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La crisis económica de América Latina

El periodo 2014-2020 será el de menor crecimiento para América Latina en los últimos 70 años

Agência Brasil/Tânia Rêgo
Puerto de Río de Janeiro, en Brasil.

12 Diciembre 2019

América Latina y el Caribe crecerá sólo 0,1% en 2019 y 1,3% en 2020. La región completará este diciembre el sexto año consecutivo de bajo crecimiento debido a la disminución de la demanda interna, la baja demanda externa y la fragilidad de los mercados financieros internacionales, señala un nuevo informe de la CEPAL.

La economía de América Latina y el Caribe registra una desaceleración generalizada que se reflejará en un crecimiento de apenas 0,1% este año, para mejorar ligeramente y alcanzar 1,3% en el próximo. En 2019 se sumarán seis años consecutivos de bajo crecimiento y el periodo 2014-2020 será el de menor crecimiento para la región en los últimos 70 años.

Un nuevo informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), dado a conocer este jueves en Santiago, Chile, da cuenta de un contexto complejo de ralentización sincronizada a nivel de países y sectores debida principalmente a la reducción de la demanda interna, la baja demanda agregada externa y la fragilidad de los mercados financieros internacionales.

La CEPAL destaca también las crecientes demandas sociales y las presiones por reducir la desigualdad y aumentar la inclusión social.

El documento describe un escenario en el que se ha reducido el producto interno bruto (PIB) per cápita, ha caído la inversión, ha bajado el consumo per cápita, han disminuido las exportaciones y se ha deteriorado el empleo de forma sostenida.

Políticas de reactivación

Al presentar el informe, la secretaria ejecutiva de la CEPAL dijo que en este contexto la región no puede aguantar políticas de ajuste, sino que requiere de políticas para estimular el crecimiento y reducir la desigualdad.

“Las condiciones actuales necesitan que la política fiscal se centre en la reactivación del crecimiento y en responder a las crecientes demandas sociales”, declaró Alicia Bárcena.

Afirmó también que una política fiscal activa necesita una estrategia de mediano y largo plazo para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Esto implica que debe estar vinculada con la capacidad de crecimiento y la dinámica de la productividad, así como con el fortalecimiento de la capacidad recaudatoria del Estado (actualmente, la evasión fiscal representa cerca del 6,3% del PIB de la región).

Las proyecciones de la CEPAL indican que el PIB per cápita de la región se habrá contraído un 4,0% entre 2014 y 2019, mientras que la desocupación nacional aumentará de 8,0% en 2018 a 8,2% en 2019, es decir, un millón de personas más, llegando a un nuevo máximo de 25,2 millones. A esto se suma un deterioro en la calidad del empleo debido al crecimiento del trabajo por cuenta propia, que superó al empleo asalariado, y a la informalidad laboral.

La Comisión prevé que el país con mayor expansión será Dominica (9,0%), seguido por Antigua y Barbuda (6,2%), República Dominicana (4,8%) y Guyana (4,5%). Por el contrario, Venezuela anotará el mayor retroceso, con una contracción de -25,5%, seguido por Nicaragua (-5,3%), Argentina (-3,0%) y Haití (-0,7%). América Central crecerá 2,4%, el Caribe 1,4% y América del Sur se contraerá -0,1%.

Panorama revertible

Pese a las dificultades, la CEPAL considera que la región podría cambiar el panorama gracias a que la mayoría de los países de la región registran niveles de inflación históricamente bajos, reservas internacionales relativamente elevadas y buen acceso a los mercados financieros internacionales, además de que las tasas de interés internacionales muestran niveles reducidos.

“Estas condiciones favorecen la capacidad de implementar políticas macroeconómicas tendientes a revertir el actual escenario de bajo crecimiento”, asegura el estudio y agrega que es fundamental reactivar la actividad económica mediante un mayor gasto público en inversión y políticas sociales.

Del mismo modo, señala que para atender las demandas sociales se deben tomar medidas de redistribución de la riqueza reforzadas con una mayor provisión y calidad de los bienes y servicios públicos.

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América Latina: situación de los derechos de las mujeres

Conservadores y fundamentalistas intentan hacer retroceder los derechos de las mujeres

UNICEF/Giuseppe Imperato
Los países donde las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo no deseado y a todos los métodos anticonceptivos tienen las tasas más bajas de aborto.

11 Noviembre 2019

Millones de mujeres y niñas siguen muriendo durante el embarazo y el parto, no tienen acceso a anticonceptivos o a un aborto seguro, 25 años después de que los líderes mundiales se comprometieran a salvaguardar sus derechos. Expertos de la ONU alertan de que “un fuerte discurso de oposición” pretende que los Gobiernos se retracten de esos compromisos.

En una conferencia en 1994, los líderes mundiales se comprometieron a priorizar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y niñas. Hoy, “sigue habiendo una enorme cantidad de trabajo por hacer”, señala un grupo* de relatores de la ONU.

Esta semana los mandatarios internacionales se reúnen de nuevo en Nairobi, Kenya, para celebrar el 25 aniversario de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) que tuvo lugar en El Cairo.

En el balance de esas dos décadas hay importantes logros, como la reducción del 38% de la mortalidad materna entre 2000 y 2017. Sin embargo, más de 800 mujeres siguen muriendo cada día por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto.

“Estamos lejos de cumplir las promesas”, dicen los expertos en un comunicado conjunto previo a la reunión que, del 12 al 14 de noviembre, congregará a jefes de Estado, ministros, parlamentarios y miembros de la sociedad civil.

Los relatores advierten que los avances están en peligro por “los intentos de hacer retroceder los derechos de las mujeres por parte de fundamentalistas religiosos y conservadores” que son “particularmente graves en las áreas de salud y derechos sexuales y reproductivos”.

Ese “fuerte discurso de oposición” pretende que los Estados se retracten de los compromisos firmados hace 25 años, ponen en riesgo la igualdad de las mujeres y las relegan a un papel reducido a la familia y la procreación.

Por eso, piden a la comunidad internacional que “reafirme los compromisos sin ambigüedad” y que “aumenten la voluntad política y las inversiones” en salud sexual y reproductiva.

Sin acceso a anticonceptivos y abortos

Aunque ha habido avances, 25 millones de mujeres se someten a abortos inseguros cada año y 214 millones no tienen acceso a anticonceptivos. 

La “criminalización del fin del embarazo”, señalan los relatores “sigue siendo una de las manifestaciones más dañinas de la instrumentalización de los cuerpos y la salud de las mujeres”. Se pone en riesgo su vida y su salud y se les “priva de la autonomía en la toma de decisiones”, añaden.

Otra lacra que resiste es el matrimonio infantil, que conlleva embarazos adolescentes y que las niñas tengan que abandonar la escuela o el mercado laboral.

“Si no respetamos y protegemos los derechos humanos de las mujeres, su autonomía y capacidad de decisión sobre sus cuerpos y sus vidas, no lograremos los objetivos de desarrollo sostenible sobre igualdad de género ni empoderaremos a todas las mujeres y niñas”, concluyen los expertos.


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Ocho obstáculos al desarrollo sostenible en América Latina.

UNICEF/Versiani
Susana, de 14 años, baña a su pequeño sobrino detrás de su vivienda en un barrio pobre de una gran ciudad brasileña. La pobreza y la desigualdad obstaculizan el desarrollo social y sostenible en América Latina.

3 Octubre 2019

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe ha identificado ocho frenos que impiden el desarrollo social de la región y que van desde la enquistada pobreza a la desigualdad crónica, pasando por la falta de inversión en el tejido social y los impactos del cambio climático. Para superarlos, propone crear políticas centradas en los derechos y la igualdad, siguiendo los pasos marcados por la Agenda 2030 de desarrollo sostenible.

Los países de América Latina y el Caribe están ante el desafío de implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la búsqueda de un nuevo modelo de desarrollo basado en la igualdad, la inclusión social y laboral, la erradicación de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico.

Hacer frente a este desafío implica impulsar las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la social, la ambiental y la económica.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que lo social no se juega en lo social exclusivamente, sino también en la economía, la política y el medioambiente.

Durante la Tercera Reunión de la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social de América Latina y el Caribe, que concluye este jueves en la Ciudad de México, el organismo de la ONU presentó un estudio, de 70 páginas, en el que identifica ocho obstáculos que impiden el desarrollo social en la región:

1. La persistencia de la pobreza

En 2017, el número de personas en situación de pobreza en América Latina llegó a los 184 millones, equivalente al 30,2% de la población, de los cuales 62 millones, un 10,2%, vivían en la pobreza extrema.

Además, en 2016, el 41,7% de las personas ocupadas en América Latina recibían ingresos laborales inferiores a los salarios mínimos nacionales. Este porcentaje era especialmente elevado entre las mujeres jóvenes, un 60,3%.

Aunque, entre 2002 y 2014, la pobreza bajó del 44,5% al 27,8% y la pobreza extrema, del 11,2% al 7,8%; entre 2015 y 2016 se registraron aumentos sucesivos de ambos indicadores, lo que representó un retroceso significativo. Las cifras de 2017 revelaron un incremento adicional de la pobreza extrema y un estancamiento de la tasa de pobreza registrada en 2016.

A pesar de las diferencias que se observan de país en país, la pobreza presenta rasgos comunes en toda la región:

  • mayor incidencia entre las mujeres
  • mayor incidencia entre los menores
  • mayor incidencia entre las comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y las personas con discapacidad

Banco Mundial/Jamie Martin
Luchar contra la pobreza y la desigualdad es, según la CEPAL, clave para un desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe.

2. Las desigualdades estructurales y la cultura del privilegio

“Los altos niveles de desigualdad existentes en la región conspiran contra el desarrollo y son una poderosa barrera para la erradicación de la pobreza, la ampliación de la ciudadanía, el ejercicio de los derechos y la gobernabilidad democrática”, asegura la CEPAL.

Y añade que “la desigualdad es una característica histórica y estructural de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se ha mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica”.

Entre 2002 y 2017, la desigualdad en la distribución del ingreso, expresada mediante el índice de Gini del Banco Mundial -que mide la desigualdad de ingresos de los ciudadanos en un país-, se redujo de 0,534 a 0,466, lo que es un resultado significativo.

Los altos niveles de desigualdad existentes en la región conspiran contra el desarrollo.

Sin embargo, el ritmo de la disminución entre 2014 y 2017 se ha ralentizado y, a pesar de los avances, América Latina y el Caribe continúa siendo la región más desigual del mundo.

Más allá del apartado económico, las desigualdades abarcan la desigualdad en el ejercicio de los derechos, las capacidades y los niveles de autonomía. También incluye la desigualdad de género, la étnica y raciales, y la territorial, entre otras.

Esas desigualdades se ven acentuadas y bloqueadas por la llamada cultural del privilegio que naturaliza las jerarquías sociales y las profundas asimetrías de acceso a los frutos del progreso, la deliberación política y los activos productivos.

3. Las brechas en educación, salud y de acceso a servicios básicos

La CEPAL observa que, en las últimas décadas, América Latina ha experimentado importantes avances en ámbitos como la salud y la educación, así como en el acceso a la vivienda, los servicios básicos tales como el agua potable, la electricidad y el saneamiento, e internet.

Sin embargo, persisten las brechas. A nivel regional, 6 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 24 años concluyeron la educación secundaria, lo que muestra una mejora desde comienzos de la década de 2000, pero que aún debe ampliarse para universalizar la conclusión de este nivel educativo. En ese sentido, es necesario fortalecer las estrategias para prevenir la temprana deserción del sistema escolar.

Además, la educación superior sigue reservada para una proporción reducida de la población: en promedio, en 2016, mientras que más de un 40% de los jóvenes de entre 25 y 29 años del quintil de mayores ingresos concluyeron al menos cuatro años de educación terciaria, solo el 3,6% de quienes pertenecen al quintil de menores ingresos alcanzaron ese nivel.

Lo mismo ocurre con la salud, donde los indicadores generales han mejorado, pero donde la región aún enfrenta grandes desafíos, especialmente con respecto a ciertas poblaciones.

Como ejemplo, la CEPAL señala que, en algunos países, la mortalidad infantil entre los afrodescendientes llegaba a ser hasta 1,6 veces mayor que la registrada en el caso de los no afrodescendientes, mientras que la tasa de mortalidad entre los niños indígenas casi duplica las de los no indígenas.

Los indígenas conforman el 8 por ciento de la población total de América Latina y el Caribe. Foto: PNUD/Honduras

 

4. La falta de trabajo y la incertidumbre del mercado laboral

“El trabajo es la llave maestra para la igualdad, el desarrollo personal y el crecimiento económico”, asegura el documento.

Sin embargo, la estructura y las dinámicas de los mercados de trabajo en la región siguen caracterizándose por su incapacidad para generar empleos productivos y un trabajo decente, rasgo que nuevamente hunde sus raíces en las profundas desigualdades de género, raza y edad.

El trabajo infantil “representa una de las antítesis más claras de la noción de trabajo decente.

En América Latina, los ingresos de los ocupados en sectores de baja productividad no alcanzan a la mitad de los que perciben los ocupados en los sectores de productividad media y alta. Además, la tasa de pobreza entre las personas ocupadas en empleos de baja productividad (30,4%) triplica la de los ocupados en empleos de alta productividad.

El desempleo juvenil es motivo de especial preocupación, mientras el trabajo infantil “representa una de las antítesis más claras de la noción de trabajo decente y un fuerte obstáculo para el desarrollo social inclusivo”.

Al reto de proporcionar mejores empleos, se añade ahora la incertidumbre que crea el impacto de los cambios tecnológicos. No obstante, puede ser un momento de oportunidad a condición de que se combine con políticas dirigidas a la promoción del trabajo decente.

5. Acceso parcial y desigual a la protección social

A pesar de que la protección social es un derecho y es clave para eliminar la pobreza, que evita la marginación; y a pesar de los grandes avances registrados, la capacidad efectiva de los Estados de América Latina para proveer garantías universales de protección social a lo largo del ciclo de vida sigue siendo limitada.

La CEPAL destaca que la protección social representa una de las funciones más relevantes del gasto público, a la que en 2016 se destinó un monto equivalente en promedio al 4,1% del PIB, según datos de un conjunto de 17 países de América Latina y el Caribe.

También se ha hecho un gran esfuerzo en la afiliación o cotización a sistemas de salud de los ocupados de más de 15 años, ya que entre 2002 y 2016, aumentó del 36,8% al 57,3% en 14 países.

No obstante, los avances, persisten las brechas de cobertura, sobre todo entre los trabajadores pertenecientes a los estratos de ingreso más bajos, aquellos que viven en zonas rurales y las mujeres.

Por ejemplo, en 2016, mientras que el 65,1% de los ocupados de 15 años y más del quintil de mayores ingresos estaban afiliados o cotizaban a un sistema de pensiones, solo el 19,4% de los ocupados del primer quintil de ingresos estaba en esa situación, proporción que se reducía al 16,3% en el caso de las mujeres de este grupo.

6. La institucionalización de política social aún en construcción

Desde el punto de vista de la Agenda 2030, la institucionalidad es el marco en el que deberían expresarse los compromisos para su cumplimiento, a través de la implementación de políticas a largo plazo y con amplia legitimidad social.

Esto, sin embargo, está lejos de ser una realidad, y más bien constituye un proceso en curso en la mayoría de los países de la región.

“En muchos casos, las políticas y programas sociales en general, y la protección social en particular, descansan sobre bases institucionales frágiles y están sujetas a cambios abruptos de orientación, a una limitada capacidad de coordinación entre los actores gubernamentales relevantes y a poca claridad en sus objetivos y alcance”, explica la CEPAL.

UNICEF / Arcos
Yulis Rivas hace un dibujo de sus padres en un centro infantil de Cúcuta, en Colombia, donde UNICEF ofrece actividades para niños migrantes venezolanos y sus familias

7. Una inversión social insuficiente

Financiar las políticas sociales es un factor clave para el logro del desarrollo social inclusivo, así como transformar la idea de gasto corriente en la de inversión social.

Un elemento clave para destinar recursos a políticas sociales es la carga tributaria. En 2017, los ingresos tributarios totales en América Latina y el Caribe ascendieron al 22,8% del PIB, en comparación con un promedio del 34,2% del PIB en el caso de los países de la OCDE.

Además de aumentar la tributación, parte del problema del financiamiento de las políticas sociales podría resolverse mejorando la efectividad de la recaudación.

Este es un gran desafío para la región, considerando que el nivel de evasión fiscal en América Latina ascendió a un total del 6,3% del PIB, el equivalente a un total de 335.000 millones de dólares en 2017.

“Si los países pudieran reducir una parte de este incumplimiento, esos ingresos adicionales podrían dar un ímpetu importante para lograr las metas sociales y económicas incorporadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, resalta la CEPAL.

8. Obstáculos emergentes

A los obstáculos anteriores, la CEPAL añade cinco trabas emergentes para el de desarrollo social:

  1. La violencia: América Latina y el Caribe es la región más violenta del mundo, algo inesperado dado su nivel de desarrollo económico, político y social. Por ejemplo, la tasa de homicidios de la región es cinco veces mayor que el promedio mundial. La violencia no solo se refiere a homicidios, sino también a otras expresiones de violencia, como asaltos e incidentes de violencia sexual
  2. Los desastres naturales y el cambio climático: La mayor frecuencia con que ocurren desastres naturales y fenómenos extremos relacionados con el calentamiento global hace que sea indispensable diseñar estrategias para reducir la exposición de la población.
  3. La transición demográfica: Si bien existen grandes diferencias entre los países de la región respecto del descenso de la fecundidad, las tasas de fecundidad pasaron de un promedio de 5,5 hijos por mujer entre 1965 y 1970 a 2,05 hijos entre 2015 y 2020. Al proyectar estas tendencias, se espera que en el futuro las tasas de dependencia aumenten debido al incremento en la proporción de personas mayores.
  4. Las migraciones: Las nuevas presiones en el entorno mundial, comenzando por la actual política migratoria estadounidense, han imprimido mayor urgencia a esta temática. A su vez, la región no está exenta de flujos migratorios forzados por desastres naturales y climáticos poco predecibles, así como por crisis económicas e inestabilidad política.
  5. Los cambios tecnológicos: Las transformaciones tecnológicas están teniendo notables efectos en la educación y la formación. De no universalizar el acceso para aprovechar las nuevas herramientas, continuará reforzándose la desigualdad.

Al concluir la reunión de la Conferencia Regional en México, aprobaron una agenda regional encaminada a avanzar hacia la implementación de la dimensión social de la Agenda 2030.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), señaló que “América Latina y el Caribe tiene que demostrarle al mundo que tiene un compromiso profundo con el desarrollo social, con el combate a la desigualdad, a la pobreza y a la pobreza extrema, a pesar de los problemas, obstáculos y dilemas económicos, políticos y sociales por los que atravesamos”.

Bárcena enfatizó que “no podemos bajar la guardia porque la economía nos está imponiendo restricciones muy severas. Los programas sociales deben seguir siendo prioridad para los países de nuestra región”.

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Pueblos indígenas. Sus derechos y objetivos. América Latina

Pueblos originarios. Derechos y territorios siguen irrespetados

“Opción sincera en favor de la defensa de la vida, la defensa de la tierra y la defensa de las culturas” es la decisión del Papa Francisco y de la Iglesia Católica para con los pueblos originarios

Manuel Cubías – Ciudad del Vaticano

¿Quiénes son los pueblos originarios de América Latina?

Te presentamos algunos datos para recordar:

Los pueblos originarios en América Latina son 522, según datos de UNICEF. Ellos hablan 420lenguas, pertenecientes a 96 familias lingüísticas. Una de cada cuatro lenguas está en peligro de desaparecer.

Brasil es el país donde viven más pueblos originarios, 241. En Colombia, 83; México, 67 y Perú, 43. Juntos hacen una población total superior a los 16 millones de personas.

Una de cada diez personas en América Latina pertenece a un pueblo originario, es decir, aproximadamente 50 millones de personas. Sin embargo, en algunos países las proporciones son mayores, por ejemplo: en Bolivia, 2 de cada 3 bolivianos son indígenas y en Guatemala, 2 de cada 5.

Pobreza más aguda en territorios indígenas

La pobreza es un fenómeno que históricamente ha afectado más a los indígenas que a quienes no lo son. Si bien las estadísticas muestran que la pobreza, tanto moderada como extrema, y la desigualdad han tenido un descenso progresivo desde el año 2000, la brecha entre indígenas y no-indígenas aún es desfavorable para los primeros.

Olvido de los Estados e irrespeto de derechos

El olvido de los Estados hacia estas poblaciones, la explotación de la mano de obra indígena, el poco valor económico asignado a sus productos, así como la asignación de muy pocos recursos en materia de educación, salud, protección medioambiental son algunas de las razones que ayudan a explicar la pobreza de las comunidades originarias.

La degradación medioambiental provocada por las actividades mineras extractivas y la destrucción masiva de los bosques primarios que son el hábitat de los pueblos amazónicos es uno de los caballos de batalla de estas comunidades para garantizar sus derechos y mantener sus formas de vida ancestrales.

El despojo de sus tierras, la destrucción de la selva ya sea con la minería, la explotación petrolera y maderera, así como la violencia de grupos armados ilegales, acentúan la vulnerabilidad de estos pueblos.

Escuchar los pueblos. Defensa de la vida

El próximo Sínodo especial para la Amazonía, que se celebrará del 6 al 27 de octubre, supone una ocasión histórica para avanzar en esa alianza, abriendo nuevos caminos basado en la escucha a los pueblos. De hecho, los pueblos indígenas son los principales interlocutores del Sínodo.

Luis Ventura, miembro del CIMI (Consejo Indigenista Misionero) y colaborador de Cáritas en la REPAM, afirma: “el proceso de consulta en preparación al Sínodo de la Amazonía ha resultado en más de 260 encuentros de diálogo y reflexión, entre asambleas parroquiales y diocesanas, grupos de discusión, encuentros temáticos y otros. En esos encuentros se registró la participación de representantes de 172 pueblos indígenas de la Amazonía”.

Ventura insiste en que resultado de este proceso de escucha se pueden definir al menos dos necesidades importantes. La primera, que la Iglesia continúe junto a ellos, de forma cada vez más determinada y firme, en la lucha por la tierra y por la garantía de sus derechos. La segunda, Hay una llamada latente al diálogo, al reconocimiento mutuo y al profundo respeto por la riqueza y densidad de la espiritualidad vivida por cada pueblo. Los nuevos caminos de la Iglesia en la Amazonía deben superar todo resquicio de colonialismo”.

Luis Ventura recuerda las declaraciones de la comunidad indígena Monilla Amena de la Amazonía colombiana, “esta es la lucha por los territorios, es la lucha por la cultura y la unión de los pueblos indígenas. Nuestra continuidad es la continuidad del cuidado de la madre tierra que nos motiva ante tantos desafíos”.

Voz del Papa Francisco: cuidar la vida

El Papa Francisco en una entrevista con medios de comunicación italianos y publicada el 9 de agosto recordaba que la Amazonía “contribuye de manera decisiva a la supervivencia del planeta”, porque de allí “proviene gran parte del oxígeno que respiramos”. Deforestar, por lo tanto, significa “matar a la humanidad”, recuerda Francisco.

El Papa, también invitó a los responsables políticos a que no vean solo sus intereses económicos y políticos, y asuman su responsabilidad como en el caso de las “minas a cielo abierto” que envenenan el agua y causan muchas enfermedades.


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Fundación Populorum progressio. Aprobación de proyectos para América Latina y Caribe

Fundación Populorum Progressio: proyectos a favor de América Latina

El Consejo de Administración de la Fundación Populorum Progressio para América Latina, llevó a cabo su reunión anual del 24 al 26 de junio, en la archidiócesis de Bogotá (Colombia) y durante ella se deliberó la financiación de 138 proyectos a favor de las comunidades indígenas, mestizas, afroamericanas y campesinas en América Latina y el Caribe.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano

La Oficina de Prensa de la Santa Sede dio a conocer este martes, 2 de julio que, el Consejo de Administración de la Fundación Populorum Progressio para América Latina, encargada al Dicasterio para el  Servicio del Desarrollo Humano Integral llevó a cabo su reunión anual del 24 al 26 de junio, en la Archidiócesis de Bogotá (Colombia), en la cual se deliberó la financiación de 138 proyectos a favor de las comunidades indígenas, mestizas, afroamericanas y campesinas en América Latina y el Caribe.

138 proyectos de 17 países de América Latina y el Caribe

Asimismo, en la nota difundida por la Santa Sede se señala que, el Consejo de Administración ha examinado alrededor de 138 proyectos de 17 países de América Latina y el Caribe. Se prestó especial atención a los países de la región Panamazónica donde la Fundación en sus años de existencia ha desarrollado 638 proyectos de los cuales se han beneficiado más de 40 comunidades indígenas, así como un número significativo de comunidades rurales y afroamericanas. También se hizo especial hincapié en Venezuela y América Central. Estos proyectos atañen  a las diversas dimensiones del desarrollo humano integral: producción (agropecuaria, artesanal y comercial), desarrollo de microempresas, infraestructuras (redes de agua y alcantarillado, energía, salas de usos múltiples, almacenes, comedores comunitarios y ambulatorios),finanzas (microcrédito y tiendas comunitarias) salud (centros y equipos de salud, letrinas y fosas sépticas), educación (aulas, equipos informáticos y herramientas de formación), comunicación (emisoras y equipos locales de radio-televisión).

Participantes en la reunión anual

Han tomado parte en el encuentro los miembros del Consejo de Administración de la Fundación: el cardenal Peter K.A. Turkson, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, así como presidente y representante Legal de la Fundación, Mons, Javier Augusto del Río Alba, arzobispo de Arequipa (Perú), presidente del Consejo de Administración (CdA); Mons. Oscar Urbina Ortega, arzobispo de Villavicencio (Colombia), vicepresidente del Consejo de Administración, el cardenal Chibly Langlois, obispo de Les Cayes (Haití); Mons. José Luis Azuaje Ayala, obispo de Barinas (Venezuela), Mons. Murilo Sebastião Ramos Krieger, arzobispo de São Salvador de Bahía (Brasil), Mons. Eduardo Maria Taussig, obispo de San Rafael (Argentina), y Mons. arzobispo Segundo Tejado Muñoz, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. Los trabajos fueron coordinado por el nuevo secretario del Consejo de Administración, P. Luis Ferney López Jiménez. También estuvieron presentes el nuncio apostólico en Colombia, Mons. Luis Mariano Montemayor, el cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá, Mons. Juan Carlos Cárdenas Toro, obispo auxiliar de Cali y nuevo secretario general del CELAM,  el ex embajador de Colombia ante la ONU y la Santa Sede, Juan Gómez Martínez, así como representantes del Servicio de intervenciones caritativas en favor de los países del Tercer Mundo de la Conferencia Episcopal Italiana, cuya contribución hace posible la financiación de la mayoría de los proyectos, junto con las participaciones individuales. Por primera vez, también tomaron parte delegados de Cross Catholic Outreach, una organización caritativa católica que ha apoyado las actividades de la Fundación desde 2018.


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Aumenta la pobreza en América Latina y Caribe según CEPAL

Aumenta la pobreza en América Latina, revela Comisión Económica para América Latina y Caribe

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL. Foto de archivo: ONU

21 de diciembre, 2017 — Después de más de una década de reducción en la mayoría de los países, los niveles de pobreza y pobreza extrema aumentaron en América Latina en 2015 y 2016. Eso fue el hallazgo del informe Panorama Social de América Latina 2017 presentado el miércoles por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en conferencia de prensa en las oficinas del organismo en la Ciudad de México.

La agencia de la ONU presentó su estudio comparativo de las situaciones sociales en los país de América Latina, con un enfoque en los sistemas de pensiones, y llamó a fortalecer las políticas laborales y de protección social universales, solidarios y sostenible en la región.

mientras que en 2017 se mantendrían estables, 186 millones de personas se encuentran en situación de pobreza en la región, informó la CEPAL, lo que representa 30.7 % de la población, un aumento de 1% en comparación con el año previo.

De manera igual, la pobreza extrema llegó al 10% en 2016 (61 millones de personas), un crecimiento de 2% en comparación con 2014.

El Panorama Social 2017 muestra también que la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema es más elevada entre niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y la población que reside en áreas rurales.

Sin embargo, una perspectiva de mediano plazo arroja un balance positivo en materia de reducción de la pobreza, ya que esta se redujo 15,2 puntos porcentuales entre 2002 y 2016, subrayó la Sra. Bárcena.

La desigualdad de ingresos también se redujo entre 2002 y 2016, aunque el ritmo de caída ha disminuido en los últimos años.

“La experiencia reciente nos indica que el aumento de los ingresos en los hogares de menores recursos ha sido imprescindible para la reducción tanto de la pobreza como de la desigualdad de ingresos” sostuvo Bárcena.

“Y a ese crecimiento han contribuido decisivamente las políticas distributivas y redistributivas de los países, como reformas tributarias, salarios mínimos, pensiones y transferencias vinculadas a las estrategias de reducción de la pobreza y a la expansión de los sistemas de protección social”, añadió.

El informe publicado hoy por la CEPAL también analiza la evolución y los desafíos de los sistemas de pensiones, que son fundamentales para la garantía de los derechos a la seguridad social y a la protección social de la región en un contexto de cambios demográficos acelerados.

Se estima que en 2040 las personas de 60 años y más superarán a las de 0 a 14, y que la población de 80 años y más aumentará casi 20 millones para esa fecha. También se observa una tendencia a la feminización de la población adulta mayor.

Aunque se amplió entre 2000 y 2014 la contribución a los sistemas de pensiones en América Latina, se estima que 142 millones de personas económicamente activas aún no están cubiertas. Además, el informe destaca que las prestaciones queden en amplia medida insuficientes.

De acuerdo con el estudio, las reformas implementadas entre 2008 y 2017 en la región evidencian una nueva tendencia, con un denominador común: avanzan en el desarrollo de mecanismos de solidaridad y, en la mayoría de ellas, aumenta la participación del Estado.

El estudio concluye afirmando que la consolidación de sistemas de pensiones universales, solidarios y sostenibles es un objetivo posible y necesario en un pacto social para el desarrollo con igualdad.

Por ello, “el llamado es a fortalecer las políticas laborales y de protección social, más aún en períodos de bajo crecimiento económico, y a implementar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a partir de un cambio estructural progresivo”, concluyó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.

Redacción: Centro de Información de la ONU en México


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Disminuye la inversión extranjera en América Latina y Caribe

La inversión extranjera en América Latina y el Caribe disminuyó un 9% en 2015

La hidroeléctrica de Itaipu, en Paraguay, es una fuente de energía limpia y renovable. Foto: ONU/Evan Schneide

15 de junio, 2016 — La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe disminuyó un 9% en 2015 en comparación con 2014, superando los 179.000 millones de dólares, el nivel más bajo desde 2010, informó este miércoles la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Esa caída responde a una disminución de los ingresos de ese tipo en materia de recursos naturales, principalmente en la minería y los hidrocarburos, así como la desaceleración del crecimiento económico, especialmente en Brasil, explicó el organismo.

En 2015, Estados Unidos fue nuevamente el principal inversor en la región, con casi un 26% de esos negocios, seguido de los Países Bajos con cerca de un16% y de España con un 11,8%.

En su informe anual sobre el tema, la CEPAL señaló que las proyecciones para 2016 auguran niveles aún más bajos que los años anteriores y alcanzaría hasta un 8%.

No obstante, esta fuente de ingresos seguirá siendo de importancia vital para las economías de la región, por lo que la Comisión llamó a emprender acciones que atraigan con urgencia esos flujos de capital.

Uno de los sectores recomendados son las energías renovables y otros proyectos medioambientales.

“Con políticas activas e integradas, los países de la región pueden aprovechar estos flujos para diversificar sus economías, potencia la innovación e incorporar tecnología”, indicó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL durante la presentación del informe en una conferencia de prensa Santiago de Chile.

El descenso registrado en la región contrasta con el dinamismo a nivel global, señala el documento. El año pasado estos dineros aumentaron un 36% en el mundo y alcanzaron los 1.700 millones de dólares.