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AMN:INT exige al Estado Español mayor investigación sobre las víctimas del franquismo y la guerra civil.

España: ¿Será el Parlamento capaz de cumplir con sus obligaciones con las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo?

Jaime Romera con una foto de su tío Arsenio Martínez García, fusilado y desaparecido el 14 de agosto de 1936. ©Stéphane Grueso
  • Amnistía Internacional publica 10 recomendaciones al Parlamento para comenzar a hacer realidad una cuenta pendiente.
  • La organización lanza la campaña #EstaNavidadToca para pedir al Estado medidas que permitan la investigación y garanticen el reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo.

España no sólo olvida, sino que con el tiempo incrementa los obstáculos para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación en relación con los crímenes de derecho internacional y graves violaciones de derechos humanos cometidos en el pasado. La falta de investigación judicial, la ausencia de datos oficiales o la inexistencia de disculpas oficiales que trasciendan un mero  reconocimiento genérico de lo que pasó, son algunos de los obstáculos que impiden que el estado pueda dar garantías de no repetición de estos crímenes.

 

“Las políticas de amnistía y olvido de crímenes tan graves como la tortura o la desaparición forzada no son el camino para evitar que se cometan nuevas violaciones de derechos humanos, sino la vía más rápida para que estos se repitan”, manifestó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Amnistía Internacional presenta al Parlamento 10 medidas (ver anexo: 10 recomendaciones al Parlamento) con las que se puede avanzar de forma efectiva en el reconocimiento del derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Algunas de estas medidas serían la aplicación de las recomendaciones de organismos internacionales en relación con la Ley de Amnistía o con la imprescriptibilidad de los crímenes de derecho internacional; la promoción de una Comisión de la Verdad con el mandato de investigar los abusos graves cometidos en esa época; la adopción de un instrumento integral de coordinación y canalización de búsqueda de niñas y niños “robados”; el impulso de medidas que contemplen la formulación de disculpas públicas que trasciendan un mero reconocimiento genérico y que precisen la naturaleza de los actos criminales, sus circunstancias y la realidad concreta de los daños infligidos. En este sentido, sugiere establecer un Día Institucional en recuerdo y homenaje a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

La verdad silenciada

Ni las víctimas, ni sus familias han encontrado recursos ni facilidades para conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado. Amnistía Internacional recuerda que el derecho a la verdad supone que, con independencia de las acciones judiciales, las víctimas podrán conocer las circunstancias en que se produjeron los hechos y cuál fue el destino final de las personas desaparecidas y fallecidas.

“Por parte del Estado, se consolida un silencio prolongado en el que no hay datos oficiales sobre el número de víctimas, existen grandes dificultades y restricciones en cuanto al acceso a documentos, especialmente los relacionados con fondos militares, policiales o de la iglesia”, relató Beltrán.

En lo que concierne a la localización e identificación de personas víctimas de desaparación forzada, no existe una base de datos central sobre el número de desapariciones, ni coordinación de las actividades de exhumación e identificación. Tampoco se ha actualizado el mapa de fosas realizado por el Ministerio de Justicia en el año 2011.

“España privatiza las exhumaciones, al delegar en familiares y asociaciones la obligación estatal de localizar e identificar a las víctimas de desaparición forzada que, como dice Naciones Unidas, crea un efecto perverso que obliga a los familiares a escoger entre su derecho a enterrar a sus seres queridos y la posibilidad de poder un día establecer una verdad “oficial” sobre las circunstancias de su muerte. Ademas, desde 2013, el Gobierno no destina ninguna partida prespuestaria a este fin, por lo que la otorgación de subvenciones para exhumaciones e identificaciones de los restos dependen exclusivamente del buen hacer de algunas comunidades autónomas o Diputaciones Provinciales”, destacó Beltrán.

“La privatización de las exhumaciones contribuye a la indiferencia de las instituciones del Estado, incluyendo las autoridades judiciales, que no se personan cuando se descubre una fosa con lo que tampoco se registran oficialmente las exhumaciones”.

También las investigaciones por casos de niños y niñas robados han encontrado numerosas dificultades en España, tal y como ha señalado el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas. Amnistía Internacional ha constatado cómo estas víctimas encuentran especiales dificultades a la hora de acceder a documentación esencial para el esclarecimiento de los hechos, que se demora en ocasiones por periodos de varios años, y que en muchos casos obtienen sólo después de haber encontrado, gracias a sus propias pesquisas, a sus familiares, que son quienes solicitan formalmente esta información (por lo general, relativa a la madre biológica).

Reparación efectiva
Para Amnistía Internacional, la reparación debe ser proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido. Sin embargo, las compensaciones económicas ofrecidas hasta ahora por el Estado español se han otorgado de forma parcial y sin conexión con la condición de víctimas de violaciones graves de derechos humanos. Asimismo, las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo no fueron incluidas en el Estatuto de la Víctima, lo que para Amnistía Internacional supone una oportunidad perdida de cara a afrontar los desafíos que el Estado español tiene con respecto a estas víctimas.

Para Amnistía Internacional, por otra parte, no es aceptable que el Estado español haya impuesto recorridos procesales infructuosos a quienes se han dirigido a la administración de justicia para reclamar la revisión o nulidad de procesos manifiestamente injustos que concluyeron con sentencias de muerte.

Amnistía Internacional reconoce algunos avances a nivel autonómico en relación con las víctimas, pero lamenta que las medidas no formen parte de una política de Estado consistente, incluyente y global en favor de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición que puedan aplicarse en todo el país.

Campaña #EstaNavidadToca
Amnistía Internacional presenta hoy la campaña #EstaNavidadToca con un emotivo anuncio navideño que resultará muy familiar para recordar al Estado español que la justicia y el reconocimiento de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo no pueden ser una cuestión de suerte. A través de la voz de cuatro testimonios, la campaña pide firmas en www.estanavidadtoca.orgpara exigir que se den pasos para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas de estos crímenes. A lo largo del último año, Amnistía Internacional ya ha recogido más de 218.000 firmas con esta petición.

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Los crímenes de ISIS no deben quedar impunes.

Amal Clooney llama en la ONU a no permitir que los crímenes del ISIS queden impunes

Niños yazidi desplazados por la violencia del grupo terrorista ISIS en Iraq. Foto: UNAMI

09 de marzo, 2017 — La abogada de derechos humanos, Amal Clooney, participó este jueves en un evento en la ONU en el que pidió llevar a los integrantes de la agrupación terrorista ISIS ante la justicia por los crímenes que han cometido.

Clooney acompañó a su cliente, Nadia Murad, una sobreviviente de las atrocidades perpetradas por el ISIS contra la comunidad yazidi en Iraq.

La defensora cuestionó la falta de acción internacional para hacer justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos por esos militantes.

“Les pido que defiendan la justicia. Cada conflicto nos recuerda que no puede haber paz duradera sin justicia. Matar al ISIS en el campo de batalla no es suficiente, debemos aniquilar la ideología detrás del ISIS al exponer su brutalidad y llevar a los criminales ante la justicia. Justicia es también lo que las víctimas anhelan”, dijo Amal Clooney.

Además, pidió al primer ministro iraquí que solicite al Consejo de Seguridad una investigación de las acciones del ISIS.

Al referirse al ensañamiento de esos extremistas con la comunidad yazidi, Amal afirmó que son actos genocidas y pidió a la ONU no permitir que éste se convierta otra Rwanda.

“No permitan que el ISIS lleve a cabo un genocidio”, enfatizó la abogada.


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Mosul: ONU declara que el uso de escudos humanos es un crimen de guerra

Alto Comisionado reitera que el uso de escudos humanos en Mosul es un crimen de guerra

Familia desplazada de Mosul. Foto de archivo: ACNUR/Cingzir Yar

01 de noviembre, 2016 — La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó hoy gran preocupación por la seguridad de miles de civiles que fueron reubicados forzosamente en la ciudad iraquí de Mosul durante las últimas dos semanas por el grupo terrorista ISIS.

Según informes recabados por esa Oficina, apenas este lunes, el ISIS intentó transportar por la fuerza a 25.000 civiles de la ciudad de Hamam al-Alil hacia otras localidades cercanas a Mosul, utilizando camiones de gran porte y autobuses pequeños.

El operativo no pudo completarse debido a enfrentamientos con las fuerzas iraquíes, que detuvieron los vehículos y los forzaron a regresar, aunque algunos de esos transportes lograron avanzar hasta una localidad 15 kilómetros al norte de Mosul, indicó Ravina Shamdasanila, portavoz del Alto Comisionado en Ginebra.

“Usar a los civiles como escudos humanos es un crimen de guerra. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional establece que tomar rehenes en un conflicto armado no internacional es un crimen de guerra, además estipula que el desplazamiento forzado de civiles por razones no relacionadas con su seguridad o por imperativos militares también constituye un crimen de guerra”, puntualizó la portavoz en una conferencia de prensa.

LaOoficina de la ONU urgió a las partes a asegurar el estricto respeto de las leyes internacionales, especialmente en cuanto a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución de ataques contra civiles.