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Nuevas ejecuciones en Arabia Saudí?

Arabia Saudí: Catorce manifestantes pueden ser ejecutados tras juicios injustos

6 de junio de 2017

Arabia Saudí debe anular inmediatamente la condena a muerte impuesta a 14 miembros de la comunidad chií por delitos relacionados con protestas, han declarado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El Tribunal de Apelación del tristemente célebre Tribunal Penal Especializado confirmó en mayo las condenas impuestas hace un año —el 1 de junio de 2016— en un juicio manifiestamente injusto seguido contra 24 ciudadanos saudíes. El Tribunal Penal Especializado es el órgano judicial antiterrorista saudí.

“El aumento de las condenas a muerte impuestas a miembros de la comunidad chií de Arabia Saudí es alarmante e indica que las autoridades están utilizando esta pena para saldar cuentas y aplastar la disidencia so pretexto de combatir el ‘terrorismo’ y mantener la seguridad nacional”, ha afirmado Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio de Human Rights Watch.

El 25 de mayo, las familias de tres de los enjuiciados supieron por una llamada telefónica que el Tribunal de Apelación del Tribunal Penal Especializado había confirmado las condenas a muerte de sus familiares. Los familiares de otros dos enjuiciados llamaron posteriormente, el 28 de mayo, al Tribunal, donde les informaron de que las condenas impuestas a sus familiares y a todo el grupo de 14 personas habían sido confirmadas en apelación. Se desconoce la fecha exacta de la decisión del Tribunal de Apelación.

La documentación judicial muestra que todos los enjuiciados, incluidos los 14 condenados a muerte, estuvieron en detención preventiva más de dos años antes de que comenzara el juicio. Durante ese periodo, la mayoría estuvo en régimen de aislamiento, y las autoridades saudíes les negaron el acceso a sus familias y abogados mientras los interrogaban.

Desde 2013, Amnistía Internacional y Human Rights Watch vienen registrando un preocupante aumento de las condenas a muerte impuestas a disidentes políticos en Arabia Saudí, incluida la minoría musulmana chií. Las organizaciones saben de al menos 38 miembros de esta comunidad —que representa entre un 10% y un 15% de la población del país— condenados a muerte actualmente. Las autoridades saudíes acusaron a estas personas de actividades consideradas un riesgo para la seguridad nacional y las condenaron a la pena capital en actuaciones judiciales que adolecieron de graves deficiencias seguidas ante el Tribunal Penal Especializado.

 

“El simulacro de actuaciones judiciales que desembocó en la condena a muerte de 38 hombres y menores chiíes viola abiertamente las normas internacionales sobre juicios justos”, ha declarado por su parte Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional en Oriente Medio. “Las condenas deben ser anuladas de inmediato.”

Amnistía Internacional y Human Rights Watch obtuvieron y analizaron el texto de 10 sentencias judiciales —que afectaban a 38 personas— dictadas por el Tribunal Penal Especializado entre 2013 y 2016. La mayoría se refería a hombres y menores acusados de delitos relacionados con las multitudinarias manifestaciones celebradas en 2011 y 2012 en localidades de la Provincia Oriental donde la población es mayoritariamente musulmana chií.

En casi todas las sentencias analizadas, los procesados se retractaron de sus “confesiones”, alegando que habían sido coaccionados en circunstancias que en algunos casos constituían tortura, como palizas y reclusión prolongada en régimen de aislamiento. El Tribunal rechazó todas las denuncias de tortura sin investigarlas. Algunos procesados pidieron a los jueces imágenes de vídeo de la prisión en las que, según afirmaban, se los veía mientras eran torturados. Otros pidieron al Tribunal que citara como testigos a los interrogadores, para que describieran cómo se obtuvieron las “confesiones”. Los jueces ignoraron estas solicitudes en todos los casos.

Los jueces admitieron las “confesiones” como prueba y declararon posteriormente culpables a los enjuiciados basándose únicamente en ellas.

“Las condenas a muerte basadas en ‘confesiones’ obtenidas bajo coacción violan el derecho internacional de los derechos humanos y son repugnantes, aunque son un resultado demasiado habitual en los casos relacionados con la seguridad en Arabia Saudí”, ha dicho Lynn Maalouf. “Estos juicios por delitos punibles con la muerte incumplen incluso las garantías procesales más básicas.”

El 2 de enero de 2016, Arabia Saudí llevó a cabo la ejecución masiva de 47 hombres por “delitos de terrorismo.” Entre los ejecutados figuraba Ali Saeed al Ribh, cuya sentencia judicial indica que tenía menos de 18 años en el momento en que se cometieron algunos de los delitos por los que fue condenado a muerte. Como Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, Arabia Saudí tiene la obligación legal de garantizar que no se impone la pena de muerte ni la de cadena perpetua sin posibilidad de libertad a personas que eran menores de 18 años en el momento en que se cometió el delito.

Entre los condenados a muerte en espera de ejecución hay cuatro ciudadanos saudíes declarados culpables de delitos cometidos cuando eran adolescentes: Ali al Nimr, Dawoud al Marhoun, Abdullah al Zaher y Abdulkareem al Hawaj.

Entre los ejecutados el 2 de enero de 2016 estaba el destacado clérigo musulmán chií Sheikh Nimr Baqir al Nimr, tío de Ali al Nimr, que criticaba abiertamente al gobierno y que fue declarado culpable en un juicio manifiestamente injusto.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch se oponen a la pena de muerte en todos los casos sin excepción. La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y su carácter es excepcionalmente irrevocable. Está plagada, inevitable y universalmente, de arbitrariedad, prejuicio y error.

Hasta que se produzca la abolición total de la pena de muerte, las autoridades saudíes deben establecer inmediatamente una moratoria oficial de las ejecuciones y eliminar todas las disposiciones sobre esta pena que infringen el derecho internacional de los derechos humanos, como las que prevén su aplicación por delitos cometidos cuando el infractor era menor de edad y a personas que sufren discapacidad mental, han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Arabia Saudí es uno de los verdugos más prolíficos del mundo y ha ejecutado a más de 400 personas desde que comenzó 2014, en su mayoría por asesinato, delitos de drogas y terrorismo.

Además de celebrar juicios injustos, Arabia Saudí ha ejecutado a personas que eran presuntamente menores de edad cuando cometieron el delito y a delincuentes no violentos, como autores de delitos de drogas y de “delitos” como la brujería, lo que vulnera el derecho internacional, que restringe el uso de la pena de muerte a “los delitos más graves”, cuya definición suele incluir únicamente el homicidio intencional. Desde que comenzó 2014, Arabia Saudí ha ejecutado al menos a 147 personas por delitos no violentos de drogas.

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Irán: ejecuciones de quienes eran menores de edad en el momento del delito.

La ejecución de un hombre detenido cuando tenía 16 años evidencia el desprecio de Irán por los derechos de la infancia

Acto de Amnistía Internacional contra la pena de muerte. © AI

25 de mayo de 2017

Irán ha demostrado su absoluto desprecio por los derechos de la infancia al ejecutar a un hombre detenido por un delito que se cometió cuando tenía 16 años, violando sin disimulo el derecho internacional de los derechos humanos, ha manifestado Amnistía Internacional.

El hombre, a quien en los medios de comunicación oficiales se menciona sólo con el nombre de “Asqar”, había sido condenado a muerte por ahorcamiento público hacía casi 30 años. Fue ejecutado en la prisión central de Karaj, cerca de Teherán, el 23 de mayo de 2017.

“Con esta ejecución, las reiteradas afirmaciones de las autoridades iraníes ante la ONU y la UE sobre las medidas que están tomando en contra de la aplicación de la pena de muerte a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad suenan terriblemente a hueco. Es absolutamente espantoso que dos decenios después de haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, Irán continúe dando muestra de tan terrible desprecio por los derechos de la infancia”, ha señalado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.

 

“Es la tercera ejecución de una persona detenida cuando era menor de edad que se lleva a cabo este año en Irán, lo que demuestra la clara determinación de las autoridades a continuar incumpliendo el derecho internacional de los derechos humanos. Las autoridades deben detener toda nueva ejecución prevista y reformar el Código Penal Islámico de Irán para abolir de una vez por todas el uso de la pena de muerte contra personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad.”

“Asqar” había sido condenado a muerte en 1988, tras ser declarado culpable del mortal apuñalamiento de un vecino de 12 años, según los medios de comunicación oficiales. El Tribunal Supremo confirmó posteriormente la condena. Tenía que haber sido ejecutado a los 18 años, pero poco antes de la fecha prevista para la ejecución se fugó de la prisión, y no volvieron a detenerlo hasta abril de 2015.

Irán es uno de los pocos Estados que ejecutan todavía a personas por delitos cometidos siendo menores de edad. El derecho internacional de los derechos humanos prohíbe terminantemente el uso de la pena de muerte contra personas menores de 18 años en el momento del delito.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de quién sea la persona acusada, de su culpabilidad o inocencia, del delito cometido y del método de ejecución. La organización ha pedido reiteradamente a todos los países que hacen todavía uso de la pena de muerte que establezcan una moratoria oficial de las ejecuciones con miras a abolirla.

 

 


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ONU condena ejecuciones ordenadas por Hamas en Gaza

La ONU condena las ejecuciones ordenadas por Hamas en Gaza

Un mercado en una céntrica calle de Gaza. Foto: Banco Mundial/Arne Hoel

26 de mayo, 2017 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos repudió la ejecución del jueves de tres hombres, ordenada por las autoridades de Gaza.

Las ejecuciones equivalen a una privación arbitraria de la vida, dijo la Oficina en un comunicado emitido este viernes.

La dependencia de la ONU explicó que las leyes internacionales establecen condiciones muy estrictas para la aplicación de la pena de muerte, entre ellas el cumplimiento meticuloso de las normas de un juicio justo.

La Oficina consideró que esta condición no fue respetada, además de que la llamada corte militar no permite la posibilidad de apelación o clemencia.

Además, indicó que dos de los hombres eran civiles y no deberían haber sido juzgados por una corte militar.

Con estos casos suman 28 las condenas de ese tipo llevadas a cabo por las autoridades de Gaza desde que Hamas subió al poder en 2007, nueve de las cuales ocurrieron en los últimos 12 meses.

Finalmente, la Oficina del Alto Comisionado repudió el espíritu de celebración pública que se hizo de las ejecuciones.

Por último, reiteró el llamado a las autoridades de Gaza para que dejen de llevar a cabo nuevas ejecuciones; pongan fin a la práctica de juzgar a los civiles ante tribunales militares; y cumplan con todas sus obligaciones bajo el derecho internacional.