En la madrugada del 1 de agosto, agentes de inteligencia irrumpieron en los hogares de Leopoldo López y Antonio Ledezma, dos líderes opositores venezolanos castigados con arresto domiciliario sobre la base de cargos falsos, y se los llevaron. El Tribunal Supremo de Justicia, cuyos miembros no son más que títeres del Ejecutivo, afirmó que estos líderes habían incumplido las condiciones de su detención domiciliaria al difundir declaraciones políticas y sostuvo que estaban planeando fugarse, como es habitual, sin aportar ninguna evidencia. Los familiares no supieron cuál era su paradero por largas horas. Tanto López como Ledezma estarían detenidos en la prisión militar de Ramo Verde.

Cuando el presidente Nicolás Maduro defendió su Asamblea Constituyente ilegítima -cuyo proceso electoral fue denunciado en las últimas horas como fraudulento incluso por la propia compañía oficial a cargo del conteo- dijo que su iniciativa era necesaria para restablecer la “paz” en Venezuela. ¿Es esta la “paz” que tenía en mente?

Estas detenciones son tan sólo la prueba más reciente de que lo que Maduro realmente pretende es aplastar el disenso e imponer una dictadura a secas. Las evidencias se han ido acumulando día a día, a lo largo de los últimos meses. Durante la represión violenta de las recientes protestas masivas, miembros de las fuerzas de seguridad han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, han arrollado con vehículo blindado a personas que se manifestaban, han golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia y han irrumpido en las viviendas de ciudadanos de a pie sin ninguna orden judicial. Más de 120 personas han muerto en el contexto de manifestaciones contra el gobierno, en su mayoría a manos de agentes de seguridad o pandillas de delincuentes armados partidarios del Gobierno, según datos del Ministerio Público.

Cientos de manifestantes, transeúntes y críticos han sido detenidos arbitrariamente. Más de 460 civiles fueron llevados a instalaciones militares donde luego fueron juzgados por tribunales de guerra, sin el más mínimo vestigio de debido proceso, por delitos como rebelión o traición a la patria, en muchos casos simplemente por protestar.

A su vez, el Gobierno, por motivos ideológicos, sigue sin admitir la gravísima crisis humanitaria que está atravesando. No ha asegurado que llegue ayuda internacional que podría aliviar el sufrimiento de muchísimos venezolanos que no pueden obtener una nutrición mínima ni atención de la salud básica para sus familias. Solo por esta razón, decenas de miles de venezolanos han huido del país.

A pesar de los peligros, muchos venezolanos siguen saliendo a las calles para expresar su descontento. Se arriesgan a perder sus empleos públicos o el acceso a alimentos que se venden a un precio controlado por el estado. El disenso se ha manifestado incluso en los niveles más altos del régimen -por ejemplo, la Fiscal General, ex funcionarios públicos y legisladores oficialistas- y también algunos militares se están distanciando públicamente de los abusos. Si lo hacen por convicción, o para salvarse porque ven que se hunde el barco, la realidad es que hay cada vez menos fanáticos dispuestos a seguir a bordo.

El mundo también le está haciendo frente a Maduro, y cada vez son más los que se unen en señal de repudio. Algunos jefes de estado clave ya han cuestionado la legitimidad del proceso y han anunciado que no reconocerán a la Asamblea Constituyente, se han pronunciado contra los abusos del régimen y han instado al gobierno venezolano a liberar a los presos políticos. La OEA está analizando actualmente el cumplimiento por parte de Venezuela de la Carta Democrática Interamericana, que podría llevar a imponer sanciones colectivas al régimen. Algunos han pasado de las palabras a la acción: España, Estados Unidos, México y Colombia han aplicado o se han comprometido a aplicar sanciones dirigidas a funcionarios venezolanos de alto nivel, incluyendo cancelaciones de visas y congelamiento de cuentas bancarias.

El gobierno venezolano, como era de esperar, ha jugado la carta de la soberanía, y ha acusado a los críticos internacionales de inmiscuirse en los asuntos internos del país. Pero ese es un argumento añejo y ya trasnochado. Hoy en día, en el siglo XXI, esa excusa no le da a la Revolución Bolivariana una carta blanca para cometer abusos contra sus propios ciudadanos.

Las detenciones más recientes son recursos brutales que buscan intimidar y rayar la cancha a líderes de oposición y a críticos. Por otro lado, Maduro está poniendo a prueba a la comunidad internacional para ver hasta dónde puede llegar. La reacción de gobiernos democráticos en América Latina y en Europa debe ser firme y categórica para que no quede la más mínima duda que no se permitirá que en Latinoamérica vuelva a haber un régimen dictatorial.

La presión internacional debería continuar en alza, y podría materializarse de muchas formas. El bloque de comercio regional Mercosur está analizando la posibilidad de expulsar definitivamente a Venezuela por la violación de normas regionales sobre democracia y derechos humanos, y los cancilleres de la región se reunirán el próximo martes 8 de agosto en Lima para debatir sobre la crisis en Venezuela y analizar posibles medidas adicionales. Más gobiernos democráticos deberían adoptar sanciones dirigidas contra autoridades venezolanas civiles, militares y judiciales implicadas en abusos aberrantes. Deberían también enviar un mensaje claro de que los responsables de abusos serán necesariamente llevados ante la justicia cuando se restablezca la independencia judicial en Venezuela. Todo ello debería contribuir a producir un efecto disuasivo.

En la medida que los que aún permanecen en el poder entiendan que una transición pacífica para el retorno a la democracia les va a convenir más que la senda destructiva que ha emprendido Maduro y compañía, cada vez más personas saltarán por la borda mientras el barco bolivariano se sigue hundiendo