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Nicaragua: no a una ley de amnistia.

Nicaragua: Bachelet preocupada por la posible adopción de una Ley de Amnistía

ONU/Manuel Elias
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

8 Junio 2019

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos  manifestó este viernes su inquietud por la posible adopción en Nicaragua de una Ley de Amnistía que imposibilitaría el procesamiento de las personas potencialmente responsables de las graves violaciones contra los derechos humanos cometidas durante las protestas contra el Gobierno que se iniciaron el 18 de abril de 2018

Michelle Bachelet recordó que, tanto el seguimiento conducido por su Oficina como por los mecanismo regionales, mostraron las graves violaciones cometidas contra las garantías fundamentales que  comenzaron en abril del año pasado.

“En particular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía que, en algunos casos, resultó en ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas, casos de tortura y violencia sexual, y detenciones arbitrarias o ilegales generalizadas, ocasionalmente cometidas por elementos armados progubernamentales con la aquiescencia de las autoridades”, detalló.

Bachelet indicó que las protestas han provocado mas de 300 fallecimientos, 2000 heridos, la encarcelación de centenares de opositores gubernamentales y el procesamiento de 700 personas.

La Alta Comisionada añadió que “el Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”. 

Basándose en la información que dispone, hasta el momento solo se ha sentenciado a un agente armado progubernamental y no se ha abierto ninguna investigación a los integrantes de las fuerzas del orden relacionados con las mencionadas denuncias de los derechos fundamentales.

“Las amnistías por graves violaciones de los derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Crean impunidad, lo que puede conducir a nuevas violaciones”, enfatizó. Además, resaltó que “pueden socavar el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluidas las reparaciones y el derecho a la verdad”.

Del mismo modo, pidió la liberación y el sobreseimiento de las causas penales de las personas detenidas arbitrariamente durante las protestas o por manifestar opiniones disidentes.

Otra ley preocupante

Bachelet también mostró su preocupación por la aprobación el pasado 29 de mayo de la Ley sobre Atención Integral a Víctimas. La adopción de la norma se efectuó en menos de 48 horas y sin previa consulta con la sociedad civil o las organizaciones de víctimas,

En opinión de la Alta Comisionada, la ley no sienta las medidas de reparación adecuadas y proporcionadas, en particular las indemnizaciones y las garantías de no repetición.

“Los nicaragüenses tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. También se les debe garantizar que un uso excesivo de la fuerza similar al ocurrido no se pueda repetir y que se respetarán sus derechos fundamentales a las libertades de expresión y reunión pacífica. Se necesita un proceso inclusivo de diálogo para abordar las demandas de la gente y trazar el camino a seguir “, dijo Bachelet.

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El Salvador: no a una amnistía que lleva a la impunidad en ciertos graves delitos (ONU)

Relator recuerda a El Salvador que las amnistías son incompatibles con crímenes como la tortura o el genocidio

ONU/Rick Bajornas
Fabián Salvioli, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

16 Mayo 2019

Un experto de la ONU en derechos humanos ha expresado su profunda preocupación por un proyecto de ley de El Salvador que puede ser la puerta para otorgar perdones a graves delitos perpetrados durante el conflicto que vivió el país. Además de ser incompatibles esas medidas de gracias con las leyes internacionales, asegura que la impunidad puede contribuir a que se repitan tales crímenes.

Fabian Salvioli, experto de derechos humanos de la ONU en justicia transicional, insta a la Asamblea Legislativa de El Salvador a no aprobar un proyecto de ley que permita perdones de facto por graves violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos durante el conflicto armado interno que cobró 75.000 vidas entre 1980 y 1992.

Para el experto, no hay razones claras por las que los mecanismos de impunidad como los propuestos en el borrador puedan “considerarse legítimos, o incluso necesarios en términos políticos”. “Tampoco son legales”, señala. “La condena y el castigo efectivo de los responsables es una obligación del Estado salvadoreño, y no puede ser eludida por decisiones legislativas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos”.

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa examina desde el 14 de mayo de 2019 una nueva ley de reconciliación nacional.

Las víctimas del conflicto armado, sus representantes y la sociedad civil en general no han sido consultadas en el proceso.

El proyecto de ser aprobado en el plenario de la Asamblea antes de que finalice esta semana.

El texto tiene por objeto aplicar una sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que declaró la inconstitucionalidad de la Ley de amnistía establecida en 1993, y pidió a la Asamblea Legislativa que emita una nueva Ley de Reconciliación Nacional.

Las disposiciones de dicho proyecto incluyen amnistías o perdones de facto, ya que las penas de prisión serán suspendidas y sustituidas por el servicio a la comunidad, y la responsabilidad penal se atribuirá únicamente por la omisión o acción directa en la realización de un acto punible, con el riesgo de que queden impunes quienes ordenaron, participaron o fueron cómplices de ello.

También establece un plazo de prescripción de cinco años para la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones cometidas durante el conflicto, y pide a la Fiscalía General que elabore una lista de casos en un plazo de solo cinco meses.

Además, estipula que toda decisión judicial de este tipo se considere cosa juzgada y, por lo tanto, no podrá ser apelada. La disposición también prohíbe las extradiciones pasivas con fines de enjuiciamiento en tribunales extranjeros.

Profunda preocupación

“Expreso mi profunda preocupación por este intento de abrir la puerta a una amnistía de facto y eliminar la aplicación de sanciones penales por violaciones graves de los derechos humanos y del derecho humanitario y crímenes de lesa humanidad”, señala en un comunicado Salvioli, relator especial en la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

El experto recordó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe recurrir a figuras como la amnistía o medidas que pretendan impedir o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria para los casos de graves violaciones de los derechos humanos.

“Las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos que eliminan el efecto de las sanciones penales son incompatibles con los delitos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones sumarias, las desapariciones forzadas y el genocidio, entre otros”, explica Salvioli.

Además, destaca que la impunidad en relación con esos delitos puede a que se repitan y se creen círculos viciosos de violencia, como ocurre actualmente en el país.

Bachelet comparte esa preocupación

Salvioli ha compartidos estas preocupaciones con las autoridades pertinentes, incluida la Asamblea Legislativa, durante una visita oficial a El Salvador que llevó a cabo del 24 de abril al 3 de mayo. En marzo, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó una opinión similar.

“Me alarma que las partes en el conflicto armado -que corren el riesgo de ser enjuiciadas por violaciones cometidas en ese período- traten de establecer un pacto de impunidad antes de que se produzca un cambio de gobierno el 1º de junio de 2019, que será la primera administración desde los Acuerdos de Paz que no ha sido parte en el conflicto. Este intento es tan espurio como ilegal bajo la ley nacional e internacional”, aseguró el relator.

También indicó haber visto un “compromiso y buenas intenciones en la actual administración para avanzar en el proceso de justicia transicional en los ámbitos de la verdad, las reparaciones y las garantías de no recurrencia” por lo que expresó su esperanza de que este compromiso sea igualmente firme a la hora de sentar las bases para garantizar la justicia a las víctimas.

“Quisiera recordar que los procesos de justicia transicional no son un ejercicio de ‘escoger y elegir’, sino que deben ser implementados de manera integral, abordando cada uno de los elementos constitutivos de una agenda de justicia transicional: verdad, justicia, reparaciones y garantías de no recurrencia”.

Fabian Salvioli (Argentina) fue nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018 como  Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Es abogado y profesor de derechos humanos. Fabián Salvioli es profesor de Derecho Internacional y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Plata. Ha dado conferencias en muchos países y universidades de América, Europa, África y Asia. El Sr. Salvioli es autor de varios libros y artículos sobre derecho internacional de los derechos humanos. Fue miembro del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas entre 2009 y 2016, y su Presidente entre 2015 y 2016.

Como Relator Especial, el Sr. Salvioli forma parte de lo que se conoce como los  Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, es el nombre general que se da a los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones nacionales específicas o de cuestiones temáticas en todas partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan servicios a título individual.

Para estar infor


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Guatemala: ONU pide al Congreso que rechace la aprobación de un proyecto de ley de amnistía

Guatemala no debe aprobar una “amnistía” para violadores de los derechos humanos, declaran expertos

ONU/Rick Bajornas
Fabián Salvioli, el Relator Especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

11 Marzo 2019

La medida menoscabaría los derechos de las víctimas del conflicto a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. Además, representa un peligro, ya que puede desatar ataques contra diversos colectivos como el de las víctimas, los jueces, abogados, fiscales y testigos, entre otros.

Un grupo de expertos* en derechos humanos de las Naciones Unidas exhortaron este lunes al Congreso de Guatemala a no adoptar una iniciativa de ley que determinaría una amnistía general para todos los casos de graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos durante el conflicto armado interno en el país centroamericano.

La proposición de ley busca modificar la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala, vigente desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996 y que dio lugar a la finalización de 36 años de conflicto armado interno.

De proceder, la iniciativa “establecería un mecanismo automático para extinguir la responsabilidad penal de todos los responsables de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante ese período”.

Los expertos señalaron que, de aprobarse, la reforma menoscabaría los derechos de las víctimas del conflicto “a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición” y podrían llegar a producirse ataques contra diversos colectivos como el de las víctimas, los jueces, abogados, fiscales y testigos, entre otros.

Del mismo modo recordaron la incompatibilidad de “las amnistías, los plazos de prescripción y los mecanismos excluyentes de responsabilidad” respecto a los delitos que comportan graves violaciones de las garantías fundamentales, entre ellas “la tortura, las ejecuciones sumarias o las desapariciones forzadas”.

El proyecto, conocido como iniciativa de ley 5377, se llevó al Congreso el 6 de noviembre de 2017 y el pleno del pasado miércoles la admitió en segundo debate. Para ser finalmente aprobada debe pasar por un tercer debate que podría llevarse a cabo durante los próximos días.

*Los expertos de la ONU son: Fabián Salvioli (Argentina), relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repeticiónel Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o InvoluntariasAgnès Callamard (Francia), relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrariasVictoria Tauli Corpuz (Filipinas), relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenasNils Melzer (Suiza), relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantesDubravka Šimonović (Croacia), relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias; y Cecilia Jiménez-Damary (Filipinas), relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos.


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Venezuela: observaciones de HRW sobre el proyecto de ley de amnistía.

Venezuela debe reformar proyecto de Ley de Amnistía

Deberían excluirse las graves violaciones a los derechos humanos

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El Salvador: anulación de la ley de amnistía. Satisfacción en la ONU

El Salvador: Expertos de la ONU aplauden anulación de la Ley de Amnistía

El relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, es una de las personas que integran este grupo de expertos independientes. Foto: Jean-Marc Ferré

15 de julio, 2016 — Un grupo de expertos independientes de la ONU aplaudió este viernes la decisión de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993. Esa normativa había dejado en la impunidad los crímenes de lesa humanidad y de guerra, así como las violaciones graves o sistemáticas de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas durante el conflicto armado en el país entre 1980 y 1992.

“Esta decisión histórica devuelve la esperanza a las víctimas y la confianza en el sistema legal; es un ejemplo para el mundo”, señalaron los expertos al recordar que el conflicto salvadoreño dejó 75.000 muertos y unos 8.000 desaparecidos, en su mayoría civiles, además de numerosas víctimas de tortura y violencia sexual, y un millón desplazados internos y refugiados en otros países.

Este grupo independiente subrayó que la medida está en línea con el derecho internacional, que prohíbe las amnistías para crímenes de lesa humanidad y violaciones graves del derecho internacional humanitario.

Explicaron que la Corte Suprema de El Salvador exige que se investigue la responsabilidad penal tanto de los ejecutores directos de esos actos, como de quienes dieron las órdenes.
Por último, los expertos instaron a que se ponga en marcha cuanto antes una investigación independiente y efectiva, que proteja a los testigos y garantice la participación de las víctimas.


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Deficiencias del Estado de derecho en Venezuela: Nota de HRW

Una nueva aberración jurídica del Tribunal Supremo venezolano

Los argumentos contra la ley de amnistía se escudan en una serie de disparates

Edificio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Caracas, el 23 de diciembre de 2015.

Edificio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, en Caracas, el 23 de diciembre de 2015.

El 11 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró inconstitucional una ley promulgada por la Asamblea Nacional, integrada por una mayoría opositora, que hubiera otorgado una amnistía a venezolanos que han sido procesados e investigados penalmente en procesos con motivaciones políticas desde 2002. Con independencia de que toda ley puede ser perfectible, esta tuvo como propósito corregir la práctica frecuente de un gobierno que emplea el derecho penal para intimidar y castigar a sus críticos, en el marco de un sistema judicial que no otorga protección alguna a las víctimas frente a estos abusos.

La ley de amnistía promulgada el 29 de marzo dispuso que las personas que enfrentan procesos penales o que fueron condenadas por llevar a cabo actividades políticas legítimas —como organizar o participar en protestas públicas con un fin político, publicar información u opiniones críticas del gobierno o sobre cuestiones de interés público, o instar públicamente a otras personas a cuestionar al gobierno— podrían solicitar a la justicia que concluya las investigaciones penales o anule las condenas dictadas en su contra.

La amnistía también se hubiera aplicado a personas condenadas penalmente por difamación, a jueces acusados por delitos tras dictar sentencias que disgustaron al gobierno, y a abogados o defensores de derechos humanos imputados como represalia por realizar su trabajo.

El gobierno se opuso a la adopción de la ley, y procuró por distintos medios armarse de argumentos para desacreditarla. Incluso le pidió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que analizara si la ley era congruente con estándares internacionales de derechos humanos. El Alto Comisionado emitió posteriormente una declaración indicando que la ley “generalmente se ajustaba a los estándares de derechos humanos internacionales”.

El 7 de abril, el Presidente Nicolás Maduro le pidió al Tribunal Supremo de Justicia que analizara la constitucionalidad de la ley. Desde el copamiento político del Tribunal Supremo en 2014, el poder judicial ha dejado de actuar como un poder independiente del gobierno. Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes y han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del gobierno. También emitieron reiteradamente sentencias a favor del gobierno en casos de flagrantes abusos, validando así el creciente desprecio del gobierno por los derechos humanos.

Los argumentos centrales del Tribunal Supremo contra la ley de amnistía se escudan en que la ley tiene un lenguaje demasiado amplio y es indebidamente funcional a los legisladores que la promovieron, lo cual resulta irrelevante. Otro disparate de la sentencia es que sostiene que la ley viola el derecho a proteger el honor y la reputación de funcionarios públicos, al permitir la amnistía en casos penales de difamación, cuando de hecho existe amplio consenso de que los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios públicos son intrínsecamente incompatibles con estándares de derechos humanos. El Tribunal cita jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual se sostiene que las amnistías favorecen la impunidad y violan obligaciones jurídicas internacionales cuando impiden el juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos, a pesar de que la ley excluye expresamente estos casos de su ámbito de aplicación. Se invoca a la Corte Interamericana como fuente jurídica, y más adelante el Tribunal Supremo se acuerda que según la línea oficial los pronunciamientos de la Corte Interamericana son “inejecutables” en Venezuela, a pesar de que esos fallos son en realidad vinculantes conforme al derecho internacional.

Con independencia de las virtudes de la ley de amnistía, lo indiscutible es que el gobierno de Venezuela debería liberar de manera inmediata a todos los venezolanos que han sido procesados arbitrariamente como represalia por su actividad política, o sencillamente por criticar políticas gubernamentales o cumplir sus funciones con integridad. Es indispensable también que se anulen todos los cargos en contra de estas personas. Aunque el Tribunal Supremo haya eliminado la ley de amnistía, ello no legitima en absoluto los abusos que la ley procuró abordar. Por el contrario, aporta evidencias adicionales a la comunidad internacional para evaluar la situación extremadamente precaria del estado de derecho en Venezuela.

La Carta Democrática Interamericana, suscripta en 2001 por los ministros de relaciones exteriores de Venezuela y otras 33 democracias, autoriza a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a responder activamente a amenazas al orden democrático de sus estados miembros. La carta señala que los elementos esenciales de la democracia representativa incluyen “la separación e independencia de los poderes públicos”.

El pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía otorga a los gobiernos latinoamericanos y al Secretario General de la OEA Luis Almagro otra razón más para iniciar un debate sincero sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Ha llegado el momento de que ese debate ocurra.

 

José Miguel Vivanco es Director de la División de las Américas en Human Rights Watch.


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Nigeria: qué hacer con los exmilitantes de Boko Haram?

Nigeria; Onaiyekan: reconciliación con quienes abandonadn Boko Haram

El arzobispo de Abuya pide al gobierno comprometerse en la reinserción de los milicianos arrepentidos, involucrando también a las Iglesias y a los líderes locales. Los daños materiales y psicológicos hacen más difícil una pacificación completa

El cardenal John Olorunfemi Onaiyekan

  nigeria
12/04/2016
DAVIDE MAGGIORE

«Hay que crear una posibilidad para abandonar Boko Haram para los que están cansados de combatir. Así se podrá comenzar a hablar de reconciliación con estas personas, que, como sea, son nuestros compatriotas, nuestros hermanos y hermanas». El cardenal arzobispo de Abuya, John Olorunfemi Onaiyekan, dirigió este llamado al gobierno de Nigeria, mientras el país está discutiendo explícitamente desde hace días sobre una posibilidad que hace algunas semanas parecía solo una utopía: la rendición del grupo armado fundamentalista que en 2009 provocó más de 30.000 víctimas, sobre todo en el noreste.

 

Lo que mantiene encendidas las esperanzas de un futuro diferente en Nigeria es en particular el video con el que Abubakar Shekau, considerado líder del movimiento, parece anunciar su rendición. Pero después de este mensaje, de finales de marzo, llegó otro con tonos más bélicos y que provocó la incertidumbre en todos los niveles. «Es difícil comprender exactamente de qué se trata, porque es una cuestión de seguridad nacional y las autoridades siguen tratando el argumento con mucha reserva –admite el cardenal Onaiyekan–, pero según mi opinión el gobierno debería tomarse en serio cualquier actitud de arrepentimiento y de rendición por parte de los hombres de Boko Haram».

 

Y ya llegó desde la capital una señal positiva: se anunció la apertura de un campo que servirá para la rehabilitación y la formación profesional de 800 milicianos que han abandonado las armas. La decisión, cuyos detalles todavía deben ser afinados, afianza las esperanzas del arzobispo: «Hasta ahora, la actitud del gobierno ha sido la de condenar a muerte o encarcelar a quienes tenían contactos con Boko Haram –recordó. Por el contrario, hay que encontrar la manera para insertar a estas personas en un ambiente adecuado desde el que puedan volver poco a poco a la comunidad nacional, naturalmente con medidas de seguridad, con el objetivo de que los terroristas no finjan simplemente haberse arrepentido».

 

También la Iglesia y la sociedad civil, aclaró el purpurado, deberían formar parte de un futuro recorrido de reconciliación: «los líderes religiosos y los jefes tradicionales –recordó– pueden ayudar en el proceso de desradicalización de estos chicos que a menudo forman parte de Boko Haram desde hace tres o cuatro años». Sin embargo, la tarea no parece nada fácil: pesan mucho también las condiciones que seis años de guerrilla y ofensivas han provocado en el país, sobre todo en los territorios del noreste. Según la agencia estadounidense para el desarrollo internacional (Usaid), las zonas más afectadas han sido los estados de Borno, Adamawa y Yobe, que podrían correr el peligro de vivir en los próximos meses una crisis alimenticia. En el presente, el 15% de los niños sufre desnutrición. También recordó las dificultades que vive la población el responsable de los programas humanitarios de la Cáritas nigeriana, Friday Alhassan: «Durante los enfrentamientos, las escuelas fueron destruidas, como los hospitales; los pozos y las fuentes de agua fueron contaminados; la población, principalmente agrícola, perdió la posibilidad de vivir de los productos de los campos», explicó.