El príncipe Mohammed bin Salman Al Saud, príncipe heredero del Reino de Arabia Saudita, participa de una reunión bilateral con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en la suite ejecutiva de la sede central de la ONU en Nueva York.

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A poco de que se inicie la Cumbre del G-20 y mientras los líderes a nivel global se preparan para reunirse en Buenos Aires esta semana, un manto de sospecha se cierne sobre el príncipe heredero de Arabia Saudita Mohammed bin Salman. Se suponía que su visita a la Argentina le serviría para recomponer su reputación, que está destrozada tras el homicidio del periodista Jamal Khashoggi. Sin embargo, las autoridades judiciales argentinas le han arruinado sus planes al decidir avanzar hacia una investigación formal sobre su presunto rol a propósito de posibles crímenes de guerra cometidos por la coalición encabezada por Arabia Saudita en Yemen y casos de tortura por parte de funcionarios sauditas.El príncipe heredero parece entender que el propósito de su visita a Argentina ha quedado frustrado. Estaba previsto que se alojara con su delegación de 400 personas en el hotel Four Seasons, uno de los más elegantes de la ciudad. En cambio, se trasladó a la embajada saudita en Buenos Aires, que se ha convertido en una fortaleza luego de que esta semana se instalaran vallas metálicas y ventana blindadas, según informaron medios argentinos. Supuestamente ayer tenía previsto recorrer la ciudad, pero no salió de la embajada en todo el día.

El 26 de noviembre, Human Rights Watch presentó una denuncia ante un fiscal federal argentino, en la cual solicitó que analizara la posible responsabilidad del príncipe heredero en la tortura de ciudadanos sauditas, así como en violaciones del derecho internacional humanitario en Yemen, en su calidad de ministro de defensa. Estas incluyen ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados y un bloqueo aéreo y naval que ha contribuido a crear la peor crisis humanitaria a nivel mundial, según la ONU.

Dos días después, el fiscal federal Ramiro González, a quien se le asignó la causa por sorteo, respaldó el principio de la jurisdicción universal, que permite a las autoridades judiciales investigar y juzgar crímenes internacionales, con independencia de dónde se cometieron y de la nacionalidad de los presuntos responsables o de las víctimas. El fiscal y el juez federal Ariel Lijo tomaron medidas para decidir si inician una investigación formal. Para ello, pidieron información a otros gobiernos sobre el estado de las investigaciones sobre estos hechos. También solicitaron a la cancillería argentina que informe sobre el estatus diplomático y la inmunidad de bin Salman.

Cualquier investigación formal llevará tiempo y bin Salman sólo estará en Buenos Aires por un par de días más, de modo que las posibilidades de que este proceso lo exponga a un arresto o a una declaración indagatoria son escasas. Pero el hecho de que funcionarios judiciales estén adoptando medidas de investigación envía un mensaje contundente.

Es imposible saber con certeza por qué bin Salman decidió quedarse en su embajada. Debió haber pedido asesoramiento legal sobre las posibilidades de enfrentar una investigación penal en el exterior. Las decisiones que tomó la justicia argentina esta semana demuestran que bin Salman tendrá que hablar con sus abogados cada vez que quiera salir de su país. Ha quedado claro que él no está, ni puede estar, por encima de la ley.

Mientras tanto, en Buenos Aires, los líderes reunidos en el G20 deberían pensar dos veces antes de codearse con alguien que podría terminar investigado por crímenes de guerra y torturas.