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Nuevas ejecuciones en Arabia Saudí?

Arabia Saudí: Catorce manifestantes pueden ser ejecutados tras juicios injustos

6 de junio de 2017

Arabia Saudí debe anular inmediatamente la condena a muerte impuesta a 14 miembros de la comunidad chií por delitos relacionados con protestas, han declarado hoy Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El Tribunal de Apelación del tristemente célebre Tribunal Penal Especializado confirmó en mayo las condenas impuestas hace un año —el 1 de junio de 2016— en un juicio manifiestamente injusto seguido contra 24 ciudadanos saudíes. El Tribunal Penal Especializado es el órgano judicial antiterrorista saudí.

“El aumento de las condenas a muerte impuestas a miembros de la comunidad chií de Arabia Saudí es alarmante e indica que las autoridades están utilizando esta pena para saldar cuentas y aplastar la disidencia so pretexto de combatir el ‘terrorismo’ y mantener la seguridad nacional”, ha afirmado Sarah Leah Whitson, directora de Oriente Medio de Human Rights Watch.

El 25 de mayo, las familias de tres de los enjuiciados supieron por una llamada telefónica que el Tribunal de Apelación del Tribunal Penal Especializado había confirmado las condenas a muerte de sus familiares. Los familiares de otros dos enjuiciados llamaron posteriormente, el 28 de mayo, al Tribunal, donde les informaron de que las condenas impuestas a sus familiares y a todo el grupo de 14 personas habían sido confirmadas en apelación. Se desconoce la fecha exacta de la decisión del Tribunal de Apelación.

La documentación judicial muestra que todos los enjuiciados, incluidos los 14 condenados a muerte, estuvieron en detención preventiva más de dos años antes de que comenzara el juicio. Durante ese periodo, la mayoría estuvo en régimen de aislamiento, y las autoridades saudíes les negaron el acceso a sus familias y abogados mientras los interrogaban.

Desde 2013, Amnistía Internacional y Human Rights Watch vienen registrando un preocupante aumento de las condenas a muerte impuestas a disidentes políticos en Arabia Saudí, incluida la minoría musulmana chií. Las organizaciones saben de al menos 38 miembros de esta comunidad —que representa entre un 10% y un 15% de la población del país— condenados a muerte actualmente. Las autoridades saudíes acusaron a estas personas de actividades consideradas un riesgo para la seguridad nacional y las condenaron a la pena capital en actuaciones judiciales que adolecieron de graves deficiencias seguidas ante el Tribunal Penal Especializado.

 

“El simulacro de actuaciones judiciales que desembocó en la condena a muerte de 38 hombres y menores chiíes viola abiertamente las normas internacionales sobre juicios justos”, ha declarado por su parte Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional en Oriente Medio. “Las condenas deben ser anuladas de inmediato.”

Amnistía Internacional y Human Rights Watch obtuvieron y analizaron el texto de 10 sentencias judiciales —que afectaban a 38 personas— dictadas por el Tribunal Penal Especializado entre 2013 y 2016. La mayoría se refería a hombres y menores acusados de delitos relacionados con las multitudinarias manifestaciones celebradas en 2011 y 2012 en localidades de la Provincia Oriental donde la población es mayoritariamente musulmana chií.

En casi todas las sentencias analizadas, los procesados se retractaron de sus “confesiones”, alegando que habían sido coaccionados en circunstancias que en algunos casos constituían tortura, como palizas y reclusión prolongada en régimen de aislamiento. El Tribunal rechazó todas las denuncias de tortura sin investigarlas. Algunos procesados pidieron a los jueces imágenes de vídeo de la prisión en las que, según afirmaban, se los veía mientras eran torturados. Otros pidieron al Tribunal que citara como testigos a los interrogadores, para que describieran cómo se obtuvieron las “confesiones”. Los jueces ignoraron estas solicitudes en todos los casos.

Los jueces admitieron las “confesiones” como prueba y declararon posteriormente culpables a los enjuiciados basándose únicamente en ellas.

“Las condenas a muerte basadas en ‘confesiones’ obtenidas bajo coacción violan el derecho internacional de los derechos humanos y son repugnantes, aunque son un resultado demasiado habitual en los casos relacionados con la seguridad en Arabia Saudí”, ha dicho Lynn Maalouf. “Estos juicios por delitos punibles con la muerte incumplen incluso las garantías procesales más básicas.”

El 2 de enero de 2016, Arabia Saudí llevó a cabo la ejecución masiva de 47 hombres por “delitos de terrorismo.” Entre los ejecutados figuraba Ali Saeed al Ribh, cuya sentencia judicial indica que tenía menos de 18 años en el momento en que se cometieron algunos de los delitos por los que fue condenado a muerte. Como Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño, Arabia Saudí tiene la obligación legal de garantizar que no se impone la pena de muerte ni la de cadena perpetua sin posibilidad de libertad a personas que eran menores de 18 años en el momento en que se cometió el delito.

Entre los condenados a muerte en espera de ejecución hay cuatro ciudadanos saudíes declarados culpables de delitos cometidos cuando eran adolescentes: Ali al Nimr, Dawoud al Marhoun, Abdullah al Zaher y Abdulkareem al Hawaj.

Entre los ejecutados el 2 de enero de 2016 estaba el destacado clérigo musulmán chií Sheikh Nimr Baqir al Nimr, tío de Ali al Nimr, que criticaba abiertamente al gobierno y que fue declarado culpable en un juicio manifiestamente injusto.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch se oponen a la pena de muerte en todos los casos sin excepción. La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana y degradante y su carácter es excepcionalmente irrevocable. Está plagada, inevitable y universalmente, de arbitrariedad, prejuicio y error.

Hasta que se produzca la abolición total de la pena de muerte, las autoridades saudíes deben establecer inmediatamente una moratoria oficial de las ejecuciones y eliminar todas las disposiciones sobre esta pena que infringen el derecho internacional de los derechos humanos, como las que prevén su aplicación por delitos cometidos cuando el infractor era menor de edad y a personas que sufren discapacidad mental, han afirmado Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Arabia Saudí es uno de los verdugos más prolíficos del mundo y ha ejecutado a más de 400 personas desde que comenzó 2014, en su mayoría por asesinato, delitos de drogas y terrorismo.

Además de celebrar juicios injustos, Arabia Saudí ha ejecutado a personas que eran presuntamente menores de edad cuando cometieron el delito y a delincuentes no violentos, como autores de delitos de drogas y de “delitos” como la brujería, lo que vulnera el derecho internacional, que restringe el uso de la pena de muerte a “los delitos más graves”, cuya definición suele incluir únicamente el homicidio intencional. Desde que comenzó 2014, Arabia Saudí ha ejecutado al menos a 147 personas por delitos no violentos de drogas.

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Hamas ejecuta en Gaza a tres civiles juzgados militarmente.

Palestina: Hamás ejecuta a tres civiles juzgados ante tribunales militares de Gaza

Acto de Amnistía Internacional contra la pena de muerte.

5 de abril de 2017

En respuesta a la terrible noticia de que tres hombres declarados culpables de colaborar con Israel han sido ahorcados hoy por la administración de facto de Hamás en la Franja de Gaza, Magdalena Mughrabi, directora adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado:

“Las ejecuciones llevadas a cabo hoy por las autoridades de Hamás en Gaza representan un amargo golpe a los derechos humanos. La pena de muerte es cruel, inhumana y degradante. Su uso es deplorable en todas las circunstancias, pero el hecho de que estos tres civiles hubieran sido condenados a muerte tras haber sido declarados culpables en procedimientos injustos ante tribunales militares hace que sus ejecuciones sean aún más indignantes.”

“No debe privarse a nadie del derecho a la vida, independientemente del delito de que se le acuse. Hamás debe detener de inmediato todas las ejecuciones, abolir la pena de muerte y dejar de juzgar a civiles ante tribunales militares.”


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Irán: condenada injustamente a muerte una joven kurda.

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Irán: Una mujer kurda iraní puede ser ejecutada de forma inminente tras un juicio injusto

Zeinab Sekaanvand de 22 años puede ser ejecutada de manera inminente pese a haber tenido un juicio injusto. © Particular

11 de octubre de 2016

Las autoridades iraníes deben detener urgentemente la ejecución de Zeinab Sekaanvand, kurda iraní de 22 años que sólotenía 17 cuando fue detenida, y que posteriormente fue declarada culpable del asesinato de su esposo tras un juicio manifiestamente injusto. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

Está previsto que Zeinab sea ejecutada por ahorcamiento este mismo 13 de octubre.

“Es un caso extremadamente preocupante. Zeinab Sekaanvand tenía menos de 18 años en el momento del delito, pero además se le negó el acceso a representación letrada y afirma que fue torturada después de su detención por agentes de la policía varones que la golpearon por todo el cuerpo”, ha manifestado Philip Luther, director de Investigación y Trabajo de Incidencia para Oriente Medio y Norte de África de Amnistía Internacional.

 

” La persistencia en la aplicación de la pena de muerte a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad muestra desprecio de las autoridades por compromisos que ellas mismas han firmado. Las autoridades iraníes deben revocar de inmediato la sentencia condenatoria de Zeinab Sekaanvand, y concederle un nuevo juicio justo sin recurrir a la pena de muerte y acorde con los principios de justicia de menores.”

Zeinab Sekaanvand tenía 17 años cuando fue detenida en febrero de 2012 por el asesinato de su esposo, con el que se casó cuando tenía 15
. Pasó los 20 días siguientes recluida en comisaría, donde afirma que agentes de policía varones la golpearon. Zeinab les “confesó” haber apuñalado a su esposo tras haberla sometido éste a insultos y malos tratos físicos durante meses y negarse a concederle el divorcio.

Su juicio fue manifiestamente injusto. A Zeinab se le negó el acceso a representación letrada durante todo el tiempo estuvo detenida en espera de juicio, y no se reunió en ningún momento con su abogado de oficio hasta la última sesión de su juicio, celebrada el 18 de octubre de 2014. En esta sesión, la joven se retractó de las “confesiones” que había hecho previamente, cuando no tenía acceso a representación legal.

Zeinab dijo al tribunal que el hermano de su marido, al que ella acusó de haberla violado varias veces, fue el responsable del asesinato y la había coaccionado para que “confesara”, prometiéndole que la indultaría (la ley islámica establece que los familiares de las víctimas de asesinato tienen la potestad de indultar a la persona condenada a cambio de una indemnización económica).

El tribunal hizo caso omiso de esta declaración y basó su sentencia principalmente en las “confesiones” que Zeinab había hecho sin la presencia de un abogado.

Posteriormente, el 22 de octubre de 2014, la Sección 2 del Tribunal Penal de la provincia de Azerbaiyán Occidental condenó a Zeinab Sekaanvand a muerte en aplicación del castigo de qesas (castigo equivalente al delito cometido) y, más tarde, la Sección 7 del Tribunal Supremo de Irán confirmó la sentencia condenatoria y la pena.

Los tribunales no aplicaron las directrices del Código Penal Islámico de 2013 de Irán sobre la imposición de condenas a menores y no ordenaron un examen forense para determinar su “desarrollo y madurez mentales” en el momento del delito. Además, no informaron a Zeinab de que podía presentar una solicitud de nuevo juicio (e’adeh dadresi) con arreglo al artículo 91 del Código Penal.

El Código Penal de Irán resulta lamentablemente insuficiente respecto a las salvaguardias para menores en conflicto con la ley establecidas en virtud del derecho internacional de los derechos humanos; y, además, las autoridades no suelen aplicar las pocas que existen, como informar a los menores en conflicto con la ley de su derecho a solicitar un nuevo juicio.

Información complementaria

Como Estado Parte en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Irán tiene la obligación legal de tratar a todas las personas menores de 18 años como niños y garantizar que jamás se les impone la pena de muerte ni la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El derecho internacional, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño, prohíbe absolutamente el uso de la pena de muerte por delitos cometidos cuando la persona procesada era menor de 18 años.

De acuerdo con la legislación iraní, las personas declaradas culpables de asesinato y condenadas a qesas no tienen derecho a solicitar un indulto o la conmutación de la condena de muerte al Estado, como dispone el artículo 6.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, y pide a las autoridades iraníes que declaren de inmediato la suspensión oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena capital.


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Egipto: ocho jóvenes condenados a muerte.

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EGIPTO: PRESIDENTE AL-SISI, ¡ANULE LAS CONDENAS A MUERTE DE 8 JÓVENES!

retratos de 6 de los 8 condenados a muerte
6 de los 8 condenados a muerte © Particular

Su juicio fue injusto y han denunciado torturas para que confesaran.

Actualización (22 de agosto 2016):

Ha habido un endurecimiento de las condiciones en prisión: cinco de los condenados han estado en régimen de aislamiento, y además, las visitas familiares se han reducido de una a la semana a ¡una al mes! La situación es particularmente difícil para Ahmed Ghazali, que desde su condena le llevaron a una celda de aislamiento. Su familia no ha podido visitarle desde el 26 de junio.

Hemos enviado las primeras 20.000 firmas de esta ciberacción al Presidente Abdel Fattah al-Sisi, al Ministro de Defensa, el Coronel General Sedqi Sobhi, al embajador de Egipto en España, Ahmed Shafik Ismail Mahmoud Abdelmoeti, y al Presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos Mohamed Fayek. Necesitamos muchas más firmas. ¡Ayúdanos!



El 29 de mayo Ahmad Ghazali, Mohammed Fawzi, Ahmed Mustafa, Reda Ma’tamad, Mahmoud al-Sharif, Abdul Basir Abdul Rauf, Abdullah Noureddin y Ahmed Abdul Baset fueron condenados a muerte.

¿Qué es lo que nos parece escandaloso de este caso?

  • Ellos afirman haber confesado bajo tortura, pero el tribunal militar que los ha condenado ignoró las denuncias de torturas, se negó a abrir una investigación y a solicitar un examen médico.
  • El juicio de civiles en tribunales militares viola el derecho a un juicio justo.
  • En su interrogatorio no estuvo presente un abogado.
  • Tras su detención arbitraria pasaron muchos días hasta que sus familias supieran que estaban detenidos.
  • Las autoridades negaron que estuvieran detenidos hasta que el Ministerio del Interior anunció por televisión el desmantelamiento de una “peligrosa célula terrorista” y emitió un vídeo con algunos de los chicos “confesando” su participación en actividades terroristas.
  • Dos de los condenados, Abdullah Noureddin y Ahmed Abdul Baset, ni siquiera estuvieron presentes en el juicio.

El gobierno egipcio utiliza de forma despiadada la desaparición forzada y la tortura para conseguir arrancar “confesiones” que después utilizan como pruebas en los juicios. Cientos de estudiantes, activistas políticos y manifestantes, algunos de tan sólo 14 años, han desaparecido a manos del Estado. Muchas de estas personas permanecen recluidas durante días o meses, sometidas a horrendos abusos, aisladas del mundo exterior y sin acceso a abogados ni a su familia, que vive con la angustia de saber si su ser querido estará vivo o muerto.

Los abogados de estos 8 jóvenes tienen 60 días para apelar ante el Tribunal Supremo militar. ¡Necesitamos tu apoyo! Tenemos razones para estar preocupados. El 17 de mayo de 2015, seis chicos fueron ejecutados en Egipto tras un juicio militar injusto, en el que denunciaron torturas. No queremos que vuelva a repetirse.

¡Firma!