Loiola XXI

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Cataluña. Amn. int. exige la libertad inmediata de los “Jordis”

Amnistía Internacional reitera su petición de libertad inmediata para “los Jordis” un año después de su ingreso en prisión

Manu Fernandez /AP

Amnistía Internacional encuentra injustificable el mantenimiento de la prisión provisional de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart un año después de su entrada en la cárcel, y vuelve a pedir su libertad inmediata. La organización considera que el mantenimiento esta medida constituye una restricción excesiva y desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Recientemente, dos resoluciones de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo rechazaron las peticiones de libertad formuladas por Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, respectivamente. El Tribunal Constitucional también ha rechazado suspender cautelarmente la situación de prisión provisional de Jordi Sánchez en al menos tres ocasiones. “En lugar de aprovechar la oportunidad para poner fin a la detención de Jordi Sànchez y de Jordi Cuixart, las autoridades judiciales han agravado esta injusticia”, asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Desde que tuvo noticia de su ingreso en prisión, Amnistía Internacional manifestó que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart debían ser puestos en libertad de inmediato. El 16 de octubre de 2017, la jueza Lamela de la Audiencia Nacional dictó auto de prisión provisional contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes en ese momento, respectivamente, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, por delitos de sedición. Posteriormente, el 24 de noviembre de 2017, su caso fue asumido por el Tribunal Supremo, uniéndose a la Causa Especial 20907/2017. Tras la investigación llevada a cabo por el magistrado instructor fueron procesados por delitos de rebelión el 21 de marzo de 2018. En el auto se les atribuye la participación en la celebración del referéndum del 1 de octubre en Cataluña, pese a la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la ley que regula el referéndum, así como en los hechos del 20 y 21 de septiembre de 2017, por los que se les acusa de convocar a la ciudadanía a concentrarse delante de unos edificios oficiales con el fin de impedir una operación policial legal ordenada por un juzgado de Barcelona que conllevaba el registro de varios edificios oficiales.

“Los cargos que pesan contra los Jordis, según la información de la que dispone Amnistía Internacional, son injustificados y, por tanto, deben ser retirados. En caso de demostrarse que convocaron a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita, esto podría ser perseguido, ya que podría tratarse de una alteración de orden público, y ser objeto de sanción penal. Pero atribuirles delitos graves como la rebelión o la sedición es desproporcionado y una restricción excesiva de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, asevera Adriana Ribas, coordinadora de Amnistía Internacional en Cataluña.

Información adicional

Amnistía Internacional no cuestiona los fallos del Tribunal Constitucional sobre la ley del referéndum ni su aplicación pero considera que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, como ciudadanos particulares y presidentes de organizaciones de la sociedad civil en el momento de los hechos que se están investigando, tenían derecho a organizar y promover reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña. Aunque el derecho internacional de los derechos humanos permite a los Estados imponer algunas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión con determinados fines legítimos, como proteger el orden público o la seguridad nacional, requiere que las autoridades demuestren que esas restricciones son necesarias y proporcionadas al objetivo perseguido, algo que no ha ocurrido en este caso. Además, de acuerdo, con el derecho internacional, las restricciones de la libertad de expresión “para desempeñar su función protectora […] deben ser el instrumento menos intrusivo de los que permitan conseguir el resultado deseado”. Este requisito de proporcionalidad implica que las sanciones penales, en particular las que dan lugar a privación de libertad, constituirán a menudo una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión. Por ello, la presentación de cargos penales graves contra miembros de la sociedad civil que organizan o promueven este tipo de reuniones es una medida excesiva y desproporcionada.

Por último, con respecto de los hechos del 20 y 21 de septiembre hasta donde consta a la organización, no parece que ni Jordi Sánchez ni Jordi Cuixart animaran a los manifestantes a utilizar la violencia, de modo que tanto los actos esporádicos de violencia cometidos por manifestantes como los daños causados a unos vehículos de la policía en septiembre, no deberían atribuírseles directa ni indirectamente a ellos en tanto que organizadores o promotores de las movilizaciones.


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Diez retos para el nuevo presidente de España, según AMN.INT.

PRESIDENTE SÁNCHEZ: 10 RETOS EN DERECHOS HUMANOS

Pedro Sánchez jurando su cargo como Presidente

Hace unos días Pedro Sánchez fue elegido Presidente del Gobierno. Tiene por delante un gran reto, no exento de dificultades. La población española está preocupada por temas económicos, la corrupción, el paro… Son problemas muy serios que necesitan de toda su atención, pero entre estos problemas, entre estos retos, hay uno que no puede quedar fuera de la agenda: los derechos humanos.

Actualmente en España hay activistas sancionados con multas desproporcionadas por ejercer su derecho a expresarse en libertad, personas que no pueden pagar sus medicinas, personas que pierden sus casas en procesos en los que se encuentran indefensas y mujeres cuyos derechos son pisoteados cada día, entre otros.

La lista es interminable, pero esta lista es nuestro gran reto, y debe serlo también para el nuevo Presidente. Queremos un país en el que poder expresarnos libremente, en el que las mujeres víctimas de violencia de género encuentren protección, en el que las personas refugiadas puedan reconstruir sus vidas, en el que las heridas se cierren con verdad, con justicia y con reparación. En el que todas las personas tengan acceso a una atención sanitaria de calidad y vean garantizado su derecho a la vivienda.

Y no solo nos importa lo que sucede en España. El apellido de nuestra organización es “internacional”, y queremos que España sea un ejemplo no solo de puertas para adentro, también de puertas para afuera. Conflictos armados como Yemen, la violencia de estado contra quienes se manifiestan pacíficamente, la pena de muerte, las restricciones a la libertad de expresión, la discriminación que sufren las mujeres en todo el mundo y otras violaciones de derechos humanos han hecho que cientos de miles de personas hayan alzado sus voces en todo el mundo, y España no puede quedarse al margen.

Queremos que España deje de vender armas a países como Arabia Saudí o Israel. Queremos que España apueste de verdad por incluir los derechos humanos en sus relaciones con otros países. Queremos que España no se olvide que defensores y defensoras de derechos humanos son perseguidos en todo el mundo. Queremos que España combata activamente los discursos antimigrantes y antirefugiados. Que defienda los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo. Queremos una España abierta y solidaria.

Es hora de construir, de mirar hacia adelante. Este es el gran reto del nuevo Gobierno.

Si estás de acuerdo con estos diez puntos, firma y enviaremos esta petición en tu nombre al Gobierno de España.


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España: los obispos españoles felicitan al nuevo presidente.

Cardenal Ricardo Blázquez y Pedro Sánchez.Cardenal Ricardo Blázquez y Pedro Sánchez. 

Obispos españoles felicitan al nuevo presidente, Pedro Sánchez

La Conferencia Episcopal Española expresa al presidente electo por el Congreso, “su predisposición para colaborar sinceramente con las autoridades legítimas del Estado en orden al mejor servicio del bien común”.

Ciudad del Vaticano

A través de un comunicado publicado el lunes 4 de junio, el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Ricardo Blázquez, ha enviado su felicitación en representación de todos los obispos, a D. Pedro Sánchez, tras su elección por parte del Congreso de los Diputados como Presidente del Gobierno de España.

“Le aseguramos -señala el cardenal Blázquez– nuestras oraciones para que, Dios le conceda su luz y su fuerza en el desempeño de las altas responsabilidades que le encomienda el pueblo español, al servicio del bien común, la unidad, prosperidad y cohesión social de nuestro país, la paz, la justicia, la libertad y el bien común de todos los ciudadanos”.

Asimismo, el purpurado manifesta al presidente recién electo, su disposición personal y la de toda Conferencia Episcopal “para colaborar sinceramente con las autoridades legítimas del Estado en orden al mejor servicio del bien común”.

Primer presidente de España elegido por moción de censura

La elección de Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tuvo lugar el viernes 1 de junio tras ser aprobada la moción de censura promovida por el PSOE contra el anterior presidente, Mariano Rajoy, perteneciente al Partido Popular, (PP).

El socialista Pedro Sánchez, reunió 180 votos, superando los 176 mínimos que se necesitan para convertirse en el nuevo jefe del Gobierno, mientras que 169 diputados votaron en contra y hubo una abstención.

Tras su nombramiento, inicia una “inexplorada” situación en el panorama de la política española, ya que se trata de la primera vez, en la historia de este país, que un presidente de Gobierno es elegido mediante una moción de censura en el Congreso.

Comunicado de la CEE


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España: AMN.INT. juzga excesiva la condena del catalán Jordi Sánchez

España: La prolongación de la prisión provisional de Jordi Sànchez es “excesiva y desproporcionada”

Jordi Sànchez

Tras la decisión de un juez del Tribunal Supremo de no poner en libertad a Jordi Sánchez, expresidente de la organización independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), Gauri Van Gulik, directora de Amnistía Internacional para Europa, ha manifestado:

“La prolongación de la prisión provisional de Jordi Sànchez constituye una restricción excesiva y desproporcionada de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

“En lugar de aprovechar la oportunidad para poner fin a su detención, el Tribunal Supremo ha agravado esta injusticia. Jordi Sànchez debe ser puesto en libertad de inmediato. En opinión de Amnistía Internacional, la resolución de hoy no aporta elementos nuevos que justifiquen la prolongación de la prisión provisional de Sànchez. Además, los cargos de sedición y rebelión que pesan contra Sànchez y Cuixart, según la información de que dispone Amnistía Internacional, son injustificados y, por tanto, deben retirarse”.

Aunque convocar protestas para obstruir operaciones policiales legítimas puede ser, si se demuestra su comisión, un delito sancionable contra el orden público, no constituye un delito grave como la sedición o la rebelión, castigados con penas de hasta 10 y 30 años.”

Información complementaria
Amnistía Internacional no cuestiona la sentencia del 7 de septiembre del Tribunal Constitucional que suspende, como medida cautelar, la ley del referéndum catalán. No obstante, como ciudadanos particulares y presidentes de organizaciones de la sociedad civil en el momento de los hechos que se están investigando, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez tenían derecho a expresar opiniones contrarias a las decisiones del Tribunal, así como a organizar reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña.

Aunque el derecho internacional de los derechos humanos permite a los Estados imponer algunas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión con determinados fines legítimos, como proteger el orden público o la seguridad nacional, requiere que las autoridades demuestren que esas restricciones son necesarias y proporcionadas al objetivo perseguido. La presentación de cargos penales graves contra quienes organizan este tipo de reuniones es una medida excesiva y desproporcionada.

Amnistía Internacional reitera que el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica garantiza el derecho de las personas y las organizaciones de la sociedad civil a expresar sus opiniones sobre el referéndum y sobre la independencia en general en cualquier momento, individual o colectivamente, incluso en el contexto de reuniones públicas.


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España. Amn. Int. critica las sanciones contra Sánchez y Cuixart

Amnistía Internacional: Los cargos de sedición contra Sánchez y Cuixart son excesivos y se debe suspender la prisión provisional

Manu Fernandez /AP

El pasado 16 de octubre, la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela decretó prisión provisional para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes respectivamente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, acusados de un delito de sedición, en aplicación del artículo 544 del Código Penal, en relación con las protestas que organizaron los días 20 y 21 de septiembre en Barcelona.

Según la jueza, las protestas habrían intentado obstaculizar una operación policial y judicial basada en una orden judicial dictada por un juzgado de Barcelona, que comportó el registro de varios edificios oficiales del gobierno, con el objetivo de impedir la organización del referéndum sobre la independencia de Cataluña el pasado 1 de octubre, declarado ilegal el pasado 7 de septiembre por el Tribunal Constitucional, y finalmente anulado ayer.

Amnistía Internacional no cuestiona el fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de referendum ni su aplicación, pero considera que, si bien convocar a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita puede ser perseguido por considerarse una alteración de orden público, la presentación de cargos contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por un delito grave como es la sedición y su prisión provisional constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica.

Pedimos a las autoridades que retiren los cargos de sedición presentados contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y que pongan fin de inmediato a su prisión provisional. La sedición es un delito definido de una manera muy general que abarca una amplia variedad de actos, y que además puede comportar penas de hasta 10 años de cárcel” ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Respuesta judicial desproporcionada, según el derecho internacional
En su decisión de imponer la prisión provisional, la jueza de la Audiencia Nacional sostiene que los acusados no se limitaron a convocar una reunión pacífica, sino que actuaron con arreglo a una compleja estrategia y una hoja de ruta para conseguir la independencia de Cataluña.

No obstante, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica abarca la posibilidad de que las personas y las organizaciones de la sociedad civil expresen sus opiniones sobre el referéndum y sobre la independencia en general en cualquier momento e individual o colectivamente, incluso en el contexto de reuniones públicas. “Las autoridades deben proteger el derecho de los particulares a expresar su oposición al fallo del Tribunal Constitucional y a organizar reuniones públicas pacíficas en favor del referéndum” ha declarado John Dalhuisen, director para Europa de Amnistía Internacional.

El derecho internacional de los derechos humanos también permite a los Estados imponer algunas restricciones al ejercicio de ese derecho con determinados fines legítimos, como proteger el orden público, una operación legítima de aplicación de la ley o la seguridad nacional, siempre que pueda demostrarse que esas restricciones son necesarias y proporcionadas al objetivo previsto.

Pero también de acuerdo con el derecho internacional, las restricciones de la libertad de expresión “para desempeñar su función protectora […] deben ser el instrumento menos intrusivo de los que permitan conseguir el resultado deseado”. Este requisito de proporcionalidad implica que las sanciones penales, en particular las que dan lugar a privación de libertad, constituirán a menudo una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión.

De acuerdo a los mensajes que, según el auto de la jueza, publicaron en las redes sociales, así como por algunas de las declaraciones que hicieron durante los sucesos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart animaron a los manifestantes a concentrarse delante de los edificios oficiales con el fin de impedir una operación policial legal, pero no parece que animaran a los manifestantes a utilizar la violencia, de modo que los actos esporádicos de violencia cometidos por manifestantes, como los daños causados a unos vehículos de la policía, no deberían atribuírseles directa ni indirectamente a ellos en tanto que organizadores de las protestas.