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Análisis y comentario al documento del Papa sobre la protección de menores. Texto de Vatican Insider

El Papa establece normas anti-abusos para el Estado vaticano y la Curia

Es obligatorio denunciar a públicos oficiales, se extiende la prescripción, equiparación entre menores y adultos vulnerables, destitución para culpables. Hay también una específica ley penal para el Estado pontificio y para los nuncios

La basílica de San Pedro

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Pubblicato il 29/03/2019
Ultima modifica il 29/03/2019 alle ore 15:39
IACOPO SCARAMUZZI
CIUDAD DEL VATICANO

Es obligatorio denunciar a todos los públicos oficiales, so pena de sanción para quien no lo haga, se extiende la prescripción a veinte años a partir de adultez, se equiparan con los menores de edad «los adultos vulnerables», vigilancia sobre los nuevos contratos, asistencia para las víctimas y destitución de los culpables. El Papa Francisco establece nuevas normas penales anti-abusos sexuales para el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Curia romana, incluidos los nuncios apostólicos.

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Francisco firmó no solo un nuevo “motu proprio” «sobre la protección de los menores y de los adultos vulneables» aplicable en el Estado de la Ciudad del Vaticano y para la Curia Romana, sino también una nueva ley (la número CCXCVII) para el Estado Pontificio y las consecuentes líneas guía, parecidas a las líneas guía que adopta cada una de las Conferencias Episcopales nacionales, pero dedicadas a la vida de los fieles del Vicariato de la Ciudad del Vaticano. El Vaticano aún no contaba con una normativa penal específica en materia de abusos sexuales; mientras tanto la Congregación para la Doctrina de la Fe se ha encargado de revisar que se apliquen las normas canónicas válidas para toda la Iglesia, incluso dentro del Vaticano. En 2013 el Papa Francisco promulgó nuevas normas penales sobre una serie de cuestiones, entre las que estaba la pederastia, pero no exclusiva ni detalladamente. Ahora llegan normas anti-abusos especificas.

«La tutela de los menores y de las personas vulnerables forma parte integral del mensaje evangélico que la Iglesia y todos sus miembros están llamados a difundir en el mundo», escribe el Papa en el “motu proprio”. «Cristo mismo, de hecho, nos ha encomendado el cuidado y la protección de los más pequeños e indefensos: “Quien acoja a un solo niño como este en mi nombre, me acoge a mí”. Todos tenemos, por lo tanto, el deber de acoger con generosidad a los menores y las personas vulnerables y de crear para ellas un ambiente seguro, teniendo particular atención en sus intereses. Esto exige una conversión continua y profunda, en la cual la santidad personal y el empeño moral puedan concurrir en la promoción de la credibilidad del anuncio evangélico y en la renovación de la misión educativa de la Iglesia». Como consecuencia, el Papa quiere reforzar aún más las normas institucionales «para prevenir y contrarrestar los abusos contra menores y contra personas vulnerables» tanto en la Curia romana como en el Estado de la Ciudad del Vaticano.

La nueva ley, de doce artículos, fue firmada el pasado 26 de marzo y entrará en vigor a partir del próximo primero de junio. Se basa en la normativa vigente, además de la Convención de la ONU sobre los derechos de la infancia (1989), para sancionar los «delitos en contra de los menores», definidos en la ley que promulgó el Papa en 2013 (venta de menores, violencia sexual contra menores, actos sexuales con menores, prostitución infantil, pedopornografía, posesión de material pedopornográfico) y equipara con los menores a la «persona vulnerable», que es definida con mayor precisión: «Es vulnerable toda persona en estado de enfermedad, de deficiencia física o psíquica, o de privación de la libertad personal que, de hecho, incluso ocasionalmente, limite su capacidad de comprender o querer y, como sea, de resistir a la ofensa».

El término de prescripción «es de veinte años y comienza, en caso de ofensa a un menor, desde el cumplimiento de su décimo octavo año de edad». La ley establece que «salvo el sigilo sacramental» de la confesión, «el público oficial, que en el ejercicio de sus funciones tenga noticia o fundados motivos para considerar que un menor es víctima» del delito «debe presentar la denuncia sin retraso», y «el público oficial que omite o indebidamente retrasa la denuncia indicada en el come anterior es castigado con una multa de entre mil y cinco mil euros». En cambio, «si el hecho es cometido por un agente u oficial de policía judicial, la pena es la reclusión hasta seis meses»; salvo el sigilo confesional, pues, se puede «presentar denuncia en daño de una persona, incluso completamente ajena a los hechos, que esté enterada de comportamientos que dañen a un menor». En el caso de que el acusado sea un sacerdote o un religioso, el Promotor de Justicia informará a su superior «para la adopción de las medidas previstas por el derecho canónico». La ley establece detalladamente también los derechos de la persona ofendida, incluidos los derechos a la privacidad, además de los particularidades sobre las audiciones de los menores durante los procesos; norma el desarrollo de las investigaciones, estableciendo la posibilidad de nombrar a un encargado especial en el caso de que los abogados que representen al menor incurran en el conflicto de interés; y establece cómo debe ser el proceder de los juicios. La ley indica que el presidente del Gobernatorado vaticano dispone líneas guía para la tutela de los menores y que la Dirección de Sanidad e Higiene dispone un «servicio de acompañamiento para las víctimas de abusos», que ofrece a la víctima escucha, asistencia médica, psicológica y jurídica (no se establece nada sobre indemnizaciones). La ley concluye con algunos artículos que norman la información y la formación necesaria para quienes trabajan en el Vaticano y el reclutamiento de personal idóneo para interactuar con menores.

En las «líneas guía para la protección de los menores y de las personas vulnerables para el Vicariato de la Ciudad del Vaticano», el Papa traduce en indicaciones prácticas y detalladas las normas para «los fieles residentes en el Estado, además de las Villas Pontificias de Castel Gandolfo», no solo relación con los abusos sexuales, sino, en general, para la tutela de los menores bajo todos los aspectos. Entre todos los temas que afronta destacan la prohibición de castigos corporales, la prohibición de pedir a un menor que «mantenga un secreto», la necesidad un adulto en compañía de un menor esté «siempre visible a los demás», los casos de acoso entre menores y los peligros de las redes sociales.

Es significativa la introducción de «un referente para la tutela de los menores, que coordina y verifica la actuación» de las líneas guía, nombrado por el Vicario general (que en la actualidad es el cardenal Angelo Comastri), quien, cuando «la noticia del delito no sea manifiestamente infundada», la «señala al Promotor de Justicia en el Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano y aleja al presunto autor de los hechos de las actividades pastorales del Vicariato».

Siempre hay que garantizar la «presunción de inocencia» y, si los delitos pueden ser reiterados, se prevé la aplicación de medidas cautelares. Si las acusaciones son infundadas, serán archivadas, pero conservadas. Para concluir, «quien sea declarado culpable» de haber cometido un delito «será destituido de sus encargos; se le ofrecerá, como sea, un apoyo adecuado para la rehabilitación psicológica y espiritual», así como en relación con la «reinserción social».

El objetivo de este conjunto de nuevas normas, explica el Papa en el “motu proprio”, es que se mantenga «una comunidad respetuosa y consciente de los derechos y de las necesidades de los menores y de las personas vulnerables, además de atenta a la prevención de todo tipo de violencia o abuso físico o psíquico, de abandono, de negligencia, de maltrato o de explotación que puedan suceder tanto en las relaciones interpersonales como en estructuras o lugares comunes»; se pretende con estas normas que «madure en todos –subraya Jorge Mario Bergoglio– la conciencia del de señalar los abusos a las Autoridades competentes y de cooperar con ellas en las actividades de prevención y de contraste y contraste; que se persiga eficazmente a norma de ley todo abuso o maltrato contra menores o contra personas vulnerables; que se reconozca a quienes afirman haber sido víctimas de explotación, de abuso sexual o de maltrato, además de a sus familiares, el derecho de ser acogidos, escuchados y acompañados; que se ofrezca a las víctimas y a sus familias un cuidado pastoral apropiado, además de un adecuado apoyo espiritual, médico psicológico y legal; que se garantice a los imputados el derecho a un proceso equitativo e imparcial, en el respeto de la presunción de inocencia, además de los principios de legalidad y de proporcionalidad entre el delito y la pena que se destituya de sus encargos al condenado por haber abusado de un menor o de una persona vulnerable y, al mismo tiempo, que se le ofrezca un apoyo adecuado para la rehabilitación psicológica y espiritual, incluso con vistas a su reinserción social; que se haga todo lo posible para limpiar el nombre de quien haya sido acusado injustamente; que se ofrezca – concluye el Pontífice – una formación adecuada para la tutela delos menores y de las personas vulnerables».


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Nuevas normas del Vaticano para la protección de menores y personas vulnerables.Valoración

Mons. Charles SciclunaMons. Charles Scicluna 

M. Scicluna sobre El Motu Proprio: indicaciones claras

Los aspectos más importantes de los tres documentos publicados este viernes, según Mons. Scicluna, Arzobispo de Malta y Secretario Adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe: Normas claras y protección de los derechos de las víctimas

Ciudad del Vaticano

Declaraciones de Mons. Scicluna

Mons. Scicluna en declaraciones para Vatican News afirmó que, antes que nada, “cabe señalar que existen dos ámbitos de aplicación de la ley: uno que se aplica como ley penal en el Estado de la Ciudad del Vaticano; otro que amplía esta jurisdicción a los empleados, a los funcionarios públicos de la Santa Sede que también trabajan en entornos extraterritoriales o fuera del territorio circunscrito del Estado de la Ciudad del Vaticano. Este es el Motu Proprio, como se dice en la jerga técnica”.

El tercer documento, muy importante, es de carácter pastoral. En el Estado de la Ciudad del Vaticano, que es también una entidad pastoral, hay dos parroquias: la de Santa Ana y la de San Pedro, que se ocupan de la protección de los menores y también de la atención a las víctimas. También hay menores que viven en el territorio, otros que lo visitan, otros que trabajan…. entonces había necesidad de tener directrices pastorales en esta área.

El prelado añadió: “Me gusta mucho el énfasis en los derechos de las víctimas y el hecho de que no sólo existe la obligación de denunciar los abusos -la falta de denuncia también se convierte en un delito del Estado de la Ciudad del Vaticano-, sino que también existen indicaciones legales y pastorales muy claras para ayudar a las víctimas”.

Declaraciones de Alessandro Gisotti

El Director “ad interim” de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, expresó: A un mes de la conclusión del encuentro sobre la Protección de los Menores en el Vaticano, deseado fuertemente por el Papa Francisco, se publican hoy tres documentos de gran importancia que responden a la exigencia de pasos concretos manifestada por el Pueblo de Dios en el enfrentar la plaga de los abusos a menores. Se trata del primer paso importante como consecuencia del encuentro de las Conferencias Episcopales, ya anunciado el pasado 24 de febrero.

Significativamente, los tres documentos – la ley sobre la protección de menores en el Estado de la Ciudad del Vaticano, el Motu proprio que extiende las normas a la Curia Romana y las líneas guía para el Vicariato de la Ciudad del Vaticano – han sido firmados por el Santo Padre. Estos actos refuerzan la protección de menores a través de la potenciación del cuadro normativo.

El Santo Padre desea que – también gracias a estas normas que conciernen al Estado de la Ciudad del Vaticano y la Curia Romana – madure en todos, la conciencia que la Iglesia deba ser cada vez más una casa segura para los niños y las personas vulnerables.

Declaración del P. Hans Zollner S.J.

El Padre Hans Zollner, presidente del Centro para la Protección de Menores de la Pontificia Universidad Gregoriana, sobre el Motu Proprio del Papa:

“Se pueden observar dos características interesantes: una es que se amplía el grupo de personas que están protegidas de una manera particular, porque la fórmula de “personas vulnerables” amplía la definición y también incluye a las personas que hasta ahora no habían sido equiparadas con menores. El segundo punto se refiere a la obligación de informar.

Este documento puede ciertamente ser un fuerte estímulo y un modelo para aquellas entidades, ya sean Conferencias Episcopales u organismos religiosos y congregaciones que aún no han redactado y aprobado sus Directrices.”


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Normas para la protección de menores en el Vaticano, a las que seguirán otras para la iglesia universal.

protección de menoresprotección de menores EDITORIAL

Estándares de vanguardia para la protección de menores

He aquí el sentido y las principales noticias presentes en los tres textos promulgados por Francisco para el Estado de la Ciudad del Vaticano y la Curia Romana

ANDREA TORNIELLI – Ciudad del Vaticano

El motu proprio sobre la protección de los menores y de las personas vulnerables, la nueva ley para el Estado de la Ciudad del Vaticano extendida también a la Curia romana, y las orientaciones pastorales -tres documentos firmados por el Papa Francisco- hace poco más de un mes después de la reunión, del pasado mes de febrero, que congregó a los presidentes de las Conferencias Episcopales de todo el mundo y que representan de alguna manera un primer fruto.

Se trata de leyes, normas e indicaciones muy específicas, en primer lugar, para los destinatarios: en realidad se refieren sólo al Estado Vaticano, donde un gran número de sacerdotes y religiosos trabajan, pero hay muy pocos niños. Aunque fueron concebidos y escritos para una realidad única en el mundo, en la que la máxima autoridad religiosa es también soberana y legisladora, estos tres documentos contienen indicaciones ejemplares que tienen en cuenta los parámetros internacionales más avanzados.

En el motu proprio, el único de los tres textos para los que la firma papal era indispensable, Francisco expresa su deseo de  “que todos sean conscientes del deber de denunciar los abusos a las autoridades competentes y de cooperar con ellas en las actividades de prevención y de lucha”, afirmando así un principio significativo.

El hecho de que el Papa decidiera firmar personalmente también la Ley CCXCVII y las Directrices – textos que en sí mismos podrían haber sido promulgados respectivamente por la Comisión para el Estado y por el Vicario de la Ciudad del Vaticano – indica el valor que estas normas pretenden dar.

El primero de los tres documentos es la nueva ley en la que el primer artículo contiene una definición precisa y amplia de la categoría de “adultos vulnerables” tratados como menores: “Es vulnerable toda persona en estado de enfermedad, deficiencia física o mental o privación de la libertad personal que, de hecho, incluso ocasionalmente, limite la capacidad de comprender o de querer o de resistirse a quien le ofende”.

Las innovaciones más significativas del texto son muchas

La primera se refiere al hecho de que, a partir de ahora todos los delitos relacionados con el abuso de menores, no sólo los de carácter sexual, sino también, por ejemplo, el maltrato, serán “perseguibles de oficio”, es decir, incluso en ausencia de un informe de oficio. La segunda novedad es la introducción de una prescripción de 20 años que comienza “en caso de delito a un menor, a partir de los 18 años”. Vale la pena recordar que aquí no estamos hablando de leyes canónicas, sino de leyes penales del Estado de la Ciudad del Vaticano, donde nunca se ha adoptado el Código Rocco promulgado en Italia durante el período fascista, el Código Penal de Zanardelli sigue siendo de aplicación, que para estos delitos preveía prescripciones que nunca llegaron más allá de cuatro años después de la comisión del delito en sí.

Otra novedad importante se refiere a la obligación de denunciar y sancionar al funcionario público que no denuncie ante la autoridad judicial vaticana los abusos de los que haya tenido conocimiento, sin perjuicio del sello sacramental, que es el secreto inviolable de la confesión. Esto significa que todos aquellos que, en el Estado y por extensión en la Curia Romana, pero también entre el personal diplomático al servicio de las nunciaturas, desempeñen el papel de funcionarios públicos (más del 90% de las personas que trabajan en el Vaticano o para la Santa Sede) serán sancionados en caso de no denunciar.

Otra innovación importante es la creación por el Governatorato, dentro de la Dirección de Salud e Higiene del Vaticano, de un servicio de acompañamiento para las víctimas de abusos, que será coordinado por un experto cualificado. Por lo tanto, las víctimas tendrán a alguien a quien recurrir en busca de ayuda, para recibir asistencia médica y psicológica, para que conozcan sus derechos y sepan cómo hacerlos respetar. Novedad también en lo que respecta a la selección y reclutamiento de personal del Governatorato y la Curia Romana: se debe determinar la idoneidad del candidato para interactuar con menores.

Finalmente, las Directrices Pastorales para el Vicariato de la Ciudad del Vaticano. Pueden aparecer como un documento breve en comparación con textos similares de algunas Conferencias Episcopales, pero hay que recordar que sólo hay dos parroquias en el Vaticano y que sólo viven unas pocas docenas de menores.

Las Orientaciones se dirigen a los sacerdotes, diáconos y educadores del Preseminario San Pío X, a los cánones, párrocos y coadjutores de las dos parroquias, a los religiosos y religiosas que residen en el Vaticano, así como a “todos aquellos que trabajan en cualquier cargo, individual o asociado, dentro de la comunidad eclesial del Vicariato de la Ciudad del Vaticano”. Se especifica, por ejemplo, que estas personas deben “ser siempre visibles para los demás cuando estén en presencia de menores”, que está estrictamente prohibido “establecer una relación preferencial con un solo menor, dirigirse a un menor de forma ofensiva o adoptar conductas inapropiadas o sexualmente alusivas, pedir a un menor que guarde un secreto, fotografiar o filmar a un menor de edad sin el consentimiento escrito de sus padres”. Y mucho más.

El Vicario de la Ciudad del Vaticano tiene ahora la obligación de informar al Promotor de Justicia de cualquier noticia de abuso que “no sea manifiestamente infundada”, retirando cautelosamente de las actividades pastorales al presunto autor del abuso. Cualquiera que sea encontrado culpable de abuso será “destituido de su cargo” en el Vaticano. Si es un sacerdote, entonces todas las normas canónicas ya en vigor toman el relevo.

A los documentos que acaban de salir a la luz, como se anunció a finales de la cumbre de febrero, seguirá la publicación por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe de un vademécum antiabuso para la Iglesia universal, y la creación de mecanismos para ayudar a las diócesis que carecen de personal cualificado para tratar estos casos.

El pasaje de Francisco es claro e inequívoco: “La protección de los menores y de las personas vulnerables es parte integrante del mensaje evangélico que la Iglesia y todos sus miembros están llamados a difundir en todo el mundo.