Miembros de comunidades indígenas llegan a Quito tras haber marchado durante diez días en protesta contra iniciativas legislativas sobre minería y agua, así como un  proyecto de reforma constitucional que habría permitido la reelección indefinida del presidente.

 © 2015 José Jácome/EFE

El mes pasado, países de América Latina y el Caribe adoptaron un acuerdo regional paradigmático sobre derechos ambientales, el primero que brinda garantías concretas a personas que defienden su derecho a un medioambiente saludable.En el Día de la Tierra, esta iniciativa es un oportuno recordatorio de los peligros y desafíos que siguen enfrentando los defensores ambientales en toda la región.

El tratado, adoptado en Escazú, Costa Rica, exigirá que los Estados que lo ratifiquen tomen medidas tendientes a reconocer y promover la labor de los defensores ambientales, así como medidas para prevenir e investigar ataques o amenazas contra ellos.

Consideremos el caso del líder shuar Agustín Wachapá, en Ecuador. En diciembre de 2016, tras un enfrentamiento entre policías y personas que se oponían a un proyecto minero, el entonces presidente Rafael Correa individualizó y calificó de violento a Wachapá —que en ese momento era presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar— en su programa de televisión de alcance nacional. Poco después del programa, el Ministerio del Interior presentó una denuncia penal contra Wachapá y un fiscal lo acusó de “incitación a la violencia”. Esta causa ha importunado a Wachapá desde entonces, pese a que la fiscalía no presentó pruebas significativas para sustentar las acusaciones. Se prevé que la justicia se pronuncie sobre el caso el 16 de mayo.

Otro caso pertinente es el de la activista ambiental Berta Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, asesinada en 2016. Para entonces, hacía años que Cáceres recibía amenazas de muerte por defender las tierras de su pueblo.

El Acuerdo de Escazú reconoce que el trabajo de los defensores ambientales, como Wachapá y Cáceres, es importante para la democracia y el desarrollo sostenible. Exige que las partes garanticen que las personas que defiendan su medioambiente y sus comunidades puedan trabajar de manera segura y sin restricciones ni amenazas.

El trabajo realizado por Human Rights Watch, junto con nuestros aliados, fue clave para que tales protecciones en beneficio de los defensores ambientales se incorporen al tratado. Trabajamos con delegados de Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú, así como con el Relator especial de la ONU sobre los Derechos Humanos y el Medioambiente, en la preparación del texto correspondiente a protecciones específicas para los defensores ambientales. Contribuimos a formar una coalición de organizaciones de la sociedad civil—incluidas organizaciones de derechos humanos y ambientales de Bolivia, Colombia, Ecuador y otros países de la región— que promovió la importancia de esas garantías.

La inclusión de esas protecciones es un paso importante para resguardar a los defensores ambientales, cuyo trabajo preserva la tierra para las personas que dependen de ella y para todos.