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Petición de Amn.Int. sobre responsables catalanes juzgados en Madrid.

amnistiaConcluido el juicio oral, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez deben ser puestos en libertad provisional

REUTERS/Javier Barbancho

Desde que tuvo noticia de su ingreso en prisión, Amnistía Internacional ha manifestado en repetidas ocasiones que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart debían ser puestos en libertad de inmediato. Ahora, la conclusión del juicio oral ante el Tribunal Supremo es el momento para revisar su situación de prisión provisional y proceder a excarcelarlos. Ambos se encuentran en prisión provisional desde el 16 de octubre de 2017. Los tribunales españoles han denegado su puesta en libertad en numerosas ocasiones. La organización ha remitido una carta a Fiscalía, insistiendo una vez más en ello, y lamenta que con fecha de ayer informara negativamente en contra de la excarcelación de Jordi Sànchez.

En sus autos de 11 de abril y 14 de mayo de 2019, el Tribunal Supremo se refirió al desarrollo del juicio oral como “un elemento de indispensable ponderación” que aconsejaba descartar la libertad de Jordi Sànchez, y reconocía que toda medida cautelar privativa de libertad “se orienta, precisamente, a asegurar la presencia del procesado durante el desarrollo del juicio oral”.

Con respecto a Jordi Cuixart,  la sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de mayo de 2019, que desestimó su recurso de amparo contra las resoluciones que denegaron su petición de libertad provisional, señaló que en dichas resoluciones se tuvo en cuenta la cercanía temporal del juicio oral, en línea con la jurisprudencia constitucional, que reconoce como un fin legítimo de la prisión provisional asegurar la presencia del imputado en el juicio.

Amnistía Internacional alerta de que, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, cuanto más se prolonga la prisión provisional, mayor necesidad hay de un examen riguroso que determine si sigue siendo necesaria y proporcionada.

La organización ha señalado en repetidas ocasiones que en caso de demostrarse que convocaron a manifestantes los días 20 y 21 de septiembre de 2017 con el fin de impedir una operación policial lícita, esto podría ser objeto de reproche penal. Sin embargo, la respuesta por parte de las autoridades no puede suponer una restricción excesiva y desproporcionada de derechos humanos como son los de expresión y reunión pacífica. Amnistía Internacional ya ha expresado preocupación por la naturaleza de los tipos penales -rebelión o sedición- de los que se les acusa.  Por esta razón Amnistía Internacional pide que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart sean puestos en libertad provisional.

Información adicional
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, como ciudadanos particulares y presidentes de organizaciones de la sociedad civil en el momento de los hechos que se han juzgado, tenían derecho a organizar y promover reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña. Aunque el derecho internacional de los derechos humanos permite a los Estados imponer algunas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión con determinados fines legítimos, como proteger el orden público o la seguridad nacional, las autoridades deben demostrar que esas restricciones son necesarias y proporcionadas al objetivo perseguido, algo que no ha ocurrido en este caso.

Además, de acuerdo con el derecho internacional, las restricciones de la libertad de expresión “para desempeñar su función protectora […] deben ser el instrumento menos intrusivo de los que permitan conseguir el resultado deseado”. Este requisito de proporcionalidad implica que las sanciones penales, en particular las que dan lugar a privación de libertad, pueden constituir una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión. Por ello, la presentación de cargos penales graves contra miembros de la sociedad civil que organizan o promueven este tipo de reuniones es una medida excesiva y desproporcionada.

El caso de los ex altos cargos y el seguimiento del juicio
Amnistía Internacional pide que, de acuerdo a estándares internacionales, la prisión provisional de los ex altos cargos catalanes se someta igualmente a revisión judicial. Esta petición no supone en ningún caso una valoración sobre su responsabilidad penal.

La organización ha observado todas las sesiones del juicio celebrado en el Tribunal Supremo en Madrid. Esta labor de observación es habitual en el trabajo de la organización, y la suele desarrollar en diferentes países y situaciones.
Hasta que no se emita sentencia, Amnistía Internacional no hará pública su valoración sobre el juicio.


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En busca de una solución para Cataluña y España

Una propuesta para Cataluña y España

UNA PROPUESTA PARA CATALUÑA Y ESPAÑA

Àngel Miret. Hace pocos días asistí a una reunión en Madrid, convocada por la administración del Estado, con la presencia de todas las comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El tema central del encuentro era buscar la manera de hacer efectivas unas sentencias que, como consecuencia de diferentes recursos interpuestos por la Generalitat, concluyen que el gobierno de Cataluña es competente en una materia de gran impacto social y mediático, asociada a un presupuesto relevante y que, por analogía, según interpretaba el Estado, también podría ser competencia del resto de comunidades autónomas.

Planteada así la cuestión, los representantes del Estado dieron voz a todas las comunidades para que expusieran su punto de vista. La mayor parte de ellas manifestaron, por un lado, que no conocían las impugnaciones de la Generalitat a pesar de que el pleito hacía años que discurría por los juzgados; por otro, que se trataba de una mala noticia y que era indispensable que el traspaso se hiciera con prudencia y sin prisas, que había que crear una comisión de estudio antes de avanzar en el traspaso, y que, en cualquier caso, el Estado se hiciera cargo de la coordinación. Finalmente, que se tuviera muy presente que todas las comunidades tenían que ofrecer exactamente lo mismo a los usuarios del servicio en cuestión. Contrarias a esta tesis se situaron únicamente los gobiernos de Valencia, País Vasco, Navarra, parcialmente el de las Islas Baleares y, naturalmente, Cataluña.

Recientes encuestas han señalado además que una buena parte de las comunidades autónomas no solo no aspiran a más traspasos sino que, por el contrario, querrían retornar al Estado algunas de las competencias que ya tienen.

La dinámica política y social mayoritaria en Cataluña camina, sin embargo, en sentido opuesto: desea un mayor autogobierno y obtener la transferencia de nuevas competencias. Desde el principio de subsidiariedad, lo considera, con razón o sin ella, como un avance democrático.

Esta demanda debería considerarse como una opción perfectamente respetable y democrática además de coherente con la historia de España. Cuando se redactó la Constitución Española los legisladores intentaron diluir las históricas reivindicaciones nacionales de Euskadi y de Cataluña y, en menor medida, de Galicia mediante lo que se denominó “café para todos”. Y se aprobaron entonces Estatutos de autonomía a entidades territoriales como Madrid, La Rioja, Murcia, etc. que no se habían planteado nunca ningún tipo de gestión de sus intereses que no fuera una pura descentralización administrativa.

La realidad, sin embargo, se impone finalmente a los deseos de los legisladores constitucionales y dicha reunión es un buen ejemplo de ello. Pero ​​desde la aprobación de la Constitución muchas comunidades, azuzadas por las políticas irresponsables de sus gobernantes, han acabado haciendo de la comparación y de los supuestos agravios con Cataluña una de sus razones de ser. Fijémonos en lo que antes apuntaba: la mayoría de comunidades no deseaban la competencia y el traspaso de recursos pero remarcaban que, en ningún caso, permitirían un trato diferenciado.

Cataluña no ha sido ajena a esta realidad política y sociológica. La frustración provocada por el “café para todos” en tanto que Cataluña se ha sentido nación y en ningún caso región como la mayoría de comunidades autónomas, ha generado una voluntad constante de diferenciación, de desmarcarse de la mayoría y de construir un camino propio, que ha sido percibida por una buena parte de la población española como insolidaria o, incluso, como reflejo de un sentimiento de superioridad. Esta es una realidad que no puede obviarse si lo que pretendemos es buscar una solución, aunque sea transitoria, a este conflicto secular entre Cataluña y el resto de España.

No podemos olvidar, además, que Cataluña ha sido uno de los motores económicos en España, además de liderar a menudo la vanguardia de las ideas progresistas por razones muy diversas. Esta realidad ha generado en algunos catalanes un sano orgullo pero en otros un cierto sentimiento de superioridad que ha provocado que en una parte de la población española no solo se desarrollase un sentimiento de admiración hacia Cataluña sino también de celos e incluso de rechazo. Este rechazo produce, a su vez, una potenciación del sentimiento catalán de que “en España no nos quieren”. Deberíamos entre todos detener este círculo vicioso de desconfianza que hace imposible cualquier solución al conflicto.

Hay que buscar soluciones si no queremos persistir en el bucle de acción-reacción. Creo que es evidente que la represión y la judicialización no servirán para nada; es más, empeorarán la situación y radicalizarán a las diferentes opciones, pero tampoco es razonable cerrar los ojos a una realidad compleja, donde el deseo de independencia no alcanza con mucha probabilidad al 50% de la población catalana. Hay que renunciar, pues, a la unilateralidad: adolece de una falta de apoyo social suficiente. Tampoco el referéndum pactado sea posiblemente, en este momento de crispación, el remedio. Por un lado porque es más que probable que se produjera una gran polarización, mitad a mitad de la población, y además porque en este escenario la renuncia o la imposición no generarían ningún beneficio a la convivencia entre unos y otros.

Entre la independencia y la recentralización debería haber una solución intermedia y razonable.Me atrevo, pues, a hacer una propuesta, en la que nadie quedaría del todo satisfecho pero que podría ser útil para salir de la situación actual y afrontar con más serenidad y tiempo este conflicto histórico y aparentemente irresoluble.

Una estructura de gestión descentralizada en diferentes niveles para la mayoría de comunidades autónomas y el reconocimiento nacional de Euskadi y de Cataluña en la Constitución, que concretarían su vinculación con el resto del Estado a través de una estructura federal o confederal, reconocimiento de competencias exclusivas en materia de cultura, lengua y educación, un sistema de financiación más equilibrado y la renuncia por parte de los partidos políticos independentistas a la vía unilateral.

Esta propuesta no excluye ni presupone de ningún modo que los independentistas renuncien a su deseo de conseguir un Estado por medios democráticos.

Y quiero recordar una realidad a los españoles que puedan considerar esta propuesta como una cesión inaceptable: países con un gran sentimiento patriótico, como Suiza o Estados Unidos, conviven con estructuras fuertemente descentralizadas. Es decir, el sentirse español no debería ir necesariamente asociado a un Estado centralizado ni a una única raíz castellana. Y otra a los independentistas: hay que reconocer y aceptar la realidad, aunque sea dolorosa y desagradable.

Ahora bien, para poder abrir el marco de diálogo que permita una negociación entre todos los actores políticos, será necesario encontrar previamente una solución a la cuestión de los presos después del juicio que se está celebrando.

Finalmente: es necesario que todos bajemos un poco el tono de descalificaciones mutuas, disminuyamos la irritación y eliminemos las malas maneras de proceder. Seguro que con esta actitud todo ello será un poco más sencillo.


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España: en el clima político actual, la invitación de J. Elzo a una serena reflexión

                                 

 

 

 

                           Dos incertidumbres político – religiosas al inicio del año 2019

                                                                  Javier Elzo

Avanzamos ya en este año 2019 con múltiples incertidumbres. Sin salir de España, la cuestión territorial con Catalunya en primer, pero no único lugar; el nuevo gobierno en Andalucía; elecciones autonómicas y municipales aquí y allá; trascendentales elecciones al parlamento europeo con una derecha extrema de malos recuerdos al alza y, todo ello, con un gobierno muy en minoría en Madrid y la irrupción de Vox en el panorama político español.

 

Es cierto que la historia nunca se repite plenamente, pues las circunstancias cambian. La acertada expresión de Ortega y Gasset de “yo soy yo y mi circunstancia”, vale también para las realidades sociales. Sobre todo, si realizamos sociología comparativa. Así, hay debates que, cual Guadiana, reaparecen con tintes novedosos y, claro está, con protagonistas diferentes pero que, mirando con detenimiento, reproducen querellas que atraviesan décadas y siglos. Es lo que, de forma inusitada, presenciamos en la actualidad en el universo social, cultural y político de la España de nuestros días, en varios aspectos.  Por hacerlo corto y breve hoy me centraré en dos cuestiones. Por un lado, lo que denomino, el debate soterrado entre la eclesiofobia reinante y la emergencia de un neocatolicismo de vieja escuela. En segundo lugar, apuntaré a la aporía de pretender resolver la cuestión territorial en la España de 2019, en base al concepto de soberanía. Es lo que nos depara el próximo juicio a los presos políticos catalanes (sé que la expresión no gusta a muchos, pero defiendo el derecho, yo también, a la pacífica y respetuosa libertad de expresión) juicio que, parodiando a García Márquez, vamos a vivir en una (larguísima) crónica de una condena anunciada.

 

La emergencia social de un viejo catolicismo que creíamos, ilusamente, fenecido, no solamente en VOX y aledaños, y que se enfrenta, envalentonándose, a una eclesiofobia que, ésta, lleva décadas bien despierta y, entre burlona y belicosa, campando en cierta izquierda caviar (“la gauche caviar” que se decía en torno al mayo francés de 1968). Esta última, vive y se agita, bajo el manto del laicismo excluyente de lo religioso, de mala copia francesa, y desea encerrar a los cristianos en sus templos y sacristías, así como limpiar la vida y los edificios públicos de toda referencia religiosa. Estas dos polaridades, el del neocatolicismo añorante del estado de cristiandad, ya felizmente en sus estertores, y el fundamentalismo laicista, en esquemas de finales del siglo XIX, desgraciadamente rampante (también en Euskadi), se retroalimentan reforzándose, bajo el esquema de “yo” o el “otro”, mientras la pluralidad respetuosa se difumina, aminora, en una timorata, aunque imprescindible, defensa del “yo” y el “otro”, postura que es objeto de mofa y escarnio por los mentores del neocon católico y del laicismo excluyente, como se puede constatar en la lectura de los medios, en nada marginales, que les sostienen sin vergüenza, sin rigor ni decoro alguno. Desconocen el término y la práctica de la “ecuanimidad”.

 

Un triste ejemplo. Al poco de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre pasado, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, publicó su carta semanal sobre el tema y que adelantó Alfa y Omega (06/12/18). Podemos leer esto. “Me alegro de que esta sociedad andaluza haya sido capaz de dar un vuelco de este calibre, rompiendo una inercia casi imposible de superar. Andalucía se sitúa como pionera de un cambio social que esperamos en la sociedad española”, escribe el prelado cordobés, sin mencionar concretamente a ningún partido.

Sí lanza un mensaje al actual Gobierno andaluz, que es a la vez análisis de las causas del resultado electoral: “No se puede estar contradiciendo la sensibilidad de un pueblo religioso y cristiano, un pueblo que pide respeto para sus tradiciones religiosas y está dispuesto a respetar a los demás. No se puede estar atacando la libertad religiosa impunemente, reclamando la propiedad pública de la mezquita-catedral de Córdoba con argucias que no se sostienen ni por parte de los que las montan. […] No se puede trocear España, sin que eso tenga un precio político. No se puede pretender eliminar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, introduciendo leyes de ingeniería social. No se puede eliminar la vida inocente al inicio o al final de la vida, y esperar que encima les voten. Los andaluces son sensibles a todo esto, y han querido decir en las urnas cuál es el futuro que quieren para ellos y para sus hijos”.

Quiero recordar en este contexto la Carta Pastoral “Preparar la Paz” del 29 de mayo de 2002, firmada por todos los Obispos de Euskal Herria del momento, Ricardo Blázquez, Juan Mª Uriarte, Miguel Asurmendi y Karmelo Etxenagusia, pero significativamente no por el Arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, donde se podía leer que “ni la aspiración soberanista, ni la adhesión a un mayor o menor autogobierno, ni la preferencia por una integración más o menos estrecha en el Estado español son, en principio, para la Iglesia, “dogmas políticos” que requieran un asentamiento incondicionado. En este punto, el pensamiento social cristiano afirma como un derecho cívico la libertad de sostener y promover por vías pacíficas cualquiera de estas opciones”. Esta carta abrió la caja de los truenos y enervó al ejecutivo que presidía Aznar, que pidió a la Conferencia Episcopal Española (CEE) una réplica al mismo.

 

Así la Asamblea Plenaria de la CEE aprueba en noviembre de 2002, con 63 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones, la Instrucción Pastoral titulada “Valoración moral del Terrorismo en España”, donde se puede leer que: “poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable”. Y de ahí surgen los pronunciamientos de algunos obispos de que “la unidad de España es un bien moral”, lo que jamás dijeron los obispos vascos o catalanes de la unidad de Euskadi o de Catalunya. Y ahí seguimos.

 

Por otra parte, iniciamos 2019, con los peores augurios, en el contencioso territorial, en estos tiempos focalizado en Catalunya, pero no se olvide esa parte importante de la sociedad vasca, manifiestamente descontenta con la situación política, y con la de los presos, particularmente con la de los presos gravemente enfermos (problema que también se vive en otras partes, como en Valencia y que ahora parece preocupar a políticos vascos de los que antaño enarbolaban aquello de “que se pudran en la cárcel”).

 

Hace años, un significado político vasco, socialista, con fuerte presencia en Madrid, de cuyo ejecutivo llegó a formar parte, (y de quien he defendido que sería un excelente presidente de España) escribió que “en el siglo XXI las soberanías o son compartidas o son peligrosas”. Otro político, este del PP, y que también se sentó en la mesa del Consejo de Ministros, propuso la solución de la soberanía compartida para solventar el lacerante quiste del Peñón de Gibraltar. El lehendakari Urkullu en el pleno de Política general en el Parlamento Vasco del 25 de septiembre de 2014, reiteró su apuesta por la soberanía compartida en clave de bilateralidad Estado-Euskadi, trasladando a lo político el esquema del Concierto económico vasco. “Soberanía compartida desde la libertad de pacto y para evitar el incumplimiento unilateral de los pactos alcanzados”.

 

Esta idea de las soberanías compartidas la vengo sosteniendo desde mis años de estudiante en Lovaina, idea recibido de uno de mis profesores en Lovaina que más huella me ha dejado: Paul M. G. Levy. En su juventud luchó contra el “rexismo”, (viene de Christus Rex), un catolicismo integralista, fascista y que, bajo el liderazgo del tristemente célebre León Degrelle, se asoció al nazismo en Bélgica. Paul M. G. Levy nos decía (¡qué clases aquellas, sin tantas chorradas, pretendidamente pedagógicas, como muchas ahora, cuando el profesor tenía algo propio que decir) que, en una situación socio política en grave conflicto, la pretensión de poseer toda la verdad era criminógena, y que debemos superarla en el respeto a las diferencias. Había que solventar los inevitables conflictos, sostenía, mediante la deliberación continuada. Lo que exigirá cesiones. Por parte de todos. Es cuestión de prioridades. Y en una sociedad rica, más aún, opulenta como la nuestra, la primacía debe ir a la convivencia en el respeto y aplicación de los Derechos Humanos. Pero eso es imposible, radicalmente imposible, si en un conflicto territorial, como el catalán, como el español, como el vasco, defendemos el principio de la soberanía absoluta. En estos temas, además, nadie está en posesión de la verdad absoluta. Absolutamente nadie, y de alguna de sus lecturas recomendadas por Paul M. G. Levy, aun retengo la del hoy olvidado Gastón Bouthoul, en su pionero Tratado de Polemología. Por eso sostengo que el concepto de soberanía debe ser enviado al baúl de las cosas, no solamente inútiles, sino polemógenas. Nos va en ello nuestro futuro en paz.

 

En la era de la mundialización vengo sosteniendo, insistentemente, que los conceptos de independencia y de soberanía (particularmente el concepto de soberanía absoluta) amen de irreales, pues todos somos interdependientes, están no solamente obsoletos, pese a que grupos extremistas se reclaman de ellos, incluso con violencia, sino también criminógenos o polemógenos. España, el Estado Español, de facto y de iure, ya ha aceptado trasferir parte de su soberanía a la Unión Europea y, de iure, aunque no de facto, también a las Comunidades Autónomas. Aunque parece que, tras 39 años, ¡sí, 39 años!, se va a cumplir casi todo el Estatuto Vasco. Y será, si lo es, por un plato de lentejas: los votos del PNV a los presupuestos del gobierno de Sánchez. Aunque ahí están Ciudadanos y Vox que, con sumo gusto, nos quitarían la Autonomía y al PP, ¡bueno! al PP tampoco le hace mucha gracia, dejémoslo ahí.

 

Personalmente llevo años propugnando substituir los conceptos de independencia y soberanía, y con ellos el Estado Nación, por los de subsidiariedad, competencias y responsabilidades solidariamente compartidas, en una Europa fuerte, unida pero no uniforme. Además, a poco que pensemos, nos separan de esa situación, al menos en el Estado Español (pongan España si prefieren) más las palabras que las realidades.

 

Donostia San Sebastián 27 de enero de 2019

Javier Elzo


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Cataluña; informe de Amn. int. sobre la crisis actual al año del referendum ilegal.

Actualización de la situación en Cataluña

El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía el 1 de octubre

Amnistía Internacional pudo documentar que tanto miembros de la Policía Nacional (Unidad de Intervención Policial) como agentes de la Guardia Civil emplearon un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, e hicieron uso inadecuado de material antidisturbios como pelotas de goma o sustancias químicas irritantes contra personas que hacían resistencia pacífica, todo ello en el contexto de una operación legítima para cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuyo objetivo era impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre en Cataluña (1-O).

Por otra parte, la actuación de las fuerzas de seguridad fue en ocasiones claramente obstaculizada. Según datos del Ministerio de Interior, a 9 de marzo de 2018, 58 agentes de la Policía Nacional y 37 agentes de la Guardia Civil habrían resultado heridos como consecuencia de esos impedimentos, y la organización ha podido visionar imágenes que muestran actitudes violentas por parte de manifestantes contra agentes.

Un año después, aún queda mucho camino por recorrer en la investigación de los abusos policiales. Los pasos positivos que se han dado siguen dependiendo de las víctimas y de los juzgados a cargo de las investigaciones, sin que la Fiscalía haya asumido el rol activo que le corresponde en la investigación.

Por otra parte, el Ministerio del Interior, que en términos generales está colaborando con los juzgados de instrucción, debe todavía aportar información relevante. Es obligación del Ministerio del Interior mantener una colaboración decidida con los tribunales, sin dilaciones indebidas y con todo el detalle disponible que permita el esclarecimiento de los hechos.

Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que el Ministerio del Interior haya abierto investigaciones internas sobre estos sucesos, algo que debería hacer para determinar la responsabilidad institucional e identificar cuáles son las medidas disciplinarias, administrativas o de otro tipo que se deben tomar para garantizar que estas violaciones de derechos humanos no se repitan. Además, el Ministerio debe proceder a la retirada y suspensión del uso de las pelotas de goma que se emplean actualmente en España.

Amnistía Internacional ha pedido una investigación imparcial, exhaustiva, independiente y efectiva sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, en la que los responsables sean llevados ante la justicia, y que se tomen medidas para que este tipo de actuaciones no se repita.

El procesamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart

El 16 de octubre, la jueza Lamela de la Audiencia Nacional dictó auto de prisión provisional contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes, respectivamente, de las organizaciones independentistas catalanas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Su causa fue asumida por el Tribunal Supremo, y tras la instrucción llevada a cabo por el juez Llarena, se enfrentan a un delito de rebelión o sedición, ya que se les atribuye participación en la celebración del referendum del 1-O como elemento clave para la consecución de la independencia, además de responsabilidad en los hechos del 20 y 21 de septiembre en los que, de acuerdo a los mensajes que según los jueces publicaron en las redes sociales, así como a declaraciones que hicieron durante los sucesos, convocaron a la ciudadanía a concentrarse delante de unos edificios oficiales con el fin de impedir una operación policial legal ordenada por un juzgado de Barcelona que conllevaba el registro de varios edificios oficiales. El juez Llarena también confirmó la decisión de seguir manteniéndolos en prisión provisional.

En caso de demostrarse que convocaron a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita, esto podría ser objeto de sanción penal. No obstante, la presentación de cargos contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por delitos graves como la rebelión o sedición, y su prisión provisional, constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Por esta razón Amnistía Internacional pide que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart sean puestos en libertad y que se retiren los cargos de rebelión o sedición.

Ante la posible comisión de un delito de orden público, Amnistía Internacional no les ha identificado como presos de conciencia*. La organización seguirá observando las actuaciones penales y estudiará las pruebas presentadas contra ellos.

El procesamiento de Carles Puigdemont y otros altos cargos catalanes

El 7 de septiembre de 2017, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión del referéndum y el 17 de octubre resolvió que el referéndum sobre la independencia de Cataluña, previsto para el 1 de octubre (1-O), era inconstitucional. El derecho internacional de los derechos humanos no proporciona ninguna base para impugnar la legitimidad o el razonamiento jurídico de la providencia del Tribunal Constitucional.

De esta providencia se deduce que los actos de los altos cargos catalanes que participaron en la organización del referéndum del 1-O y en la posterior declaración de independencia el 27 de octubre fueron ultra vires y posiblemente constituyeron delito en virtud de la legislación española. Los actos cometidos por los altos cargos catalanes en el ejercicio de sus funciones oficiales para celebrar un referéndum ilegal no estaban protegidos ni por el derecho a la libertad de expresión ni por ningún otro derecho humano establecido en el derecho internacional.

El pasado 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado español presentó una querella en la Audiencia Nacional contra el ex presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont i Casamajó y 13 exconsejeros del gobierno catalán, y otra en el Tribunal Supremo contra varios ex miembros de la Mesa del Parlamento catalán, incluida su presidenta, Carme Forcadell. Tras pasar toda la causa al Tribunal Supremo, el pasado 21 de marzo de 2018, el juez Llarena dictó un auto de procesamiento contra ellos por los delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos y el 9 de julio auto de conclusión del sumario, estando en estos momentos a la espera de que se celebre el juicio oral.

El 2 de noviembre, la Audiencia Nacional había ordenado la prisión provisional de ocho de los 13 exconsejeros. El 5 de noviembre, después de que una jueza de la Audiencia Nacional emitiera una orden europea de detención, Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros fueron requeridos por la justicia belga y se personaron ante la policía, tras lo cual fueron puestos en libertad con medidas cautelares. El pasado 9 de noviembre, el Tribunal Supremo ordenó la libertad con fianza de los cinco miembros del Parlamento catalán. El 5 de diciembre, el juez del Tribunal Supremo español anuló las ordenes de detención. El 23 de marzo, algunos de los exconsejeros y la presidenta de la Mesa del Parlamento, que estaban en libertad bajo fianza, tuvieron que ingresar nuevamente en prisión por mandato del juez Llarena. El 25 de marzo de 2018, Carles Puigdemont fue detenido en Alemania tras reactivarse la orden europea de detención cuando regresaba en coche de un evento en el que participaba en Finlandia. El Tribunal de Schleswig-Holstein denegó su extradición por rebelión, tras lo cual el juez español rechazó dicha extradición sólo por los cargos de malversación, y retiró las órdenes de detención dictadas contra Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira.

Si bien Amnistía Internacional reconoce que los consejeros y parlamentarios catalanes podrían haber cometido un delito legítimamente enjuiciable, la organización recuerda que los tribunales deben garantizar que las facultades discrecionales de enjuiciamiento no se ejercen de forma arbitraria o injustificada, y seguirá haciendo seguimiento del proceso para evaluar si hay juicio justo, y se cumplen las garantías del debido proceso.

Amnistía Internacional no ha calificado a los altos cargos catalanes en prisión de presos o presas de conciencia*, pues la organización utiliza tal expresión únicamente para las personas que no deberían ser castigadas en modo alguno pero están privadas de libertad sólo por el ejercicio de sus derechos humanos (o por ciertos elementos de su identidad) y, por tanto, no han hecho nada que pueda interpretarse legítimamente como delito.

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre la actual situación de prisión provisional de los seis exconsejeros del gobierno catalán y de la expresidenta de la Mesa del Parlamento. Tanto la jueza de la Audiencia Nacional como el juez Llarena justifican esta medida para todos ellos haciendo referencia a los requisitos previstos en la legislación española, a saber: la existencia de indicios de su participación en los delitos, el riesgo de fuga, el riesgo de reiteración delictiva y el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas.

Según el derecho y las normas internacionales, el uso de la prisión preventiva sólo se justifica cuando no existe una medida alternativa que garantice los intereses de la justicia. Por otra parte, la medida de prisión preventiva debe estar sometida a revisión judicial periódica.

Amnistía Internacional observará atentamente todas las actuaciones penales sobre este caso para evaluar si se respetan plenamente el derecho a un juicio con las debidas garantías y el derecho a la libertad.

Ante la inexistencia de una definición aceptada del término “preso/a político/a” en el derecho internacional y a la luz de los numerosos posibles significados que puede tener en su empleo cotidiano, Amnistía Internacional, por norma general, trata de evitar su uso. La organización utiliza ocasionalmente el término como término descriptivo abreviado en casos con un fuerte contexto político, pero prefiere evitarlo por el riesgo de que sea malinterpretado en el sentido de que implica un estatuto jurídico determinado. Más específicamente, Amnistía Internacional no emplea los términos “preso/a político/a” y “preso/a de conciencia” de forma indistinta y, en concreto, evita el uso del término “preso/a político/a” en situaciones en las que podría invitar erróneamente a inferir que la persona así calificada es un “preso/a de conciencia”.


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Los incidentes en Cataluña. Análisis de AM.INT

Actualización de la situación en Cataluña (AMN.INT.)

El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía el 1 de octubre

Amnistía Internacional pudo documentar que tanto miembros de la Policía Nacional (Unidad de Intervención Policial) como agentes de la Guardia Civil hicieron uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, y hicieron uso inadecuado de material antidisturbios como pelotas de goma o sustancias químicas irritantes contra personas que hacían resistencia pacífica, todo ello en el contexto de una operación legítima para cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuyo objetivo era impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre en Cataluña (1-O).

Por otra parte, la actuación de las fuerzas de seguridad fue en ocasiones claramente obstaculizada. Según datos del Ministerio de Interior, a 9 de marzo de 2018, 58 agentes de la Policía Nacional y 37 agentes de la Guardia Civil habrían resultado heridos como consecuencia de esos impedimentos, y la organización ha podido visionar imágenes que muestran actitudes violentas por parte de manifestantes contra agentes.

No obstante, la Fiscalía sigue sin impulsar acciones para esclarecer la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni coopera de manera activa en los casos que están ahora mismo abiertos en distintos tribunales en Cataluña, y el Ministerio de Interior sigue declarando que actuaron de forma proporcionada en todos los casos.

Amnistía Internacional ha pedido una investigación imparcial, exhaustiva, independiente y efectiva sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, en la que los responsables sean llevados ante la justicia, y que se tomen medidas para que este tipo de actuaciones no se repita. Además, el Ministerio del Interior debe proceder a la retirada y suspensión del uso de las pelotas de goma que se emplean actualmente en España.

En estos momentos hay abiertas instrucciones en ocho juzgados catalanes que están investigando algunas de estas denuncias. Sin embargo, persiste la falta de interés e impulso por parte de la Fiscalía a las investigaciones sobre el uso excesivo de la fuerza, la falta de investigaciones internas por parte del Ministerio del Interior, y sus declaraciones exculpatorias de responsabilidad de los agentes.

El procesamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart

El 16 de octubre, la jueza Lamela de la Audiencia Nacional dictó auto de prisión provisional contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes, respectivamente, de las organizaciones independentistas catalanas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. El pasado 6 de febrero, por decisión judicial se decidió prolongar la prisión provisional de Jordi Sánchez. Su causa también pasó al Tribunal Supremo, y tras la instrucción llevaba a cabo por el juez Llarena, se enfrentan a un delito de rebelión, ya que además de su responsabilidad en los hechos del 20 y 21 de septiembre, se les atribuye también su participación en la celebración del referendum del 1-O como elemento clave para la consecución de la independencia. El juez Llarena también confirmó la decisión de seguir manteniéndolos en prisión provisional.

Por los mensajes que publicaron en las redes sociales según los jueces, así como por algunas de las declaraciones que hicieron durante los sucesos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart convocaron a la ciudadanía a concentrarse delante de unos edificios oficiales con el fin de impedir una operación policial legal ordenada por un juzgado de Barcelona que conllevaba el registro de varios edificios oficiales. Al parecer no animaron a los manifestantes a utilizar la violencia, y los actos esporádicos de violencia cometidos por manifestantes, como los daños causados a unos vehículos de la policía, no se les puede atribuir directa ni indirectamente en tanto que organizadores de las protestas.

Como ciudadanos particulares y presidentes de sendas organizaciones de la sociedad civil, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez tenían derecho a expresar sus opiniones contrarias a las actuaciones policiales acordadas por un Juzgado de Instrucción de Barcelona, consistentes, entre otras, en el registro de la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat. También tenían derecho a organizar reuniones pacíficas de apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña.

Mientras que el hecho de convocar a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita podría, de demostrarse, ser castigado, la presentación de cargos contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por delitos graves como la rebelión, y su prisión provisional, constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Por esta razón Amnistía Internacional pide que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart sean puestos en libertad y que se retiren los cargos de rebelión.

Ante la posible comisión de un delito de orden público, Amnistía Internacional no les ha identificado como presos de conciencia*. La organización seguirá observando las actuaciones penales y estudiará las pruebas presentadas contra ellos.

El procesamiento de Carles Puigdemont y otros altos cargos catalanes

El 7 de septiembre de 2017, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión del referéndum y el 17 de octubre resolvió que el referéndum sobre la independencia de Cataluña, previsto para el 1 de octubre (1-O), era inconstitucional. El derecho internacional de los derechos humanos no proporciona ninguna base para impugnar la legitimidad o el razonamiento jurídico de la providencia del Tribunal Constitucional.

De esta providencia se deduce que los actos de los altos cargos catalanes que participaron en la organización del referéndum del 1-O y en la posterior declaración de independencia el 27 de octubre fueron ultra vires y posiblemente constituyeron delito en virtud de la legislación española. Los actos cometidos por los altos cargos catalanes en el ejercicio de sus funciones oficiales para celebrar un referéndum ilegal no estaban protegidos ni por el derecho a la libertad de expresión ni por ningún otro derecho humano establecido en el derecho internacional.

El pasado 30 de octubre, el fiscal general del Estado español presentó una querella en la Audiencia Nacional contra el ex presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont i Casamajó y 13 exconsejeros del gobierno catalán, y otra en el Tribunal Supremo contra varios ex miembros de la Mesa del Parlamento catalán, incluida su presidenta, Carme Forcadell. Según el Fiscal General, todos ellos eran responsables penales de rebelión, sedición y malversación. Tras pasar toda la causa al Tribunal Supremo, el pasado 21 de marzo de 2018, el juez Llarena dictó un auto de procesamiento contra ellos por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, estando en estos momentos a la espera de que se celebre el juicio oral.

El 2 de noviembre, la Audiencia Nacional ordenó la prisión provisional de ocho de los 13 exconsejeros. El 5 de noviembre, después de que una jueza de la Audiencia Nacional emitiera una orden europea de detención, Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros fueron requeridos por la justicia belga y se personaron ante la policía, tras lo cual fueron puestos en libertad con medidas cautelares. El pasado 9 de noviembre, el Tribunal Supremo ordenó la libertad con fianza de los cinco miembros del Parlamento catalán. El 5 de diciembre, el juez del Tribunal Supremo español anuló las ordenes de detención. El 23 de marzo, algunos de los exconsejeros y la presidenta de la Mesa del Parlamento, que estaban en libertad bajo fianza, tuvieron que ingresar nuevamente en prisión por mandato del juez Llarena. El 25 de marzo de 2018, Carles Puigdemont fue detenido en Alemania tras reactivarse la orden europea de detención cuando regresaba en coche de un evento en el que participaba en Finlandia. El Tribunal de Schleswig-Holstein decretó su libertad con fianza a la espera de decidir sobre la extradición, si bien por la información aportada por la justicia española dicho tribunal no veía indicios de rebelión, según la figura análoga que existe en el Derecho alemán. El procedimiento de extradición continúa en marcha.

Si bien Amnistía Internacional reconoce que los consejeros y parlamentarios catalanes podrían haber cometido un delito legítimamente enjuiciable, los tribunales deben garantizar que las facultades discrecionales de enjuiciamiento no se ejercen de forma arbitraria o injustificada. Por otra parte, Amnistía Internacional no ha identificado ningún motivo que haga pensar que, caso de ser el expresidente y los exconsejeros extraditados a España, sean sometidos a un juicio que incumpla el derecho y las normas internacionales.

Amnistía Internacional no ha calificado a los altos cargos catalanes en prisión de presos o presas de conciencia*, pues la organización utiliza tal expresión únicamente para las personas que no deberían ser castigadas en modo alguno pero están privadas de libertad sólo por el ejercicio de sus derechos humanos (o por ciertos elementos de su identidad) y, por tanto, no han hecho nada que pueda interpretarse legítimamente como delito.

Sin embargo, según el artículo 472 del Código Penal español, el delito de rebelión exige el uso de la violencia para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. En cuanto a que el gobierno catalán hizo un llamamiento a las personas a la movilización y a la oposición pacífica a varias operaciones policiales legítimas antes o durante el referéndum, de los datos de que dispone Amnistía Internacional no parece que se cumpla el requisito de la violencia para que exista el delito de rebelión, pero es la justicia la que tendrá que determinar el tipo penal y AI seguirá haciendo seguimiento para evaluar si hay juicio justo.

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre la actual situación de prisión provisional de los seis exconsejeros del gobierno catalán y de la expresidenta de la Mesa del Parlamento. Tanto la jueza de la Audiencia Nacional como el auto de prisión del Juez Llarena justifican esta medida para todos ellos haciendo referencia a los requisitos previstos en la legislación española, a saber: la existencia de indicios de su participación en los delitos, el riesgo de fuga, el riesgo de reiteración delictiva y el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas.

Según el derecho y las normas internacionales, el uso de la prisión preventiva sólo se justifica cuando no existe una medida alternativa que garantice los intereses de la justicia. Por otra parte, la medida de prisión preventiva debe estar sometida a revisión judicial periódica.

Amnistía Internacional observará atentamente todas las actuaciones penales sobre este caso para evaluar si se respetan plenamente el derecho a un juicio con las debidas garantías y el derecho a la libertad.

El acercamiento de Jordi Cuixart y dos exconsejeros presos

Los principios de Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, así como la reiterada jurisprudencia al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, indican que los presos y presas deberían poder cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible y lo soliciten individualmente. En el caso de Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Raül Romeva, que han pedido poder estar más cerca de sus familiares y su arraigo personal, Amnistía Internacional considera que no hay ningún obstáculo para que se les facilite que puedan estar más cerca de su familia mientras están a la espera de juicio.

Ante la inexistencia de una definición aceptada del término “preso/a político/a” en el derecho internacional y a la luz de los numerosos posibles significados que puede tener en su empleo cotidiano, Amnistía Internacional, por norma general, trata de evitar su uso. La organización utiliza ocasionalmente el término como término descriptivo abreviado en casos con un fuerte contexto político, pero prefiere evitarlo por el riesgo de que sea malinterpretado en el sentido de que implica un estatuto jurídico determinado. Más específicamente, Amnistía Internacional no emplea los términos “preso/a político/a” y “preso/a de conciencia” de forma indistinta y, en concreto, evita el uso del término “preso/a político/a” en situaciones en las que podría invitar erróneamente a inferir que la persona así calificada es un “preso/a de conciencia”.


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Cataluña: críticas de AMN.INT. a la Fiscalía y al Ministerio del interior

1-O en Cataluña: Fiscalía; entre el desinterés, la obstrucción y la falta de colaboración con investigaciones sobre uso excesivo de la fuerza

©Joan Pau Ferre-Aiguaviva, 1 octubre 2017

Amnistía Internacional pide al Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, a través de http://www.actuaconamnistia.org, la retirada de las pelotas de goma como las que se emplearon en Barcelona, por ser un material altamente impreciso y conllevar alto riesgo para integridad física

Amnistía Internacional constató a través de casos documentados por la organización sobre uso excesivo de la fuerza durante el 1 de Octubre (1-O) por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, tanto de la Policía Nacional (Unidad de Intervención Policial) como de la Guardia Civil, que la Fiscalía está incumpliendo su papel de impulsar las investigaciones para aclarar estos hechos.

En un informe presentado hoy: 1-O en Cataluña: Obstáculos para la investigación del uso excesivo de la fuerza, Amnistía Internacional señala que frente a los esfuerzos de varios juzgados por establecer la verdad de lo ocurrido, la Fiscalía está desarrollando acciones tendentes a la descalificación de las denuncias, la obstrucción de  diligencias, e incluso mostrando una falta de interés en el proceso, dificultando el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales pertinentes.

En este sentido, la Fiscalía intentó mostrar la violencia de manifestantes como un elemento clave que debería descartar las investigaciones judiciales sobre uso excesivo de la fuerza, presentando vídeos donde se muestra participación de manifestantes en incidentes con las fuerzas de seguridad.

Igualmente, la Fiscalía se opuso a que el Juzgado de Instrucción número J17 ofreciese a personas lesionadas poder personarse en el procedimiento, asegurando que debido al carácter leve de las lesiones no cabría investigar de oficio dichos hechos, a menos que la persona afectada formulase denuncia. En este sentido, la Fiscalía instó a que sólo se hiciese este ofrecimiento a aquellas personas lesionadas, que,  sin haber denunciado, hubiesen tenido que recibir tratamiento médico o quirúrgico, pero en ningún caso a aquéllas que únicamente hubiesen precisado una única asistencia facultativa.

“Si a esta actitud preocupante de la Fiscalía se añade la falta de investigaciones internas por parte  del Ministerio de Interior en relación a los abusos cometidos el primero de octubre, y sus declaraciones exculpatorias de responsabilidad de los agentes en relación con el uso excesivo de la fuerza, la rendición de cuentas por lo ocurrido y el esclarecimiento de los hechos se ponen en riesgo”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Hay abiertas investigaciones en ocho juzgados catalanes que están investigando algunas de estas denuncias. Amnistía Internacional está dando un especial seguimiento a las diligencias que investigan los tres casos documentados por la organización en concreto, las llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción nº7 de Barcelona, sobre 257 denuncias (entre ellas los casos de Roger Español y Alejandra Rayas), y la realizada por el Juzgado de Instrucción nº2 de Girona, que acumula 200 denuncias, (entre ellas las relativas a los incidentes de Aiguaviva).

Uso excesivo de la fuerza durante el 1-O
Si bien las fuerzas de seguridad actuaron con el objetivo de cumplir la orden legitima del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ordenaba impedir la celebración de dicho referéndum, sin embargo, Amnistía Internacional pudo comprobar que los agentes hicieron uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios, entre ellos, proyectiles de impacto cinético como pelotas de goma, cartuchos de fogueo o sustancias químicas irritantes.

 

Desde hace años, Amnistía Internacional viene mostrando su preocupación por el uso de este material antidisturbios en partes de España que aunque no está diseñado para ser letal es muy impreciso, por lo que en la práctica puede causar lesiones graves e incluso la muerte si se utiliza en distancias cortas.

“Las pelotas de goma que se están utilizando en España deberían ser prohibidas por ser altamente imprecisas y no contar con protocolos para su uso acordes con los estándares internacionales, que prohíben, entre otras cosas, que puedan utilizarse para dispersar a una multitud”, señaló Esteban Beltrán.

Amnistía Internacional documentó el caso de Roger Español, que perdió un ojo por el impacto de una pelota de goma disparada por la Policía Nacional en el cruce de la Calle Sardanya con calle Diputació, en Barcelona. Otro caso investigado por la organización sobre uso excesivo de la fuerza con uso inadecuado de sustancias químicas irritantes en la localidad de Aiguaviva, Girona, donde un agente de la Guardia Civil usó un espray de mano directamente contra personas que se resistían de forma pasiva y pacífica a la operación policial destinada a decomisar las urnas electorales.

También constató el uso de fuerza excesiva contra personas que querían votar en el referéndum y que no representaban ninguna amenaza para los agentes. Es el caso de Alejandra Rayas que esperaba pacíficamente para votar delante de la Escuela Mediterrània, en Barcelona, cuando un agente de la Policía Nacional la golpeó en la cara y el cuello sin razón aparente.

Por otra parte, la actuación de las fuerzas de seguridad en ocasiones fue claramente obstaculizada. Según datos del Ministerio de Interior, a 9 de marzo de 2018, 58 agentes de la Policía Nacional y 37 agentes de la Guardia Civil habrían resultado heridos como consecuencia de esos impedimentos. Amnistía Internacional ha podido visionar imágenes que muestran algunas actitudes violentas por parte de manifestantes contra agentes, como por ejemplo, lo ocurrido en el centro de votación de Sant Joan de Vilatorrada(Barcelona), donde un miembro de la Guardia Civil resultó herido después de que le lanzasen una silla.

Peticiones de Amnistía Internacional
Las autoridades deben adoptar medidas para garantizar que se realizan investigaciones efectivas sobre los casos de uso excesivo de la fuerza así como asegurar que las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía el 1-O reciben reparación inmediata y adecuada, incluyendo indemnización, y que este hecho no dependa de la condena penal de los agentes individuales implicados o de que las víctimas presenten una demanda civil en los tribunales.

  • El Ministerio Fiscal debe cambiar radicalmente su actitud y adoptar un rol proactivo en los procedimientos judiciales en curso, especialmente en los casos graves ocurridos en los incidentes del 1 de octubre, impulsando las investigaciones que actualmente están en marcha. Como marca el artículo el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, debe impulsar una investigación inmediata, imparcial y efectiva, incluso cuando no haya denuncia expresa, siempre que existan motivos razonables para creer que ha tenido lugar un acto de malos tratos, así como velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas.
  • El Ministerio del Interior debe realizar investigaciones internas al objeto de determinar las diferentes  responsabilidades  e  identificar factores organizativos subyacentes, tales como las líneas de mando dentro de la institución de la policía, las normas de procedimiento o la formación, y para determinar cuáles son las medidas disciplinarias, administrativas o de otro tipo que se deben tomar para garantizar que esas violaciones de derechos humanos no se repiten.
  • El Ministerio del Interior debe proceder a la retirada y suspensión del uso de las pelotas de goma que se emplean actualmente en España, ya que habida cuenta de sus características técnicas resultan altamente imprecisas y conllevan un alto riesgo de golpear determinadas partes especialmente vulnerables del cuerpo, en particular los ojos, o incluso golpear a otras personas que no sean el objetivo.


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Encuentro de los jesuitas catalanes para dialogar sobre la situación política.

El lunes santo, como cada año, los jesuitas de la PAT de Cataluña nos hemos encontrado en sant Cugat. El encuentro de este año ha tenido por objetivo dialogar sobre la difícil y tensa situación política en Cataluña y España. Un diálogo que muchos compañeros me han dicho que han acogido muy bien, como algo profundamente deseado y que se veía necesario. Han estado presentes el P. Provincial, Antonio España, y el P. Asistente, Joaquín Barrero, que estaba los días anteriores cerca de Barcelona y ha querido también participar en el encuentro.

Para hacer posible este diálogo desde un tono fraterno, sincero y de corazón, Xavier Melloni ha comenzado la sesión proponiéndonos una oración que nos ha llevado a los textos originarios de la Compañía, a nuestras raíces más profundas.

A continuación, cuatro compañeros, Isidre Ferraté, Roger Torres, Alexis Bueno y Jaume Flaquer han tenido sendas breves intervenciones en clave de testimonio: ¿cómo he visto que se han vivido estos meses tan densos?, ¿cómo lo he vivido yo?, ¿qué he observado estos meses? Ha sido interesante por ejemplo cómo uno de los testimonios ha explicado cómo se ha vivido todo este proceso en una ciudad como Badalona, con una población inmigrante muy significativa. Y otros han destacado sus propias experiencias, y reflexiones sobre las raíces de la problemática que estamos viviendo.

A continuación, tras un tiempo de reflexión personal, se ha tenido trabajo en grupos al modo de un ‘círculo Magis’, de escucha, para compartir vivencias y puntos de vista. Y se ha compartido en asamblea conjunta, en la que se han presentado las conclusiones de los diversos grupos, que han destacado la complejidad de la situación y la tensión experimentada por muchos, pero a la vez el clima de escucha y respeto que ha presidido toto este encuentro.

Tras unas palabras del Provincial y la Eucaristía, presidida por el P. Barrero, hemos terminado la jornada con una comida bien agradable que ha permitido concluir este encuentro festivamente. Todo ello ha sido ciertamente un regalo del Señor: la hondura, comunión, respeto, escucha, celebración, compañerismo, hablar así de los temas difíciles pero que nos afectan tanto a todos…

Las fotos del encuentro están aquí: https://photos.app.goo.gl/wAhGyHrsxyNAECBr2