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Bahrein: condenado por hacer uso de la libertad de expresión. Se exige su liberación

Bahréin: Confirmada la injusta sentencia condenatoria a Nabeel Rajab por unos tuits

© Private

En respuesta a la noticia de la confirmación en apelación de la sentencia condenatoria a Nabeel Rajab, destacado activista de derechos humanos de Bahréin, por expresar pacíficamente sus opiniones en Internet, Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional sobre Oriente Medio, ha declarado:

“El Tribunal de Apelación de Bahréin ha perdido una gran oportunidad para hacer lo correcto y dejar en libertad a Nabeel Rajab.”

“Su continua reclusión es una prueba más de la implacable determinación de las autoridades bahreiníes para aplastar el derecho a la libertad de expresión y silenciar cualquier crítica pacífica.”

“Resulta absolutamente indignante que tenga que pasar un sólo día más entre rejas sólo por expresar sus opiniones en Internet.”

“Las autoridades deben poner en libertad de inmediato a Nabeel Rajab y retirar todos los cargos que pesan contra él.”

 

En febrero de este año, Nabeel Rajab fue condenado a cinco años de prisión. La condena está relacionada con unas publicaciones y unos retuiteos hechos desde su cuenta de Twitter sobre presuntas torturas en la prisión bahreiní de Jaw y las muertes de civiles en el conflicto de Yemen a manos de la coalición dirigida por Arabia Saudí.

Ahora se espera que Nabeel Rajab interponga un último recurso ante el Tribunal de Casación de Bahréin.

Información complementaria

Nabeel Rajab, presidente del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, sufre un acoso y hostigamiento implacables por su labor pacífica en favor de los derechos humanos y lleva entrando y saliendo de prisión desde 2012 por diversos cargos relacionados con su activismo pacífico. Desde noviembre de 2014 tiene prohibido salir de Bahréin.

Nabeel Rajab está encarcelado desde junio de 2016, y en la última ronda de juicios, celebrada este año, se le impuso una pena adicional de dos años de prisión por unas entrevistas que concedió en televisión en 2015 y 2016. El Tribunal de Casación de Manama, capital de Bahréin, confirmó su condena el 15 de enero de 2018, declarándolo culpable de “difundir noticias, declaraciones y rumores falsos sobre la situación interna del reino que menoscaban su prestigio y posición”.

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España: AMN INT. denuncia los límites a la libertad de expresión.

Retrato de Nyto Rukeli
Nyto Rukeli © Amnistía Internacional

La libertad de expresión en España está bajo amenaza

Nyto Rukeli, de 23 años, fue detenido en 2016. El fiscal lo acusó de “enaltecimiento del terrorismo” por las letras de sus canciones. Letras como “Ni bajo tierra me callarán, no puede encarcelarse el arte”. En la misma operación fueron detenidos otros 11 raperos, miembros del colectivo La Insurgencia. Un grupo cuyo objetivo era “proporcionar una plataforma para que los músicos hablaran de cuestiones políticas”, según el propio Nyto. El 4 de diciembre de 2017 fueron condenados a dos años y un día de prisión cada uno, así como a nueve años de inhabilitación y a una multa de 4.800 euros.

En 2013, Alex García, cineasta de 23 años, abrió un canal de YouTube llamado Resistencia Films. Cuatro años más tarde, en julio de 2017, la policía le entregó una citación judicial y tuvo acceso a un informe policial de mil páginas en el que se enumeraban todos los vídeos del canal, fotografías, transcripciones de audio y las biografías de algunas de las personas entrevistadas. Alex fue acusado de “enaltecimiento del terrorismo” y puede ser condenado a dos años y un día de prisión, más nueve años de inhabilitación y una multa de 4.800 euros.

Usuarios de redes sociales, periodistas, profesionales del derecho y artistas musicales han sido procesados en España en virtud del artículo 578 del Código Penal, que prohíbe el “enaltecimiento” del terrorismo y la “humillación de las víctimas de los delitos terroristas”. El impacto de esta aplicación es devastador para las personas: cuantiosas multas, largos periodos de exclusión del sector públicopenas de prisión… y una consecuencia intangible: la autocensura por miedo a sufrir la represión.

El Gobierno español debe asegurar que se defienden los derechos de las víctimas del terrorismo en lugar de sofocar la libertad de expresión en su nombre. El artículo 578 del Código Penal debe ser derogado. Mientras tanto, deben retirarse todos los cargos formulados por expresarse pacíficamente.

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