Loiola XXI

Lugar de encuentro abierto a seguidor@s de S. Ignacio de Loyola esperando construir un mundo mejor

España: efectos de la ley mordaza.

Deja un comentario

La mordaza expansiva

Por Manu Mediavilla (@ManuMediavilla), colaborador de Amnistía Internacional, 30 de junio de 2017

Dos años después –los cumple el sábado–, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (LOSC) ha conseguido ‘amordazar’ a más gente de la que ha multado. Que ha sido mucha (285.819 sanciones en 18 meses, cuya cuantía total supera los 131 millones de euros), y que en muchos casos (34.000 en 2016) ha ‘castigado’ conductas amparadas por los derechos de reunión, expresión e información.

Las imprecisiones legales y la discrecionalidad policial –incluidas identificaciones masivas de manifestantes– han creado un ambiente de temor que ha conducido a la autocensura informativa y a la desmovilización ciudadana, lo que justifica el apelativo de ‘Ley Mordaza‘ con el que la conocen activistas, organizaciones sociales y periodísticas.

Así lo recoge Amnistía Internacional en su informe: “España: los activistas sociales y el derecho a la información, en el punto de mira. Análisis sobre la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana”. Un texto que confirma las preocupaciones expresadas por la propia organización de derechos humanos, e incluso por expertos de las Naciones Unidas, cuando el Partido Popular hizo valer su mayoría absoluta para aprobar en solitario la norma en 2015.


Los manifestantes muestran una tarjeta de identificación y flores a la policía durante una manifestación frente al Congreso de los Diputados en Madrid. © AP Photo/Andres Kudacki

Desmovilización social

Los testimonios recogidos por Amnistía confirman ese escenario de ‘mordaza expansiva’ derivado de la LOSC. Como apunta Sara López, que presta asesoría jurídica en Legal Sol, “las identificaciones masivas llevadas a cabo por la policía durante las manifestaciones o concentraciones, aunque luego no acaben en multas, consiguen que la gente normal y corriente se desmovilice ante el miedo de poder ser multada”.

La primera consecuencia de la ley, según coinciden varias personas consultadas por Amnistía Internacional, ha sido un efecto desmovilizador, que se refleja en el descenso del número de manifestaciones (37.861 en 2014, 28.890 en 2016). Además, muchos activistas y colectivos sociales se sienten “vigilados”, cuando no indefensos ante la discrecionalidad de los agentes policiales en la aplicación de la norma.

Celia y otros integrantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Valencia no pudieron protestar en un mitin electoral de Rajoy: aun sin portar signos externos. La policía les cortó el paso diciendo que “sabían que íbamos a liarla”, y a continuación identificó, retuvo y “confiscó todo” al grupo, que tuvo que recoger sus cosas al final del acto o incluso días después en dependencias policiales.

La discrecionalidad policial se dibuja en las 12.000 sanciones (artículo 36.6, multas de 601 a 30.000 euros) por “desobediencia o resistencia a la autoridad”, por “negativa a identificarse” o por hacerlo con “datos falsos o inexactos”; muchas veces en manifestaciones o protestas sin incidentes violentos o ejerciendo las libertades de expresión e información. Y otro tanto sucede con las 19.500 multas por “faltas de respeto o consideración” a agentes policiales, a quienes corresponde interpretar este concepto tan impreciso. Las “faltas de respeto” ya estaban en el Código Penal, pero la reforma de 2015 las ha llevado al ámbito administrativo, lo que aleja la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, y aumenta la potestad sancionadora del poder ejecutivo.

Una mujer con una máscara se para frente a los agentes de policía durante una protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana en Barcelona. © Foto AP/Emilio Morenatti

Censura camuflada y autocensura

En el ámbito periodístico, la ley está abocando a la “censura camuflada”, como subraya Yolanda Quintana,secretaria general y coordinadora de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), porque “lo que está calando es que no se puede grabar a la policía”, cuando “en realidad no es así” y la ley solo prohíbe “difundir las imágenes cuando se dan unas circunstancias concretas”. La amplia discrecionalidad policial otorgada por la LOSC y el consiguiente temor a una sanción –sobre todo para freelances, informadores y comunicadores sin un medio detrás– conduce también a la autocensura. Y todo ello pone en serio riesgo el derecho a la información de la ciudadanía.
Más allá del número de sanciones por el uso de imágenes de agentes (12 en seis meses de 2015 y 32 en todo 2016), la práctica cotidiana del periodismo libre en materia de seguridad ciudadana se ha convertido en una carrera de obstáculos.

Amnistía Internacional recoge casos como el de Asier López, multado inicialmente –la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa acabó retirando la sanción por “defectos formales”– por publicar dos fotos de una “detención anunciada” en el “momento en el que se trasladaba a la detenida desde su casa hasta el coche policial”, una imagen “que aparece en los medios de comunicación diariamente”. O como el de Mercé Alcocer,de Catalunya Radio, multada porque “la policía me acusó de saltarme el cordón policial, una línea imaginaria” y sin tener en cuenta que “en cuanto el policía me dio el alto, me giré y paré”. Aunque recurrió la sanción, la administración denegó la práctica de pruebas solicitadas, como el visionado de las cámaras de seguridad, que corroborarían su versión.

O como el reciente de la periodista Cristina Fallarás, sancionada bajo acusaciones, que ella desmiente, de desobedecer a agentes policiales y negarse a identificarse. Fue durante una concentración en mayo –era una de las personas convocantes– ante la Embajada de México para protestar por los asesinatos de periodistas en ese país, cuando un agente le exigió que subiera a la acera pese a que “la propia policía había cortado el tráfico para facilitar la concentración y no circulaba ningún coche por allí”. La denuncia dice que invadió la calzada “animando a otros a cortar la calle”, un relato que la periodista niega tajantemente.


Un policía se comunica con un manifestante durante una protesta contra la Ley de Seguridad Ciudadana en Madrid, España. © AP Photo / Andres Kudacki

Procedimiento sin garantías

Al final, según coinciden los testimonios recogidos por Amnistía Internacional, muchas personas optan por pagar la multa “aunque sea una sanción por el legítimo ejercicio de los derechos humanos”. Una mala noticia para estos, que tiene mucho que ver con la dificultad intrínseca del procedimiento administrativo sancionador, que no goza de garantías suficientes y que podría llevar, como advirtió un activista de la PAH en Málaga, a un abuso de poder del Estado.

Entre los déficits apuntados, Amnistía Internacional cita la “presunción de veracidad” del agente policial en estos procedimientos, que hacen pensar incluso a muchos abogados que las posibilidades de éxito son mínimas cuando “no hay testigos”. También son problemas importantes los costes añadidos de la asistencia jurídica de letrado y procurador en el caso de recurrir la multa ante los tribunales, así como el pago de tasas judiciales. Además, no habría ya opción a la rebaja de la sanción por abonarla durante el período voluntario, lo que, en ese contexto de incertidumbre y costes adicionales, favorece el ‘pago resignado’ de la multa.

Amnistía echa también en falta mecanismos independientes de investigación y rendición de cuentas para controlar la actividad policial. El Ministerio del Interior aceptó reunirse con la organización para tratar la cuestión, y aseguró que los hay y que la Inspección de Personal y Servicios de Seguridad se encarga de atender las denuncias y quejas ciudadanas en ese ámbito. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que este órgano carece de las funciones y competencias adecuadas para un mecanismo independiente de supervisión de la actividad policial. Depende directamente de la Secretaría de Estado de Seguridad, carece de iniciativa propia –solo puede emprender investigaciones por orden expresa del titular de la misma–, no rinde cuentas públicamente de su actuación, y el objeto de sus posibles investigaciones es prevenir que se repita lo ocurrido, más que sancionar la conducta indebida o proporcionar restitución a la víctima; tampoco tiene competencia para examinar la actuación de las policías locales o autonómicas.

Anuncios

Autor: loiolaxxi

periodista, jesuita, bloguero, profesor, jubilado

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s