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Egipto: carácter represivo de las medidas contra la violencia.

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 Egipto: Las autoridades deben abordar la violencia sectaria, no abusar de los poderes de excepción

Funerales de las víctimas de los ataques reivindicados por el autodenominado Estados Islámico // MOHAMED EL-SHAHED/AFP/Getty Images

10 de abril de 2017

Las medidas del estado de excepción declarado por el presidente Abdel Fatah al Sissi a raíz de los tres deplorables atentados con bombas perpetrados contra iglesias en Egipto no servirán de mucho para resolver las causas originarias de los ataques sectarios contra los coptos en Egipto, y lo más probable es que den lugar a un deterioro mayor de la situación de los derechos humanos, según ha afirmado hoy Amnistía Internacional.

El grupo armado autodenominado Estado Islámico ha reivindicado la autoría de los atentados con bombas cometidos de manera sincronizada en Tanta, y otros dos en Alejandría, dirigidos contra los servicios religiosos celebrados con motivo del Domingo de Ramos.

“Los mortíferos atentados contra las iglesias demuestran un lamentable desprecio por la vida humana y deben ser condenados en los términos más enérgicos. Nada puede justificar un ataque terrorífico contra ciudadanos corrientes que asisten a un lugar de culto”, ha afirmado Najia Bounaim, directora adjunta de Campañas de la Oficina Regional de Amnistía Internacional en Túnez capital.

Las autoridades egipcias tienen la obligación de proteger la vida y la seguridad de la población, pero la solución no está en seguir restringiendo y endureciendo las restricciones sobre las pocas libertades que quedan en Egipto. Para resolver el problema de la violencia sectaria hace falta sincera voluntad política de poner fin a la impunidad y ofrecer protección.

“Egipto tiene un historial de varios decenios recurriendo a medidas de excepción que otorgan a las fuerzas de seguridad amplios poderes para cometer violaciones de derechos humanos sin control, y que dan lugar a detenciones arbitrarias, tortura y otros abusos graves.”

Estado de excepción en Egipto
En agosto de 2013 fue declarado una vez más el estado de excepción en Egipto por un periodo de tres meses tras la violenta disolución de las sentadas de Rabaa y Al Nahda.

Anteriormente, durante el régimen del presidente Hosni Mubarak, Egipto estuvo sometido al estado de excepción durante 31 años, hasta 2012, lo que facilitó la comisión sistemática de violaciones de derechos humanos y permitió a las fuerzas de seguridad egipcias recluir durante años a miles de personas en detención administrativa sin respetar las garantías procesales concebidas para garantizar la administración imparcial de justicia. En 2013, el Tribunal Constitucional revocó la disposición que permitía la detención administrativa en virtud de la Ley del Estado de Excepción (Ley 162 de 1958).

Desde que se levantó el estado de excepción, las autoridades egipcias han recurrido al sistema ordinario de justicia penal para aplicar la detención preventiva y celebrar juicios colectivos ante salas especiales sobre terrorismo que han impuesto la pena de muerte o la cadena perpetua en cientos de casos tras un juicio sin las debidas garantías.

Sin embargo, resulta más preocupante que la Ley del Estado de Excepción permita a las autoridades celebrar juicios ante unos tribunales de seguridad del Estado para el estado de excepción que son manifiestamente injustos y no respetan el derecho de apelación.

“El estado de excepción nunca puede servir de excusa para cometer violaciones de derechos inderogables. No se puede legalizar la tortura, el homicidio ilegítimo, la desaparición forzada y la detención arbitraria declarando el estado de excepción”, ha dicho Najia Bounaim.

El presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sissi, también ha firmado y aprobado la Ley Antiterrorista (Ley 94 de 2015), que concede a las autoridades amplias atribuciones normalmente reservadas al estado de excepción y que en la práctica restringe arbitrariamente los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.

Las autoridades habían usado durante décadas el estado de excepción como excusa para reprimir la disidencia, conculcar los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, remitir causas a los tribunales militares y de excepción y poner a personas bajo custodia sin orden judicial.

Las imprecisas disposiciones de la Ley del Estado de Excepción facultan al presidente para privar de libertad a las personas y restringir su libertad de circulación. También conceden amplias atribuciones a las autoridades para llevar a cabo operaciones de vigilancia que vulneran el derecho a la intimidad y para imponer censura previa a los medios de comunicación. Según el diario egipcio Albawaba, una hora después de declararse el estado de excepción, las autoridades confiscaron su edición del lunes debido a la información que contenía sobre los ataques a iglesias.

De acuerdo con la Constitución de Egipto, el presidente está facultado para declarar el estado de excepción tras consultar a su consejo de ministros. La decisión debe ser aprobada por el Parlamento en el plazo de siete días.

En vista del historial de violaciones graves asociadas a un prolongado estado de excepción en Egipto, Amnistía Internacional ha pedido al Parlamento egipcio, que mañana tiene previsto debatir sobre el estado de excepción, que analice detenidamente los argumentos del gobierno para justificar el estado de excepción. El Parlamento debe cerciorarse de que la emergencia pública declarada alcanza el estricto umbral exigido por el derecho internacional de los derechos humanos y de que todas las medidas de excepción propuestas son las estrictamente necesarias para afrontar esa emergencia pública declarada. Esto debe incluir la aportación de pruebas que demuestren que sólo es posible abordar eficazmente la amenaza adoptando las medidas de excepción propuestas, y no aplicando correctamente las leyes existentes, así como un análisis cuidadoso de la estricta necesidad y proporcionalidad de tales medidas.

Aunque la Constitución egipcia limita la duración del estado de excepción a tres meses prorrogables una vez, las autoridades egipcias vienen burlando estas limitaciones constitucionales desde 2014 en Sinaí del Norte al prorrogar cada tres meses el estado de excepción, propiciando la comisión de violaciones graves de derechos humanos, como desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y homicidios ilegítimos.

Información complementaria sobre ataques sectarios
Los ataques contra la minoría religiosa de cristianos coptos de Egipto han ido en aumento desde el derrocamiento del ex presidente Mohamed Morsi en julio de 2013. Se han incendiado iglesias y hogares coptos, y se ha agredido físicamente a miembros de la minoría copta, cuyos bienes además han sido saqueados. En los tres últimos años se han registrado 400 episodios de violencia sectaria, según los cálculos del Instituto Tahrir. La Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales ha documentado al menos 64 episodios de violencia sectaria de 2011 a 2016 en los que las autoridades recurrieron a la vía de la reconciliación en vez de aplicar la ley.

Resulta alarmante la persistente falta de medidas por parte del gobierno para proteger a los cristianos coptos de la violencia sectaria. En diciembre de 2016, al menos 25 personas resultaron muertas en un atentado con explosivos perpetrado en una iglesia de El Cairo. Tras los asesinatos de siete personas en Sinaí del Norte entre el 30 de enero y el 23 de febrero de 2017, un grupo afiliado al Estado Islámico en el Sinaí anunció que estaban planeados más ataques violentos contra los coptos. En Tanta, una semana antes, un agente de policía perdió la vida y 15 personas más resultaron heridas en un atentado con bomba contra uno de los centros de formación dirigidos por el Ministerio del Interior.

Además, las autoridades egipcias no han procesado en ningún caso a los responsables de ataques sectarios contra cristianos, y en su lugar han recurrido a acuerdos de reconciliación promovidos por el Estado que, en ocasiones, implican arreglos económicos o incluso el desalojo forzoso de familias cristianas de sus hogares. Como consecuencia, no ha habido castigo para los instigadores de la violencia sectaria contra los cristianos.

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Autor: loiolaxxi

periodista, jesuita, bloguero, profesor, jubilado

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