Loiola XXI

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Ruanda: la muerte del último rey en el exilio.

Palacios sin rey

El pasado domingo, 16 de octubre, falleció el último rey de Ruanda, Kigeli V, a los 80 años de edad, en Estados Unidos, donde vivía exiliado.

Kigeli V accedió al trono como sucesor de su hermanastro Mutara III en 1959, antes de la revolución hutu de noviembre de ese año, que provocó la salida del país de miles de tutsis. Muchos de ellos no volvieron a Ruanda hasta después del genocidio de 1994, con la victoria del Frente Patriótico Ruandés.

En 1960 Kigeli V pidió a Naciones Unidas apoyo para lograr la independencia del país, lo que provocó graves diferencias con las autoridades coloniales belgas, que culminaron con la expulsión del monarca. En septiembre de 1961 la monarquía fue abolida, un año antes de la independencia. Kigeli V vivió exiliado en varios países africanos antes de instalarse definitivamente en Washington, en 1992.

A pesar del triunfo del Frente Patriótico Ruandés de Paul Kagamé, el monarca nunca pudo consumar su regreso, por lo que el palacio de Nyanza (del que publicamos en marzo de 2015 un reportaje en Mundo Negro) ha quedado casi como el único recuerdo del paso de la monarquía por el país africano, hoy ya –definitivamente- sin rey.


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Cambio climático y próxima reunión en Ruanda.

En el Día de la Preservación de la Capa de Ozono, Ban urge a combatir el cambio climático

La capa de ozono se ha recuperado. Foto: PNUMA

16 de septiembre, 2016 — Al celebrar el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono, el Secretario General de la ONU urgió hoy a pasar de la retórica a la acción y a proteger el clima aprovechando el potencial que ofrece el Protocolo de Montreal, un tratado internacional diseñado para proteger la capa de ozono.

En su mensaje por la ocasión, Ban Ki-moon consideró que ese instrumento del derecho internacional puede ayudar a reducir el calentamiento global a corto plazo causado por los hidrofluorocarbonos (HFC), el gas que aumenta con más rapidez entre los que producen el efecto invernadero.

Ban explicó que los HFC empezaron a usarse como alternativa a los productos que dañaban la capa que protege el planeta, particularmente en reemplazo de los que se usaban para la refrigeración y los aireas acondicionados.

No obstante haber ayudado a reducir la amenaza a la capa de ozono, los HFC son sumamente potentes como gases de efecto invernadero.

Por esta razón, el Secretario General invitó a las delegaciones de los países que se reunirán el mes que viene en Rwanda, en el marco del Protocolo de Montreal, a alcanzar un consenso mundial sobre la reducción de esa sustancia.

Por su parte, Erik Solheim, director ejecutivo del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) emitió un mensaje en video para la jornada.

“Ahora podemos usar el Protocolo de Montreal para deshacernos de esto e introducir nuevas sustancias que no sean peligrosas ni para la capa de ozono ni para el clima”, indicó Solheim.

La reducción gradual de los hidrofluorocarbonos ayudaría a disminuir medio grado de calentamiento global para finales de siglo.


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El genocidio de Ruanda, visto para sentencia? Análisis

Republic of Rwanda - vector map

Republic of Rwanda – vector map

¿Un genocidio visto para sentencia?

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda termina sus trabajos en medio de las dudas

 

El Tribunal Penal Internacional para Ruanda cerraba sus puertas de manera formal el 31 de diciembre de 2015 después de 21 años de juicios a los responsables del genocidio y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en 1994. Los resultados son 93 personas acusadas, 61 condenadas, 14 absueltas y 9 en busca y captura bajo una recompensa de cinco millones de dólares. ¿Se ha sacado algo en claro durante el proceso?

 

Por Sebastián Ruiz

 

Cruzaba los dedos de las manos y miraba al abismo. Pero el vértigo y las náuseas de Jean-Paul Akayesu se disiparon inmediatamente al escuchar el veredicto: pasar el resto de sus días en una prisión en Malí. Tenía entonces 45 años y le esperaba la perpetua. El 2 de septiembre de 1998, Akayesu, el que fuera alcalde de la ciudad ruandesa de Taba, muy cerca de la capital, Kigali, se convertía en el primer condenado internacional por participar –e incluso supervisar– el genocidio ruandés entre abril y junio de 1994. Sus cinco hijos, sus antiguos alumnos de la escuela –que le tenían en alta estima– y su propia comunidad, se desvanecían en silencio.

La herida todavía sangraba por reciente. Las víctimas, tutsis y hutus moderados, asistieron metafóricamente al juicio junto al taimado, manipulador y brutal Akayesu. Durante la vista celebrada en la sede del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) en Arusha (Tanzania), los magistrados sentenciaron que el joven alcalde cambió el traje ejecutivo por el de militar durante su mandato para garantizar su futuro político a costa de los suyos. Se estima que 800.000 ruandeses fueron asesinados, 200.000 ruandesas fueron violadas y dos millones de ciudadanos huyeron del país. Aparte del imaginario –tatuado a fuego en las retinas– sobre la crueldad humana y la brutalidad con la que se produjo, que permanecerá para siempre.

 

Desplazados en la República Democrática de Congo / Fotografía: Archivo Mundo Negro
Desplazados en la República Democrática de Congo / Fotografía: Archivo Mundo Negro

 

Fuera de Ruanda, las imágenes que llegaban parecían confirmar los tópicos de los conflictos tribales en África resueltos por la vía cruel. Una guerra sin sentido. No obstante, un genocidio no se produce en un contexto de anarquía. Lo que ocurrió en Ruanda estaba perfectamente orquestado por un grupo extremista hutu, un ejército compuesto por personas desempleadas, conocidos como interahamwe –“los que trabajan juntos”– o impuzamugambi –“los que comparten un objetivo común”–. Además, según los documentos desclasificados hace unos años, tanto Bill Clinton, el entonces presidente de Estados Unidos, como su homólogo francés, François Mitterand, tenían pleno conocimiento de la situación antes de los fatídicos 100 días de 1994. Ambos países, además, mantenían claros intereses en ese escenario que supone la frontera con República Democrática de Congo (RDC), rica en recursos minerales.

La noche del 7 de diciembre de 2015, de forma casi mediática y a pocos días de que el TPIR anunciara su cierre después de 21 años persiguiendo a los intelectuales del genocidio, la Interpol detenía en Goma (RDC), ciudad fronteriza con Ruanda, a otro alcalde implicado. Se trataba de Ladislas Ntaganzwa. Envejecido y demacrado, la Justicia le hacía revivir sus días más oscuros. De acuerdo con la acusación, el TPIR subrayó que Ntaganzwa participó en la planificación, preparación y ejecución de la matanza de más de 20.000 tutsis en la parroquia de Cyahinda entre el 14 y 18 de abril de 1994. Durante esos días las campanas enmudecieron ante la partitura que se interpretaba. Tanto el juicio de Ntaganzwa, como el de otras nueve personas que siguen en busca y captura, con una recompensa de 5 millones de dólares para quien las encuentre, pasarán por los banquillos ruandeses sin que la justicia internacional, hasta el momento, haya zanjado la historia.

Ruanda bajo el mandato de Kagamé simboliza un desarrollo económico al ritmo que marcan Occidente y los donantes internacionales, cuyas ayudas suponen la mitad del PIB del país. Sin embargo, no queda claro si las medidas adoptadas para garantizar la reconciliación social, incluyendo los juicios internacionales y nacionales de los implicados en el genocidio, han tenido éxito y han conseguido abordar las causas por las que este se produjo.

 

Imagen del juicio contra Jean-Paul Akeyesu / Fotografía: Archivo Mundo Negro
Imagen del juicio contra Jean-Paul Akeyesu / Fotografía: Archivo Mundo Negro

 

La ¿reconciliación? social

Más de 120.000 personas fueron detenidas en los años posteriores al genocidio, con pruebas escasas o nulas, por su papel en la violencia. Prácticamente todos hutus. Y si bien la comunidad internacional y el Gobierno de Ruanda consideraron los procesamientos como un paso crucial hacia la recuperación del país, el elevado número de detenidos hizo que la reconciliación resultara difícil en los planos social y legal. El TPIR fue establecido en noviembre de 1994 por la ONU para juzgar a los responsables del genocidio. Sin embargo, la labor de la Corte ha sido socavada por la falta de apoyo del propio Gobierno de Kagamé, que siempre ha manifestado su rechazo por tres elementos claves relativos a su ubicación (Tanzania), su jurisdicción temporal (solo atendía a los hechos de 1994 y no consideraba la violencia contra los tutsis previa al genocidio) y a la ausencia de sentencias de muerte.

Para acelerar el proceso, el Ejecutivo ruandés estableció los gacaca, tribunales comunitarios, elegidos por el pueblo. Aunque en el inicio no eran profesionales, fueron ampliamente alabados por la comunidad internacional. Cerca de 12.000 gacaca trataron más de 1,2 millones de casos en todo Ruanda. Tenían, a priori, una misión reparadora, aunque no lo fueron ni por los procesos ni por las sentencias que de allí salieron. Como explica Lars Waldorf, investigador sobre el genocidio, “dos tercios de estos casos tenían que ver con delitos contra la propiedad. Ningún otro país recién salido de un conflicto ha llevado a juicio a tantos delincuentes de poca importancia y acusados circunstanciales. ¿Sirvieron estos juicios masivos para fomentar la justicia y la reconciliación étnica?”.

Pero es solo una parte de la historia. La otra es que hubo un segundo genocidio. Mientras que los tutsis y algunos hutus moderados fueron las claras víctimas del genocidio, el Frente Patriótico Ruandés (FPR), en su origen guerrilla liderada por Kagamé, mató a entre 25.000 y 45.000 civiles hutus durante su marcha hacia Kigali. Un informe de 2010 de la ONU sugirió que durante los diez años posteriores a 1994, el FPR había sido culpable de delitos graves. El propio juez de la Audiencia Nacional española, Fernando Andreu Merelles, imputaba al presidente ruandés en 2008 bajo los cargos de “delitos de genocidio y de lesa humanidad, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, integración en organización terrorista y actos terroristas”.

 

Refugiados en la iglesia de la Sagrada Familia, en Kigali / Fotografía: Archivo Mundo Negro
Refugiados en la iglesia de la Sagrada Familia, en Kigali / Fotografía: Archivo Mundo Negro

 

De cara a la galería y a la opinión pública internacional, Kagamé ha establecido programas sociales y legales con el objetivo de eliminar las divisiones étnicas. En Ruanda hoy por hoy nadie se define como hutu, tutsi o tua, sino como ruandés. Además de los juicios, se han aprobado nuevas leyes para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Estas se han introducido junto con los programas de educación para la paz. Sin embargo, la estabilidad y la reconciliación han tenido un precio. Diversas ONG como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han elaborado una serie de informes que detallan el control autoritario de Kagamé en el poder. Los críticos dicen que no hay libertad de prensa y las figuras de la oposición han sido intimidadas, acosadas y encarceladas. Incluso antiguos aliados tutsis han sido expulsados cuando han mostrado una voz crítica contra el Gobierno.

En enero de 2014, el ex jefe de Inteligencia de Ruanda, Patrick Karegeya, fue encontrado muerto en Johannesburgo (Sudáfrica), donde se le había concedido el asilo. Después de servir al Gobierno ruandés durante diez años, Karegeya acusó a Kagamé y su séquito de estar detrás del ataque, en 1994, contra el avión en el que viajaba el presidente ruandés, Juvénal Habyarimana, atentado que se considera como el inicio del genocidio. En marzo de 2014, el general Kayumba Nyamwasa, ex jefe del Ejército de Ruanda, sobrevivió a un tercer intento de asesinato. Otro ejemplo es Victoire Ingabire Umuhoze, figura de la oposición hutu a quien encarcelaron después de ser interrogada y reconocer públicamente que hubo hutus moderados que murieron junto a los tutsis.

Un caso también muy relevante es el del cantante Kizito Mihigo, condenado a diez años de cárcel en febrero de 2015 por conspirar para atentar contra el presidente y por incitación al odio. Kizito, uno de los más populares intérpretes ruandeses, reconoció haber intercambiado mensajes con el opositor en el exilio Congreso Nacional de Ruanda (RNC, por sus siglas en inglés), paradójicamente cofundado por Patrick Karegeya. Mihigo es el intérprete del tema Igisobanuro cy’urupfu, que recordaba los 20 años del genocidio y abogaba por la reconcilición y el perdón entre los ruandeses. Sin embargo, considerado por el Gobierno como revisionista, fue prohibido.

Y, mientras, la historia se encuentra en vilo. El 18 de diciembre de 2015, un 98 por ciento de la población ruandesa votaba “sí” a la reforma constitucional decidida en noviembre, en la que se abarcaban varios artículos, entre ellos el 101 y el 172, que harán posible que Kagamé, de 58 años, pueda mantenerse en el poder 17 años más. La justicia del vencedor en Ruanda parece más comprensiva “porque los crímenes del vencedor parecen pequeños al lado de los del perdedor, tanto por la gravedad como por escala”, sentencia Waldorf.

 

Barack Obama habla con Paul Kagamé durante la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas / Fotografía: Getty Images
Barack Obama habla con Paul Kagamé durante la 70 Asamblea General de las Naciones Unidas / Fotografía: Getty Images


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Ruanda: Francia desclasifica documentos sobre el genocidio

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Miércoles , 08 de Abril de 2015 – 13:04

El presidente de Francia, François Hollande, ha decidido la desclasificación de documentos secretos sobre el genocidio ruandés, que estarán disponibles para investigadores y asociación de víctimas.

La matanza ocurrida en 1994 acabó con la vida de más de 800.000 personas.

El año pasado Francia no acudió a las conmemoraciones del 20 anivesario del genocidio después de que el presidente de Ruanda, Paul Kagame, acusara a la nación europea sobre su implicación en los crímenes.

Francia ha admitido cometer errores pero niega ser cómplice.

Más información en BBC.


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Ruanda: la justicia contra los periodistas,

Reporteros

RUANDA | El director de la radio religiosa Amazing Grace, condenado a 25 años de cárcel

02.03.2015 19:47

 El periodista Cassien Ntamuhanga, que dirige la emisora religiosa Amazing Grace, ha sido condenado a 25 años de cárcel por un tribunal de Kigali, que le ha hallado culpable de conspirar contra el Gobierno.

Reporteros sin Fronteras manifiesta su profunda consternación por esta sentencia, emitida el 27 de febrero, que acusa al periodista de los cargos de “pertenecer a una banda criminal, conspirar contra el gobierno establecido o el presidente, ser cómplice de actos terroristas o conspirar para cometer asesinatos”. Ntamuhanga se declaró inocente cuando emepzó el proceso judicial, en noviembre de 2014, y sus abogados aseguran que van a recurrir la sentencia.
“El acoso desproporcionado a este periodista pone de manifiesto el autoritarismo del gobierno del Presidente Kagame, que pretende amordazar a todas la voces disidentes de cara a ala elecciones presidenciales que tendrán lugar en 2017, a las que podría estar tentado de presentarse de nuevo, pese a que la actual Constitución del país lo prohibe”, afirma Virginie Dangles, responsable de Reporteros Sin Fronteras.
La fiscalía había llegado a pedir cadena perpetua para el periodista y los otros tres acusados. Uno de ellos, el popular cantante Kizito Mihigo, ha sido condenado a diez años de cárcel después de declararse culpable. Por su parte, el soldado retirado Jean-Paul Dukuzumuremyi, ha sido condenado a 30 años de prisión. Sólo Agnès Niyibizi, la tercera acusada, ha sido absuelta de la acusación de ser la tesorera de un partido de la oposición (el RNC) declarado terrorista por el gobierno ruandés.
Los compañeros de Ntamuhanga afirman que nunca había tenido problemas con las autoridades desde que desapareció el 7 de abril de 2014 y la policía confirmó una semana después que le tenía bajo custodia. El periodista denunció durante el juicio haber sido detenido ilegalmente y haber confesado bajo tortura.

Ruanda ocupa el puesto 161 de los 180 países que conforman la actual Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada anualmente por Reporteros Sin Fronteras.

Leer más: http://www.rsf-es.org/news/ruanda-el-director-de-la-radio-religiosa-amazing-grace-condenado-a-25-anos-de-carcel-/


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Ruanda: qué hizo el Consejo de Seguridad (ONU) para evitar el genocidio en 1994

El Consejo de Seguridad de la ONU alentó a ratificar la Convención sobre prevención del genocidio

El Consejo de Seguridad de la ONU Foto.ONU/Eskinder Debebe

16 de abril, 2014 — El Consejo de Seguridad de la ONU exhortó hoy a los Estados que no lo han hecho aún a ratificar o adherirse “con carácter altamente prioritario” a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y a promulgar leyes nacionales en ese sentido cuando sea necesario.

Ese órgano celebró este miércoles una sesión sobre dicho asunto coincidiendo con el vigésimo aniversario del genocidio en Rwanda, ocurrido entre el 6 de abril y el 17 de julio de 1994 y durante el que murieron más de un millón de personas de la etnia tutsi, así como hutus y otras personas que se opusieron a él, según expresa la resolución adoptada por unanimidad.

El Consejo de Seguridad condenó además toda negación de aquella tragedia e instó a los Estados Miembros a elaborar programas educativos “que inculquen a las generaciones futuras las enseñanzas del Genocidio a fin de ayudar a prevenir genocidios futuros”.

En la sesión, el Vicesecretario General de la ONU, Jan Eliasson, manifestó que esta era una ocasión para recordar a las víctimas y a los sobrevivientes y también “el fracaso colectivo de la comunidad internacional en reconocer y actuar ante los avisos de genocidio”.

“Al conmemorar los 20 años desde el genocidio, también rendimos especial tributo al trabajo impresionante del pueblo de Rwanda por su propia recuperación y reconciliación”, manifestó Eliasson y señaló además que ese tipo de tragedia puede evitarse con información, movilización, coraje y voluntad política.

También intervino el embajador de Nueva Zelanda, Colin Keating, que ostentaba la presidencia del Consejo cuando comenzó la matanza y recordó que ese órgano rehusó reconocer entonces que se estaba produciendo un genocidio en Rwanda y tampoco quiso reforzar la presencia de cascos azules en el país.

“Esta sesión también me da la oportunidad, en mi capacidad de ex presidente del Consejo, de pedir disculpas por lo que no hicimos en 1994 y que así quede registrado en los archivos oficiales de este órgano”, manifestó el embajador.


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No sólo Ruanda. Fuerte denuncia de Amn.Int. a la comunidad internacional.

 

El mundo sigue sin actuar pese a la vergüenza del genocidio

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Unas 800.000 personas fueron asesinadas hace 20 años durante el genocidio de Ruanda © PHIL MOORE/AFP/Getty Images

La comunidad internacional se ha abstenido colectivamente de actuar a partir de la experiencia adquirida en el genocidio de Ruanda, ha declarado hoy Amnistía Internacional, cuando el mundo conmemora el 20 aniversario de la catástrofe humana que se saldó con casi 800.000 muertos.

“En 1994, el mundo se cubrió de vergüenza cuando cerró los ojos ante los desesperados gritos de ayuda que llegaban de Ruanda. África y el resto de la comunidad internacional se lavaron las manos mientras se masacraba a cientos de miles de personas”, afirmó Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional.

“El mensaje es claro: no se debe permitir que esto suceda de nuevo. Pero aunque los líderes han reconocido sus errores, 20 años después es evidente que no se han puesto en práctica las lecciones aprendidas. Los gobiernos siguen sin actuar para proteger a quienes lo necesitan en las catástrofes inminentes que afrontamos hoy.”

Veinte años después, los ecos de los sucesos de Ruanda reverberan en la República Centroafricana y en Sudán del Sur… y en otros países.

“Los recientes sucesos de la República Centroafricana y Sudán del Sur ponen de relieve que los esfuerzos regionales e internacionales siguen sin abordar los conflictos actuales de África. En la República Centroafricana hay una limpieza étnica en gran escala. También en Sudán del Sur se está asesinando o violando a personas debido a su etnia y a su presunta afiliación política”, añadió Salil Shetty.

“No enviar operaciones de paz más robustas y no garantizar la rendición de cuentas por crímenes graves en África sólo sirve para que se produzcan nuevas tragedias de proporciones catastróficas.”

Desde diciembre de 2013, Amnistía Internacional investiga los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad que continúan cometiéndose, pese a la presencia de fuerzas de paz de la Unión Africana y Francia, en la República Centroafricana, donde se perpetran a diario homicidios extrajudiciales, violaciones y otras formas de tortura. La limpieza étnica ha obligado a cientos de miles de musulmanes a huir a los países vecinos, donde los refugiados viven en condiciones terribles mientras se desarrolla otra crisis humanitaria.

“Nuestros equipos están investigado la limpieza étnica en gran escala que azota la República Centroafricana e informando sobre ella. Se masacra a hombres, mujeres y niños, mientras las fuerzas de paz no se ven en ninguna parte”, prosiguió Salil Shetty.

“Es inaceptable que en los pasillos del poder de la ONU, Europa y la Unión Africana, los retrasos burocráticos y los juegos del poder político estén frustrando los reiterados esfuerzos para desplegar tropas de paz de la ONU adicionales en la República Centroafricana con la suficiente rapidez. Los terribles resultados son evidentes: muerte y miseria.”

En Sudán del Sur, miles de civiles han sido asesinados en los últimos meses y más de un millón de personas se han visto obligadas a huir de sus hogares después de que estallara el conflicto en diciembre de 2013. Aquí también los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad siguen destruyendo vidas mientras los perpetradores continúan en libertad.

En respuesta a la violencia, el Consejo de Seguridad de la ONU acordó por unanimidad aumentar las fuerzas de paz en Sudán del Sur para que desempeñen mejor su mandato de proteger a la población civil. Sin embargo, pese a las lecciones aprendidas en Ruanda, el despliegue es lento.

Continúan cometiéndose homicidios extrajudiciales, violaciones y abusos contra los derechos humanos, a menudo por motivos étnicos y supuestamente políticos. Tanto las fuerzas del gobierno como las de la oposición destruyen deliberadamente propiedades, atacan hospitales e iglesias, y cometen saqueos generalizados, dejando ciudades abandonadas. Miles de civiles siguen huyendo del país mientras cientos de miles de personas continúan desplazadas dentro de Sudán del Sur. Con la inminente llegada de la estación de lluvias, se avecina una catástrofe humanitaria a menos que la ayuda humanitaria pueda llegar a la población civil sin demora.

“El tiempo se acaba para los millones de hombres, mujeres y niños que necesitan desesperadamente ayuda en la República Centroafricana y en Sudán del Sur. El mundo debe actuar ya”, concluyó Salil Shetty.

Información complementaria
El genocidio de Ruanda se cometió durante la guerra que comenzó en octubre de 1990 entre las fuerzas del gobierno ruandés y el Frente Patriótico Ruandés (RPF), predominantemente tutsi, con base en Uganda. El RPF había sido creado por tutsis exiliados en Uganda tras su huida o la de sus padres de las matanzas étnicas de 1959 y 1963, entre otras.

Cuando el conflicto se intensificó, el gobierno ruandés pidió la ayuda de sus seguidores para que atacaran a cualquier persona identificada como simpatizante o posible simpatizante del RPF, lo que se convirtió en una estrategia deliberada para matar tutsis y conservar el poder.

El 6 de abril de 1994, el avión en el que viajaban el presidente de Ruanda Juvénal Habyarimana y el de Burundi, Cyprien Ntaryamira, fue abatido a tiros sobre Kigali, la capital de Ruanda, desencadenando matanzas étnicas en una escala sin precedentes. Los tutsis y hutus que se opusieron a la matanza organizada y a las fuerzas que la orquestaron fueron masacrados.

El gobierno proporcionó instrucción y repartió armas, incluidos machetes, a sus seguidores del partido gobernante, el Movimiento Nacional Republicano por la Democracia y el Desarrollo, y de su organización juvenil, los interahamwe (“los que atacan juntos”), así como a su aliado, la Coalición para la Defensa de la República, y a sus juventudes.

El 21 de abril de 1994, pese a los informes sobre las matanzas que se estaban cometiendo en Ruanda, el Consejo de Seguridad de la ONU votó reducir la misión de la ONU presente en el país, que pasó de tener 2.500 soldados a 270.

La impotente misión de la ONU permaneció en el país mientras decenas de miles de ruandeses eran asesinados cada semana. En los tres meses siguientes fueron asesinados unos 800.000 tutsis y hutus ruandeses contrarios al gobierno.

El genocidio se detuvo en julio de 1994, cuando el RPF derrotó a las fuerzas del gobierno. El RPF cometió también abusos masivos contra los derechos humanos inmediatamente después del genocidio y en el conflicto que se desencadenó a continuación.

20 años después, muchos perpetradores del genocidio han sido juzgados por los tribunales ruandeses nacionales y comunitarios, conocidos como gacaca; por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y por tribunales de Europa y Norteamérica. Continúan las investigaciones sobre decenas de presuntos genocidas que viven fuera de Ruanda. La mayoría de los homicidios cometidos por el RPF siguen sin ser juzgados.