaba que tenían una cita no serían deportados. No obstante, otras autoridades, incluida Edinéia Chagas, la jefa de la Policía Civil del estado de Roraima, y Roberta Alvim, una defensora pública federal, señalaron a Human Rights Watch que no estaba clara la validez legal de estas citas.

Aun cuando no sean deportados, los ciudadanos venezolanos que están en esta lista se encuentran expuestos a situaciones de explotación, dado que no se les permite obtener un permiso de trabajo en esa etapa del proceso. Algunos venezolanos también indicaron que sus empleadores no les pagaron por su trabajo, pero que no lo denunciaron porque no contaban con permisos de trabajo.

Varias mujeres venezolanas que habían recibido comprobantes de citas, pero que no tenían autorización para trabajar, dijeron que estaban realizando trabajo sexual por primera vez en su vida, y que no denunciaban los delitos que sufrían o presenciaban —como robos, golpizas, secuestros y violaciones— porque temían ser deportadas.

En un caso, una trabajadora sexual de 27 años fue secuestrada por un cliente, quien la violó varias veces en su automóvil y estuvo a punto de asfixiarla, según contaron otras dos trabajadoras sexuales que vivían con ella y vieron las marcas que tenía en la garganta. La víctima les dijo que escapó cuando el hombre detuvo el automóvil en una tienda. Las dos testigos manifestaron que, días después, volvieron a ver al hombre en la zona donde trabajan, y que esto hizo que la víctima regresara a Venezuela. “No lo denunció por miedo, porque no tenía papeles”, dijo una de las trabajadoras sexuales.

El aumento de las solicitudes de asilo por parte de venezolanos que CONARE debe evaluar demora el procesamiento de todos los pedidos de asilo en el país, afirmó el director de inmigración de la Policía Federal en Roraima.

Amenaza de deportación

En 2016, las autoridades de Brasil deportaron de Roraima a 514 venezolanos, mientras que el número de personas deportadas en 2015, según la Policía Federal de Roraima, fue de aproximadamente 20. Hubo casos de deportaciones individuales y también en septiembre un incidente de deportación masiva por la Policía Federal de aproximadamente 200 venezolanos, incluidas decenas de niños, según señaló Alvim, la defensora pública federal.

Alrededor de las 4 de la mañana del 9 de diciembre, miembros de la guardia municipal y de la policía militar del estado reunieron a cerca de 450 indígenas venezolanos, incluidos aproximadamente 200 niños, que estaban durmiendo en la calle en un mercado de Boa Vista. Los vendedores del lugar se habían quejado de una baja en las ventas debido a que esas personas estaban durmiendo allí. Algunos miembros del grupo que entrevistados por Human Rights Watch dijeron que se habían ido de Venezuela por la falta de alimentos.

Los venezolanos fueron llevados la dependencia central de la Policía Federal y, a las 4 de la tarde, les ordenaron que subieran a una serie de autobuses para ser deportados a Venezuela.

La Policía Federal señaló que sus agentes entrevistaron individualmente a cada ciudadano venezolano y cumplieron el proceso legal establecido por una ley que permite a las autoridades llevar a cabo la deportación sumaria “en los casos de violación de la seguridad nacional, el orden político o social y la economía popular … o de incumplimiento de las prohibiciones especialmente previstas en leyes para extranjeros”. En estos casos, las autoridades están habilitadas a deportar personas en un proceso sumario que no puede demorar más de 15 días y tiene carácter inapelable.

El Congreso de Brasil está debatiendo un proyecto de una nueva ley de inmigración. Mientras la legislación actual —adoptada durante la dictadura brasileña— prioriza la protección de la “seguridad nacional”, el proyecto establece que los derechos humanos deberán ser un principio rector de las políticas de inmigración de Brasil. El proyecto legislativo abre nuevas vías para la migración legal a Brasil, y le permite al gobierno, por ejemplo, otorgar visas humanitarias a ciudadanos de países que se encuentren en situaciones de “inestabilidad institucional grave o inminente, conflicto armado, calamidad de grandes proporciones, violación grave de derechos humanos o del derecho internacional humanitario, u otras circunstancias”.

Human Rights Watch entrevistó a personas que se vieron afectadas por el intento de deportación sumaria que tuvo lugar el 9 de diciembre, y consultó documentos policiales. Ocho personas indicaron que estaban durmiendo cuando policías militares y guardias municipales los detuvieron y obligaron a subir a los autobuses. Los policías les quitaron los documentos de identidad a quienes tenían documentación, y no preguntaron a ninguno si había solicitado asilo, aunque algunos sí lo habían hecho, según manifestaron.

Varios miembros del Ministerio Público federal, que en Brasil también velan por la protección de derechos básicos, señalaron a Human Rights Watch e hicieron constar en documentos oficiales que los agentes de la Policía Federal no habían proporcionado un intérprete, a pesar de que las personas que serían deportadas pertenecían a la comunidad indígena Warao, y muchas no hablaban ni portugués ni español.

Más de 240 documentos de deportación a los cuales Human Rights Watch tuvo acceso contenían exactamente el mismo texto, salvo por el nombre de la persona a ser deportada y su número de documento venezolano, en caso de que tuvieran identificación. Ninguno estaba firmado por la persona a ser deportada, sino que llevaban un sello que decía que el individuo era “no alfabetizado”, con lo que sería imposible que ellos hubieran leído los términos de sus deportaciones. Todos los documentos estaban firmados por el mismo policía federal y por los mismos dos testigos.

Ese día, Alvim presentó un recurso de hábeas corpus y solicitó a un juez local que suspendiera la deportación masiva, alegando que violaba los derechos al debido proceso de los deportados y la obligación de Brasil de no realizar expulsiones colectivas, conforme se establece en el artículo 22(9) de Convención Americana sobre Derechos Humanos. El juez ordenó a la Policía Federal que interrumpiera las deportaciones cuando los autobuses estaban llegando a la frontera. Algunos venezolanos decidieron descender y quedarse allí, y el resto fue trasladado de regreso a Boa Vista.

No ha habido intentos de deportación masiva desde entonces.

Condiciones de vida precarias en Brasil

Muchos inmigrantes venezolanos viven en condiciones precarias en Roraima. Algunas personas que habían sido obreros de la construcción, docentes o profesionales de clase media en Venezuela ahora se dedican a la venta de comida o de artesanías en la calle, o limpian parabrisas en los semáforos. Los miembros de la comunidad Warao trabajan descargando camiones en la ciudad fronteriza de Pacaraima, fabrican artesanías o mendigan por las calles. Human Rights Watch habló con decenas de venezolanos que se encontraban en esta situación. Pese a reconocer que estaban viviendo en condiciones sumamente difíciles, todos afirmaron que su situación en Brasil era mejor que en Venezuela.

El 17 de diciembre, un juez del sistema de justicia juvenil del estado resolvió que los gobiernos estatal y municipal debían proporcionar alojamiento, comida y seguridad a niños inmigrantes venezolanos que vivían en la calle en Boa Vista.

Diez días después, las autoridades estatales y municipales abrieron un centro de acogida improvisado en un galpón que había funcionado como centro deportivo público. El centro de acogida, donde según fuentes oficiales se han alojado hasta 500 inmigrantes a la vez, fue administrado durante meses por Fraternidade, una organización internacional de ayuda humanitaria con sede en Brasil. El trabajo en el centro de acogida dependía de los aportes de los gobiernos estatal y municipal, y de donaciones privadas. En febrero, el grupo planeaba finalizar sus actividades en el centro de acogida, pero no estaba claro quién continuaría con esa labor.

Cuando Human Rights Watch visitó el lugar en febrero, vivían allí 180 venezolanos. Esas personas dormían en hamacas o en el piso y las condiciones de higiene del lugar eran sumamente deficientes.

La gran mayoría de las personas eran miembros de la comunidad Warao. Los problemas de malnutrición en los venezolanos que llegaban al centro de acogida eran “evidentes”, manifestó la directora del Centro de Migraciones y Derechos Humanos de la Diócesis de Roraima. A mediados de febrero, Human Rights Watch entrevistó a la madre de una niña de 2 años que había llegado allí algunas semanas antes, pesando apenas 7 kg.

En enero, la misionaria de Fraternidade que estaba a cargo del centro de acogida llevó al médico a una niña de 16 años que aparentemente tenía varicela e informó a las autoridades de salud sobre ese caso. Si bien un representante de la Secretaría de Salud del estado visitó el refugio poco después, nadie proporcionó vacunas. Cuando Human Rights Watch visitó el lugar en febrero, otras cinco personas se habían contagiado varicela, incluido el bebé de cuatro meses de esa misma adolescente.

La respuesta de Brasil

Si bien la responsabilidad principal por el sufrimiento de las miles de personas que tienen que salir de Venezuela corresponde al gobierno de Maduro, Brasil tiene la obligación de asegurar el respeto a los derechos fundamentales de los venezolanos que llegan a su territorio. Eso incluye su derecho a la salud y su derecho a no ser deportados arbitrariamente, como así también el respeto al “principio de no devolución”, es decir, no enviar de regreso a un refugiado a un contexto en el cual su vida o su libertad personal correrían riesgo.

Las autoridades, los fiscales, los académicos y los profesionales de atención de la salud entrevistados en Roraima coincidieron en que la llegada de venezolanos en 2016 ha dado lugar a una situación imprevista, que las autoridades brasileñas a nivel estatal y federal están viendo cómo resolver. Si bien el gobierno del estado de Roraima y varios funcionarios federales reconocieron los problemas y han adoptado algunas medidas positivas para intentar superarlos, aún no han garantizado una solución sostenible a un problema que no desaparecerá a menos que el gobierno de Venezuela aborde de manera efectiva su crisis humanitaria.

Medidas para brindar servicios básicos a venezolanos, incluida la atención de la salud

En octubre, la gobernadora de Roraima, Suely Campos, creó un Gabinete para la Gestión Migratoria integrado por diversas autoridades estatales con el objetivo de elaborar políticas públicas que aborden el impacto de la inmigración venezolana en el estado. El grupo estableció un Centro de Referencia para Inmigrantes, que ha procurado brindar apoyo básico a inmigrantes venezolanos y ha cumplido con la decisión judicial que ordenó a las autoridades brindar alojamiento y servicios básicos a niños inmigrantes venezolanos que viven en la calle con sus familias. A mediados de febrero, Doriedson Ribeiro, quien entonces era secretario ejecutivo de Defensa Civil de Roraima, un organismo civil para emergencias que implementa las políticas del gobierno del estado para responder a la llegada de venezolanos a Roraima, señaló a Human Rights Watch que si bien el gobierno estatal no impugnaría la decisión judicial, no puede asistir a ciudadanos venezolanos en el refugio “eternamente”. También dijo que la situación actual era insostenible, y que no sabía qué ocurriría.

En el área de salud, el gobierno estatal está construyendo dos hospitales nuevos. Cuando se finalicen las obras, se abrirán 240 nuevas camas. El secretario de salud del estado dijo estimar que las obras terminarán en junio. Los proyectos se planificaron hace años y no tienen relación con la afluencia de venezolanos. No obstante, su conclusión aliviaría la carga adicional que soporta ahora el sistema de atención de la salud.

En diciembre, la gobernadora Campos declaró una emergencia de salud en los municipios de Boa Vista y Pacaraima debido a un “intenso flujo inmigratorio”. El decreto tiene validez durante 180 días y solicita el apoyo del gobierno federal para “mantener la calidad de la atención a brasileños y venezolanos”. Sin embargo, al mes de febrero, el gobierno federal no había aportado fondos, señaló el secretario de salud del estado.

Medidas para abordar el impacto en el sistema de refugiados de Brasil

El 3 de febrero, el Ministerio Público federal, la Defensoría Pública federal y el Ministerio Público del Trabajo —un cuerpo del Ministerio Público federal que defiende los derechos laborales—–, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales brasileñas, presentaron una propuesta al Consejo Nacional de Migraciones —un organismo federal que se ocupa de las políticas inmigratorias— para otorgar a inmigrantes venezolanos residencia por dos años y permisos de trabajo, tal como los que se ofrecen en la actualidad a ciudadanos de otros países del Mercosur.

El 2 de marzo, el Consejo Nacional de Migraciones adoptó una resolución basada en la propuesta, que entró en vigencia al ser publicada en el boletín oficial del día siguiente. Conforme a las nuevas disposiciones, para obtener un permiso de residencia por dos años, los venezolanos deben dirigirse a una dependencia de la Policía Federal y presentar un formulario con información personal, dos fotografías, una identificación o pasaporte válidos, un certificado de nacimiento o documento consular donde conste el lugar de nacimiento y un certificado que indique que no tienen antecedentes penales en Brasil. Además, deben declarar que no tienen antecedentes penales en Venezuela. Quienes habían solicitado asilo anteriormente pueden optar por retirar esa solicitud cuando presenten el pedido para el permiso de residencia por dos años.

Las nuevas normas tendrán vigencia durante un año, y este período podrá prorrogarse. CONARE está reglamentando la resolución y el Ministerio de Justicia está evaluando medidas para reducir el costo que implica, para los venezolanos, solicitar estos permisos de residencia. Para asegurar que los inmigrantes venezolanos en Brasil —en particular los que lleguen a Roraima con recursos limitados— puedan obtener este permiso, las autoridades brasileñas deberían evaluar la posibilidad de reducir al mínimo el costo de solicitud, así como disminuir al mínimo los documentos venezolanos requeridos, que pueden resultar difíciles de conseguir a través de los consulados venezolanos, señaló Human Rights Watch


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Las amenazas de Corea del Norte.

Corea del Norte advierte en la ONU que están dispuestos a responder a una acción militar estadounidense

El portavoz de la ONU en Nueva York, Stephane Dujarric. Foto de archivo: ONU/Evan Schneider

17 de abril, 2017 — Naciones Unidas está muy preocupada con el incremento de las tensiones en la península coreana y ha llamado a todas las partes a incrementar los esfuerzos diplomáticos.

El portavoz del organismo mundial, Stephane Dujarric, afirmó que el más reciente lanzamiento de un misil realizado por Pyongyang es muy perturbador.

En su encuentro diario con la prensa, Stephane Dujarric instó a la República Democrática y Popular de Corea a adoptar todas las medidas necesarias para aplacar las tensiones y regresar al diálogo sobre la desnuclearización.

Asimismo, afirmó que todas las resoluciones del Consejo de Seguridad deben ser implementadas en su totalidad e hizo alusión al reiterado compromiso del órgano con el alcance de una solución pacífica y diplomática para esta crisis.

Entretanto, en declaraciones en Naciones Unidas, el representante permanente alterno de Pyongyang, Kim In Ryong, advirtió que el aumento de las tensiones ha creado una situación en la que una guerra nuclear podría estallar en cualquier minuto y que su país está dispuesto a responder a cualquier acción militar estadounidense.

Kim también criticó las maniobras militares de Washington y Corea del Sur, las cuales calificó de ejercicios de guerra agresivos que promueven la guerra real. “Estados Unidos perturba la paz y estabilidad globales e insiste en una lógica de gánster”, aseguró.

Con relación a la reunión del Consejo de Seguridad que Washington ha convocado para el próximo 28 a fin de evaluar el programa nuclear de Corea del Norte, el diplomático la rechazó enérgicamente y la describió como un abuso de poder y una violación de la soberanía de su país.


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Otra colonia israelí en territorio palestino ocupado.

Secretario General, decepcionado por la construcción de una colonia israelí en Cisjordania

Construcción de asentamientos en Cisjordania. Foto: Annie Slemrod/IRIN

31 de marzo, 2017 — António Guterres señaló este viernes su preocupación por la autorización del Gobierno de Israel para la construcción de una nueva colonia en los territorios palestinos ocupados.

La decepción y alarma de António Guterres llegan tras el anuncio del jueves por el Gobierno de Israel de aprobar la construcción de una nueva colonia en Cisjordania, situación que no se producía desde 1999.

En un comunicado, el titular de la ONU recalcó que no hay Plan B para la opción de que palestinos e israelíes vivan juntos en paz y seguridad y condenó todas las acciones unilaterales, que como la actual, amenazan la paz y socavan una solución de dos Estados.

Guterres indicó que las actividades referentes a los asentamientos son ilegales bajo el derecho internacional y representan un obstáculo para la paz.

El Consejo de Seguridad aprobó el pasado 23 de diciembre una resolución que reafirma la ilegalidad de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados e indica que estos representan una flagrante violación de las leyes internacionales


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Israel sigue construyendo asentamientos en territorio ocupado no obstante las denuncias de la ONU

Israel ignora la resolución del Consejo de Seguridad sobre asentamientos, según la ONU

Nickolay Mladenov, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Foto de archivo: ONU/Loey Felipe

24 de marzo, 2017 — El representante especial del Secretario General para el proceso de paz en Oriente Medio, Nickolay Mladenov, reiteró este viernes que el organismo mundial considera que todas las actividades de asentamientos realizadas por Israel son ilegales y que son uno de los principales obstáculos para la paz.

Al ofrecer su primer informe desde la adopción de la resolución 2334 en diciembre, que describe esas actividades como flagrantes violaciones del derecho internacional, Mladenov afirmó que durante el periodo evaluado se ha presenciado un notable incremento de estas construcciones.

“La resolución solicita a Israel tomar los pasos necesarios para cesar todas las actividades de asentamiento en los territorios palestinos ocupados, incluyendo a Jerusalén Oriental. No se ha tomado ninguna medida al respecto”, dijo el diplomático.

Añadió que en enero se anunció la construcción de 5.500 nuevas unidades en el área C de Cisjordania ocupada y que tres semanas después, 3.000 se encontraban en estado avanzado de construcción.

Mladenov añadió que también se percibe un incremento en las demoliciones a gran escala de las comunidades palestinas y beduinas del área C de Cisjordania y Jerusalén Oriental.

El representante consideró que para alentar un clima que conduzca a negociaciones útiles, Israel debe mejorar la vida diaria de los palestinos, introducir cambios de políticas que aumenten la autoridad civil palestina, apoyar el desarrollo palestino y preservar la perspectiva de dos Estados.

En febrero, el parlamento del país aprobó la llamada Ley de Regularización, que permite legalizar, de cara a la ley israelí, alrededor de 4.000 casas construidas en tierras propiedad privada de palestinos en colonias en Cisjordania.