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Filipinas: responsabilidades del Estado en la lucha contra las drogas.

La pena de muerte nunca es la solución

Por Omar Waraich (@OmarWaraich), director adjunto de Amnistía Internacional en el sur de Asia

Gener Rondina estaba en su casa con su familia en Barangay Carreta, un barrio de bajos ingresos de la ciudad de Cebú, en Filipinas, cuando la policía vino a buscarlo en plena noche. Temblando de miedo, suplicó por su vida. “Me rindo, señor”, gritó, pero la policía no se conmovió. Gener levantó las manos por encima de la cabeza y se puso de rodillas. A la familia la sacaron de la habitación. Luego se oyeron disparos.

Rondina es uno de los varios miles de habitantes de Filipinas a los que han matado en la asesina “guerra contra las drogas” emprendida por el presidente Rodrigo Duterte; la propia Policía Nacional de Filipinas admite que ha matado a 4.000. Al no detener a la gente —no digamos ya llevarla a los tribunales—, sino matarla en el acto, la policía asume el papel de juez, jurado y verdugo. Violando las mismas leyes que se supone que defienden, los policías han actuado sobre las pruebas más endebles para atacar a personas sospechosas de comprar o vender drogas, principalmente en los barrios más pobres del país.

Tal y como documentó el año pasado un informe de Amnistía Internacional, los jefes políticos locales elaboraron arbitrariamente “listas de objetivos”. En al menos algunos casos, la policía ha reclutado a asesinos a sueldo para que le hagan el trabajo sucio, y les ha ofrecido recompensas por cada cadáver. En sus propias operaciones, la policía ha colocado pruebas en las casas de la gente, ha falsificado informes oficiales sobre incidentes para alegar que se había producido un tiroteo, y ha robado pertenencias de las casas de las víctimas. Incluso en la muerte, se ha negado la dignidad a las víctimas. Han arrastrado sus cadáveres por el suelo y los han arrojado a la calle.

Cuando el portavoz del presidente Maithripala Srisena dijo que Sri Lanka confía en “repetir el éxito” de Filipinas, ¿es esto lo que tenía en mente? ¿Quiere que los barrios más empobrecidos de Sri Lanka se conviertan en lugares en los que la gente se despierte cada mañana para encontrar nuevos cadáveres tendidos en charcos de sangre en las calles? ¿O en los que, en nombre de la protección de una nueva generación, decenas de niños, algunos de tan sólo cuatro o cinco años, mueran a causa de la violencia? ¿Quiere ver las fuerzas de seguridad reducidas a una empresa criminal que patrocine a asesinos privados, que el Estado de derecho pierda todo su significado, y que una mera acusación signifique la diferencia entre la vida y la muerte?

Filipinas, por si algunas autoridades gubernamentales no se han dado cuenta, está siendo actualmente objeto de un examen preliminar por parte de la fiscal de la Corte Penal Internacional. La oleada de ejecuciones extrajudiciales, que los grupos de derechos humanos creen que son generalizadas y sistemáticas, puede dar lugar a una convocatoria ante La Haya por crímenes de lesa humanidad. Se trata de una política tan extrema que el más alto cargo de derechos humanos de la ONU ha recomendado al presidente Duterte que se someta a una “evaluación psiquiátrica”. En una carta que debería interesar al menos a un eminente srilankés, la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas denunció el año pasado los homicidios calificándolos de “reinado de terror en muchos lugares pobres”.


Miles de habitantes de Filipinas —entre ellos niños de tan sólo cuatro o cinco años— han muerto en lo que los grupos de derechos humanos creen que es una oleada de ejecuciones extrajudiciales. © Getty Images

Al mismo tiempo que el gobierno amenaza con desplegar tropas para emprender la propia “guerra contra las drogas” de Sri Lanka, está también tratando de reinstaurar la pena de muerte. La ejecución de personas declaradas culpables de delitos de drogas es una violación de las obligaciones jurídicas contraídas por Sri Lanka en virtud del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que limita el uso de la pena de muerte —en los países que aún no la han abolido— a los “más graves delitos”, o el homicidio intencional. La reinstauración de la pena capital rompería también con una práctica mantenida en Sri Lanka desde hace mucho tiempo. La pena de muerte, como han señalado otros, fue rechazada durante largos periodos en la historia precolonial de esta nación insular. Hace 90 años, la Asamblea Legislativa de Ceilán aprobó una resolución en la que abolía la pena de muerte, un paso abortado por las autoridades coloniales británicas, que insistieron en mantenerla.

Hace más de 40 años, Sri Lanka dio la espalda a su aplicación del exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante, y se convirtió en uno de los pocos países de Asia meridional en hacerlo. Afganistán, Bangladesh, India y Pakistán pertenecen a una minoría menguante de países que aún mantienen esta pena. En 2017, sólo cuatro países fueron responsables del 84% de las ejecuciones llevadas a cabo en el mundo. En cambio, en 2016, 117 países —entre ellos Sri Lanka— votaron en la Asamblea General de la ONU a favor de una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte.

Las ejecuciones nunca son la solución. Tal como han demostrado los criminólogos estudio tras estudio, la pena de muerte no tiene un especial efecto disuasorio. Hong Kong, por ejemplo, abandonó las ejecuciones hace más de medio siglo. Singapur, una ciudad de tamaño similar, sigue aplicando la pena de muerte. Pese a sus diferentes enfoques, el índice de asesinatos en ambas ciudades ha permanecido notablemente similar a lo largo de las décadas, sin que se haya producido el efecto disuasorio que el gobierno de Singapur afirmaba que se produciría.


Irán ha llevado a cabo numerosas ejecuciones por delitos de drogas, pero las autoridades han reconocido que eso no ha disuadido del narcotráfico. © AFP/Getty

En lo que se refiere a ejecutar a personas por delitos de drogas, pocos países han sido tan prolíficos como Irán. Este país ha ejecutado a miles de personas tras declararlas culpables de cargos de tráfico de drogas en juicios flagrantemente injustos. Sin embargo, el tráfico y la distribución de drogas siguen constituyendo un grave problema. “Lo cierto es que la ejecución de traficantes de drogas no ha tenido ningún efecto disuasorio”, admitió en 2016 Mohammad Baqer Olfat, jefe adjunto del poder judicial iraní para asuntos sociales. En los últimos meses, Irán ha relajado sus leyes de drogas y, hace sólo unas semanas, las autoridades anunciaron que, a consecuencia de ello, se han conmutado las condenas a muerte de cientos de personas por determinados delitos de drogas.

La pena de muerte es irreversible. 
No hay vuelta atrás si el proceso judicial ha sido defectuoso. Se trata de una pena absoluta. Los errores son irreparables. Una “confesión” forzada, la parcialidad de un juez, la falta de pruebas o una defensa inadecuada pueden dar lugar a que una persona inocente pague con la pena máxima. También es una pena que afecta desproporcionadamente a las personas que viven en la pobreza. “Esto se convierte en una forma de discriminación por clase en la mayoría de los países”,advirtieron el año pasado los expertos de la ONU.

Por último, y lo que es más importante, la pena de muerte es inmoral. Si creemos que a la vida humana debe otorgársele el máximo valor, debemos concluir que arrebatarla es el acto más bajo. Esto queda claro cuando una persona comete un asesinato. ¿Hay alguna diferencia cuando el Estado comete el mismo acto, y con ello inflige el mismo dolor y causa la misma pérdida? Una ejecución no es una demostración de fuerza, sino una admisión de debilidad. Representa el fracaso a la hora de crear una sociedad más humana, en la que la protección del derecho a la vida triunfe sobre las tentaciones de venganza.


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Filipinas: satisfacción de la iglesia por nueva ley sobre religiones y grupos étnicos.

Filipinas; la nueva región musulmana acerca a Duterte y la Iglesia

La medida aprobada por el Parlamento, y promovida por el presidente, es un paso histórico que crea nuevas esperanzas para nutrir la convivencia interreligiosa y cerrar el paso a los grupos radicales islámicos

Musulmanes filipinos

Pubblicato il 25/07/2018
PAOLO AFFATATO
MANILA

 

Una nueva alba surge en el sur de Filipinas. Nació, después de un trabajo de más de una década de coloquios institucionales, la nueva Región Autónoma de Bangsamoro, entidad territorial concebida para recibir a la población islámica que vive en el sur de Filipinas, una consistente minoría de casi seis millones de personas, en el país más católico de Asia (con más de 90% de fieles).

 

Lo anunció el presidente Rodrigo Duterte el 23 de julio en su discurso sobre el estado de la nación, prometiendo la emanación de la nueva ley «antes de que pasen 48 horas». Después de la ratificación del Senado, llegó ayer la de la Cámara de Representantes, que dio luz verde a un texto sobre el que se había llegado a un acuerdo durante las últimas semanas gracias al trabajo de la Comisión bicameral. Con la firma del presidente (una formalidad en este caso, puesto que se trata de un texto promovido por el gobierno mismo) concluye el recorrido para que entre en vigor.

 

La nueva entidad administrativa sustituye a la vieja región autónoma musulmana (creada) e incluye seis provincias (Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu y Tawi-Tawi), mientras otras municipalidades, fuera de estas provincias, podrán formar parte de la región mediante un referéndum que será propuesto a la población de Mindanao, la gran isla del sur del archipiélago en donde hay tres grupos sociales y religiosos mayoritarios: los ciudadanos cristianos, los musulmanes (divididos en diferentes grupos étnicos) y los indígenas o lumads, poblaciones que se encuentran desde hace siglos en esas tierras.

 

El gobierno de Duterte presenta la medida como «piedra angular para construir la paz y la armonía en el sur de la nación», y, en este contexto, cuenta con el absoluto apoyo de la Iglesia católica que, al respecto, nunca ha ocultado su sintonía con el ejecutivo de Manila, impulsando con toda su influencia para la aprobación de una ley considerada necesaria para construir una paz estable y duradera en las Filipinas meridionales.

 

La aprobación llega, de hecho, después de por lo menos una década de negociaciones, de coloquios intermitentes con los grupos rebeldes, de amenazas y enfrentamientos, de señales de distensión y de resurgimientos de los grupos islámicos radicales. Los interlocutores principales son los dos grupos del irredentismo islámico en el sur de Filipinas: el Moro Islamic Liberation Front(Milf) y el Moro National Liberation Front (Mnlf), ambos actores involucrados directamente en la nueva institución política que se presenta con una característica fundamental, necesaria para diferenciarla de los experimentos anteriores: nace después de un proceso de consultaciones verdaderamente incluyente, que tiene en cuenta las diferentes almas y los diferentes elementos que componen a la comunidad islámica y a los diferentes grupos de guerrilleros que, durante los años, han reivindicado la autonomía y la independencia.

 

Este proceso, según el presidente Duterte, forma parte de una progresiva descentralización del Estado y de un posible replanteamiento del sentido federal de la República de las Filipinas. Pero, más allá de los posibles desarrollos, la nueva ley ha sido saludada con gran entusiasmo en la sociedad filipina y entre las comunidades religiosas: amplio consenso y explícito agrado por esta decisión política del gobierno de Duterte se registra incluso entre los líderes religiosos y en la Iglesia católica. El cardenal Orlando Quevedo, arzobispo de Cotabato, dijo que la aprobación de la ley de Bangsamoro es «un paso importante para impedir y frenar la proliferación del extremismo y del radicalismo islámico en el sur del país». Un misionero que vive desde hace más de 30 años en Mindanao, Sebastiano D’Ambra, y que es un profundo conocedor de la zona comprometido en el diálogo entre musulmanes y cristianos, dice que «la nueva región autónoma sale al encuentro de las legítimas exigencias de justicia social y de libertad de las comunidades musulmanas». «Ahora será importante –añade– proseguir por los senderos del diálogo, de la colaboración y por caminos de cercanía espiritual entre cristianos y musulmanes, para construir una nueva convivencia armoniosa entre las diferentes comunidades de Mindanao».

 

Todavá está vivo en la nación el recuerdo de lo que sucedió hace un año en Marawi, ciudad de la isla de Mindanao ocupada por los yihadistas del llamado Estado Islámico y que después fue destruida después de un asedio de más de tres meses por parte del ejército regular, con el consecuente desplazamiento de más de 300 mil personas. «El EI y sus aliados nunca echarán raíces en nuestro país», insistió Duterte, recordando que su administración sigue estando dispuesta a acoger a ex militantes arrepentidos, que «han expresado el deseo de ser reintegrados a la sociedad y de vivir una vida pacífica». Este enfoque de Duterte pretende dar una segunda oportunidad a los extremistas y es muy diferente de lo que sucede, por el contrario, en su controvertida campaña anti-droga, que ha provocado más de 20 mil ejecuciones extrajudiciales de traficantes y toxico-dependientes. Considerando las diferencias, sobre este presunto “impulso misericordioso”, los obispos católicos (que como todo mundo sabe no están a favor del presidente) no pueden no estar de acuerdo.


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Filipinas: desgobierno y violación de derechos humanos. Fuerte juicio de AMN.INT.contra el gobierno de Duterte

Filipinas: Los dos años en el poder de Duterte, un desastre para los derechos humanos

2017 Getty Images

Durante el mandato del presidente Duterte se ha producido una preocupante regresión de los derechos humanos que ha convertido en Filipinas en un lugar más peligroso de lo que era cuando llegó al poder, ha afirmado Amnistía Internacional ante el tercer discurso sobre el estado de la nación de Duterte con ocasión del segundo aniversario de su presidencia.

“El presidente Duterte llegó al poder con una imagen de ‘hombre fuerte’ y prometiendo mano dura en lo referente al orden público. La realidad, tras dos años de presidencia, es que sus desastrosas políticas han hecho del país un lugar aún más peligroso, especialmente para los filipinos y las filipinas más pobres”, ha dicho Rachel Chhoa Howard, investigadora de Amnistía Internacional sobre Filipinas.

“En vez de combatir un problema social difícil, su ‘guerra contra las drogas’ ha causado incalculables daños y sufrimientos. Las políticas del presidente Duterte, que incluyen el fomento directo del homicidio ilegítimo, han dejado miles de personas asesinadas con total impunidad en un clima de creciente desgobierno, en el que siguen cometiéndose diariamente ejecuciones extrajudiciales en los hogares y las calles del país.

“Los homicidios continúan y no hay ninguna señal de que se actúe para contrarrestarlos a nivel nacional, de modo que es hora de que la comunidad internacional, incluido el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ordene que se investigue el deplorable planteamiento de Filipinas en la resolución de los problemas relacionados con las drogas.”

De un vistazo

  • Miles de homicidios ilegítimos cometidos por la policía y otros individuos armados (a menudo asociados a ella) con total impunidad como parte de la campaña del gobierno contra las drogas.
  • Los defensores y defensoras de los derechos humanos que critican la “guerra contra las drogas”, en el punto de mira del presidente y sus aliados.
  • Retirada de Filipinas de la Corte Penal Internacional tras anunciarse un examen preliminar de posibles crímenes de derecho internacional en la “guerra contra las drogas”.
  • Incremento de los abusos contra los derechos humanos, como homicidios ilegítimos y destrucción de viviendas de civiles en la isla de Mindanao desde la declaración de la ley marcial en julio de 2017.


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Tiempos difíciles para los cristianos en Filipinas.

"Siguiendo a Cristo, tendréis que llevar muchas cruces", Cardenal Luis Antonio Tagle.“Siguiendo a Cristo, tendréis que llevar muchas cruces”, Cardenal Luis Antonio Tagle. 

Card. Tagle: “Católicos, prepárense para ser atacados porque estamos para Cristo”

El arzobispo de Manila invita a los fieles a no involucrarse en ningún tipo de batalla para ajustar cuentas. “Siguiendo a Cristo, tendréis que llevar muchas cruces; seguir al “falso dios” elimina la cruz y promete un camino falso”.

Ciudad del Vaticano

“Si amáis a Cristo, muchas personas os odiarán”. Es una de las declaraciones que realizó el arzobispo de Manila, el Cardenal Luis Antonio Tagle, en la solemnidad de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Durante la Misa celebrada en la Basílica Menor de San Sebastián en Manila, el cardenal además hizo hincapié en que el camino hacia Cristo no será fácil, “especialmente en este tiempo” en el cual – puntualizó – “Dios tiene muchos competidores”.

Los falsos dioses que atraen a los hombres

“A veces, los que simulan ser dioses parecen atractivos y ganan más seguidores que Cristo”, dijo Tagle, reiterando que, a pesar de los ataques a la Iglesia, “los católicos no deberían involucrarse en ningún tipo de batalla para ajustar cuentas”. “No necesitamos pelear y no es nuestro propósito entrar en estas discusiones, pero prepárense para ser atacados porque estamos para Cristo”, agregó el cardenal.

Según el arzobispo de Manila, los seguidores de un “dios falso” están cegados con promesas engañosas. “Siguiendo a Cristo, tendréis que llevar muchas cruces; seguir al “dios falso” elimina la cruz y promete un camino falso” explicó.

El párroco y sus fieles

Durante la función, ha tenido lugar el asentamiento de padre Edgar Tubio como nuevo rector de la basílica. Para la ocasión, el cardenal Tagle recordó a los fieles que los siervos de la Iglesia también necesitan la guía del pueblo: “Inspiren a su párroco para que se convierta en un mejor sacerdote porque, al igual que ustedes, también nosotros somos tentados por el dios falso”, concluyó.

400 años de la Virgen del Carmelo

Las celebraciones de este año en honor a Nuestra Señora del Carmen han resultado ser aún más especiales, ya que el país recuerda el 400 aniversario de la llegada de la estatua de Nuestra Señora del Monte Carmelo en San Sebastián, Filipinas. Llevada por los misioneros de la Orden de Agustinos Recoletos, la Virgen del Carmelo llegó a Manila en 1618.

Originalmente, fue custodiada por la iglesia de San Juan de Bautista de Bagumbayan. La imagen fue después entronizada en la primera iglesia de San Sebastiano en Quiapo, cuando el edificio abrió sus puertas en 1621. En 1991 fue coronada con el cardenal Jaime Sin, bajo el pontificado de San Juan Pablo II.


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Filipinas: violencia e impunidad. Denuncia de los redentoristas.

FILIPINAS – Los Redentoristas: “Es urgente despertar y luchar contra la cultura de la impunidad y la violencia”

viernes, 13 julio 2018derechos humanos   violencia   órdenes religiosas   droga  
WB

Cebu (Agencia Fides) –”Es urgente despertar y luchar contra la cultura de la impunidad y la violencia en el país”: este es el llamado lanzado por los Redentoristas de Filipinas, con motivo del 33º aniversario del secuestro del sacerdote Redentorista Rudy Romano. En un comunicado enviado a la Agencia Fides, la Congregación del Santísimo Redentor afirmó que “ha caído en Filipinas una atmósfera de miedo, violencia y ansiedad”.

El texto hace notar: “La creciente cultura de impunidad y apatía en nuestro país que ha motivado a personas desalmadas a matar hermanos y hermanas indefensos, incluyendo sacerdotes y pastores, son señales amenazantes de que el espíritu maligno y sus siervos están decididos a hacer daño a Jesús a través de su Santa Iglesia “, dice la declaración firmada por el p. Ariel Lubi, superior de la viceprovincia de los Redentoristas de Manila, y el padre. Copérnico Pérez Jr., superior de la congregación en la provincia de Cebú.
“No podemos permitir que esto continúe sucediendo. Invitamos a nuestros filipinos a estar atentos y ser la voz de los que no tienen voz y no permanecer indiferentes frente a la persecución de la Iglesia y el flagrante asalto a los derechos humanos de nuestro pueblo “, agrega el texto.
Romano, un sacerdote activista, fue secuestrado por hombres armados en Barangay Tisa, en la ciudad de Cebú, el 11 de julio de 1985. Nunca lo volvieron a ver.
Su desaparición fue recordada por amigos, seminaristas y miembros del clero con una misa e con de velas en la Iglesia Redentorista y un servicio de oración en una placa que lo recuerda en Tisa, que describe a los secuestradores como agentes del “depuesto régimen de Marcos”.
“Nuestro duelo y nuestras lamentaciones se vuelven más intensas y profundas a medida que seguimos presenciando en estos días la muerte brutal de nuestros rebaños, incluidos nuestros pastores”, se lee en el texto, haciendo referencia a la campaña de ejecuciones extrajudiciales que se están registrando en la “guerra contra las drogas” lanzada por el presidente Rodrigo Duterte y los recientes asesinatos de sacerdotes que han asolado el país. (PA) (Agencia Fides 13/7/2018)


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Filipinas: asesinado otro sacerdote

Asesinan a sacerdote cuando se alistaba para celebrar Misa

Redacción ACI Prensa

 

Foto referencial: Pixabay dominio público

Foto referencial: Pixabay dominio público

 

Desconocidos asesinaron a un sacerdote católico el domingo 10 de junio en Filipinas, mientras estaba junto al altar de su iglesia y se preparaba para celebrar Misa.

Según informa el diario del Vaticano L’Osservatore Romano, el P. Richmond Nilo, de 40 años, estaba junto al altar de la capilla de Nuestra Señora de la Nieve en la ciudad de Zaragoza, provincia de Nueva Ecija, ubicada a unos cien kilómetros al norte de Manila, capital de Filipinas

Los asesinos aún no han sido identificados. Dispararon cuatro veces al sacerdote a través de una ventana de la capilla y luego se dieron a la fuga.

El ataque ocurre menos de una semana después de que otro sacerdote fuera herido en la ciudad de Calambia, provincia de Laguna, ubicada al sur de Manila.

El P. Nilo es el tercer sacerdote católico asesinado en Filipinas desde diciembre de 2017, explicó el presidente de la Conferencia Episcopal del país asiática, Mons. Geolina Valles, quien dijo que el homicidio lo ha dejado “profundamente triste”.

El pasado 29 de abril el P. Mark Ventura, de 37 años, fue asesinado también con arma de fuego tras haber celebrado Misa en la provincia de Cagayan. El 4 de diciembre, el P. Marcelito Paez murió durante un ataque en la ciudad de Jaén en la provincia de Nueva Ecija, tras haber facilitado la liberación de un prisionero político.

L’Osservatore Romano señala que en “los últimos ocho años, desde 2010 hasta la primera mitad de 2018, en el mundo han sido asesinados 125 sacerdotes. Casi la totalidad de ellos ha pagado con su propia vida la opción de querer vivir en medio de los más pobres, débiles e indefensos”.


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El presidente de Filipinas y el Tribunal Penal Internacional.

Filipinas: La retirada del Tribunal Penal Internacional, una mala decisión

En respuesta al compromiso formulado por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, respecto a retirar a su país del Tribunal Penal Internacional (TPI), James Gomez, director regional de Amnistía Internacional para el Sureste Asiático y Oceanía, ha manifestado:

Se trata de una decisión desacertada y sumamente lamentable del presidente Duterte, y la señal más reciente de que en Filipinas hay individuos poderosos que tienen más interés en encubrir su propia responsabilidad potencial en homicidios que en garantizar la justicia para las numerosas víctimas de la brutal ‘guerra contra las drogas’ emprendida en el país”.

“Por suerte para esas víctimas, la retirada anunciada por Duterte llega demasiado tarde para detener el examen preliminar que está llevando a cabo el TPI y las obligaciones contraídas por Filipinas con la Corte.”

“Duterte no puede detener la responsabilidad internacional de Filipinas borrando simplemente su firma del Estatuto de Roma.”

“Si Filipinas creía de verdad que el TPI no tenía jurisdicción sobre los delitos cometidos en el país, debería haber hecho frente a esa cuestión por la vía adecuada: es decir, en el propio TPI. En lugar de eso, ha optado por la cobarde vía de intentar eludir la justicia.”