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Las drogas y el desarrollo humano integral. El Papa

El Papa: “Las drogas, una herida en nuestra sociedad, una esclavitud química”

Discurso del Papa Francisco a los participantes en la Conferencia Internacional “Drogas y adicciones: un obstáculo para el desarrollo humano integral”, a quienes recibió en audiencia este sábado, 1 de diciembre, en la Sala Clementina del Vaticano.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano

“La Iglesia, junto con las instituciones civiles, nacionales e internacionales y los diversos organismos educativos, está activamente comprometida en todo el mundo en la lucha contra la propagación de las adicciones, movilizando sus energías en proyectos de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción para devolver la dignidad a quienes han sido privados de ella”, lo dijo el Papa Francisco a los participantes en la Conferencia Internacional “Drogas y adicciones: un obstáculo para el desarrollo humano integral”, a quienes recibió en audiencia este sábado, 1 de diciembre, en la Sala Clementina del Vaticano.

El preocupante fenómeno de la droga

En su discurso a los participantes en este Evento organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, el Santo Padre recordó que, en estos días han afrontado temas y problemáticas relacionadas con el preocupante fenómeno de la droga y las viejas y nuevas adicciones que obstaculizan el desarrollo humano integral. “Toda la comunidad en su conjunto – afirmó el Pontífice – es interpelada por las actuales dinámicas socioculturales y formas patológicas derivadas de un clima cultural secularizado, marcado por el capitalismo de consumo, la autosuficiencia, la pérdida de valores, el vacío existencial, la precariedad de los vínculos y las relaciones. Las drogas, como ya se ha señalado en varias ocasiones – puntualizó el Papa – son una herida en nuestra sociedad, que atrapa a muchas personas en sus redes. Son víctimas que han perdido su libertad a cambio de esta esclavitud, de una dependencia que podemos llamar química”.

“Todos estamos llamados a combatir la producción, el procesamiento y la distribución de drogas en el mundo”

Drogas, vieja y nueva forma de esclavitud

El Papa Francisco recordando que, el consumo de drogas causa daños muy graves a la salud, a la vida humana y a la sociedad, dijo que todos estamos llamados a combatir la producción, el procesamiento y la distribución de drogas en el mundo. “Es deber y tarea de los gobiernos afrontar valientemente esta lucha contra los traficantes de muerte. El espacio virtual se está convirtiendo en un espacio cada vez más arriesgado – puntualizó el Pontífice – en algunos sitios de Internet, los jóvenes, y no sólo ellos, son atraídos y arrastrados a una forma de esclavitud de la que es difícil liberarse y que conduce a la pérdida del sentido de la vida y, a veces, de la vida misma”.

Ante este preocupante panorama, afirmó el Santo Padre, la Iglesia siente la urgente necesidad de establecer en el mundo contemporáneo una forma de humanismo que sitúe a la persona humana en el centro del discurso socioeconómico y cultural; un humanismo que tenga como fundamento el “Evangelio de la Misericordia”. De ahí que los discípulos de Jesús se inspiren para llevar a cabo una acción pastoral verdaderamente eficaz a fin de aliviar, curar y sanar los muchos sufrimientos vinculados a las múltiples dependencias presentes en la escena humana.

“Las drogas, como ya se ha señalado en varias ocasiones son una herida en nuestra sociedad, que atrapa a muchas personas en sus redes”

La Iglesia y el mundo unidos en la lucha contra la droga

En este sentido, el Papa Francisco precisó que, la Iglesia, junto con las instituciones civiles, nacionales e internacionales y los diversos organismos educativos, está activamente comprometida en todo el mundo en la lucha contra la propagación de las adicciones, movilizando sus energías en proyectos de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción para devolver la dignidad a quienes han sido privados de ella. “Para superar las adicciones es necesario tener un compromiso sinérgico, involucrando a las diferentes realidades presentes en el territorio en la implementación de programas sociales orientados a la salud, al apoyo familiar y, sobre todo, a la educación. En esta perspectiva – señaló el Papa – me uno a las intenciones que han formulado ustedes en su conferencia, para pedir una mayor coordinación de las políticas de lucha contra la droga y contra la dependencia, así como la creación de redes de solidaridad y proximidad con los afectados por estas enfermedades”.

“Para superar las adicciones es necesario tener un compromiso sinérgico, involucrando a las diferentes realidades presentes en el territorio”

Ayudemos a los que han salido del túnel de las drogas

Antes de concluir su discurso, el Papa Francisco agradeció a los participantes en esta Conferencia Internacional por la contribución que han hecho en estos días de estudio y reflexión. “Les animo a que continúen, en los distintos ámbitos en los que trabajan, su labor de animación y apoyo también a favor de los que han salido del túnel de las drogas y de las distintas adicciones. Estas personas – puntualizó el Pontífice – necesitan la ayuda y el acompañamiento de todos nosotros, para que, a su vez, puedan aliviar el sufrimiento de tantos hermanos y hermanas en dificultad. Encomiendo vuestro compromiso y vuestras buenas intenciones a la intercesión de María Santísima Salud de los Enfermos y, mientras les pido que recen por mí, les bendigo de corazón a todos vosotros, a vuestras familias y a vuestras comunidades”.

 

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Afganistán: la producción de opio y sus efectos perniciosos

Afganistán: El opio da de comer, pero a un precio muy alto

UNODC
Cultivos de opio.

21 Mayo 2018

La producción de esta sustancia se ha convertido en la base de la subsistencia de muchas comunidades en el país, pero esta práctica conlleva un lastre importante. Según la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, este mercado ilegal atrae la violencia, aleja la inversión y favorece a los grupos insurgentes, sirviendo como forma de financiación.

Un nuevo informe de la agencia que combate las drogas ilícitas y la delincuencia internacional expone que, en Afganistán, el cultivo de opio permite a las familias rurales, y generalmente empobrecidas, adaptarse a los desafíos sociales y económicos.

De hecho, se estima que el año pasado, el sector proporcionaba empleo a cerca de 354.000 trabajadores locales e inmigrantes y que los salarios llegaban a duplicar los de otras actividades agrícolas.

Pero mantener este mercado conlleva un alto coste dado que, al atraer inestabilidad y violenciadesalienta la inversión pública y privada. Esto conduce a un círculo vicioso en el que la inseguridad, a su vez, incentiva la producción de drogas, que en el caso del opio ha aumentado un 63 % en el último año.

Gobierno, inseguridad y drogas

El documento establece un vínculo directo entre la falta de control gubernamental, la inseguridad y la creciente producción de opiáceos.

En un país como Afganistán, donde las autoridades carecen del poder suficiente para mantener el orden y la estabilidad, el cultivo de esta droga solo facilita la labor de los insurgentes y los opositores. De hecho, se estima que, en 2017, estos grupos percibieron entre 116 y 184 millones de dólares por medio de “impuestos” que gravan la producción.

El problema de los estupefacientes requiere, por lo tanto, una estrategia integral con soluciones a todos los niveles: para hacer frente al cultivo de opio, se necesitan instituciones sólidas, capaces de ofrecer alternativas de subsistencia a sus ciudadanos y hacer frente al comercio ilegal.

Una responsabilidad internacional

Pero el problema del opio no atañe solo a Afganistán. De hecho, los grupos afganos reciben generalmente los beneficios de la producción, mientras que su venta y distribución se producen en países de Europa y Asia, generando cantidades muy superiores. En 2015, por ejemplo, se estima que el tráfico de opio y heroína generó cerca de 28.000 millones de dólares, más que el producto interior bruto de Afganistán.

Por lo tanto, la responsabilidad de frenar la producción de opio en el país también depende de que la comunidad internacional combata el tráfico de estos estupefacientes. Las medidas deben abordar todas las fases de la cadena de suministro, desde su origen


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Atención a la carga de los contenedores: armas, drogas?

Récord de incautaciones de cocaína en los puertos de América Latina

UNODC
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha puesto en marcha un programa de formación para las fuerzas de seguridad encargadas de las aduanas en América Latina.

26 Abril 2018

Fuerzas de seguridad entrenadas por la ONU han interceptado grandes alijos de cocaína en una serie de operaciones que tenían por objetivo registrar los contenedores de los puertos de la región.

Cada año, más de 720 millones de contenedores se mueven por los mares y puertos del planeta, transportando el 90 % del cargamento mundial. La mayoría de los cargamentos se trata de bienes lícitos, pero en muchas ocasiones son usados para el transporte de drogas, armas y otros artículos ilegales.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha puesto en marcha un programa de formación para las fuerzas de seguridad encargadas de las aduanas en América Latina.

La iniciativa, llevada a cabo juntamente con la Organización Mundial de Aduanas y el Programa de Control de Contenedores, busca detectar e interrumpir el flujo de bienes ilegales y aumentar al mismo tiempo el comercio legal y los ingresos de los estados.

En 2018, la Unidad de Control de Puertos y la Policía de los países que participan en el programa han sido capaces de lograr grandes incautaciones tanto de droga como de los precursores químicos necesarios para producirla.

Los expertos de la citada Oficina han registrado 18 operaciones que consiguieron intervenir 8,9 toneladas de cocaína, además de la incautación de 18 contenedores que infringían las normas.

Recientemente, la Unidad de Control de Puertos en Ecuador incautó dos contenedores con más de una tonelada de cocaína, mientras que en Brasil se logró detener el mayor alijo en la historia de la ciudad de Santos, que contenía 2,8 toneladas, y en Puerto Callao se aprehendieron 1,5 toneladas.

“Las Unidades de Control de Puertos se han convertido en uno de los programas más efectivos del mundo. Ayuda a los Estados miembros a construir la capacidad y adquirir la experiencia para identificar e intervenir contenedores sospechosos de contener drogas, armas, medicinas falsificadas, animales en peligro de extinción, y otros artículos de contrabando”, dijo Tofik Murshudlu, representante de la Oficina contra la Droga y el Delito.

Estas Unidades operan en 14 países de América Latina desde Argentina y Brasil hasta Honduras y Panamá. También incluyen otros países del Caribe como Jamaica y Guyana.

El programa cuenta como principales donantes a Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea.


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El tráfico y consumo de drogas ilícitas en América. Informe ONU

UNODC/Ioulia Kondratovitch
Las medidas puramente represivas contra el narcotráfico no son efectivas.

1 Marzo 2018

Un nuevo informe recomienda invertir en el tratamiento de las personas drogodependientes y en el acceso a estos servicios de salud para las mujeres, los migrantes y las personas de bajos recursos.

La crisis de los opioides y el consumo de cocaína en América del Norte, el transporte de drogas en América Central y el Caribe y el cultivo de coca en América del Sur son preocupaciones que llevan un buen tiempo en la agenda de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Su más reciente informe aporta los últimos datos sobre la situación mundial de las drogas y revela indicios esperanzadores para el futuro.

Centroamérica y el Caribe

El informe constata que se trata de una región que continúa siendo una importante zona de tránsito de drogas ilícitas procedentes de los países productores, especialmente de América del Sur, como Colombia y Perú.

El 76% de la cocaína que se introdujo a Estados Unidos atravesó Centroamérica y México. El principal punto de reexpedición del tráfico fue la República Dominicana, con un total de más de 80 toneladas incautadas.

Además, se han perdido cientos de hectáreas de bosques en Guatemala, Honduras y Nicaragua debido al tráfico de cocaína.

A través del tráfico de drogas se compran tierras con el fin de blanquear el dinero mediante la tala ilegal y la ganadería, también se abren pistas de aterrizaje y se perjudican importantes zonas de estos tres países que sufren los embates del tráfico ilícito de cocaína y la deforestación de su zona”, declara Luis Otálora Peñaranda, miembro de la Junta en el Perú.

Frente a ello, los gobiernos de la región han redoblado su esfuerzo para combatir el narcotráfico y la delincuencia transfronteriza. Por ejemplo, El Salvador, Guatemala y Honduras crearon la Fuerza de Tarea Trinacional para mejorar su cooperación en ese ámbito.

A través del tráfico de drogas se compran tierras con el fin de blanquear el dinero mediante la tala ilegal y la ganadería.

En cuanto al consumo, el informe asegura que se necesitan mejores datos para formular políticas y programas de reducción de la demanda de drogas ya que la región carece de estadísticas actualizadas.

Se ha detectado que el cannabis es la droga que más se consume en la región y con unos índices de prevalencia de apropiadamente 2,1% de las personas de 15 a 64 años”, afirma Otálora.

América del Norte

En los Estados Unidos, el número de muertes por sobredosis de opioides reportadas en 2016 fue superior a 64.000.

“Se trata de grandes medicamentos, muchos de ellos sujetos a prescripción médica que contienen diversos tipos de sustancias aparentemente benefactoras de la salud, pero con el abuso y la amenaza de sobredosis se ha generado una estadística muy preocupante en lo que respecta a la pérdida de vidas.  La cifra de muertos por sobredosis ha pasado a 142 muertes por día en el 2016, lo que ha originado que el gobierno federal tome medidas”, dice el representante de la JIFE.

La situación no es alentadora tampoco en Canadá, donde el número de sobredosis por estas drogas aumentó en un 194% de 2015 a 2016.

“Existe una sobre posición de las recetas médicas propiciadas muchas veces por campañas de las grandes empresas farmacológicas, que han generado un problema de salud pública y que la JIFE ha tomado debida nota de este problema y viene trabajando juntamente con las autoridades para hacer frente a este fenómeno”, agrega Otálora.

Además, desde la legalización del cannabis con fines recreativos en los Estados Unidos se ha producido un aumento del número de niños expuestos accidentalmente a esta sustancia. En el estado de Washington, el Centro de Toxicología reportó una mayor cantidad de llamadas y casos en relación con la intoxicación accidental de menores.

Desde la legalización del cannabis con fines recreativos en los Estados Unidos se ha producido un aumento del número de niños expuestos accidentalmente a esta sustancia.

“En el caso de América del Norte, lo que se recomienda es una atención especial y un apoyo internacional para respaldar los esfuerzos del gobierno federal para hacer frente a la crisis de los opioides”, dijo el experto de la JIFE.

América del Sur

La superficie dedicada al cultivo de arbusto de coca en Colombia experimentó un aumento de más del 50%, de 96.000 hectáreas en 2015 a más de 146.000 en 2015.

“Sin embargo esta lamentable constatación tiene un revés de la medalla que es alentador, porque Colombia acaba de subscribir un acuerdo histórico con las Naciones Unidas a través del cual va a invertir más de quinientos  millones de dólares para desarrollo alternativo para hacer frente no solamente al incremento de la superficie cocalera en la región sino también para desarrollar un programa inédito de inserción social de las poblaciones, producto del acuerdo de paz que ha conseguido este país”, afirma Otálora.

La Junta de Fiscalización expresó preocupación en su informe ante una ley que permite aumentar el cultivo de coca en Bolivia. El gobierno aprobó el año pasado la medida que permite cultivar hasta 22.000 hectáreas para el consumo del arbusto con fines tradicionales, sin embargo, algunos estudios demuestran que esto supera la superficie necesaria para satisfacer el consumo tradicional.

A pesar de las cifras, América del Sur reforzó la cooperación en los planos bilateral y multilateral. Los países de la región mejoraron el intercambio de información para ofrecer una respuesta adecuada a las actividades ilícitas relacionadas con las drogas mediante la coordinación de políticas y de las operaciones.

“Se exhorta a los gobiernos a hacer un seguimiento especial a los esfuerzos que viene haciendo el  de Colombia para enfrentar de la manera más asertiva el problema de drogas y del tráfico de cocaína que es el desarrollo de la alternativa integral y sostenible y el trabajo con las poblaciones rurales a través de la entrega de títulos, la construcción de carreteras, el crédito bancario que es para el desarrollo de otros cultivos alternativos y que es a mejor manera de enfrentar el problema de las drogas en este aspecto concreto de la siembra ilegal de Coca”, dice Luis Otálora Peñaranda.

Otro aspecto resaltado por el informe es la puesta en marcha de iniciativas para regular el uso del cannabis para fines médicos y científicos en Argentina, Colombia, Paraguay y Perú.

UNAMA/Eric Kanalstein
Una mujer afgana fuma heroína con su marido y su hijo en una cueva de Islam Qala, Herat.

Solo una de cada seis personas adictas a las drogas tiene acceso a tratamiento

Uno de los puntos centrales del estudio de la Junta este año y de aplicación a nivel mundial, es destacar que menos del 20% de las personas que necesitan tratamiento por drogodependencia tiene acceso a programas de ayuda, y aun cuando se dispone de estos, son a menudo de mala calidad.

“Reconocer que el tratamiento de la drogodependencia es un elemento del derecho a la salud contribuye a acabar con el estigma y la discriminación, que con demasiada frecuencia suponen un impedimento para el acceso al tratamiento”, expresó Viroj Sumyai, presidente de la JIFE.

La estigmatización de las personas que consumen drogas también afecta considerablemente sus perspectivas de integración social.

El informe resalta que la estigmatización de las personas que consumen drogas también afecta considerablemente sus perspectivas de integración social.

El estudio exhorta a los gobiernos a prestar especial atención al tratamiento, la rehabilitación y la reinserción social de poblaciones específicas que sufren este flagelo, tales como las mujeres, los marginados sociales, los migrantes y los refugiados, las minorías étnicas y los reclusos, y ofrecerles tratamientos específicos que tengan en cuenta su contexto personal.

Otras recomendaciones

  1. Los Estados deben recabar datos sobre la prevalencia de los trastornos relacionados con el consumo de drogas y la accesibilidad y utilización del tratamiento.
  2. Invertir en servicios disponibles y accesibles de tratamiento y rehabilitación basados en datos científicos.
  3. Asegurar la coordinación entre los organismos gubernamentales y los ministerios en sus actividades destinadas a reducir la oferta y la demanda de las drogas.
  4. Prestar su debida atención al tratamiento de la adicción a las drogas como parte de las demás necesidades de salud y bienestar.
  5. Proporcionar asistencia financiera y técnica a los países de ingresos bajos y medianos para mantener programas de tratamiento.
  6. Promover la investigación de las intervenciones más recientes.
  7. Los tratamientos deben ser asequibles, de calidad y voluntarios.  Nunca debe administrarse a la fuerza.

“La JIFE está convencida de que si los líderes, los encargados de formular políticas y la sociedad en general prestan especial atención a las necesidades de tratamiento de las personas, los efectos en la salud de algunos grupos de población a menudo desatendidos serán considerables”, dice el presidente de la Junta.


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AMN.INT. pide que se investiguen los crímenes del gobierno en la lucha contra la droga.

Filipinas: La CPI debe examinar los crímenes de la “guerra contra las drogas”

Detenidos en una operación en el marco de la “guerra contra las drogas” del presidente Rodrigo Duterte. NOEL CELIS/AFP/Getty Images

En la “guerra contra las drogas” se actúa con impunidad incluso con los homicidios de niños y niñas que pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad

La Corte Penal Internacional (CPI) debe abordar con carácter de urgencia un examen preliminar de los crímenes de lesa humanidad —incluido el asesinato de decenas de niños y niñas— perpetrados durante la mortífera “guerra contra las drogas” del presidente de Filipinas Rodrigo Duterte, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

La policía ha matado a miles de personas desde que Duterte subió al poder en junio de 2016, pero ni un solo agente ha rendido cuentas por ninguno de los crímenes cometidos.

“Ya es hora de que entren en juego los mecanismos de la justicia internacional para acabar con la matanza que se está produciendo en las calles de Filipinas poniendo a sus perpetradores en manos de la justicia. La judicatura y la policía del país se han mostrado reacias a exigir responsabilidades a los homicidas de la ‘guerra contra las drogas’ e incapaces de hacerlo”, ha dicho James Gomez, director regional de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y Oceanía.

“La CPI debe iniciar un examen preliminar sobre la situación y apuntar bien alto: la responsabilidad no se limita únicamente a quienes aprietan el gatillo, sino también a quienes ordenan o fomentan los asesinatos y otros crímenes de lesa humanidad.”

“El presidente Duterte y otros altos cargos del gobierno han defendido abiertamente los homicidios, lo cual podría hacerlos responsables penalmente en virtud del derecho internacional.”

 

 

Crímenes contra niños y niñas

La petición de Amnistía Internacional a la CPI se produce en un momento en el que cada vez son más los indicios de crímenes de lesa humanidad contra niños y niñas en la “guerra contra las drogas”. Desde junio de 2016 han muerto hasta 60 menores en operaciones antidroga.

Amnistía Internacional ha oído relatos de familiares que presenciaron cómo la policía disparaba a los menores a bocajarro mientras éstos suplicaban piedad.

“Me apuntaron con una pistola en la cabeza [y] me dijeron que saliera […] Oí gritos y tres disparos, seguidos de otros tres”, contó O., la pareja de un muchacho de 17 años a quien mataron tras despertarlo en mitad de la noche.

Un equipo de investigación de Amnistía Internacional fue testigo del hacinamiento y las condiciones insalubres en que se mantenía a gran número de menores sospechosos de haber cometido delitos relacionados con las drogas en centros de retención de menores de la capital, Manila. Algunos decían que la policía los había golpeado y torturado durante su arresto, y afirmaban que les había tendido una trampa al obligarlos a posar en fotos con drogas colocadas por los agentes.

En agosto, el homicidio de Kian de los Santos, de 17 años, provocó la indignación en el país. La policía afirmó que los disparos habían sido en defensa propia, pero las imágenes grabadas por cámaras de circuito cerrado de televisión y las declaraciones de testigos indicaban que unos agentes sin uniformar se habían llevado a rastras al adolescente, que estaba desarmado, y lo habían matado a tiros en un callejón.

Tras la atención internacional que despertó el caso, más de 12 policías fueron investigados por el homicidio, sin que nadie haya rendido aún cuentas.

La CPI indicó recientemente que investigará los crímenes contra niños y niñas y les prestará especial atención.

“La policía de Filipinas ha matado a decenas de niños y niñas desde 2016. También los ha sometido a torturas, los ha detenido en terribles condiciones y ha destrozado familias”, ha afirmado James Gomez.

“El caso de Kian de los Santos ha provocado una lógica indignación. Las flagrantes mentiras de los agentes para intentar ocultar su papel en el asesinato a sangre fría de un adolescente demuestran que no se puede confiar en que la policía se investigue a sí misma.”

Es hora de que actúe la CPI
En enero de 2017, Amnistía Internacional recomendó que, si las autoridades filipinas no tomaban medidas de alcance para poner fin a los homicidios relacionados con las drogas, la CPI iniciara un examen preliminar.

La organización pidió que se pusiera fin de inmediato a las ejecuciones extrajudiciales y también que las autoridades, incluido el presidente, dejaran de fomentar y estimular la comisión de tales crímenes. Amnistía instó también a que las autoridades abrieran una investigación imparcial y eficaz sobre todos los presuntos homicidios ilegítimos.

Sin embargo, las autoridades filipinas han hecho oídos sordos a estos llamamientos.

“¿Cuántos cadáveres acribillados a balazos deberán encontrarse tirados en las calles para que la comunidad internacional actúe?”, se pregunta James Gomez.

“La CPI debe actuar ya. Creemos que la ‘guerra contra las drogas’ se ajusta a los criterios de delito de lesa humanidad del Estatuto de Roma y que es necesaria la presión internacional para persuadir a las autoridades filipinas de que cambien de rumbo.”


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Colombia: desde Cartagena último llamamiento del Papa en su visita

“Condeno con firmeza la lacra del narcotráfico, mantenida y sostenida por hombres sin escrúpulos”

Desde Cartagena, en la última Misa del viaje, el Papa volvió a hablar sobre el proceso de paz en Colombia: «Nada podrá reemplazar el encuentro reparador; ningún proceso colectivo nos exime del desafío de encontrarnos, de clarificar, perdonar», porque «quien toma la iniciativa siempre es el más valiente»; para la pacificación no bastan «acuerdos entre grupos políticos»
REUTERS

El Papa Francisco pronunciando la última homilía de su viaje colombiano en Cartagena

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Pubblicato il 11/09/2017
Ultima modifica il 11/09/2017 alle ore 01:13
ANDREA TORNIELLI
ENVIADO A CARTAGENA

«Condeno con firmeza la lacra del narcotráfico que ha puesto fin a tantas vidas y que es mantenida y sostenida por hombres sin escrúpulos. Hago un llamado para terminar con el narcotráfico que lo único que hace es sembrar muerte por doquier y destrozando tantas familias». Y también, la reconciliación y la paz son un proceso en el que todos debemos participar, no bastan acuerdos institucionales entre grupos políticos, ni cláusulas normativas: «Nada podrá reemplazar ese encuentro reparador; ningún proceso colectivo nos exime del desafío de encontrarnos, de clarificar, perdonar». El Papa Francisco, antes de dejar Colombia para volver a Roma, celebró la Misa en el área portuaria di Contecar en Cartagena, ciudad símbolo de los derechos humanos, porque aquí nació la preocupación para aliviar la situación de los oprimidos de la época, esencialmente la época de los esclavos, por quienes santos como Pedro Claver reclamaron el respeto y la libertad.

 

En la homilía, el Papa recordó el texto evangélico del pastor bueno que deja a las 99 ovejas para ir a buscar a la que se había extraviado, y dijo: «No hay nadie lo suficientemente perdido que no merezca nuestra solicitud, nuestra cercanía y nuestro perdón. Desde esta perspectiva, se entiende entonces que una falta, un pecado cometido por uno, nos interpele a todos pero involucra, en primer lugar, a la víctima del pecado del hermano; ese está llamado a tomar la iniciativa para que quien lo dañó no se pierda. Tomar la iniciativa; quien toma la iniciativa —insistió Francisco— siempre es el más valiente». Palabras muy significativas en una realidad como la colombiana.

 

«En estos días escuché muchos testimonios –añadió Francisco– de quienes han salido al encuentro de personas que les habían dañado. Heridas terribles que pude contemplar en sus propios cuerpos; pérdidas irreparables que todavía se siguen llorando, sin embargo han salido, han dado el primer paso en un camino distinto a los ya recorridos. Porque Colombia hace décadas que a tientas busca la paz y, como enseña Jesús, no ha sido suficiente que dos partes se acercaran, dialogaran; ha sido necesario que se incorporaran muchos más actores a este diálogo reparador de los pecados».

 

Y esto es lo que ha enriquecido al Papa en su viaje: «hemos aprendido que estos caminos de pacificación, de primacía de la razón sobre la venganza, de delicada armonía entre la política y el derecho, no pueden obviar los procesos de la gente. No se alcanza con el diseño de marcos normativos y arreglos institucionales entre grupos políticos o económicos de buena voluntad». De hecho, «Jesús encuentra la solución al daño realizado en el encuentro personal entre las partes. Además, siempre es rico incorporar en nuestros procesos de paz la experiencia de sectores que, en muchas ocasiones, han sido invisibilizados, para que sean precisamente las comunidades quienes coloreen los procesos de memoria colectiva». Una aclaración importante la el Papa, pues Colombia es gobernada por una élite compuesta por unas 300 familias, todas emparentadas entre sí.

 

Por lo tanto, es necesario encontrarse para volver a comenzar, dijo el Papa, y «nada podrá reemplazar ese encuentro reparador; ningún proceso colectivo nos exime del desafío de encontrarnos, de clarificar, perdonar. Las heridas hondas de la historia precisan necesariamente de instancias donde se haga justicia, se dé posibilidad a las víctimas de conocer la verdad, el daño sea convenientemente reparado y haya acciones claras para evitar que se repitan esos crímenes». La reconciliación no significa silenciar lo que ocurrió, ni ocultar la verdad o las responsabilidades.

 

«Pero eso sólo –añadió– nos deja en la puerta de las exigencias cristianas. A nosotros se nos exige generar “desde abajo” un cambio cultural: a la cultura de la muerte, de la violencia, respondemos con la cultura de la vida, del encuentro». Como decía el escritor colombiano Garbiel García Márquez, que nació precisamente aquí, en Cartagena: «Este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la paz, construida con amor sobre los escombros de un país enardecido donde nos levantamos temprano para seguirnos matándonos los unos a los otros…».

 

«¡Cuántas veces –observó Francisco– se “normalizan” procesos de violencia, exclusión social, sin que nuestra voz se alce ni nuestras manos acusen proféticamente! […] No podemos negar que hay personas que persisten en pecados que hieren la convivencia y la comunidad». Sobre todo las drogas: «Condeno con firmeza —exclamó con vigor Francisco— la lacra del narcotráfico que ha puesto fin a tantas vidas y que es mantenida y sostenida por hombres sin escrúpulos. Hago un llamado para terminar con el narcotráfico que lo único que hace es sembrar muerte por doquier y destrozando tantas familias». También recordó otros problemas serios como la explotación de los recursos naturales y la contaminación, la tragedia de la explotación en el trabajo, los tráficos ilegales de dinero y la especulación financiera, la prostitución que «cada día cosecha víctimas inocentes, sobre todo entre los más jóvenes, robándoles el futuro», el abominio del tráfico de seres humanos, los delitos y los abusos en contra de los menores, la esclavitud, la «tragedia frecuentemente desatendida de los emigrantes con los que se especula indignamente en la ilegalidad» e incluso, añadió Bergoglio, «una “aséptica legalidad” pacifista que no tiene en cuenta la carne del hermano, la carne de Cristo».

 

No es posible vivir en paz sin firmes principios de justicia, concluyó Francisco, que también rezó con los colombianos para que se cumpla el lema de su viaje: «¡Demos el primer paso!», que significa, «salir al encuentro de los demás con Cristo, el Señor». Si Colombia «quiere una paz estable y duradera, debe dar urgentemente un paso hacia esta dirección, que es «aquella del bien común, de la equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza humana y de sus exigencias».

 


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Colombia: gobierno y FARC contra la droga.

SANTA ALIANZA CONTRA LA DROGA. El gobierno de Colombia y las FARC sellan una alianza para la erradicación de los cultivos ilícitos

Frutos buenos de la paz. Foto archivo SEMANA

Frutos buenos de la paz. Foto archivo SEMANA

Del desarme a una alianza virtuosa para erradicar del territorio nacional la mayor cantidad posible de lo que en la jerga del gobierno se denomina “cultivos ilícitos”: amapola y coca. La nueva “Santa Alianza” entre el ejército colombiano y los guerrilleros en vías de desmovilización se concreta por ahora en el programa denominado “plan de sustitución de cultivos ilícitos”, cuyo primer objetivo es reemplazar 50.000 hectáreas de plantaciones en el primer año de ejecución.

Es uno de los efectos positivos del acuerdo de paz – el punto 4 para mayor precisión – que se firmó en La Habana y se ratificó con no pocas dificultades en diciembre del año pasado después de ser rechazado en un referendo. Es notable el cambio protagonizado por las Farc que, como es sabido, se financiaban vigilando y transportando a lo largo de corredores prácticamente inaccesibles el producto de los cultivos de coca, los químicos necesarios para transformarla en droga apta para el consumo e incluso la venta al por mayor del estupefaciente a los narcos colombianos. Por otra parte, también hay que considerar que la ofensiva contra los cultivos de la planta se produce en un momento en que la producción registra un considerable aumento. En efecto, según los datos del Sistema integral de monitoreo de las Naciones Unidas, en 2015 las plantaciones de coca habían alcanzado las 96.000 hectáreas de extensión y previsiblemente llegarían a 100.000 a fines de 2016, lo que quedará confirmado cuando se conozcan los nuevos datos. Naciones Unidas también calcula que unas 74.500 familias viven actualmente en Colombia de la siembra de hojas de coca.

El programa de eliminación y reconversión que pusieron conjuntamente en marcha el gobierno del presidente Santos y las FARC tiene una primera etapa que consiste en incentivar la sustitución del cultivo en las zonas controladas por la guerrilla para extenderlo después a otros 40 municipios. El incentivo consiste en un millón de pesos colombianos, equivalente a unos 350 dólares por mes para los campesinos que aceptan preparar la tierra y sembrar con cultivos alternativos o que solo decidan abandonar definitivamente el cultivo de la coca para dedicarse a “trabajos públicos de interés comunitario”. El programa ofrece también la posibilidad de recibir un financiamiento de 9 millones de pesos colombianos (3.100 dólares aproximadamente) para proyectos productivos a corto plazo como piscicultura y avicultura,  a los que se suman 3.800.000 pesos (unos 1.400 dólares) en asistencia técnica. Estas cifras, hacen notar las autoridades encargadas de implementar los acuerdos de paz, son de todos modos inferiores a los costos que debería afrontar el gobierno para la fumigación de los cultivos de coca.

El programa establece también que las Fuerzas Armadas Colombianas protejan a las comunidades que adhieran al plan de erradicación y sustitución de las represalias de las bandas de narcos.