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El conflicto catalán y la política

Solo la política puede resolver el conflicto catalán

SOLO LA POLÍTICA PUEDE RESOLVER EL CONFLICTO CATALÁN

Jordi López Camps. La historia contemporánea de Catalunya se está escribiendo a partir de sentencias. El año 2010 el Tribunal Constitucional tumbó el Estatut refrendado por el pueblo catalán, además de las aprobaciones previas de los parlamentos catalán y español. Luego, el tribunal Constitucional ha ido anulando leyes, total o parcialmente, aprobadas por el Parlament catalán. Finalmente, la sentencia del Tribunal Supremo con la dura condena de líderes sociales y políticos, es un paso más en la judicialización continuada de la política catalana. Esta sentencia banaliza el delito de sedición y, a fin de justificar las duras penas impuestas, erige una jurisprudencia que hipoteca el ejerció futuro de los derechos fundamentales como de reunión y manifestación. Otro quiebro en la calidad democrática española. Mientras tanto, se ha ido construyendo un relato contra el independentismo con el ánimo de alejar aun más la solución del conflicto catalán del ámbito político. Los contrarios al diálogo político para resolver la cuestión del encaje de Catalunya con España se han esforzado en situar el problema, no el terreno político sino en el campo de la convivencia ciudadana. Los relatores políticos, aupados por diversos medios de comunicación, han inventado un problema de convivencia cuando la realidad, siempre más tozuda que cualquier ficción, se encarga de desmentir. El problema de convivencia solo existe en las mentes de quienes, ante su negativa de abordar políticamente lo que es un problema político, buscan en los meandros de la fantasía social ocultar que el órdago catalán cuestiona la solidez democrática del sistema constitucional de 1978.

Curiosamente, cuando empiezan a sonar los tambores electorales, algunos partidos del Estado se envuelven en la bandera de España y, ante la ausencia de propuestas políticas sólidas para los muchos problemas de este país, exploran agitar el anti-catalanismo para buscar votos en los caladeros del nacionalismo español. Cómo España lleva desde hace varios años en campaña electoral, el independentismo catalán se ha convertido en el enemigo a destruir. Los estrategas políticos no han percibido que este objetivo, si bien puede darles muchos votos en cualquiera de estas dos Españas que, como dijo Machado, hielan el corazón, está produciendo una notable desafección de muchos catalanes que han integrado, también en su corazón, las última estrofas del poeta Joan Maragall de su “Oda a España”: “On ets, Espanya? / No et veig enlloc / No sents la meva veu atronadora? / No entens aquesta llengua — que et parla entre perills? / Has desaprès d’entendre an els teus fills? / Adéu, Espanya!”. El independentismo no mengua ni disminuye su capacidad de movilización.

El independentismo ha comprendido que ahora se vive un momento poco dado a la poesía y sí a la ocupación del espacio público. Considera que sólo así los poderes del Estado y la comunidad internacional comprenderán que el problema catalán no es una cuestión menor. Es más, da la impresión que el movimiento independentista tiene como estrategia colapsar, en la medida de sus posibilidades, el quehacer en España. Parece que estamos a las puertas de un camino sin retorno. Debe haber sensatez por todas partes y asumir que, ante el problema político planteado por el independentismo solo caben soluciones políticas. Pep Guardiola decía al final de un vídeo de denuncia a la reciente sentencia del Tribunal Supremo: “hacemos un llamamiento a la comunidad internacional a posicionarse claramente por una resolución al conflicto basada en el respeto y diálogo. Lo reiteramos en este marco solo hay un camino: sentarse y hablar. Sentarse y hablar”. El diálogo es el único camino a seguir para resolver el contencioso entre el Estado y una parte importante de la sociedad catalana. Pero, por ahora, las sillas del diálogo están vacías. El temor es que, quienes serían los responsables de articular la respuesta política siguen pensando que el mejor camino es la represión y, cuanta más mejor. Por este camino vamos a perder todos.

La respuesta popular a la sentencia del Tribunal Supremo va subiendo de tono y es aprovechada por algunos sectores políticos para atizar los aspectos polarizadores del conflicto. Da la impresión de que hay ganas para introducir, como sea, la violencia en el seno del independentismo. Hasta ahora, el movimiento independentista ha sido pacífico. Se proclamó con acierto que después de las manifestaciones independentistas no habían papeles en el suelo. Pero ahora esto está cambiando. Últimamente se están tirando muchos papeles en el suelo y se quema todo lo que pueda arder. Estos incendios destrozan el espíritu de una reivindicación que se afirma admiradora de los movimientos pacificistas. Pero los hechos de los últimos días evidencian que hay quienes están empeñados en presentar la cara inédita del independentismo: la violencia. Esta obsesión es coherente con la obstinación de quienes consideran que hay que forzar la reacción violenta de los independentistas. Estos sectores piensan que el relato de rotura social está bien armado, pero falta actos de violencia de los independentistas donde consolidarlo. Es cuestión de insistir, dicen. Ciertamente, la violencia en los espacios públicos está asomando la cabeza sostenida con algunas intervenciones en el Parlament con la misión de confirmar esta estrategia.

Me preocupa esta nueva situación por la cual algunos están empujando las reacciones del independentismo ante la sentencia del Tribunal Supremo. Abjuro de los incívicos que han suministrado todas las excusas para quienes están empeñados en construir el relato de que el independentismo se ha vuelto violento. Me asusta pensar que la proximidad de las próximas elecciones alimente esta necesidad de canalizar violentamente la indignación de los independentistas para sacar rédito político. Los dirigentes políticos deberían ponerse al frente y liderar el encauzamiento cívico de la protesta. Ciertos sectores independentistas deberían hacer una reflexión serena sobre la estrategia a seguir para evitar situaciones que sólo favorecen a los contrarios a las reivindicaciones independentistas. Los gobernantes catalanes deberían hacer un ejercicio de realismo y salir del mundo ideal que algunos parecen estar instalados. Hay que gobernar desde las instituciones y liderar el proceso de forma más clara y contundente. Deben denunciar cualquier respuesta violenta, por más que las protagonicen amigos y conocidos. Si algunos no se siente con suficiente fuerza, deberían dar paso a quienes pudieran asumir este liderazgo. Los gobernantes de España deberían reflexionar seriamente sobre el camino a seguir para resolver el problema que tiene el Estado con más de dos millones de catalanes. Los dirigentes políticos del Estado deberían abandonar el tacticismo electoralista y pensar más como estadistas. España tiene un problema no resuelto y el camino escogido hasta ahora pare resolverlo no es el adecuado. Las tentaciones de acudir a un nuevo 155 o aplicar la ley de Seguridad Nacional agudizaría aun más el conflicto. Hay que actuar pronto. No se puede eludir que hay que volver a situar el problema en el ámbito político. De lo contario, corremos el riesgo de hundirnos todos con la cronificación del conflicto catalán.


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Comunicado de los obispos catalanes anterior a la publicación de la sentencia del Procés.

Comunicado de la Conferencia Episcopal Tarraconense ante la actual situación social y política

Los obispos de Cataluña emiten un comunicado conjunto desprendido de la sentencia judicial núm. 459/2019

Tras el anuncio de la sentencia núm. 459/2019, el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, suscribe el contenido del comunicado emitido por la Conferencia Episcopal Tarraconense, que les ofrecemos a continuación:

En estos últimos tiempos, la situación social y política de nuestro país ha pasado a ser bastante compleja. Son tiempos en que vislumbrar soluciones se hace difícil porque se produce un atrincheramiento en las propias posiciones, con frecuentes descalificaciones del otro. Las razones quedan sometidas a menudo a los sentimientos de cada uno. Esto dificulta una mirada serena sobre la realidad. Fácilmente todo el mundo se siente ofendido: existe el peligro de que el agravio sea la actitud dominante.

Cataluña no es una sociedad violenta pero constatamos que en los últimos años ha disminuido la calidad de la convivencia por la vía del enfriamiento, de la ignorancia o del menosprecio. A pesar de ello, la convivencia es un bien precioso que hay que salvaguardar: la persona es primero que la idea, la unidad prevalece sobre el conflicto, el todo por encima de la parte (cf. Papa Francisco, Evangelii gaudium, 222-237) y, por eso, el instrumento esencial es la palabra y, por lo tanto, el diálogo es fundamental.

Como pastores de la Iglesia que peregrina en Cataluña, queremos ofrecer una mirada desde el Evangelio de Jesucristo y constatamos la existencia de sentimientos diferenciados y, a menudo, mezclados entre las identidades española y catalana. Tal como han mostrado los acontecimientos de los últimos años, particularmente las diversas elecciones, estos sentimientos se concretan en un amplio abanico de opciones políticas. Estas opciones se manifiestan de manera diversa sobre la situación de Cataluña en relación con el Estado español.

Los acontecimientos del año 2017 comportaron, entre otras cosas, el encarcelamiento preventivo de nueve personas, miembros del Gobierno, cargos electos y dirigentes sociales catalanes, y la salida de otros a un país extranjero. La prisión preventiva ha durado casi dos años, y la hemos vivido con pena en el corazón por lo que suponía para los presos y para sus familiares y amigos. El juicio llevado a cabo en el Tribunal Supremo durante este año 2019 y la posterior sentencia, se inscriben en el estado de cosas que hemos descrito anteriormente. El Tribunal ha dictado sentencia y, aunque existieran legítimos recursos y se puedan hacer valoraciones distintas, hay que respetar la sentencia emanada del poder judicial de un Estado de derecho, así como las eventuales decisiones que puedan venir de los tribunales europeos. En un estado democrático, las leyes fundamentales que regulan el sistema político y que han sido votadas y aprobadas por los ciudadanos, constituyen un referente básico del ordenamiento social.

Creemos también que el logro de un recto orden social que permita el desarrollo armónico de toda la sociedad necesita algo más que la aplicación de la ley. En el discurso de apertura del Concilio Vaticano II, el Papa san Juan XXIII afirmó que «es preferible usar el remedio de la misericordia que no empuñar las armas de la severidad; y piensa que no es precisamente condenando […], como se deben atender las necesidades de nuestro tiempo». Poco más adelante indica cómo los hombres y mujeres de hoy «cada día se convencen más de que la dignidad de la persona humana, así como su perfección y las consiguientes obligaciones, es asunto de suma importancia» (Alocución Gaudet Mater Ecclesia, del 11 de octubre de 1962, n.º 7).

Para poder vivir esto, es necesario, en primer lugar, que se aplique la vía de la misericordia para desactivar la tensión acumulada estos últimos años y volver al único camino posible: un serio camino de diálogo entre los gobiernos español y catalán que permita ir encontrando una solución política adecuada, sabiendo que dialogar significa renunciar en parte a lo que uno querría para aproximarse al otro e imaginar entre todos una solución satisfactoria.

En segundo lugar, se trata de devolver al pueblo el sentido de futuro, de dar a las personas un horizonte que disipe la sensación de que no hay caminos por donde andar. Todo proyecto humano se sostiene sobre la adhesión libre y democrática de las personas. Hay que convencer y persuadir, hace falta el debate político y social respetuoso, hace falta el intercambio de opiniones y la búsqueda en común de soluciones negociadas.

En tercer lugar, se trata de construir una sociedad justa, solidaria, respetuosa de la igualdad de las personas, próxima a quienes están en apuros, que se inscriba en el mundo global y no se refugie en un pequeño mundo local. La sociedad catalana tiene que hacer emerger las grandes energías que posee de creatividad e innovación, de proximidad a quienes vienen de lejos, de fomento de la educación y del tejido cultural y asociativo que la caracteriza.

El Papa Francisco, en el mensaje urbi et orbi del día de Pascua de este año (21 abril 2019), afirmaba: «Que, ante los numerosos sufrimientos de nuestro tiempo, el Señor de la vida no nos encuentre fríos e indiferentes. Que haga de nosotros constructores de puentes, no de muros.». Y rogaba porque Jesús resucitado «abra nuestros corazones» a las necesidades «de los menesterosos, los indefensos, los pobres, los desempleados, los marginados, los que llaman a nuestra puerta en busca de pan, de un refugio o del reconocimiento de su dignidad».

Los Obispos de Catalunya
14 de octubre de 2019


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Petición de Amn.Int. sobre responsables catalanes juzgados en Madrid.

amnistiaConcluido el juicio oral, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez deben ser puestos en libertad provisional

REUTERS/Javier Barbancho

Desde que tuvo noticia de su ingreso en prisión, Amnistía Internacional ha manifestado en repetidas ocasiones que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart debían ser puestos en libertad de inmediato. Ahora, la conclusión del juicio oral ante el Tribunal Supremo es el momento para revisar su situación de prisión provisional y proceder a excarcelarlos. Ambos se encuentran en prisión provisional desde el 16 de octubre de 2017. Los tribunales españoles han denegado su puesta en libertad en numerosas ocasiones. La organización ha remitido una carta a Fiscalía, insistiendo una vez más en ello, y lamenta que con fecha de ayer informara negativamente en contra de la excarcelación de Jordi Sànchez.

En sus autos de 11 de abril y 14 de mayo de 2019, el Tribunal Supremo se refirió al desarrollo del juicio oral como “un elemento de indispensable ponderación” que aconsejaba descartar la libertad de Jordi Sànchez, y reconocía que toda medida cautelar privativa de libertad “se orienta, precisamente, a asegurar la presencia del procesado durante el desarrollo del juicio oral”.

Con respecto a Jordi Cuixart,  la sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de mayo de 2019, que desestimó su recurso de amparo contra las resoluciones que denegaron su petición de libertad provisional, señaló que en dichas resoluciones se tuvo en cuenta la cercanía temporal del juicio oral, en línea con la jurisprudencia constitucional, que reconoce como un fin legítimo de la prisión provisional asegurar la presencia del imputado en el juicio.

Amnistía Internacional alerta de que, de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, cuanto más se prolonga la prisión provisional, mayor necesidad hay de un examen riguroso que determine si sigue siendo necesaria y proporcionada.

La organización ha señalado en repetidas ocasiones que en caso de demostrarse que convocaron a manifestantes los días 20 y 21 de septiembre de 2017 con el fin de impedir una operación policial lícita, esto podría ser objeto de reproche penal. Sin embargo, la respuesta por parte de las autoridades no puede suponer una restricción excesiva y desproporcionada de derechos humanos como son los de expresión y reunión pacífica. Amnistía Internacional ya ha expresado preocupación por la naturaleza de los tipos penales -rebelión o sedición- de los que se les acusa.  Por esta razón Amnistía Internacional pide que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart sean puestos en libertad provisional.

Información adicional
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, como ciudadanos particulares y presidentes de organizaciones de la sociedad civil en el momento de los hechos que se han juzgado, tenían derecho a organizar y promover reuniones pacíficas en apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña. Aunque el derecho internacional de los derechos humanos permite a los Estados imponer algunas restricciones al ejercicio del derecho a la libertad de expresión con determinados fines legítimos, como proteger el orden público o la seguridad nacional, las autoridades deben demostrar que esas restricciones son necesarias y proporcionadas al objetivo perseguido, algo que no ha ocurrido en este caso.

Además, de acuerdo con el derecho internacional, las restricciones de la libertad de expresión “para desempeñar su función protectora […] deben ser el instrumento menos intrusivo de los que permitan conseguir el resultado deseado”. Este requisito de proporcionalidad implica que las sanciones penales, en particular las que dan lugar a privación de libertad, pueden constituir una restricción desproporcionada del derecho a la libertad de reunión pacífica y de expresión. Por ello, la presentación de cargos penales graves contra miembros de la sociedad civil que organizan o promueven este tipo de reuniones es una medida excesiva y desproporcionada.

El caso de los ex altos cargos y el seguimiento del juicio
Amnistía Internacional pide que, de acuerdo a estándares internacionales, la prisión provisional de los ex altos cargos catalanes se someta igualmente a revisión judicial. Esta petición no supone en ningún caso una valoración sobre su responsabilidad penal.

La organización ha observado todas las sesiones del juicio celebrado en el Tribunal Supremo en Madrid. Esta labor de observación es habitual en el trabajo de la organización, y la suele desarrollar en diferentes países y situaciones.
Hasta que no se emita sentencia, Amnistía Internacional no hará pública su valoración sobre el juicio.


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En busca de una solución para Cataluña y España

Una propuesta para Cataluña y España

UNA PROPUESTA PARA CATALUÑA Y ESPAÑA

Àngel Miret. Hace pocos días asistí a una reunión en Madrid, convocada por la administración del Estado, con la presencia de todas las comunidades autónomas y de las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El tema central del encuentro era buscar la manera de hacer efectivas unas sentencias que, como consecuencia de diferentes recursos interpuestos por la Generalitat, concluyen que el gobierno de Cataluña es competente en una materia de gran impacto social y mediático, asociada a un presupuesto relevante y que, por analogía, según interpretaba el Estado, también podría ser competencia del resto de comunidades autónomas.

Planteada así la cuestión, los representantes del Estado dieron voz a todas las comunidades para que expusieran su punto de vista. La mayor parte de ellas manifestaron, por un lado, que no conocían las impugnaciones de la Generalitat a pesar de que el pleito hacía años que discurría por los juzgados; por otro, que se trataba de una mala noticia y que era indispensable que el traspaso se hiciera con prudencia y sin prisas, que había que crear una comisión de estudio antes de avanzar en el traspaso, y que, en cualquier caso, el Estado se hiciera cargo de la coordinación. Finalmente, que se tuviera muy presente que todas las comunidades tenían que ofrecer exactamente lo mismo a los usuarios del servicio en cuestión. Contrarias a esta tesis se situaron únicamente los gobiernos de Valencia, País Vasco, Navarra, parcialmente el de las Islas Baleares y, naturalmente, Cataluña.

Recientes encuestas han señalado además que una buena parte de las comunidades autónomas no solo no aspiran a más traspasos sino que, por el contrario, querrían retornar al Estado algunas de las competencias que ya tienen.

La dinámica política y social mayoritaria en Cataluña camina, sin embargo, en sentido opuesto: desea un mayor autogobierno y obtener la transferencia de nuevas competencias. Desde el principio de subsidiariedad, lo considera, con razón o sin ella, como un avance democrático.

Esta demanda debería considerarse como una opción perfectamente respetable y democrática además de coherente con la historia de España. Cuando se redactó la Constitución Española los legisladores intentaron diluir las históricas reivindicaciones nacionales de Euskadi y de Cataluña y, en menor medida, de Galicia mediante lo que se denominó “café para todos”. Y se aprobaron entonces Estatutos de autonomía a entidades territoriales como Madrid, La Rioja, Murcia, etc. que no se habían planteado nunca ningún tipo de gestión de sus intereses que no fuera una pura descentralización administrativa.

La realidad, sin embargo, se impone finalmente a los deseos de los legisladores constitucionales y dicha reunión es un buen ejemplo de ello. Pero ​​desde la aprobación de la Constitución muchas comunidades, azuzadas por las políticas irresponsables de sus gobernantes, han acabado haciendo de la comparación y de los supuestos agravios con Cataluña una de sus razones de ser. Fijémonos en lo que antes apuntaba: la mayoría de comunidades no deseaban la competencia y el traspaso de recursos pero remarcaban que, en ningún caso, permitirían un trato diferenciado.

Cataluña no ha sido ajena a esta realidad política y sociológica. La frustración provocada por el “café para todos” en tanto que Cataluña se ha sentido nación y en ningún caso región como la mayoría de comunidades autónomas, ha generado una voluntad constante de diferenciación, de desmarcarse de la mayoría y de construir un camino propio, que ha sido percibida por una buena parte de la población española como insolidaria o, incluso, como reflejo de un sentimiento de superioridad. Esta es una realidad que no puede obviarse si lo que pretendemos es buscar una solución, aunque sea transitoria, a este conflicto secular entre Cataluña y el resto de España.

No podemos olvidar, además, que Cataluña ha sido uno de los motores económicos en España, además de liderar a menudo la vanguardia de las ideas progresistas por razones muy diversas. Esta realidad ha generado en algunos catalanes un sano orgullo pero en otros un cierto sentimiento de superioridad que ha provocado que en una parte de la población española no solo se desarrollase un sentimiento de admiración hacia Cataluña sino también de celos e incluso de rechazo. Este rechazo produce, a su vez, una potenciación del sentimiento catalán de que “en España no nos quieren”. Deberíamos entre todos detener este círculo vicioso de desconfianza que hace imposible cualquier solución al conflicto.

Hay que buscar soluciones si no queremos persistir en el bucle de acción-reacción. Creo que es evidente que la represión y la judicialización no servirán para nada; es más, empeorarán la situación y radicalizarán a las diferentes opciones, pero tampoco es razonable cerrar los ojos a una realidad compleja, donde el deseo de independencia no alcanza con mucha probabilidad al 50% de la población catalana. Hay que renunciar, pues, a la unilateralidad: adolece de una falta de apoyo social suficiente. Tampoco el referéndum pactado sea posiblemente, en este momento de crispación, el remedio. Por un lado porque es más que probable que se produjera una gran polarización, mitad a mitad de la población, y además porque en este escenario la renuncia o la imposición no generarían ningún beneficio a la convivencia entre unos y otros.

Entre la independencia y la recentralización debería haber una solución intermedia y razonable.Me atrevo, pues, a hacer una propuesta, en la que nadie quedaría del todo satisfecho pero que podría ser útil para salir de la situación actual y afrontar con más serenidad y tiempo este conflicto histórico y aparentemente irresoluble.

Una estructura de gestión descentralizada en diferentes niveles para la mayoría de comunidades autónomas y el reconocimiento nacional de Euskadi y de Cataluña en la Constitución, que concretarían su vinculación con el resto del Estado a través de una estructura federal o confederal, reconocimiento de competencias exclusivas en materia de cultura, lengua y educación, un sistema de financiación más equilibrado y la renuncia por parte de los partidos políticos independentistas a la vía unilateral.

Esta propuesta no excluye ni presupone de ningún modo que los independentistas renuncien a su deseo de conseguir un Estado por medios democráticos.

Y quiero recordar una realidad a los españoles que puedan considerar esta propuesta como una cesión inaceptable: países con un gran sentimiento patriótico, como Suiza o Estados Unidos, conviven con estructuras fuertemente descentralizadas. Es decir, el sentirse español no debería ir necesariamente asociado a un Estado centralizado ni a una única raíz castellana. Y otra a los independentistas: hay que reconocer y aceptar la realidad, aunque sea dolorosa y desagradable.

Ahora bien, para poder abrir el marco de diálogo que permita una negociación entre todos los actores políticos, será necesario encontrar previamente una solución a la cuestión de los presos después del juicio que se está celebrando.

Finalmente: es necesario que todos bajemos un poco el tono de descalificaciones mutuas, disminuyamos la irritación y eliminemos las malas maneras de proceder. Seguro que con esta actitud todo ello será un poco más sencillo.


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España: en el clima político actual, la invitación de J. Elzo a una serena reflexión

                                 

 

 

 

                           Dos incertidumbres político – religiosas al inicio del año 2019

                                                                  Javier Elzo

Avanzamos ya en este año 2019 con múltiples incertidumbres. Sin salir de España, la cuestión territorial con Catalunya en primer, pero no único lugar; el nuevo gobierno en Andalucía; elecciones autonómicas y municipales aquí y allá; trascendentales elecciones al parlamento europeo con una derecha extrema de malos recuerdos al alza y, todo ello, con un gobierno muy en minoría en Madrid y la irrupción de Vox en el panorama político español.

 

Es cierto que la historia nunca se repite plenamente, pues las circunstancias cambian. La acertada expresión de Ortega y Gasset de “yo soy yo y mi circunstancia”, vale también para las realidades sociales. Sobre todo, si realizamos sociología comparativa. Así, hay debates que, cual Guadiana, reaparecen con tintes novedosos y, claro está, con protagonistas diferentes pero que, mirando con detenimiento, reproducen querellas que atraviesan décadas y siglos. Es lo que, de forma inusitada, presenciamos en la actualidad en el universo social, cultural y político de la España de nuestros días, en varios aspectos.  Por hacerlo corto y breve hoy me centraré en dos cuestiones. Por un lado, lo que denomino, el debate soterrado entre la eclesiofobia reinante y la emergencia de un neocatolicismo de vieja escuela. En segundo lugar, apuntaré a la aporía de pretender resolver la cuestión territorial en la España de 2019, en base al concepto de soberanía. Es lo que nos depara el próximo juicio a los presos políticos catalanes (sé que la expresión no gusta a muchos, pero defiendo el derecho, yo también, a la pacífica y respetuosa libertad de expresión) juicio que, parodiando a García Márquez, vamos a vivir en una (larguísima) crónica de una condena anunciada.

 

La emergencia social de un viejo catolicismo que creíamos, ilusamente, fenecido, no solamente en VOX y aledaños, y que se enfrenta, envalentonándose, a una eclesiofobia que, ésta, lleva décadas bien despierta y, entre burlona y belicosa, campando en cierta izquierda caviar (“la gauche caviar” que se decía en torno al mayo francés de 1968). Esta última, vive y se agita, bajo el manto del laicismo excluyente de lo religioso, de mala copia francesa, y desea encerrar a los cristianos en sus templos y sacristías, así como limpiar la vida y los edificios públicos de toda referencia religiosa. Estas dos polaridades, el del neocatolicismo añorante del estado de cristiandad, ya felizmente en sus estertores, y el fundamentalismo laicista, en esquemas de finales del siglo XIX, desgraciadamente rampante (también en Euskadi), se retroalimentan reforzándose, bajo el esquema de “yo” o el “otro”, mientras la pluralidad respetuosa se difumina, aminora, en una timorata, aunque imprescindible, defensa del “yo” y el “otro”, postura que es objeto de mofa y escarnio por los mentores del neocon católico y del laicismo excluyente, como se puede constatar en la lectura de los medios, en nada marginales, que les sostienen sin vergüenza, sin rigor ni decoro alguno. Desconocen el término y la práctica de la “ecuanimidad”.

 

Un triste ejemplo. Al poco de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre pasado, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, publicó su carta semanal sobre el tema y que adelantó Alfa y Omega (06/12/18). Podemos leer esto. “Me alegro de que esta sociedad andaluza haya sido capaz de dar un vuelco de este calibre, rompiendo una inercia casi imposible de superar. Andalucía se sitúa como pionera de un cambio social que esperamos en la sociedad española”, escribe el prelado cordobés, sin mencionar concretamente a ningún partido.

Sí lanza un mensaje al actual Gobierno andaluz, que es a la vez análisis de las causas del resultado electoral: “No se puede estar contradiciendo la sensibilidad de un pueblo religioso y cristiano, un pueblo que pide respeto para sus tradiciones religiosas y está dispuesto a respetar a los demás. No se puede estar atacando la libertad religiosa impunemente, reclamando la propiedad pública de la mezquita-catedral de Córdoba con argucias que no se sostienen ni por parte de los que las montan. […] No se puede trocear España, sin que eso tenga un precio político. No se puede pretender eliminar el derecho de los padres a elegir la educación que quieren para sus hijos, introduciendo leyes de ingeniería social. No se puede eliminar la vida inocente al inicio o al final de la vida, y esperar que encima les voten. Los andaluces son sensibles a todo esto, y han querido decir en las urnas cuál es el futuro que quieren para ellos y para sus hijos”.

Quiero recordar en este contexto la Carta Pastoral “Preparar la Paz” del 29 de mayo de 2002, firmada por todos los Obispos de Euskal Herria del momento, Ricardo Blázquez, Juan Mª Uriarte, Miguel Asurmendi y Karmelo Etxenagusia, pero significativamente no por el Arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, donde se podía leer que “ni la aspiración soberanista, ni la adhesión a un mayor o menor autogobierno, ni la preferencia por una integración más o menos estrecha en el Estado español son, en principio, para la Iglesia, “dogmas políticos” que requieran un asentamiento incondicionado. En este punto, el pensamiento social cristiano afirma como un derecho cívico la libertad de sostener y promover por vías pacíficas cualquiera de estas opciones”. Esta carta abrió la caja de los truenos y enervó al ejecutivo que presidía Aznar, que pidió a la Conferencia Episcopal Española (CEE) una réplica al mismo.

 

Así la Asamblea Plenaria de la CEE aprueba en noviembre de 2002, con 63 votos a favor, 8 en contra y 5 abstenciones, la Instrucción Pastoral titulada “Valoración moral del Terrorismo en España”, donde se puede leer que: “poner en peligro la convivencia de los españoles, negando unilateralmente la soberanía de España, sin valorar las graves consecuencias que esta negación podría acarrear, no sería prudente ni moralmente aceptable”. Y de ahí surgen los pronunciamientos de algunos obispos de que “la unidad de España es un bien moral”, lo que jamás dijeron los obispos vascos o catalanes de la unidad de Euskadi o de Catalunya. Y ahí seguimos.

 

Por otra parte, iniciamos 2019, con los peores augurios, en el contencioso territorial, en estos tiempos focalizado en Catalunya, pero no se olvide esa parte importante de la sociedad vasca, manifiestamente descontenta con la situación política, y con la de los presos, particularmente con la de los presos gravemente enfermos (problema que también se vive en otras partes, como en Valencia y que ahora parece preocupar a políticos vascos de los que antaño enarbolaban aquello de “que se pudran en la cárcel”).

 

Hace años, un significado político vasco, socialista, con fuerte presencia en Madrid, de cuyo ejecutivo llegó a formar parte, (y de quien he defendido que sería un excelente presidente de España) escribió que “en el siglo XXI las soberanías o son compartidas o son peligrosas”. Otro político, este del PP, y que también se sentó en la mesa del Consejo de Ministros, propuso la solución de la soberanía compartida para solventar el lacerante quiste del Peñón de Gibraltar. El lehendakari Urkullu en el pleno de Política general en el Parlamento Vasco del 25 de septiembre de 2014, reiteró su apuesta por la soberanía compartida en clave de bilateralidad Estado-Euskadi, trasladando a lo político el esquema del Concierto económico vasco. “Soberanía compartida desde la libertad de pacto y para evitar el incumplimiento unilateral de los pactos alcanzados”.

 

Esta idea de las soberanías compartidas la vengo sosteniendo desde mis años de estudiante en Lovaina, idea recibido de uno de mis profesores en Lovaina que más huella me ha dejado: Paul M. G. Levy. En su juventud luchó contra el “rexismo”, (viene de Christus Rex), un catolicismo integralista, fascista y que, bajo el liderazgo del tristemente célebre León Degrelle, se asoció al nazismo en Bélgica. Paul M. G. Levy nos decía (¡qué clases aquellas, sin tantas chorradas, pretendidamente pedagógicas, como muchas ahora, cuando el profesor tenía algo propio que decir) que, en una situación socio política en grave conflicto, la pretensión de poseer toda la verdad era criminógena, y que debemos superarla en el respeto a las diferencias. Había que solventar los inevitables conflictos, sostenía, mediante la deliberación continuada. Lo que exigirá cesiones. Por parte de todos. Es cuestión de prioridades. Y en una sociedad rica, más aún, opulenta como la nuestra, la primacía debe ir a la convivencia en el respeto y aplicación de los Derechos Humanos. Pero eso es imposible, radicalmente imposible, si en un conflicto territorial, como el catalán, como el español, como el vasco, defendemos el principio de la soberanía absoluta. En estos temas, además, nadie está en posesión de la verdad absoluta. Absolutamente nadie, y de alguna de sus lecturas recomendadas por Paul M. G. Levy, aun retengo la del hoy olvidado Gastón Bouthoul, en su pionero Tratado de Polemología. Por eso sostengo que el concepto de soberanía debe ser enviado al baúl de las cosas, no solamente inútiles, sino polemógenas. Nos va en ello nuestro futuro en paz.

 

En la era de la mundialización vengo sosteniendo, insistentemente, que los conceptos de independencia y de soberanía (particularmente el concepto de soberanía absoluta) amen de irreales, pues todos somos interdependientes, están no solamente obsoletos, pese a que grupos extremistas se reclaman de ellos, incluso con violencia, sino también criminógenos o polemógenos. España, el Estado Español, de facto y de iure, ya ha aceptado trasferir parte de su soberanía a la Unión Europea y, de iure, aunque no de facto, también a las Comunidades Autónomas. Aunque parece que, tras 39 años, ¡sí, 39 años!, se va a cumplir casi todo el Estatuto Vasco. Y será, si lo es, por un plato de lentejas: los votos del PNV a los presupuestos del gobierno de Sánchez. Aunque ahí están Ciudadanos y Vox que, con sumo gusto, nos quitarían la Autonomía y al PP, ¡bueno! al PP tampoco le hace mucha gracia, dejémoslo ahí.

 

Personalmente llevo años propugnando substituir los conceptos de independencia y soberanía, y con ellos el Estado Nación, por los de subsidiariedad, competencias y responsabilidades solidariamente compartidas, en una Europa fuerte, unida pero no uniforme. Además, a poco que pensemos, nos separan de esa situación, al menos en el Estado Español (pongan España si prefieren) más las palabras que las realidades.

 

Donostia San Sebastián 27 de enero de 2019

Javier Elzo


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Cataluña; informe de Amn. int. sobre la crisis actual al año del referendum ilegal.

Actualización de la situación en Cataluña

El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía el 1 de octubre

Amnistía Internacional pudo documentar que tanto miembros de la Policía Nacional (Unidad de Intervención Policial) como agentes de la Guardia Civil emplearon un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, e hicieron uso inadecuado de material antidisturbios como pelotas de goma o sustancias químicas irritantes contra personas que hacían resistencia pacífica, todo ello en el contexto de una operación legítima para cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuyo objetivo era impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre en Cataluña (1-O).

Por otra parte, la actuación de las fuerzas de seguridad fue en ocasiones claramente obstaculizada. Según datos del Ministerio de Interior, a 9 de marzo de 2018, 58 agentes de la Policía Nacional y 37 agentes de la Guardia Civil habrían resultado heridos como consecuencia de esos impedimentos, y la organización ha podido visionar imágenes que muestran actitudes violentas por parte de manifestantes contra agentes.

Un año después, aún queda mucho camino por recorrer en la investigación de los abusos policiales. Los pasos positivos que se han dado siguen dependiendo de las víctimas y de los juzgados a cargo de las investigaciones, sin que la Fiscalía haya asumido el rol activo que le corresponde en la investigación.

Por otra parte, el Ministerio del Interior, que en términos generales está colaborando con los juzgados de instrucción, debe todavía aportar información relevante. Es obligación del Ministerio del Interior mantener una colaboración decidida con los tribunales, sin dilaciones indebidas y con todo el detalle disponible que permita el esclarecimiento de los hechos.

Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que el Ministerio del Interior haya abierto investigaciones internas sobre estos sucesos, algo que debería hacer para determinar la responsabilidad institucional e identificar cuáles son las medidas disciplinarias, administrativas o de otro tipo que se deben tomar para garantizar que estas violaciones de derechos humanos no se repitan. Además, el Ministerio debe proceder a la retirada y suspensión del uso de las pelotas de goma que se emplean actualmente en España.

Amnistía Internacional ha pedido una investigación imparcial, exhaustiva, independiente y efectiva sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, en la que los responsables sean llevados ante la justicia, y que se tomen medidas para que este tipo de actuaciones no se repita.

El procesamiento de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart

El 16 de octubre, la jueza Lamela de la Audiencia Nacional dictó auto de prisión provisional contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes, respectivamente, de las organizaciones independentistas catalanas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. Su causa fue asumida por el Tribunal Supremo, y tras la instrucción llevada a cabo por el juez Llarena, se enfrentan a un delito de rebelión o sedición, ya que se les atribuye participación en la celebración del referendum del 1-O como elemento clave para la consecución de la independencia, además de responsabilidad en los hechos del 20 y 21 de septiembre en los que, de acuerdo a los mensajes que según los jueces publicaron en las redes sociales, así como a declaraciones que hicieron durante los sucesos, convocaron a la ciudadanía a concentrarse delante de unos edificios oficiales con el fin de impedir una operación policial legal ordenada por un juzgado de Barcelona que conllevaba el registro de varios edificios oficiales. El juez Llarena también confirmó la decisión de seguir manteniéndolos en prisión provisional.

En caso de demostrarse que convocaron a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita, esto podría ser objeto de sanción penal. No obstante, la presentación de cargos contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por delitos graves como la rebelión o sedición, y su prisión provisional, constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Por esta razón Amnistía Internacional pide que Jordi Sànchez y Jordi Cuixart sean puestos en libertad y que se retiren los cargos de rebelión o sedición.

Ante la posible comisión de un delito de orden público, Amnistía Internacional no les ha identificado como presos de conciencia*. La organización seguirá observando las actuaciones penales y estudiará las pruebas presentadas contra ellos.

El procesamiento de Carles Puigdemont y otros altos cargos catalanes

El 7 de septiembre de 2017, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión del referéndum y el 17 de octubre resolvió que el referéndum sobre la independencia de Cataluña, previsto para el 1 de octubre (1-O), era inconstitucional. El derecho internacional de los derechos humanos no proporciona ninguna base para impugnar la legitimidad o el razonamiento jurídico de la providencia del Tribunal Constitucional.

De esta providencia se deduce que los actos de los altos cargos catalanes que participaron en la organización del referéndum del 1-O y en la posterior declaración de independencia el 27 de octubre fueron ultra vires y posiblemente constituyeron delito en virtud de la legislación española. Los actos cometidos por los altos cargos catalanes en el ejercicio de sus funciones oficiales para celebrar un referéndum ilegal no estaban protegidos ni por el derecho a la libertad de expresión ni por ningún otro derecho humano establecido en el derecho internacional.

El pasado 30 de octubre de 2017, el fiscal general del Estado español presentó una querella en la Audiencia Nacional contra el ex presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont i Casamajó y 13 exconsejeros del gobierno catalán, y otra en el Tribunal Supremo contra varios ex miembros de la Mesa del Parlamento catalán, incluida su presidenta, Carme Forcadell. Tras pasar toda la causa al Tribunal Supremo, el pasado 21 de marzo de 2018, el juez Llarena dictó un auto de procesamiento contra ellos por los delitos de rebelión, desobediencia y malversación de caudales públicos y el 9 de julio auto de conclusión del sumario, estando en estos momentos a la espera de que se celebre el juicio oral.

El 2 de noviembre, la Audiencia Nacional había ordenado la prisión provisional de ocho de los 13 exconsejeros. El 5 de noviembre, después de que una jueza de la Audiencia Nacional emitiera una orden europea de detención, Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros fueron requeridos por la justicia belga y se personaron ante la policía, tras lo cual fueron puestos en libertad con medidas cautelares. El pasado 9 de noviembre, el Tribunal Supremo ordenó la libertad con fianza de los cinco miembros del Parlamento catalán. El 5 de diciembre, el juez del Tribunal Supremo español anuló las ordenes de detención. El 23 de marzo, algunos de los exconsejeros y la presidenta de la Mesa del Parlamento, que estaban en libertad bajo fianza, tuvieron que ingresar nuevamente en prisión por mandato del juez Llarena. El 25 de marzo de 2018, Carles Puigdemont fue detenido en Alemania tras reactivarse la orden europea de detención cuando regresaba en coche de un evento en el que participaba en Finlandia. El Tribunal de Schleswig-Holstein denegó su extradición por rebelión, tras lo cual el juez español rechazó dicha extradición sólo por los cargos de malversación, y retiró las órdenes de detención dictadas contra Carles Puigdemont, Antoni Comín, Lluis Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Marta Rovira.

Si bien Amnistía Internacional reconoce que los consejeros y parlamentarios catalanes podrían haber cometido un delito legítimamente enjuiciable, la organización recuerda que los tribunales deben garantizar que las facultades discrecionales de enjuiciamiento no se ejercen de forma arbitraria o injustificada, y seguirá haciendo seguimiento del proceso para evaluar si hay juicio justo, y se cumplen las garantías del debido proceso.

Amnistía Internacional no ha calificado a los altos cargos catalanes en prisión de presos o presas de conciencia*, pues la organización utiliza tal expresión únicamente para las personas que no deberían ser castigadas en modo alguno pero están privadas de libertad sólo por el ejercicio de sus derechos humanos (o por ciertos elementos de su identidad) y, por tanto, no han hecho nada que pueda interpretarse legítimamente como delito.

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre la actual situación de prisión provisional de los seis exconsejeros del gobierno catalán y de la expresidenta de la Mesa del Parlamento. Tanto la jueza de la Audiencia Nacional como el juez Llarena justifican esta medida para todos ellos haciendo referencia a los requisitos previstos en la legislación española, a saber: la existencia de indicios de su participación en los delitos, el riesgo de fuga, el riesgo de reiteración delictiva y el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas.

Según el derecho y las normas internacionales, el uso de la prisión preventiva sólo se justifica cuando no existe una medida alternativa que garantice los intereses de la justicia. Por otra parte, la medida de prisión preventiva debe estar sometida a revisión judicial periódica.

Amnistía Internacional observará atentamente todas las actuaciones penales sobre este caso para evaluar si se respetan plenamente el derecho a un juicio con las debidas garantías y el derecho a la libertad.

Ante la inexistencia de una definición aceptada del término “preso/a político/a” en el derecho internacional y a la luz de los numerosos posibles significados que puede tener en su empleo cotidiano, Amnistía Internacional, por norma general, trata de evitar su uso. La organización utiliza ocasionalmente el término como término descriptivo abreviado en casos con un fuerte contexto político, pero prefiere evitarlo por el riesgo de que sea malinterpretado en el sentido de que implica un estatuto jurídico determinado. Más específicamente, Amnistía Internacional no emplea los términos “preso/a político/a” y “preso/a de conciencia” de forma indistinta y, en concreto, evita el uso del término “preso/a político/a” en situaciones en las que podría invitar erróneamente a inferir que la persona así calificada es un “preso/a de conciencia”.


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Los incidentes en Cataluña. Análisis de AM.INT

Actualización de la situación en Cataluña (AMN.INT.)

El uso excesivo de la fuerza por parte de la policía el 1 de octubre

Amnistía Internacional pudo documentar que tanto miembros de la Policía Nacional (Unidad de Intervención Policial) como agentes de la Guardia Civil hicieron uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, y hicieron uso inadecuado de material antidisturbios como pelotas de goma o sustancias químicas irritantes contra personas que hacían resistencia pacífica, todo ello en el contexto de una operación legítima para cumplir la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuyo objetivo era impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre en Cataluña (1-O).

Por otra parte, la actuación de las fuerzas de seguridad fue en ocasiones claramente obstaculizada. Según datos del Ministerio de Interior, a 9 de marzo de 2018, 58 agentes de la Policía Nacional y 37 agentes de la Guardia Civil habrían resultado heridos como consecuencia de esos impedimentos, y la organización ha podido visionar imágenes que muestran actitudes violentas por parte de manifestantes contra agentes.

No obstante, la Fiscalía sigue sin impulsar acciones para esclarecer la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ni coopera de manera activa en los casos que están ahora mismo abiertos en distintos tribunales en Cataluña, y el Ministerio de Interior sigue declarando que actuaron de forma proporcionada en todos los casos.

Amnistía Internacional ha pedido una investigación imparcial, exhaustiva, independiente y efectiva sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza, en la que los responsables sean llevados ante la justicia, y que se tomen medidas para que este tipo de actuaciones no se repita. Además, el Ministerio del Interior debe proceder a la retirada y suspensión del uso de las pelotas de goma que se emplean actualmente en España.

En estos momentos hay abiertas instrucciones en ocho juzgados catalanes que están investigando algunas de estas denuncias. Sin embargo, persiste la falta de interés e impulso por parte de la Fiscalía a las investigaciones sobre el uso excesivo de la fuerza, la falta de investigaciones internas por parte del Ministerio del Interior, y sus declaraciones exculpatorias de responsabilidad de los agentes.

El procesamiento de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart

El 16 de octubre, la jueza Lamela de la Audiencia Nacional dictó auto de prisión provisional contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes, respectivamente, de las organizaciones independentistas catalanas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. El pasado 6 de febrero, por decisión judicial se decidió prolongar la prisión provisional de Jordi Sánchez. Su causa también pasó al Tribunal Supremo, y tras la instrucción llevaba a cabo por el juez Llarena, se enfrentan a un delito de rebelión, ya que además de su responsabilidad en los hechos del 20 y 21 de septiembre, se les atribuye también su participación en la celebración del referendum del 1-O como elemento clave para la consecución de la independencia. El juez Llarena también confirmó la decisión de seguir manteniéndolos en prisión provisional.

Por los mensajes que publicaron en las redes sociales según los jueces, así como por algunas de las declaraciones que hicieron durante los sucesos, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart convocaron a la ciudadanía a concentrarse delante de unos edificios oficiales con el fin de impedir una operación policial legal ordenada por un juzgado de Barcelona que conllevaba el registro de varios edificios oficiales. Al parecer no animaron a los manifestantes a utilizar la violencia, y los actos esporádicos de violencia cometidos por manifestantes, como los daños causados a unos vehículos de la policía, no se les puede atribuir directa ni indirectamente en tanto que organizadores de las protestas.

Como ciudadanos particulares y presidentes de sendas organizaciones de la sociedad civil, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez tenían derecho a expresar sus opiniones contrarias a las actuaciones policiales acordadas por un Juzgado de Instrucción de Barcelona, consistentes, entre otras, en el registro de la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat. También tenían derecho a organizar reuniones pacíficas de apoyo al referéndum y a la independencia de Cataluña.

Mientras que el hecho de convocar a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita podría, de demostrarse, ser castigado, la presentación de cargos contra Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por delitos graves como la rebelión, y su prisión provisional, constituyen restricciones excesivas de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Por esta razón Amnistía Internacional pide que Jordi Sánchez y Jordi Cuixart sean puestos en libertad y que se retiren los cargos de rebelión.

Ante la posible comisión de un delito de orden público, Amnistía Internacional no les ha identificado como presos de conciencia*. La organización seguirá observando las actuaciones penales y estudiará las pruebas presentadas contra ellos.

El procesamiento de Carles Puigdemont y otros altos cargos catalanes

El 7 de septiembre de 2017, el Tribunal Constitucional acordó la suspensión del referéndum y el 17 de octubre resolvió que el referéndum sobre la independencia de Cataluña, previsto para el 1 de octubre (1-O), era inconstitucional. El derecho internacional de los derechos humanos no proporciona ninguna base para impugnar la legitimidad o el razonamiento jurídico de la providencia del Tribunal Constitucional.

De esta providencia se deduce que los actos de los altos cargos catalanes que participaron en la organización del referéndum del 1-O y en la posterior declaración de independencia el 27 de octubre fueron ultra vires y posiblemente constituyeron delito en virtud de la legislación española. Los actos cometidos por los altos cargos catalanes en el ejercicio de sus funciones oficiales para celebrar un referéndum ilegal no estaban protegidos ni por el derecho a la libertad de expresión ni por ningún otro derecho humano establecido en el derecho internacional.

El pasado 30 de octubre, el fiscal general del Estado español presentó una querella en la Audiencia Nacional contra el ex presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont i Casamajó y 13 exconsejeros del gobierno catalán, y otra en el Tribunal Supremo contra varios ex miembros de la Mesa del Parlamento catalán, incluida su presidenta, Carme Forcadell. Según el Fiscal General, todos ellos eran responsables penales de rebelión, sedición y malversación. Tras pasar toda la causa al Tribunal Supremo, el pasado 21 de marzo de 2018, el juez Llarena dictó un auto de procesamiento contra ellos por los delitos de rebelión y malversación de caudales públicos, estando en estos momentos a la espera de que se celebre el juicio oral.

El 2 de noviembre, la Audiencia Nacional ordenó la prisión provisional de ocho de los 13 exconsejeros. El 5 de noviembre, después de que una jueza de la Audiencia Nacional emitiera una orden europea de detención, Carles Puigdemont y cuatro ex consejeros fueron requeridos por la justicia belga y se personaron ante la policía, tras lo cual fueron puestos en libertad con medidas cautelares. El pasado 9 de noviembre, el Tribunal Supremo ordenó la libertad con fianza de los cinco miembros del Parlamento catalán. El 5 de diciembre, el juez del Tribunal Supremo español anuló las ordenes de detención. El 23 de marzo, algunos de los exconsejeros y la presidenta de la Mesa del Parlamento, que estaban en libertad bajo fianza, tuvieron que ingresar nuevamente en prisión por mandato del juez Llarena. El 25 de marzo de 2018, Carles Puigdemont fue detenido en Alemania tras reactivarse la orden europea de detención cuando regresaba en coche de un evento en el que participaba en Finlandia. El Tribunal de Schleswig-Holstein decretó su libertad con fianza a la espera de decidir sobre la extradición, si bien por la información aportada por la justicia española dicho tribunal no veía indicios de rebelión, según la figura análoga que existe en el Derecho alemán. El procedimiento de extradición continúa en marcha.

Si bien Amnistía Internacional reconoce que los consejeros y parlamentarios catalanes podrían haber cometido un delito legítimamente enjuiciable, los tribunales deben garantizar que las facultades discrecionales de enjuiciamiento no se ejercen de forma arbitraria o injustificada. Por otra parte, Amnistía Internacional no ha identificado ningún motivo que haga pensar que, caso de ser el expresidente y los exconsejeros extraditados a España, sean sometidos a un juicio que incumpla el derecho y las normas internacionales.

Amnistía Internacional no ha calificado a los altos cargos catalanes en prisión de presos o presas de conciencia*, pues la organización utiliza tal expresión únicamente para las personas que no deberían ser castigadas en modo alguno pero están privadas de libertad sólo por el ejercicio de sus derechos humanos (o por ciertos elementos de su identidad) y, por tanto, no han hecho nada que pueda interpretarse legítimamente como delito.

Sin embargo, según el artículo 472 del Código Penal español, el delito de rebelión exige el uso de la violencia para declarar la independencia de una parte del territorio nacional. En cuanto a que el gobierno catalán hizo un llamamiento a las personas a la movilización y a la oposición pacífica a varias operaciones policiales legítimas antes o durante el referéndum, de los datos de que dispone Amnistía Internacional no parece que se cumpla el requisito de la violencia para que exista el delito de rebelión, pero es la justicia la que tendrá que determinar el tipo penal y AI seguirá haciendo seguimiento para evaluar si hay juicio justo.

Amnistía Internacional no se pronuncia sobre la actual situación de prisión provisional de los seis exconsejeros del gobierno catalán y de la expresidenta de la Mesa del Parlamento. Tanto la jueza de la Audiencia Nacional como el auto de prisión del Juez Llarena justifican esta medida para todos ellos haciendo referencia a los requisitos previstos en la legislación española, a saber: la existencia de indicios de su participación en los delitos, el riesgo de fuga, el riesgo de reiteración delictiva y el riesgo de ocultación o destrucción de pruebas.

Según el derecho y las normas internacionales, el uso de la prisión preventiva sólo se justifica cuando no existe una medida alternativa que garantice los intereses de la justicia. Por otra parte, la medida de prisión preventiva debe estar sometida a revisión judicial periódica.

Amnistía Internacional observará atentamente todas las actuaciones penales sobre este caso para evaluar si se respetan plenamente el derecho a un juicio con las debidas garantías y el derecho a la libertad.

El acercamiento de Jordi Cuixart y dos exconsejeros presos

Los principios de Naciones Unidas para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, así como la reiterada jurisprudencia al respecto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, indican que los presos y presas deberían poder cumplir condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible y lo soliciten individualmente. En el caso de Jordi Cuixart, Oriol Junqueras y Raül Romeva, que han pedido poder estar más cerca de sus familiares y su arraigo personal, Amnistía Internacional considera que no hay ningún obstáculo para que se les facilite que puedan estar más cerca de su familia mientras están a la espera de juicio.

Ante la inexistencia de una definición aceptada del término “preso/a político/a” en el derecho internacional y a la luz de los numerosos posibles significados que puede tener en su empleo cotidiano, Amnistía Internacional, por norma general, trata de evitar su uso. La organización utiliza ocasionalmente el término como término descriptivo abreviado en casos con un fuerte contexto político, pero prefiere evitarlo por el riesgo de que sea malinterpretado en el sentido de que implica un estatuto jurídico determinado. Más específicamente, Amnistía Internacional no emplea los términos “preso/a político/a” y “preso/a de conciencia” de forma indistinta y, en concreto, evita el uso del término “preso/a político/a” en situaciones en las que podría invitar erróneamente a inferir que la persona así calificada es un “preso/a de conciencia”.