Manifestantes protestan contra la violencia policial y el gobierno del Presidente Daniel Ortega en Managua, Nicaragua, el 23 de abril de 2018.

 © 2018 Reuters

El Gobierno de Daniel Ortega ha prometido a los nicaragüenses la “verdad” sobre quiénes fueron los responsables por los muertos y decenas de heridos que han dejado las manifestaciones en las calles del país. Pero parece estar decidido a hacer exactamente lo contrario.

Desde mediados de abril, miles de nicaragüenses se han volcado a las calles en protesta contra los 11 años de Gobierno de Ortega. Denuncias creíbles sugieren que la policía empleó uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas y que furibundos militantes del gobierno agredieron a manifestantes pacíficos y a periodistas. En algunos casos, agentes policiales habrían cometido graves abusos contra manifestantes y transeúntes detenidos. En total, han muerto 47 personas, incluidos dos policías. Al menos 435 personas han resultado heridas.

El Gobierno ha culpado reiteradamente a los propios manifestantes y ha guardado silencio sobre los abusos policiales. El 19 de abril, la poderosa vicepresidenta Rosario Murillo, quien además es la esposa de Ortega, acusó a manifestantes “tóxicos” de “atenta[r] contra la paz y el desarrollo”. Murillo se quejó con vehemencia porque, según ella, el Gobierno habría hecho “un esfuerzo enorme” para asegurar la “armonía” y la “no violencia”.

Muchos hemos exigido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el principal órgano de derechos humanos de la región, lleve a cabo una visita en el terreno para investigar lo que ha acontecido. El Gobierno, sin embargo, se ha negado a autorizar dicha visita. En cambio, el 27 de abril, en lo que parece ser un burdo intento por apaciguar a los manifestantes, la mano derecha de Ortega en el Congreso, Gustavo Porras, anunció la creación de una comisión de la verdad.

La decisión recuerda una movida similar de Nicolás Maduro, firme aliado de Ortega, quien en 2017 anunció que una “comisión de la verdad” investigaría la “violencia política” en Venezuela. A pesar de la abrumadora evidencia que muestra que agentes de las fuerzas de seguridad habían cometido abusos violentos y sistemáticos contra manifestantes, incluidos asesinatos y torturas, la comisión bolivariana concluyó en septiembre pasado que las fuerzas de seguridad del régimen habían actuado “en estricto apego” a la ley.

Nadie debería sorprenderse si la comisión de la “verdad” de Nicaragua concluye que el Gobierno está exento de toda culpa, y que los verdaderos culpables son los manifestantes.

El 6 de mayo, una junta de siete legisladores – de los cuales cinco pertenecen al partido de Ortega – eligieron a los cinco miembros que integrarían la comisión. Ese mismo día, el bloque mayoritario de Ortega en el Congreso ratificó su designación. Todos los miembros de la Comisión tienen vínculos con el partido gobernante, lo cual menoscaba cualquier apariencia de imparcialidad.

Adolfo Jarquín Ortel, por ejemplo, es el actual subprocurador de derechos humanos de Nicaragua. Aunque en 2010 concluyó su mandato, Ortega dictó un decreto extendiendo su periodo en el cargo, en una decisión que muchos calificaron de inconstitucional. En julio de 2017, Jarquín manifestó en televisión que el Gobierno de Ortega “respeta y defiende los derechos humanos”, y acusó a sus críticos de ser “enemigos” del partido gobernante.

Del mismo modo, el cura de la teología de la liberación Uriel Molina, otro miembro de la comisión, ha apoyado militantemente hace años a Ortega. El 21 de febrero, declaró que el pueblo de Nicaragua “debía” las “ventajas… en este país” a los ideales revolucionarios que “se mantiene[n] en la persona del Comandante Ortega y de su señora esposa Rosario Murillo”. Jaime López Lowery, por su parte, es vicerrector de una universidad pública en Managua, donde dirige una organización estudiantil oficialista llamada “Consejo de Liderazgo Sandinista”.

Para colmo, las normas que regulan el funcionamiento de la cuestionada comisión nos hacen sospechar que se trata simplemente de una operación de maquillaje. Estas normas no incluyen, disposiciones básicas que son indispensables para el trabajo de cualquier organismo de este tipo. Por ejemplo, no aclaran cómo la comisión llevará a cabo su investigación, ni si será obligatoria la cooperación por parte de funcionarios públicos.

En lo que parece ser un intento por ocultar estas obvias deficiencias, el 10 de mayo Jarquín Ortel anunció que había pedido la “cooperación” de la Comisión Interamericana. La CIDH no cayó en la trampa y solicitó visitar el país para investigar por sí misma lo ocurrido antes de decidir si cooperaría con esa entidad. En efecto, a menos que se le autorice a visitar el país con toda la colaboración del gobierno, la CIDH no debería prestar ningún tipo de “cooperación” que le permita a Ortega y Murillo revestir a su “comisión de la verdad” con un barniz de credibilidad.

Cuando se conocieron las primeras muertes, los Gobiernos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y Perú – todos miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) – expresaron su “solidaridad” con los manifestantes que perdieron la vida. Pero pueden y deben hacer más. Deberían convocar a una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA en Washington, que reúne a los embajadores de los estados miembros, para denunciar la falta de credibilidad de la “comisión de la verdad” de Ortega y exigirle al Gobierno que permita de inmediato el ingreso de la CIDH al país.

Este artículo fue publicado antes de que el Gobierno de Nicaragua anunciase que aceptaría la visita de la CIDH.