Sarah Jamal Ahmed, de pie junto a carteles con imágenes de manifestantes muertos colocados en la vía pública. Jamal Ahmed es una socióloga de 24 años y fue activista durante la revuelta de 2011 en Saná.
Sarah Jamal Ahmed, de pie junto a carteles con imágenes de manifestantes muertos colocados en la vía pública. Jamal Ahmed es una socióloga de 24 años y fue activista durante la revuelta de 2011 en Saná.

© 2012 Panos/Abbie Trayler-Smith

“Nunca antes el Consejo de Seguridad y los gobiernos han tenido tanta información sobre las aberraciones sufridas por mujeres y niñas en conflictos armados, sin embargo, todavía actúan con extrema lentitud incluso para adoptar las medidas más elementales de ayuda”, dijo Sarah Taylor, defensora de derechos de la mujer, paz y seguridad de Human Rights Watch. “La ONU lleva 15 años de retraso en el cumplimiento de los compromisos de repudiar estos abusos, incluir a mujeres en mesas de negociación, proteger a víctimas de violencia y sancionar a los responsables”.

El informe de 20 páginas, “‘Nuestros derechos son fundamentales para la paz’: El lento avance en la implementación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de la ONU niega los derechos de mujeres y niñas en conflictos armados”, examina falencias en las acciones gubernamentales y de la ONU con respecto a la resolución 1325, tales como, que las mujeres continúen excluidas de las negociaciones de paz y la persistencia de la violencia sexual con escaso acceso a asistencia, entre otras cosas. El documento se elaboró a partir de investigaciones de campo y entrevistas mantenidas por Human Rights Watch con mujeres y jóvenes desde 2012 enAfganistán, Colombia, Irak, Libia, Nepal, Nigeria, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, laRepública Democrática del Congo y Uganda.

Las mujeres tienen escasa representación en diálogos de paz formales y con frecuencia quedan excluidas de los procesos de toma de decisiones que afectan su seguridad en situaciones de desplazamiento por conflictos, sostuvo Human Rights Watch. Es común que mujeres líderes de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos enfrenten riesgos incluso mayores en épocas de conflicto armado. La ONU, los gobiernos y la totalidad de las partes involucradas en todas las negociaciones, incluidos mediadores y facilitadores, deberían intervenir para garantizar la participación de mujeres, reconocer a los derechos de las mujeres como un factor prioritario en las negociaciones y cerciorarse de que las consideraciones que afectan a las mujeres se vean reflejadas en los acuerdos que finalmente se suscriban.

En conflictos armados, las mujeres y niñas pueden sufrir múltiples abusos, incluida la violencia sexual vinculada con conflictos. A pesar de compromisos expresados por distintos gobiernos y por la ONU, las acciones de prevención y el acceso a servicios todavía son sumamente frágiles, y en algunos casos directamente nulos.

“La experiencia traumática de las víctimas de violaciones sexuales se agrava durante el conflicto armado si no tienen acceso a atención médica, asesoramiento, anticoncepción de emergencia y un lugar de acogida seguro”, observó Taylor. “La ONU y los gobiernos deberían, además de manifestar consternación por la violencia contra mujeres y niñas, avanzar más allá de esto y hacer que su protección y el acceso a servicios sea una prioridad de sus respuestas a los conflictos”.

Las mujeres y niñas que sufren violaciones de derechos humanos en conflictos armados, incluida la violencia sexual, enfrentan obstáculos prácticamente insalvables al intentar obtener algún tipo de resarcimiento. La ONU y los gobiernos deberían asegurar que se impulsen investigaciones exhaustivas, creíbles e imparciales sobre hechos de violencia sexual y de género, y juzgar con las debidas garantías a los responsables, expresó Human Rights Watch.

El informe alerta sobre los desafíos que enfrentan mujeres y niñas durante conflictos, tales como:

  • Exclusión de las mujeres de las negociaciones con los talibanes en Afganistán;
  • Abusos enfrentados por mujeres activistas y otros civiles sirios;
  • Acceso deficiente a asistencia para mujeres desplazadas en Colombia; y
  • Ausencia de medidas de justicia contra responsables de violencia sexual en la República Democrática del Congo.

“Las mujeres y niñas cuyas vidas han sido devastadas por conflictos están cansadas de escuchar promesas”, expresó Taylor. “Es momento de que la ONU y los países miembros reconozcan a las mujeres y a sus derechos un lugar prioritario en las negociaciones y la asistencia”.